A cuarenta años de la sentencia que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina, el Poder Judicial en pleno, encabezado por la Corte Suprema de la Nación, homenajeó a los camaristas federales que condenaron a las juntas militares, responsables de la represión ilegal durante la última dictadura.El acto, realizado en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia, no sólo reconoció el coraje de quienes integraron la Cámara Federal porteña en 1985, en los primeros meses convulsionados del retorno de la democracia, sino que también subrayó el carácter inédito de aquel fallo: fue la primera vez que una dictadura debió rendir cuentas ante la justicia civil en el país, tal como destacó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.Durante la ceremonia se entregaron placas conmemorativas a los ex jueces o a sus familiares. El homenaje alcanzó a León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, presentes en el acto, y a Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco —estos dos últimos, in memoriam—. El evento reunió a figuras del ámbito judicial, ex funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín, miembros de la CONADEP y del grupo de filósofos que asesoró al entonces presidente.Entre los más de 300 asistentes se encontraban ex funcionarios del gobierno de Alfonsín, dirigentes de la UCR como Horacio Jaunarena, Raúl Alconada Sempé, Facundo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez, Coti Nosiglia, Daniel Salvador y Graciela Fernández Meijide, integrante de la CONADEP. También participaron representantes de la Unión Empleados Judiciales de la Nación, y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.Del ámbito judicial, estuvieron presentes los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Martín Irurzun, Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entre otros. También asistió al acto el ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda.El histórico fallo de 1985 condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (reclusión perpetua e inhabilitación perpetua), Roberto Eduardo Viola (diecisiete años de prisión), Armando Lambruschini (ocho años) y Orlando Ramón Agosti (cuatro años). Los delitos probados fueron privación ilegítima de la libertad, tormentos y robos. Los otros cuatro acusados —Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo— fueron absueltos por falta de pruebas suficientes.El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, cerró el acto con un mensaje en el que calificó a la experiencia argentina como “un caso de justicia transicional ejemplar” a nivel mundial, y agregó: “Rendir cuentas con el pasado es una tarea compleja, más cuando ese pasado es reciente y tumultuoso”. Recordó que hasta entonces en el país la alternancia entre gobiernos constitucionales y de facto se había dado “sin rendir cuentas”, causando “una especie de amnesia artificial que generaba impunidad”.Este “círculo vicioso”, dijo, se quebró a partir del impulso del expresidente Raúl Alfonsín y de un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley y ”coronó en una sentencia impecable”, pese a haberse desarrollado en “un contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”.En tanto, el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti remarcó en su mensaje que los homenajeados “han elevado el prestigio de la institución” ya que “no solo firmaron un fallo: también generaron un texto que integra la memoria de los argentinos; mostraron coherencia, imparcialidad y templanza para resolver en un contexto difícil, e inauguraron una política de Estado que todos los jueces y juezas han sabido continuar a lo largo del tiempo”.Por su parte, el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, afirmó que “estos jueces pusieron al terror en su lugar, pero lo hicieron dentro de los límites y de acuerdo con lo ordenado por el derecho”. Por ende, sostuvo, “a 40 años del fallo la mejor manera de proyectar al futuro su actuación es renovar el compromiso central de adherir incondicionalmente a la legalidad”.Los integrantes del tribunal que juzgó a los responsables de la última dictadura, destacó Rosenkrantz, “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces en el contexto de un proceso que respetó todas las garantías y derechos de la Constitución vigente. Estuvieron a la altura del desafío de la hora, no solo porque estaban profesionalmente preparados, sino porque actuaron con el coraje requerido”.Arslanian, quien presidiera la Cámara Federal que llevó adelante el juicio, agradeció el reconocimiento y definió aquella gesta como “un trabajo coral” que contó con el apoyo y el compromiso de los diferentes actores involucrados, desde el expresidente Alfonsín hasta los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, pasando