Mario Robles llegó a la Argentina en un vuelo no comercial a las 3:20 del jueves. Tiene 25 años y es uno de los argentinos deportados desde EE.UU. por Donald Trump. Su mamá, Natalia, y el marido de ésta lo esperaban en la zona de arribos, al igual que la Policía Aeroportuaria. Sólo pudo comunicarse con su familia a través de esos agentes. Todavía le duele el cuerpo por las más de cuarenta horas que, como el resto de los deportados, tuvo que permanecer engrillado sumando el avión y los traslados previos.Los tuvieron encadenados a la altura de los tobillos, la cintura, los pectorales y las muñecas, como si se tratara de delincuentes de máxima peligrosidad. “Y como si pensaran que a mí se me iba a ocurrir fugarme tirándome desde una ventanilla del avión en pleno vuelo... Se ve que pensaban eso”.El relato de su odisea fue a través del celular de su madre, porque —según cuenta— perdió el propio en el momento en que huyó desde la camioneta conducida por coyotes, que le habían prometido llegar a salvo al territorio que él mismo nombra como “el suelo del sueño americano”. Mario fue apresado en la frontera, en San Antonio, Texas, después de cruzar a pie el Río Bravo entre México y EE.UU.

Regreso sin gloria

Su regreso forzado al país tuvo lugar después de un mes de detención en EE.UU. Su testimonio se inscribe en el operativo que, en la madrugada del jueves, recibió en el aeropuerto de Ezeiza a un grupo de argentinos deportados por el gobierno norteamericano, en el marco de la brutal avanzada antiinmigración impulsada por la Casa Blanca.Mario Robles nació en Villa Clara, Entre Ríos, donde ahora lo recibe su mamá. Recuerda haber tomado la decisión de emigrar a México a raíz de la escalada cambiaria ocurrida en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. “Recuerdo haber vivido mi adolescencia en un país muy lejano a este... el dólar estaba a 18 pesos y con mil pesos alcanzaba para todo”, dice. “Decidí irme del país en ese momento, 2019, en el que empezó a devaluarse tan fuertemente el dinero. Junto a mi familia y vecinos pasábamos todos una muy mala racha.”En México se instaló en el estado de Guanajuato y empezó a trabajar como encargado en una empresa de construcción apenas llegó, hasta un mes antes de que “me agarraran tratando de entrar a EE.UU.”. “México tiene toda esa violencia que ya sabemos, toda esa mala fama donde sabemos que pasan las cosas que pasan. Sin embargo, en la ciudad donde yo estaba, Guanajuato, no se siente tanto y podía trabajar bien. Me alcanzaba incluso para enviar algo de dinero acá, a mi mamá y mi hermana, a Villa Clara. Además, es un país donde te tratan bien, te integran, jamás me sentí discriminado”.

Una nueva vida

En 2022 conoció a su esposa, mexicana y ese mismo año tuvieron una nena que hoy tiene tres años. Su idea de cruzar a los EE.UU. se instaló “hace como dos o tres años”. Su suegro, que falleció en Fort Worth, Texas, iba a ayudarlo a cruzar. “Mi plan era el famoso sueño americano. Pensaba que podía lograrlo en tres o cuatro años. Un año entero le pagás al coyote; los otros años son para levantar tu casa y hacerte de una camioneta. Yo iba por mi casa y por un negocio, para luego volver por mi familia a México”, donde tiene residencia permanente. 

Para llegar a EE.UU. Mario contrató un coyote, como se suele llamar a quienes se dedican al tráfico ilegal de personas y cobran para guiar y facilitar el cruce de migrantes a través de fronteras. “Sí, como en las películas: cruzamos ilegalmente el Río Bravo. Firmé un acuerdo de confidencialidad, por lo cual se supone que no puedo dar detalles del tipo de trato que hacemos con los coyotes. Pero hay distintas formas de cruzar ese río, dependiendo de la corriente. Si está alta, con una lancha. Cuando nosotros lo hicimos, lo hicimos caminando: unos 40 minutos por el monte y luego caminando por el río. De ahí te suben a una camioneta con la promesa de cruzar la frontera en San Antonio, Texas, donde hay un puesto de migración. Toda la operación sale arriba de 7 mil dólares”.Mario fue apresado en San Antonio: “Casi lo logramos. Iba una persona conduciendo y éramos unos 7 escondidos en la caja de la camioneta. El auto se detuvo en el peaje de ingreso a San Antonio y aparecieron agentes antimigrantes. Ahí, desde nuestro escondite, escuchamos la conversación: le pedían los papeles al chofer. Finalmente revisaron la camioneta y varios de nosotros empezamos a correr. Corrí y logré esconderme en una zona del monte. Vi que incluso había drones y perros recorriendo la zona. A mí finalmente me encontró un perro”.

