La referencia es para el brasileño Rafael Valim, quien se incorporó recientemente al equipo y formará dupla con el español Javier Borrego, quien se desempeñó como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los letrados buscarán discutir la condena por corrupción que recibió CFK a seis años de prisión, así como también su inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el Estado, ante tribunales y organismos internacionales. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.

En días más, harán la presentación de forma oficial en la Ciudad de Buenos Aires de la estrategia que abordarán en la nueva etapa de la causa. Lo adelantó a un medio de Brasil, en el cual sostuvo que Cristina Kirchner resultó ser una víctima de “graves violaciones de derechos humanos fundamentales”. Por eso, trabajarán para cambiar la situación en instancias internacionales.

El nuevo abogado de CFK, Rafael Valim, tiene más de dos décadas de trayectoria en el ámbito académico y profesional. Es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos; además, es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP).Valim es coautor del libro Lawfare: una introducción, que fue publicado junto a Cristiano Zanin, quien es el actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula Da Silva, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

También, en sus años de carrera, Valim tomó intervención en distintos procesos ante tribunales internacionales. Por eso, otro dato es que la determinación de sumarlo al equipo de la defensa llega en el momento en que el equipo de abogados de la expresidenta progresa judicialmente luego de que la causa por Vialidad quedara firme.

Hace semanas, la Corte Suprema objetó los recursos presentados por Cristina Kirchner, como los de todos los demás condenados, con el objetivo de impedir que se lleve adelante la actualización del monto del decomiso que se dispuso en el expediente. A partir de esa decisión quedó firme la obligación de reintegrar al Estado la suma absoluta de $685.000 millones. La misma es una suma fijada por la Justicia como producto del daño realizado en la causa que se investiga.

La causa Vialidad finalizó con la determinación de la condena de la ex presidenta por la administración de forma fraudulenta y en perjuicio de la administración pública. También se determinó que reciba la pena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Asimismo, el fallo determinó que se lleve adelante el decomiso de bienes por el monto determinado por los jueces. El mismo fue ratificado en todas las instancias judiciales a nivel país y, por eso, ahora la defensa intentará revertirlo mediante el debate en el ámbito internacional. Agencia NA.

Por Rosario Bigozzi - Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el sistema de cálculo del decomiso por la condena de Vialidad, el fiscal Diego Luciani trabaja con su equipo en la actualización de la cifra según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. De acuerdo a sus estimaciones, el monto del recupero de activos alcanzaría a $898.000 millones.En el Ministerio Público consideran que el último cómputo realizado en julio de 2025 dio como resultado $685.000 millones, a los que deberían sumarse la inflación interanual de más de treinta por ciento.Fuentes judiciales precisaron a Infobae que la cifra adquiere efecto inmediato ante la resolución del máximo tribunal que ratificó también el avance de las medidas de ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes de los condenados. El perjuicio por los hechos condenados en la causa Vialidad fue estimado originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 en $84.835 millones, una cifra que al ser actualizada en mayo del año pasado, en base al IPC del INDEC, alcanzó los $685.000 millones.En tanto, la fiscalía recalculó que debería hoy incrementarse $212.861.206.992, lo que elevaría el monto hasta unos $898.000 millones.La valoración final del decomiso se conocerá en el momento en que se ejecute la pena, según el cómputo que realicen los organismos técnicos con los que cuenta la justicia.La restitución del dinero de la corrupción no solo recae sobre la ex presidenta, sino que el fallo estableció que la suma deberá ser afrontada en forma solidaria por todos los condenados, sin precisar qué proporción le corresponde a cada uno.Para llegar a esta cifra, la sentencia tomó en cuenta la cartelización empresarial que benefició a las firmas de Lázaro Báez, y el sobreprecio en la licitación de las obras, que la Justicia estimó en un promedio del veinte por ciento.Hasta el momento, el TOF 2 aprobó una lista de 111 inmuebles que figuran a nombre de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, que incluye diez departamentos y dos casas en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz. También se habilitaron diecinueve propiedades que figuran a nombre de sus hijos.En este aspecto, la ex mandataria presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema con el propósito de impugnar la ejecución de las propiedades atribuidas a Máximo y Florencia Kirchner.Por otro lado, Luciani le pidió al tribunal que evalúe un segundo conjunto de propiedades que todavía espera resolución, entre los que figuran locaciones ligadas a Los Sauces y Hotesur, entre ellas el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario.Mientras tanto, continúan con la tarea de identificar nuevas propiedades para sumar al proceso. En este expediente se investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según surge de la causa, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez. Infobae.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes, por mayoría, las condiciones bajo las cuales Cristina Kirchner cumple su condena en prisión domiciliaria. La decisión mantuvo la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El voto que condujo la mayoría correspondió a Hornos y recibió la adhesión, en lo sustancial, de Barroetaveña. Borinsky se pronunció en disidencia y propuso levantar las tres medidas.La ex presidenta cumple desde el 17 de junio de 2025 una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La condena quedó firme una semana antes, cuando la Corte Suprema desestimó el último recurso de su defensa.Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado una revisión de las condiciones de detención. Plantearon que durante casi un año no hubo incumplimientos, que el inmueble cuenta con custodia policial permanente y que las restricciones impuestas tienen una aplicación minoritaria entre las personas que cumplen prisión domiciliaria.El pedido incluía tres puntos: eliminar la autorización judicial previa para las visitas, retirar el dispositivo electrónico y dejar sin efecto los límites horarios para utilizar la terraza.Hornos reconstruyó las decisiones adoptadas desde el inicio de la ejecución de la pena y examinó cada planteo de la defensa: las visitas, el principio de progresividad, el monitoreo electrónico, el acceso a la terraza y la alegada afectación a la igualdad ante la ley.Cuando el Tribunal Oral Federal 2 concedió la prisión domiciliaria, impuso a Cristina Kirchner la obligación de permanecer en el departamento, evitar conductas que alteraran la tranquilidad del edificio y pedir autorización para recibir a personas ajenas a su familia, la custodia, el equipo médico y la defensa.Ese régimen se volvió más estricto en noviembre de 2025. El tribunal tomó conocimiento, por una publicación de la propia ex mandataria en la red social X, de una reunión de nueve personas en su domicilio. Aunque todas figuraban en una nómina presentada por sus abogados, el juez de ejecución interpretó que el permiso no incluía un encuentro colectivo.A partir de entonces, las visitas de terceros quedaron limitadas a tres personas por ocasión, durante un máximo de dos horas y hasta dos veces por semana. Cada ingreso requiere autorización judicial individual, expresa y previa.Hornos aclaró que el cumplimiento de una condena no aparta a la persona de la protección constitucional. “La existencia de una condena no puede levantar una ‘cortina de hierro’ entre la Constitución y el penado”, expresó.No obstante, concluyó que las pautas fijadas no representan una pena adicional. Las ubicó dentro de las facultades de organización, control y supervisión que corresponden al juez encargado de la ejecución.También descartó que el cumplimiento de las reglas durante el último año obligara a flexibilizarlas. “Su estricto cumplimiento es el comportamiento que legítimamente se espera y se exige a una persona que se encuentra cumpliendo una pena de seis (6) años de prisión bajo la modalidad excepcional de prisión domiciliaria”, indicó.De acuerdo con ese razonamiento, la ausencia de nuevos incidentes no elimina las causas que dieron lugar al régimen vigente. Constituye, en cambio, una condición para mantener la detención en el domicilio. El incumplimiento podría provocar su revocación y el traslado a una unidad penitenciaria.El juez agregó que la pena no se agota en la reinserción social. También tiene una función simbólica, expresiva y comunicacional, porque transmite a la comunidad que la conducta juzgada fue ilícita y reafirma la vigencia de la norma vulnerada.En ese marco, advirtió que una flexibilización sin fundamentos podría debilitar el sentido público de la sanción, en particular frente a hechos de corrupción que calificó como de gravedad institucional.

