La acción se llevó adelante con la intervención de un inspector del Gobierno de Entre Ríos y el acompañamiento del presidente de la seccional Concordia del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos (CMVER), Gustavo Blanchard, a partir de denuncias recibidas por parte de colegas y particulares.El procedimiento se enmarca en la Ley Provincial N° 10.986 de Farmacia Veterinaria, vigente desde agosto del año pasado, que establece que todos los establecimientos que expendan zooterápicos deben contar obligatoriamente con la dirección técnica de un médico veterinario matriculado. Si bien muchos de estos productos son de venta libre, su comercialización debe realizarse bajo supervisión profesional.Durante el operativo se constató la venta irregular en cinco locales, procediéndose al secuestro preventivo de la mercadería. Los comerciantes cuentan ahora con un plazo para regularizar su situación mediante la designación de un profesional responsable. En caso de no hacerlo, los productos serán decomisados de manera definitiva y posteriormente desnaturalizados.Entre los insumos incautados se detectó principalmente una gran cantidad de antiparasitarios externos, debido a la época de mayor presencia de pulgas y garrapatas. También se encontraron antiparasitarios internos de uso exclusivo veterinario, algunos con dosis tóxicas muy cercanas a las terapéuticas, cuyo uso inadecuado puede provocar graves consecuencias, especialmente en animales jóvenes. Asimismo, se hallaron numerosos medicamentos vencidos, los cuales serán descartados de forma permanente.Según se informó, la mayoría de los comerciantes argumentó desconocer la normativa vigente. No obstante, desde el Colegio se recordó que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.Cabe destacar que este tipo de controles ya se realizaron en otras localidades como La Paz —donde se decomisaron productos por un valor estimado de 20 millones de pesos—, además de La Roque, Gualeguaychú, Villaguay y Paraná.Desde el CMVER se remarcó que estas inspecciones continuarán en toda la provincia, en articulación con los organismos oficiales, con el objetivo de garantizar una comercialización responsable y segura de los zooterápicos.Asimismo, se recordó que los ciudadanos pueden consultar el listado de veterinarios y establecimientos habilitados en la página oficial del Colegio. Las veterinarias autorizadas cuentan con un código QR visible que certifica su habilitación vigente.El Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, presidido a nivel provincial por la M.V. Carolina Lell, reafirmó su compromiso con el cuidado de la salud animal, la protección de los consumidores y el cumplimiento de la normativa vigente.Para consultas, la Seccional Concordia dispone del correo concordia@cmver.com.ar(Campo en Acción)

En un operativo de control vial realizado en el acceso al túnel subfluvial de Paraná, sobre la Ruta Nacional 168, personal policial secuestró un cargamento valuado en aproximadamente 30 millones de pesos.Según se informó a AHORA, el procedimiento se concretó cuando se detuvo un camión Iveco que trasladaba mercadería sin ningún tipo de documentación respaldatoria.

Entre los elementos decomisados se contabilizaron 321 mochilas de diferentes marcas y diseños, 275 pares de zapatillas deportivas, 505 unidades de indumentaria deportiva variada —entre ellas shorts, joggings, camperas, pantalones, chombas y gorras—, además de seis jarras térmicas y 100 auriculares para celular.En total fueron 1.207 artículos secuestrados, todos sin aval legal para su transporte. La causa quedó caratulada como infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero y se dio intervención a la Administración de Recursos y Control Aduanero (ARCA) de la ciudad de Paraná, que continuará con las actuaciones correspondientes.

La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, y confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC.En ese marco, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución efectiva de los bienes.En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Pero en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó su aplicación, por considerar que la norma afecta la independencia judicial.El fallo del magistrado consideró que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria. NA.

Así lo supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, luego de la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de decomisar bienes de la ex mandataria.

El TOF 2 solicitó este martes decomisar los bienes de la expresidenta, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años, junto a los de otros condenados por ese expediente.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.unzBFwTambién se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. NA.

Al momento de la identificación, la Policía observó que en el interior del vehículo trasladaban tres perros atados. Consultados sobre su procedencia, los ocupantes admitieron que se encontraban cazando en la zona del puente Gualeguay, sobre Ruta 28.Durante la inspección voluntaria del baúl, los efectivos constataron la presencia de un carpincho eviscerado, un ciervo eviscerado y una cría de ciervo aún con vida.

