Cerca de la mitad de los 33 millones de habitantes del Perú no tienen asegurada su alimentación, reveló la ONU, un fenómeno que convive con el estancamiento económico, el rechazo a la clase política, el aumento de la delincuencia y la amenaza de nuevos desastres naturales.

"Las familias en inseguridad alimentaria no están comiendo lo suficiente porque no tienen más recursos. Están comprometiendo seriamente su salud y sus medios de vida", dijo la representante local del Programa Mundial de Alimentos (PM), Sarah Laughton, en una entrevista con el diario limeño La República, en la que resaltó que la situación es especialmente crítica para alrededor de 3,5 % de la población.

"La desnutrición crónica está en aumento por primera vez en 17 años y afecta a 11,7 % de los niños.

Toda esa situación afecta las capacidades de las personas y las del país. Impacta también en lo económico", señaló esta semana la funcionaria.

La economía peruana, que durante los primeros años de este siglo se convirtió en una de las de mayor crecimiento en América Latina e incluso en el mundo, al punto que algunos funcionarios presumían de un "milagro", perdió su impulso en los últimos meses en medio de factores que también afectan a los demás países, como la pandemia de covid y la guerra en Ucrania.

Para este año hay alarma frente a un posible decrecimiento. El Producto Bruto Interno bajó en agosto 0,63%, según datos entregados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con lo que completó cuatro meses consecutivos en caída.

El ministro de Economía, Alex Contreras, ya anticipó que las cifras de septiembre también pueden ser negativas, con lo que se completarían tres trimestres consecutivos a la baja. Los expertos confían en que la campaña navideña permita reflotar un poco en el último trimestre del año.

Por ahora, el Ministerio de Economía mantiene una expectativa de crecimiento de 1,1% para 2023, pero ese relativo optimismo, en un país que hasta hace poco marcaba alzas anuales de dos dígitos, no es compartido por el think-tank Instituto Peruano de Economía o la consultora Macroconsult, que temen un índice negativo de 0,2 a 0,3 %.

La situación es especialmente complicada en la agricultura familiar, lo que repercute directamente en la inseguridad alimentaria.

Según un estudio de la ONG internacional Oxfam, la pobreza en los hogares rurales peruanos llega al 41 %, casi el doble del índice general.

"Es un sector que no ha recibido una adecuada atención en la política pública en los últimos 30 años. Si se continúa con el abandono de la agricultura familiar, este sector, en el que vive uno de cada cinco peruanos, se seguirá empobreciendo", dijo el economista Eduardo Zegarra, uno de los autores del estudio.

Eso conducirá, indicó Zegarra, a que cada vez haya menos producción de alimentos claves para superar la inseguridad alimentaria, como tubérculos, hortalizas, frutos, granos andinos y leche. Para los autores del estudio, el 3,5 % del presupuesto público que se destina actualmente a la agricultura es insuficiente, lo que se agrava por el hecho de que la mayor parte de esos fondos van a la agricultura de exportación y eso reduce la participación de los pequeños productores.

“Es vital diseñar instrumentos de política ágiles y eficientes para atender a la población productora en tiempos de crisis”, advirtió la representante de Oxfam en el Perú, Alejandra Alayza. La ONG advirtió además que es importante diseñar políticas con perspectivas de género en el sector campesino, pues las mujeres, que representan cerca de 30 % de ese universo, están aun en peores condiciones que los hombres.

Ese enfoque, en opinión de Alayza, “permitirá destinar recursos al empoderamiento de las mujeres en el sector, evitando depender exclusivamente de un fondo en particular”, como el Fondo de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena, creado en 2021.

El crecimiento económico, basado fundamentalmente en los precios de productos mineros con fuerte demanda en el exterior, permitió una mejoría para todos los sectores de la población, pero, según coinciden los analistas, sin que se lograran mayores avances en el cierre de las brechas de desigualdad.

El impulso comenzó a caer en la primera mitad de la década pasada y se diluyó con la pandemia y la falta de fertilizantes derivada del conflicto ruso-ucraniano, situaciones ante las cuales, según Oxfam, el Estado peruano respondió con medidas “insuficientes, poco eficaces y cortoplacistas”.

En medio del caos político, con un Ejecutivo frágil y rechazado en las encuestas por más de 80 % y con el protagonismo de un Legislativo repudiado por más de 90 % y acusado de interesarse solo en la retención del poder, el gobierno y sus aliados, según la oposición, carecen de respuestas para enfrentar la crisis ya instalada y la que se puede venir.

