El acto marca un hito en la región, ya que se convierte en el tercer país de América Latina que permite el acceso a la muerte médicamente asistida, después de Colombia y Ecuador.El texto legal fue aprobado en octubre de 2025 por la Cámara de Senadores tras un extenso debate político y social. La nueva legislación otorga a mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, el derecho a solicitar la eutanasia si sufren una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, con sufrimientos considerados insoportables y un deterioro grave y progresivo de la calidad de vida.El proceso exige que la persona solicite personalmente el procedimiento ante un médico y que lo haga por escrito en presencia del profesional, o mediante un tercero adulto si la condición física lo impide.La reglamentación, firmada por Orsi, establece la creación de una Comisión Honoraria de Revisión bajo la presidencia del Ministerio de Salud Pública.Polémica en Chile por contralmirante argentino que aseguró que parte del Estrecho de Magallanes les perteneceEsta comisión será responsable de supervisar los procedimientos y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos y protocolos estipulados por la ley.La comisión funcionará como un órgano de control independiente que revisará cada caso para asegurar la correcta aplicación de la normativa.En un mensaje difundido en sus redes sociales, Orsi afirmó: “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”.La ley establece que podrán acceder tanto los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, como los extranjeros con residencia habitual en el país. El procedimiento requiere una solicitud voluntaria presentada ante un médico, quien debe asegurarse de que el paciente esté psíquicamente apto para tomar la decisión.Además, el médico debe informar al paciente sobre las alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificar que la voluntad manifestada sea libre y firme.El proceso contempla una segunda consulta con otro profesional de la salud, quien también deberá evaluar la situación clínica y la determinación del paciente.Si ambos médicos coinciden en que se cumplen los requisitos, el solicitante tendrá una nueva entrevista con el primer médico para confirmar su voluntad de acceder a la eutanasia. En ese momento, la persona deberá dejar constancia escrita de su decisión ante dos testigos, quienes no podrán beneficiarse económicamente de la muerte del declarante y deberán declarar bajo juramento.El texto legislativo aprobado por el Senado con 20 votos favorables señala que el objetivo principal es “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que determinen”.

“Dispónese que durante el año 2026 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda ‘Año de la grandeza Argentina’”, indica el decreto e invita a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la iniciativa.

Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario repasó que a lo largo de 2025 se avanzó en la reconstrucción de los pilares de la Nación, asegurando “una mayor libertad para todos los argentinos”. En esa línea, destacaron las reformas estructurales que se llevaron a cabo, que estuvieron “orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica, la desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Y aseguró que “la crisis institucional, económica y social que los argentinos padecieron durante décadas”, las cuales obligaron a sostener un proceso de transformación estructural “que fortalezca el Estado de derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”. Esto, según explicaron, permitió “sentar bases para la estabilidad y el crecimiento” y proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo con el objetivo de colocar a la República Argentina “en la senda de la prosperidad nuevamente”.En ese sentido, remarcaron que la previsibilidad y la estabilidad son “condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, en beneficio del desarrollo económico y social del país”, lo que proyecta al país como protagonista “dentro de un escenario mundial relevante con importantes oportunidades y retos que harán posible la transformación económica y social que nuestro país merece”.

Frente a esto el Gobierno insistió en la necesidad de profundizar los cambios estructurales que demandan las instituciones de la República durante este nuevo año. Así, explicaron que “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

Y se comprometió a “realizar las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”.

Fue a través del decreto 745/2025 y amparándose en el artículo 353 del decreto 70/23, que dictó el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido, y que tuvo gran injerencia el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.Para concretarlo, la administración libertaria creó el Registro Único Virtual (RUV), “a fin de instrumentar de manera virtual las peticiones de inscripción de trámites referidos a bienes incluidos en el citado Régimen Jurídico del Automotor”.“En una primera etapa, bajo esa modalidad se tramitarían las inscripciones iniciales de vehículos CERO KILÓMETRO (0 Km) de fabricación nacional e importados que cumplieran determinados requisitos, los cuales fueron detallados en su artículo 1°”, dice el texto.La modalidad, resalta, “permite en la actualidad una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de éste y de otros organismos públicos”.“Esa circunstancia habilita que determinados controles que forman parte del proceso de calificación registral sean validados de manera automática por el sistema, mediante la interconexión con otras bases sistémicas oficiales a nivel nacional, asegurando la integridad, autenticidad y confiabilidad de la información, en consonancia con los principios de celeridad, economía, eficacia y control que rigen la actividad administrativa”, dice la publicación oficial. NA.

