Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl iniciaron una demanda ordinaria contra el Estado Uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) entendiendo que “la planta producirá un daño irreparable en el ambiente, lo cual de buena fe los actores intentamos evitar”.En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud; todo conforme las consideraciones de hecho y derecho, esto es, los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (Cccn), y lo prescripto por el artículo 319 del Cpccn”.A este respecto, Michel remarcó la falta de acción del gobierno provincial. “Con la planta de combustibles sintético Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo. Ante esta inacción y falta de gestión decidimos accionar judicialmente con esta medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”. Y aseveró: “Está demandado el Estado uruguayo y la empresa; se van a tener que sentar en la mesa y darles explicaciones a la justicia argentina”.

En la presentación los legisladores señalaron que pese a que el proyecto data en la República vecina desde el año 2017, hasta el momento Uruguay no presentó en la Comisión Administradora de Río Uruguay (Caru) los estudios previos ambientales, tal como se encuentra obligado según el Estatuto del Río Uruguay y lo dispuesto por la Corte Internacional de La Haya en la sentencia: ‘Caso de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay (Argentina contra Uruguay )’, de fecha 20/4/2010”.“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la Caru, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”, manifestaron.Los legisladores sostienen que “ante este escenario, Argentina -y en especial sus funcionarios- tenemos la carga de actuar en defensa de la legalidad vigente, y del ambiente del río Uruguay”. “Ante el incumplimiento de Uruguay de no presentar la documentación en la CARU, la parte argentina tiene la obligación de: 1) exigir su presentación; 2) exigir el no avance de las obras hasta tanto se presenten y evalúen; 3) Ir a la Corte Internacional de Justicia a denunciar el incumplimiento”, indicaron.“La República Oriental del Uruguay no presentó los estudios de impacto ambiental por lo que los argentinos desconocemos el grado de contaminación que traerá aparejada la planta. La comunidad de Colón y las ciudades entrerrianas ribereñas que podrían ser afectadas, vienen manifestando su temor ante el avance de la mega obra”, expresaron.

Asimismo, Michel, Bahl y Marclay solicitaron información sobre la empresa HIF Uruguay SA y la realización de una pericia ambiental para la cual pidieron se designe a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) y/o a un perito biólogo de oficio.