De inmediato, se dio intervención a la Brigada de Abigeato Concordia, que verificó una posible infracción a la Ley de Caza y a la normativa que prohíbe la cacería con perros. Se labraron las actas correspondientes, dejando constancia de que las piezas no eran aptas para consumo humano.La cría de ciervo fue decomisada para su pronta liberación en la fauna silvestre, mientras que lo actuado quedó a disposición del agente fiscal Dr. Mario Figueroa.

En el marco del trabajo de la Mesa de Frontera, la Dirección General de Aduanas (DGA) llevó adelante una serie de operativos en Entre Ríos y ochos provincias más, en los que incautó 2.839 bultos que buscaban comercializar mercadería ingresada de contrabando.Los operativos, que contaron con la participación de las fuerzas federales, se realizaron en rutas estratégicas y depósitos y empresas de logística.

Entre los objetos incautados se encuentran sustancias estupefacientes como marihuana y hojas de coca; electrodomésticos y artículos electrónicos, cubiertas, indumentaria, calzado, termos, artículos de bazar y perfumes.Estas acciones conjuntas buscan interceptar productos que ingresan al país por pasos fronterizos no habilitados que luego pretendían ser distribuidos a los centros de consumo mediante el sistema de encomiendas.

La Mesa de Frontera es un espacio de trabajo interministerial del que participan el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Economía (a través de las secretarías de Industria y Comercio, Transporte, Agricultura, Ganadería y Pesca) y ARCA. Desde febrero, se reúne quincenalmente con el objetivo de analizar denuncias presentadas por el sector privado y definir las medidas a tomar.Además de Entre Ríos, los controles de la DGA se llevaron a cabo en Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta y Santa Fe sobre medios de transporte en distintos puntos de las rutas nacionales 9, 14, 34 y 50 y en depósitos urbanos de empresas de logística.

Además de los 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la sentencia contra la ex mandataria confirmada por la Corte incluye un decomiso de bienes. Qué informó en su última DDJJ ante la Oficina Anticorrupción.Mariel Fitz Patrick (Infobae) - Tras la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, Cristina Kirchner deberá enfrentar ahora, junto el resto de los otros ocho condenados, un decomiso de bienes por $84.835 millones. Así lo dispuso el TOF Nro 2 en su fallo del 6 de diciembre de 2022. El monto debe ajustarse a valores de hoy.La dos veces presidenta y exvicepresidenta de la Nación declaró un patrimonio de $250 millones ($249.421.220 para ser exactos), al cierre de 2023, según informó ante la Oficina Anticorrupción. Así figura en su declaración jurada de Baja, que están obligados a presentar todos los funcionarios públicos cuando dejan el poder.En cambio, en 2022, sus bienes habían aumentado casi un 42% a valores reales, considerando la inflación promedio anual de ese período (72,4%), respecto de lo que había declarado en 2021 (pasó de $48 millones a $118,8 millones en un año).Según la última DDJJ de 2023 - la de 2024 ya no está obligada a hacerla pública y, por otro lado, aún no se cumplió el plazo para presentarla ante la AFIP - el grueso de su patrimonio está en acciones en sociedades que no identifica. En total, suman $170 millones.Estas participaciones societarias en sociedades anónimas o SRL están detalladas en 11 renglones con valores individuales diferentes en cada caso, por lo que no es posible saber si se trata de una misma sociedad, dos, o más. Como fecha de ingreso a su patrimonio declara octubre de 2023, dos meses antes de dejar la vicepresidencia de la Nación.La familia Kirchner es dueña de dos sociedades que están bajo investigación de la Justicia: Hotesur, que el matrimonio adquirió en 2008 y tiene el Hotel Alto Calafate, y Los Sauces, la inmobiliaria familiar comprada en 2006.Entre los inmuebles de Los Sauces, está el departamento que Cristina Kirchner está usando para vivir, en el barrio de San Cristóbal, en el 2 piso “D” de la calle San José 1111, y en el que pidió anoche cumplir la prisión domiciliaria.Esa propiedad fue comprada por Los Sauces en junio de 2015, al ex secretario de Cultura Jorge Coscia, y pagada USD 370.000. Es donde vivía Florencia Kirchner y está embargada en el marco de la causa conocida como Hotesur-Los Sauces, elevada ya a juicio oral, y en la que Cristina Kirchner y su hijo Máximo están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita. 