La progresividad de la penaLa defensa sostuvo que el principio de progresividad debía traducirse en condiciones menos restrictivas de detención a medida que transcurría el cumplimiento de la condena.Hornos explicó que ese principio busca que una persona avance desde formas más intensas de privación de libertad hacia otras menos gravosas. Sin embargo, señaló que Cristina Kirchner ya se encuentra bajo una modalidad menos severa que el alojamiento en una cárcel.Por esa razón, el primer año de prisión domiciliaria no genera de manera automática un derecho a reducir los controles. Tampoco consideró que la aplicación de medidas más estrictas luego de un episodio determinado deba producir necesariamente el efecto inverso cuando no se registran nuevos incumplimientos.Según el voto, una interpretación distinta podría colocar a la ex presidenta en una situación más favorable que la de otros condenados sometidos al régimen penitenciario ordinario.Hornos ubicó el uso del dispositivo electrónico dentro de las previsiones de la Ley 24.660. La norma lo establece como regla para la prisión domiciliaria y permite dispensarlo, de manera excepcional, cuando existen informes favorables de los organismos de control.En este expediente no se acreditaron impedimentos médicos, técnicos o materiales para retirarlo. El camarista tampoco vinculó la falta de incidentes con la inutilidad de la medida. A su entender, ese dato demuestra que el sistema cumple su función preventiva.Otro de los argumentos de la defensa fue la existencia de una custodia permanente por tratarse de una ex presidenta. Hornos diferenció ambas funciones, en tanto “la custodia protege mientras que la tobillera electrónica asegura el debido cumplimiento de la modalidad de cumplimiento de la pena correspondiente”.De acuerdo a su explicación, la protección policial tiene como objetivo resguardar la integridad física de Cristina Kirchner y su familia. El monitoreo, en cambio, verifica que permanezca dentro del perímetro autorizado y comunica en tiempo real cualquier salida o intento de remoción.Para el juez sustituir un mecanismo por otro implicaría confundir una medida de seguridad institucional con una herramienta de control penal.El voto recordó, además, que la Corte Suprema ya había desestimado en diciembre de 2025 un recurso dirigido contra la colocación de la tobillera. Los argumentos posteriores sobre el tiempo transcurrido, la custodia policial y las estadísticas de uso no modificaron, para Hornos, la situación.

El acceso a la terrazaLa ex presidenta tiene permitido utilizar la terraza una vez al día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas.Hornos consideró que esa autorización garantiza el acceso a un espacio abierto para realizar actividad física y recreativa, conforme a las Reglas Mandela sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad.Al mismo tiempo, explicó que ese derecho puede ser regulado por el tribunal. Los límites buscan compatibilizar el esparcimiento con la convivencia entre los vecinos y el carácter común del espacio.Para la mayoría de la Sala IV, la franja horaria y la duración fijadas son proporcionales porque permiten un uso diario sin suprimir el derecho reconocido.

El planteo de igualdadBeraldi y Llernovoy incorporaron datos del Consejo de la Magistratura para mostrar que las restricciones aplicadas en este caso no son habituales dentro del universo de las prisiones domiciliarias.Hornos rechazó que esas cifras demostraran un trato desigual. Explicó que la igualdad ante la ley no exige condiciones idénticas para todos los condenados, sino decisiones fundadas en las circunstancias de cada expediente y libres de privilegios o diferencias arbitrarias.A su juicio, las reglas vigentes responden a una evaluación individual y no configuran persecución ni discriminación. El control busca, según su voto, impedir que la prisión domiciliaria se convierta en una ventaja incompatible con la ejecución efectiva de la pena.Borinsky adoptó el criterio contrario. Propuso levantar las restricciones a las visitas, retirar la tobillera y eliminar los límites para usar la terraza.El camarista ya había sostenido esa posición en dos intervenciones anteriores. Esta vez sumó dos elementos: el transcurso de más de un año sin incumplimientos y un informe de representantes del Consejo de la Magistratura sobre la baja incidencia de esas medidas.En relación con las visitas, entendió que la autorización judicial previa carece de una norma específica y afecta los principios de legalidad, reserva, intimidad y privacidad.Para Borinsky, la condena limita la libertad ambulatoria, pero no permite extender la restricción a otros derechos que no fueron alcanzados por la sentencia. También objetó el endurecimiento dispuesto después de la reunión de noviembre de 2025. El juez de ejecución fijó entonces un máximo de tres visitantes, dos encuentros semanales y una duración de dos horas sin una petición previa de la fiscalía.Borinsky consideró que el tribunal actuó de oficio y amplió las condiciones de detención sin que la recepción simultánea de las nueve personas estuviera prohibida.En ese pasaje escribió que las visitas “no pueden ser restringidas como pauta de conducta, pues sencillamente no hay delito de agenda”.El informe ligado al Consejo de la Magistratura mostró que, entre los 1.192 casos de prisión domiciliaria sobre los que había información, solo 21 -el 1,76%- tenían restricciones para recibir visitas. La proporción era del 0,86% entre personas detenidas por narcotráfico y del 15,62% entre condenados por delitos de lesa humanidad.Borinsky cuestionó que el Tribunal Oral Federal 2 no hubiera respondido ese argumento. También detectó una contradicción: la Ley 24.660 fue empleada para imponer límites, pero el principio de progresividad previsto en la misma norma fue descartado al momento de revisar su continuidad.Su propuesta consistió en permitir las visitas sin autorización previa, con la obligación de no perturbar la tranquilidad del vecindario.

