La Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú dispuso la desestimación de la denuncia por el presunto ingreso irregular al país del ciudadano brasileño Flávio Nantes Bolsonaro, al considerar que no existió delito.La decisión fue adoptada por el fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez en el marco del legajo Coirón N° 194241/2026, caratulado “N.N. sobre averiguación de delito”.El caso se inició a partir de dos denuncias recibidas el 28 de octubre, vinculadas con el supuesto ingreso ilegal de Bolsonaro a la Argentina, una posible evasión de controles migratorios y aduaneros en la zona de frontera de Puerto Iguazú y la eventual violación de medidas cautelares extranjeras.Según la presentación fiscal, Interpol informó que, consultadas sus bases de datos, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Flávio Nantes Bolsonaro al momento del informe.Además, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que Bolsonaro ingresó desde Brasil al territorio nacional el 27 de octubre de 2026 a las 22.37 por el Puente Internacional Tancredo Neves y egresó el mismo día a las 23.52 desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, en un vuelo particular hacia Ecuador.La fiscalía sostuvo que el ciudadano brasileño “contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino” y que no se comprobaron irregularidades en el procedimiento migratorio ni en la actuación del personal de control interviniente.En esa línea, Martínez consideró inconducente avanzar con otras medidas solicitadas, entre ellas requerimientos de cámaras, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros, comunicaciones de la aeronave matrícula LV-JQW y documentación vinculada a empresas privadas.La sede fiscal entendió que las medidas iniciales resultaron suficientes para descartar la hipótesis delictiva en la jurisdicción de Puerto Iguazú, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.No obstante, la fiscalía señaló que remitirá copia de la desestimación a la Fiscalía Federal N° 10 de Capital Federal, donde tramita una causa relacionada con denuncias de similar objeto bajo el expediente CFP 5270/2026, vinculada con eventuales hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires. Agencia NA

“Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes, sino a todo el pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía. Ustedes, que anhelaban un cambio, no los abandonaré; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación”, aseveró.“No era mi intención abandonar mi patria, pero sé perfectamente adónde me llevará esto”, dijo el senador opositor y sostuvo que “la persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de brasileños patriotas y ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que discrepe del estado de excepción establecido en Brasil, a través de un Tribunal Supremo controlado por el Partido de los Trabajadores, una organización criminal”.Al inicio de su misiva, Bolsonaro agradeció en primer lugar al presidente argentino Javier Milei “por su valentía, su sentido de la justicia y el respeto a la legalidad”,  tras el operativo que le permitió abandonar Brasil; y al presidente estadounidense Donald Trump y al “maravilloso pueblo estadounidense por haberme recibido”.“Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión”, agregó.El senador opositor sostuvo que el domingo por la noche, presenció “con horror cómo se desarrollaba ante mis ojos un fraude electoral”.“Las acciones ilegítimas e ilegales del exabogado de Lula permitieron que se materializara una imposibilidad matemática, lo que resultó en que Lula obtuviera más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta. Una decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF), anulando la autoridad del Tribunal Superior Electoral (TSE), extendió el período de votación en el último minuto, y la orden llegó después de la hora legal de cierre, cuando las urnas ya habían cerrado. Los votantes fueron sometidos a reglas diferentes”.Hasta el momento, el TSE solo ha defendido la extensión del horario de votación, “y no hay una sola respuesta creíble. Y las irregularidades no son el único problema. Durante toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico y malversación de recursos públicos en favor de la reelección. Estos son actos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura Lula-Alckmin”, opinó.“La respuesta del régimen a mis preguntas fue inmediata. Como si se tratara de un plan preestablecido, siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez, implicado en un enorme escándalo de corrupción, citado directamente en la investigación que utilizó para intentar confiscar mis pasaportes, y que muy probablemente estaría en prisión si no hubiera impedido mi investidura, puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen”, agregó.Sostuvo que “siendo intrínsecamente inelegible y completamente sospechoso para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales demuestra la magnitud de la arbitrariedad e ilegalidad en curso”.Puso de relieve que no era su intención “abandonar” Brasil. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de brasileños patriotas y ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que discrepe del estado de excepción establecido en Brasil, a través de un Tribunal Supremo controlado por el Partido de los Trabajadores, una organización criminal.“Para que quede claro, no hay ninguna orden de arresto en mi contra porque no he cometido ningún delito. Lo que existe es una persecución política cuyo objetivo es mantenerme como rehén y convertirme en objeto de chantaje para proteger a magistrados corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: confiscación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio simulado y, finalmente, condena política”.Flávio Bolsonaro continuó: “No voy a someter a mi familia a esto, y mi país no merece volver a sufrir esta humillación internacional. Dada la manipulación política del sistema judicial en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco, una vez más, al presidente Trump y al gobierno estadounidense por acogernos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil”.Y remarcó: “No huí de Brasil, me fui a Brasil, dejé un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque silenciado, encarcelado y censurado, como lo está mi padre, no podría ser ese líder y seríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por el Tribunal Supremo lleno de sirvientes del régimen”.En sus considerandos, Bolsonaro rememoró que no es el primero en “haber tenido que luchar por mi patria lejos de ella: Rui Barbosa se exilió por oponerse al régimen arbitrario de Floriano Peixoto y desde allí continuó defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y regresó para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia cubana desde Nueva York”.Añadió que, más cerca en el tiempo, “en Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que abandonar el país para enfrentarse a la dictadura chavista, y María Corina Machado, aun siendo perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes a los que se oponían. La historia los llamó de otra manera”.“A las instituciones brasileñas les hago un llamado: esta locura debe terminar. Brasil atraviesa actualmente un caos legal, corrupción y persecución política, donde la oposición teme expresarse y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz ni prosperar así. Aún hay tiempo para restablecer el equilibrio de poder y devolver a los brasileños la confianza que han perdido”, dijo Bolsonaro.“Le pido a la comunidad internacional: no normalicen lo que está sucediendo en Brasil. Lo que está sucediendo hoy en mi país no es normal y no puede tratarse como tal”, puntualizó.Bolsonaro anticipó que en los próximos días se dirigirá al pueblo brasileño “y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular con el que contamos, por todos los medios pacíficos y legítimos, para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Les pido a todos que se mantengan firmes y nunca se rindan”.Finalizó su misiva diciendo: “Me fui de Brasil, pero no abandoné al pueblo brasileño. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará. Que Dios bendiga a Brasil”. Agencia NA

