Un fallo clave de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó que una entidad bancaria deberá indemnizar a un usuario por haberlo informado erróneamente como deudor financiero. El caso se originó tras una suplantación de identidad que derivó en la apertura de productos a nombre del damnificado sin su consentimiento.El conflicto comenzó en octubre de 2020, cuando el afectado detectó que figuraba en los registros de deudores del Banco Central de la República Argentina y en bases privadas, pese a no tener vínculo alguno con la entidad demandada. Según consta en el expediente, el hombre aparecía calificado en situación dos, correspondiente a deudor incipiente.A medida que avanzó el tiempo, la situación se agravó. El usuario fue recategorizado hasta llegar a la condición de “irrecuperable” por una deuda de $108.000 que desconocía por completo, lo que impactó en su historial crediticio y en su relación con otras entidades financieras.

Suplantación de identidad y falta de respuestaLa investigación judicial determinó que terceros utilizaron datos personales del demandante para abrir una cuenta bancaria mediante un proceso de telemarketing. Esta operación se realizó sin la intervención ni autorización del titular legítimo, lo que evidenció fallas en los controles de verificación.Tras advertir la irregularidad, el afectado presentó una denuncia penal por estafa ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata. Además, envió una carta documento a la entidad bancaria solicitando la rectificación de los datos y el cierre de cualquier producto a su nombre.Sin embargo, según se desprende de la causa, el banco no respondió a este reclamo inicial. La entidad solo brindó respuestas en el marco del proceso judicial, mientras la situación crediticia del cliente continuaba deteriorándose.

Consecuencias y daños acreditadosEl fallo de primera instancia concluyó que la conducta del banco generó daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

Además, se comprobó que la entidad llegó a contactar a familiares del damnificado —incluyendo padres, hijo y exesposa— para reclamar una deuda inexistente.Esta situación provocó restricciones en el acceso del usuario a productos financieros, como aumentos en los límites de tarjetas de crédito en otras entidades con las que sí operaba regularmente.En ese marco, el juez de primera instancia condenó al banco a pagar $3.000.000 en concepto de daño moral y $5.000.000 por daño punitivo, además de intereses a tasa activa.

La decisión de la Cámara y el alcance del falloAl analizar la apelación, la Sala E de la Cámara confirmó la responsabilidad de la entidad financiera, destacando que no adoptó medidas eficaces para corregir el error pese a contar con información sobre la suplantación de identidad, indicó Iprofesional.El tribunal ratificó la indemnización por daño moral y la aplicación de intereses, al considerar que la conducta del banco generó un perjuicio concreto al usuario. También subrayó la importancia de los deberes de seguridad en la gestión de datos personales.No obstante, en este fallo clave, la Cámara resolvió revocar la multa de $5.000.000 por daño punitivo. Argumentó que, si bien hubo incumplimientos, no se acreditaron conductas con dolo o culpa grave suficientes para justificar una sanción ejemplificadora. 

El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa del ex presidente Alberto Fernández y dejó firme la validez de la investigación por denuncias de violencia de género impulsadas por Fabiola Yañez. Con esta resolución, el expediente queda prácticamente listo para ser elevado a juicio oral, ingresando en su etapa decisiva.

La estrategia de la defensa buscaba anular gran parte de lo actuado, cuestionando la imparcialidad del juez Julián Ercolini y solicitando que se dejaran sin efecto el procesamiento dictado en 2025 y otras medidas como los embargos. Sin embargo, Rafecas descartó esos argumentos y sostuvo que el apartamiento de Ercolini no invalida las pruebas recolectadas.En su fallo, el magistrado fue claro al señalar que la salida del juez anterior respondió únicamente a la necesidad de evitar cuestionamientos, pero no afecta la legalidad del proceso. Además, advirtió que retroceder en la causa implicaría un desgaste innecesario para la Justicia y para las partes involucradas.La investigación describe un cuadro sostenido de violencia psicológica —con episodios de hostigamiento, control, insultos y maltrato—, al que se suman hechos de violencia física. El expediente abarca un período amplio, desde 2016 hasta 2024, incluyendo etapas previas, durante y posteriores a la presidencia.El fiscal Ramiro González ya había solicitado la elevación a juicio oral, remarcando que en este tipo de causas no corresponde retrotraer el proceso y que la nulidad debe ser considerada una herramienta excepcional.Con este escenario, el expediente queda en condiciones de ser remitido a un tribunal oral, donde se determinarán responsabilidades penales. Las figuras que se analizan contemplan penas que podrían ir de 3 a 18 años de prisión, según la calificación final que adopte el tribunal.