Días en la heladera

El derrotero de los migrantes detenidos en esas circunstancias casi siempre es el mismo: primero los llevan a la famosa ´heladera´, donde deben permanecer dos o tres días. “Es el lugar más difícil. Serán unos 8 metros por 8 metros para albergar durante días a unas 40 personas. Sin sillas, ni camas. Muy poca comida. Te tienen incomunicado. No te podés bañar. Dormís sentado, si lo lográs, apenas unos minutos, porque no tenés dónde recostarte y el ruido de entrada y salida de gente nunca para. Y está helado. Si tenés suerte, quizás conseguís una manta. Hay una zona a la que la llaman ‘baños’, pero es un área en la que te hacen hacer tus necesidades enfrente de todo el mundo“, cuenta Mario.“Es muy sufrido. Y lo peor son los agentes. Son nacidos en EE.UU. pero hijos ellos mismos de mexicanos y todo tipo de migrantes, lo que se llama chicano. Y ellos son los que peor te tratan. Entre ellos hablan en español, pero si les llegás a pedir algo o algún tipo de explicación, hacen de cuenta que no entienden español.”, describe Mario.Luego son llevados a alguna corte federal, donde se les asigna un juez y un proceso, según qué tan grave sea el caso. La gravedad se mide en función de la reincidencia: “El juez te pregunta cuántas veces has cruzado. Si sos primerizo, te preguntan tu historia. Le expliqué que era argentino, pero con esposa e hija en México. Le pedí al juez que me mandaran para México, pero decidieron mandarme acá.”“Ya en el centro de detención te dan desayuno, cinco comidas al día. Ya podés tener contacto con tu familia a través de una tablet. La instalación es buena, te sentís un poco mejor. Te podés bañar. Teníamos una tele para ver las noticias. Tu familia debe depositar dinero a la gente del centro de detención, y ahí sí podías hablar con tu familia, algo que no sé si es legal o no, pero por lo menos en esa instancia ya sabés que vas a volver a casa”, termina Mario su relato.

El Departamento de Justicia pidió a los magistrados del alto tribual que intercedan en la disputa y dejen en suspenso la orden de un juez federal de San Francisco que puso en pausa la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.“Mientras la orden esté en vigor, (Noem) debe permitir que cientos de miles de ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, pese a estar convencida de que hacerlo es ‘contrario al interés nacional’”, argumentaron los abogados del Departamento, en referencia a las cerca de 350.000 personas que se verían afectadas por el pedido.El Departamento de Justicia argumentó que la medida de los tribunales inferiores interfiere en el trabajo de Noem y otros funcionarios (EFE)Asimismo, el procurador general D. John Sauer señaló que esta acción interfiere de manera inaceptable en el poder del Gobierno en lo que respecta a la inmigración y asuntos exteriores, y sumó que, a su vez, quienes están alcanzados por la decisión no necesariamente deben regresar a sus países y que existen otras opciones legales con las que pueden permanecer en Estados Unidos.A poco de llegar a la presidencia, como parte de su política contra la inmigración, Trump ordenó la suspensión del TPS para los venezolanos. Esta medida permite a los extranjeros de determinados países vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos -durante 18 meses- por considerarse que el regreso a sus naciones es inseguro, por desastres naturales o conflictos civiles. En el caso de Venezuela, el permiso responde a la crisis humanitaria y política que se vive por la permanencia en el poder del régimen de Nicolás Maduro.La noticia se conoció a finales de febrero y tomó por sorpresa a cientos de miles de venezolanos que se vieron forzados a tener que regresar a su país, pese a que la situación interna no había cambiado.Si bien estaba previsto que se ejecutara el 7 de abril, el juez del Distrito Federal Edward Chen ordenó pausar los planes, ya que consideró que amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y costar miles de millones de dólares en actividad económica perdida.Asimismo, señaló que el Gobierno no había logrado demostrar concretamente los daños que implicaría mantener el programa vigente, tal como estaba previsto con la extensión emitida por Joe Biden antes de abandonar su cargo.“Actuar sobre la base de un estereotipo de grupo negativo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es un ejemplo clásico de racismo. Los titulares de TPS venezolanos tienen tasas de criminalidad más bajas que la población en general”, aseguró, entre otras cuestiones.Si bien estaba previsto que el fin del TPS para los venezolanos se ejecutara el 7 de abril, el juez Chen ordenó pausar los planes (EFE)A su objeción se sumaron otras a lo ancho del país, en las que los tribunales estatales dieron lugar a las demandas interpuestas por abogados y organizaciones de Derechos Humanos, y que frenaron aún más las expulsiones, motivando a Trump a recurrir a la Corte Suprema para poner fin al asunto. (Con información de AP y Reuters)