Los borradores iniciales de las propuestas estadounidenses para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia satisfacen muchas de las demandas de Kiev, declaró el lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aunque sugirió que es probable que ninguna de las partes en la guerra de casi cuatro años consiga todo lo que desea en las negociaciones para llegar a un acuerdo.“En general, parece bastante sólido en esta etapa”, declaró el líder ucraniano sobre las recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses que intentan guiar a los países vecinos hacia compromisos.“Hay algunas cosas para las que probablemente no estamos preparados, y estoy seguro de que hay cosas para las que los rusos tampoco lo están”, declaró Zelensky a la prensa en Kiev.El presidente estadounidense, Donald Trump, lleva meses presionando por un acuerdo de paz. Sin embargo, las negociaciones se han topado con demandas marcadamente contradictorias de Moscú y Kiev. No obstante, el enviado estadounidense, Steve Witkoff, declaró el domingo que mantuvo conversaciones “productivas y constructivas” en Florida con representantes ucranianos y europeos.La columna vertebral del acuerdo propuesto es un plan de 20 puntos, afirmó. También hay un documento marco sobre garantías de seguridad entre Ucrania, los países europeos y Estados Unidos, así como un documento separado sobre garantías de seguridad bilaterales otorgadas a Ucrania por Estados Unidos.Ucrania argumenta que este documento bilateral debería ser revisado por el Congreso estadounidense, y que algunos detalles y anexos se mantengan clasificados, afirmó Zelensky.El equipo estadounidense está actualmente en conversaciones con los enviados rusos, y Washington ha solicitado que no se divulguen detalles, añadió.Zelensky declaró el lunes que se reunió con sus comandantes militares, quienes informaron que las líneas defensivas se mantienen firmes ante el ataque ruso.“En las últimas semanas, el ejército ruso ha aumentado significativamente la intensidad de los ataques, y el número de bajas rusas ha aumentado en consecuencia”, declaró en una publicación en Telegram.Fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera, un oleoducto, dos aviones de combate estacionados y dos buques en una serie de ataques en suelo ruso, informaron las autoridades el lunes.Los ataques forman parte de una campaña en curso para interrumpir el esfuerzo bélico ruso y sembrar el miedo en la línea del frente, donde las tropas ucranianas, superadas en número, se esfuerzan por contener al ejército ruso, que es mayoritariamente ruso.Los ataques también buscan socavar el intento del presidente Vladímir Putin de presentar a Rusia como negociadora desde una posición de fuerza militar en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, que aún no han logrado avances en puntos clave.El asesinato de un alto general ruso por un coche bomba en Moscú el lunes, con investigadores que sospechan que Ucrania está detrás, podría ser otro ejemplo de cómo Kiev elige objetivos sorpresa.Las fuerzas ucranianas atacaron la terminal petrolera de Tamanneftegaz, un depósito de municiones y una plataforma de lanzamiento de drones de ataque dentro de territorio ruso y territorio ucraniano bajo control ruso, informó el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado el lunes.Un oleoducto, dos muelles y dos barcos resultaron dañados en la región meridional de Krasnodar, y se desató un gran incendio, según el comunicado, sin especificar el tipo de armas utilizadas en el ataque. Añadió que un misil de fabricación ucraniana también impactó una base temporal de la 92.ª Brigada de Barcos Fluviales de Rusia en Olenivka, en la península de Crimea ocupada.Un ataque separado tuvo como objetivo un depósito de municiones en una zona controlada por Rusia de la región de Donetsk, con el objetivo de frenar el avance ruso en la zona, según el Estado Mayor. Una plataforma de lanzamiento rusa para drones de ataque también fue alcanzada.Partisanos ucranianos incendiaron dos aviones de combate rusos en una operación el domingo por la noche en una base cerca de Lipetsk, ciudad del oeste de Rusia, según la inteligencia militar ucraniana.El Ministerio de Defensa ruso solo informó que sus fuerzas derribaron 41 drones ucranianos durante la noche, tres de ellos sobre la región de Krasnodar.En esta foto tomada el sábado 20 de diciembre de 2025 y proporcionada por el servicio de prensa de la 24ª Brigada Mecanizada de Ucrania, se ven edificios en ruinas en la ciudad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania (Foto, Oleg Petrasiuk/24ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)Mientras tanto, las fuerzas rusas mantuvieron sus ataques contra el sector energético de Ucrania, con el objetivo de privar a la población civil de calefacción y agua corriente durante el gélido invierno. Rusia ha intentado cortar el suministro eléctrico en Ucrania durante toda la guerra, en una táctica que Ucrania denomina “invierno militar”.La infraestructura energética de cinco regiones fue atacada durante la noche, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania.Rusia atacó Ucrania con 86 drones de diferentes tipos durante la noche, según informó la fuerza aérea ucraniana. Las fuerzas ucranianas detuvieron 58 de ellos. (Con información de AP)

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal dejó firme un fallo que beneficia a Cristina Kirchner, quien ya no deberá pagar un resarcimiento de $22.300 millones que el Estado le reclamaba en una demanda civil por la causa Vialidad. Según informó el diario Clarín, la decisión se tomó por la inactividad procesal de la parte demandante, es decir, del propio Gobierno a través de Vialidad Nacional.La decisión de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, en un voto dividido, confirmó la sentencia del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, que declaró la “caducidad de la instancia”. La defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, había solicitado la medida argumentando que no hubo avances en el expediente desde marzo de 2023.

Caducidad por inacción procesal

El argumento central del fallo es que la parte demandante, Vialidad Nacional, no impulsó nuevas medidas durante el plazo de seis meses que contempla el Código Procesal. Según supo Noticias Argentinas, a pesar de que el organismo estatal intentó justificar la demora, los jueces consideraron que “el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023”, por lo que correspondía dar por caído el proceso.El fallo remarca que la caducidad busca “evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”.