Un costado que no se discuteMás allá del avance judicial, el caso ha estado rodeado de múltiples versiones y comentarios públicos: se habló de maltrato, de conflictos personales, de infidelidades y de excesos dentro de la vida privada del exmandatario.Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención por su ausencia en el debate: la relación con su hija. La niña —nacida el 11 de abril de 2022 en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires— quedó prácticamente fuera de la discusión pública.En medio de una situación de alta conflictividad, no trascendieron pedidos formales del ex presidente ante la Justicia para establecer un régimen de visitas, tiempos compartidos o acuerdos de cuidado, algo habitual en cualquier separación con disputas.Un detalle sensible, poco mencionado, pero que también forma parte de una historia que, hasta ahora, se ha contado casi exclusivamente desde lo judicial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que bombardeos en la frontera con Ecuador dejaron al menos 27 cuerpos calcinados y aseguró que no hay una explicación creíble sobre los responsables.“Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene(n) aviones, ni (de) la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”, escribió Petro en su cuenta de la red social X, según supo la Agencia Noticias Argentinas.El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el Ministerio de Defensa negaron que se hayan realizado bombardeos en territorio colombiano durante operaciones contra grupos criminales, en respuesta a la denuncia formulada por Petro. En su cuenta de la red social X, Noboa afirmó que lo dicho por Petro es falso y que las operaciones contra el “narcoterrorismo” se llevan a cabo en territorio ecuatoriano.Petro sostuvo que no hay versiones creíbles sobre esos bombardeos y advirtió que “las bombas están en el piso cerca a familias”. “Muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, subrayó.Recordó además que, en el marco del programa de sustitución de cultivos ilícitos, miles de familias colombianas hoy se dedican a cultivar productos como café y cacao que ya se exportan al extranjero.Las declaraciones del mandatario colombiano se producen un día después de que denunciara que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba “tirada desde un avión” en las inmediaciones de la frontera común.Noboa respondió a Petro diciendo que “sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”. Agregó que, con la cooperación internacional, se están “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.El Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador informó en un comunicado que las operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano “de manera responsable y soberana”.La controversia entre ambos países tiene origen en las fricciones comerciales desatadas en enero por Noboa, quien impuso una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos, que después subió al 50%, al alegar una “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.Bogotá respondió con aranceles a decenas de productos y suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, mientras que el país andino aumentó el costo del transporte de crudo colombiano por sus oleoductos. (NA)

Documento completo: “Un radicalismo subordinado al poder”En una provincia golpeada por el cierre de industrias y comercios, la caída del poder adquisitivo, la angustia social y el deterioro de la vida cotidiana, resulta obsceno que una parte de la dirigencia radical esté concentrada en rediseñar cargos, nombres y mandatos partidarios. Mientras Entre Ríos y la Argentina necesitan una oposición seria, sensible y con propuestas, el radicalismo entrerriano discute cómo reordenar su poder interno. Esa desconexión con la realidad ya es, por sí sola, un hecho político grave.

Pero hay algo peor: todo indica que esta avanzada para acortar mandatos no responde a una necesidad genuina de la UCR, sino a una lógica ajena al partido y funcional al poder provincial.

Cuando una fuerza ordena su vida interna no por sus convicciones, su doctrina y sus reglas, sino por subordinación al poder de turno, deja de actuar como partido y empieza a comportarse como una estructura obediente.Se pretende instalar que existe un acuerdo unánime para avanzar en el acortamiento de los mandatos y que todas las autoridades de la provincia están dispuestas a renunciar. Eso no es cierto.

En todo caso, involucra a algunos sectores internos, legisladores y funcionarios, pero no a la totalidad del partido. UCR Activa, por ejemplo, no fue convocada a esa discusión previa.

La supuesta unanimidad no es más que una ficción para darle apariencia de consenso a una maniobra orientada desde arriba.Detrás del llamado “acortamiento del mandato” se esconde una operación políticamente inaceptable y de extrema gravedad institucional. No se trata de un problema de calendario ni de un tecnicismo partidario: se trata de decidir si en la UCR de Entre Ríos las normas se respetan o se fuerzan cuando dejan de convenir. La contradicción es mayor porque las actuales autoridades no fueron elegidas por el voto directo de los afiliados, sino por un acuerdo entre líneas internas —del que UCR Activa no formó parte—, y son precisamente varias de esas mismas líneas las que hoy quieren remover antes de tiempo a quienes surgieron de aquel consenso.