Una llamada anónima al servicio de emergencias 101 alertó en Concordia sobre un presunto intercambio: una mujer habría entregado a su hija de 15 años a un hombre, a cambio de una vivienda precaria. La adolescente fue localizada posteriormente en Mercedes, Corrientes, y rescatada durante un procedimiento de Gendarmería Nacional.Según los antecedentes de la causa, días después de recibir aquella comunicación, la policía entrerriana citó a la madre por un expediente anterior de lesiones en el que figuraba como víctima. Ya en la dependencia, la mujer accedió a comunicarse desde su teléfono celular con el hombre que se encontraba con su hija.Durante esa conversación, el sospechoso proporcionó su nombre, apellido y domicilio. Con esa información se realizó el allanamiento que permitió encontrar a la adolescente y detenerlo.Sin embargo, el procedimiento utilizado para obtener esos datos se convirtió en el centro de una controversia judicial que terminó con la anulación de las actuaciones y el sobreseimiento de los implicados.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes consideró que la convocatoria a la madre había funcionado como un engaño para conseguir información sin advertirle sus derechos como sospechosa. Entendió que se había vulnerado la garantía contra la autoincriminación y que esa irregularidad afectaba también a las pruebas obtenidas posteriormente, según consignó Diario Judicial.

El Ministerio Público Fiscal recurrió esa resolución y consiguió que la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la dejara sin efecto.El tribunal hizo lugar al recurso y remitió las actuaciones al órgano de origen. La decisión permite continuar la investigación contra la mujer y el hombre por presunta trata de personas con fines de explotación, agravada por la edad de la víctima. No implica una declaración de culpabilidad, sino la revisión del cierre del expediente.En el voto que encabezó el acuerdo, Carbajo sostuvo que no se había acreditado intimidación ni coacción sobre la madre. Desde esa perspectiva, consideró que la información había sido aportada voluntariamente y cuestionó la interpretación que el tribunal anterior realizó de la prohibición de autoincriminación.

Casación señaló que esa garantía protege frente a la imposición física o moral de declarar contra uno mismo y que la anulación de una prueba requiere demostrar un perjuicio concreto. También remarcó que la exclusión de evidencias constituye una medida excepcional.

Borinsky y Hornos añadieron otro fundamento: la investigación contaba con una fuente independiente del llamado realizado por la mujer. La denuncia al 101 había sido ratificada y contenía datos que permitían desarrollar una pesquisa autónoma.Hornos invocó, además, la teoría del descubrimiento inevitable, al considerar que las medidas razonables de investigación habrían permitido llegar al mismo resultado aun sin utilizar el acto cuestionado.