El decomiso de la causa penal sigue activo

Es crucial distinguir que este fallo corresponde a la causa civil iniciada para reparar el daño económico de las obras no terminadas. La decisión no afecta en absoluto a la causa penal.En los tribunales de Comodoro Py, el proceso de ejecución patrimonial correspondiente al decomiso de bienes por $685.000 millones, fijado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, continúa su trámite de forma independiente y se mantiene activo. NA.

La semana comenzó con otro fallo favorable para Argentina en la causa por la expropiación de YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.“En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, destacó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).Según la PTN, los demandantes pidieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. “Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, destacaron.La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dijo que el país podía esperar a la próxima apelación por el pedido de Buford Capital –el principal demandante de este extenso juicio– de quedarse con las acciones de la empresa, en septiembre, sin poner ninguna garantía.La jueza Loretta Preska, quien condenó en primera instancia al país, ordenó la entrega de las acciones. Ese medida puntual será analizada por la Corte en septiembre y luego, en octubre, después de las elecciones legislativas, se analizará la apelación de “fondo”. O sea, si el fallo multimillonario de Preska es correcto o no.Argentina ya adelantó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en cada resolución negativa que tenga en este caso. “Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron en la PTN.“Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos. Dicho esto, respetamos la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre”, destacó un vocero de Burford.Parte de la estrategia de bufete de origen inglés consiste en intentar ejecutar la sentencia en múltiples jurisdicciones, incluyendo Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre, además de Irlanda, con el objetivo de presionar a Argentina y aumentar las posibilidades de cobro.De hecho, Burford presentó en EEUU, en el tribunal de Preska, en julio pasado, un documento con el detalle de todos los pedidos de “enforcement” y como, según cree, el país dilata y demora las presentaciones para seguir ganando tiempo. El documento se titula “Cronología de los retrasos de la República en los trámites de reconocimiento en el extranjero”.Cerca de Burford están convencidos de que la justicia de Irlanda no analizó el fondo de la causa, sino los tiempos; y esto no significa que vaya a pasar en otras jurisdicciones lo mismo.

Desde IrlandaEl fallo de The High Court Commercial de Irlanda, que firmó la jueza Eileen Roberts, tiene 77 páginas y se había iniciado por medido de dos de los demandantes –Petersen y Eton Park– en abril del año pasado.Roberts fundamentó su resolución en que ni la República Argentina ni YPF poseen bienes en Irlanda susceptibles de embargo, salvo activos diplomáticos y consulares que, por su naturaleza, están protegidos de cualquier acción judicial. Además, la magistrada destacó que no hay evidencia de que el Estado argentino vaya a tener activos en el país en el corto o mediano plazo, por lo que permitir la ejecución solo supondría un uso innecesario de recursos judiciales sin impacto real para las partes.“Este procedimiento no tiene absolutamente ninguna conexión con Irlanda. Además, no estoy convencida de que permitir la ejecución de la sentencia de Nueva York en esta jurisdicción suponga un beneficio práctico para los demandantes”, dijo la magistrada irlandesa.La resolución analizó en detalle la jurisprudencia local sobre reconocimiento de sentencias extranjeras y concluyó que, si bien no es requisito indispensable la existencia actual de activos, sí debe haber una expectativa realista de obtener un beneficio práctico. En este caso, la ausencia de bienes y la duplicidad de procedimientos en otras jurisdicciones llevaron al tribunal a descartar cualquier utilidad concreta de la acción en Irlanda. La jueza también valoró que los demandantes ya disponen de mecanismos de investigación y ejecución en Estados Unidos y otros países, por lo que replicar esos procesos en Irlanda resultaría redundante.El fallo irlandés evitó pronunciarse sobre cuestiones de fondo como la inmunidad soberana del Estado argentino o la doctrina del acto de Estado, señalando que estos temas podrían ser debatidos en un eventual juicio de fondo, pero no resultaban determinantes en esta instancia procesal. (Infobae)

