Supongamos que son superados los escollos legales que plantean algunos expertos en derecho acerca de una probable inconstitucionalidad en la adopción de la moneda estadounidense. En mi opinión, creo que la norma constitucional no implicaría impedimento insalvable. Para no ahondar en el tema me limito a recomendar la nota de Juan Vicente Sola (abril, 2023) “Dolarizar la economía argentina, ¿es constitucional?” publicada en diario La Nación.

Supongamos, además, que el complejo esquema de ingeniería financiera que involucra un posible fideicomiso compuesto por activos del Banco Central, entre otros títulos, propuesto por Emilio Ocampo, economista ya incorporado al equipo del eventual presidente libertario, funcionara exitosamente. Se logra conseguir entonces unos aproximados 30 mil millones de dólares para que el tipo de cambio de conversión no sea tan elevado como alertan los detractores de la dolarización, y de este modo salarios y jubilaciones no correrían riesgo de derrumbarse en poder adquisitivo.

Entonces… todo sale bien, y ya estamos felizmente dolarizados. La inflación se derrumba, y las tasas de interés, al no tener que incluir un componente por devaluación esperada, bajan fuertemente favoreciendo el crédito y con ello la inversión y la generación de empleos.

Vamos bien, pero… de repente sucede un determinado suceso que sacude el tablero y nos da un golpe frontal: el dólar se aprecia a nivel mundial.

¿Y entonces? ¿Colapsa la economía argentina y nos empobrecemos todos? No, no tan rápido. Analicemos el problema, así como las reformas necesarias para poder hacer frente al desafío con eficacia.

Problema planteado: La apreciación del dólar producida, por ejemplo, por subas de las tasas de interés en Estados Unidos que actúen como aspiradora de dólares hacia instrumentos de inversión del Tesoro de ese país, elevando la demanda del billete verde, nos vuelva “caros” para producir. Es decir, nos quita competitividad. La alternativa de devaluar, por supuesto, ya no existe, dado que es la Reserva Federal de los Estados Unidos la entidad que determina la oferta de dólares y aplica las correspondientes políticas monetarias para la determinación de su valor. El Estado argentino ya no puede efectuar política cambiaria. Curiosamente dicha imposibilidad es argüida por los opositores a la medida como una debilidad de la misma, y por los defensores como una fortaleza.

Enfaticemos en esto: no se puede devaluar para “ganar competitividad”. Una forma muy cuestionable de ser competitivo, por cierto, ya que implica en gran medida pagar sueldos internos en una moneda de menor poder adquisitivo relativo. Es decir, se devalúa y se adquiere competitividad con salarios comparativamente más bajos. Algunos edulcoran esta capacidad con expresiones muy bonitas como “soberanía monetaria” o “el poder realizar nuestra propia política cambiaria”. Sí, suena muy patriota, pero no constituye forma justa ni perdurable de adquirir competitividad. Lo de la escasa perdurabilidad refiere a que los precios en nuestro país son muy elásticos a los movimientos del tipo de cambio, es decir: una devaluación de nuestra moneda se traslada con rapidez al nivel de precios, licuando la competitividad vertiginosamente.

Para entender un poco lo referido, y lo que sigue, veamos una expresión muy simple y general del Tipo de Cambio Real:

Si estamos dolarizados el tipo de cambio nominal, que es básicamente la respuesta a la diaria pregunta de ¿cuánto está el dólar? desaparece de la expresión anterior. No hay precio del dólar en términos de pesos al dejar de existir el peso y, por lógica, un dólar vale un dólar. Esto quiere decir que la expresión, post dolarización sería:

Vamos a analizar a grandes rasgos cómo paliar esta situación que podría afectar la competitividad y llevarnos a déficits en la balanza comercial. En efecto, no teniendo la Argentina un Banco Central para emitir su propia moneda y devaluarla para ganar competitividad (una competitividad como se comentó, injusta y poco perdurable), la mejora del tipo de cambio real pasa por la reducción del nivel de precios internos. Es decir, bajar costos. No se asuste, no quiere decir necesariamente bajar salarios. Podemos lograrlo aumentando la productividad. Pero ser más productivo requiere de un conjunto de reformas, todas interconectadas, algunas de ellas:

* Reforma impositiva: para que las empresas paguen menos impuestos y así puedan insertarse mejor en el comercio internacional. Dato estremecedor: según cálculos del Banco Mundial la presión impositiva Argentina al ser medida acorde al volumen de impuestos pagados sobre la utilidad antes de impuestos total de las pymes, llega a una cifra que ronda el 106%. El promedio mundial ronda el 40%. Estamos segundos, si sirve de consuelo. Las Islas Comoras, de África, se llevan el primer puesto.

* Reforma laboral: no, no es para achicar salarios. Implicaría reducir las trabas a la contratación y a los despidos de modo de tener un mercado laboral más dinámico, que aumente la demanda laboral y no espante la inversión, al contrario, la estimule, favoreciendo el incremento de la productividad mediante mayor capital per cápita. Esto involucra, en línea con lo anterior, menor carga impositiva sobre el pago de salarios. Los sindicatos deberán entender de una… buena vez que la legislación laboral actual debe adaptarse a las nuevas modalidades de empleo propias de los tiempos que corren.

* Reducción del gasto público: Dado que no puede emitirse dinero para financiar el déficit y la emisión de deuda en dólares tiene un límite (nos los recordó el resto de mundo con ferocidad en 2001), debe encontrarse equilibrio fiscal. Subir los impuestos para el logro de este fin va en contra de la primera de las propuestas citadas, además la presión fiscal ya es agobiante. La reducción del gasto estatal lleva inevitablemente a la siguiente reforma.

* Reducción del tamaño del Estado: si cree que esto es dañino para la sociedad o un delirio de “neo” liberales ajustadores desalmados, lo invito a ver un organigrama de la estructura estatal, puede que vea cargos insólitos en ese monstruo burocrático de probada ineficiencia, que lo lleven a la indignación. En esta línea, si bien no existe gran cantidad de empresas estatales, aquellas que sean deficitarias e ineficientes podrían ser privatizadas, para dejar de constituir un factor de presión al Estado que debe cubrir sus pérdidas con adicional gasto público.

* Apertura comercial: La firma de tratados de libre comercio con las grandes potencias afectaría positivamente la competitividad mediante el impulso de lo que se conoce como “economías de escala”. Un sencillo gráfico puede ayudar a entender este concepto:

Observamos en el gráfico que, ante una producción de apenas Qo los costos medios son muy elevados, en concreto, Cme0. En cambio, al aumentar la cantidad producida a Q1, lo cual implica producir para mercados más amplios mediante un proceso de integración comercial internacional, los costos medios se reducen a Cme1, por efecto de las mentadas Economías de Escala. Esto indica que la dolarización es, no solo compatible, sino más efectiva con una mayor apertura comercial internacional.

Para concluir: la dolarización plantea desafíos, riesgos e interrogantes varios. Una propuesta menos audaz es la de dotar de autonomía al Banco Central para que deje de financiar el déficit fiscal, buscando eliminar el desequilibrio en las cuentas públicas como parte de un proceso de estabilización macroeconómica, tal como propone el otro sector de la oposición con fuertes chances de lograr la presidencia. Dicha coalición también plantea ciertas reformas fiscales, entre otras, bastante interesantes, aunque algo menos ambiciosas. Nuevamente, esta última alternativa es menos arriesgada e inquieta menos a ciertos sectores empresariales y a los mercados financieros, a la par que en general no atenta contra la racionalidad económica, tal como sí lo hacen los actuales controles de precios y de cambios. Pero, corre el riesgo de que, tal como sucedió tras la salida de la Convertibilidad, los políticos argentinos vuelvan a sus andadas, generando nuevamente enormes déficits fiscales financiados con emisión monetaria.