Con la resolución de Casación, el expediente deberá continuar en el juzgado Federal de Paso de los Libres. El fallo también subrayó el deber del estado de actuar con especial diligencia cuando se investiga un posible delito contra una niña, un niño o un adolescente

 El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que el Gobierno analiza impulsar una denuncia contra Irán ante tribunales internacionales por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.El funcionario mantuvo un encuentro con autoridades de la mutual israelita “para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”, según escribió en sus redes sociales.“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, enfatizó.La medida apuntaría a llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Irán, país al que la Justicia argentina apunta como responsable de haber ideado el atentado que luego habría sido ejecutado por la agrupación terrorista Hezbolá.Desde la AMIA agradecieron la voluntad del Gobierno “para analizar y evaluar esta importante iniciativa que profundiza la búsqueda de justicia”.Esta denuncia se complementaría con el juicio en ausencia que avanza en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses y los embargó por US$ 500 millones a cada uno.Los procesados como autores mediatos son Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.Por otro lado, fueron acusado como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, y Ahmad Asghari, ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.A ellos se suma Salman Raouf Salman, agente libanés de Hezbolá apuntado como responsable de coordinar la etapa final del atentado. Rafecas también busca llevar a juicio a Alí Asghar Hejazi, exmano derecha del exlíder iraní Alí Jamenei, quien habría estado al mando de los preparativos y sería quien eligió la fecha en que se iba a realizar el ataque. Agencia NA

Tras la denuncia sobre presunto fraude en la liquidación de sueldos y viáticos por parte de personal militar y civiles de la Armada Argentina, la fuerza apartó a nueve militares que estarían involucrados.La estafa, que asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos, implicaría la participación de 23 personas y consistía en adulterar los recibos de haberes e incluía los viáticos del personal que viajaba al exterior, en los que se liquidaban gastos falsos.En ese marco, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, a quienes se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Con un comunicado de prensa, la fuerza dependiente del Ministerio de Defensa informó el jueves que “dispuso el apartamiento de sus funciones del personal militar involucrado en las actuaciones que se llevan adelante por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes”, el cual “tendrá vigencia hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado.”Desde la Armada explican que las actuaciones se originaron a partir de una investigación interna que detectó irregularidades en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los $938 millones. Entre los marinos apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada, ya que su esposa María del Carmen Prieto aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos: percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria, según información de La Nación.En la denuncia iniciada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, figuran otras tres personas sin relación con la fuerza naval que también cobraron sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana, que cobró $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, que recibió $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, que percibió $90,4 millones.Finalmente, en el comunicado, la Armada Argentina menciona su “política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la Institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre.” (Fuente: Agencia NA)

La intervención policial se inició a partir de una denuncia radicada en la localidad de San Rafael, donde un comerciante mendocino informó que el pasado 24 de agosto había enviado el equipo hacia Concordia mediante una empresa de transporte, sin que posteriormente se concretara el pago correspondiente.

A partir de las tareas investigativas realizadas en la sucursal local de la empresa de transporte, los efectivos establecieron que el televisor había sido retirado el 27 de agosto. En ese marco, entrevistaron al fletero que había realizado el traslado inicial, quien manifestó que posteriormente entregó el equipo a otro hombre.

Con el avance de la investigación y el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar el vehículo utilizado por esta segunda persona, una Peugeot Boxer de color blanco.

Posteriormente, personal policial se dirigió hasta un domicilio vinculado al conductor, aunque no encontró moradores. Ante ello, se montó un operativo en el ingreso a Calabacilla, en conjunto con efectivos de esa dependencia, donde alrededor de las 15:30 lograron interceptar el vehículo.

Al ser entrevistado, el conductor manifestó que tenía el televisor en su domicilio y realizó la entrega voluntaria del equipo, por lo que los uniformados procedieron a su formal secuestro.

La situación fue comunicada al fiscal interviniente, Dr. José Arias, quien dispuso el traslado del hombre para su correcta identificación, mientras continúan las diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias del hecho.

El embajador y representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció los ataques de Estados Unidos contra su país en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, la República Democrática del Congo (RDC).La República Islámica condena “en los términos más enérgicos posibles” los actos de agresión de Estados Unidos y los ataques deliberados contra infraestructuras civiles iraníes, afirmó Iravani en la misiva, según la agencia estatal iraní IRNA, citada por DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.Iravani afirmó que la inacción continuada del Consejo de Seguridad permite a Estados Unidos seguir atacando la soberanía y la integridad territorial de Irán y perpetrar “atroces crímenes de guerra” contra la población iraní, en violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario.El diplomático iraní ya había denunciado anteriormente ante la ONU una ola de ataques estadounidenses llevados a cabo entre el 8 y el 16 de julio contra provincias del sur, ciudades costeras y puertos situados a lo largo del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Seis noches de escalada militarLa denuncia se produce en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, con ataques estadounidenses contra varias zonas del sur de Irán y una respuesta iraní con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio. Irán afirma haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Siria y Qatar, destruyendo un sistema de radar y varios aviones cisterna, y causando la muerte de varios militares estadounidenses, según comunicados de Teherán.