Las advertencias y predicciones de las aseguradoras de riesgos del trabajo se están cumpliendo a rajatabla. El Sistema de Riesgos del Trabajo sumó 25.621 nuevos juicios durante el primer trimestre de 2025, una dinámica que, de mantenerse, podría llevar el total anual a 132.100 demandas, según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). La cifra representaría un nuevo récord histórico y superaría los 130.700 juicios de 2017, año que motivó una reforma legislativa para frenar el colapso del sistema.En marzo, la cantidad de demandas judiciales alcanzó 11.546 casos, lo que consolidó un promedio mensual superior a 10.000 nuevos juicios en los últimos doce meses. Comparado con los niveles de 2018, cuando se reportaron menos de 80.000 demandas, el incremento proyectado para este año representa un aumento cercano al 70%.Este fenómeno se produce en un contexto donde los accidentes laborales muestran una tendencia descendente sostenida. Desde la creación del sistema en 1996, la tasa de siniestralidad cayó de 70,9 accidentes por cada mil trabajadores cubiertos a 31,8 accidentes, sin contar los casos in itinere. A pesar de esa evolución, la litigiosidad avanzó de manera inversa, lo que generó una presión creciente sobre los recursos del sistema y sobre la estructura productiva argentina.Tanto es así que desde las empresas ya comenzaron a advertir preocupación porque esta mayor litigiosidad se está trasladando al costo del seguro, según confiaron algunos empresarios.En este escenario, la presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que “el sistema está en riesgo producto del exacerbado crecimiento de la litigiosidad y un esquema de actualización de los montos de indemnizaciones que no responde a la normativa vigente”. Además, remarcó que el impacto no se limita al sistema en sí mismo, sino que también “afecta la empleabilidad, incrementa los costos de producción y, por ende, la competitividad del sector privado”.Las cifras reflejan que la Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 19%. En posiciones posteriores se encuentran Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Esta concentración geográfica pone de relieve la falta de implementación de mecanismos judiciales contemplados en la normativa vigente.En 2017, el nivel de litigiosidad derivó en una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que estableció parámetros precisos para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada jurisdicción. Sin embargo, esa implementación se encuentra demorada. “Es imperioso que las provincias, a través de sus poderes judiciales, cumplan con la creación de los Cuerpos Médicos Forenses que las propias legislaturas aprobaron”, señaló Bettiol, quien además alertó: “Las consecuencias de la inacción serían catastróficas en la estructura productiva argentina”.El sistema de ART actualmente brinda 14 millones de prestaciones asistenciales por año a más de 10 millones de trabajadores. Desde su puesta en marcha en 1996, salvó más de 19.000 vidas. No obstante, los responsables del sector alertaron que los altos niveles de judicialización, junto con un esquema de actualización de indemnizaciones que, según ellos, no se ajusta a la normativa, podrían poner en jaque a un modelo que fue clave para reducir los índices de siniestralidad.

El sistema de ART otorgaEl sistema de ART otorga 14 millones de prestaciones al año y redujo a la mitad la tasa de siniestralidad desde 1996 (Freepik)Bettiol sostuvo también que “el crecimiento de los juicios tiene un impacto indudable no sólo sobre el sistema sino también en la competitividad, el crecimiento y en la generación de empleo de nuestro país”. En esa línea, insistió en que se deben fijar “mecanismos de actualización razonables”, como parte de un conjunto de medidas que permitan asegurar la sostenibilidad del sistema.La UART enfatizó que resulta fundamental corregir los costos derivados de la litigiosidad para evitar un deterioro mayor del modelo de prevención y atención vigente. La entidad insistió en que el volumen actual de juicios ya provoca consecuencias adversas en distintos sectores productivos, y que la tendencia proyectada para 2025 genera preocupación en toda la cadena de valor.El incremento de la judicialización ocurre en un contexto de estancamiento económico y caída del empleo registrado, lo que agrava el impacto de este fenómeno sobre las relaciones laborales. Los actores del sector señalaron que sin un marco institucional eficaz, la litigiosidad seguirá expandiéndose, incluso cuando los indicadores de siniestralidad laboral muestran mejoras continuas. Infobae.

Presidente de la Red Inmobiliaria Concordia, expresó su preocupación y opinó sobre la actualidad del mercado.

