Por Facundo Chaves - El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldó de manera explícita la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano para extraer y poner a disposición de la Justicia al ex dictador Nicolás Maduro, detenido por cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional. En la misma intervención, el diplomático argentino exigió la inmediata liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde el ocho de diciembre de 2024 en un centro clandestino de detención controlado por la narcodictadura venezolana.La definición fue formulada durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada para analizar la situación en Venezuela tras la detención de Maduro. El Consejo, órgano central del sistema de Naciones Unidas junto con la Asamblea General, dedicó la sesión a evaluar el nuevo escenario político, institucional y de seguridad regional posterior a la captura del ex dictador, quien ya fue trasladado a Estados Unidos y compareció ante la Justicia federal de ese país.Desde el inicio de su exposición, Tropepi estableció el posicionamiento del Gobierno argentino. En un pasaje central de su discurso, afirmó: “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”. Esta cita condensó la postura argentina: respaldo político a la operación militar, definición de Maduro como dictador y encuadre del régimen dentro de la lógica del narcoterrorismo.El embajador no presentó la detención de Maduro como un hecho aislado ni como un episodio exclusivamente venezolano. La inscribió en una caracterización histórica del poder en Venezuela, recordando que la narcodictadura se encuentra en el poder desde 1999, instaurada por Hugo Chávez y continuada por Maduro tras la muerte de Chávez. Según la posición argentina, se trata de un régimen que, durante más de veinticinco años, combinó el control autoritario del Estado con la consolidación de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al financiamiento ilícito, utilizando recursos públicos y las instituciones estatales para garantizar impunidad y expansión.En ese marco, Tropepi definió a Maduro como el líder operativo de una estructura criminal. Al referirse al Cartel de los Soles, remarcó que la decisión argentina de declararlo organización terrorista en 2025 formó parte de una estrategia jurídica y política orientada a reconocer la naturaleza del régimen venezolano como narcodictadura. La mención al Tren de Aragua subrayó la articulación entre el poder político venezolano y organizaciones criminales con proyección transnacional.El embajador sostuvo que la narcodictadura venezolana no representó únicamente una amenaza para su propia población. Enumeró como rasgos centrales del régimen la violación sistemática de los derechos humanos, la destrucción de las instituciones democráticas y la apropiación de los recursos nacionales, poniendo especial énfasis en la dimensión regional del problema. Según explicó, desde Caracas se impulsaron y protegieron redes de narcotráfico y crimen organizado que afectaron directamente la seguridad de otros Estados y contribuyeron a la inestabilidad regional.Tropepi vinculó ese diagnóstico con las consecuencias sociales y humanitarias acumuladas durante más de dos décadas de chavismo. Señaló que la narcodictadura iniciada en 1999 hundió al pueblo venezolano en la pobreza y provocó un éxodo masivo de millones de personas obligadas a abandonar su país. Ese desplazamiento fue presentado como consecuencia directa del colapso institucional generado por el régimen y como un indicador objetivo de su fracaso estructural.Un eje central de la exposición estuvo dedicado a explicar la posición argentina desde la asunción del presidente Javier Milei. En ese punto, Tropepi incorporó una segunda cita textual para dejar constancia de la continuidad y coherencia de la política exterior argentina: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.

