La iniciativa, promovida por el gobernador Rogelio Frigerio, propone la creación de una comisión especial destinada a analizar el origen y desarrollo de la deuda provincial. Vera consideró que la extensión del período de revisión representa “un paso importante hacia la transparencia institucional que los entrerrianos vienen reclamando desde hace muchos años”.

El jefe comunal también criticó la postura del bloque legislativo “Más para Entre Ríos”, que decidió no acompañar la propuesta pese a que —según remarcó— varias de sus sugerencias fueron incorporadas al texto final del proyecto.Entre esos cambios mencionó la inclusión de representantes de la oposición dentro del organismo encargado de supervisar el trabajo de la comisión investigadora. “Pidieron modificaciones para garantizar la pluralidad, se aceptaron, y aun así decidieron no apoyar la iniciativa. Eso genera interrogantes sobre qué es lo que no quieren que se investigue”, planteó.

Para Vera, la transparencia en la administración de los recursos públicos debe ser una política permanente del Estado y no una herramienta de disputa partidaria. En ese sentido, sostuvo que la propuesta impulsada por el Ejecutivo provincial apunta a mostrar con claridad la situación financiera de Entre Ríos.

Finalmente, el presidente comunal señaló tres aspectos que considera centrales en el proyecto: la posibilidad de reconstruir la historia de la deuda provincial desde 1991, la integración plural de la comisión investigadora y la necesidad de avanzar hacia un mayor orden financiero en la provincia.

El legislador, que preside la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, señaló que la postura del peronismo resulta contradictoria con los planteos que el propio espacio viene realizando sobre el nivel de endeudamiento de la provincia.

Tras el debate desarrollado en comisión, López destacó que durante el tratamiento del proyecto se incorporaron sugerencias planteadas por legisladores del PJ para ampliar el alcance del análisis.

Entre los cambios introducidos se incluyó la extensión del período a estudiar, que ahora comenzaría en 1991, lo que permitiría revisar distintos hitos de la política fiscal y financiera provincial, como los pactos fiscales y la transferencia de servicios.A pesar de esas modificaciones, el bloque justicialista decidió no firmar el dictamen.

Según explicó el legislador, la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio busca conformar un ámbito legislativo que permita reconstruir el proceso de endeudamiento de la provincia, analizar el origen de los compromisos asumidos, el destino de los fondos obtenidos y el impacto de esas decisiones en las cuentas públicas de Entre Ríos.

Para López, la creación de la comisión permitiría aportar información técnica y documentada sobre un tema que condiciona las finanzas provinciales.

En ese sentido, sostuvo que la deuda pública implica decisiones que comprometen recursos durante largos períodos y consideró necesario avanzar en un análisis institucional que permita conocer cómo se generaron esos pasivos y cuál fue su utilización.Finalmente, el diputado expresó su expectativa de que el debate continúe en el recinto y confió en que durante la sesión en la que se trate la iniciativa pueda alcanzarse un mayor consenso para avanzar con la propuesta.

Por Daniel Sticco -La gestión de la deuda pública en enero se mantuvo bajo control pese a la concentración de pagos, según el equipo económico, que aseguró que el cronograma de vencimientos no presentará sorpresas y subrayó la necesidad de renovar compromisos para evitar presiones cambiarias.Durante el mes, la Administración Central realizó operaciones por USD 40.712 millones: USD 19.344 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, y USD 21.368 millones a amortizaciones y pagos.Desde el inicio de enero de 2026, la dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad de compra del Tesoro Nacional.Entre los compromisos más relevantes, los Bonos del Tesoro ajustados por inflación concentraron la mayor parte del calendario. La magnitud de las obligaciones en moneda local se sumó a las advertencias que, desde fines de 2025, emitían los analistas. Uno de ellos señaló: “Este enero se concentra el 35% de los compromisos trimestrales”, anticipando el impacto sobre la liquidez del mercado financiero.Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias, una preocupación reiterada entre los actores del sector. Al examinar el ritmo de pagos, quedó clara la distribución desigual de los vencimientos: un economista privado afirmó entonces que “la curva del Tesoro presenta fuertes picos en la primera quincena”, lo que dificulta la gestión de esos montos en períodos tan acotados.Pese a los desafíos, la posición oficial ante los altos pagos de enero de 2026 fue contundente. Voceros del Ministerio de Economía afirmaron: “No habrá sorpresas; el cronograma está bajo control”, en un mensaje dirigido a los mercados para reforzar la confianza en la ejecución.