por los empleados y funcionarios judiciales intervinientes. Reivindicó la vigencia y perdurabilidad de una sentencia “que desde su dictado, allá por 1985, nunca dejó de recordarse” y se manifestó esperanzado en que “nos hallemos frente a una nueva alborada: la oportunidad de que podamos, esta vez sí, construir ese país que queremos que nos albergue a todos”.Gil Lavedra, por su parte, resaltó la contribución de todas las partes que hicieron posible que esta “tarea titánica” llegara a buen puerto. En tal sentido, valoró la valentía de los testigos “de venir a narrar públicamente sus padecimientos cuando la democracia no estaba totalmente afirmada y los autores de los crímenes seguían en libertad”. Además, subrayó la dificultad del desafío emprendido: “No había precedentes a los que aferrarse ni estructura normativa que indicara el camino a seguir, los recursos técnicos eran primitivos, pero todos teníamos la convicción de que el horror del pasado necesitaba un juicio justo”, dijo, y consideró que el sentido de recordar este proceso radica en reivindicar la importancia del Poder Judicial como pilar democrático. “Hoy Argentina sigue necesitando una justicia que no tenga miedo de aplicar imparcialmente la ley y respete las garantías constitucionales”.El evento había comenzado con un discurso de Mariano Llorens, actual titular de la Cámara Federal, quien evocó la figura de los homenajeados: “Con su desempeño, fijaron un hito en la historia institucional del país con el que afianzaron el principio de independencia del Poder Judicial: su veredicto tuvo legitimidad y autoridad, vino a ratificar que el respeto a la Constitución y a la ley es, frente al futuro, una determinación del pueblo argentino”, expresó.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) apoyó el pedido de salidas transitorias del sacerdote que ofició de capellán en la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, Christian Von Wernich, y que en octubre de 2007 fue condenado a cadena perpetua por ser responsable de 34 secuestros, 31 casos de tortura y siete homicidios.El ex religioso había pedido ser trasladado a un hogar sacerdotal en julio de 2023 para alojarse “en un ámbito eclesiástico”, sin embargo, esa situación quedó trunca debido a que la institución en cuestión no lo aceptó.Con ese antecedente, en mayo de este año, volvió a presentar formalmente un nuevo pedido de salidas transitorias “para visitar a su hermano” que vive en Corrientes, y dejó asentado que volvería a Campo de Mayo, donde cumple la pena a reclusión perpetua, bajo su “palabra de honor”.En este contexto, el mismo Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo había condenado, le solicitó al SPF, que depende de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que analizara su traslado a una unidad penal en la provincia litoraleña donde reside su hermano.Según la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman, quien también fue parte de la querella en el juicio oral donde se lo condenó a Von Wernich, manifestó que el religioso “fue una pieza clave” en el genocidio que se llevó adelante en Argentina, desde marzo de 1976 hasta el comienzo de la democracia.Asimismo, sostuvo que su participación fue “fundamental” en los centros clandestinos del Circuito Camps (una red integrada por 29 lugares destinados a detenciones ilegales que funcionaron bajo las órdenes de la Policía bonaerense); en el llamado COTI Martínez, que fue el Centro de Operaciones Tácticas I en Zona Norte; y en el Puesto Vasco situado en Quilmes, entre otros.“Fui parte de la querella de Justicia Ya! en el juicio oral que se le realizó en 2007 en la ciudad de La Plata. El horror se respiraba en cada audiencia, donde sobrevivientes y familiares relataban cómo usaba su condición de sacerdote para arrancar confesiones. Nunca fue excomulgado por la Iglesia, a pesar de que se comprobó que usaba su condición de cura para obtener datos bajo tortura. Von Wernich fue uno de los que instauró la versión de que ‘los desaparecidos estaban en Europa’; les sacaba dinero a las familias diciendo que los llevaría al exterior y luego él mismo participaba de las torturas y asesinatos”, recordó Bregman.En la misma línea, la abogada y referente del FIT remarcó que Von Wernich “está detenido desde el 25 de septiembre de 2003”, donde cumple su condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo, e indicó que el próximo 9 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la condena que recibió.“No es un exgenocida. Todos ellos siguen cometiendo delitos, no nos dicen cuál fue el destino de las y los desaparecidos ni de los niños y niñas apropiados en la dictadura cívico-militar y que, al día de hoy, siguen sin recuperar su identidad”, concluyó. NA.