La magnitud del problema es enorme. Entre Comité Provincial, Comités Departamentales y delegados al Comité Nacional hay alrededor de 400 cargos en juego. A eso se suman 668 congresales entre titulares y suplentes. Estamos hablando de más de 1.000 cargos partidarios, sin contar comités de ciudad y municipios.(Nota completa en página web) La Carta Orgánica fija mandatos de dos años, no prevé la revocatoria y sólo contempla situaciones extraordinarias frente a la interrupción del orden constitucional, no por urgencias de aparato ni conveniencias coyunturales. Insistir en este camino empuja al partido a un papelón jurídico, político e institucional, con serio riesgo de conflicto y judicialización por parte de quienes legítimamente quieran permanecer en sus cargos hasta el vencimiento de sus mandatos.Llamar a esto “normalización” o “reorganización” agrava aún más el problema. En la historia argentina, ese lenguaje fue demasiadas veces el eufemismo de los quiebres institucionales. En un partido atravesado por la memoria de los derrocamientos de Yrigoyen y de Illia, y por la tragedia de la última dictadura, usar hoy esos términos para justificar el recorte de mandatos constituye una irresponsabilidad política e histórica intolerable.El radicalismo nació para limitar el poder, no para someterse a él. Lo demás no es modernización: es subordinación, oportunismo y degradación doctrinaria. 

 Los rebeldes hutíes de Yemen han confiscado equipos de telecomunicaciones y vehículos pertenecientes a oficinas desocupadas de las Naciones Unidas en Saná, según confirmó la organización este viernes. La acción, que se suma a una serie de restricciones impuestas por el grupo respaldado por Irán, amenaza con agravar el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, donde reside la mayor parte de la población yemení en situación precaria.El jueves, miembros de los hutíes ingresaron en al menos seis oficinas de la ONU en la capital y trasladaron la mayor parte del equipo de telecomunicaciones y varios vehículos a un lugar no revelado. La ONU afirmó que no recibió explicación alguna sobre el retiro de estos activos esenciales, que habían sido introducidos en Yemen cumpliendo los protocolos locales y con el permiso correspondiente. Julien Harneis, coordinador residente y humanitario para Yemen, señaló que las medidas se realizaron sin diálogo previo, lo que impidió alcanzar acuerdos para garantizar la continuidad de la asistencia.Las restricciones no se limitan al decomiso de bienes. Desde hace más de un mes, los hutíes han impedido la operación de vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de la ONU (UNHAS) hacia Saná, y por más de cuatro meses hacia la provincia de Mareb, controlada por el gobierno reconocido internacionalmente. Estos vuelos constituyen el único medio para que organizaciones internacionales ingresen o salgan de las zonas hutíes y mantengan sus operaciones de ayuda.La situación se produce en un contexto de creciente represión: la ONU informó que los hutíes han intensificado sus acciones contra agencias humanitarias y han detenido a decenas de empleados, bajo acusaciones de espionaje para Israel, sin presentar pruebas. Setenta y tres miembros del personal de la ONU y trabajadores de otras organizaciones civiles han sido privados de libertad en los últimos años, limitando severamente la distribución de asistencia en áreas que concentran cerca del 70% de las necesidades humanitarias del país.Como consecuencia de las dificultades crecientes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció la terminación de los contratos de sus 365 empleados en las zonas bajo control hutí, alegando problemas de financiación y un entorno inseguro para su personal. El cierre de estas operaciones representa un golpe significativo en un país donde, según datos de la ONU, 19,5 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2025.En noviembre, el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificaron a Yemen como uno de los países con riesgo inminente de hambruna catastrófica. La confiscación de activos y la suspensión de vuelos humanitarios ocurren en un momento en que las necesidades en las áreas controladas por los hutíes están en aumento, lo que, según la ONU, agravará aún más la situación humanitaria y dificultará la entrega de ayuda esencial a la población afectada. (Con información de AP y AFP)

Los concejales Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi (bloque 17 de Octubre) radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos, solicitando la investigación de presuntos delitos contra la administración pública que involucran al intendente José Luis Walser, su esposa y secretaria privada Gimena Bordet y otros funcionarios.

La denuncia tiene que ver con el hecho vial ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en Brasil, donde el intendente protagonizó un vuelco mientras se trasladaba junto a su grupo familiar en un vehículo Mitsubishi Dakar, propiedad de la Municipalidad de Colón.

En un comunicado que reprodujo El Entre Ríos, dicen que el vehículo oficial “fue desviado de su función legal con fines privados y vacacionales”. A su vez, señalan que “los daños de magnitud ocasionados en el accidente configuran un perjuicio patrimonial concreto al municipio, que debe ser determinado y resarcido”.