La custodia y el riesgo de fugaEn cuanto al monitoreo electrónico, Borinsky valoró que Cristina Kirchner es una persona conocida públicamente, permaneció a derecho y posee custodia de la Policía Federal Argentina durante las 24 horas.A diferencia de la mayoría, entendió que esa vigilancia neutraliza cualquier peligro de fuga. Una salida no autorizada, añadió, sería detectada de inmediato y tendría repercusión pública.“La función de agentes policiales de custodia es a la vez un factor que evita el peligro de fuga y lo neutraliza, tornando innecesario y superfluo la tobillera electrónica en este caso”, escribió.Luego añadió: “La presencia permanente de miembros de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en el domicilio sito en San José 1111, piso 2do, departamento “d”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria -sitio puntualmente ofrecido por la defensa, aceptado por el tribunal y convalidado, de momento, por esta instancia superior-, resulta una circunstancia dirimente para el análisis del caso bajo examen.“.El juez incorporó también los datos del Consejo de la Magistratura: solo el 23,96% de las personas bajo prisión domiciliaria sobre las que había información utilizaba un dispositivo electrónico. A ello agregó los controles trimestrales, que registraron una conducta colaborativa, ausencia de alertas, permanencia en el domicilio y falta de reclamos de vecinos.Para Borinsky, ese cuadro habilitaba la excepción prevista por la ley y mostraba que la continuidad del dispositivo no contaba con una justificación suficiente.En septiembre de 2025, el tribunal había autorizado el uso del espacio sin restricciones, por razones de salud y esparcimiento. Tres meses después lo redujo a dos horas diarias, entre las 6 y las 20.El camarista Borinsky no encontró una explicación concreta sobre la forma en que el acceso sin límites podía afectar la seguridad de la ex presidenta o el cumplimiento de la condena. También recordó que la prohibición de perturbar a los vecinos ya figuraba entre las reglas de conducta fijadas y que no hubo incidentes relacionados con la convivencia.El magistrado tuvo en cuenta, además, los problemas de salud atravesados por la ex mandataria y los beneficios del contacto con el aire libre. La mención a la tranquilidad del consorcio, concluyó, no bastaba para sostener la limitación.Con esos argumentos, propuso revocar la resolución del Tribunal Oral Federal 2. La mayoría integrada por Hornos y Barroetaveña mantuvo las condiciones de la prisión domiciliaria. NA.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti consideró que la causa Vialidad se encuentra concluida desde el punto de vista judicial y sostuvo que ya no existen instancias pendientes para revisar la condena dictada contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Al referirse al expediente, el magistrado señaló que el máximo tribunal ya emitió su pronunciamiento y que el proceso ha agotado las etapas previstas dentro del sistema judicial. Sus declaraciones se conocieron en momentos en que distintos sectores políticos vuelven a debatir las consecuencias del fallo y el futuro del peronismo.Las expresiones de Lorenzetti coincidieron con nuevas manifestaciones de respaldo a la exmandataria. Durante los últimos días se realizaron actividades y concentraciones de militantes que reclamaron una revisión de la situación de Cristina Kirchner, mientras referentes partidarios impulsan una reorganización interna del espacio político.Sin embargo, el juez evitó profundizar sobre el contenido de la sentencia y puso el foco en la importancia de preservar la confianza pública en las instituciones. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de desacreditar permanentemente a la Justicia y destacó el papel que cumplen los organismos judiciales en la protección de los derechos de los ciudadanos.Por otra parte, Lorenzetti también se refirió a la necesidad de avanzar en cambios dentro del sistema judicial argentino. El magistrado planteó la conveniencia de establecer mecanismos más transparentes para la selección de jueces y cuestionó prácticas que, a su entender, favorecen influencias ajenas al mérito profesional.Entre las iniciativas que impulsa figura un proyecto destinado a modernizar los concursos para magistrados mediante procedimientos digitalizados, evaluaciones anónimas y sistemas de selección que reduzcan la discrecionalidad en las designaciones.La propuesta contempla una primera instancia de evaluación teórica mediante preguntas seleccionadas al azar de una base de datos amplia y, posteriormente, una etapa práctica de resolución de casos. Los postulantes con mejor desempeño accederían a entrevistas públicas antes de la calificación final.De esta manera, mientras ratificó que la causa Vialidad quedó definitivamente resuelta en el plano judicial, Lorenzetti aprovechó la oportunidad para insistir en la necesidad de fortalecer la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial.

Por Karina Poritzker - El Tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad rechazó este viernes un nuevo pedido de su defensa para que se le quite la tobillera electrónica y se flexibilicen las condiciones de su prisión domiciliaria, a pocos días de cumplirse un año de su detención el 17 de junio de 2025.El juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu negó los pedidos hechos el 28 de mayo último por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y ratificó la vigencia de todas las condiciones bajo las cuales CFK cumple en la actualidad la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta.La decisión judicial sostuvo que las restricciones responden a finalidades “legítimas de organización y supervisión de la ejecución penal”, así como a la necesaria “preservación de la tranquilidad del barrio y la convivencia pacífica de sus habitantes”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.La defensa había solicitado el cese del régimen de visitas o en todo caso la vuelta a una modalidad anterior más flexible, sacar a la ex Presidenta la tobillera electrónica y eliminar restricciones sobre el uso de la terraza del edificio donde Fernández de Kirchner cumple condena. Entre los argumentos, los abogados valoraron el cumplimiento estricto de las reglas de conducta, el principio de progresividad de la pena y la ausencia de riesgos de fuga.Pero el Tribunal rechazó los pedidos porque “el adecuado acatamiento de las reglas de conducta invocado por la defensa como fundamento de su pretensión no constituye, por sí solo, una circunstancia que habilite a concluir que las restricciones actualmente vigentes han perdido su razón de ser”. “Antes bien, dicho comportamiento ha sido precisamente el presupuesto que justificó la continuidad de la modalidad domiciliaria de cumplimiento”, se concluyó.Además, el juez destacó que “el régimen progresivo” en el cumplimiento de las penas se encuentra concebido para los casos dentro del sistema penitenciario. La prisión domiciliaria, “en cambio, constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”.