El embajador detalló decisiones concretas adoptadas por el Estado argentino. Recordó que, en marzo de 2024, la Argentina otorgó asilo diplomático a seis dirigentes opositores venezolanos, en un contexto internacional marcado por la prudencia y, en varios casos, por la ambigüedad de otros gobiernos. Esa decisión implicó asumir riesgos políticos y operativos significativos para la representación diplomática argentina en Caracas.Tropepi señaló que, tras el desconocimiento argentino de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 —calificadas como fraudulentas— y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo, la Argentina fue expulsada de Venezuela. Añadió que la embajada argentina, donde permanecían los asilados, fue sometida a un asedio permanente por parte del régimen. Pese a ese escenario, Buenos Aires mantuvo su decisión de continuar denunciando la situación venezolana y de actuar en todos los foros internacionales disponibles.El embajador recordó también que la Argentina ya había llevado la cuestión venezolana al Consejo de Seguridad anteriormente. El 23 de diciembre pasado, el país expresó su profunda preocupación por el deterioro institucional y humanitario y advirtió que los efectos de la crisis venezolana trascendían el ámbito interno, repercutiendo negativamente en la estabilidad regional y constituyendo una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio.Con la detención de Maduro consumada, Tropepi se refirió al nuevo escenario judicial abierto en Estados Unidos. Señaló que el ex dictador venezolano ya compareció ante un tribunal federal de Nueva York, designó abogado defensor y se declaró inocente de los cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional. Esta referencia buscó contrastar el funcionamiento de un sistema judicial con garantías procesales con las prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos que caracterizaron a la narcodictadura venezolana durante más de veinticinco años.El diplomático argentino sostuvo que el nuevo escenario plantea dos desafíos centrales para la comunidad internacional: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en la región. Frente a ese proceso, aseguró que la Argentina está lista para colaborar, reafirmando su compromiso con el retorno pleno de la institucionalidad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos del pueblo venezolano.El tercer eje de la intervención estuvo dedicado de manera exclusiva al reclamo argentino por la situación de Nahuel Gallo. En ese tramo final, Tropepi incorporó la tercera cita textual que la delegación argentina dejó asentada en actas del Consejo de Seguridad: “La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”.El embajador recordó que Gallo se encuentra en situación de desaparición forzada desde el ocho de diciembre de 2024, tras haber sido secuestrado por el régimen narcoterrorista y trasladado a un centro clandestino de detención. El pedido fue formulado en términos precisos y apoyado en el derecho internacional de los derechos humanos, sin apelaciones genéricas ni formulaciones ambiguas.Al plantear el caso ante el Consejo de Seguridad, la Argentina inscribió la situación del gendarme en el nuevo contexto político abierto tras la caída del ex dictador y la estableció como una obligación inmediata para cualquier autoridad que administre la transición. La liberación de Gallo fue presentada como una señal concreta de ruptura con las prácticas de la narcodictadura instaurada en 1999 y sostenida durante más de dos décadas.La intervención de Tropepi avanzó de manera lineal, con un hilo argumental continuo. El embajador argentino respaldó la operación militar que permitió detener al ex dictador venezolano, reafirmó la caracterización del régimen como una narcodictadura asociada al narcotráfico y al terrorismo transnacional, destacó la coherencia de la política exterior argentina desde la asunción de Milei y trasladó al centro del debate internacional un reclamo concreto vinculado a un ciudadano argentino.En una sesión del Consejo de Seguridad convocada para analizar la situación de Venezuela, la Argentina dejó asentada una posición clara: el nuevo escenario abierto tras la detención de Nicolás Maduro exige responsabilidades judiciales, definiciones políticas precisas y decisiones inmediatas. Entre ellas, la exigencia de que la transición venezolana comience con un gesto concreto y verificable: la liberación inmediata de Nahuel Gallo y su retorno seguro a la Argentina.

Al identificarlos, uno de ellos manifestó llamarse Thiago Prado, de 33 años, aportando un número de Documento Nacional de Identidad, aunque sin exhibir la tarjeta correspondiente. Al verificar los datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se constató que el DNI informado correspondía a otra persona. Por tal motivo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, que dispuso el traslado del sujeto a la Jefatura Departamental para su correcta identificación.

Mediante el cotejo de huellas digitales realizado por la División de Rastros de la Dirección General de Policía Científica, a través del Sistema MBIS, se estableció que su verdadera identidad era Walter Ezequiel, quien registraba dos pedidos judiciales vigentes:

Rebeldía y orden de captura por una causa de desobediencia en contexto de violencia de género de fecha 18/05/2024, tramitada en la Fiscalía de San Carlos de Bariloche.

Rebeldía y captura por una causa de robo agravado con arma de fecha 28/02/2025, que tramita en el Juzgado de Ejecución Penal N.º 12 de Bariloche.

Asimismo, el Poder Judicial de San Carlos de Bariloche confirmó que el detenido se encontraba cumpliendo una condena condicional con dispositivo de tobillera electrónica, la cual logró retirarse para luego ausentarse de su domicilio.

Finalmente, el hombre quedó alojado en la Alcaldía de la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay, a disposición de la Justicia.

El sujeto, cuya presencia fue advertida por los efectivos policiales, está acusado en una causa por amenazas calificadas y violación de domicilio, delitos por los cuales la Justicia había dispuesto su detención.

