“Los números no mienten. En esos tres años, la recaudación corriente fue siempre inferior a los gastos corrientes, lo que derivó en un déficit acumulado de 4.850 millones de pesos, equivalentes a casi 294 millones de dólares al tipo de cambio de cada año”, sostuvo Dal Molín.

En el Cuadro N° 2 – Histórico SPNF Entre Ríos – Resultado económico, que acompaña esta gacetilla, se observa:2015: déficit de $276 millones (USD 20,78 millones).2016: déficit de $3.347 millones (USD 207,93 millones).2017: déficit de $1.226 millones (USD 64,91 millones).

“Estos resultados económicos negativos muestran que el endeudamiento de esos años no se destinó a inversiones productivas, sino a sostener el funcionamiento diario del Estado. Es decir, la provincia pidió plata para pagar sueldos, no para hacer obras”, enfatizó el legislador.Dal Molín remarcó que esta herencia condiciona la gestión actual: “El gobernador Frigerio enfrenta vencimientos en dólares de deudas que fueron tomadas para financiar gastos corrientes, en un contexto económico mucho más adverso. Por eso es necesario reestructurar esos compromisos, para liberar recursos que hoy deberían ir a obra pública, salud, educación y producción”.

A su entender, para lograr ese shock es necesario “un acuerdo político” para reperfilar los vencimientos que tiene la provincia y

volcar esos dólares a inversión pública.

El legislador que se postula para un nuevo período en la Cámara Alta recordó que “los títulos de la deuda componen alrededor del 60 % del total de la deuda de Entre Ríos, pero en los 4 años que vienen, entre intereses y amortizaciones la provincia deberá pagar 500 millones de dólares. ¿Es posible reperfilar estos vencimientos y volcar todos estos recursos a inversión pública? Por supuesto, claro que tendrá su costo financiero, con un fin lógico, pero, además, hay que agregar y aprobar un rígido programa de responsabilidad fiscal, que nos dará previsibilidad”.

“Si volcamos estos recursos, estamos hablando de una inversión

importante. Solo a modo de ejemplo, la ruta 1, en nuestro departamento Federación, los 30 kilómetros fueron licitados en agosto de 2021 por un monto de 124 millones de pesos, cuando el dólar estaba a 4,20 pesos.

‘‘Es decir, la obra saldría 30 millones de dólares. ¿Cuánto podríamos hacer con 500 millones de dólares? Incrementamos la deuda, pero con fines de capitalización”, ejemplificó.

Al explicar su postura, Dal Molín, opinó que, si en la Cámara Alta

ingresa una propuesta cómo esa, la aprobaría. “Una medida de esta naturaleza, no importa quién sea el Gobernador, yo la aprobaría, con algunas condiciones precisas como: a) que todo se vuelque a inversión pública – b) que modifiquemos el enfoque de una parte de dicha inversión, apuntando a obras 70-30 con los municipios, c) generando, por reordenamiento del gasto, resultados operativos sostenidos, y d) que esto sea establecido en rígida ley de responsabilidad fiscal – aplicable – y sólo modificada con mayorías especiales para dar seguridad jurídica y certeza en un programa de ordenamiento estructural fiscal de Entre Ríos”.

El senador Dal Molín, quien se postula para su reelección en la Cámara Alta, afirmó: “Conozco los problemas del departamento y de la provincia profundamente, no me quedo en el lamento o el reproche sino que propongo una solución integral, como creo se debe dar. Más allá de quién sea el Gobernador, debemos sentarnos a hablar de soluciones serias, sensatas y sustentables, entre todos, sino va a ser difícil salir de esta situación.

“Nadie desconoce que esto requiere de acuerdos políticos, pero es tiempo de soluciones para salir de la situación actual”, indicó Dal Molín.

El legislador señaló sobre los diversos inconvenientes que padecen algunos sectores departamentales. “Hablemos claro, mi experiencia como Senador me permitió conocer cada uno de los rincones del Departamento, por lo tanto, en estas Paso, no hay lugar para discursos de oportunidad, ni tampoco para proyectos que no sean realizables en lo más mínimo”, aseveró.