Tobillera y terrazaRespecto a la solicitud de eliminar el monitoreo electrónico mediante la tobillera, el magistrado destacó que “la utilización del dispositivo constituye la regla legal establecida por el legislador, mientras que su dispensa reviste carácter estrictamente excepcional y exige la concurrencia de circunstancias —de orden médico, técnico u operativo— previamente acreditadas mediante informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado o tribunal de ejecución”, algo que no se verifica en el caso.Sobre el uso de la terraza, Giménez Uriburu también rechazó el pedido para ampliar las dos horas diarias en las que la ex presidenta puede usarla. “No se advierte que las limitaciones actualmente vigentes frustren o desnaturalicen la finalidad que justificó la autorización oportunamente concedida”, concluyó. Por el contrario, Fernández de Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”. Las restricciones en materia de horario y duración del acceso responden, “en cambio, a criterios de prudencia destinados a compatibilizar aquella posibilidad con el deber... de preservar la tranquilidad del vecindario y no perturbar la convivencia pacífica entre vecinos”.La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y fue detenida el 17 de junio del año pasado, luego que la Corte Suprema dejara firme ese veredicto. Desde entonces tiene prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111, en Constitución.

Por Karina Poritzker - La Cámara Federal de Casación rechazó este viernes los recursos de la defensa de Cristina Kirchner, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria de la expresidenta, condenada en la causa Vialidad.La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la ex Presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en el expediente que analizó la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz.En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”, según el fallo de 131 carillas al que tuvo acceso Infobae.CFK está detenida desde junio de 2025 con prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, Constitución. Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían presentado dos recursos ante la Casación Federal contra decisiones vinculadas a la forma en que su defendida cumple la condena: el uso de tobillera electrónica, los límites a las visitas, reforzados luego del escándalo por una reunión en su domicilio con nueve economistas en noviembre pasado, y el máximo de dos horas diarias otorgado para subir a la terraza del edificio.En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.Este criterio cobra mayor relieve cuando se tiene en cuenta que, expresó, se trata de “vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado”.

“Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”, agregó el juez en alusión al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo y resolvió una condena que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y comenzó a cumplirse.Hornos recordó el episodio del 17 de noviembre último -la visita simultánea de los economistas- y su posterior difusión “efectuada por la propia Fernández de Kirchner en la red social ‘X’”.En ese momento, el juez de ejecución Gorini interpretó que se incumplieron autorizaciones vigentes y estableció que en lo sucesivo dichas visitas deberán ser autorizadas de manera individual, expresa y previa, con motivación concreta, fijando un límite máximo de dos horas de duración, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión. Casación dejó ahora esto en pie.También ratificó el uso de tobillera electrónica y la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”, concluyó.En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta”.En disidencia, el juez Borinsky volvió a manifestarse favorable a quitarle a la ex presidenta la tobillera electrónica, flexibilizar las visitas y permitirle el acceso irrestricto a la terraza, único lugar al aire libre del edificio.“Entre las personas excluidas y que ahora necesitan formular una solicitud motivada previa al tribunal de grado, se encuentran familiares, médicos y personas del círculo íntimo de la nombrada, quienes fueron excluidas sin siquiera haberse constatado la cercanía que poseen con la interesada”, advirtió.Además, otorgada la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la detención, la persona “no pierde su derecho a la intimidad inherente a su domicilio sino solamente en cuanto a las restricciones propias al control de la ejecución penal legalmente autorizadas. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en su domicilio, constituyendo esta premisa una garantía de índole constitucional y convencional”, subrayó el camarista.Sobre la tobillera reiteró lo expresado en decisiones anteriores, al considerarla innecesaria en tanto “se trata de una persona de público conocimiento, que estuvo siempre a derecho y que cuenta con custodia policial permanente -la cual podría ser eventualmente incrementada-.”Finalmente, respecto al permiso concedido a la ex presidenta para subir a la terraza dos horas al día, Borinsky consideró “infundada” esa decisión y recordó que “resulta evidente la necesidad de permitirle permanecer en dicho ámbito, a fin de resguardar su derecho a la salud; en especial, tomando en cuenta que recientemente ha sufrido una afección que derivó en su internación”. 

