Existe una idea extendida de que obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) implica un desembolso importante, lo que lleva a muchas personas a postergar el trámite. Sin embargo, la normativa vigente es clara: el procedimiento es totalmente gratuito en todas sus etapas, desde la solicitud del turno hasta la evaluación y la entrega del certificado.La Ley Nacional N° 22.431 establece que el acceso al CUD es un derecho, sin aranceles ni pagos exigidos por el Estado. Así lo ratifican organismos oficiales, que advierten sobre la proliferación de intermediarios que ofrecen “gestionar” turnos o acelerar procesos a cambio de dinero.

Este tipo de prácticas no tiene validez y puede ser denunciado, ya que el resultado de la evaluación depende exclusivamente de criterios médicos y técnicos.

Ahora bien, aunque el trámite en sí no tiene costo, en la práctica pueden surgir gastos asociados. Entre ellos, consultas médicas privadas, estudios complementarios o informes específicos que la Junta Evaluadora puede requerir para completar el diagnóstico. También se suman los costos de traslado hacia centros de salud o sedes donde se realiza la evaluación.

En muchos casos, estudios como resonancias, análisis genéticos o informes especializados no están cubiertos por el sistema público o la obra social, lo que obliga al solicitante a asumir esos gastos. Es allí donde aparece la percepción de que el trámite “no es gratis”.Desde organismos oficiales recomiendan, ante cualquier intento de cobro indebido, realizar la denuncia correspondiente en defensa del consumidor, en las autoridades sanitarias locales o en la Agencia Nacional de Discapacidad. Registrar datos de quienes ofrecen estos servicios irregulares es clave para frenar estas prácticas.

En definitiva, el Certificado Único de Discapacidad no tiene costo administrativo, pero su acceso puede implicar un esfuerzo económico indirecto. Informarse por canales oficiales y utilizar los servicios públicos disponibles es fundamental para garantizar el ejercicio de este derecho.

 "El Instituto sigue trabajando de la misma manera, tanto en la Junta Evaluadora como en el área legal", afirmó Diego Vélez, director del Iprodi. En este sentido, es importante diferenciar el CUD de las pensiones no contributivas, ya que estas últimas dependen exclusivamente de Anses y no del Iprodi. Vélez, explicó que la reciente resolución emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) surge de auditorías sobre las pensiones no contributivas y se basa en normativas de larga data.  "En el marco de la evolución de los términos y conceptos relacionados con la discapacidad desde 1998 hasta la actualidad, el Iprodi de Entre Ríos reafirma su compromiso con el trato digno y respetuoso hacia las personas con discapacidad. Reconocemos que, si bien en el pasado se utilizaron terminologías que hoy resultan inadecuadas, estos términos respondían a un contexto histórico y normativo específico que ha sido superado gracias a los avances en materia de derechos humanos y conciencia social", subrayó el funcionario."Desde el Iprodi, trabajamos en estrecha colaboración con el Gobierno Provincial y nos basamos en los estándares internacionales actuales, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), para garantizar un enfoque actualizado y respetuoso en el abordaje de la discapacidad. Rechazamos cualquier forma de expresión o terminología que pueda resultar descalificadora o discriminatoria, y promovemos el uso de un lenguaje inclusivo y adecuado a los tiempos actuales", manifestó Diego Velez.Por otro lado, la Coordinadora General del Iprodi, Sabina Carrivale, destacó la importancia de distinguir entre discapacidad e invalidez laboral. "Nosotros evaluamos la discapacidad en sí misma, mientras que Anses determina el porcentaje de incapacidad laboral para acceder a una pensión no contributiva. Para obtener este beneficio, se debe contar con una incapacidad igual o superior al 66 por ciento", precisó.Por último, Vélez hizo hincapié en la necesidad de actualizar la forma en que se abordan estos temas: "La evolución en el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad no debe confundirse con los criterios que rigen el acceso a las pensiones no contributivas". Aseguró que desde Iprodi reiteran su compromiso con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y con brindar información clara a la comunidad. 