La primera señal concreta de esa confianza fue el pago del primer gran vencimiento del año a bonistas por USD 4.200 millones, el 9 de enero, mediante depósitos del Tesoro en el Banco Central y un préstamo REPO con seis bancos internacionales por USD 3.000 millones, evitando así afectar las reservas internacionales del ente monetario. El REPO consiste en la venta de bonos con acuerdo de recompra a precio y fecha pactados; en este caso, se utilizaron como garantía los Bonar 2035 y 2038 (legislación argentina).La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que en enero, tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por USD 7.891 millones, la deuda primaria de la Administración Central creció en el mes en USD 5.867 millones, alcanzando un total de USD 460.934 millones, lo que representó un alza del 1,3% respecto de diciembre, pero una reducción de USD 6.854 millones en los últimos doce meses.La deuda bajo legislación extranjera cayó en USD 712 millones (hasta USD 163.691 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se elevó en USD 6.579 millones, situándose al tipo de cambio mayorista de cierre de diciembre en USD 296.955 millones.Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al efecto del ajuste de valuación de divisas, determinaron un incremento de USD 460 millones, totalizando USD 39.352 millones. Por su parte, los préstamos con el FMI aumentaron en USD 514 millones, en ambos casos predominando el efecto de la revaluación de las divisas respecto del dólar y el peso.Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 23 millones, alcanzando USD 55.360 millones.La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 3.498 millones, totalizó en enero USD 457.436 millones, mostrando un aumento de USD 7.195 millones respecto de diciembre y una caída de USD 3.104 millones en comparación con un año antes.  En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a enero de 2026 subió en USD 35.641 millones. No obstante, al sumar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el BCRA, el stock consolidado en los primeros 26 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de USD 29.514 millones. Este proceso se descompone en un aumento de USD 22.431 millones con organismos internacionales y una baja de USD 51.945 millones en el agregado del sector público y privado.

Próximos vencimientosEl calendario de vencimientos del Tesoro exhibe una concentración de pagos relevantes en los próximos meses. El 27 de febrero debe afrontarse un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos de Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores) y el vencimiento de intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI por USD 878 millones, cubiertos con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos, y que serán cancelados con el próximo desembolso del organismo, tras la segunda revisión técnica de las metas del último trimestre de 2025.Los picos más altos se ubican en abril, junio y julio, con montos que superan los $20 billones en algunos casos. Entre los instrumentos predominantes figuran Boncer, Lecer, títulos duales y bonos atados al dólar, aunque los instrumentos en pesos constituyen la mayor parte de los compromisos.Según la consultora LCG, el programa financiero para febrero-diciembre contempla necesidades por USD 18.659 millones, equivalentes al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, las amortizaciones suman USD 6.566 millones y los intereses USD 7.281 millones. A esto deben agregarse los pagos del Banco Central, que suman USD 4.812 millones, desglosados entre Bopreal (USD 2.312 millones) y el swap con China (USD 2.500 millones).Para los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar. La absorción de pesos vía licitaciones permite esterilizar parte de la base creada por el BCRA, aunque el desafío de sostener el interés de los inversores privados por instrumentos en moneda local permanece vigente.

Por Lucrecia Eterovich - Luego de haber logrado un refinanciamiento del 124% en la última licitación, el Ministerio de Economía presentó el menú de instrumentos para los vencimientos de deuda pública del próximo miércoles 11 de febrero, que alcanzan los $10 billones (de los cuales $ 9 billones son con privados).

A diferencia de la última subasta, esta vez el Tesoro cuenta con un mayor colchón en su cuenta en pesos en el Banco Central, lo que podría ayudar a la baja de tasas que necesita la actividad para repuntar.

En el comunicado de Economía, se informó que en la licitación del próximo miércoles se ofrecerán, entre los instrumentos a tasa fija, una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Lecap) con vencimiento el 17 de abril de 2026; otra al 31 de julio de 2026; al 3 de noviembre de 2026 (reapertura); y un Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (reapertura). Estos forman parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal.