La decisión de mantener las medidas vigentes al menos hasta febrero fue adoptada por la sala de feria del tribunal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. En su voto mayoritario, Ledesma y Yacobucci consideraron que el planteo no encuadra dentro de los supuestos habilitados para ser tratados durante el receso judicial y que la defensa no acreditó la urgencia del caso.De este modo, continúan en vigor las restricciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan la cantidad de personas que pueden visitar a la ex mandataria, la duración de los encuentros, la frecuencia semanal y la obligación de solicitar autorización judicial previa para quienes no integren una nómina habilitada. También se mantiene el tope de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.Fernández de Kirchner regresó recientemente a su domicilio de la calle San José 1111 tras ser dada de alta luego de una internación por apendicitis. Cumple prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en el marco de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad.La defensa había apelado en diciembre el mantenimiento de la tobillera electrónica, las restricciones al régimen de visitas, la exigencia de autorizaciones especiales para personas de su entorno, entre ellas su cuñada Alicia Kirchner y sus dos hijas, y las limitaciones horarias para el uso de la terraza.En disidencia, Borinsky sostuvo que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona condenada pueden ser tratadas durante la feria judicial, conforme a la reglamentación vigente, y propuso habilitar el receso y fijar una audiencia para escuchar a las partes.Las apelaciones serán analizadas a partir de febrero por la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, cuando se reanude la actividad judicial.Las nuevas restricciones habían sido dispuestas por el juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini a cargo de la ejecución de la pena, luego de una visita simultánea de nueve economistas al departamento de la ex vicepresidenta.Entre las medidas se estableció un máximo de tres visitantes por día, por hasta dos horas y dos veces por semana, salvo situaciones excepcionales, además de la obligación de pedir autorización previa. Las resoluciones fueron concedidas sin efecto suspensivo, por lo que continúan plenamente vigentes.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, avanzó por la vía administrativa y notificó a la ex presidenta Cristina Kirchner de que, debido a su condena por la causa Vialidad, deberá regresar el dinero que percibió por la vía de su jubilación y la de su pensión por viudez, suma que se calcula en torno a los 1.000 millones de pesos.“Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias (jubilación y pensión) oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses”, sostuvo un comunicado de la cartera liderada por Sandra Pettovello.Fuentes del ministerio le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que “la decisión de la ANSES fue la de no avanzar por la vía judicial sino por la administrativa y en ese marco se la notificó a la ex presidenta que por su situación judicial tiene que devolver esos ingresos”.“La ANSES ya notificó a Cristina Kirchner y ella debería apersonarse en ANSES para resolver la situación. Por razones de público conocimiento (en referencia a que está cumpliendo prisión domiciliara en su vivienda del barrio de Constitución) deberá mandar a su apoderado o abogado y hará lo que considere necesario”,  señalaron los mismos voceros.Sobre esto último, en el Gobierno dan por descontado que la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) “judicializará el tema y seguramente presentará un amparo sobre la cautelar”.  La Casa Rosada avanzó de esta forma luego de que la Justicia rechazara el miércoles una medida cautelar presentada por la ex presidenta para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner.La ex mandataria venía resistiendo la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato presidencial.La pérdida de los dos ingresos extraordinarios se produjo en noviembre de 2024 cuando la Cámara de Casación Penal confirmó su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad. Infobae.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos ex ministros de su gobierno, el remisero autor de los “cuadernos” Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.Desde las 9.30 y con trasmisión por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero darán inicio al debate que se prevé durará al menos tres años y que durante el primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate.La ex presidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la “Causa Vialidad” y que la Corte Suprema dejó firme este año.Además serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.En el caso Vialidad por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor del también condenado empresario Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio descartó la figura de asociación ilícita y condenó por defraudación, algo que quedó firme en la Corte Suprema.

Desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias en Cuadernos mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y de manera posterior a la feria judicial de enero.El Tribunal aún tiene que decidir si también serán virtuales o para esta instancia se habilitará la presencialidad. Infobae.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento y la excepción de cosa juzgada presentado por la defensa de Cristina Elisabet Fernández en la causa conocida como “Cuadernos”, en la que se investiga una presunta asociación ilícita y otros delitos vinculados a hechos de corrupción durante su gestión como presidenta de la Nación.La decisión, firmada este jueves por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Andrés Castelli y Fernando Canero, mantiene a la exmandataria como imputada y habilita la realización del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre.El planteo de la defensa, encabezada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Rubén Llernovoy, se apoyó en la reciente sentencia de la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, que el 10 de junio de 2025 confirmó la absolución de Fernández de Kirchner respecto de la figura de asociación ilícita.En base a este fallo, los abogados sostuvieron que existe una “superposición del objeto procesal” entre ambos expedientes y que, al haber sido absuelta por sentencia firme en “Vialidad”, no corresponde someterla nuevamente a juicio por el mismo hecho, invocando la garantía constitucional que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.En palabras de la defensa, “en ambos procesos Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por la misma acción, esto es, tomar parte en una asociación o banda dedicada a cometer delitos indeterminados”.Sin embargo, la fiscal general Estela Fabiana León, titular de la Fiscalía General n° 5 , consideró que “el planteo es formal y sustancialmente inadmisible por cuanto no demuestra, en los términos que exige la doctrina y jurisprudencia de la CSJN, un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho”.La fiscalía remarcó que la defensa no describió un “mismo hecho histórico”, sino que “extrapola un ‘plan’ genérico para forzar una identidad que -a criterio de esta acusación, la jurisprudencia y las decisiones que se han dictado- es inexistente”. León subrayó que la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho “sólo bloquea un nuevo proceso por el mismo hecho histórico atribuido a la misma persona, no respecto de ‘planes’ o narrativas globales”.En la misma línea, la Unidad de Información Financiera, representada por el director de Litigios Penales Mariano Ariel Galpern, también se opuso al pedido y descartó la identidad subjetiva, es decir, la coincidencia de personas imputadas, como argumento suficiente para aplicar la garantía de cosa juzgada.

Los argumentos de los juecesEl juez Enrique Méndez Signori, al fundamentar el rechazo, recordó que la defensa ya había presentado un planteo similar en 2018, bajo la figura de litispendencia, que fue rechazado por el juez instructor, la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. El magistrado explicó que “la presentación realizada por la defensa no se desprende con suficiente claridad la triple concurrencia exigida para considerar que podríamos encontrarnos ante un supuesto de doble juzgamiento: identidad de la persona perseguida, identidad de objeto de persecución y identidad de la causa de persecución”.El juez Méndez Signori remarcó que “el planteo de la defensa se circunscribe a señalar de manera dogmática que ‘el comportamiento típico acriminado es absolutamente coincidente en uno y otro caso’, haciendo referencias a las coincidencias que existen en los expedientes, pero soslayando las circunstancias fácticas que -como lo indican las partes acusadoras- los diferencian e invitan a considerar que no se trata, prima facie, de la misma conducta”.El tribunal también destacó la obligación internacional del Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, en virtud de la “Convención Interamericana contra la Corrupción” y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ambas con jerarquía legal en el país.Por su parte, los jueces Fernando Canero y Germán Andrés Castelli adhirieron a los fundamentos de Méndez Signori. Castelli subrayó que “el planteo constituye una reedición de lo ya resuelto ahora bajo el amparo del instituto de la cosa juzgada, habida cuenta que la firmeza de la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 en la causa CFP 5048/2016, no trae consecuencias en la decisión adoptada en la etapa instructoria”.Tras estos argumentos, El tribunal resolvió: “rechazar el planteo de excepción por falta de acción y sobreseimiento formulado en este incidente por la defensa de Cristina Elisabet Fernández”.La decisión del Tribunal Oral Federal 7 implica que la ex presidenta continuará siendo juzgada en la causa “Cuadernos”, sin que la absolución en “Vialidad” impida la continuidad del proceso. NA.