El presidente de Venezuela,  Nicolás Maduro, firmó el decreto por medio que declara el estado de conmoción externa en todo el territorio nacional, informó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.Maduro suscribió frente al Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación el “decreto de conmoción  externa”, informó Rodríguez durante un encuentro del Consejo  Nacional por la Soberanía y la Paz con el cuerpo diplomático acreditado en el país.Explicó que la Constitución de Venezuela contempla cuatro estados  de excepción, uno de ellos es de emergencia económica, otro es el de estado de alarma, de conmoción interna y conmoción externa.“El decreto de estado de conmoción exterior busca proteger la integridad territorial, la soberanía e independencia, los intereses vitales, estratégicos, de nuestra República”, ante cualquier violación o agresión, expresó.La vicepresidenta indicó que ante cualquier ataque externo “se activaría de manera inmediata este decreto de excepción de conmoción externa”, que le daría al presidente de Venezuela facultades para movilizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y garantizar los servicios.Dejó claro que la Carta Magna venezolana establece que no se permitirá a nadie dentro o fuera del territorio que promueva, apoye, facilite o que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela y sería juzgado con las leyes de la nación.Insistió en que el decreto es muy claro y se podrán activar todos los  planes económicos en aras de garantizar la vida nacional y el  Funcionamiento pleno de los Poderes Públicos.La reunión especial del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien precisó que el encuentro tuvo como objetivo la confluencia, el consenso y la unión nacional.Por otra parte, Maduro, destacó el respaldo expresado a Venezuela durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde diversos países y bloques regionales manifestaron preocupación por las maniobras militares estadounidenses en el mar Caribe y ratificaron su apoyo a la paz y la soberanía del país suramericano.En un mensaje televisado, el mandatario señaló que “corona con éxito toda la actividad de nuestra delegación en Nueva York” la solidaridad expresada por el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), además de otras grandes potencias emergentes.Maduro subrayó la posición de los primeros ministros del Caribe, quienes, en sus palabras, levantaron su voz en apoyo a Venezuela, “porque el Caribe quiere paz”. Añadió que este acompañamiento confirma la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la búsqueda de soluciones diplomáticas ante conflictos y tensiones regionales.El jefe de Estado indicó que el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó sorpresa ante lo que calificó como una “escalada inaudita” de hostilidades de Washington contra Caracas, acumuladas durante varias semanas.Asimismo, valoró que la sesión de alto nivel evidenció un escenario internacional marcado por el avance del mundo multipolar y el rechazo a la imposición de políticas hegemónicas. “Se está consolidando una nueva era, la era de un mundo multipolar que no acepta mandato de ningún país que se trate de imponer como potencia”, expresó.Maduro reiteró que Venezuela mantendrá su compromiso con la defensa de la paz regional y con el respeto al derecho internacional.Esta declaración ocurre mientras permanecen, en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, ocho buques militares equipados con más de mil misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear, bajo el argumento de operaciones antidrogas.Caracas rechaza esa versión y advierte que el verdadero propósito es forzar un cambio de Gobierno en Venezuela, de acuerdo con informaciones de la agencia de noticias Xinhua. NA.

El Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto 614/2025, que establece nuevas reglas para los feriados trasladables en Argentina, generando un impacto directo en el calendario de 2026 y abriendo la puerta a más fines de semana largos. La medida, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, busca “honrar la condición de feriados trasladables” y ya está en vigencia.La principal modificación es que los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, algo que la Ley 27.399 no contemplaba explícitamente. Según supo Noticias Argentinas, la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación, con la facultad de decidir el traslado de cada feriado alcanzado por la medida.Feriados inamovibles y trasladables de 2026:El calendario de 2026 ya empieza a tomar forma con estas nuevas disposiciones, que buscan fomentar el turismo y ofrecer más días de descanso.

Jueves 1 de enero: Año NuevoLunes 16 de febrero: CarnavalMartes 17 de febrero: CarnavalMartes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la JusticiaJueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de MalvinasViernes 3 de abril: Viernes SantoViernes 1 de mayo: Día del TrabajadorLunes 25 de mayo: Día de la Revolución de MayoSábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel BelgranoJueves 9 de julio: Día de la IndependenciaMartes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de MaríaViernes 25 de diciembre: NavidadFeriados Trasladables 2026 (con confirmación de traslado o posibilidad según el decreto):Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo)

Gracias a los feriados trasladables, ya se perfilan varios fines de semana largos para agendar:Del sábado 14 al martes 17 de febrero: CarnavalDel jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa + Día de MalvinasDel viernes 20 al domingo 22 de noviembre: Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.Aún queda por definir si se establecerán feriados “puente” adicionales, que se suelen fijar por decreto presidencial para fomentar el turismo. Se esperan novedades al respecto en los próximos meses.