El jueves Estados Unidos llevó a cabo la sexta noche de bombardeos contra el sur del territorio iraní, golpeando tres puentes en la ciudad de Bandar Abás y un tramo ferroviario en la misma urbe, lo que ocasionó interrupciones en los servicios de transporte y afectaciones a la logística civil.La situación eleva la tensión en una región ya convulsionada y genera preocupación internacional por la posibilidad de una escalada mayor que implique a aliados regionales y fuerzas desplegadas en Oriente Medio. Distintos gobiernos y organismos internacionales han pedido contención y llamamientos a la desescalada, mientras se multiplican las versiones encontradas sobre el alcance y las consecuencias humanas y materiales de los ataques. Agencia NA

Un fallo clave de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó que una entidad bancaria deberá indemnizar a un usuario por haberlo informado erróneamente como deudor financiero. El caso se originó tras una suplantación de identidad que derivó en la apertura de productos a nombre del damnificado sin su consentimiento.El conflicto comenzó en octubre de 2020, cuando el afectado detectó que figuraba en los registros de deudores del Banco Central de la República Argentina y en bases privadas, pese a no tener vínculo alguno con la entidad demandada. Según consta en el expediente, el hombre aparecía calificado en situación dos, correspondiente a deudor incipiente.A medida que avanzó el tiempo, la situación se agravó. El usuario fue recategorizado hasta llegar a la condición de “irrecuperable” por una deuda de $108.000 que desconocía por completo, lo que impactó en su historial crediticio y en su relación con otras entidades financieras.

Suplantación de identidad y falta de respuestaLa investigación judicial determinó que terceros utilizaron datos personales del demandante para abrir una cuenta bancaria mediante un proceso de telemarketing. Esta operación se realizó sin la intervención ni autorización del titular legítimo, lo que evidenció fallas en los controles de verificación.Tras advertir la irregularidad, el afectado presentó una denuncia penal por estafa ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata. Además, envió una carta documento a la entidad bancaria solicitando la rectificación de los datos y el cierre de cualquier producto a su nombre.Sin embargo, según se desprende de la causa, el banco no respondió a este reclamo inicial. La entidad solo brindó respuestas en el marco del proceso judicial, mientras la situación crediticia del cliente continuaba deteriorándose.

Consecuencias y daños acreditadosEl fallo de primera instancia concluyó que la conducta del banco generó daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

Además, se comprobó que la entidad llegó a contactar a familiares del damnificado —incluyendo padres, hijo y exesposa— para reclamar una deuda inexistente.Esta situación provocó restricciones en el acceso del usuario a productos financieros, como aumentos en los límites de tarjetas de crédito en otras entidades con las que sí operaba regularmente.En ese marco, el juez de primera instancia condenó al banco a pagar $3.000.000 en concepto de daño moral y $5.000.000 por daño punitivo, además de intereses a tasa activa.

La decisión de la Cámara y el alcance del falloAl analizar la apelación, la Sala E de la Cámara confirmó la responsabilidad de la entidad financiera, destacando que no adoptó medidas eficaces para corregir el error pese a contar con información sobre la suplantación de identidad, indicó Iprofesional.El tribunal ratificó la indemnización por daño moral y la aplicación de intereses, al considerar que la conducta del banco generó un perjuicio concreto al usuario. También subrayó la importancia de los deberes de seguridad en la gestión de datos personales.No obstante, en este fallo clave, la Cámara resolvió revocar la multa de $5.000.000 por daño punitivo. Argumentó que, si bien hubo incumplimientos, no se acreditaron conductas con dolo o culpa grave suficientes para justificar una sanción ejemplificadora. 

El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa del ex presidente Alberto Fernández y dejó firme la validez de la investigación por denuncias de violencia de género impulsadas por Fabiola Yañez. Con esta resolución, el expediente queda prácticamente listo para ser elevado a juicio oral, ingresando en su etapa decisiva.

La estrategia de la defensa buscaba anular gran parte de lo actuado, cuestionando la imparcialidad del juez Julián Ercolini y solicitando que se dejaran sin efecto el procesamiento dictado en 2025 y otras medidas como los embargos. Sin embargo, Rafecas descartó esos argumentos y sostuvo que el apartamiento de Ercolini no invalida las pruebas recolectadas.En su fallo, el magistrado fue claro al señalar que la salida del juez anterior respondió únicamente a la necesidad de evitar cuestionamientos, pero no afecta la legalidad del proceso. Además, advirtió que retroceder en la causa implicaría un desgaste innecesario para la Justicia y para las partes involucradas.La investigación describe un cuadro sostenido de violencia psicológica —con episodios de hostigamiento, control, insultos y maltrato—, al que se suman hechos de violencia física. El expediente abarca un período amplio, desde 2016 hasta 2024, incluyendo etapas previas, durante y posteriores a la presidencia.El fiscal Ramiro González ya había solicitado la elevación a juicio oral, remarcando que en este tipo de causas no corresponde retrotraer el proceso y que la nulidad debe ser considerada una herramienta excepcional.Con este escenario, el expediente queda en condiciones de ser remitido a un tribunal oral, donde se determinarán responsabilidades penales. Las figuras que se analizan contemplan penas que podrían ir de 3 a 18 años de prisión, según la calificación final que adopte el tribunal.