Para los denunciantes, en su carácter de concejales, esta presentación “responde al deber ético y legal de fiscalizar el patrimonio de los colonenses”. En esa línea, indican: “La función pública exige que los bienes del Estado se utilicen para servir al pueblo, no para beneficios particulares”.

En las redes sociales del bloque, los concejales del PJ compartieron un video sobre su viaje a Paraná. Se los ve ingresar al Ministerio Público Fiscal y firmar la denuncia.

“Escuchamos las declaraciones del intendente hablando de un ‘error’ al mezclar su descanso familiar con el uso de herramientas de todos los colonenses. Pero el respeto por los bienes del Estado no es una opción de interpretación personal, es una obligación legal”, expresa el escrito que acompaña la publicación.

“No podemos permitir que se instale la idea de que ‘el cansancio’ justifica usar una camioneta municipal para vacaciones privadas en Brasil. No es el primer ‘error’ que vemos en esta gestión: todavía recordamos las irregularidades denunciadas en las licitaciones de la Fiesta de la Artesanía”.

“Un viaje oficial se decreta antes de salir, no se ‘explica’ después de un choque”, “los daños al patrimonio municipal deben ser reparados por quienes decidieron darle un uso indebido” y “Colón merece una gestión donde los bienes públicos se usen para servir al pueblo, no para el privilegio de unos pocos”, son algunos de los aspectos que resaltan.

El hecho habría ocurrido mientras el estudiante realizaba un examen de intensificación de saberes y también al finalizar la instancia evaluativa. Según indica Concordia Policiales, la docente se acercó al alumno y “le habría exigido que le mostrara sus partes íntimas e intentado practicarle sexo oral”.La madre del adolescente señaló que la actitud del docente provocó que su hijo abandonara la institución en estado de shock y sin poder relatar de inmediato lo ocurrido. El director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari, confirmó la existencia de la denuncia contra la docente de la escuela secundaria y explicó que, de manera inmediata, “se solicitó a través de la supervisora y de la directora que se realice un informe”.Ferrari añadió que la docente fue citada para brindar su versión y que, tras ello, “se continuará actuando conforme al protocolo y en base al informe realizado”. 

Llama la atención que un centro cultural de la costa del Paraná va a realizar todos estos eventos en la costa del Uruguay”, sostuvo.

Con la firma del doctor Agustín Artibano Planiscig, ingresó a la justicia penal entrerriana una denuncia contra el secretario de Cultura de Entre Ríos Julián Stoppello, la Diputada Nacional Carolina Gaillard y Juan Mariano Kohner por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" en la entrega de un subsidio por $179 millones de pesos a la "Asociación Civil Teatro del Bardo" para organizar las ferias del libro "Mágica en la Playa".La adjudicación del dinero trascendió en una entrevista radial que Emanuel Windegger, referente del Centro Cultural Casa Encendida de Paraná, brindó a Alfredo Scoccimarro en Radio del Plata. Allí el referente cultural señaló que "la entrega de fondos a un tercero externo que actúa como administrador de políticas públicas ensucia a toda la cultura de la provincia y deja de lado a los espacios culturales autogestionados»“Llama la atención que en plena campaña electoral, a días de las elecciones se habilitaron fondos para algo que va a suceder en enero, y llama la atención que un centro cultural de la costa del Paraná va a realizar todos estos eventos en la costa del Uruguay”, sostuvo Windegger, quien agregó que el centro cultural beneficiado es cercano a la candidata a diputada nacional Carolina Gaillard. 

Estados Unidos triplicó las operaciones de inteligencia y exploración al norte del territorio insular venezolano, afirmó este domingo el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.“Ahora pasaron a un patrón diurno a hacerlo de noche y de madrugada”, dijo el general en jefe, al comentar que en agosto pasado se triplicaron “las operaciones de inteligencia y de exploración contra la República Bolivariana de Venezuela, y en septiembre todos los días”.Padrino López indicó dicha información desde el complejo militar Fuerte Tiuna, donde ofreció un balance de las operaciones militares en defensa del país y comentó que, a pesar de que en el territorio insular al norte del país sudamericano siempre se registraron operaciones de inteligencia por parte de aviones estadounidenses, en la actualidad, estas aumentaron.“La mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no nos notifican su plan de vuelo, ahí al norte, en el Caribe nuestro”, sostuvo el funcionario venezolano y detalló que la noche del sábado se tuvo el registro de aviones de inteligencia, “tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo”.Comentó que se trata de aviones RC-135 que realizan reconocimiento e inteligencia estratégica y otras aeronaves que pasan son cisternas de sistema de alerta y de patrullaje marinos, al tiempo que la Defensa de Venezuela lleva a cabo sus propios procesos de “inteligencia interna”.Estados Unidos tiene la intención de “sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos”, según lo expresado por Padrino López. NA.