En relación al índice de ajuste para septiembre, Gorsky señaló que este se sitúa en un 112.96%. Según él, este índice se aplica a los contratos iniciados en septiembre de 2022, tal como estipula el artículo 14 de la ley actual de alquileres.

Además, subrayó que, en colaboración con colegas de diversos colegios, se está realizando un esfuerzo conjunto para promover una reforma en la ley de alquileres.

Gorsky argumentó que la situación actual es insostenible, especialmente para los inquilinos.

En palabras del presidente de la Red Inmobiliaria Concordia: “Hoy quien quiere alquilar una propiedad no hay en oferta, estamos hablando de la oferta más baja prácticamente en la historia”. Atribuyó esta situación a la alta demanda y a la escasez de propiedades disponibles para alquiler. Gorsky destacó que la competencia es tan intensa que las propiedades que se desocupan son arrendadas nuevamente en cuestión de días.

El desequilibrio entre la oferta y la demanda llevó a muchas personas a estar en lista de espera para alquilar. Gorsky explicó que cuando un inquilino notifica su partida, se genera una avalancha de interesados. Ante esta realidad, sugirió que se implementen medidas impositivas para incentivar a los propietarios a volver a invertir en propiedades para alquilar.

El presidente de la Red Inmobiliaria Concordia destacó que la incertidumbre sobre cuándo y cómo se reformará la ley de alquileres ha llevado a los propietarios a prorrogar los contratos por seis meses, a la espera de un panorama más claro.

Afirmó que más allá de la discusión sobre la ley, el principal problema radica en la inflación y en la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos. En su opinión, la relación histórica entre el costo del alquiler y el salario ha sido alterada, dificultando el acceso a la vivienda.

Además, Gorsky señaló que, en períodos de elecciones, la incertidumbre política también influye en la cautela de los inversores inmobiliarios. La posibilidad de cambios en las políticas económicas según el resultado de las elecciones lleva a una actitud más conservadora en la toma de decisiones.

En relación a la consulta de ciudadanos uruguayos, Gorsky indicó que en las últimas semanas hubo un aumento en las solicitudes de información sobre alquileres. Esto se debe a la ventaja económica que representa para ellos alquilar en Argentina, donde los precios están dolarizados y resultan mucho más bajos en comparación con su país de origen.

Los escritores Paul Tremblay y Mona Awad, y la actriz Sarah Silverman, demandaron a la empresa de inteligencia artificial OpenAI, responsable del desarrollo de ChatGPT, por haber usado sus obras sin permiso para entrenar el modelo de lenguaje, en un planteo judicial que interroga sobre las fuentes de contenido utilizadas para entrenar al sistema para generar texto a gran velocidad.

Tanto Tremblay como Awad son figuras reconocidas en el mundo literario norteamericano. Tremblay, nacido en Colorado, ha logrado éxito como autor de novelas de terror, fantasía y ciencia ficción, como “Una cabeza llena de fantasmas”. Awad es una novelista canadiense y ha recibido elogios de la crítica por obras como “13 maneras de fijarse en una chica gorda”, al punto que Margaret Atwood la consideró como su “aparente heredera literaria”. Por su parte, Silverman es una estrella de televisión desde la década de 1990, cuando comenzó su carrera en Saturday Night Live.

La demanda de Sarah Silverman -que también apunta a Meta, la empresa matriz de Facebook- alega que las compañías utilizaron ilegalmente su obra, “The Bedwetter”, para entrenar sus modelos de lenguaje. Junto a los escritores Paul Tremblay y Mona Awad, representados por el mismo equipo de abogados, argumentan que nunca dieron su consentimiento para el uso de sus libros con derechos de autor como material de entrenamiento para la inteligencia artificial. Las demandas buscan explorar la legalidad del programa de OpenAI, que según los responsables “ingirió y deglutió” sus libros y los utilizó para entrenar a ChatGPT, lo que resultó en la generación de “resúmenes muy precisos” de sus novelas. El documento presentado por Tremblay y Awad en un tribunal de San Francisco destaca el presunto enriquecimiento indebido de OpenAI mediante el uso de su material protegido por derechos de autor. Si bien OpenAI no ha revelado públicamente los datos y textos específicos utilizados para entrenar a ChatGPT, ha mencionado que la información se extrae de internet, incluyendo fuentes como Wikipedia y la extensa base de datos del Proyecto Gutenberg, que contiene más de 60,000 títulos de dominio público, reportó el diario británico The Guardian.