La fiscal interviniente, Dra. Evelina Espinosa, dispuso que se llevaran adelante los procedimientos de rigor, quedando el detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia define el lugar de detención para Cristina Kirchner. Descartan un predio por ser “un villerío” y suena fuerte el edificio Centinela de Gendarmería.Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la prisión de 6 años contra la ex presidenta Cristina Kirchner, resta determinar a qué lugar será trasladada mientras se tramite la prisión domiciliaria.Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 que llevaron adelante el juicio que derivó en la condena a la ex mandataria fueron Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Justamente Gorini estuvo la semana pasada en el predio que la Policía Federal Argentina tiene en Palermo (Cavia 3350) y donde conviven la Policía Montada, Interpol, el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y otras divisiones de la fuerza. Ese es uno de los lugares a donde podría ir Cristina Kirchner, aunque fuentes policiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que “no sería indicado para una ex presidenta que tiene 72 años y que sufrió un atentado”.“Ese lugar parece un villerío. No está preparado para que vaya Cristina”, deslizaron las fuentes consultadas.Por estas horas, el lugar que más sonó para alojar a la ex jefa de Estado es la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, ubicada en la calle Madariaga 6997 del barrio porteño de Villa Riachuelo.Justamente allí estuvo alojado el fin de semana pasado el dirigente Juan Grabois, luego de tomar el Instituto Presidente Perón.Sin embargo, a la hora de analizar los lugares, aseguran quienes más saben que el lugar más acorde para alojar a Cristina Kirchner sería el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, situado en la Avenida Antártida Argentina 1480, en el barrio porteño de Retiro. Otros lugares que también surgieron pero que perdieron peso son la Unidad 28 de Tribunales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza. NA. 

Gracias a un minucioso trabajo investigativo, que incluyó el análisis de material fílmico captado por cámaras de videovigilancia de la zona, los efectivos policiales lograron identificar a los presuntos autores del hecho: dos hombres mayores de edad.

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios ubicados en inmediaciones de las calles Grimberg y Rívoli, y Larroca Centro y Souza Reilly. En uno de ellos, se logró el secuestro de la moto robada, una Honda Tornado, y también de prendas de vestir que los sospechosos habrían utilizado al momento del ilícito.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos individuos fueron trasladados a Jefatura Departamental para su correcta identificación y continuidad de las actuaciones judiciales.

El procedimiento se inició luego de que el Comando Radioeléctrico alertara sobre la presencia de un sujeto desconocido que habría intentado sustraer elementos de un comercio a través de una ventana. Gracias al aporte de testigos que observaron la maniobra y brindaron a los efectivos policiales una descripción detallada de las características físicas y la vestimenta del sospechoso, se logró interceptarlo a tres cuadras del lugar.

Minutos más tarde, el dueño del comercio se hizo presente y aportó material fílmico que captó el momento del intento de robo, reforzando las pruebas en contra del aprehendido.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Alvear y Andrade, donde un joven de 17 años arrojó al suelo a una mujer para sustraerle el celular. La víctima iba acompañada por una amiga, una menor de 16 años, quien, a raíz del violento episodio, sufrió una crisis epiléptica y debió ser trasladada de urgencia al hospital.Vecinos de la zona, al advertir lo sucedido, persiguieron al presunto delincuente hasta alcanzarlo en las inmediaciones de Santa María de Oro e Ituzaingó, donde lo redujeron hasta la llegada del personal de la Comisaría Primera.

También fue detenida una mujer que se encontraba en el domicilio y que habría incumplido un oficio judicial del Juzgado de Familia. La intervención se realizó con el conocimiento de la Dra. Mondragón.El operativo contó con la supervisión del fiscal de turno, Dr. Jaume, y se enmarca en una causa en etapa de investigación relacionada con lesiones. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes. 