Asimismo, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, exigió “el cese inmediato de esa maniobra”, informó en un comunicado, en referencia al subdominio que se creó dentro de la web oficial de la UBA para impulsar protestas contra el reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que aprobó la oposición en el Congreso.Al respecto, el Ministerio solicitará “la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”.“Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades, se indicó.Por último, Capital Humano sostuvo que reafirma “su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”. NA.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios vinculados a Karina Milei, enfrenta un pedido de juicio político por mal desempeño y presunta comisión de delitos.Los puntos centrales de la acusaciónLa presentación de la Coalición Cívica enumera varias causales: Censura previa: la prohibición de difundir material periodístico sobre Karina Milei fue considerada un grave ataque a la libertad de expresión. Connivencia política: vínculos con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para encubrir causas en su contra. Tráfico de influencias: participación en una asociación judicial con auspicios de laboratorios vinculados a su fuero. Violencia de género: cinco denuncias por acoso sexual y maltrato laboral radicadas por empleadas de su juzgado. Irregularidades en ciudadanías: cuestionamientos en el otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina.

Contexto y reaccionesMaraniello acumula nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, que ya abrió seis expedientes y lo notificó formalmente para que ejerza su defensa en 20 días.El Colegio de Abogados de Buenos Aires repudió su decisión de censurar audios de Karina Milei, calificándola de “grave acto de censura previa” y recordando que la libertad de expresión está protegida por la Constitución y tratados internacionales. 

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este martes la “escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de Estados Unidos”, que incluye el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe, y exigió el cese de las maniobras.En un comunicado, alertaron sobre el despliegue en el Caribe del “USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana”.“Constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, advirtió, al tiempo que sostuvo que “la presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias”.De esta manera, la Misión argumentó que el ingreso de un submarino nuclear a la región vulnera el Tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, en el que se declara a la región como Zonas Libres de Armas Nucleares.Asimismo, resaltó que representa un acto de intimidación que contradice la Carta de la ONU, que obliga a los Estados miembros a abstenerse de las amenazas y el uso de la fuerza contra la integridad o la independencia, y reiteró su compromiso “con la consecución de un mundo libre de armas nucleares”.Finalmente, llamó al cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el respeto, por parte de los países de la ONU, a los acuerdos y en defensa de la región como Zona de Paz.La Internacional Antifascista, red que reúne a más de 1.500 movimientos sociales, partidos políticos y personalidades de 77 países, denunció el traslado del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y del submarino nuclear USS Newport News a aguas cercanas a Venezuela, calificando la acción como una amenaza contra la paz regional.Según el comunicado difundido en las últimas horas, la operación constituye “una provocación criminal” que expone a América Latina y el Caribe a un riesgo de escalada militar.La organización sostiene que no se trata de una medida de defensa ni de seguridad, sino de una maniobra de intimidación impulsada por Washington.El pronunciamiento asegura que estas acciones buscan distraer la atención internacional de los problemas internos que atraviesa Estados Unidos, aludiendo a casos de corrupción y escándalos judiciales que comprometen a sectores de sus élites políticas y militares.La Internacional Antifascista afirmó que “ningún chantaje nuclear ni despliegue bélico podrá doblegar la dignidad de Venezuela ni de los pueblos latinoamericanos”, y consideró la operación un signo de debilidad estratégica de un imperio en retroceso.En su declaración, la red convocó a movimientos sociales, sindicatos, partidos y organizaciones de todos los continentes a rechazar lo que definió como “un crimen en ciernes”, advirtiendo que una amenaza contra Venezuela constituye también una amenaza para la humanidad.El comunicado concluye que el Caribe no debe convertirse en plataforma de guerra ni territorio de sumisión, sino en espacio de resistencia y dignidad.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su postura en contra de cualquier forma de intervención de un gobierno extranjero en los asuntos internos de países soberanos, en referencia a las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.“Nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”, sostuvo la mandataria mexicana durante su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional.La tensión en el mar Caribe escaló después de que Estados Unidos desplegó buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, como parte de su estrategia contra los carteles internacionales de la droga, acción que fue rechazada por el Gobierno venezolano, que la califica de “ilegal” y “provocadora”.Al respecto, la presidenta subrayó que México mantendrá una política exterior basada en el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, en línea con los principios constitucionales que rigen la diplomacia mexicana.“La política exterior de México dice claramente: no al intervencionismo y (sí) a la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición (…) Puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no”, concluyó Sheinbaum. NA.