La exmandataria aprovechó el comentario de Trump —quien advirtió que “si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”— para enviar un mensaje a la sociedad, dejando entrever su deseo de que el resultado en las urnas cambie el rumbo político.                                                                                              La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras el polémico mensaje del mandatario estadounidense Donald Trump, quien durante un almuerzo en la Casa Blanca condicionó la ayuda a la Argentina al resultado de las próximas elecciones legislativas.“Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’. ¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!”, publicó Cristina, haciendo clara alusión a la importancia del voto en los comicios del 26 de octubre.

El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el fallido atentado en el que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El vendedor de algodones de azúcar que gatilló un arma en la cabeza de la ex presidenta de la Nación fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que su exnovia, declarada partícipe necesaria del plan criminal, recibió una pena de 8 años.En tanto, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron -tal como se esperaba- a Nicolás Carrizo, sindicado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre, según informaron los jueces en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.En primer lugar, el Tribunal desestimó los pedidos de las defensas para declarar inimputable a Fernando Sabag Montiel, por su “trastorno psicótico”, y suspender el proceso contra Brenda Uliarte por incapacidad mental sobreviniente.En un fallo unánime, Uliarte y Sabag fueron declarados culpables por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Los jueces desestimaron los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política que había incluido la Fiscalía.Cabe recordar que la fiscal Baigún, en su alegato, había pedido condenas de 15 años para el autor y 14 para su cómplice.A Fernando Sabag Montiel también lo sentenciaron por la portación ilegal de arma de guerra, aunque fue absuelto por la receptación ilegítima de la misma.El TOF N° 6 unificó la condena de Sabag en una pena total de 14 años de prisión, ya que purga otra por 4 años y 3 meses por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.Brenda Uliarte fue declarada partícipe necesaria del intento de magnicidio. La absolvieron de la acusación de receptación y tenencia ilegal de arma. Cumplirá una pena única de 8 años y 2 meses de cárcel -le habían dado un año por falsificación de DNI-.Los antecedentes de ambos surgieron a partir de los allanamientos a sus domicilios y peritajes de sus teléfonos que se hicieron en el marco de la investigación del atentado.

Últimas palabrasMás temprano el TOF N° 6 permitió a los acusados dar sus “últimas palabras” antes del veredicto. Fernando Sabag Montiel lo hizo primero e intentó trazar un paralelismo entre su caso y la muerte del fiscal Alberto Nisman. La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, lo interrumpió para advertirlo y le pidió que se enfoque en lo que ocurrió en el juicio.Siguió su alocución con desvaríos. Por ejemplo, sugirió que quieren matarlo y que “le quieren tirar el muerto” al diputado del PRO Gerardo Milman, quien fue investigado por su presunta vinculación con la planificación del atentado. “Me parece una bajeza total cómo lo incriminaron”, se quejó Sabag.Por último teorizó que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, le pidió personalmente a Cristina Kirchner durante su último encuentro en San José 1111 “que se encargue” de garantizar una supuesta extradición que pretendería el país vecino, donde nació Sabag.Brenda Uliarte, por su parte, no hizo uso de sus últimas palabras. Pasó la última audiencia aislada del resto, cercada por un perímetro de agentes del Servicio Penitenciario Federal que evitaron cualquier contacto con otras personas.Nicolás Carrizo se pronunció brevemente y lamentó su paso por la cárcel: “Siento esa impotencia por dentro por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más”, dijo.

El atentadoEl juicio contra los ejecutores del intento de asesinato de la entonces vicepresidenta comenzó a fines de junio de 2024, y en poco más de un año declararon 157 testigos.A partir de las pruebas recabadas durante la investigación -a cargo del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti-, la fiscal Baigún estableció que el atentado a CFK fue “una decisión adoptada previamente por ambos” con la finalidad de “impedir que siga desarrollando su vida política”, tal como dio por demostrado luego del debate oral y público.La pareja “se infiltró entre la multitud que se había congregado frente al domicilio de Cristina, simulando ser simpatizantes de la misma”, durante la noche del 1 de septiembre de 2022 en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.Según reconstruyó la fiscal Baigún, el principal acusado portaba una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32, marca Bersa, cargada con cinco proyectiles y apta para disparar.“Una vez que se encontraba a escasos centímetros de la doctora Fernández de Kirchner, -Sabag- apuntó contra su rostro y gatilló en una oportunidad. El hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió, y cuando se disponía a recargar nuevamente fue interceptado por la multitud que se encontraba en el lugar”, dio por probado la acusación. Infobae.

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal dejó firme un fallo que beneficia a Cristina Kirchner, quien ya no deberá pagar un resarcimiento de $22.300 millones que el Estado le reclamaba en una demanda civil por la causa Vialidad. Según informó el diario Clarín, la decisión se tomó por la inactividad procesal de la parte demandante, es decir, del propio Gobierno a través de Vialidad Nacional.La decisión de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, en un voto dividido, confirmó la sentencia del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, que declaró la “caducidad de la instancia”. La defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, había solicitado la medida argumentando que no hubo avances en el expediente desde marzo de 2023.

Caducidad por inacción procesal

El argumento central del fallo es que la parte demandante, Vialidad Nacional, no impulsó nuevas medidas durante el plazo de seis meses que contempla el Código Procesal. Según supo Noticias Argentinas, a pesar de que el organismo estatal intentó justificar la demora, los jueces consideraron que “el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023”, por lo que correspondía dar por caído el proceso.El fallo remarca que la caducidad busca “evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”.

El decomiso de la causa penal sigue activo

Es crucial distinguir que este fallo corresponde a la causa civil iniciada para reparar el daño económico de las obras no terminadas. La decisión no afecta en absoluto a la causa penal.En los tribunales de Comodoro Py, el proceso de ejecución patrimonial correspondiente al decomiso de bienes por $685.000 millones, fijado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, continúa su trámite de forma independiente y se mantiene activo. NA.