“En un departamento esencialmente productivo, como el nuestro, el costo de la energía sigue siendo un cuello de botella para el verdadero desarrollo de nuestras economías regionales. Hay varias propuestas al respecto, que, básicamente, diagnostican sobre ciertos segmentos del servicio y la distribución, pero la pregunta es ¿alcanza con eso?, personalmente creo que no, porque no estamos discutiendo de manera integral todos los ítems que la energía eléctrica tiene como: precio mayorista, servicio de transporte y los impuestos y tasas. Lo señalé en más de una oportunidad”.

Para Dal Molin, es necesario que “se hable claro, para que los ciudadanos de trabajo, los empresarios, los comerciantes nos entiendan sin inconvenientes y que nuestro discurso no sea vacío o sin fundamento, para estos problemas hay que estudiar, gestionar y proponer y eso es lo que hice y seguiré haciendo si mi departamento me honra nuevamente en la Cámara de Senadores”.

Para el senador “estos problemas de los cuales hablamos deben ser analizados no solamente por nosotros, sino también deben involucrarse a quienes la ciudadanía instale como futuros intendentes, concejales, diputados, senadores y gobernador. Hablemos claro, seamos precisos y serios. Son temas urgentes que no aguantan la más mínima improvisación en las propuestas y en las futuras decisiones políticas”, aseveró.

“Son momentos difíciles, lo vivimos todos. Los problemas de Entre Ríos son estructurales y las soluciones no llegarán por magia, es necesario involucrar a muchos actores, atendiendo a todos los sectores, encontrar las medidas para resolverlos. Son dos caras de una misma moneda: las necesidades del departamento, que las conozco, solo podrán ser resueltas si en conjunto se resuelven los problemas que tiene el Estado entrerriano”, finalizó.

Según esa resolución, las provincias, entre ellas Entre Ríos, para afrontar sus deudas en dólares sólo podrán acceder al 40 por ciento de los vencimientos al dólar oficial y el resto (60 por ciento), deberán hacerlo con sus reservas, si es que lo tuvieran, o comprar la moneda extranjera al valor del Contado con Liquidación.

“Con esta medida del Banco Central, la provincia de Entre Ríos, solo podrá comprar un 40 por ciento de dólares al precio oficial para saldar sus deudas y el restante 60 por ciento, lo hará a un tipo de cambio mucho más elevado”.

El senador indicó: “Nuestra deuda en bonos internacionales (Título de deuda pública ER 2017) tiene vencimiento para este año por 89 millones de dólares. Dos cuotas, una ya pagada en febrero, y la otra en agosto.

‘‘La que queda es de casi 44 millones de dólares entre amortización de capital e intereses.

‘‘De mantenerse la medida del Banco Central de la República Argentina, disponiendo que solo el 40% de esta deuda podrá saldarse a dólar oficial, y el saldo restante las provincias deberán ingresar al mercado financiero, a través del MEP o CCL, el monto varía significativamente”, destacó.

Al analizar los montos, Dal Molín dijo: “Tomemos las últimas cotizaciones: oficial 250,50 pesos, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) es de 490,77 pesos, lo que surge una diferencia de casi el doble (96%) para el 60% del monto que debemos pagar con la nueva modalidad impuesta.

“De mantenerse la media para Entre Ríos la erogación será de 6,3 mil millones más.

‘‘Once mil millones significaba el pago si el tipo de cambio era al dólar Banco Nación (oficial). Con esta modificación, el monto se incrementa a 17 mil trescientos millones.

‘‘En otras palabras: nos saldrá un 57% más pagar a los bonistas”, denunció.

“Para tener una idea del impacto que ello significa: en los primeros cuatro meses del año, el IAPV (Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda) lleva invertido en construcción de viviendas 2,4 mil millones de pesos. Alrededor de un tercio del monto de más que debemos afrontar con esta medida”, señaló el senador.

Para Dal Molín, “la medida del Ministerio de Economía de la Nación, en verdad, es una devaluación encubierta, modalidades que ya viene realizando con dólar soja y otras disposiciones similares.

Por otro lado, ya lo señalamos cuando debatimos el presupuesto del año pasado, la deuda que tiene Entre Ríos, con una buena composición de esta en dólares, variará significativamente en función del tipo de cambio”.