La infectóloga Florencia Prieto contó que, junto con su equipo del Sanatorio Garat, detectaron en 2023 un brote infeccioso asociado a una bacteria poco frecuente en ampollas sin abrir de dexametasona (medicamento ampliamente utilizado en tratamientos oncológicos y otras patologías).

“En el sanatorio donde trabajo hicimos una denuncia al laboratorio HLB Pharma porque tuvimos un brote de infecciones asociadas a la misma bacteria que está teniendo ahora toda esta gente”, contó Prieto.

De acuerdo a lo detallado por la infectóloga en el medio Despertar Entrerriano, la bacteria fue encontrada dentro de las ampollas sin abrir, lo que significaba que provenía de fábrica.Frente a la denuncia, se dio inicio a una investigación y se retiró el lote por prevención. Aun así, Prieto exclamó que recibieron una respuesta negativa.

“Nos respondieron como que el producto estaba bien. Nos dio un sabor amargo porque sospechamos que desestimaron la denuncia al venir del interior del país, de una ciudad pequeña”, manifestó. 

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que realizó la denuncia frente a los acusados por haber cometido fraude en el Examen Único de Residencias Médicas.“No vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños. El ingreso a las residencias es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos: detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención”, precisó Lugones en sus redes.El titular de Salud sostuvo que “defender el mérito” es asegurar “calidad, compromiso y responsabilidad” en la atención sanitaria.

X de Mario LugonesPor su lado, Adorni aseguró que “no van a permitir” que se accedan a cargos médicos “de manera fraudulenta”, poniendo “en riesgo” la vida de las demás personas.“El que las hace, las paga. Fin”, concluyó el Vocero presidencial.

X de Manuel AdorniTras haberse detectado presuntas irregularidades en los exámenes de más de 200 aspirantes para las residencias médicas, el Gobierno confirmó que 141 profesionales deberán rendir la prueba nuevamente para “validar su formación profesional”.El próximo 7 de agosto se tomará el examen junto a los siguientes criterios de calificación, según anunció el Ministerio de Salud:Se mantendrá la nota del 1 de julio (fecha del examen) si en el nuevo examen la nota es igual o menor al 10% respecto a la anterior.Se computará la nota del último examen si la nueva calificación es superior al 10% de diferencia con respecto a la anterior. (Noticias Argentinas)

Según supo Noticias Argentinas con información de Vanesa Petrillo, la denuncia fue presentada en el último día de la feria judicial por un colectivo de personalidades de los derechos humanos, la política y la academia. La presentación se basa directamente en el contenido de la cámara oculta difundida por C5N, donde se ve al ministro en una reunión en Nueva York con Tim Ballard.En ese video, Cúneo Libarona le ofrece a Ballard su influencia para “cambiar ese mal entendido que hubo en nuestro país” sobre su figura. La parte más comprometedora, y que habría motivado la denuncia, es cuando el ministro promete gestiones directas con el Poder Judicial: “Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos”, se lo escucha decir.La causa, que lleva el número de expediente CFP 3123/2025, fue sorteada y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, actualmente a cargo del juez Ariel Lijo.

Quiénes son los denunciantesLa presentación está encabezada por el ex juez federal Carlos Rozanski y cuenta con el respaldo de una treintena de firmas, entre las que se destacan las del diputado nacional Hugo Yasky, la filósofa Diana Maffía, el dirigente Claudio Lozano, el ex camarista Eduardo Freiler, el historiador Alejandro Olmos Gaona, el científico Alberto Kornblihtt, el referente social Francisco “Paco” Olveira y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas (a través de su abogada). También firman Dora Barrancos, Carlos Raimundi, Graciela Lois y Mabel Careaga, entre otros. NA.

El Jury consideró que las denuncias carecían de pruebas serias, estaban basadas en generalidades y eran parte de una estrategia para deslegitimar a los órganos que lo auditan. Con esta sentencia, se desestima el intento de Rossi de politizar su situación judicial.

El Decreto 679/2025 bajo la lupaEl intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmó un decreto que restringe la actividad sindical de los trabajadores municipales.Puntos clave del decreto:• Notificaciones obligatorias con 10 días de anticipación• Exclusión de la tutela sindical a trabajadores contratados• Restricción de asambleas y reuniones gremiales• Límite de 20 horas mensuales para delegadosEl concejal denuncia: “Se transforman derechos en permisos precarios, concedidos solo si el Ejecutivo lo autoriza”.