La Cámara Nacional Electoral (CNE), en un fallo unánime, revocó la decisión judicial que habilitaba a Cristina Kirchner para ejercer su derecho al voto, a pesar de su condena firme a seis años de prisión en la causa “Vialidad”. La medida, que impacta directamente en la situación electoral de la expresidenta, se fundamenta en los precedentes “Procuración Penitenciaria” y “Orazi” de la Corte Suprema.La decisión del tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anula la resolución del pasado 18 de julio de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto. Esta última había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 19° inciso 2 y 12 del Código Penal, junto con el artículo 3 inciso “e” del Código Nacional Electoral, que establecen la inhabilitación absoluta y exclusión del padrón de personas condenadas por delitos dolosos.La argumentación de la Cámara Electoral:La CNE argumentó su decisión basándose en el caso “Procuración Penitenciaria”, donde el Tribunal Superior había declarado la inconstitucionalidad de las normas, pero había requerido al Congreso “revisar la reglamentación vigente sobre el derecho de sufragio de las personas con condena penal”, alertando sobre la imposición de “restricciones genéricas y de carácter automático”.Además, la Cámara recordó el precedente “Orazi” de la Corte Suprema, que analizó el reclamo de un afectado que consideraba que diferir su derecho a votar hasta una reglamentación del Poder Legislativo era violatorio de la “garantía de tutela judicial efectiva”. La Corte, en aquel entonces, dejó en claro que no se podía habilitar de oficio y de forma genérica, sino que debían cumplirse ciertas “condiciones mínimas”.Las “condiciones mínimas” que no se cumplieron:Según la CNE, la decisión de la jueza Borruto fue revocada porque no se cumplieron estas “condiciones mínimas” establecidas en el precedente “Orazi”:La cuestión debía tratarse en un “caso concreto, instado por petición del interesado o del Ministerio Público”. El fallo original fue dictado de oficio, sin que Cristina Kirchner o el Ministerio Público lo solicitaran.Debía verificarse que la posibilidad de votar fuera “jurídica y fácticamente viable” y “de acuerdo al tipo y la naturaleza del delito que motiva la inhabilitación”.Al no haberse considerado ninguna de estas condiciones en la sentencia apelada, y al haberse dictado de oficio, la Cámara Nacional Electoral resolvió revocar la habilitación, dejando a Cristina Kirchner fuera del padrón electoral. NA.

A través de un mensaje de audio, la ex mandataria recordó un acto realizado el 23 de noviembre en Rosario y la relación del discurso que dio en esa oportunidad con las 98 muertos por consumir la droga adulterada.“Ese día critiqué la obsesión desreguladora de  Sturzenegger y dije que sólo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo, donde ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”, sostuvo la ex jefa de Estado. Y sentenció: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”.Además, hizo mención al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios y dijo que no se trata de un “relato kuka”. “Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de (Javier) Milei, al que nombró como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que después rajó cuando se armó el quilombo”, describió CFK.También se refirió a la presunta impunidad de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei: “Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del concejo deliberante de Quilmes, estuvo trece días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”.En tanto, la ex mandataria comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.Para cerrar su mensaje, alertó sobre lo que calificó como una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y llamó a retomar la senda de “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”. NA.

Luego de la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 7 convocó a una audiencia preparatoria para avanzar con el juicio de la denominada causa Cuadernos, previsto para el 6 de noviembre, donde Cristina Kirchner está procesada como como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.La audiencia, que se realizará de manera virtual, fue fijada para el próximo 24 de septiembre, con el objetivo de delimitar la prueba del proceso que comenzará en noviembre.Los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori convocaron a las partes para “limitar la prueba sobre la que versará el juicio oral y público a realizarse en las presentes actuaciones, a aquella que resulte de imprescindible producción y evitar la reiteración de las efectuadas para la acreditación de hechos notorios no controvertidos”.En la causa, Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas entre empresarios que hicieron negocios con el Estado entre 2003 y 2015.La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las confesiones de los acusados.En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.Durante la investigación, distintos funcionarios apuntados se ampararon en la figura del “arrepentido” y admitieron los cobros. De la misma manera, los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. Según se indicó, muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner.Uno de esos empresarios fue Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, quien sostuvo que se trataba de aportes de campaña al kirchnerismo. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral desconoció sus dichos.La causa Cuadernos no es la única causa que tiene pendiente la expresidenta. En los últimos días también se registraron movimientos en el caso Hotesur-Los Sauces y el Memorándum de entendimiento con Irán. Sobre esta última, la Corte Suprema confirmó la elevación a juicio de la causa; se espera que sea fijada en los próximos días. (TN)

Cristina Kirchner criticó con dureza al futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, por sus declaraciones ante el Senado de su país. El diplomático, propuesto por Donald Trump, anunció que buscará “vigilar a los gobernadores”, “frenar acuerdos con China” y “asegurar que Cristina reciba la justicia que merece”. La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, denunció que estas afirmaciones evidencian injerencia extranjera y acusó al gobierno de Milei de someterse a los intereses de “las Fuerzas del Norte”. También cuestionó la doble vara con la que se mide la supuesta corrupción en los vínculos con China.

La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.Pérez Esquivel se hizo presente junto al diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés en la casa de la ex mandataria, ubicada en el barrio de Constitución de la ciudad de Buenos Aires.

La titular del PJ mantuvo el encuentro con Pérez Esquivel luego de que la Corte Suprema rechazó la revisión de la sentencia en su contra y dejó firme el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, que había sido ratificado también por la Cámara Federal de Casación Penal.Una vez conocida la condena, la defensa de la ex jefa de Estado pidió la prisión domiciliaria, que de ser concedida se cumpliría en el departamento de su hija Florencia Kirchner.

Además, el encuentro entre el militante por los derechos humanos y Fernández de Kirchner se produjo mientras el Partido Justicialista (PJ) se encontraba deliberando acerca de los pasos a seguir de cara a la detención de su titular. NA.

“El Gobierno no tiene nada que ver con fallos de tres instancias distintas que vienen desde hace diez años”, remarcó tajante uno de los funcionarios más influyentes de la gestión libertaria a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada, minutos después de que se conociera el veredicto de la Corte adverso a la ex mandataria.También fue consultado sobre las implicancias políticas del pronunciamiento de la Corte y más precisamente sobre qué pasará ahora con el peronismo. “Con el fallo este se puede abroquelar o también se puede partir en mil pedazos, que es algo que suele pasar cuando ya no está más el líder”, evaluó.Por último, ratificó que se seguirá aplicando el protocolo antipiquetes en los cortes de calles, autopistas y manifestaciones que se puedan producir por parte de la militancia kirchnerista en rechazo al fallo del máximo tribunal.  Horas antes de conocerse el fallo de la Corte, se pronunció otro referente del gobierno libertario, quien alertó: “Será un fallo de la Justicia y habrá que respetarlo, nosotros no no vamos a dejar psicopatear con lo de proscripción o persecución. Es una decisión de la Corte, no nuestra”.De inmediato, el funcionario se preguntó: “¿Si no pudimos meter dos jueces en la Corte (Por Ariel Lijo y Manuel García Mansilla), creen que podemos influenciar sobre tres jueces de la Corte?”.También le preguntaron sobre cómo se manejarán frente a las protestas que se puedan producir en estos días por los sectores kirchneristas. “Ningún fallo judicial puede condicionar el accionar de las fuerzas de seguridad”, sostuvo en referencia a que se mantendrá el protocolo antipiquetes. NA.