Mientras que a tasa variable habrá una Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (reapertura) y un Bono del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar con vencimiento el 26 de febrero de 2027, un instrumento nuevo.

En cuanto a los ajustados por CER, se pondrá a disposición un Bono del Tesoro Nacional en Pesos Cero Cupón con Ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2026 (reapertura); otro al 15 de diciembre de 2026 (reapertura); al 30 de junio de 2027 (reapertura); y al 30 de junio de 2028 (reapertura).

El otro interrogante central es si habrá un recorte de tasas en esta licitación y para ello resulta clave observar cuántos pesos tiene el Tesoro. Según el último balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 5 de febrero, los depósitos en moneda nacional del Tesoro sumaban $3,16 billones, un salto respecto al 29 de enero, cuando se ubicaban en $2,2 billones, aunque por debajo de los $4,3 billones registrados entre el 30 del mes pasado y el 4 de este mes.

En la última licitación, el equipo económico convalidó tasas más altas, en especial para los tramos cortos. En las LECAPs se aceptaron rendimientos de hasta 2,99% TEM para el tramo con vencimiento el 16 de marzo de 2026.“Me parece mucho, pero no me sorprende. Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”, analizó el economista Lucio Garay Méndez sobre ese resultado y respecto a la tasa cercana al 3% que se convalidó para la LECAP con vencimiento en marzo, cuando se espera que la inflación se ubique por debajo del 2,8% que marcó en diciembre.

El Tesoro renovó vencimientos por $10,3 billones logrando un rollover del 124 por ciento. Se otorgó premio sobre el tramo corto, mientras que el tramo más largo estuvo en línea con el mercado. La LECAP S16M6 representó un 48% del financiamiento, destacaron en Romano Group.

“Están altas, obviamente”, respondió el ministro de Economía, Luis Caputo, al ser consultado sobre la evolución de las tasas de interés en las últimas semanas. Bajo la perspectiva del titular del Palacio de Hacienda, este fenómeno es consecuencia de la volatilidad preelectoral y del “ataque político” al oficialismo previo a los comicios. “Tuvo consecuencias fuertes en todo: en el crecimiento, la inflación y el riesgo país”, expresó en declaraciones radiales.

El funcionario proyectó que las tasas de interés se reducirán en la medida en que la inflación siga retrocediendo, describiendo la dinámica como parte de una convergencia esperada. A pesar de esto, los rendimientos vigentes de los activos en pesos resultan atractivos para el carry trade y contribuyen a mantener la estabilidad cambiaria registrada en las semanas recientes.

A mediano plazo, el descenso de la tasa de interés es un objetivo relevante para la administración libertaria, ya que reduce el costo de los créditos para familias y empresas, facilita el acceso al financiamiento e impulsa la actividad económica. Infobae.

Este será el quinto vencimiento que atiende la actual administración provincial desde el inicio de la gestión.“El punto central es que la provincia cumple con sus obligaciones, aun cuando estos compromisos generan una fuerte presión sobre las finanzas”, sostuvo el senador provincial Rubén Dal Molín.El legislador explicó que estos fondos no estuvieron destinados a la ejecución de nuevas obras, sino a cancelar pasivos acumulados tras varios años de desequilibrio fiscal, período en el que el gasto público superó de manera sostenida a los ingresos.Entre 2011 y 2017, la provincia registró un déficit cercano a los 1.387 millones de dólares, situación que derivó en un endeudamiento que aún condiciona la planificación financiera.

Ante este escenario, la Legislatura aprobó la Ley 11.209, que autoriza al Ejecutivo a gestionar el reperfilamiento de la deuda con el objetivo de reorganizar los plazos de pago, aliviar la carga financiera y recuperar margen para impulsar la inversión pública.Desde el inicio de la actual administración, Entre Ríos ya abonó 326 millones de dólares de capital y 66 millones en intereses vinculados a compromisos asumidos en etapas previas.“Estos pagos fueron posibles gracias a una administración ordenada, que además debió hacerse cargo con recursos propios de servicios que anteriormente financiaba la Nación. Hoy la provincia mantiene el equilibrio, aunque bajo un escenario de fuertes restricciones”, afirmó Dal Molín.Por último, el senador remarcó que “los números son contundentes y reflejan la necesidad de sostener una gestión responsable para garantizar estabilidad y previsibilidad hacia adelante”.