Un costado que no se discuteMás allá del avance judicial, el caso ha estado rodeado de múltiples versiones y comentarios públicos: se habló de maltrato, de conflictos personales, de infidelidades y de excesos dentro de la vida privada del exmandatario.Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención por su ausencia en el debate: la relación con su hija. La niña —nacida el 11 de abril de 2022 en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires— quedó prácticamente fuera de la discusión pública.En medio de una situación de alta conflictividad, no trascendieron pedidos formales del ex presidente ante la Justicia para establecer un régimen de visitas, tiempos compartidos o acuerdos de cuidado, algo habitual en cualquier separación con disputas.Un detalle sensible, poco mencionado, pero que también forma parte de una historia que, hasta ahora, se ha contado casi exclusivamente desde lo judicial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que bombardeos en la frontera con Ecuador dejaron al menos 27 cuerpos calcinados y aseguró que no hay una explicación creíble sobre los responsables.“Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene(n) aviones, ni (de) la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”, escribió Petro en su cuenta de la red social X, según supo la Agencia Noticias Argentinas.El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el Ministerio de Defensa negaron que se hayan realizado bombardeos en territorio colombiano durante operaciones contra grupos criminales, en respuesta a la denuncia formulada por Petro. En su cuenta de la red social X, Noboa afirmó que lo dicho por Petro es falso y que las operaciones contra el “narcoterrorismo” se llevan a cabo en territorio ecuatoriano.Petro sostuvo que no hay versiones creíbles sobre esos bombardeos y advirtió que “las bombas están en el piso cerca a familias”. “Muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, subrayó.Recordó además que, en el marco del programa de sustitución de cultivos ilícitos, miles de familias colombianas hoy se dedican a cultivar productos como café y cacao que ya se exportan al extranjero.Las declaraciones del mandatario colombiano se producen un día después de que denunciara que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba “tirada desde un avión” en las inmediaciones de la frontera común.Noboa respondió a Petro diciendo que “sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”. Agregó que, con la cooperación internacional, se están “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.El Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador informó en un comunicado que las operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano “de manera responsable y soberana”.La controversia entre ambos países tiene origen en las fricciones comerciales desatadas en enero por Noboa, quien impuso una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos, que después subió al 50%, al alegar una “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.Bogotá respondió con aranceles a decenas de productos y suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, mientras que el país andino aumentó el costo del transporte de crudo colombiano por sus oleoductos. (NA)

Documento completo: “Un radicalismo subordinado al poder”En una provincia golpeada por el cierre de industrias y comercios, la caída del poder adquisitivo, la angustia social y el deterioro de la vida cotidiana, resulta obsceno que una parte de la dirigencia radical esté concentrada en rediseñar cargos, nombres y mandatos partidarios. Mientras Entre Ríos y la Argentina necesitan una oposición seria, sensible y con propuestas, el radicalismo entrerriano discute cómo reordenar su poder interno. Esa desconexión con la realidad ya es, por sí sola, un hecho político grave.

Pero hay algo peor: todo indica que esta avanzada para acortar mandatos no responde a una necesidad genuina de la UCR, sino a una lógica ajena al partido y funcional al poder provincial.

Cuando una fuerza ordena su vida interna no por sus convicciones, su doctrina y sus reglas, sino por subordinación al poder de turno, deja de actuar como partido y empieza a comportarse como una estructura obediente.Se pretende instalar que existe un acuerdo unánime para avanzar en el acortamiento de los mandatos y que todas las autoridades de la provincia están dispuestas a renunciar. Eso no es cierto.

En todo caso, involucra a algunos sectores internos, legisladores y funcionarios, pero no a la totalidad del partido. UCR Activa, por ejemplo, no fue convocada a esa discusión previa.

La supuesta unanimidad no es más que una ficción para darle apariencia de consenso a una maniobra orientada desde arriba.Detrás del llamado “acortamiento del mandato” se esconde una operación políticamente inaceptable y de extrema gravedad institucional. No se trata de un problema de calendario ni de un tecnicismo partidario: se trata de decidir si en la UCR de Entre Ríos las normas se respetan o se fuerzan cuando dejan de convenir. La contradicción es mayor porque las actuales autoridades no fueron elegidas por el voto directo de los afiliados, sino por un acuerdo entre líneas internas —del que UCR Activa no formó parte—, y son precisamente varias de esas mismas líneas las que hoy quieren remover antes de tiempo a quienes surgieron de aquel consenso.