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el cine argentino ofrece una forma poderosa de acercarse a los hechos más oscuros del país: la represión, la censura, la desaparición forzada de personas y la apropiación de bebés durante la última dictadura militar (1976-1983). Según la Agencia Noticias Argentinas, una selección de 10 películas clave para comprender el impacto de esos años:

La historia oficial (Luis Puenzo, 1985) Ganadora del Oscar, es un relato crudo sobre la apropiación de bebés, a través de la historia de una madre que empieza a sospechar sobre el origen de su hija adoptada.Garage Olimpo (Marco Bechis, 1999) Describe el accionar de los centros clandestinos de detención en Buenos Aires y el rol de los militares y civiles en la maquinaria del terror.Los rubios (Albertina Carri, 2003) Una propuesta documental y experimental sobre la memoria, la búsqueda y la reconstrucción personal de una hija de desaparecidos.Crónica de una fuga (Adrián Caetano, 2006) Basada en hechos reales, narra el secuestro y la fuga de un grupo de detenidos de la Mansión Seré, uno de los centros clandestinos del Gran Buenos Aires.Kamchatka (Marcelo Piñeyro, 2002) Desde los ojos de un niño, muestra la vida de una familia que se ve obligada a esconderse. Una historia íntima sobre la pérdida de la inocencia.La noche de los lápices (Héctor Olivera, 1986) Basada en el caso real de los estudiantes secuestrados y desaparecidos por reclamar el boleto estudiantil en La Plata.Infancia clandestina (Benjamín Ávila, 2011) Otra mirada desde la niñez sobre la militancia y la clandestinidad, basada en la experiencia real del director como hijo de montoneros.El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2009) Aunque no trata exclusivamente la dictadura, retrata la impunidad judicial y el accionar de los servicios de inteligencia en los 70.Pasajeros de una pesadilla (Fernando Ayala, 1984) Una película dura y controversial para la época, que aborda el secuestro y la complicidad civil durante el régimen militar.Argentina, 1985 (Santiago Mitre, 2022) Relata el Juicio a las Juntas desde la mirada del fiscal Julio Strassera y su equipo. Fue nominada al Oscar y se convirtió en un hito cultural reciente.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al fisco chileno pagar una millonaria indemnización por “crímenes de lesa humanidad” a 20 funcionarios y estudiantes que fueron detenidos en septiembre de 1973 en dependencias de la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE), quienes fueron torturados en distintos recintos durante la dictadura chilena (1973-1990).

De esta forma, el Estado deberá pagar 1.615 millones de pesos chilenos (alrededor de 2 millones de dólares) por concepto de daño moral a 20 funcionarios de la ex UTE, quienes fueron sometidos a torturas por agentes del Estado en el Estadio Chile y Estadio Nacional, entre otros recintos, en septiembre de 1973, inmediatamente después del golpe encabezado por el dictador Augusto Pinochet.

El fallo en su escrito establece “la obligación de reparación íntegra” que tiene el Estado en casos referentes a los derechos humanos y afirma que el caso presentado trata “de crímenes de lesa humanidad en que las acciones de reparación integral no han prescrito”.

“Que conforme se ha probado y reconocido, las acciones delictuales fueron cometidas por agentes del Estado; siendo su actuar una contravención directa a las normas del derecho internacional y los principios constitucionales de los artículos 6 y 7”, explica el fallo.

Los montos por pagar van desde los 40 a 90 millones de pesos (45.000 a 102.000 dólares aproximadamente) por persona, según la evaluación de cada caso.

De acuerdo con los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), durante la dictadura de Pinochet hubo un total de 31.686 personas víctimas de violación a los derechos humanos.

De esos casos, 28.459 son de tortura y 3.227 de ejecuciones o desapariciones forzadas (2.125 muertos y 1.102 desaparecidos).

Este año es el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente constitucional Salvador Allende.

El Gobierno creó una agenda para conmemorar ese golpe con distintas actividades a nivel nacional e internacional, motivo por el cual el presidente Gabriel Boric ha visitado distintos países con el objetivo de expresar, mostrar y concordar una postura de rechazo a cualquier acción que lleve al quiebre de la democracia.

Además de impulsar iniciativas y proyectos de ley en búsqueda de esclarecer el destino de aquellos detenidos desaparecidos de la dictadura, como es el caso del Plan Nacional de Búsqueda y la nueva agenda legislativa en materia de derechos humanos. Télam.

