Con la llegada del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el Gobierno dejó de lado la idea de una reforma integral del Código Penal y optó por avanzar con cambios puntuales.

Entre las modificaciones en análisis, se destacan posibles reducciones de penas en casos de corrupción, un fuerte aumento del monto mínimo para considerar delito el lavado de dinero —que pasaría a 5.000 millones de pesos— y la eliminación o debilitamiento de apartados vinculados a delitos de lesa humanidad y ambientales.

La nueva estrategia apunta a evitar debates conflictivos y avanzar en medidas concretas, como el endurecimiento de penas para delitos comunes y la incorporación de nuevas figuras delictivas, como estafas piramidales, robos bajo modalidades recientes y delitos migratorios.También se busca dar mayor protagonismo a las víctimas dentro del proceso penal y reforzar sanciones en temas sensibles como explotación infantil, seguridad urbana y violencia.El enfoque, alineado con el presidente Javier Milei, prioriza avanzar con reformas posibles y de menor impacto político, dejando en pausa temas como aborto, femicidio y otros debates de alta controversia.

La junta militar que actualmente gobierna Burkina Faso ha presentado un proyecto de ley para reintroducir la pena de muerte en el país, focalizada en delitos como la alta traición, el terrorismo y el espionaje.El anuncio se realizó tras una reunión del Consejo de Ministros y constituye uno de los principales cambios jurídicos impulsados por el Gobierno de transición, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré.El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, indicó que la iniciativa forma parte de una reforma global del sistema judicial, con el objetivo de atender “profundas aspiraciones del pueblo” de Burkina Faso, de acuerdo con los canales oficiales del Ejecutivo.La propuesta plantea modificar el Código Penal actual, que desde 2018 excluía la pena capital entre sus sanciones.Sin embargo, la entrada en vigor dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa de Transición, que reemplazó a la Asamblea Nacional después del golpe de Estado de 2022. Según un informe de Human Rights Watch, la última ejecución en el país ocurrió en 1988.La abolición oficial de la pena de muerte en Burkina Faso se estableció en mayo de 2018, cuando la Asamblea Nacional, bajo el mandato del expresidente Roch Marc Christian Kaboré, decidió eliminar esta sanción máxima.Human Rights Watch destacó que aquel avance respondió a recomendaciones internacionales que impulsan la moratoria global sobre la pena capital.El nuevo proyecto de ley responde a un escenario de persistente inseguridad. Representantes del sistema judicial y miembros de la sociedad civil, consultados por medios locales, sostuvieron que el principal argumento para la restauración radica en el incremento de delitos vinculados al terrorismo.Desde 2016, las fuerzas armadas de Burkina Faso han enfrentado a grupos islamistas relacionados con Al Qaeda y el Estado Islámico en el Gran Sahara.Durante este periodo, la ONG Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) registró más de 26.000 muertes, con especial aumento tras la instauración del régimen militar en septiembre de 2022, etapa en la que hubo aproximadamente 15.500 víctimas fatales.La iniciativa de restablecer la pena capital se inscribe en un proceso de endurecimiento legislativo. En septiembre de este año, la Asamblea Legislativa de Transición aprobó de manera unánime una ley que castiga prácticas homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, en consonancia con medidas recientes adoptadas por otros países africanos. Actualmente, cerca de 30 países del continente mantienen la homosexualidad como delito.Desde la perspectiva de organizaciones de derechos humanos, la medida de la pena de muerte representa un retroceso en la protección de garantías fundamentales.Con este debate, Burkina Faso enfrenta una compleja encrucijada legal y política y se suma a otros países que han endurecido las penas en contextos de conflicto interno armado. (Con información de Europa Press)

En el marco de una nueva reunión de la Miaso, organizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia a través del Patronato de Liberados, se realizó un análisis de los avances logrados en las comisiones de trabajo, educación, salud y género, todas ellas enfocadas en el desarrollo de políticas públicas efectivas para prevenir el delito en la provincia.