La orden, firmada por el juez Nelson Rocabado, instruye a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen realizar la aprehensión, toda vez que el pasado 27 de enero la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de Tarija declaró como inadmisible el recurso de apelación, advirtiendo que la resolución emitida no admite recurso posterior.El exmandatario es investigado por la Fiscalía de Tarija por su relación -en 2016- con Cindy Saraí, quien era menor de edad, y de la cual nació una hija.En esa línea, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, reafirmó que tras el rechazo de la apelación, se restablece la orden de aprehensión que debe ser ejecutada por la Policía y en la que podría intervenir un fiscal en caso de que se requiera un allanamiento.El pasado 17 de enero, tras no presentarse a declarar por segunda vez, Morales fue declarado en rebeldía por la justicia, ratificándose así la orden de aprehensión que ya existía desde octubre de 2024, y se ordenó el congelamiento de sus cuentas y activos.El expresidente se encuentra atrincherado en su reducto en el Chapare, departamento de Cochabamba (centro), su bastión político, donde cuenta con el respaldo de cientos de cocaleros que han advertido sobre una posible convulsión social en caso de su detención.Ante esto, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, afirmó el lunes que ya está lista la “orden de operaciones” para ejecutar la aprehensión, pero se aguarda el “momento y lugar preciso” para ejecutarla sin generar enfrentamientos y “evitar pérdida de vidas humanas”. NA.

El Servicio Federal de Seguridad (SFS) ruso detuvo a cuatro mujeres acusadas de tramar ataques terroristas contra altos cargos militares rusos e instalaciones de energía, informó el organismo este viernes en un comunicado. Las mujeres trabajaban como agentes para los servicios especiales ucranianos y fueron detenidas en las ciudades de Sebastopol, Voronezh y Rostov del Don, de acuerdo con el SFS.El SFS afirmó que frustró las actividades de las agentes, que fueron reclutadas por Ucrania “para cometer actos de sabotaje y terrorismo contra altos oficiales del Ministerio de Defensa ruso e instalaciones de energía”, añadió. Las cuatro mujeres fueron entrenadas en territorio ucraniano en el uso de armas de fuego, minas, explosivos y drones.El SFS abrió causas penales contra ellas por delitos relacionados con el terrorismo, informó la agencia de noticias Xinhua. Las mujeres confesaron y podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión. NA.

La periodista italiana Cecilia Sala, de 29 años, permanece detenida en una celda de aislamiento iraní en la prisión de máxima seguridad de Evin, en Teherán, tras ser arrestada el pasado 19 de diciembre mientras se dirigía al aeropuerto para regresar a su país, según confirmaron las autoridades italianas.Sala, experta en información internacional y colaboradora del diario Il Foglio y de Chora Media, había permanecido diez días en Irán con un visado de periodista, desde donde realizó reportajes sobre la situación del país y las condiciones de las mujeres.El caso ha generado una fuerte condena por parte del Gobierno italiano. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, calificó su detención de “inaceptable” a través de un mensaje en la red social X, asegurando que todos los altos responsables de Italia, incluida la primera ministra Giorgia Meloni, están trabajando para lograr su liberación.El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, por su parte, aseguró este viernes en declaraciones a la televisión pública RAI que Sala se encuentra “bien” y en una “situación tranquila”.La periodista ha podido realizar dos llamadas telefónicas breves con su familia y fue visitada durante 30 minutos por la embajadora de Italia en Irán, Paola Amadei, quien verificó sus condiciones de detención.Tajani señaló que el Gobierno italiano está actuando con la “máxima discreción” para garantizar su regreso a Italia. “Lo importante es que esté bien y en una situación tranquila. Además, se encuentra sola en una celda”, añadió.Cecilia Sala había producido contenido destacado desde Irán, incluyendo un podcast publicado el 17 de diciembre sobre el “patriarcado en Teherán”.Según informó Chora Media, su empleador, la joven debía regresar a Italia el 20 de diciembre, pero fue arrestada un día antes en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.Las autoridades iraníes no han detallado los motivos de su detención, aunque la situación ha recordado el caso de la viajera italiana Alessia Piperno, quien fue retenida en 2022 durante 45 días en la misma prisión de Evin, en el contexto de las protestas tras la muerte de Mahsa Amini.El Gobierno de Roma ha intensificado los esfuerzos diplomáticos para garantizar su liberación, y varios altos funcionarios han manifestado su preocupación por el caso. Mientras tanto, Sala permanece retenida en un entorno que alberga principalmente a opositores al régimen iraní. (Con información de EFE y AFP)

El hecho ocurrió cuando una funcionaria policial, al realizar un procedimiento de cacheo en el lugar, fue informada por la mujer que llevaba cocaína fraccionada en el interior de su cartera.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Toxicología, que constató la presencia de 20 gramos de cocaína y una pequeña cantidad de marihuana, esta última no sometida a pesaje debido a su escasa cantidad.