Dicha resolución, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 12 de agosto, introduce un proceso más claro y transparente para la emisión del CUD. A partir de ahora, los certificados incluirán la leyenda "Sin Vencimiento conforme a la Ley 27.711", simplificando los trámites y eliminando barreras innecesarias.Criterios para el CUD sin vencimiento:Renovaciones Previas: Personas con dos certificados previos y un perfil constante.Personas Mayores: Aquellos mayores de 60 años con funciones estables por al menos 5 años.Necesidad de Equipamiento Permanente: Quienes requieren dispositivos constantes para preservar funciones vitales.El nuevo enfoque reconoce que la discapacidad es un concepto dinámico, influenciado por la interacción entre las dificultades de una persona y las barreras del entorno. Por ello, los criterios para la tramitación del CUD se han ajustado para reflejar esta realidad. Las personas con discapacidad podrán solicitar la actualización de su CUD en cualquier momento o cuando ocurra un cambio significativo en su perfil. 

Sin embargo, no es un secreto que obtener este certificado puede ser una odisea burocrática. La cantidad de papeles, trámites y verificaciones que se requieren puede resultar abrumadora tanto para la persona con discapacidad como para sus familiares. Además de las barreras burocráticas, existen también barreras sociales. En cada paso del camino, las personas con discapacidad y sus seres queridos enfrentan impedimentos que dificultan la plena integración y el acceso a los derechos garantizados por la ley. A pesar de que las leyes avalan ciertos beneficios y apoyos, el recorrido para acceder a ellos está plagado de obstáculos y caminos sinuosos. Sin embargo, en este contexto de lucha constante por lo que les corresponde, hay quienes abusan del poder que otorga el CUD. Es necesario reconocer que algunas personas utilizan este certificado para intentar obtener ventajas indebidas, creyendo que tienen derecho a todo, cuando en realidad solo tienen derecho a lo que está contemplado por la ley. Esta línea delgada entre lo que se debe y lo que no se debe obtener a través del CUD es frecuentemente malentendida.El abuso del CUD no solo desprestigia a quienes realmente lo necesitan, sino que también genera desconfianza en el sistema. La ley está diseñada para proteger y apoyar a las personas con discapacidad, pero no para conceder privilegios injustificados. Es crucial entender que lo que no está contemplado por la ley, simplemente no corresponde. Sin embargo, la dificultad para obtener lo que está contemplado por la ley no justifica los intentos de obtener más allá de lo permitido. En la era de las redes sociales y los medios de comunicación, estos abusos se vuelven aún más visibles y controversiales. Es común ver a personas que, al no obtener lo que creen que merecen, recurren a las redes sociales para desprestigiar, insultar y escrachar, aprovechándose del poder de la visibilidad que ofrecen estas plataformas. Este comportamiento no solo es injusto, sino que también desvirtúa la verdadera lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Es fundamental mantener el foco en la importancia de garantizar que las personas con discapacidad accedan a los derechos que les corresponden por ley, y al mismo tiempo, denunciar y corregir los abusos que puedan surgir. La justicia social no se logra aprovechándose del sistema, sino trabajando para que el sistema funcione de manera equitativa y justa para todos. El camino de la discapacidad es ya de por sí difícil, y añadirle el peso del abuso y la injusticia solo lo hace más complicado. La sociedad debe ser consciente de estas dinámicas y trabajar en conjunto para erradicar tanto las barreras burocráticas y sociales como los abusos del sistema. Solo así podremos construir un entorno más inclusivo y justo para todos.

Por tal motivo, la funcionaria, remarcó la necesidad de que todos los choferes conozcan en detalle la resolución Nº 186/2023, aprobada en febrero de 2023, que indica que los actuales CUD con vencimiento en el año 2023 tienen vigencia por un año más. Por ejemplo: si vence en octubre del 2023 tendrá vigencia hasta octubre del 2024.

Además también se puso en conocimiento acerca del nuevo formato del CUD ya que antes se imprimía en papel moneda y ahora no, ya que el mismo se ha digitalizado, y se puede contar con él a través de la aplicación Mi Argentina.

“Fue una reunión muy fructífera, ya que también por parte de la Cámara de Transporte Urbano, se nos informó sobre la implementación de la tarjeta SUBE para mejorar el servicio para las personas con discapacidad en la ciudad” señaló la funcionaria.

Por su parte, Daniel Lapalma, explicó, que, en una reunión mantenida con el jefe del Departamento de Transporte, Sebastián Gotte, pudieron conocer que el Municipio está muy cerca de implementar el uso de la tarjeta SUBE para las personas con discapacidad, pacientes oncológicos y pacientes trasplantados (usuarios que hasta el momento no contaban con el Certificado de Discapacidad).