La Secretaría de Finanzas que encabeza Pablo Quirno informó que adjudicó en la operacón 6,63 billones de pesos en una semana en la que había vencimientos por $7,25 billones. El Gobierno ofreció al mercado Lecaps, otros bonos que replican la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas, otro atado a la inflación y, por último, indexados al tipo de cambio. Estos últimos fueron declarados desiertos.Así, el equipo económico dejó sin refinanciación una parte menor de los vencimientos totales, sin haber necesitado en este caso reajustar el nivel de encajes para los bancos, algo que venía repitiendo en la previa de las últimas licitaciones para forzar a las entidades a que renueven sus tenecias de títulos del Tesoro.En la previa de la colocación de hoy, una primera medida fue oficializar el lunes un canje de Lecaps al BCRA, poseedor de algunos de los títulos que vencían esta semana. A cambio, el Tesoro le entregó una canasta de tres bonos: 20% en una Lecap a noviembre, 40% en una a enero y 40% en otra letra a febrero. Esta operación redujo considerablemente, en casi 10 billones de pesos, la exigencia de cobertura de vencimientos esta semana.Respecto a la tasa de interés, el resultado fue similar al de la última licitación, que había tenido lugar el 27 de agosto pasado. Este miércoles Finanzas hizo el “corte” con una tasa de 3,97% mensual (59% anual), más del doble que la inflación actual, para la Lecap más corta que vence el último día de octubre. Buena parte de la licitación se concentró en este letra, unos 3,6 billones de pesos.Con menos demanda, la Lecap que finaliza el 10 de noviembre tuvo una tasa de 3,99% mensual y el Gobierno adjudicó 1,34 billones de pesos. La Lecap de enero tuvo, por su lado, una tasa de 3,94% mensual.“La licitación salió en el rango de lo esperado. Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía. El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable aún así para obtener esa suscripción. La pregunta es si el Gobierno estará satisfecho con liberar pesos al mercado o tomará alguna medida como en las licitaciones anteriores”, observaron desde el equipo de research de Puente.Una posibilidad de absorber esa liquidez sobrante es a través de operaciones de pases como las que ya estuvo protagonizando el Banco Central en los últimos días. En los dos días previos a la licitación habilitó bajas en la tasa de interés que convalida para tomar pesos de los bancos, lo que actuó como referencia para que el resto de las tasas del sistema, como por ejemplo las cauciones bursátiles, también cedan terreno y descompriman.“Los bancos e inversores no regulados continúan demandando la parte corta de la curva tasa fija, sin querer extender duration en instrumentos CER o letras Tamar. Era esperable la baja demanda de instrumentos dólar linked, porque el mercado de futuros ofrece una cobertura más atractiva”, plantearon desde Puente tras la licitación.Por último, mencionaron que en un contexto en el que el Banco Central volvió a bajar la tasa en la ventanilla de liquidez que abrió con los bancos (hasta 35% anual contra el 45% que registraba el viernes pasado), “la licitación la vemos como positiva; maxime considerando la baja de tasas del mercado secundario; lo que habilita no esperar un endurecimiento en la politica de encajes”, concluyó Puente. Infobae. 

La norma, aprobada en trámite exprés, faculta al Ejecutivo a gestionar operaciones de crédito por hasta 500 millones de dólares para refinanciar pasivos y cubrir servicios de deuda. Los compromisos podrán garantizarse con recursos de coparticipación y recaudación provincial.

El peronismo objetó la legitimidad del procedimiento legislativo y alertó que el empréstito podría judicializarse. También advirtió que se desconoce el destino del eventual remanente y que la medida implica dolarizar pasivos hoy nominados en pesos. 