En mayo 2016, las acciones de esas dos empresas familiares, así como CO.MA.SA (sin actividad conocida), habían dejado de estar a su nombre, producto de la donación en vida de todos sus bienes y sus acciones en las empresas familiares a sus hijos, Máximo y Florencia. Fue justo al comenzar a ser investigada por la Justicia Federal por presunta corrupción. La jugada fue denunciada como una supuesta insolvencia fraudulenta para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a dictarse sobre su patrimonio.Ese año también dejó de ser dueña en los papeles del 50% de 4 casas en Río Gallegos y su vivienda en El Calafate de 520 m2 y tres plantas, al lado del hotel boutique Los Sauces que ella misma ideó, y que amplió en un terreno que era de Lázaro Báez. Ese terreno lo canjeó en una permuta por otro lote frente al Lago Argentino de su propiedad con Austral Construcciones. Se trata de la que fue la nave insignia del empresario patagónico, a quien desconoce como “amigo” pero cuyos negocios en común y crecimiento patrimonial, la ex presidenta nunca explicó.Por esa donación a sus hijos, en su última declaración patrimonial correspondiente al 2023, Cristina Kirchner no informó inmuebles propios. Pero sí consignó $60,5 millones por el “usufructo” de dos de esas propiedades que anteriormente estaban a su nombre: su departamento de Recoleta de la calle Uruguay esquina Juncal, y su casa en Calafate.Si bien a ambos inmuebles los había adquirido mucho antes (el departamento de Recoleta en 1980 y la casa de Río Gallegos en 1979), declaró el usufructo de los mismos a partir de marzo de 2016, cuando concretó la donación en vida de todas sus propiedades a sus dos hijos.Los informó como “derechos reales en el país”, con una valuación a los fines del impuesto a los Bienes Personales correspondiente a la del 2022 “por no contar con la publicación del nuevo coeficiente de actualización”, según aclaró al pie de la DDJJ. “Se declara el derecho real del usufructo de un bien que no está a nombre de una persona, cuando ya lo donó en vida. Pero a los fines impositivos, quien vive ahí y usa el bien, debe pagar el impuesto correspondiente, con una valuación que se actualiza anualmente y que la AFIP informa en marzo”, explicó a Infobae el contador Ariel Eyman.En julio de 2023, Cristina Kirchner se compró un Toyota Corolla Híbrido con motor de 1.8 litros modelo 2023, que declaró en $15.333.801.Además, dijo tener $1.744.271 en cuatro cajas de ahorro en el país, y bienes del hogar por $1.843.496. No declaró dinero en el exterior ni deudas. Como ingresos anuales durante 2023, informó $97.727.008, y gastos personales por $82.109.709.En diciembre del año pasado, la Cámara Federal revocó el archivo de una denuncia por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex presidenta y ordenó avanzar en la investigación sobre su patrimonio. La última investigación por enriquecimiento ilícito referido al período 2010-2014 había sido cerrada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos que intervinieron en la instrucción de la causa Vialidad. Infobae. 

Ante esta irregularidad, se informó del hecho a la fiscal de turno, Dra. Natalia Conti, quien dispuso el formal secuestro del vehículo. 

La Policía de Entre Ríos fue anoticiada sobre el aterrizaje de un avión en un campo del departamento Islas del Ibicuy. En el mismo viajaba una pareja que se dio a la fuga y que luego fue detenida. Se trata de un hombre oriundo de Brasil y una mujer de Bolivia.

“Ante dicho evento, se puso en conocimiento a la jueza federal de turno, la doctora Analía Ramponi, quien dispuso las medidas procesales. Con colaboración de la Gendarmería Nacional, la Policía de Entre Ríos realizó la requisa del avión logrando encontrar 352 paquetes de cocaína que arrojaron un peso total de 359 kilos. Este secuestro de drogas ilegales equivale a más de cuatro millones de dosis de cocaína que en Argentina tienen un valor aproximado de 2.200.000 dólares y en Europa esta misma cantidad de drogas equivale a unos 14.000.000 de euros”, según informó el ministro Roncaglia.En esta línea, agregó: “Todo indica que el avión procede de Bolivia y habría recorrido unos 1.500 kilómetros. El destino final no sería Entre Ríos, en razón que el aterrizaje forzoso se debió a la falta de combustible”. 

Entre los objetos secuestrados se encuentran cuatro sillas de madera, un colchón de una plaza, una tapa de mesa de madera y una cocina.

Según informaron fuentes oficiales, estos elementos fueron entregados de manera voluntaria por un hombre que afirmó haberlos adquirido a un desconocido por la suma de $400.000.