El legislador, al analizar la resolución del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), en la que se detalla el nuevo tarifario, el

incremento es de 4,6 veces más, en promedio, si se lo compara con la tarifa de igual mes, del año anterior.

�SEn la resolución 062/23, el EPRE publicó el tarifario, que establece incrementos mensuales.

A modo de ejemplo, en mayo, para todos aquellos que no entraron en la segmentación, que son muchísimos usuarios, entre ellos pequeños comercios, notarán incrementos de tres dígitos. Si comparamos con lo que pagaron en enero de 2022 a mayo de 2023, el incremento es de 467 por ciento; es decir cuatro veces la tarifa y en los primeros 200 kw, más de 600 por ciento⬝, ejemplificó Dal Molín.

Al analizar la resolución, indicó que para quienes aún siguen con el subsidio, que son los niveles de ingreso bajo y medio, la tarifa, sigue La inflación anual⬝. (Ver cuadro).

�S¿Cuántas familias han podido realizar el proceso de segmentación

tarifaria? Según se desprende, son muy pocos⬝, indicó.

Dal Molín explicó que, en comparación con enero de 2022, aquellos usuarios que no están incluidos en las categorías más bajas de la tarifa eléctrica residencial experimentaron un aumento promedio del 220 %. En otras palabras, pagan tres veces más de lo que pagaban hace un año.

El legislador recordó que la segmentación promovida por el gobierno nacional en agosto/septiembre del año pasado �Ses complicada y el gran número de requisitos para mantener la tarifa subsidiada significa que sólo unos pocos pueden acceder a ella⬝.

Aunque el senador reconoce que no se puede cuestionar la idea de que aquellos que tienen más deben pagar tarifas diferenciales, también señaló que estas políticas son difíciles de implementar. La realidad es que hoy en día, la mayoría de los 500.000 usuarios de Entre Ríos no están cubiertos por la segmentación y pagan tres veces más de lo que pagaban hace un año.

Dal Molín dijo que aunque el Gobernador ha suspendido un impuesto sobre la tarifa, el impacto ha sido muy alto para los usuarios, especialmente durante el caluroso verano que acabamos de vivir.

El senador invitó a todos a revisar el cuadro de tarifas eléctricas adjunto, donde se puede ver claramente el porcentaje de aumento que se ha producido en el sector residencial entre enero de 2022 y febrero de 2023, que ha sido del 220 %.

En la iniciativa, el senador por el departamento Federación e integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quiere saber:

 a) si tiene conocimiento de las modificaciones en Decreto (DNU) N° 088/2022 de fecha 22-02-2022, que en su Artículo 12 ° sustituye y modifica el Artículo 48 de la Ley N° 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional que autorizaba la realización de determinadas operaciones de crédito público excluyendo de la misma a la provincia de Entre Ríos para:

⬢ Infraestructura agropecuaria por U$S 50 millones;

⬢ para Rutas, puentes, red primaria y secundaria provincial por U$S 138 millones y

⬢ Seguridad y conectividad Entre Ríos por U$S 30 millones, de acuerdo con la planilla.

b) Que obras del presupuesto actual aprobadas por Artículo 18 � Ley 10.947 se verán afectadas o no tendrán realización.

En ese sentido, el senador indicó: �SEl rol del gobernador no es de comentarista, es mandatario provincial desde hace 6 años, por cuanto, las ideas deben plasmarse y realizarse, si no terminan siendo solo eso: palabras⬝.

�SDebe preguntarse quién gobernó durante todo este período, y si con las mayorías absolutas con que contaban no se plasmaron, es porque son inaplicables o muy difíciles de ejecutar, o en verdad son solo promesas que vuelven a surgir cada vez que el tablero político se recalienta por el costo de las tarifas⬝, criticó Dal Molín.

El legislador señaló: �SNo he visto que se promueva; si fue así pido disculpas anticipadas; pero con gusto me sumaría a estas iniciativas, de que se instruyan a legisladores oficialistas a modificar leyes que regulan todo el sistema energético en el país, y que esto favorezca a Entre Ríos⬝. �SReconozco el esfuerzo del gobierno provincial en sostener la tarifa durante la pandemia, y fui uno de los legisladores, pese a ser de la oposición, que salió a aclarar que el incremento de la misma que rige desde este mes fue mal interpretado, que no es del 46% sino en promedio cuando se aplicaban los incrementos de nuevos valores de kilowatts llega a la mitad⬝, indicó.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador indicó que existe inquietud de los municipios respecto al monto total que el Ministerio de Economía y Hacienda de la Provincia coparticipa y cómo es la composición analítica de los mismos.