Francisco se refirió por primera vez a una experiencia desagradable que le tocó vivir en 2010, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, y fue citado a declarar por el secuestro de los jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, producida durante la dictadura.

�SAlgunos en el gobierno querían cortarme la cabeza, y sacaron a relucir no tanto este asunto de Jalics, sino que pusieron en duda todo mi modo de actuar durante la dictadura.

����Entonces, me llamaron a juicio⬝, recordó frente a la pregunta de jesuitas de Hungría sobre su relación con Jalics -de origen húngaro- y su reacción ante el secuestro del cual fue víctima.

�SMe dieron la posibilidad de elegir el lugar en el cual realizar el interrogatorio.

����Elegí hacerlo en el Episcopado. Duró 4 horas y 10 minutos. Uno de los jueces insistía mucho en mi modo de comportarme. Yo siempre respondí con la verdad.

����Pero, para mí, la única pregunta seria y bien fundada, fue la del abogado que pertenecía al Partido Comunista. Y gracias a esa pregunta las cosas se aclararon. Al final, se comprobó mi inocencia. Pero en ese juicio no se habló casi nada de Jalics, sino de otros casos de personas que habían pedido ayuda⬝, desarrolló.

La audiencia a la que aludió Francisco se realizó el 8 de noviembre de 2010.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farías citaron al Pontífice en calidad de testigo en el marco de una causa que investigaba crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

En ese contexto, el entonces cardenal Bergoglio contó por ejemplo que se había reunido en dos oportunidades por separado con los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera para exigir la liberación de los jesuitas.

Finalmente, Jalics y Yorio fueron liberados cinco meses después de haber sido torturados.

Según relató el pasado 29 de abril frente a 32 jesuitas durante un viaje apostólico a Hungría, dos de los jueces que lo interrogaron en 2010 fueron a visitarlo a la Santa Sede muchos años después. �SA uno de ellos no lo reconocía, pero tenía la impresión de haberlo visto. Lo miraba y lo miraba, y me decía: ��a este lo conozco�". Me dio un abrazo y se marchó.

Lo volví a ver una vez más, y se presentó. Le dije: ��Merezco ser castigado cien veces, pero no por ese motivo�". Le dije que estuviera en paz con esta historia. Sí, merezco ser juzgado por mis pecados, pero sobre este punto quiero ser claro. Vino también otro de los tres jueces, y me dijo claramente que habían recibido indicaciones del gobierno para condenarme⬝, se explayó.

Francisco explicó ante los jesuitas húngaros que la situación que se vivía en la Argentina en el momento que fueron secuestrados los curas era confusa. �SNo estaba para nada claro qué debía hacer y yo hice lo que sentía que tenía que hacer para defenderlos, fue una situación muy dolorosa.

�SJalics era un buen hombre, un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios, pero fue víctima de un entorno al que no pertenecía.

�����0l mismo se dio cuenta. Era el entorno de la guerrilla activa en el lugar donde él se desempeñaba como capellán. Pero en la documentación que ha sido publicada en dos tomos, podrán encontrar la verdad sobre este caso⬝, completó.

En 2013, luego de ser ungido Papa, el kirchnerismo cambió su mirada sobre Francisco. Muestra de ello es cómo mutó la relación personal de Francisco con Hebe de Bonafini, la fallecida histórica titular de Madres de Plaza de Mayo, quien calificaba a Bergoglio como �Suna basura⬝ e incluso impulsó la toma de la Catedral Metropolitana, y años después terminó visitando al prelado en Roma y pidiéndole perdón. �SHay que pedir perdón cuando uno se equivoca; le dije que nos habíamos equivocado, como también nos equivocamos con Néstor Kirchner⬝, reconoció Hebe.

�SLos padres Jalics y Orlando Yorio trabajaban en un barrio popular, y trabajaban bien. Jalics fue mi padre espiritual y mi confesor durante los primeros dos años de teología⬝, indicó el Pontífice. Y luego continuó en su relato: �SEn el barrio en que trabajaba había una célula guerrillera. Pero los dos jesuitas no tenían nada que ver con ellos: eran pastores, no políticos. Pero fueron hechos prisioneros, siendo inocentes. No encontraron nada con que acusarlos, pero tuvieron que cumplir nueve meses de cárcel, sufriendo amenazas y torturas. Luego fueron liberados, pero estas cosas dejan heridas profundas.