“La administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales delincuentes, entre ellos un presunto terrorista, cuatro miembros de la pandilla Tren de Aragua y varios inmigrantes ilegales condenados por delitos sexuales contra menores”, dijo Leavitt, y detallo que muchos fueron deportados a bordo de aviones militares.

“La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, agregó, aunque no informó dónde se tomaron las fotografías de estas personas subiendo esposadas a un avión, ni tampoco el destino de este.Leavitt dijo que Trump “está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero: si ingresas ilegalmente a los Estados Unidos, enfrentarás severas consecuencias”.Por contrapartida, los fiscales generales de once estados estadounidenses han advertido este jueves al presidente Trump, que no permitirán que su administración utilice recursos estatales para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes.La declaración fue publicada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y contó con el apoyo de sus homólogos de California, Colorado, Conneticut, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.Asimismo, el alcalde de Newark, en el estado de Nueva Jersey, el demócrata Ras Baraka, calificó los anuncios de Trump como “acto atroz”, y dijo que su administración “no se quedará de brazos cruzados mientras se aterroriza ilegalmente a la población”,Baraka informó en un comunicado que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “allanaron un establecimiento deteniendo residentes indocumentados y también a ciudadanos, sin presentar una orden judicial”.El alcalde indicó que uno de los detenidos es un veterano del Ejército estadounidense, una acción que calificó como un “acto atroz y una violación flagrante” de la Constitución de Estados Unidos. NA.

 El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió este martes a Rusia que permita a las organizaciones internacionales visitar a niños y otros civiles �Sque fueron deportados a la fuerza⬝ desde Ucrania a territorios controlados por el Kremlin.

 La resolución insta a Rusia a �Scesar el traslado forzado ilegal y la deportación de civiles y de otras personas protegidas dentro de Ucrania o a la Federación de Rusia (...), en particular niños, incluyendo los que están bajo custodia de las instituciones, no acompañados y separados⬝ de sus familias.

 Según las autoridades ucranianas, 16.221 niños fueron deportados a Rusia hasta fines de febrero, unas cifras que la Comisión de la ONU no pudo verificar, refirió la agencia de noticias AFP.

 El 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, anunció que había emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de guerra de �Sdeportación ilegal⬝ de niños ucranianos desde que empezó la invasión.

 Una Comisión de la ONU encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Ucrania desde que empezó la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, concluyó en un informe que las �Ssituaciones que examinó sobre el traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra⬝.

 El texto adoptado este martes prorroga por un año el mandato de la comisión y llama a Rusia a permitir que los representantes y los colaboradores de los organismos internacionales de ayuda humanitaria y de derechos humanos tengan �Sun acceso sin trabas, inmediato, duradero y seguro⬝ a esas personas, y a �Saportar informaciones fiables y completas sobre el número y el lugar en el que se encuentran esos civiles, y garantizar que sean tratadas dignamente y su regreso sin peligro⬝.

 La resolución también pide a Rusia que permita el acceso a todos los prisioneros de guerra y a otras personas �Sdetenidas ilegalmente⬝.

 Sin embargo, la comisionada presidencial para los Derechos del Niño de Rusia, Maria Lvova-Belova, también acusada por la CPI, afirmó que quienes actúan �Scontra los intereses⬝ de los menores son las autoridades ucranianas y no las rusas, entre otras razones porque �Sno están haciendo nada para evacuarlos de zonas en peligro⬝.

�SLas tropas ucranianas y las fuerzas nacionalistas utilizan a los niños como escudos humanos⬝, señaló la comisionada citada por Europa Press.

 Añadió que �SUcrania está persiguiendo a las familias rusas⬝ y a los �Shuérfanos⬝ acogidos por ellas en la región del Donbass, ocupada parcialmente por Rusia.

 En este sentido, acusó a Kiev de entorpecer la �Sasistencia humanitaria⬝ brindada por Moscú, incluso amenazando por teléfono y en las redes sociales a las familias que supuestamente quieren acoger a los niños, según la agencia de noticias TASS.