El proyecto, de nueve artículos, autoriza al Poder Ejecutivo de Entre Ríos a concretar actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial y/o pagos referentes al inciso 7 (servicios de la deuda y disminución de otros pasivos). Esto incluye la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados por tales conceptos durante el ejercicio 2025, hasta un monto total que no podrá exceder los 500 millones de dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos, conforme al tipo de cambio vigente al momento del efectivo ingreso de los fondos.Según la propuesta, las operaciones podrán celebrarse en pesos o en moneda extranjera y el Poder Ejecutivo podrá asegurar el cumplimiento de las distintas obligaciones asumidas conforme las autorizaciones que prevé esta ley, mediante la afectación en garantía y/o cesión de los derechos de la provincia sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales o el régimen que lo sustituya o modifique. También de los recursos tributarios derivados de la propia administración y recaudación provincial y que integran la Fuente Tesoro Provincial.Tras la exposición, el ministro indicó que la intención es “contar con una herramienta, una posibilidad de dar sostenibilidad a la deuda” en tanto “estamos convencidos que es posible y necesario para las finanzas de Entre Ríos”. Por otra parte, aclaró: “Necesitamos esta ley porque lleva tiempo cumplir con una serie de pasos”, que requiere autorización nacional, en tanto hizo referencia a cambiar el perfil que hoy tiene la deuda pública provincial.Al responder las preguntas formuladas por los legisladores, Boleas se refirió a la evolución de las finanzas y destacó que la deuda no ha sido aumentada, citando datos. Empero, aclaró: “Esto no es un proyecto que necesita este gobierno, lo necesita la provincia”, recordando que también 15 municipios accedieron en su momento a esta financiación. “Es una herramienta para darle sostenibilidad a las finanzas y no seguir con este esquema de vencimientos”, agregó, apuntando a mejorar las condiciones y elaborar un plan más ambicioso a futuro en relación a infraestructura.Más adelante hizo hincapié en que “es importante cómo estamos frente a los mercados; al venir cumpliendo en tiempo y forma los vencimientos nos mejoraron la calificación, lo que es un dato importante fruto del esfuerzo de cumplir obligaciones, en un marco de niveles de ingreso similares a los de pandemia”. Por último, se explayó sobre plazos y tasas, que son las condiciones de un préstamo,  e indicó que “nuestros parámetros son mejorar los plazos actuales”.Participaron del encuentro los senadores Rafael Cavagna, Rubén Dal Molín, Víctor Sanzberro, Casiano Otaegui, Martín Oliva, Ramiro Favre, Jaime Benedetti, Marcelo Berthet, Gladys Domínguez y Juan Conti. 

El mensaje de Quirno coincidió con una de las jornadas más relevantes para el gobierno, ya que se concretó uno de los mayores pagos de deuda del año, por más de USD 4.200 millones, correspondientes al vencimiento del 9 de julio. Esta fecha se transformó, tras la reestructuración de 2020, en un hito fijo del calendario financiero argentino, dado que se realiza el pago de cupones y la amortización de los bonos reestructurados.El Ministerio de Economía informó que ya había girado al exterior una primera parte del pago, equivalente a USD 2.550 millones, correspondiente a la amortización y los intereses de los bonos globales en dólares y euros. De acuerdo con la sociedad de Bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI), “las reservas brutas cayeron USD 2.552 millones, casi exactamente lo que se debe abonar de cupón y amortización de Globales y Euros (USD 2.550 millones)”.El análisis detalló: “suponemos que el Tesoro envió el dinero al exterior para desembolsar USD 2.385 millones correspondientes a Globales y USD 165 millones de los Euros. El resto, aproximadamente USD 1.600 millones, se transferirá en los próximos días hábiles”.Por la magnitud de este compromiso financiero, las reservas brutas del Banco Central descendieron a USD 39.168 millones, perforando el umbral de USD 40.000 millones.La revisión técnica en curso con el FMI contempla el seguimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, que es la que Argentina no cumplió. El pago de deuda, aunque reduce el stock de compromisos con el sector privado, representa también un desafío para la capacidad argentina de sostener el nivel de reservas netas exigido por el Fondo.El compromiso del 9 de julio corresponde a los bonos emitidos tras la reestructuración de 2020, con vencimientos de capital programados en cuotas anuales y cupones semestrales. Según la consultora GMA Capital, “el monto que el Gobierno abonará se explica principalmente por vencimientos de AL30 (USD 1.090 millones) y GD30 (USD 1.132 millones), los cuales devuelven USD 8 de capital por cada 100 títulos a sus tenedores”.Además, la firma resaltó: “con un riesgo país en 700 puntos, una compresión favorecería que Argentina se acercara a rendimientos similares a los de países con calificación crediticia B-. Si las tasas se ubicaran por debajo del 10% anual en dólares, los inversores podrían buscar oportunidades de ganancias de capital superiores al 8% en títulos como el GD35 o el GD41”.El propio FMI, en su evaluación más reciente, recomendó a Argentina reforzar las reservas y consolidar el equilibrio fiscal mientras avanza en la reducción del financiamiento monetario y el esquema de controles cambiarios. La administración de Javier Milei insiste en que la reducción del gasto público es el pilar principal para sostener el superávit primario. Además, confía en que la inflación mantenga su tendencia descendente durante el segundo semestre.Por el momento, el gobierno enfrenta un equilibrio delicado: garantizar los pagos al sector privado, contener la disminución de reservas y sostener la credibilidad de su programa ante el FMI. Tras el significativo desembolso al exterior por los vencimientos del 9 de julio, las reservas brutas permanecen en torno a USD 39.168 millones, en tanto las reservas netas se estiman por debajo de USD 5.000 millones, cuando la meta fijada con el FMI para el primer semestre ronda los USD 9.000 millones. El desafío será recomponer el nivel de reservas en las próximas semanas, evitar desvíos respecto de las metas del programa y sostener la negociación con el organismo internacional.“El gobierno debería sumar, vía deuda o compras en el MULC por parte del Tesoro o del BCRA, un total de entre USD 5.000 millones y USD 9.500 millones adicionales en el último trimestre del año”, precisaron los economistas de LCG. Infobae. 