El impacto de la crisis

climática

Las perspectivas se complican más con el anuncio de un nuevo episodio del fenómeno El Niño -calentamiento de las aguas del Pacífico- y de otros posibles desastres naturales, como los que periódicamente causan graves inundaciones y a los que este año se sumó un huracán.

Para Laughton, el país debe echar mano de su experiencia para enfrentar la crisis alimentaria: “No hace muchos años, el Perú fue una historia de éxito global en la reducción de la desnutrición crónica. El Perú tiene recursos y hay voluntad, inclusive del sector privado y de los gobiernos regionales, para luchar contra el hambre”, dijo.

“Hay momentos en los que la ayuda directa de la protección social se tiene que expandir. No se tiene que ver como un costo o asistencialismo, sino como inversión”, dijo Laughton, al sugerir los aportes económicos directos y la compra por parte del Estado de la producción de los pequeños agricultores como herramientas para enfrentar la crisis. (Télam).

Luego del fallecimiento de otro niño wichi el martes pasado, la ministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, prometió agua potable.

Anunció además que entregarán módulos alimentarios a más de 60 municipios y se realizarán campañas contra el coronavirus en los centros de salud y videos.

La ministra se refirió en rueda de prensa al niño wichi de un año y seis meses, de la comunidad La Curvita, que murió este martes con bajo peso e infección intestinal en el hospital de Santa Victoria Este, al que arribó en situación desesperante.

�SHa sido muy doloroso para nosotros saber que ha muerto un niño más en el norte. Fue asistido en su momento en varias instancias, hace un mes fue asistido por una gastroenteritis y el niño salió con 2 kilos más de peso y con el alta⬝, manifestó la ministra.

�SVolvió a La Curvita y hace 10 días entregamos dos módulos alimentarios y el niño estaba bien, evidentemente ha tenido un problema de salud y ha bajado de peso. Cuando entró a la internación ya estaba con bajo peso y con deshidratación⬝, explicó.

Y aclaró que la familia del niño �Sestaba recibiendo agua del Ejército⬝. Según el certificado de defunción murió por �Ssepsis deshidratación⬝. La funcionaria dijo este miércoles que si bien la ubicación geográfica protege de la pandemia a las comunidades originarias, se realizan campañas contra el coronavirus en los centros de salud y videos.

Sobre los módulos alimentarios para las familias del interior de la provincia, dijo que se entregarán a través de los 60 municipios. Recordó que las familias que requieran el módulo no deben trasladarse hasta la intendencia sino que deben solicitarlo telefónicamente y garantizó asistencia a los grupos sin la capacidad de facturar, de tener ingresos, porque son cuentapropistas, emprendedores, trabajadores informales.

Tras la muerte de seis niños y niñas de la comunidad wichí en el norte provincial a causa de la desnutrición, Naciones Unidas emitió un comunicado para señalar su preocupación. Además se solidarizaron con las familias, la comunidad wichí y con los argentinos.

�SEl Representante de Naciones Unidas en Argentina, la Representante de UNICEF, la Representante de la OMS/OPS y el Representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresamos preocupación por el fallecimiento de seis niños y niñas de la comunidad wichí, y por el estado nutricional y de salud que experimentan otros niños y niñas en la provincia de Salta. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, con la comunidad wichí y la población argentina⬝, señalaron en un documento.

�SReconocemos el accionar del Gobierno provincial y nacional ante esta grave y urgente situación y quedamos a disposición para colaborar en la emergencia sociosanitaria declarada por la provincia de Salta. Asimismo, alentamos al Estado argentino a generar soluciones de mediano y largo plazo sobre este problema estructural y multidimensional que enfrenta la comunidad wichí⬝, añadió.

El comunicado agregó que: �SLa desnutrición infantil no es sólo una cuestión vinculada al de derecho a la alimentación, sino que también se relaciona con otros derechos como el derecho a la salud, a la educación, y al agua, entre otros derechos, contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Convención sobre instrumentos ratificados por Argentina. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

�SEl espíritu de las Naciones Unidas es promover y proteger los derechos humanos de todas y todos y apoyar los esfuerzos necesarios para contribuir a un desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás⬝, expresó el comunicado.