Participaron del encuentro, representantes de ambas cámaras; Juzgado de ejecución; Instituto Becario; Ministerio de Salud; Ministerio de Planeamiento IAPV, Consejo General de Educación; Servicio Penitenciario; Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Ministerio Público de la Defensa y Dirección de Asistencia a la Víctima.

Durante la reunión, se destacó la importancia de abordar la problemática de manera integral, involucrando a múltiples actores sociales e instituciones. La Miaso, en línea con su misión, trabaja incansablemente para coordinar esfuerzos y evitar duplicaciones, optimizando así los recursos destinados a la prevención.

Con miras al 2025, se elaboró un plan de acción que contempla la profundización de las temáticas abordadas en las comisiones. En este sentido, se priorizarán acciones concretas para facilitar la inserción laboral de personas en conflicto con la ley, garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, promover la educación como herramienta de transformación social y abordar de manera integral la problemática de la violencia de género.

Al respecto, los representantes de los distintos sectores destacaron la relevancia de adoptar un enfoque multidisciplinario y coordinado para lograr resultados sostenibles en materia de prevención del delito.  

En este sentido la Miaso viene trabajando en fortalecer las políticas de prevención del delito desde una mirada coordinada e integral que evite la superposición de esfuerzos y recursos. 

El director general del Patronato de Liberados, José Morales; el subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia, Roberto Niez, y parte de los equipos técnicos de ambas áreas, trabajan en medidas a corto y largo plazo. Buscan fortalecer la articulación interinstitucional para el acompañamiento y supervisión de personas bajo la intervención del Patronato de Liberados, con el fin de promover su reinserción social y prevenir la reincidencia delictiva. En el marco de esta agenda interinstitucional, se acordó trabajar en conjunto el acompañamiento y asistencia a personas bajo la intervención del Patronato de Liberados, priorizar la asistencia alimentaria para cubrir necesidades urgentes y desarrollar un abordaje integral para las personas con mayor vulnerabilidad psicosocial.

"Esta reunión marca un hito en la colaboración entre el Patronato y la Municipalidad de Concordia. Estamos convencidos de que trabajando juntos podemos lograr mejores resultados en la reinserción social de las personas que han cometido delitos", explicó Morales, tras el encuentro realizado en la capital del Citrus. Entre las medidas programadas para el futuro se encuentra la elaboración de programas y talleres para la promoción de la reinserción social, el apoyo en la búsqueda de empleo y la formación laboral.

El operativo se desarrolló en las inmediaciones del hospital Delicia Concepción Masvernat que corresponde a la jurisdicción de la comisaría 4°, de acuerdo a lo que pudo registrar un cronista de Concordia Policiales presente en el lugar.

El procedimiento desplazó a un importante número de efectivos en las calles de la ciudad como también ha movilizado a varias secciones (Guardia Especial, Cuerpo y Guardia, Comando, Motorizada, Canina, sumándose los efectivos de distintas comisarías). Concordia Policiales.

Un oficial de la Policía Metropolitana de Londres (Met), conocida como Scotland Yard, admitió ante un tribunal londinense haber cometido 49 delitos sexuales y violaciones contra 12 mujeres durante al menos dos décadas.

Carrick, quien conoció a algunas víctimas a través de sitios de citas en línea o en eventos sociales, fue suspendido de sus funciones cuando fue arrestado en octubre de 2021.

Sus delitos abarcaron de 2003 a 2020 y la mayoría tuvo lugar en el condado de Hertfordshire, donde vivía.

Admitió haber violado a nueve mujeres, algunas en múltiples ocasiones durante meses o años, y muchos de esos ataques involucraron violencia que las habría dejado con lesiones físicas.

El oficial de la policía de Londres compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark para declararse culpable de cuatro cargos de violación, privación ilegal de libertad y abusos sexuales, relacionados con una mujer de 40 años en 2003.

En diciembre, Carrick, que había servido en el Ejército antes de incorporarse a la Met en 2001, admitió 43 cargos contra otras 11 mujeres, incluidos 20 cargos de violación, entre marzo de 2004 y septiembre de 2020.

La subcomisaria adjunta Barbara Gray, de la Met, se disculpó por no haber actuado antes ya que Carrick había sido objeto de nueve incidentes, entre ellos acusaciones de violación.