El hombre transportaba las piezas de pescado de la especie surubí, la cual se encuentra vedada en la provincia debido a su vulnerabilidad y la necesidad de preservación de los recursos ictícolas. Además de la ilegalidad del transporte de la especie, se comprobó que carecía de los permisos de pesca correspondientes y las autorizaciones sanitarias necesarias para movilizar cualquier tipo de pescado. 

Con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, Secretaría Penal del Dr. Alan Bergdolt, se secuestraron los dos botes y 37 bultos, que contenían 291 cartones de cigarrillo, elementos de higiene, medicamentos, elementos de limpieza y productos para estética del automotor.

El valor de todo lo incautado supera los 46 millones de pesos.

Los gendarmes detuvieron a un vehículo particular ocupado por un hombre de nacionalidad argentina. Durante la inspección de la caja del rodado, descubrieron un total de 400 astas de ciervo de distintos tamaños, con un peso aproximado de 240 kilogramos. Los elementos eran trasladados sin la correspondiente guía que exige la normativa vigente para el transporte de productos de la fauna.Ante el hallazgo, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos, organismo encargado de velar por la conservación de la fauna en la provincia. Siguiendo las instrucciones de dicha autoridad, se procedió al decomiso de las astas y se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Provincial de Caza. 

Durante una inspección en un comercio ubicado en la calle 3 de Febrero de la ciudad de San José, se constató que aproximadamente 450 kilos de carne bovina y porcina no cumplían con los requisitos básicos para su comercialización. La mercadería carecía de los sellos sanitarios y la documentación del establecimiento faenador habilitado, además de presentar condiciones organolépticas inapropiadas para el consumo humano.

El personal de fiscalización procedió a labrar un acta por infracción a la Ley Provincial de Carne N° 7292 y al decomiso inmediato de la carne, que fue destruida en el basural de la ciudad de San José en presencia de testigos civiles. 

Durante un operativo de control vehicular en la Ruta Nacional 14 -kilómetro 341- realizado por la Policía de Entre Ríos, se detuvo la marcha de un vehículo marca Peugeot modelo Partner que se trasladaba desde Victoria hasta la provincia de Corrientes.El conductor transportaba 53 paquetes de filete de pescado -de 10 kg cada uno- alcanzando un total de 530 kg y 29 docenas de empanadas también de pescado.Este tipo de procedimientos -por convenio- se realizan de manera conjunta entre la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.En esta oportunidad, personal policial constató que el conductor del vehículo carecía de una guía de traslado, no poseía equipo de frío para transportar los alimentos y la habilitación de transporte no coincidía con el número de carnet impresa en el vehículo ni con la categoría, según el tipo de carga.Por estos motivos, y por orden de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, se procedió a labrar el acta de estilo -con decomiso del total de la mercadería- por incumplimiento a los artículos de la Ley de Pesca Nº4892 y las disposiciones vigentes. 

Personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”, realizaba control sobre Ruta Nacional Nro. 14, kilómetro 124,5, de mencionada localidad en la provincia de Entre Ríos, momentos en los que procedieron a registrar un trasporte de encomiendas de la empresa “Vía Cargo S.A.”, procedente de la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones) y con destino final la ciudad de Ingeniero Pablo Noguez (Buenos Aires).

Al realizar la inspección de la carga, los gendarmes constataron la presencia de dos bultos, transportados bajo régimen de encomiendas, con 300 cartones de cigarrillos marca “Eight Convert”, de industria extranjera, que eran transportados en infracción a la Ley 22.415. Con intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo del Dr. Pablo Andrés Sero y de la AFIP-DGA, se procedió al secuestro de los cigarrillos. El avalúo estimado de la mercadería incautada es de 1.230.000 pesos argentinos.

Se visualizaron tres vehículos, en los que se estaba cargando elementos desde un bote que se encontraba en el río.

Se constató que en el interior de los rodados trasladaban bogas, las cuales fueron decomisadas mediante acta por infracción a la Ley Provincial 4892. Se identificó a tres masculinos de 42, 36 y 29 años.

Los efectivos de gendarmería del Escuadrón 54 �SAguaray⬝ mientras efectuaban controles sobre el kilómetro 1.466 de la Ruta Nacional N°34 inspeccionaron ocho transportes de carga provenientes de Buenos Aires, Salta y Córdoba con destino final Salvador Mazza.

Al verificar la carga transportada por los rodados, los funcionarios detectaron un total de 250.900 kilos de granos a granel y en bolsas que contenían inconsistencias en la documentación solicitada. También, hallaron 10.000 cueros vacunos que no poseían lo solicitado por SENASA.