“Estamos preparándonos para ir al mercado más importante, que es el externo. Córdoba pudo salir. Santa Fe está en proceso. Es un buen anticipo de lo que nos puede pasar. Estamos haciendo los deberes para salir alrededor de septiembre de este año”, afirmó el mandatario en declaraciones al programa “Quién dice Qué” (Canal Once).

Frigerio aseveró que el equilibrio fiscal nacional “es un activo importante que nos beneficia a nosotros. Somos una de las provincias más endeudadas en términos de ingresos y producto. Eso es lo que me dejaron: un Estado endeudado en pesos y dólares. Por eso necesito que la Argentina baje el riesgo país (para) ir a los mercados (y lograr) estirar en el tiempo la deuda en dólares que vence durante mi mandato.

“No puedo pagar la deuda como lo estamos haciendo en el peor momento de los ingresos fiscales. Para entrar al mercado y pedir a los tenedores de los bonos estirar los plazos, necesito que la Argentina baje el riesgo país. Y para eso se requiere que la Nación mantenga el equilibrio de las cuentas públicas”.

El riesgo país establece el diferencial de tasa de interés que debe abonar un país por sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. A mayor riego, más alta la tasa. Como referencia se toma el bono norteamericano a 10 años.

La salida al mercado de Entre Ríos se produciría en septiembre, un mes después del segundo vencimiento anual de capital e intereses del bono emitido en 2017. Para atender esta erogación se requerirán unos 60 millones de dólares.

Por la renegociación que realizó la administración de Gustavo Bordet en 2021, el Estado entrerriano está afrontando una tasa de interés del 8,25%. En su emisión por U$S 800 millones realizada hace unos días, Córdoba convalidó una tasa muy superior: 9,75%. Es casi tres veces lo que pagó Chile, que tiene un riesgo país muy bajo (119 puntos) comparado con Argentina (677). (Juan Braco/ValorLocal)

El Tesoro Nacional ya habría comprado los dólares para hacer frente al pago de intereses que opera en enero de 2025 y estarían depositados en la cuenta que le pertenece en el Banco Central. Así dan cuenta informes privados que se sostienen en la información que publica a diario el BCRA.El economista Amílcar Collante sostuvo en sus redes sociales que “parte de los depósitos del Gobierno en pesos se utilizaron para comprar dólares” y  que “próximamente se girarán al exterior”.

En el mismo sentido se expresó la Consultora 1816 que en un documento a sus clientes afirmó que “el Tesoro compró los dólares al BCRA para pagar la deuda en moneda extranjera en enero 2025”.Según dan cuenta, el informe diario del BCRA reveló que al 12 de septiembre los depósitos en dólares eran de US$ 2.303 millones, US$ 1.528 millones superiores al día anterior.“Esa variación es igual a la cifra que (secretario de Finanzas, Pablo) Quirno anunció que el Tesoro compraría para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares”, añadió la consultora.