Violación de la Constitución y tratados internacionalesEl decreto vulnera:• Art. 14 bis de la Constitución Nacional• Ley 23.551 de asociaciones sindicales• Convenios 87, 98 y 135 de la OIT• Opiniones de la Corte Suprema y la Corte Interamericana“La libertad sindical no puede ser recortada con fines obstructivos”.

Consecuencias para los trabajadores municipales• Más de 100 contratos no renovados• Traslados arbitrarios sin explicación• Persecución por afiliación sindical o ideología• Salarios depreciados frente a la inflación“En Concordia, levantar la voz tiene precio”.

Llamado urgente al Concejo Deliberante“No fuimos electos para ser escribanos del Ejecutivo”.El concejal exige:• Derogación inmediata del decreto• Restablecer el diálogo social• Proteger la libertad sindical y la democracia local

Una advertencia final“Este no es solo un decreto sindical.Es una alarma institucional.Si hoy se persiguen gremios, mañana se pueden perseguir artistas, organizaciones sociales y voces disidentes”.“No hay democracia sin libertad sindical. Gobernar no es mandar: es escuchar, respetar y construir con el pueblo”.

Israel afirmó que el régimen de Irán, antes de la guerra de los 12 días, se encontraba en proceso de construir el mayor arsenal de misiles balísticos del planeta, con proyectiles capaces de transportar ojivas de una o dos toneladas y alcanzar objetivos en Europa.En una entrevista concedida al diario The Sunday Times, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ofreció una nueva y más amplia perspectiva sobre los motivos que llevaron Israel y a Estados Unidos a lanzar una ofensiva conjunta contra Teherán el pasado 13 de junio. Lejos de centrarse únicamente en el programa nuclear iraní, como ha sugerido públicamente el presidente Donald Trump, el gobierno israelí afirma que actuó frente a dos amenazas consideradas existenciales: la amenaza atómica y la amenaza balística.“En realidad, actuamos debido a dos amenazas existenciales”, explicó Marmorstein. “Una era nuclear, y actuamos en el momento justo porque Irán estaba a punto de construir una bomba. Pero la otra era la amenaza balística”. El portavoz detalló que, antes del estallido del conflicto, la inteligencia estadounidense estimaba que el régimen de Irán contaba con aproximadamente 3.000 misiles balísticos. Sin embargo, Teherán había iniciado una operación a gran escala con el objetivo de multiplicar esa cifra casi por siete, hasta alcanzar los 20.000 misiles, varios de ellos con capacidad para transportar cargas explosivas de gran poder destructivo.El funcionario israelí ofreció un ejemplo concreto de los riesgos de esa expansión. El martes anterior al alto el fuego, un misil impactó en un refugio en la ciudad israelí de Beersheba, al sur del país, y mató a cuatro personas. “Imaginen si Teherán enviara 10.000 de esos”, dijo. “Esa amenaza era tan existencial para nosotros como una bomba nuclear”. De acuerdo con Marmorstein, Irán no solo acumulaba misiles, sino que estaba alcanzando niveles industriales de producción. “Estaban alcanzando la escala industrial y a punto de convertirse en el principal productor de misiles balísticos del mundo”, afirmó. Algunos de estos misiles, agregó, eran de tipo intercontinental, con un alcance que superaba con creces el perímetro regional y se extendía a Europa. “Lo cual no es para nosotros”, dijo, aludiendo a que la amenaza se proyectaba más allá del conflicto bilateral entre Irán e Israel.En lo que respecta al programa nuclear iraní, Israel aún no ha publicado la información de inteligencia que justificó el lanzamiento de la operación militar conocida como “León Ascendente”, la misma que el presidente Trump denominó como la “Guerra de los 12 Días”. Sin embargo, Marmorstein sostuvo que el régimen iraní estaba peligrosamente cerca de cruzar el punto de no retorno en el desarrollo de un arma nuclear. “Se acercaban cada vez más, casi al punto de no retorno”, afirmó.El portavoz israelí atribuyó la aceleración del programa atómico iraní a un acontecimiento específico: el asesinato en septiembre pasado de Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, en un ataque aéreo en Beirut atribuido a Israel. Según Marmorstein, ese hecho precipitó una escalada por parte del régimen. Una versión similar ha sido sostenida por Trump en sus recientes declaraciones, aunque no ha sido confirmada por la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quien testificó ante el Congreso en marzo.Respecto al estado del programa nuclear en el momento del ataque, Marmorstein afirmó que Irán ya había acumulado suficiente uranio enriquecido para construir al menos nueve bombas nucleares. Según su evaluación, se estaba produciendo “una aceleración extrema en su armamentización”, como parte de un plan más amplio para la aniquilación de Israel mediante tres frentes: la amenaza nuclear, la amenaza balística y la amenaza física a través de milicias y