El presidente Javier Milei firmó el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, que establece una reducción permanente de las retenciones. La medida, que afecta a productos como soja, girasol, cebada, trigo, maíz, sorgo y carnes, busca fortalecer la competitividad del sector y alinear la política comercial con los principios de apertura y libertad económica. El decreto también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.Durante la apertura oficial de la Exposición Rural en Palermo, Javier Milei anunció una reducción en las alícuotas de derechos de exportación para seis categorías de productos agroindustriales. De ese modo, se busca avanzar en la eliminación total de las retenciones y “en la medida en que lo permita el superávit fiscal”, remarca ahora el decreto que oficializa la medida.El decreto impacta directamente en productores, elaboradores y exportadores de las cadenas de valor agroindustriales, quienes verán reducida la carga impositiva sobre sus exportaciones.El texto oficial señala que la medida responde a la necesidad de “dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país”.Por tal motivo, “las retenciones a la carne aviaria y vacuna bajarán del 6,75% al 5%”, tal como lo anunció el mandatario días atrás. En el caso de las retenciones al maíz, trigo y sorgo bajarán del 12% al 9,5%; las del girasol del 7,5% al 5,5%; y las retenciones a la soja bajarán del 33% al 26%; mientras que los subproductos de la soja pasarán de tributar 31% a 24,5%.El decreto se apoya en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 755 del Código Aduanero, que permite modificar los derechos de exportación para promover, proteger o conservar actividades nacionales productivas.El Gobierno argumenta que la reducción de estos tributos es posible gracias a los resultados económicos obtenidos durante 2024 y el primer semestre de 2025, periodo en el que las exportaciones agroindustriales experimentaron un crecimiento significativo.Según datos oficiales, “durante el año 2024 los volúmenes exportados de productos agroindustriales se incrementaron en un cincuenta y seis por ciento (56%) y los valores en un veintiséis por ciento (26%), y al mes de junio de 2025 el volumen exportado del trigo se incrementó en un veintinueve por ciento (29%), el del girasol en un veintiséis por ciento (26%) y el del maíz y el aceite de soja, en un cuatro por ciento (4%)”.El Gobierno argumenta que la reducción de estos tributos es posible gracias a los resultados económicos obtenidos durante 2024 y el primer semestre de 2025 (Jaime Olivos)Esta nueva medida deroga el Decreto 439/2025 y mantiene vigentes los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 697/2024, que ya habían reducido los derechos de exportación para ciertas mercaderías agroindustriales y fijado una alícuota cero para economías regionales, productos lácteos y porcinos.El nuevo texto amplía y consolida estas reducciones, estableciendo que “a las mercaderías detalladas en el Anexo del presente decreto -entre las que se encuentran las cadenas de granos correspondientes a soja, girasol, cebada, trigo, maíz, sorgo y de las carnes- se les reduzca la alícuota del derecho de exportación conforme a lo que allí se prevé”.De acuerdo a lo planteado en el decreto, el objetivo de la reducción de retenciones consiste en “optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica” y para “fortalecer la estabilidad macroeconómica y potenciar el desarrollo del sector productivo en cada región del país, brindando certezas a los productores, elaboradores y exportadores de las distintas cadenas de valor”.Entre los fundamentos, el decreto destaca que el sector agroindustrial genera exportaciones por cerca de 48.000 millones de dólares anuales, de los cuales el 75 % corresponde a las cadenas de granos y carnes.Frente a dicho contexto, el Gobierno sostuvo en el decreto que es necesario “continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”.La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que la producción agrícola argentina alcanzará 172,3 millones de toneladas en 2035, lo que representa un aumento del 8% respecto a las proyecciones previas.De acuerdo con la BCR, la virtual eliminación de la brecha cambiaria y la disminución de las alícuotas permitirán que los productores accedan al “dólar cash” por sus exportaciones, situando el ingreso en “niveles cercanos a máximos desde 2012, equiparables al período 2016-2018”.El “dólar cash” corresponde al valor que recibe el productor sobre el precio FOB (Free On Board), es decir, el monto por la mercadería lista para exportar en el puerto de origen.La entidad proyectó que este crecimiento generará una inyección adicional de USD 28.800 millones en el acumulado de los próximos diez años.Además, anticipó que el volumen de exportaciones de granos y subproductos para la campaña 2034/35 se incrementará en 10%, pasando de 105,6 millones de toneladas a 115,7 millones de toneladas, lo que implica 10,1 millones de toneladas más respecto al escenario base.Se proyecta un aumento del 10% en el volumen exportado de granos y subproductos para la campaña 2034/35 (Reuters)Según la BCR, el impacto de estas medidas se extenderá más allá de la producción primaria, ya que impulsará la demanda de fletes, insumos, servicios financieros y de intermediación, almacenaje, acondicionamiento y actividades vinculadas al complejo agroindustrial y a los servicios asociados a la exportación.