La magnitud del problema es enorme. Entre Comité Provincial, Comités Departamentales y delegados al Comité Nacional hay alrededor de 400 cargos en juego. A eso se suman 668 congresales entre titulares y suplentes. Estamos hablando de más de 1.000 cargos partidarios, sin contar comités de ciudad y municipios.(Nota completa en página web) La Carta Orgánica fija mandatos de dos años, no prevé la revocatoria y sólo contempla situaciones extraordinarias frente a la interrupción del orden constitucional, no por urgencias de aparato ni conveniencias coyunturales. Insistir en este camino empuja al partido a un papelón jurídico, político e institucional, con serio riesgo de conflicto y judicialización por parte de quienes legítimamente quieran permanecer en sus cargos hasta el vencimiento de sus mandatos.Llamar a esto “normalización” o “reorganización” agrava aún más el problema. En la historia argentina, ese lenguaje fue demasiadas veces el eufemismo de los quiebres institucionales. En un partido atravesado por la memoria de los derrocamientos de Yrigoyen y de Illia, y por la tragedia de la última dictadura, usar hoy esos términos para justificar el recorte de mandatos constituye una irresponsabilidad política e histórica intolerable.El radicalismo nació para limitar el poder, no para someterse a él. Lo demás no es modernización: es subordinación, oportunismo y degradación doctrinaria. 

 Los rebeldes hutíes de Yemen han confiscado equipos de telecomunicaciones y vehículos pertenecientes a oficinas desocupadas de las Naciones Unidas en Saná, según confirmó la organización este viernes. La acción, que se suma a una serie de restricciones impuestas por el grupo respaldado por Irán, amenaza con agravar el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, donde reside la mayor parte de la población yemení en situación precaria.El jueves, miembros de los hutíes ingresaron en al menos seis oficinas de la ONU en la capital y trasladaron la mayor parte del equipo de telecomunicaciones y varios vehículos a un lugar no revelado. La ONU afirmó que no recibió explicación alguna sobre el retiro de estos activos esenciales, que habían sido introducidos en Yemen cumpliendo los protocolos locales y con el permiso correspondiente. Julien Harneis, coordinador residente y humanitario para Yemen, señaló que las medidas se realizaron sin diálogo previo, lo que impidió alcanzar acuerdos para garantizar la continuidad de la asistencia.Las restricciones no se limitan al decomiso de bienes. Desde hace más de un mes, los hutíes han impedido la operación de vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de la ONU (UNHAS) hacia Saná, y por más de cuatro meses hacia la provincia de Mareb, controlada por el gobierno reconocido internacionalmente. Estos vuelos constituyen el único medio para que organizaciones internacionales ingresen o salgan de las zonas hutíes y mantengan sus operaciones de ayuda.La situación se produce en un contexto de creciente represión: la ONU informó que los hutíes han intensificado sus acciones contra agencias humanitarias y han detenido a decenas de empleados, bajo acusaciones de espionaje para Israel, sin presentar pruebas. Setenta y tres miembros del personal de la ONU y trabajadores de otras organizaciones civiles han sido privados de libertad en los últimos años, limitando severamente la distribución de asistencia en áreas que concentran cerca del 70% de las necesidades humanitarias del país.Como consecuencia de las dificultades crecientes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció la terminación de los contratos de sus 365 empleados en las zonas bajo control hutí, alegando problemas de financiación y un entorno inseguro para su personal. El cierre de estas operaciones representa un golpe significativo en un país donde, según datos de la ONU, 19,5 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2025.En noviembre, el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificaron a Yemen como uno de los países con riesgo inminente de hambruna catastrófica. La confiscación de activos y la suspensión de vuelos humanitarios ocurren en un momento en que las necesidades en las áreas controladas por los hutíes están en aumento, lo que, según la ONU, agravará aún más la situación humanitaria y dificultará la entrega de ayuda esencial a la población afectada. (Con información de AP y AFP)

Los concejales Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi (bloque 17 de Octubre) radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos, solicitando la investigación de presuntos delitos contra la administración pública que involucran al intendente José Luis Walser, su esposa y secretaria privada Gimena Bordet y otros funcionarios.

La denuncia tiene que ver con el hecho vial ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en Brasil, donde el intendente protagonizó un vuelco mientras se trasladaba junto a su grupo familiar en un vehículo Mitsubishi Dakar, propiedad de la Municipalidad de Colón.

En un comunicado que reprodujo El Entre Ríos, dicen que el vehículo oficial “fue desviado de su función legal con fines privados y vacacionales”. A su vez, señalan que “los daños de magnitud ocasionados en el accidente configuran un perjuicio patrimonial concreto al municipio, que debe ser determinado y resarcido”.

Para los denunciantes, en su carácter de concejales, esta presentación “responde al deber ético y legal de fiscalizar el patrimonio de los colonenses”. En esa línea, indican: “La función pública exige que los bienes del Estado se utilicen para servir al pueblo, no para beneficios particulares”.

En las redes sociales del bloque, los concejales del PJ compartieron un video sobre su viaje a Paraná. Se los ve ingresar al Ministerio Público Fiscal y firmar la denuncia.