“Eso facilita todo, tanto para el pasajero como para el chofer. Porque de ahora en más no tendrían que acreditar, ni presentar ninguna documentación extra, sino sólo usar la tarjeta donde está registrado el beneficio”.

CAPACITACIÓN A CHOFERES

En el marco de la reunión de trabajo también se abordó, entre otros temas, implementar un ciclo de capacitaciones para los choferes. “Estamos dispuestos a participar de las mismas para aprender y formarnos para poder brindar el mejor servicio a la comunidad” sostuvo Lapalma.

El curso, que contó con la participación de la coordinadora de Juntas Evaluadoras de la provincia, María José Leconte, fue brindado este lunes por la directora de Política y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Flavia Palavecino; la asesora Ejecutiva de Andis, Grisel Olivera Roulet, y la directora de Servicios a la Ciudadanía de Mi Argentina, Marina Maccione. Durante la actividad, se entregó el primer CUD digital.

En ese marco, la ministra de Desarrollo Social sostuvo: “Es importante no perder la mirada integral respecto del abordaje de estos procesos, especialmente el de autonomía de las personas con discapacidad, un compromiso que debemos asumir todos los profesionales, no importa el lugar donde estemos, sino la perspectiva desde donde nos paremos”.

Asimismo, sobre el rol de las Juntas Evaluadoras, Paira valoró: “Es un trabajo muy rico el que se hace en todo el territorio, con presencia, acercando derechos de la mano de organismos y de los gobiernos locales. En ese sentido resulta fundamental este ejercicio de articulación que se viene haciendo entre la Nación, la provincia y los municipios para fortalecer el acceso a derechos, tal como sostiene el gobernador Gustavo Bordet”.

“Hemos tenido muchos avances en materia de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, por eso es fundamental el lugar que ocupa el Estado, porque esto también atañe a la posibilidad de autonomía y de pensarse en un proyecto de vida en el lugar que uno elige vivir”, redondeó la ministra.

Por su parte, Artusi expresó: “Es una gran alegría encontrarnos aquí, ya que esto demuestra que damos un nuevo paso en favor de garantizar el primer acceso al estado de derecho, que es el Certificado Único de Discapacidad. El trabajo articulado que realizamos entre Nación, provincia, municipios e instituciones es fundamental para la correcta implementación de estas políticas. En este sentido, el crecimiento de las juntas evaluadoras de la provincia busca garantizar estos derechos. Contamos con 18 juntas evaluadoras, entre las que se encuentran dos juntas itinerantes, que se mueven por distintos puntos de difícil acceso para que todas las personas del territorio provincial que lo requieran puedan contar con su CUD”.

A su vez, Palavecino mencionó: “Para la Andis, todo lo que tiene que ver con el trabajo articulado con las provincias es sumamente importante. Cuando arrancamos con este plan, el objetivo de fortalecer a las juntas era poder ver cuáles eran las cuestiones a mejorar y los errores que cometemos. La idea es aprender todos juntos, así que para eso realizamos estas instancias”.

Detalles

En el curso participaron alrededor de 50 miembros de las 18 juntas evaluadoras de toda la provincia. Se capacitaron acerca de la implementación del nuevo CUD digital, su impresión, seguridad y el respaldo de Mi Argentina en su acceso. A su vez, se hizo entrega de una tablet a cada junta evaluadora, como refuerzo tecnológico para desempeñar sus tareas.

Sobre el CUD digital

Este nuevo formato del CUD permite dejar atrás la impresión del mismo en papel moneda. A partir de ahora, el certificado se imprime con un código de barras y un código QR, que puede ser escaneado y deriva a su correspondiente versión digital. También posibilita que la actualización, en las discapacidades de tipo irreversible y cuando son personas mayores de edad, se realice con un máximo de 10 años.

El CUD digital también tendrá distintos distintivos de seguridad, ya que estará firmado por las y los profesionales que conforman las juntas. Se busca que sea más ágil su acceso y entrega. Y tendrá el respaldo en la aplicación Mi Argentina, ya que las personas pueden cargar su CUD en sus dispositivos, y tendrá igual validez.

En el marco del Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad instituido por la ANDIS, la Resolución 322/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial ratifica la implementación progresiva, gradual y en etapas, de una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación, tanto para quienes ya poseen el CUD, como para aquellas que tramiten la obtención del mismo por primera vez.