La Asociación Argentina de Carreteras (AAC) expresó su preocupación por los efectos que podría tener el Decreto 461/2025 en la gestión y planificación de la infraestructura vial del país. La norma establece la disolución de organismos históricos vinculados al transporte terrestre, entre ellos Vialidad Nacional, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de la red que sostiene gran parte de la actividad logística y productiva nacional.“No queda claro cómo se dividirán las funciones que hoy cumple Vialidad Nacional ni cómo se vincularán las nuevas estructuras administrativas para garantizar la eficiencia que la red vial necesita”, advirtió la AAC en su comunicado.Fundada en 1932, Vialidad Nacional fue clave en el desarrollo de los más de 230.000 km de rutas pavimentadas y caminos que hoy conectan a la Argentina. La Asociación Argentina de Carreteras, con más de 70 años de trayectoria técnica en el sector, señaló que esta reorganización institucional podría impactar negativamente si no se implementa con criterios adecuados.La red vial argentina no solo permite el traslado de personas, sino que constituye la principal infraestructura para el transporte de mercancías y productos. En un país con una matriz de transporte fuertemente dependiente del modo carretero, cualquier alteración en su planificación y mantenimiento tiene consecuencias directas en los costos logísticos, la seguridad vial y la integración territorial.Según la AAC, la red representa un activo estimado en más de 100.000 millones de dólares. Su conservación requiere políticas de largo plazo, continuidad en los proyectos en ejecución y estándares técnicos consolidados en diseño, construcción y mantenimiento.Además, destacan la necesidad de preservar el conocimiento técnico acumulado por décadas en los equipos profesionales que históricamente formaron parte de Vialidad Nacional. “En todos los países del mundo existen organismos especializados en vialidad, con funciones estratégicas en la planificación y supervisión de las redes viales”, señalaron, subrayando que desmantelar esas estructuras sin una transición adecuada puede resultar contraproducente.En este contexto, la AAC propone abrir un espacio de diálogo técnico con participación de todos los actores del ecosistema vial: organismos públicos, empresas, universidades, profesionales y asociaciones del sector. El objetivo es contribuir a una transición institucional que preserve lo construido, mejore la eficiencia operativa y tenga sustento técnico.“La construcción de consensos especializados resulta clave para orientar la planificación futura de la red vial y garantizar un enfoque federal y sostenible”, afirman desde la entidad.La propuesta apunta no solo a evitar retrocesos en la infraestructura vial existente, sino también a generar una hoja de ruta para el desarrollo futuro del sistema de transporte terrestre del país.La Asociación Argentina de Carreteras reafirmó su compromiso institucional con el desarrollo de un sistema vial seguro, eficiente, sostenible y federal. También expresó su disposición para colaborar técnicamente con las autoridades en esta nueva etapa de reorganización.En línea con su Estatuto, la entidad continuará promoviendo el intercambio de conocimientos, la formación de recursos humanos y la difusión de buenas prácticas en infraestructura y transporte. Además, reiteraron su intención de defender el interés público en materia vial y contribuir desde la cooperación técnica al desarrollo de políticas sostenibles.“Una red vial eficiente y planificada es clave para mejorar la competitividad del país, reducir brechas regionales y fortalecer la seguridad ciudadana. Su transformación debe hacerse con participación técnica y visión estratégica”, concluyeron. NA.

Ricardo Carpena - El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal suspendió provisoriamente los artículos 2 y 3 del decreto 340 que disponían la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades.En el fallo, firmado por la jueza Moira Fullana, se declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa y hace lugar a la medida cautelar pedida por la CGT, que consideró que el decreto firmado por Javier Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Conveniom 87 de la OIT y nuestra Constitución”.En los considerandos de la sentencia, conocida este mediodía, la jueza laboral destaca que el decreto 340 fue “dictado en expreso uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional en el inciso 3 citado (de la Carta Magna)”, pero recuerda que “en nuestro ordenamiento constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa” y destaca que, por ello, “la admisión de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales”.“Estas circunstancias excepcionales a las que refiere la norma -agrega el fallo- presuponen que el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes. Es así que, para el ejercicio de esa facultad de excepción, además de restringir determinadas materias y disponer la debida consideración por parte del Poder Legislativo, exige que exista un estado de necesidad y urgencia”.La magistrada pone en duda, “en forma preliminar y sin que se pueda alcanzar un grado de certeza en el marco de la cautela solicitada, si se encuentran reunidas las circunstancias reales y emergencia suficientes para verosímilmente justificar el ejercicio de las facultades excepcionales que se conceden al Poder Ejecutivo Nacional en casos de necesidad y urgencia”.En ese sentido, resalta que “el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo”.El fallo menciona, además, jurisprudencia de la Corte Suprema acerca de las condiciones que habilitan un decreto de necesidad y urgencia.Por eso, la jueza Fullana consideró que “corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender preventivamente los efectos de los arts. 2° y 3° del D.N.U. 340/25 en relación con la CGT y los trabajadores representados por esa entidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.El 21 de mayo pasado, el Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.La norma, que lleva el número 340, está firmada por Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.El decreto 340, en realidad, está vinculado con el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y su artículo 2 declara como “servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.Sin embargo, en su artículo 3 modifica la Ley de Reforma Laboral N° 25.877 y allí establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.En el caso de los servicios esenciales, afirma el decreto, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.A continuación se consideran como servicios esenciales las siguientes actividades:a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; yg. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;c. Los servicios de radio y televisión;d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; yh. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación. Infobae.

El secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), Andrés Rodríguez (UPCN), afirmó que la central sindical “va a recurrir a la Justicia” para impugnar la decisión del Gobierno nacional de limitar por decreto “el derecho de huelga” en actividades que desde ahora son consideradas “esenciales”.Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sostuvo que el decreto 340/2025 publicado en el Boletín Oficial “es una limitación total al Derecho de Huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales”, y aseveró que “es revivir el DNU 70/23” que está paralizado por una cautelar judicial.“Nosotros vamos a volver a recurrir a la Justicia, estamos preparando la impugnación para presentar”, adelantó el dirigente del gremio estatal, y señaló que “el Derecho de Huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora. Es un elemento constitucional y hace a las normas institucionales”, enfatizó.En declaraciones a Radio Rivadavia, el gremialista aseguró que desde el Gobierno “están intentando generar un clima adverso y que confunde”, y destacó que “el Derecho de Huelga no se puede vulnerar porque sí, y es lo que está pasando ahora”.Aseguró que desde la CGT se viene reclamando “la necesidad de una mesa de diálogo y no pasa”, porque “nadie nos convocó a dialogar”, y recordó que la central obrera acaba de “terminar un plan de lucha por la pérdida de nivel de ingreso donde se obliga a aumentar salarios por debajo de la inflación, y que culminó con un paro nacional”.Rodríguez anticipó que ante la publicación de un nuevo decreto “vamos a repetir la acción en la Justicia como con el Decreto 70/23” que fue impugnado por la CGT y obtuvo una medida judicial favorable que paralizó los ítems de esa medida que afectaban las relaciones laborales.El DNU 340/2025 publicado por el Poder Ejecutivo, limitó el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales que a partir de ahora deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto sindical.La norma incluye en este segmento a los servicios sanitarios y hospitalarios; transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.De igual modo quedaron incluidos en el decreto la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros. NA.

Según indicó el sitio Fox News, el mandatario anunció que su país “dejará de subsidiar la atención médica de extranjeros, como hacíamos antes”.“Estamos subsidiando la atención médica de otros países, de países donde pagaron una pequeña fracción por el mismo medicamento que nosotros pagamos muchísimo más, y ya no toleraremos la especulación ni la manipulación de precios de las grandes farmacéuticas”, sostuvo Trump, de 78 años.En este sentido, el republicano explicó que “cualquiera que sea el precio más bajo pagado por un medicamento en otros países desarrollados, ese será el precio que pagarán los estadounidenses”.Con esta medida, “algunos medicamentos con recetas y productos farmacéuticos se reducirán casi de inmediato entre un 50, un 80 o 90%”.Sin embargo, el presidente estadounidense manifestó que siente “un gran respeto” hacia este sector de la economía y “sus jefes” dado que “realizaron uno de los mejores trabajos de la historia para su empresa” y “convencieron a la gente durante muchos años de que este sistema era justo”.Por su parte, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que indica que el decreto “ordena al representante comercial de Estados Unidos y al secretario de Comercio tomar medidas para garantizar qué países extranjeros no participen en prácticas que, deliberada e injustamente, socaven los precios del mercado e impulsen aumentos de precios” del país norteamericano.“La Orden instruye a la Administración a comunicar los precios objetivo a los fabricantes farmacéuticos para establecer que Estados Unidos, el mayor comprador y financiador de medicamentos recetados del mundo, obtenga el mejor trato”, añade el texto. NA.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el decreto que adjudica más de 180 mil hectáreas de tierras ubicadas en el estado venezolano de Bolívar (sureste), al Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, para aumentar notablemente la producción de alimentos.La adjudicación de la importante extensión de tierras ocurre en el marco del proyecto agroproductivo “Patria Grande del Sur”, anunciado ayer por Maduro y orientado a fortalecer la producción agroecológica y la soberanía alimentaria en la región.El Presidente destacó que se trata de uno de los mayores proyectos cooperativos y productivos dirigidos por movimientos campesinos en Sudamérica.“Buscamos producir alimentos orgánicos a gran escala para nuestro pueblo, para el norte de Brasil y para exportar al mundo”, expresó.El plan contempla el cultivo de caraotas, maíz, yuca, plátano, ñame, sorgo, hortalizas y frutas, además de la cría de gallinas ponedoras, ganado porcino y vacuno.Se prevé también la producción de leche, queso y carne, bajo prácticas de agricultura regenerativa y sostenible, agrega el informe de la agencia de noticias Xinhua.Roxana Fernández, representante del MST, reafirmó el compromiso de convertir esta iniciativa en “un modelo de producción, agroecología y formación política y técnica”, en respaldo a Venezuela.“Creemos en el poder popular y en la construcción de soberanía alimentaria”, afirmó.El ministro de Comunas venezolano, Ángel Prado, indicó que las tierras “ya no son de grandes consorcios, sino del pueblo campesino de Venezuela y Sudamérica”.Por su parte, el ministro de Pesca y Acuicultura Juan Carlos Loyo afirmó que se trata de un proyecto ecológico sostenible “en manos de una organización popular”, destacando su potencial como banco de semillas y modelo de producción diversificada.Maduro exhortó a convertir este espacio en “una gran vitrina y escuela de formación”, promoviendo nuevos valores y paradigmas productivos.“Sigan sembrando la tierra, construyendo el socialismo agrario y la soberanía alimentaria”, concluyó.