grupos aliados en la región.Sobre el resultado de la operación, Marmorstein la describió como “un éxito que superó nuestras expectativas”. Se refirió a la primera noche de bombardeos, durante la cual, aseguró, se eliminó a todo el alto mando del régimen iraní. “Imagínense la primera noche en que eliminamos a todo el alto mando del régimen iraní; piensen en los nazis privados de todo el mando de la Wehrmacht en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial”, dijo. Y agregó que las operaciones se realizaron con precisión milimétrica: “Casi como James Bond”.A pesar de la controversia que ha generado en Washington la magnitud de los ataques y el uso de bombas antibúnker por parte de Estados Unidos, Israel confía en que los daños han sido severos. “Se han retrocedido años. La carrera nuclear ha recibido un duro golpe”, afirmó Marmorstein. En cuanto al programa de misiles, aseguró que también sufrió un revés significativo: se habrían destruido numerosos misiles y más de la mitad de los 300 lanzadores que poseía Irán. También se atacó la planta de producción de drones Shahed, utilizada por Rusia en sus ataques a Ucrania, lo que —según Marmorstein— fue bien recibido en Kiev.Uno de los blancos más destacados fue una instalación militar en Yazd que albergaba el misil Khorramshahr, una versión iraní basada en tecnología norcoreana, con capacidad para transportar una ojiva de dos toneladas. Para Israel, ese misil simbolizaba el potencial destructivo que Irán buscaba consolidar.Durante la entrevista, Marmorstein ofreció detalles personales sobre el impacto del conflicto. Recordó que a las 3 de la madrugada del 13 de junio, una sirena antiaérea lo despertó. “Les dije a mi esposa y a mi madre: ‘Esto es muy serio’”, confesó. Aunque varios misiles iraníes lograron evadir las defensas de la Cúpula de Hierro e impactaron en zonas civiles, derribando edificios y matando a 25 personas, el daño fue mucho menor al que se temía si la operación no hubiera sido lanzada. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, reapareció públicamente el jueves y declaró la victoria sobre Estados Unidos e Israel. Aseguró que Washington se vio obligado a intervenir “porque sentía que, si no lo hacía, el régimen sionista sería completamente destruido”. Marmorstein se mostró escéptico ante esa afirmación. “Lo cierto es que el régimen iraní sufrió duros golpes no solo en su programa nuclear y balístico, sino también en el CGRI, la milicia Basij, y creo que hay esperanza para algo más...”, dijo. Aunque negó que el objetivo haya sido un cambio de régimen —“eso lo decidirá el pueblo iraní”—, reconoció que su oficina ha intensificado su actividad en redes sociales, publicando mensajes en persa que han alcanzado más de 380 millones de visualizaciones.Desde el alto el fuego, Irán ha lanzado una nueva ola de represión interna, y según datos que maneja el Ministerio israelí, más de 200.000 iraníes han abandonado sus canales digitales. “Este fue un hito enorme, quizás un punto de inflexión, pero no ha terminado. Retiramos el programa nuclear de Irán hace años, pero no estoy seguro de que la naturaleza de las ambiciones del régimen haya cambiado. La comunidad internacional debe exigir que el régimen se abstenga de cualquier intento insensato de reanudarlo”. Infobae.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, es investigada en una denuncia por supuestos delitos con una millonaria transferencia de dinero para la compra de alimentos en el marco de un plan de lucha contra el hambre en 2024.La denuncia había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 12 y del fiscal federal Franco Picardi, informaron fuentes judiciales.El denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.El fiscal Picardi impulsó la investigación en febrero último y solicitó medidas de prueba a raíz de la denuncia que indica que el 8 de febrero de 2024 la Ministra habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado.La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia. Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.Picardi impulsó la investigación en un dictamen firmado en febrero pasado donde pidió medidas de prueba como informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros y  al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre esa transferencia y licitación. NA.

 La intervención se originó tras la denuncia de una joven, quien aseguró que fue amenazada por un muchacho con el que había mantenido una relación consensuada, durante la cual se grabaron videos de contenido sexual. Según su relato, el joven habría utilizado esos registros para extorsionarla, amenazando con hacerlos públicos.El procedimiento fue solicitado por la Fiscalía de Género y Abuso Sexual que trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos. Durante el allanamiento, se procedió al secuestro de un teléfono celular que será peritados en las próximas horas.