Dal Molín explicó que no sólo se pide conocer el monto total que conformó durante el ejercicio pasado y primer bimestre de este año que provienen por impuestos nacionales y luego en forma proporcional se distribuye a los municipios. Si bien el año pasado ya se disponía, por decreto, que los fondos correspondientes al Fondo Educativo se distribuyan entre los municipios, para este ejercicio el presupuesto nacional incorporó un artículo específico, en este sentido.

(I) Monto total del presupuesto devengado del ejercicio 2020 adoptado para la distribución de Coparticipación Nacional a Municipios de acuerdo a lo establecido en Artículo 2 � 3 Ley 8492 y modificatorias � Artículo 1° del Decreto 3869/2019 � Ley Nacional 23.548 y Decreto 193/2020 � 27/2/2020.

(II) Monto total del presupuesto devengado durante el primer bimestre del ejercicio 20201 adoptado para la distribución de Coparticipación Nacional a Municipios de acuerdo a lo establecido en Artículo 2 � 3 Ley 8492 y modificatorias � Artículo 1° del Decreto 2444/2020 � y Ley Nacional 23.548 y Artículo 14 � Ley 27.951.

(III) Distribución analítica de impuestos y montos que componen la masa coparticipable de impuestos nacionales a municipios para ejercicios 2020 y primer bimestre 2021.

�SHay un reclamo de los intendentes que sostienen que no se les liquida como parte de la coparticipación nacional que viene a la provincia el fondo educativo. Este pedido es para que se aclare cuáles son los montos que componen la masa primaria para la distribución y cuáles son los porcentajes que le corresponden a cada municipio⬝, destacó Dal Molín.

Asimismo, recordó que el año pasado presentó un proyecto para la creación de seguimiento de la coparticipación, por lo que pidió su aprobación para que no haya dudas sobre lo que reciben los municipios en conceptos de coparticipación.

Para el legislador es necesario introducir cambios debido a la �Sdelicada situación⬝ que presenta el organismo, entre ellas: �Satrasos de pagos de prestadores, cortes de servicios y problemas de autorizaciones en ciertas ocasiones⬝.

Sobre ese análisis, el legislador fundamentó su iniciativa, en la �Smodificación de algunos artículos de la ley original⬝ para definir funciones del directorio-gerente e incorporar representantes de las cámaras legislativas para que integren la comisión fiscalizadora. Además, establece plazos y metodologías para presentación de informes y balances por parte del organismo.

El proyecto de ley cuenta con 8 artículos, en los que se plantea modificaciones entre ellos, los artículos 1, 6, 8 (bis), 9, 12, 27, se incorpora el artículo 37.

Dal Molín, propone que la comisión fiscalizadora también esté integrada por dos representantes de la Legislatura provincial (uno por cada cámara, con representación de la minoría y cupo femenino).

�SLos representes de la Legislatura lo harán en forma ad-honorem y los designados por el Poder Ejecutivo percibirán una retribución equivalente a la de fiscal de cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos y dependencia directa de la Gobernación⬝, se indicó en el proyecto.

En cuanto a las funciones y atribuciones de esa comisión, el legislador por Federación propone:

a)       Tomar conocimiento previo a la suscripción de todos los convenios y contrataciones realizadas por la obra social, al efecto de dictaminar, con carácter vinculante, sobre la procedencia o improcedencia de la celebración del convenio o la contratación respectiva. Igual función tendrá respecto de los pliegos de condiciones generales y particulares que elabore la obra social para la contratación por el sistema de licitación pública. La Comisión Fiscalizadora Permanente de la Obra Social tendrá veinte días hábiles para expedirse, una vez acompañada toda la documentación necesaria para realizar la evaluación, entendiéndose en caso de silencio la aprobación del convenio o contratación o pliego interesado. El convenio o contratación que fuese realizado en infracción a lo establecido en el presente artículo será nulo de nulidad absoluta, pudiendo el Poder Ejecutivo proceder a su revocación de oficio.