Mediante el Decreto Nº 3678, el gobernador Rogelio Frigerio, junto a los ministros Manuel Troncoso y Verónica Berisso, dispuso la reubicación de la Secretaría de Deportes bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, liderada por Mauricio Colello. Esta área, dirigida por Sebastián Uranga, previamente dependía del Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Berisso.El decreto señala que esta reorganización responde a la necesidad de optimizar y coordinar competencias, siguiendo el precedente de septiembre, cuando el área de Cultura, a cargo de Julián Stoppello, pasó al Ministerio de Gobierno y Trabajo de Troncoso.Berisso, ex intendente de Gualeguay y dirigente del PRO, mantiene bajo su control áreas clave como la Secretaría de Políticas de Cuidado, la de Gestión Social, y la de Articulación de Política Social, además de políticas relacionadas con adultos mayores, mujeres, juventud y niñez.

Mientras tanto, Troncoso y Colello consolidan su influencia en el gabinete. Colello, además de sumar la Secretaría de Deportes, también gestiona la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos y la administración de bienes de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, según un proyecto de ley con media sanción.

Este decreto no es más que una cortina de humo que oculta la verdadera intención del Gobierno: limitar el escrutinio público y acallar a la prensa, a las organizaciones civiles y a los ciudadanos que demandan transparencia en la gestión de los asuntos del Estado. Milei, quien llegó al poder prometiendo un cambio y mayor libertad, ahora demuestra que su concepción de “libertad” es unilateral y autoritaria, reservada solo para él y su círculo de poder.La decisión de clasificar como “privados” hechos que ocurren en la Quinta de Olivos, como reuniones o visitas íntimas, es particularmente alarmante. En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho de saber quiénes influyen en las decisiones de gobierno, y esta opacidad no hace más que sembrar sospechas y desconfiar de la administración. Lo que Milei pretende ocultar con estas reuniones y qué decisiones se toman en la sombra es una pregunta que, a partir de este decreto, probablemente quedará sin respuesta.El decreto también limita el acceso a los “papeles de trabajo” y “deliberaciones preparatorias”, lo cual significa que las discusiones internas que preceden a las decisiones de gobierno, y que son cruciales para entender el proceso de toma de decisiones, serán vedadas al público. Esta medida no solo socava la transparencia, sino que también destruye cualquier posibilidad de fiscalización sobre cómo se están manejando los asuntos públicos.

Más preocupante aún es la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo se arroga el derecho de decidir qué información es de interés público y cuál no. Esta autodefinición caprichosa pone en manos del gobierno la capacidad de ocultar información bajo la excusa de que no tiene “valor comercial” o debe mantenerse secreta por razones que solo ellos consideran razonables.El blindaje de 10 años sobre información confidencial es otro golpe a la transparencia. Esta medida, que aparentemente busca proteger secretos de Estado, en realidad ofrece una pantalla para que la administración actual evite rendir cuentas sobre decisiones que podrían tener consecuencias a largo plazo, dejando a futuras generaciones en la oscuridad sobre los manejos y decisiones del presente.En resumen, este decreto es una afrenta a la democracia y un retroceso hacia una administración opaca y autoritaria. Lejos de promover la transparencia y la participación ciudadana, Milei está construyendo un muro de secretismo que pone en peligro el derecho de todos los argentinos a estar informados sobre las acciones de su gobierno. Esta no es la libertad que se nos prometió; es una burla a los principios democráticos en los que se basa nuestra nación.

El Gobierno nacional prorrogó hasta septiembre de este año el decreto que prohíbe las contrataciones en el Estado Nacional y habilita la reorganización de las diferentes áreas.A través del Decreto 551/2024 publicado en el Boletín Oficial prorrogó el Decreto 426 que había sido publicado el 22 de julio de 2022.El artículo 1 de esa norma decreta: “Las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.La prohibición comprende a Plantas Transitorias, a las contrataciones  por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial de trabajo eventual y de servicios profesionales.También quedan prohibidas “las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente”.Al prorrogarse el Decreto 426 quedan exceptuados de esta normal las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las Universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud. También están exceptuadas la contrataciones en el Servicio Penitenciario Federal y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido su personal civil.En otros de los artículos se ordena instruir a los representantes del Estado que integran órganos de decisión de las empresas, sociedades y organizaciones empresariales donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional,  a adoptar medidas similares. NA. 

El decreto de Alberto Fernández que reguló cómo debe ser la custodia de los expresidentes continúa generando polémica. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que la medida no será derogada pese a que ella había puesto lo contrario en un posteo de Twitter que luego fue borrado.

"El decreto es una formalidad de estructuras, no habla de Fernández, todo Presidente tiene que tener custodia del Estado y acá hubo una confusión entre lo que salió y lo que verdaderamente se publicó", aseguró Bullrich en diálogo con radio Mitre.