�SJalics vino a verme inmediatamente, y charlamos. Yo le aconsejé ir a ver a su madre a Estados Unidos. La situación era realmente demasiado incierta y confusa. Después surgió la leyenda de que había sido yo el que los había entregado para que fueran encarcelados.

����El mes pasado, la Conferencia Episcopal Argentina publicó dos tomos, de los tres previstos, con todos los documentos relacionados con lo que ocurrió entre la Iglesia y los militares. Ahí está todo⬝, señaló el papa Francisco. (Infobae).

El acto contó con la participación especial del artista Víctor Heredia, quien interpretó canciones de su vasto y talentoso repertorio, y con cuya mítica �STodavía cantamos⬝ concluyó el conmovedor encuentro que tuvo lugar, a sala llena, en el auditorio de la calle Pasteur 633.

�SEste acto no es solo de recordación, que de por sí es valioso, sino de lucha, reivindicación y reclamo⬝, sostuvo Pablo Bohoslavsky, sobreviviente del terrorismo de Estado, y quien viajó especialmente desde Viedma para hablar en esta oportunidad, en representación de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos.

�SAsí �continuó� honraremos a nuestros deudos, seguiremos reclamando verdad y justicia, con el convencimiento de que no estamos en soledad, que los y las jóvenes nos acompañan y que continuarán nuestra lucha, con el empeño que la memoria nos dicta. Esa memoria que a algunos les molesta y avergüenza y a otros y otras nos guía y da fuerzas día a día⬝, destacó Bohoslavsky al momento de compartir su testimonio.

Por su parte, Daniel Goldman, Rabino de la Comunidad Bet El, y con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos a través de distintas instituciones y organismos, hizo referencia a la �Sdesproporción que existe entre la cantidad de judíos desaparecidos por sobre el total de las víctimas, en comparación con el número de miembros de la colectividad que vivía en el país en esa época acorde al total de los habitantes⬝.

¿Cómo se explica esa cantidad desproporcionada?, se preguntó. �SUna de las respuestas conceptuales se encuentra en las propias palabras del general Videla, cuando en 1976 afirmó ante un grupo de periodistas que un terrorista es también cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana. La meta de las Fuerzas Armadas fue la de imponer un nuevo modelo de país, y para eso, se debía aniquilar a todo aquel que pensara diferente, destruir las estructuras sociales que pudieran obstaculizar sus fines e instaurar un clima de miedo y desconfianza para actuar con total impunidad⬝, señaló Goldman.

�SLa dictadura negó el derecho básico a la vida. El derecho a poder despedirse de nuestros seres amados. Miles de familiares, como muchos de los que hoy y desde hace tiempo nos acompañan, no tuvieron siquiera la oportunidad de saber cuál fue el destino final de sus seres queridos⬝, manifestó a su turno el presidente de AMIA.

�SNo existen las palabras para describir semejante atrocidad. Cuán lejos puede llegar el odio, el salvajismo institucionalizado para no permitir que personas despidan los restos de sus familiares o amigos, de saber qué ocurrió con ellos⬝, agregó.

La edición 2022 del �SHomenaje a los desaparecidos judíos y a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar⬝ estuvo dedicada a la memoria de Marcos Weinstein, fallecido el 15 de septiembre pasado, quien fue presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos, y quien tuvo un rol fundamental en la creación del acto que comenzó a realizarse en AMIA a partir de diciembre de 2004.

Marcos era padre de Mauricio Weinstein, estudiante secundario en el colegio Carlos Pellegrini y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, secuestrado el 18 de abril de 1978, a los 17 años. �SMarcos Weinstein es un ejemplo a emular de compromiso con la búsqueda de verdad, memoria y justicia durante tantos años de trabajo en organismos y organizaciones⬝, expresó Brenda Brecher, periodista que ofició como presentadora del homenaje.

 En el marco del proyecto de articulación entre la Facultad de Trabajo Social, el Registro �anico de la Verdad (RUV) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el martes 8 de este mes, integrantes del mismo recorrerán tres departamentos de la provincia de Entre Ríos para obtener muestras de familiares de detenidos desaparecidos con el objetivo de incrementar la base de datos que permita el cruzamiento de información con el Banco Datos Genéticos del EAAF.