b)       Controlar la administración del instituto y particularmente la ejecución de los convenios y contrataciones realizadas por la obra social, pudiendo tener acceso a los libros, balances y toda otra documentación que lleve la obra social al respecto, debiendo todas las áreas (incluidos los particulares co-contratantes) responder los informes y requerimientos en el plazo que a tal fin conceda.

c)       Controlar la actividad desarrollada por las auditorías del instituto.

d)       Dar intervención a los organismos de contralor competentes en caso de detectar irregularidades.

e)       Brindar al Poder Ejecutivo toda la información que le fuere requerida. El presidente de la obra social deberá remitir mensualmente a la Comisión Fiscalizadora Permanente, un informe financiero de la misma, el que incluirá la marcha y desenvolvimiento de los distintos convenios, contrataciones y principales acuerdos realizados o en trámite, discriminando el total de los ingresos y egresos producidos en dicho lapso. La Comisión Fiscalizadora Permanente de la Obra Social, recepcionado que sea el informe mencionado, dentro de los diez días hábiles, deberá emitir opinión y remitir al Poder Ejecutivo para conocimiento y consideración.

f)        El Directorio, a través de su presidente, deberá suministrar a la Comisión Fiscalizadora Permanente de la Obra Social los estados económicos cada tres (3) meses. Para los integrantes del órgano fiscalizador, regirán las disposiciones previstas en los artículos 13º, 14º y 23º del Decreto Ley Nº 5326, ratificado por Ley Nº 5480 y modificatorias.

En cuanto a la incorporación del artículo 37, Dal Molín, establece que el IOSPER �Sno podrá abrir nuevas delegaciones y/o subdelegaciones hasta el 31 de diciembre de 2023. Dispónese el ordenamiento del personal de estas, no pudiendo el organismo, nombrar y/o reemplazar con nuevo personal en calidad de planta permanente y/o contratado en igual período. Luego de dicha fecha se deberá cumplimentar con lo establecido en Artículo 8 (bis) � inciso j)⬝.

A través de un pedido de informes que ingresó en la Cámara Alta, los legisladores también quieren saber el listado de funcionarios vacunados sin ser �Spersonal de riesgo⬝.

En la iniciativa legislativa preguntan:

1) Detalle de los lotes de vacunas contra covid-19 recibidos por parte del Gobierno Nacional, según tipo e informando la cantidad de cada uno.

2) Características del Plan Rector de Vacunación covid-19. Fases de implementación, población objetivo en cada fase y caracterización de la población objetivo.

3) Distribución geográfica de la implementación del Plan Rector de Vacunación covid-19.

4) Cantidad de dosis aplicadas, informando dónde y cuándo se realizó cada inoculación.

5) Si existe un registro de las vacunas aplicadas.

6) Nómina de los funcionarios públicos que recibieron alguna dosis de la vacuna contra covid-19, sin ser personal de riesgo.

7) Concepto respecto a la categoría de �Spersonal estratégico⬝ para la aplicación de las vacunas.

En los fundamentos, explicaron que el pedido de informe, que se realiza a partir de lo contemplado en el artículo 117 de la Constitución Provincial, es a raíz de la situación actual respecto a la gestión de la vacunación contra covid-19 que está llevando adelante el Gobierno Provincial.

�SMucho ha trascendido en medios de comunicación, tanto provinciales como nacionales, y creemos que corresponde, en nuestro carácter de senadores representantes de los entrerrianos, conocer la información correcta desde la fuente correspondiente⬝, indicaron. Los senadores del Bloque de Juntos por el Cambio señalaron que �Snuestro interés es tener las respuestas que corresponde ante tantos trascendidos.

�SResulta necesario contar con la información veraz sobre las vacunas contra covid-19 que la provincia de Entre Ríos recibió por parte del Gobierno Nacional, detallando las características de ellas. Asimismo, debemos conocer los detalles del Plan Rector de Vacunación covid-19, su despliegue por el territorio y la cantidad de dosis aplicadas. También corresponde conocer si se cuenta con un registro de personas inoculadas⬝.