La demanda de Tremblay y Awad es el puntapié de una demanda colectiva que podría beneficiar a todas las personas o entidades en Estados Unidos que posean los derechos de autor de obras utilizadas como datos de entrenamiento para los modelos de lenguaje de OpenAI. Aunque sus reclamos no se refieren explícitamente al plagio, arrojan luz sobre una forma más indirecta de lucro. Según el texto de la denuncia, la demanda apunta, en realidad, a “todas las personas o entidades domiciliadas en Estados Unidos que posean los derechos de autor en cualquier trabajo que se haya utilizado como datos de capacitación para los modelos de lenguaje de OpenAI”.

Los Gobiernos de Canadá, Suecia, Ucrania y Reino Unido presentaron este miércoles una demanda contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, por el derribo de un avión de pasajeros en 2020 en el que murieron 176 personas.

El vuelo de la aerolínea ucraniana Ukraine International Airlines iba de Irán a Ucrania el 8 de enero de 2020 y fue derribado apenas despegó de Teherán, sin que quedara ningún sobreviviente entre los pasajeros y la tripulación.

Irán reconoció que lo derribó con misiles pero dijo que lo hizo por error en medio de tensiones militares con Estados Unidos.

Los cuatro países demandantes, que ya habían adelantado la iniciativa la semana pasada, terminaron de formalizar los trámites y este miércoles presentaron la demanda formal, dijo la CIJ en un comunicado, informó la agencia de noticias Europa Press.

Los países denunciantes quieren que el tribunal supremo de Naciones Unidas dictamine que Irán derribó ilegalmente el avión ucraniano y le ordene que se disculpe y pague una indemnización a las familias de las víctimas.

Asimismo, alegan que Irán violó el Convenio de Montreal, diseñado para garantizar la seguridad de la aviación civil.

“La acción legal iniciada hoy refleja nuestro compromiso inquebrantable con la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas en beneficio de las familias de las víctimas”, dijeron los cuatro países en un comunicado conjunto.

Entre los muertos hubo ciudadanos y residentes de Canadá, Suecia, Ucrania y el Reino Unido, así como de Afganistán e Irán. Sus edades oscilaban entre 1 y 74 años.

En enero de 2020, después de tres días de negar su responsabilidad, Irán dijo que el avión fue derribado por error por su cuerpo paramilitar de élite Guardia Revolucionaria con dos misiles tierra-aire.

Las autoridades dijeron que la culpa la tuvo un operador de defensas antiaéreas que confundió el Boeing 737-800 con un misil de crucero estadounidense.

En la demanda, los Estados actores consideran que las autoridades iraníes no adoptaron “todas las medidas prácticas” que cabían esperarse para prevenir un incidente de este tipo, dijo la CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, en su comunicado.

También dicen que no hubo una investigación “imparcial, transparente y acorde a derecho” que abriese la puerta a un proceso judicial con las garantías que exige la ley internacional, agregó la nota.

El derribo ocurrió en medio de tensiones militares entre Estados Unidos e Irán por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, considerado mano derecha del líder supremo iraní ayatollah Ali Jamenei y la segunda persona más poderosa del país.

Soleimani había muerto tres días antes en un ataque de aviones no tripulados estadounidenses cuando se encontraba en Irak.

El término �Sextra-tendencial⬝ refiere al grado inusitado en que ha aumentado el consumo, más allá de toda propensión o previsión. Por ejemplo, para el primer trimestre del 2023 se esperaba un crecimiento del 2 % respecto del año 2022 y, sin embargo, dicho incremento fue del 18 % (es decir, un 16 % extra-tendencial).