En el transcurso de este trabajo mancomunado, iniciado meses atrás, ya se han podido sumar más de diez familias de entrerrianos que aceptaron sumar su ADN para poder realizar las comparaciones que permitirán el cruzamiento de los mismos con los restos encontrados por el EAAF a lo largo de estos años en todo el país.

La desaparición forzada de personas, aplicada como práctica sistemática y específica en el marco del segundo genocidio nacional, tenía como uno de sus objetivos la anulación de la identidad como parte constituyente de su proyecto político. �SAnular la identidad de los integrantes de la militancia popular desaparecidos era condición indispensable para la consolidación del proyecto político iniciado en el golpe de Estado⬝, explicaron desde el proyecto y resaltaron: �SPor tanto, el trabajo de investigación, análisis y búsqueda que permitan restituir las identidades a los desaparecidos es parte del trabajo colectivo en las prácticas de Memoria, Verdad y Justicia⬝.

�SMancomunando esfuerzos en objetivos comunes, se impulsa este proyecto de articulación entre distintos organismos e instituciones que permiten acercar a familiares de personas desaparecidas de y en Entre Ríos, o que en estos años se hayan radicado en la provincia, permitiendo aportar de manera significativa en la consecución muestras de ADN de familiares y permitir comprobar filiaciones de sangre⬝, valoraron.

Tal como se define en el proyecto que articula los trabajos del RUV, la Facultad de Trabajo Social y el EAAF se �Sbusca realizar un aporte significativo al trabajo forense en Entre Ríos desde las ciencias sociales sin perder el costado de lo humano, intentando generar vínculos construyendo una base de muestras que allane el camino en la restitución de identidades preexistentes, reconocidas institucionalmente y acreditadas por colectivos sociales de reconocimiento. Los restos del cuerpo desaparecido a los que se les restituye su identidad son integrados en una comunidad que otorga nuevos sentidos a esta reaparición. Así, el vacío dejado por la desaparición forzada de personas se llena de sentido social y político, en medio de un conjunto de batallas por su significación y las múltiples formas de representar las identidades de los cuerpos ausentes y las identidades sin cuerpo⬝.

El Equipo Argentino de Antropología Forense, en este momento, cuenta con alrededor de 600 restos que no han podido ser identificados, por lo que este trabajo se torna fundamental e impostergable.

Si sos familiar de desaparecido y querés sumar tu muestra al Banco de Datos podés comunicarte al teléfono del Registro �anico de la Verdad 0343 4234310

¿Por qué hablar de las torturas en Malvinas como crímenes de Estado? ¿De dónde surge la responsabilidad estatal? ¿Por qué ha costado tanto lograr avances en el campo del derecho penal? Durante muchos años, esos interrogantes guiaron el quehacer jurídico de Jerónimo Guerrero Iraola, y su colega Laurentina Alonso, al frente de la querella que lleva adelante el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM La Plata). En �STecnologías de impunidad. Cómo la dictadura intentó ocultar los crímenes cometidos durante la Guerra de Malvinas⬝, Guerrero Iraola busca arrojar luz sobre esos aspectos y aportar elementos para reescribir la Guerra de Malvinas.

El libro tiene su antecedente en la tesis �STerrorismo de Estado y Malvinas: el montaje de la impunidad⬝, con la que Guerrero Iraola obtuvo el título de magister en Derechos Humanos. Fue editado en forma conjunta por Editorial de la Universidad de La Plata (Edulp), el Cecim La Plata y el Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Tecnologías de impunidad

Las Fuerzas Armadas instrumentaron, durante y después del hecho bélico que protagonizó la República Argentina con el Reino Unido, un dispositivo político/burocrático que garantizara dejar impunes las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los soldados conscriptos, y construir ante la opinión pública el relato de la guerra en tanto �Sgesta heroica⬝. A partir de la delimitación de estos mecanismos, caracterizados como �Stecnologías de impunidad⬝, Guerrero Iraola busca aportar elementos para la reescritura del hecho bélico que protagonizó la República Argentina con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1982.