AFIP-DGA Salta, SENASA y la Fiscalía Federal de Tartagal, ordenaron el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 �SCódigo Aduanero⬝.

Se dictó en los Tribunales de Concordia, la condena contra el conocido clan familiar �SLas Tanas⬝, de nuestra ciudad, donde además de las penas de prisión a 11 personas por venta de drogas y lavado de activos, se dispuso el decomiso de tres inmuebles y 11 vehículos, patrimonio que habían adquirido mientras fueron las principales proveedores de cocaína en la región. Esto se dio luego de una exhaustiva investigación de la Policía provincial, en particular de la División Toxicología de Concordia, que se llevó adelante entre 2017 y 2019. Se destacó que la mayoría de las causas federales que apuntaron al patrimonio de este tipo de bandas se tramitaron en la costa del Uruguay, con la intervención de las fiscales Josefina Minatta y María de los Ángeles Squivo. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Concepción, integrado en forma unipersonal por el vocal Sebastián Gallino, que homologó el acuerdo de juicio abreviado al cual arribaron la fiscal Squivo, la defensora pública oficial Julieta Elizalde y el defensor particular Juan José Buktenica. 

Las principales responsables ya habían sido condenadas en el TOF de Paraná en 2016, por venta de drogas, y ahora fueron declaradas reincidentes: Alejandra Ledesma, su hija Romina Baglietti y su hermana Carmen Ledesma.

Entre las condenadas, Alejandra Ledesma y su hija Romina Baglietti eran las personas que lideraban la organización, encargadas de la coordinación de las actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes principalmente en nuestra ciudad. Contaban con la intervención de Fabio Nievas (pareja de Alejandra) y Lorena del Luján Pereyra, quienes se encargaban de resguardar parte del estupefaciente y el dinero en efectivo de la organización en sus domicilios particulares, expresa el informe de la condena.

 El traslado de la sustancia a distintos puntos de la ciudad era realizado por María Soledad Olmos, María Luciana Escayola (hijas de Alejandra) y Marcelo Luciano Marazzano (novio de Olmos) quienes en algunas oportunidades también recibían la droga en sus domicilios, luego de ser fraccionada, para su posterior traslado y/o venta.

- Carmen Ledesma y Pamela Alejandra Berón se dedicaban a la venta de drogas al menudeo en sus domicilios de calles Güemes y Moreno de Concordia.

Las sentencias

Alejandra Ledesma: ocho años y seis meses de prisión y multa de 4.397.356 pesos, por Organización y financiación del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real con el delito de Lavado de activos.

Romina Baglietti: siete años de prisión y multa de 1.920.920 pesos, por Tráfico de estupefacientes agravado y Lavado.

Carmen Ledesma: seis años prisión, y multa de 820.600 pesos, por Tráfico de estupefacientes agravado y Lavado de activos.

Isabel Pelayo: cinco años de prisión, por partícipe secundaria del delito de Comercio de estupefacientes agravado.

Juan Ramón Galarza: cinco años de prisión por partícipe secundario del Comercio de estupefacientes agravado.

Lorena del Luján Pereyra: cinco años de prisión por partícipe secundaria del Comercio de estupefacientes agravado.

Pamela Berón: tres años de prisión condicional por Tenencia de estupefacientes.

Andrés Tonti: tres años de prisión condicional y multa de 1.463.000 pesos por Lavado de activos.

María Luciana Escayola: tres años de prisión condicional y multa de 1.221.400 pesos por Lavado de activos.

Fabio Andrés Nievas: dos años de prisión condicional por Lavado de activos.

María Soledad Olmos: dos años de prisión condicional por Lavado de activos.

En esta oportunidad, los controles se efectuaron en caminos de acceso al camping La Tortuga Alegre, departamento Concordia, como así también dentro del mismo predio, inspeccionándose vehículos particulares, embarcaciones y personas físicas, a quienes una vez realizada el acta de rigor, fueron compelidas a retirarse del lugar.

Las recorridas por agua comprendieron la zona de seguridad de la represa de Salto Grande y el interior del arroyo Ayuí Grande, secuestrándose la cantidad de 120 metros de redes caladas en el lugar; y en la zona comprendida entre los kilómetros 327,6 al 338,5 del río Uruguay, se secuestró la cantidad de 40 metros de malla, labrándose el acta respectiva al poseedor de las mismas, por infracción a la Ley provincial de Pesca Nº4.892 y resoluciones pertinentes.