Asimismo, si tomamos únicamente el mes de marzo, la demanda se incrementó en un 43,5 % respecto de marzo de 2022, otra cifra de carácter histórico. Cabe destacar que los informes del Servicio Meteorológico Nacional detallan temperaturas que no se registraban desde hace más de 50 años para un mes como marzo.

�STenemos un sistema confiable⬝, sostuvo Ramiro Caminos, presidente de Enersa. �SEntre Ríos fue una de las provincias más afectadas por el calor. Sin embargo, a pesar de estos valores, y si sumamos además las fuertes tormentas que tuvimos durante el verano, podemos afirmar que el sistema eléctrico se comportó de manera satisfactoria, sin mayores inconvenientes⬝.

Una de las razones por las que no hubo restricciones de magnitud en el suministro eléctrico obedece a las inversiones que Enersa realiza para anticiparse a estos incrementos de demanda. �SDentro del plan de inversiones de Enersa, desarrollamos obras a largo plazo, que son estratégicas y necesarias para asegurar la calidad del servicio⬝, agregó Caminos. �SPero también planificamos obras a corto plazo, como las del Plan Verano 2022-2023, sobre las que trabajamos para enfrentar el crecimiento de la demanda en meses específicos⬝. El otro factor tiene que ver con el Uso Responsable de la Energía. A lo largo de sus casi 18 años de vida, Enersa ha insistido ininterrumpidamente en el cuidado a la hora de utilizar los artefactos eléctricos, especialmente de los aires acondicionados durante la temporada estival y de los artefactos de calefacción eléctrica en el invierno.

Esta acción implica �Sreeducarnos como sociedad a la hora de utilizar la energía⬝; es un cambio cultural lento, pero necesario.

Crown Estate, organismo encargado de gestionar los bienes de la familia real británica, anunció que emprenderá acciones legales contra la red social estadounidense Twitter por el incumplimiento de pago de alquiler de su sede en Londres.

La semana pasada, Crown Estate presentó una demanda contra Twitter en el Tribunal Superior de Londres, según informaron medios británicos.

Los atrasos corresponderían al alquiler de un espacio de oficinas ubicado cerca de Piccadilly Circus en el centro de Londres.

Esta situación se da luego de que Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, pagara 44 mil millones de dólares (36 mil millones de libras) para tomar el control de Twitter en octubre del año pasado.

Esta adquisición fue acompañada por una drástica reducción de la fuerza laboral global de la empresa, de alrededor de 7.000 a 2.300 empleados, y el no pago del alquiler de varias de sus oficinas.

Crown Estate contactó previamente a Twitter sobre los atrasos en el alquiler del espacio de oficinas en Air Street, y al no recibir respuesta, decidió emprender acciones legales.

Crown State administra más de 90.000 metros cuadrados de propiedades en el Oeste de Londres, además de tener el control del lecho marino alrededor de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, entre otras.

Sus ganancias generan el 15% del excedente anual para el Tesoro, conocido como Subvención Soberana, para apoyar los deberes oficiales.

Los ingresos del organismo se entregan al Tesoro británico de acuerdo con un acuerdo centenario, de forma que el monarca Carlos III recupera parte de ellos a través de una subvención anual destinada a financiar los gastos de la casa real. Mientras tanto, según BBC News, Twitter no se pronunció al respecto.

Programación, ingeniería y marketing digital se encuentran entre las primeras diez carreras que tendrán alta demanda laboral y buenos salarios en 2023, de acuerdo con un informe de la consultora de Recursos Humanos Randstad.

El ranking lo completan enfermería, data science, diseño UX, negocios digitales, biotecnología, logística y energías renovables.

"Si bien las disciplinas vinculadas con la tecnología han ganado protagonismo en los últimos años, existen otras carreras, algunas tradicionales y otras más innovadoras, que tienen muy buena salida laboral y salarios atractivos, producto de la evolución de las necesidades de habilidades y conocimientos que el mercado requiere", indicó Randstad.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, señaló que "la vocación, los intereses, la afinidad con las principales disciplinas o materias, así como las perspectivas de salida laboral, son algunos de los factores clave a evaluar a la hora de elegir una carrera o área de estudios".