La Fiscalía boliviana imputó al ex presidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata de personas y emitió una orden de detención, en el marco de una investigación que lo vincula con un caso de presunto estupro agravado. La fiscal departamental de Tarija (sur), Sandra Gutiérrez, afirmó en rueda de prensa que se está a la espera de que la Justicia disponga una fecha para la audiencia de medidas cautelares.“Hemos iniciado una investigación ante un informe que nos ha presentado inteligencia (...) Ante cualquier denuncia que se presente, siendo estos delitos de orden público, tenemos nosotros la obligación (como Ministerio Público) de realizar la investigación”, indicó Gutiérrez al recordar que está vigente la orden de aprehensión emitida el pasado 16 de octubre. Agregó que se solicitó una alerta migratoria contra Morales para evitar cualquier intento de fuga.La investigación se centra en un caso de 2015, cuando Morales aún ejercía la Presidencia de Bolivia.  Las leyes en Bolivia establecen la privación de libertad de 10 a 15 años para quienes incurran en el delito de trata de personas.A raíz de estas acusaciones, Morales, figura clave en la política boliviana en las últimas dos décadas y símbolo del movimiento indígena y campesino, enfrenta el riesgo estar impedido para liderar las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (el mayor sindicato cocalero del país) y el ala “evista” del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

La queja del expresidenteEl expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este martes que es víctima de una “guerra jurídica” que busca impedir su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo año y que pueda asumir un nuevo mandato.  “Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce”, difundió Morales en redes sociales.Morales sostuvo que los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso le son vulnerados. “No respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado”, aseveró.El exmandatario consideró que su “único delito” fue lograr una “economía justa”, así como un país más inclusivo y libre de la intromisión extranjera. “El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano”, expresó.Denunció, además, un “constante bombardeo” de difamaciones en su contra y que el Gobierno del presidente Arce busca eliminarlo. “El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme”, difundió Morales.

La captura ocurrió pasadas las 9:30 de la mañana del martes, cuando De La Madrid se encontraba junto al abogado Alejandro Jacobi en el despacho del fiscal José Arias. En ese momento, el jefe de la División Criminalística, José María Rosatelli, y el jefe de la División Investigaciones, Miguel Martina, ingresaron para ejecutar la orden de detención.El abogado ya contaba con un pedido de captura y una denuncia reciente por un presunto intento de estafa. Según los demandantes, tras reclamar avances en un expediente judicial relacionado con un accidente de tránsito, De La Madrid los habría agredido físicamente y luego intentado sobornarlos con dinero.De La Madrid fue condenado en 2016 por delitos como uso de instrumento público falso, tentativa de estafa, y sustracción y destrucción de pruebas, con una pena de dos años de prisión condicional y una inhabilitación profesional de cuatro años. Esa condena quedó firme en 2021, por lo que se encontraba inhabilitado para ejercer la abogacía.Tras su detención, la policía allanó el estudio jurídico de De La Madrid en la intersección de calles Urdinarrain y Entre Ríos, donde incautaron material informático y CPUs. También requisaron un vehículo Volkswagen Vento del abogado, secuestrando teléfonos celulares para su posterior análisis.Además, se allanaron dos viviendas ubicadas en calle Hipólito Yrigoyen al 1500 y al 2300, en cumplimiento de la orden judicial.El caso se sustenta en una investigación llevada adelante por la División Criminalística, que incluyó una denuncia reciente y antecedentes graves. La fiscal Montangie adelantó que el análisis del material secuestrado podría sumar nuevas pruebas a la causa, mientras que el abogado permanece detenido a disposición de la justicia.Este episodio no solo resalta la gravedad de las acusaciones contra Pedro De La Madrid, sino también la firmeza con la que las autoridades locales están actuando en casos de ejercicio ilegal de la profesión y delitos contra la confianza pública.

Uno de los procedimientos, realizado en inmediaciones de las calles Humberto 1° y Zorraquín, arrojó resultados positivos.Durante la inspección, los efectivos policiales lograron el secuestro de un arma de fabricación casera con un mecanismo apto para disparar, que contenía en su interior un cartucho calibre 22 sin percutar, además de un cartucho calibre 38 percutado.Como resultado de las diligencias, un hombre de 33 años fue aprehendido, quedando imputado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