�SEl Certificado �anico de Discapacidad es la puerta de acceso para muchos de los derechos de las personas con discapacidad. Esta actualización nos permite contar con una herramienta menos burocrática, más moderna y más sencilla⬝, señaló el director ejecutivo de la ANDIS, Fernando Galarraga; y agregó: �SEs una medida que nació de la escucha y el compromiso con todo el colectivo de Discapacidad en todo el país; que se fue nutriendo del trabajo mancomunado del gobierno nacional, las provincias y la sociedad civil; y que impactará positivamente en las personas con discapacidad y sus familias⬝.

Entre las novedades y mejoras introducidas, se destaca que el CUD ya no tendrá vencimiento; y el Estado será el que adopte un rol proactivo para acompañar a las personas con discapacidad durante todo su curso de vida y se promoverá una innovación tecnológica que permitirá la simplificación, desburocratización y agilización de los trámites vinculados con la certificación.

La primera etapa, de implementación inmediata, prevé que los CUD se emitan sin plazo de vencimiento, tanto en su versión física como digital, previendo, a su vez, un período en el que el Estado tomará contacto con la persona con discapacidad para acompañarla y mantener sus datos actualizados, cuestión clave para asegurar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, como así también para mantener los registros actualizados que sirven para diseñar y ejecutar eficientemente políticas públicas para las personas con discapacidad.

Las instancias de acompañamiento y actualización se efectivizarán con una periodicidad entre los 5 y 15 años -en todos los casos-, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente, mediante un contacto y acercamiento fehaciente por parte del Estado, a través de los canales y vías de comunicación existentes y de los que se implementen en el marco de la innovación tecnológica planificada a tal efecto.

La implementación de estas mejoras requerirá la adopción de diversas medidas administrativas, normativas y tecnológicas que se irán formalizando paulatinamente, salvaguardando, en todo momento, la continuidad ininterrumpida del acceso a derechos, prestaciones y servicios por parte de las personas con discapacidad. (Agencia Nacional de Discapacidad - ANDIS)

Antonio Canaviri Zamora, miembro de la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Unicef; el coordinador de la Fundación IPNA, Eduardo del Águila; la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi; el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte; la directora General del Registro Civil, Victoria Aizicovich; y profesionales del equipo técnico que forman parte de la Junta Evaluadora de Discapacidad de Paraná participaron del encuentro de trabajo con la ministra. 

�SVenimos construyendo un camino articulado entre el Estado entrerriano y las organizaciones, y en este proceso es importante valorizar el trabajo que realizamos con las Juntas Evaluadoras Itinerantes para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al CUD⬝, aseguró Paira.

En esta misma línea, la titular de la cartera agregó: �SEste proyecto nos va a permitir fortalecer la capacidad técnica efectiva en el territorio, pero también tomar las potencialidades que ello implica para el diseño de una estrategia integral de abordaje de la discapacidad⬝.

Sobre el encuentro, Artusi informó: �SComenzamos el trabajo conjunto del 2020 entre el Iprodi, Unicef y la Fundación IPNA.

Trazamos líneas estratégicas, sobre todo coordinando el accionar con otros organismos del Estado.

Un trabajo territorial que también sume a todos los actores públicos y privados⬝.

Por su parte Canaviri Zamora añadió: �SCompartimos los resultados principales del proyecto que venimos trabajando, y a partir de ahora nos vamos a enfocar en dos líneas.

La primera, vinculada con la socialización y comunicación de todos los beneficios que tiene el CUD destinado a la población que aún no lo está recibiendo.

Y la segunda, relacionada con el fortalecimiento de las capacidades de los equipos en territorio, para acercar a las personas en situación de vulnerabilidad a la protección social⬝.

�SEl objetivo es ampliar el acceso al CUD para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, trabajando puntualmente en los departamentos La Paz y Federal⬝, indicó Del Águila, quien estuvo acompañado por los evaluadores de la organización Gustavo Gioseffi y Luciana Santillán.

A través del trabajo de una Junta Evaluadora Itinerante, a lo largo de estos casi tres años se consolidó la presencia del Estado en localidades del norte y el sur entrerriano, en particular de los departamentos La Paz, Federal, Feliciano e Islas.

Mediante estas acciones se busca complementar el trabajo de las 14 Juntas Evaluadoras que posee la provincia, garantizando el acceso al CUD de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en todo el territorio entrerriano.

Producto de esta labor de las Juntas Itinerantes, hacia fines del año pasado habían sido entregados 346 certificados: 93 en 2018 y 253 en 2019.