Ahora resta la comunicación oficial del BCRA y que los fondos serán girados a Nueva York tal como había sido anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.No obstante, cabe aclarar que este giro está supeditado a que se despeje la incertidumbre acerca de que puedan estar a salvo de eventuales embargos. NA. 

Operaciones y perfil de vencimientos

Intereses: el Tesoro pagó $ 212.833 millones por intereses de deuda en pesos y el equivalente a u$s 1.745 millones en moneda extranjera, USD 1.374 millones por bonares y globales. Amortizaciones: se canceló capital por $ 27.905.148 millones y u$s 4.818 millones. Se destacan las bajas por el canje de BONCER por LEFI por $ 20.276.961 millones, la primera amortización de AL30, GD30 y GE30 por u$s 1.177 millones y la última del préstamo del FMI por el SBA por USD 647 millones.Nuevo endeudamiento: el Tesoro obtuvo financiamiento en pesos por $ 36.936.018 millones, de los cuales $20.000.000 millones corresponden a LEFI, y en moneda extranjera por u$s 3.185 millones. Perfil: los servicios de deuda para el periodo de agosto a diciembre en moneda local se estiman en $ 32.273.034 millones y en moneda extranjera en u$s 8.028 millones, de los cuales u$s 4.504 millones corresponden a letras al BCRA y organismos públicos.Deuda en pesosEl stock de la deuda pagadera en pesos aumentó en julio $ 16.000.206 millones con respecto al nivel del cierre de junio. Finalizado el mes, el capital adeudado por el Gobierno Nacional ascendió a $ 182.535.922 millones, compuesto por 62,8 % de deuda en pesos ajustable por CER, 29,9 % de deuda en pesos sin ajuste y 7,2 % de denominada en dólares estadounidenses pero pagadera en pesos (USD linked y bonos duales).

El estudio explicó que el incremento de la deuda en pesos fue por el efecto combinado del endeudamiento neto del periodo por $ 9.030.870 millones, los ajustes de valuación del capital por $ 5.715.913 millones, por el impacto del aumento del tipo de cambio en la deuda denominada en dólares estadounidenses pagadera en pesos ($ 288.756 millones) y del índice de precios en la deuda en pesos ajustable por CER ($ 5.427.157 millones), y la capitalización de intereses de las LECAP por $ 1.253.423 millones.

Deuda en dólares

La deuda denominada y pagadera en moneda extranjera ascendió a fines de julio al equivalente a US$ 253.920 millones, lo que implicó una disminución de US$ 1.125 millones con respecto al cierre de junio.

Al respecto, el reporte detalló que dicho stock se compone en 39,2 % por los bonos step-up emitidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de 2020 (Bonares y Globales), 27,3 % por letras intransferibles colocadas al BCRA, 16,3 % por los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el programa de Facilidades Extendidas de 2022 (EFF), 14,2 % por préstamos de otros organismos internacionales de crédito y 3,3 % por otras deudas (letras en garantía, otros títulos públicos, avales y préstamos de bancos comerciales). 

Del total adeudado, $ 382 mil millones (65 %) son títulos públicos, $202 mil millones son con el Estado nacional (35 %), y $52 millones (0,01 %) es con bancos privados y deuda consolidada. Cabe destacar que la deuda con los bancos privados se redujo casi en su totalidad, un 80% dado que solo se financiaron $ 260 mil, mientras que en el 2022 la misma había llegado a $1,3 millones. Por otro lado, la deuda con el Estado Nacional se incrementó 245 % (su variación real fue de 11 %) y el monto de los bonos públicos se incrementó en 301 % (29 % aumento real).

Intereses de la deudaLos intereses devengados en el 2023 suman $17 mil millones lo que representa el 6 % de total de los recursos públicos disponibles, luego de afrontar el pago de salarios, jubilaciones y coparticipación a municipios, que son los gastos rígidos a la baja.Del total de los intereses devengados en el 2023, el 48 % correspondió a intereses del bono ER2025, que son US$3 5 millones, es decir $8 mil millones aproximadamente, correspondiente a las dos cuotas desembolsadas según el acuerdo con los bonistas, que son pesificadas y registradas al tipo de cambio a la fecha de su efectivo pago.Son bonos en dólares estadounidenses, emitidos por el gobierno entrerriano en el 2017 y reestructurados en 2021 cuando la provincia se declaró en imposibilidad de pago (default). Estos bonos representan actualmente casi la totalidad de la emisión de títulos públicos provinciales, y el 64 % del stock de deuda total de la provincia de Entre Ríos.