En una primera instancia, la oposición denunció que un decreto dictado por Alberto Fernández en uno de sus últimos actos de gestión como Presidente buscaba garantizarle custodia de la Policía Federal durante su estadía en España. El entonces gobierno de Unión por la Patria aclaró que en realidad lo que se había buscado era sacar de la órbita de Bullrich -que ya había sido anunciada como ministra de Seguridad- para pasarla a la Casa Militar. Bullrich anunció que iba a derogar esa medida, pero luego dio marcha atrás. Hoy confirmó que el decreto de Fernández continuará vigente, aunque aclaró que en caso de que decida irse a vivir a España buscarán algún tipo de convenio con la policía local para abaratar costos. "Si vos te vas a vivir toda la vida al extranjero, tenemos que buscar algunas opciones", precisó. Por lo pronto, Fernández anunció que por ahora no viajará a Europa.

Infobae reveló ayer la trama secreta detrás de la discusión por la custodia. Fuentes del anterior gobierno explicaron que el motivo de la medida no era económico, sino político, y que el meollo de la cuestión estaba en las competencias de cada área. Según deslizaron, Cristina Kirchner no quería bajo ningún punto de vista que Bullrich, a quien acusó, literalmente, de conspirar para asesinarla, tuviera la responsabilidad de su seguridad.

Según esa versión, la ex Vicepresidenta le pidió a Alberto Fernández que se ocupara -antes de abandonar el poder- de traspasar esa sensible tarea a la Casa Militar, que comanda el coronel mayor Alejandro Guglielmi desde la gestión de Mauricio Macri y continúa al mando. Según pudo saber Infobae, la Casa Militar no estuvo de acuerdo con este cambio, porque consideraba que el sistema funcionaba sin problemas en manos del Ministerio de Seguridad. En el entorno de la ex Vicepresidenta no hicieron comentarios al respecto. "Son temas de seguridad", dijeron.

En el entorno de Alberto Fernández aseguraron que Milei había estado de acuerdo, antes de asumir, con mantener el cambio. Para respaldar esta afirmación, señalaron hechos de público conocimiento que se vieron el domingo durante la asunción presidencial en el Congreso: la buena predisposición de Cristina Kirchner hacia el líder libertario durante la ceremonia, y el brevísimo y llamativo comentario que le hizo el flamante jefe de Estado en ese momento: "Quedate tranquila".

Al ser consultada sobre la situación de Cristina Kirchner, Bullrich aseguró: "Ella tiene hace muchísimos años al mismo jefe de custodia y si quiere a ese mismo jefe de custodia lo tendrá, pero hay normas de la Policía y si se necesita una excepción se verá. Si ella le tiene confianza sólo a esa persona, se analizará. Nadie va a ir en contra de nadie. Lo único que se hace es tratar de tener una razonabilidad entre los medios usados y los gastos que el Estado puede erogar en una situación de crisis absoluta donde la política tiene que dar el primer ejemplo", agregó. El jefe de custodia de Cristina Kirchner al que alude Bullrich es Diego Carbone.

Dispone la restricción de la actividad comercial en la franja horaria de 20 a 06 hs, a excepción de los rubros alcanzados en actividad esencial, supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, higiene personal y limpieza, farmacias, veterinarias, provisión de garrafas, personal afectado a servicios funerarios, expendio de combustible, quienes podrán funcionar en el horario comprendido entre las 06 y las 22 hs, en el marco de lo dispuesto por Decreto Provincial y DNU.

Las medidas tendrán vigencia desde el día viernes 24 de abril, hasta el 03 de mayo de 2021 inclusive o hasta el plazo que las mismas sean prorrogadas por Decreto Provincial.

En los locales gastronómicos, las medidas contemplan el 50% máximo de ocupación en las superficies cerradas y permitiendo el ingreso de personas hasta las 23 hs y la actividad propia hasta las 24hs.

En caso de incumplimiento a cualquier medida sanitaria dispuesta en el Decreto, o en los Decretos Nacionales y Provinciales, se podrá, a través del poder ejecutivo Municipal, disponer de multas y hasta la clausura de los establecimientos privados, pudiendo solicitar la colaboración de la Policía de Entre Ríos para el control y cumplimento.

 Además de la prohibición de eventos deportivos profesionales y amateurs, establece el cierre de comercios a las 20, y restringir la permanencia en espacios públicos de 20 a 6, en su artículo 10° el Decreto 808/2021 determina �Sque en ningún caso podrá ser alterado por las autoridades municipales o comunales, salvo el ejercicio de la facultad para disponer medidas sanitarias más restrictivas⬝.

De esta forma se determina la obligatoriedad de su cumplimiento y validez para todas las ciudades del territorio entrerriano, sin distinción de condición sanitaria y pudiendo los Intendentes de cada localidad sólo aumentar las restricciones pero no flexibilizarlas de ninguna forma.