"Pero a la vez hay que hacerlo con una mirada flexible, ya que esa elección es apenas el puntapié inicial de una larga trayectoria de aprendizaje y formación que debería atravesar la persona durante toda su vida", afirmó.

En el caso de programación, sigue entre las de mayor demanda laboral, al punto que aún con un crecimiento importante en la matrícula de estudiantes de estas disciplinas, la brecha entre las posiciones que buscan cubrir las empresas y los perfiles disponibles no logra cerrarse.

En tanto, todas las ramas de la ingeniería mantienen un alto grado de empleabilidad; y el marketing digital cobró relevancia con la irrupción de la pandemia cuando las empresas se vieron obligadas a desembarcar en el ecosistema online.

Dentro del campo de la salud, enfermería es una posición con demanda laboral siempre en ascenso y es una de las profesiones que hoy en Argentina gozan de pleno empleo, y donde también las organizaciones tienen dificultades para cubrir todas las posiciones que requieren.

Data science se relaciona con el análisis de grandes volúmenes de información, que se ha transformado en una de las disciplinas de mayor crecimiento en los últimos dos años; y el diseño UX es clave para conectar al cliente con un producto y lograr su satisfacción.

Negocios digitales es otro talento cada vez más demandado porque además de contar con una fuerte formación tecnológica, posee los conocimientos necesarios para la gestión del negocio, con una visión global y estratégica.

La biotecnología tiene cada vez más aplicaciones en importantes áreas industriales; mientras que la logística creció a partir del potencial sin límites que abren el e-commerce y la economía digital; y energías renovables es una rama de desarrollo relativamente nueva, en la cual la demanda laboral para cubrir posiciones no deja de crecer.

"Por la velocidad que se dan los cambios y su impacto en la vida útil de las habilidades laborales, hoy es imposible pensar en un trabajo o una carrera para toda la vida. Entonces, la clave para asegurar y mantener la empleabilidad está en formarse y desarrollar la capacidad de aprender a aprender", concluyó Ávila.

�SLo que pueda llegar a jugar como un factor diferencial es el tiempo de salida de esta crisis o, dicho de otra forma, el punto sobre la curva en el cual se encuentra cada país, fundamentalmente visto desde el lado de la demanda⬝, indicó el informe realizado por María Belén Collati y María Julia Aiassa, de la consultora Big River.

Las analistas destacaron que �Stomando el caso de China, donde el pico de la crisis al parecer ya ha sido superado, vemos que lentamente comienza a recuperar su nivel de actividad y por ende su demanda⬝.

En ese sentido, aseguraron que �SArgentina, tanto como Brasil y Uruguay, dada la fuerte penetración que han logrado establecer en este mercado, podrán beneficiarse de esta reactivación⬝.

�SEllo dependerá de cuán eficientes seamos en controlar la situación interna, preservando la actividad económica y asegurando la fluidez de la oferta⬝, indicó el informe del Rosgan.

Precisamente a fin del mes pasado, la Argentina inició la exportación de carne ovina con hueso congelado a China, con un embarque de 21,26 toneladas del Frigorífico Montecarlo, de la provincia de Santa Cruz.

�SLa calidad e inocuidad de los alimentos argentinos permiten seguir ampliando las exportaciones⬝, afirmó al respecto el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien destacó el trabajo realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que certificó, a través de su Centro Regional Patagonia Sur, el control de los requisitos sanitarios de toda la cadena de producción de carne ovina exigidos por China.

Asimismo, la semana pasada China aprobó las primeras siete empresas argentinas para exportar legumbres a ese destino, tras una gestión iniciada en 2013 para lograr la apertura de su mercado.

Así, la Administración General de Aduanas del gigante asiático (GACC) publicó un listado con siete empresas argentinas que �Sya se encuentran autorizadas a realizar exportaciones bajo el protocolo fitosanitario establecido entre los dos países⬝.

Se estima que China importará dos millones de toneladas hacia julio de este año, y se espera que en los próximos años la demanda se incremente entre 10% y 15%.