“Escuchamos las declaraciones del intendente hablando de un ‘error’ al mezclar su descanso familiar con el uso de herramientas de todos los colonenses. Pero el respeto por los bienes del Estado no es una opción de interpretación personal, es una obligación legal”, expresa el escrito que acompaña la publicación.

“No podemos permitir que se instale la idea de que ‘el cansancio’ justifica usar una camioneta municipal para vacaciones privadas en Brasil. No es el primer ‘error’ que vemos en esta gestión: todavía recordamos las irregularidades denunciadas en las licitaciones de la Fiesta de la Artesanía”.

“Un viaje oficial se decreta antes de salir, no se ‘explica’ después de un choque”, “los daños al patrimonio municipal deben ser reparados por quienes decidieron darle un uso indebido” y “Colón merece una gestión donde los bienes públicos se usen para servir al pueblo, no para el privilegio de unos pocos”, son algunos de los aspectos que resaltan.

El hecho habría ocurrido mientras el estudiante realizaba un examen de intensificación de saberes y también al finalizar la instancia evaluativa. Según indica Concordia Policiales, la docente se acercó al alumno y “le habría exigido que le mostrara sus partes íntimas e intentado practicarle sexo oral”.La madre del adolescente señaló que la actitud del docente provocó que su hijo abandonara la institución en estado de shock y sin poder relatar de inmediato lo ocurrido. El director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari, confirmó la existencia de la denuncia contra la docente de la escuela secundaria y explicó que, de manera inmediata, “se solicitó a través de la supervisora y de la directora que se realice un informe”.Ferrari añadió que la docente fue citada para brindar su versión y que, tras ello, “se continuará actuando conforme al protocolo y en base al informe realizado”. 

Llama la atención que un centro cultural de la costa del Paraná va a realizar todos estos eventos en la costa del Uruguay”, sostuvo.

Con la firma del doctor Agustín Artibano Planiscig, ingresó a la justicia penal entrerriana una denuncia contra el secretario de Cultura de Entre Ríos Julián Stoppello, la Diputada Nacional Carolina Gaillard y Juan Mariano Kohner por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" en la entrega de un subsidio por $179 millones de pesos a la "Asociación Civil Teatro del Bardo" para organizar las ferias del libro "Mágica en la Playa".La adjudicación del dinero trascendió en una entrevista radial que Emanuel Windegger, referente del Centro Cultural Casa Encendida de Paraná, brindó a Alfredo Scoccimarro en Radio del Plata. Allí el referente cultural señaló que "la entrega de fondos a un tercero externo que actúa como administrador de políticas públicas ensucia a toda la cultura de la provincia y deja de lado a los espacios culturales autogestionados»“Llama la atención que en plena campaña electoral, a días de las elecciones se habilitaron fondos para algo que va a suceder en enero, y llama la atención que un centro cultural de la costa del Paraná va a realizar todos estos eventos en la costa del Uruguay”, sostuvo Windegger, quien agregó que el centro cultural beneficiado es cercano a la candidata a diputada nacional Carolina Gaillard. 

Estados Unidos triplicó las operaciones de inteligencia y exploración al norte del territorio insular venezolano, afirmó este domingo el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.“Ahora pasaron a un patrón diurno a hacerlo de noche y de madrugada”, dijo el general en jefe, al comentar que en agosto pasado se triplicaron “las operaciones de inteligencia y de exploración contra la República Bolivariana de Venezuela, y en septiembre todos los días”.Padrino López indicó dicha información desde el complejo militar Fuerte Tiuna, donde ofreció un balance de las operaciones militares en defensa del país y comentó que, a pesar de que en el territorio insular al norte del país sudamericano siempre se registraron operaciones de inteligencia por parte de aviones estadounidenses, en la actualidad, estas aumentaron.“La mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no nos notifican su plan de vuelo, ahí al norte, en el Caribe nuestro”, sostuvo el funcionario venezolano y detalló que la noche del sábado se tuvo el registro de aviones de inteligencia, “tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo”.Comentó que se trata de aviones RC-135 que realizan reconocimiento e inteligencia estratégica y otras aeronaves que pasan son cisternas de sistema de alerta y de patrullaje marinos, al tiempo que la Defensa de Venezuela lleva a cabo sus propios procesos de “inteligencia interna”.Estados Unidos tiene la intención de “sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos”, según lo expresado por Padrino López. NA.

Asimismo, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, exigió “el cese inmediato de esa maniobra”, informó en un comunicado, en referencia al subdominio que se creó dentro de la web oficial de la UBA para impulsar protestas contra el reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que aprobó la oposición en el Congreso.Al respecto, el Ministerio solicitará “la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”.“Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades, se indicó.Por último, Capital Humano sostuvo que reafirma “su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”. NA.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios vinculados a Karina Milei, enfrenta un pedido de juicio político por mal desempeño y presunta comisión de delitos.Los puntos centrales de la acusaciónLa presentación de la Coalición Cívica enumera varias causales: Censura previa: la prohibición de difundir material periodístico sobre Karina Milei fue considerada un grave ataque a la libertad de expresión. Connivencia política: vínculos con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para encubrir causas en su contra. Tráfico de influencias: participación en una asociación judicial con auspicios de laboratorios vinculados a su fuero. Violencia de género: cinco denuncias por acoso sexual y maltrato laboral radicadas por empleadas de su juzgado. Irregularidades en ciudadanías: cuestionamientos en el otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina.