El proceso que comenzó con la Operación Rosario y perduró una vez finalizado el conflicto armado implicó, en los hechos, la consolidación de un relato histórico en el que se omiten distintas violaciones a los derechos humanos cometidas por Oficiales, Suboficiales y diversos agentes del Estado ubicados en distintas posiciones de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas argentinas en perjuicio de los soldados conscriptos.

De esta forma, se asistió a la emergencia de diversos discursos de claro corte �Sdesmalvinizador⬝, que ataban hechos y sujetos sólo a la noción de guerra, en tanto gesta patriótica, suprimiendo así los distintos ribetes que, por ejemplo, invitan a pensarlos en el contexto de la llamada �SDoctrina de Seguridad Nacional⬝.

A lo largo de las páginas, el autor hilvana sucesos, documentos y testimonios para dar un marco global de sentido a esas torturas que devinieron en órdenes de silencio. Se trata de una edición que se gesta en caliente, al fragor de los hechos, sentimientos, sensaciones, frustraciones y algarabías de quien se desempeña como abogado de 120 víctimas y testigos, a través de la representación de la querella que encabeza el CECIM La Plata.

A 39 años de finalizada la guerra de Malvinas y 14 años de iniciada la causa (2007), se han logrado los primeros cuatro procesamientos, en el marco de unas actuaciones en las que se denunciaron a 95 miembros de las Fuerzas Armadas por 105 casos de torturas y/o graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la regla vigente aún es la impunidad. Una impunidad lacerante, sin sentido ni sustento. Pues, a pesar de las múltiples pruebas, todavía no se han constatado instancias procesales significativas en aras de consagrar la verdad y la justicia.

Sobre Jerónimo

Jerónimo Guerrero Iraola nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 12 de septiembre 1986. Es abogado (2009) y magister en Derechos Humanos (2020) por la UNLP.

En 2011 fue convocado a integrar el equipo jurídico del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM La Plata). Entonces, la causa en que se investigan las torturas y graves violaciones a los derechos humanos pendía de un �Sdelgado filamento⬝ procedimental, tras recibir un duro revés en el Tribunal Nacional de Casación.

Docente investigador de la UNLP y profesor de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, participó de diversos proyectos sobre Malvinas y Derechos Humanos, y publicó numerosos artículos al respecto.

En la actualidad, Guerrero Iraola continúa al frente de la representación del CECIM La Plata, junto con la abogada Laurentina Alonso, y encabeza la Dirección de Coordinación de Unidad Defensor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

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 La actividad propone realizar un acercamiento de la temática «Rock y dictadura» y de éste modo seguir contribuyendo a la reafirmación de la verdad, memoria y justicia, en articulación con distintas áreas de formación que se desarrollan en la FHAyCS. Presentan Leticia Bentancur, Sec. de Bienestar Estudiantil y Rosana Ramírez, coordinadora del Área DDHH de la FHAyCS. Coordina Silvina Ríos, directora de Radio LT14 Nacional Paraná. Organiza la Secretaría de Bienestar e Inclusión Estudiantil FHAyCS.

Sobre el conversatorio

En vísperas al 16 de septiembre en donde se conmemora «La noche de los lápices», nace esta propuesta de plantear y poner en eje a la cultura como resistencia en el marco de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). En este lineamiento la actividad busca re significar y poner en valor el rol que tuvo la actividad artística como practica de identidad y lucha. No podemos dejar pasar el lugar preponderante que tuvieron las juventudes en este hecho histórico, y donde el rock se volvió la voz de muchos y muchas.

«Rock y dictadura», es uno de los libros que escribió Sergio Pujol, quien estará disertando para nuestra casa de estudios reflexionando en relación el consumo cultural de aquella época.

También contaremos con la presencia de Horacio Pietragalla actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien estará participando del panel relatándonos su historia de vida, y contándonos su desempeño en la actual gestión, retomando y recopilando vivencias, luchas y resistencia en todo este tiempo.

Por último la actividad se circunscribe a crear consciencia historia y ciudadana en los jóvenes, enfatizando en el ayer y hoy. Como la cultura resistió, y como resiste hoy a través de otras expresiones culturales emergente como lo es el rap, caracterizándolos y uniéndolos en el tiempo por algo en común: la denuncia a todo tipo de injusticia.