Vencimientos próximos del bono ER2025El perfil de vencimiento del bono ER2025 en el 2024 entre amortización e intereses ascenderá a US$ 130 millones. Una cuota de US$64 millones, que ya se pagó en febrero de 2024 y la otra proyectada en agosto de US$ 66 millones.Vale aclarar que hasta 2023 sólo se pagaron montos correspondientes a intereses de la deuda, y que el pago de capital comenzó en 2024.

ConclusiónEl último ejercicio financiero provincial, arrojó un déficit de $67 mil millones, a diferencia de los 3 años anteriores que fueron superavitarios (2020-2022). Esto coloca a la provincia en una posición de vulnerabilidad frente a los próximos vencimientos de pagos de la deuda.Este diagnóstico, dispara la necesidad de repensar las cuentas públicas y el funcionamiento del Estado Provincial para poder afrontar los pagos. Buscar generar más recursos públicos para afrontar estas obligaciones no es viable dada la excesiva presión impositiva vigente que reduce el capital de trabajo, favorece la informalidad y afecta la competitividad de la Provincia. Se está en una situación financiera compleja, en una provincia donde la mayoría de sus gastos son inelásticos y rígidos a la baja, ya que la mayoría corresponden con erogaciones en personal y seguridad social y dónde en el contexto actual, la deuda con el Estado Nacional será un desafío con el nuevo cambio de gobierno. 

�SEntre Ríos incumplió con el pago de intereses pactado para agosto de este año y planteó un diálogo con los acreedores para reestructurar la deuda. Aunque es una de las provincias con menores obligaciones en 2020 -solo debía afrontar un pago en mayo y otro en agosto, cada uno de 22 millones de pesos�, el déficit fiscal primario registrado en el primer semestre impidió que contara con recursos suficientes. La deuda pública crece más rápido que los ingresos netos disponibles, es decir, después del pago de impuestos y jubilaciones y de las transferencias a los municipios.  Esto lleva a reducir la inversión en obra pública y a aumentar los impuestos. Sin infraestructura y con una alta presión tributaria no crecen la inversión ni el empleo privado formal. La consecuencia social es el aumento de la pobreza.

�SLa deuda provincial en junio de 2020 ascendió a 64.000 millones de pesos, lo que equivale a 24 meses de ingresos tributarios provinciales⬝, indica el informe publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER). �SDe esta deuda, 26.000 millones (40%) es con el Estado nacional, 35.000 millones (55%) son títulos públicos y 3.000 millones (5%) es con bancos privados.

El perfil de la deuda se ha modificado desde 2016, cuando los títulos públicos en dólares comenzaron a ganar protagonismo. En 2016, solo el 12% de la deuda pública provincial correspondía a títulos en dólares. Esto implica un aumento en el riesgo cambiario⬝.

�SUn indicador que mide el riesgo cambiario es la relación entre los intereses de deuda y los recursos netos disponibles. Hasta 2015, los intereses representaban una fracción marginal de los recursos netos disponibles. Entre 2016 y 2018 se ubicó en el orden del 9%.

A partir del 2019, la relación comenzó a aumentar, tanto por el incremento de los intereses, debido a la suba del dólar, como al débil crecimiento en los recursos netos disponibles, debido a la caída de la actividad económica. En la medida que el dólar oficial siga subiendo y la actividad continúe estancada, este indicador de riesgo crediticio empeorará⬝, continúa el informe.

�SOtro indicador que mide el riesgo de la deuda pública provincial es la relación entre los intereses y la recaudación impositiva provincial. El indicador viene creciendo desde 2016 y se encuentra actualmente en el 15%.

����Esto quiere decir que de cada cien pesos de impuestos que los entrerrianos pagan al Estado provincial, 15 pesos se destinan al pago de intereses. Cabe recordar  que el gasto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos absorbe la totalidad de la recaudación provincial, por lo que los espacios fiscales para los intereses de deuda son cada vez más estrechos⬝, agrega.