�SDeberíamos haber detectado su patrón de comportamiento abusivo y, como no lo hicimos, perdimos oportunidades para sacarlo de la organización⬝, afirmó Gray.

�SLamentamos sinceramente que el poder continuar usando su papel como oficial de policía pueda haber prolongado el sufrimiento de sus víctimas⬝, dijo la subcomisaria, en declaraciones a la emisora pública británica BBC.

Por su parte, Jaswant Narwal, fiscal jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona Thames and Chiltern, agregó que Carrick tenía un papel en el que se le confiaba la responsabilidad de proteger a las personas, pero durante 17 años, en su vida personal, hizo exactamente lo contrario.

�SEstamos hablando de un hombre que degradó, humilló y asaltó sexualmente y violó a mujeres sin descanso. A medida que pasaba el tiempo, la gravedad de sus crímenes aumentó, creyendo que no sería descubierto⬝.

Según Narwal, el agente conoció a algunas de sus víctimas a través de sitios como Tinder y Badoo o en eventos sociales, y usó su papel de policía para ganar su confianza.

Mientras que el inspector Iain Moor, de la Unidad de Delitos Graves de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, dijo que el �Sgran número de delitos⬝ mostraba la naturaleza prolífica e insensible de Carrick y agregó que espera que se presenten aún más víctimas.

�SSi bien no era un hombre que acechaba las calles en busca de víctimas, invertía tiempo en desarrollar relaciones con las mujeres para mantener su apetito de dominación y control y debilitaba a sus víctimas de la manera más destructiva⬝, dijo Moor a la prensa fuera del Tribunal.

En tanto, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó que estaba �Sabsolutamente asqueado y consternado⬝ por los crímenes de Carrick.

Dijo que �Sse deben responder preguntas serias sobre cómo pudo abusar de su posición como oficial de esta manera horrenda⬝.

Mediante dichos avisos se comunica que, �Scomo no fue posible realizar la lectura del medidor se debe llamar a un número telefónico (que consta en el folleto) autorizando el ingreso a las viviendas⬝.

En tal sentido la CEC comunica que está atenta a estas maniobras, a la vez informa que esta forma de accionar no se corresponde con la modalidad de gestión de la Institución.

Nuestros operarios no ingresan a los domicilios. La responsabilidad de la distribuidora es hasta el medidor.

Ante cualquier duda o inquietud no dude en comunicarse con la Cooperativa Eléctrica: 4228313. 

Alberto Fernández se reunió con la nueva interventora del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós de Rebori.

La nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, advirtió que en la postpandemia habrá �Sun pico de delitos contra la propiedad⬝, a raíz de la crisis económica provocada por la cuarentena. �SHablábamos con la ministra (de Seguridad, Sabina Frederic). El día que salgamos de la cuarentena, con la crisis económica que vamos a estamos padeciendo y en el mundo entero, vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad⬝, sentenció la funcionaria del Ministerio de Justicia que fue designada al frente de las cárceles federales por el presidente Alberto Fernández. Además, Garrigós de Rébori reconoció que �Sbajó muchísimo⬝ la población penitenciaria durante la pandemia como consecuencia de los arrestos domiciliarios que fueron otorgados y consideró que la decisión de la Justicia �Sdesinfló un poco la olla a presión⬝.

  Por otro lado, la funcionaria anticipó que su objetivo será �Straer el servicio penitenciario al Siglo XXI⬝ y aseguró que �Slas cárceles no son para castigo⬝.

Al ser consultada sobre la situación del sistema penitenciario federal en la pandemia, la funcionaria designada precisó que �Spor el momento no hay un brote dentro de las unidades⬝ y negó que se haya producido una �Sliberación masiva de presos⬝. �SNo pasó, no hubo bandas de delincuentes corriendo por las calles⬝, agregó Garrigós de Rébori. �SLa gente le tiene miedo a los presos, dejan de ver que son personas. Los presos son parte de nosotros mismos, cualquiera podría estar en esa situación⬝, completó.