El defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, destacó que “ahora comienza una etapa clave, procesar todas las inquietudes recogidas en el recorrido provincial y volcarlas en un trabajo superador que optimice las intervenciones”.

A su vez, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, sostuvo: “Contar con pautas compartidas nos permite actuar con más rapidez y coherencia, priorizando el cuidado y la protección de quienes más lo necesitan”.

“Fue un desafío recorrer cada localidad de Entre Ríos juntos, las tres instituciones, pero este esfuerzo nos demuestra que estamos construyendo una política pública de trascendencia en favor de los derechos de la niñez”, remarcó la presidenta de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher.

Con esta jornada se completaron 18 instancias. Una en cada departamento y en la ciudad de Paraná, cumpliendo el objetivo de consolidar prácticas homogéneas y compartidas en el territorio. Asimismo, desde la organización se agradeció al Superior Tribunal de Justicia por brindar el espacio y al Instituto Alberdi por su colaboración.

El encuentro contó con la participación del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela, así como de secretarios, directores, subdirectores y demás autoridades del Poder Ejecutivo Municipal, Provincial y del Poder Judicial, personal del Copnaf, de la Judicatura y del Ministerio Público de la Defensa. 

Con la iniciativa del Gobierno Provincial se firma en el año 2008 el PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ACTUACI�N EN CASOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS en las que se da indicación y forma a la actuación que se deberá realizar ante un supuesto o acreditado caso de Maltrato o vulnerabilidad en la infancia.

La misma está integrada por representantes de los distintos poderes del Estado con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Los niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a hacer deporte, a jugar. Las normas les dan una protección especial.

Esta ley en territorio Entrerriano (9.861) y territorio Nacional (26061) prevé la Protección Integral de todos los niños y adolescentes hasta los 18 años de edad.

La ley los protege para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Estos Derechos enuncian y contemplan que se proteja su vida y se respete su intimidad; A la salud; A hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano; A no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo; A que se respete su honor y se proteja su imagen; A tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma; A que se respete la forma de ser de su lugar de origen; A conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos aunque estén separados o alguno se encuentre en prisión, salvo que ese vínculo pueda provocarle daño; A tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan tener contacto directo con sus padres; A recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando su derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde viven; A gozar de los beneficios de la seguridad social; A expresar sus opiniones en la familia y que sean tenidas en cuenta tanto en la familia como en la escuela, considerando su grado de madurez; A asociarse con fines culturales, deportivos o políticos siempre y cuando esas asociaciones o grupos estén sólo integradas por niños o adolescentes. Finalizando se expresa: Qué están obligados a que la ley se cumpla: Las familias, que deberán asegurar el disfrute pleno de sus derechos; Todos los organismos del Estado que tienen como prioridad protegerlos y auxiliarlos en cualquier situación y deben hacerlo con preferencia al resto de la sociedad y con total atención: La comunidad en general por razones de solidaridad. Por eso la ley permite que cualquier ciudadano que sepa que no se respeta la ley se presente a la justicia para pedir que se tomen medidas urgentes para que los niños y adolescentes afectados puedan gozar de sus derechos.