Contexto y reaccionesMaraniello acumula nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, que ya abrió seis expedientes y lo notificó formalmente para que ejerza su defensa en 20 días.El Colegio de Abogados de Buenos Aires repudió su decisión de censurar audios de Karina Milei, calificándola de “grave acto de censura previa” y recordando que la libertad de expresión está protegida por la Constitución y tratados internacionales. 

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este martes la “escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de Estados Unidos”, que incluye el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe, y exigió el cese de las maniobras.En un comunicado, alertaron sobre el despliegue en el Caribe del “USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana”.“Constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, advirtió, al tiempo que sostuvo que “la presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias”.De esta manera, la Misión argumentó que el ingreso de un submarino nuclear a la región vulnera el Tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, en el que se declara a la región como Zonas Libres de Armas Nucleares.Asimismo, resaltó que representa un acto de intimidación que contradice la Carta de la ONU, que obliga a los Estados miembros a abstenerse de las amenazas y el uso de la fuerza contra la integridad o la independencia, y reiteró su compromiso “con la consecución de un mundo libre de armas nucleares”.Finalmente, llamó al cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el respeto, por parte de los países de la ONU, a los acuerdos y en defensa de la región como Zona de Paz.La Internacional Antifascista, red que reúne a más de 1.500 movimientos sociales, partidos políticos y personalidades de 77 países, denunció el traslado del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y del submarino nuclear USS Newport News a aguas cercanas a Venezuela, calificando la acción como una amenaza contra la paz regional.Según el comunicado difundido en las últimas horas, la operación constituye “una provocación criminal” que expone a América Latina y el Caribe a un riesgo de escalada militar.La organización sostiene que no se trata de una medida de defensa ni de seguridad, sino de una maniobra de intimidación impulsada por Washington.El pronunciamiento asegura que estas acciones buscan distraer la atención internacional de los problemas internos que atraviesa Estados Unidos, aludiendo a casos de corrupción y escándalos judiciales que comprometen a sectores de sus élites políticas y militares.La Internacional Antifascista afirmó que “ningún chantaje nuclear ni despliegue bélico podrá doblegar la dignidad de Venezuela ni de los pueblos latinoamericanos”, y consideró la operación un signo de debilidad estratégica de un imperio en retroceso.En su declaración, la red convocó a movimientos sociales, sindicatos, partidos y organizaciones de todos los continentes a rechazar lo que definió como “un crimen en ciernes”, advirtiendo que una amenaza contra Venezuela constituye también una amenaza para la humanidad.El comunicado concluye que el Caribe no debe convertirse en plataforma de guerra ni territorio de sumisión, sino en espacio de resistencia y dignidad.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su postura en contra de cualquier forma de intervención de un gobierno extranjero en los asuntos internos de países soberanos, en referencia a las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.“Nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”, sostuvo la mandataria mexicana durante su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional.La tensión en el mar Caribe escaló después de que Estados Unidos desplegó buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, como parte de su estrategia contra los carteles internacionales de la droga, acción que fue rechazada por el Gobierno venezolano, que la califica de “ilegal” y “provocadora”.Al respecto, la presidenta subrayó que México mantendrá una política exterior basada en el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, en línea con los principios constitucionales que rigen la diplomacia mexicana.“La política exterior de México dice claramente: no al intervencionismo y (sí) a la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición (…) Puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no”, concluyó Sheinbaum. NA.

La infectóloga Florencia Prieto contó que, junto con su equipo del Sanatorio Garat, detectaron en 2023 un brote infeccioso asociado a una bacteria poco frecuente en ampollas sin abrir de dexametasona (medicamento ampliamente utilizado en tratamientos oncológicos y otras patologías).

“En el sanatorio donde trabajo hicimos una denuncia al laboratorio HLB Pharma porque tuvimos un brote de infecciones asociadas a la misma bacteria que está teniendo ahora toda esta gente”, contó Prieto.

De acuerdo a lo detallado por la infectóloga en el medio Despertar Entrerriano, la bacteria fue encontrada dentro de las ampollas sin abrir, lo que significaba que provenía de fábrica.Frente a la denuncia, se dio inicio a una investigación y se retiró el lote por prevención. Aun así, Prieto exclamó que recibieron una respuesta negativa.

“Nos respondieron como que el producto estaba bien. Nos dio un sabor amargo porque sospechamos que desestimaron la denuncia al venir del interior del país, de una ciudad pequeña”, manifestó.