En un comunicado emitido este miércoles, el tribunal, con sede en los Países Bajos, declaró que tenía “motivos razonables” para creer que Netanyahu es responsable penalmente de crímenes de guerra, informaron medios internacionales.Enumeró “la inanición como método de guerra” y “los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.La CPI rechazó la impugnación de Israel de la competencia del tribunal sobre el asunto, según una versión del caso que publicó la CNN.Israel no es miembro de la Corte pero sí el Gobierno Autónomo de Palestina. Éste es firmante del Estatuto de Roma por el que se creó el tribunal y se adhirió como Estado de Palestina. En cuanto al funcionario de Hamás conocido como Mohammed Deif, Israel aseguró que lo mató en septiembre pero el grupo armado no lo confirmó.La CPI aseguró que encontró “motivos razonables” para creer que Deif era responsable de “crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, exterminio, tortura y violación, así como otras formas de violencia sexual”.También le adjudica los cargos de crímenes de guerra, asesinato, trato cruel, tortura, toma de rehenes y ultrajes a la dignidad personal.Deif tiene “responsabilidad penal” por estos crímenes, indicó el tribunal, por haber “cometido los actos conjuntamente y a través de otros… por haber ordenado o inducido la comisión de los crímenes», y por no haber «ejercido el debido control sobre las fuerzas bajo su mando y control efectivos”.El tribunal añadió que existen “motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido por Hamas y otros grupos armados contra la población civil de Israel”. NA. 

El resultado del procedimiento fue positivo. En el lugar, se incautó un revólver calibre .32 de la marca Smith & Wesson, que presentaba un estado de oxidación y contaba con cachas plásticas de color negro en la empuñadura.

El arma no tenía un número de serie legible y poseía un tambor giratorio con seis alveolos, conteniendo seis municiones de calibre .32 marca SP, de las cuales dos estaban percutadas y cuatro sin disparar.

La fiscal de turno fue informada del hallazgo, tras lo cual se ordenó la aprehensión del hombre por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. El sospechoso permanece detenido mientras continúa la investigación.

Se trata de “Naty Bum”, una conocida delincuente que asolaba al barrio Nebel, Belgrano y San Agustín cometiendo diversos hechos delictivos, hasta que fue aprehendida por el personal de la comisaría Tercera.En la audiencia que estuvo presidida por la vocal Silvina Gallo, Alcoba reconoció los hechos que se le imputaban y de esa manera aceptó la pena que fue acordada por su abogado defensor y la fiscal Daniela Montagie.De esta forma,  “Naty Bum” será condenada a un  año y seis meses de prisión efectiva en Unidad Penal de Paraná. Ahora resta que se concrete la audiencia, en la que Gallo, de homologar el acuerdo de juicio abreviado, procederá a realizar la lectura de sentencia de la imputada.La pesquisa llevada adelante por la Daniela Montangie señala que Natalia Belén Alcoba cometió tres hurtos tentados y tres hurtos consumados. Fuente: La Misiva. 

El hecho ocurrió mientras un menor cenaba junto a sus compañeros y profesores en la cantina del club.

El sujeto aprovechó un descuido y se apoderó de la mochila, que estaba en una de las galerías del lugar, para luego darse a la fuga.

Alertados por el hurto, los funcionarios de la Comisaría Primera acudieron de inmediato al lugar y comenzaron a buscar al responsable en las inmediaciones.

Tras un rápido rastrillaje, lograron localizar al sospechoso en el patio de una vivienda situada en calle Falucho, a la altura del 250.

Durante el procedimiento, los oficiales recuperaron la mochila robada, que contenía un bowl, una billetera con $550, un par de medias, una botella térmica, un buzo, una remera y un pantalón. La detención fue notificada al fiscal de turno, Dr. Mauricio Guerrero, quien dispuso la aprehensión del hombre por el delito de hurto.

El detenido quedó a disposición de la justicia mientras se avanza en la investigación del caso.

La medida judicial fue solicitada por una ciudadana de 89 años, madre del detenido, quien lo denunció por episodios de violencia y maltrato debido a sus problemas con el consumo de drogas. Al llegar al lugar, los agentes observaron al hombre empuñando un arma blanca mientras discutía y empujaba a su hermana. Ante la situación de violencia, el personal policial procedió de inmediato a reducirlo y asegurar su detención. El arma fue secuestrada como evidencia.

La fiscal de turno, Dra. Natalia Conti, fue informada del incidente y dispuso la aprehensión del individuo, quien ahora enfrenta cargos por amenazas calificadas y violencia familiar.