La decisión de la Corte Suprema de Argentina de confirmar la condena por corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner —inhabilitándola de por vida para ocupar cargos públicos— generó una ola de repercusiones en la prensa internacional. Medios de peso como The New York Times, El País de Uruguay, O Globo de Brasil, Bloomberg y el Financial Times coincidieron en destacar el carácter histórico del fallo y el impacto que tendrá en el panorama político argentino.El diario neoyorquino recordó que la ex mandataria fue hallada culpable de haber favorecido contratos de obras públicas durante sus gobiernos.En un artículo titulado “Argentina’s Top Court Bans Cristina Kirchner From Office”, The New York Times definió a Kirchner como una “figura dominante de la política argentina durante más de dos décadas” y subrayó que el fallo marca “el fin oficial de sus aspiraciones políticas”. El diario neoyorquino recordó que la ex mandataria fue hallada culpable de haber favorecido contratos de obras públicas durante sus gobiernos, y que aunque evitará la prisión efectiva por razones de edad, su carrera política queda “sellada”.La nota también contextualiza el caso dentro de un país con un largo historial de impunidad, destacando que se trata de “una rara instancia en que un ex jefe de Estado enfrenta consecuencias judiciales tangibles”.

El País (Uruguay): “Una decisión histórica”El País de Montevideo calificó la sentencia como una “decisión histórica” de la Corte Suprema argentina y enfatizó que Cristina Kirchner “no podrá ser candidata a ningún cargo electivo”. El medio uruguayo puntualizó que el máximo tribunal ratificó el fallo por administración fraudulenta, condena que había sido dictada por un tribunal oral en diciembre de 2022. Además, El País destacó que este fallo “cierra el capítulo judicial más relevante de la era kirchnerista” y representa “un duro golpe al peronismo, que pierde a su principal referente electoral”.

O Globo: “Deberá cumplir prisión domiciliaria”El diario brasileño O Globo abordó el tema desde una perspectiva más centrada en las consecuencias judiciales inmediatas. Tituló su artículo señalando que la Corte confirmó la condena a Kirchner, “que deberá cumplir prisión domiciliaria”. La nota subraya que, si bien aún hay recursos pendientes en instancias internacionales, la sentencia en Argentina ya es firme. El medio también remarcó la reacción polarizada en la sociedad argentina: “Mientras sectores celebran un avance contra la corrupción, otros denuncian una persecución política”, escribieron.

Bloomberg: “Prohibición de por vida”La agencia Bloomberg apuntó al impacto institucional de la decisión, informando que “Argentina’s Top Court Bans Kirchner From Public Office for Life”. El énfasis del artículo recayó en la inhabilitación perpetua, interpretada como un mensaje claro sobre los límites de la corrupción en la función pública.El medio económico estadounidense también vinculó el fallo con el actual contexto político del país y el gobierno de Javier Milei, señalando que la sentencia podría “reconfigurar los equilibrios internos del peronismo” y consolidar el discurso ‘anticasta’ promovido por el oficialismo.

El País: “Una figura central de la política argentina queda apartada”El País, el diario de mayor circulación en lengua española, escribió: “La Corte Suprema argentina confirma la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción”. La cobertura resalta que se trata de un “hecho de enorme trascendencia política” y recuerda que la ex presidenta fue condenada por favorecer irregularmente al empresario Lázaro Báez durante su mandato. El medio puntualiza que, aunque Kirchner no irá a prisión por su edad, la inhabilitación perpetua la aparta formalmente del escenario electoral.En su análisis, El País señala que la decisión del máximo tribunal “cierra cualquier posibilidad de un regreso institucional” de Cristina Kirchner y obliga al peronismo a repensar su liderazgo. Además, contextualiza la sentencia dentro de un clima político tensionado, con un oficialismo encabezado por Javier Milei que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos. La nota también destaca que Kirchner no reaccionó públicamente de inmediato tras el fallo, mientras sus seguidores denunciaban una supuesta persecución judicial.

Financial Times: “Una prohibición que transforma la política argentina”El Financial Times tituló su cobertura con una afirmación contundente: “Kirchner será inhabilitada para ejercer la política en Argentina tras confirmarse su condena por corrupción”. En su crónica desde Buenos Aires, la periodista Ciara Nugent subrayó que la Corte Suprema argentina ratificó la sentencia contra la ex presidenta por fraude en la asignación de obras públicas, lo que conlleva una condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.El texto advierte que la decisión del máximo tribunal “lleva a Argentina a un territorio inexplorado”, en comparación con otros países de la región donde figuras prominentes han sido vetadas por causas judiciales. Cita al analista Marcelo García, quien afirmó que este escenario ofrece al peronismo un incentivo para reagruparse en torno a una dirigente que muchos consideran perseguida.El Financial Times tituló su cobertura con una afirmación contundente: “Kirchner será inhabilitada para ejercer la política en Argentina tras confirmarse su condena por corrupción”

ANSA: “Una decisión que sacude al peronismo”La agencia italiana ANSA también dedicó cobertura destacada al fallo, titulando: “Argentina, confirmada la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner”. El medio subrayó que la decisión de la Corte Suprema “sacude al peronismo” y representa un “golpe político sin precedentes” para el movimiento.En su nota, ANSA remarca que la sentencia “cierra definitivamente las puertas a un eventual regreso” de la ex mandataria al poder y refleja una señal de “independencia del Poder Judicial frente a figuras históricas de la política nacional”. Además, advierte sobre el impacto que esta decisión podría tener en el “delicado equilibrio interno” de la coalición peronista, ya debilitada tras las últimas elecciones. Infobae.