Asimismo, los senadores en el punto 6, solicitaron �Sla nómina de funcionarios públicos que recibieron alguna dosis de la vacuna contra covid-19, sin ser personal de riesgo, entendemos que dicha práctica médica la recibieron en el carácter que revisten. No se trata de una violación a la normativa de Habeas Data y de los Derechos del Paciente, sino que estaríamos frente a un caso de acceso a la información pública de los actos de gobierno, tal como lo establece el artículo 13 de la Constitución Provincial. �SPúblicamente se comunicó que diversas personas fueron vacunadas por ser consideradas como ��personal estratégico�", por ello corresponde saber la definición adoptada para dicha categoría y en base a qué consideraciones fue realizada⬝.

Morchio, Dal Molín y Migueles indicaron: �Sentendemos que el presente proyecto es una herramienta que tenemos los legisladores para acceder a la información pública, como una forma más de favorecer la transparencia de los actos de gobierno⬝.

�SNos cansamos de señalar que los problemas estructurales de la provincia la vamos a sufrir todos, desde los empleados públicos que hoy tienen la obra social cortada y que deben recurrir a la Justicia para lograr cobertura, a la totalidad de los entrerrianos que padecen por el estado de las rutas o caminos⬝, dijo Dal Molín. El senador lamentó que el �SGobierno no se deje ayudar. Da la sensación de que buscar aguantar hasta las elecciones sin hacer olas, y hasta el final del mandato, tratando de navegar sobre las olas⬝.

�SEl oficialismo festeja la renegociación de la deuda y lo único que están haciendo es tirar la pelota para la administración que venga; sin tener la mínima intención de reordenar las cuentas públicas⬝, cuestionó Dal Molín.

�SDesde la oposición le hemos hecho muchas propuestas para colaborar y tratar medidas de fondo, nunca fuimos escuchados. No hacer olas y navegar sobre las olas hasta el final, tendrá consecuencias importantes para los entrerrianos⬝, enfatizó.

 �SEl diputado sigue la misma lógica del gobierno, que es encontrar algún indicador que pueda mostrar o contrastar la triste realidad, pero tienen una mirada sesgada⬝.

En su análisis, Dal Molín, recordó que �Sel gobierno en su mensaje de elevación del presupuesto, con el solo fin de encontrar algún ratio positivo, consideró solo gastos y recursos financiados por el tesoro provincial y no a toda la administración pública. Se ��comieron�" un tercio⬝.

El senador por Federación, al analizar los números dijo que, si se mirara la situación financiera de la provincia en su conjunto, �Slas proyecciones para el año que viene es que habrá un incremento de la deuda y una caída abrupta de la inversión pública⬝.

�SLoggio sostiene que en Entre Ríos se invirtieron en 2020, $ 4.286.219.617,64, en obras viales, y que pretendemos, como oposición, sembrar dudas sobre Vialidad. La realidad mata cualquier relato, solo hay que observar esta repartición pública⬝, dijo Dal Molín.

En ese sentido, reiteró que �Shay que dejar de mirar los números de la provincia en forma sesgada. De acuerdo con la información oficial de contaduría de la provincia, a septiembre de 2020 Vialidad, lleva gastado 1.759 millones de pesos en conducción y coordinación administrativa (es decir en personal); 908 millones en conservación de caminos; solo 6,8 millones en construcción de caminos; 1,79 millones en estudios y proyectos; 89,1 millones en mantenimiento de caminos naturales y 16,58 millones en suministros. Creo que estamos bastante lejos de los números indicados por el diputado⬝, detalló.

�SA fines de octubre de este año, la provincia sobre un ingreso total de más 150 mil millones destinó a toda la obra pública (no solo caminos) 3.295 millones⬝, describió, al tiempo que indicó:

�SEsta es la realidad que vivimos y es una constante del estado entrerriano: en 2016, se proyectó 15,4% sobre el total del recurso, se ejecutó 6,7%.

En 2017, se proyectó 14,5%, se ejecutó 6,4%; en 2018 se proyectó 13,4%, se ejecutó 5,2%; en 2019, 7,8%, se ejecutó 4,5% y este año, se proyectó 8,2% y se llegó a 3 ó 3,5%⬝.