Limitan reuniones sociales y prohíben los torneos deportivos, entre las nuevas medidas anti covid-19

El gobernador Gustavo Bordet dio a conocer las nuevas medidas que adoptará la provincia ante la situación epidemiológica. En un mensaje grabado, el mandatario hizo alusión a las nuevas cepas y alza en los contagios que alcanza a Entre Ríos, tras lo cual reiteró el pedido para tomar los cuidados correspondientes

.⬨⬨La provincia implementará nuevas medidas de cuidado para reducir la circulación del virus. Serán desde la hora cero de este sábado y hasta el 3 de mayo inclusive.

El objetivo es reducir la propagación del virus, descomprimir el sistema de salud, ratificar la presencialidad en las escuelas y sostener la actividad económica.⬨⬨�SDebemos preservar la salud pública adoptando medidas proporcionales a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada y temporaria⬝, se indicó como mensaje desde el gobierno entrerriano.⬨⬨En ese marco, desde el Comité de Organización de Emergencia en Salud (Coes) elevó al Poder Ejecutivo un informe que da cuenta del incremento de la transmisión de covid-19. Resaltan el impacto en los adultos jóvenes a partir de las nuevas variantes de Manaos y del Reino Unido, caracterizadas por su mayor transmisibilidad y riesgo.⬨⬨El documento resalta el impacto de la segunda ola en el sistema sanitario, con un aumento exponencial de ocupación de camas de terapia intensiva. Esto ha llevado al sistema sanitario a tener que diferir las intervenciones por patologías distintas a covid-19.⬨

Si bien desde que comenzó la pandemia el gobierno de la provincia duplicó la capacidad del sistema sanitario tanto en materia de recursos como de servicios, amplió los sectores de internación general y reforzó las guardias, la disponibilidad de recursos humanos se presenta hoy como un factor limitante para seguir ampliándose.⬨⬨Además, el documento del comité de especialistas remarca que la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a las autoridades gubernamentales a adoptar todas las medidas necesarias para reducir la propagación de la covid-19, a prevenir la infección especialmente en personas vulnerables con enfermedades graves y a evitar la saturación de sus sistemas de salud.⬨⬨

En base a la evidencia surgida del análisis de la situación epidemiológica de la provincia, las autoridades del Coes concluyen en la necesidad de adoptar medidas tendientes a disminuir la circulación de personas particularmente en el horario nocturno.⬨ ⬨En aquellas localidades definidas como de alto riesgo epidemiológico y sanitario habrá disposiciones locales y focalizadas de contención que se llevarán adelante junto a las autoridades municipales que podrán definir ampliar los alcances de las medidas dispuestas por la normativa provincial.⬨⬨ Nuevas Medidas⬨⬨

1) Se sostienen las clases presenciales con el riguroso cumplimento de los protocolos vigentes.⬨

⬨2) Continúa la restricción de circulación de 0 a 6 todos los días.⬨⬨

3) Se prohíbe la permanencia de personas en plazas, espacios y paseos públicos entre las 20 y las 6 todos los días de la semana.⬨⬨

4) Se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares y continúan habilitadas las familiares hasta 10 personas.⬨⬨

5) Se podrán realizar actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre hasta las 20 personas en el horario comprendido entre las 6 y las 20.⬨⬨

6) Se suspenden eventos y espectáculos musicales, culturales que impliquen concurrencia de público, salones para fiestas y salas de entretenimiento.

7) Los locales gastronómicos continuarán funcionando con el aforo del 50 % hasta la hora 0 y el ingreso de personas se permitirá hasta las 23. En estos espacios no estarán permitidas las actividades complementarias en forma presencial de artistas y grupos musicales.⬨

8) Las actividades en espacios cerrados de clubes, gimnasios, cines e iglesias funcionarán con un aforo del 50 % y un máximo de asistencia de 50 personas.⬨⬨

9) Se prohíben las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional y amateur no habilitadas expresamente por autoridades nacionales.⬨⬨

10) Se insta a la Secretaría de Transporte de la Provincia a articular con autoridades municipales/comunales y con la Policía de Entre Ríos, el trabajo de control y fiscalización del estricto cumplimiento del protocolo aprobado correspondiente a los servicios de transporte público urbano e interurbano de pasajeros.

- Que esta situación puede ser agravada por el consumo de alcohol porque relaja el cumplimiento de las recomendaciones de prevención.

El Gobierno Nacional define, a través de este decreto, dos parámetros de riesgo que deberán tener en cuenta las autoridades provinciales para restringir la circulación:

1- RAZ�N: cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20.

2- INCIDENCIA: cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150.

En función de estos indicadores, el Gobierno Nacional faculta a las autoridades locales que apliquen medidas para disminuir los contactos, priorizando la limitación de la circulación nocturna y manteniendo el cumplimiento de los protocolos vigentes.

El ministerio de Salud articulará con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones con el fin de colaborar con el monitoreo de los indicadores señalados.

El ministerio de Seguridad brindará cooperación para realizar controles de rutas, vías de acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos con el fin de ayudar a garantizar el cumplimiento de las medidas, a petición de los gobernadores y las gobernadoras.