Entre Ríos, en el contexto de las provincias argentinas, es la cuarta con menor inversión pública, y su nivel es menos de la mitad del promedio nacional. (Fuente: Comparativo Provincia � informe de responsabilidad fiscal).

En ese sentido, el legislador solicitó al gobernador que no sólo se refuercen las rutas para brindar seguridad vial y así prevenir la accidentes en las rutas entrerrianas, sino también �Ses necesario incorporar más agentes⬝ a las dependencias policiales del departamento Federación, ya que �Sel tránsito de personas en esta época crece mucho⬝.

De acuerdo con las estadísticas, en la temporada pasada los turistas eligieron los complejos termales y Federación recibió a más de 200 mil personas entre enero y febrero.

El gobernador Gustavo Bordet, estará en Federación, donde lanzará la turística de Entre Ríos para este verano y en ese marco presentará el operativo verano seguro. El único documento que se necesitará para ingresar a la provincia es el �SCertificado Verano⬝ (www.argentina.gob.ar/verano), y no será necesario contar con seguro Covid.

�SCon la administración actual del nivel de contagio en Entre Ríos mantener cerrada la administración pública, los bancos con las restricciones actuales y la Justicia, parece obedecer más a una estrategia para no hacer emerger verdaderos problemas que una medida de estricto cuidado sanitario⬝, indicó el legislador.

Para Dal Molín, �Ses necesario volver a poner en marcha la administración pública. La estrategia de evitar la circulación de personas determinó que se paralizaran muchos sectores de la administración pública; pero es tiempo, con los cuidados necesarios, comenzar a planificar la reapertura del gobierno hoy cerrado y sin funcionar.�SEntre Ríos ha administrado con interesantes resultados el nivel de contagio. No significa tirar todo hoy por la borda, pero sí, diseñar medidas que tiendan a recuperar las gestiones de organismos públicos⬝, opinó el legislador por el departamento Federación.

En su análisis, Dal Molín, cree que �Slas restricciones del sistema bancario, parece más una estrategia encubierta de corralito monetario que una eficiente medida sanitaria para evitar contagios⬝.

El problema fiscal atravesará todo el año con cuellos de botella en mayo � junio, siempre y cuando no deba entenderse las medidas y el enfriamiento de la economía.

La pandemia, con crudeza, sinceró el estado de la salud pública. Las medidas adoptadas como receta para su contención, revela la fragilidad de las finanzas públicas y la endeblez del tejido social.

A Entre Ríos no le cierran los números. Ya el bimestre, sin pandemia, tenía un rojo de más de 3.500 millones de pesos.

 Otras provincias están iguales, y muchos municipios corren la misma situación.

Lo reconoce el propio ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, quien propone resolver �Spor emisión⬝ asegurando a las provincias, por aportes del Tesoro Nacional, los montos que fueran presupuestados, aunque la recaudación nacional, esté muy por debajo.

Emisión sin respaldo, retroalimentará la inflación a niveles insospechados. Otros, como algunos intendentes del conurbano proponen volver a los instrumentos de pagos a empleados y proveedores con cuasi � monedas.

Sin embargo, NADIE habla de reducir gastos del Estado. Esto es lo preocupante.

La emisión de instrumentos de pago (Lecop � Patacones o cualquiera de los ingeniosos nombres provinciales de entonces) no es más que emitir deuda de corto plazo, que, en forma compulsiva, el estado coloca entre sus proveedores y empleados.

El valor nominal de este instrumento se deprecia inmediatamente. Al igual que la inflación es y será soportada por los asalariados.

Reducir gastos tiene escollos que reflejan en alto costo político. Considero que es necesario reducir significativamente, por un lado, las estructuras del Estado, comenzando por las �Sestructuras políticas⬝ y hacer previsible la Caja de Jubilaciones, por otro.

Claro está que la tensión social que en Entre Ríos eso conlleva convierte en inoportunas estas necesarias medidas.

El partido que administra esta provincia prácticamente hace 35 años las mira con mucho recelo y pretenden sobrellevarla sin tocar el statu quo actual.

Todos los caminos señalan el necesario sinceramiento y cambio de rumbo.

En el gobierno solo instalaron la expansión del gasto improductivo y por eso, hoy, tenemos un dilema al cuadrado.