La política más osada, la de la dolarización, pretende atarles las manos a los políticos irresponsables de modo permanente, evitando la vuelta a políticas fiscales y monetarias demagógicas, peligrosas y cortoplacistas. Su enorme ambición conlleva sus nada desdeñables riesgos, naturalmente.

¿Cuál de las dos propuestas es mejor? ¿La más prudente o la más audaz?

Estimado lector, he intentado brindarle algunos elementos de análisis sobre la propuesta más audaz sin adoptar posición al respecto. La propuesta moderada es algo más conocida, fácil de comprender y contiene varios elementos plausibles. El veredicto, tal como diría una famosa pensadora argentina, lo dejo a su criterio.

*El autor es Economista, profesor universitario y de nivel medio.

Dejando de lado estos delirios de trasnochados que no se han enterado que al muro de Berlín lo tiraron desde el este, me ha llamado la atención, en particular, la preocupación manifestada en uno de sus spots por uno de los principales candidatos a la gobernación de Entre Ríos. Este aspirante se indigna con justicia ante la falta de créditos que sufre el sector privado, haciendo énfasis, en el caso del sector vivienda, ante la problemática de los créditos hipotecarios insuficientes o demasiado onerosos.

Podemos suponer que su preocupación es genuina, y al respecto “quiere hacer algo” para contrarrestar tan indeseable situación.

En efecto, la carencia o dificultad para el acceso al crédito no es exclusivo del sector de la vivienda, más bien desde el sector privado las quejas sobre la dificultad o encarecimiento de los créditos abarcan varios sectores, tanto empresariales como de hogares.

Una dificultad a considerar es que, por más buena voluntad que pueda tener el futuro gobernador (el del spot comentado o el que sea) la cuestión de la sequía de créditos al sector privado va mucho más allá del margen de acción que pueda tener el gobernador de una provincia. Puesto que la insatisfactoria oferta crediticia constituye una problemática que tiene origen en desajustes macroeconómicos a nivel nacional.

En la literatura económica existe una expresión llamada “crowding out”, la cual se ha españolizado como “efecto expulsión”. El término ya nos da una pauta del fenómeno al cual refiere: aquel en el cual el sector privado posee una reducida oferta crediticia y/o muy cara, a causa de que el sector público demanda fuertemente el ahorro disponible para financiarse así como, en variadas circunstancias, para absorber oferta monetaria a fin de evitar peores presiones inflacionarias de las ya sufridas.

Repasemos entonces las dos causas de la demanda de crédito por parte del sector público:

1- El Tesoro necesita financiarse, dado que posee déficit. El “efecto desplazamiento” se agrava cuando el acceso al crédito internacional es muy limitado, las reservas del Banco Central son escasas y el deudor (en nuestro caso el gobierno nacional) se encuentra fuertemente endeudado. Todo lo cual ocurre en la actualidad.

En este caso la tasa de interés exigida por ahorristas se incrementará para lograr cobertura tanto por la desvalorización monetaria esperada, así como por el riesgo que implica prestarle a un deudor poseedor de un stock de pasivos tan preocupantemente elevado.

2- La emisión monetaria para asistencia al Tesoro Nacional requiere que, en un intento por evitar o morigerar las presiones inflacionarias, una parte sea esterilizada (reabsorbida) por el mismo Banco Central que la emitió, el cual emitirá pasivos monetarios remunerados (que pagan intereses) para su absorción, tales como Letras de Liquidez (Leliqs) y Pases Pasivos, los cuales son actualmente solo adquiribles por entidades financieras, principalmente Bancos.

Cuanto mayor sean las necesidades de dinero por parte del Tesoro así como del Banco Central por las causas recién comentadas, menor será la disponibilidad de créditos para el sector privado, lo necesite éste para inversión o para consumo de bienes durables. Tal este último caso que preocupa tanto al candidato a la gobernación referido, según se desprende de su spot. Es aquí entonces dónde el “efecto expulsión” golpea a los agentes privados que necesitan de crédito: hay poco, y por lo tanto caro.

Al momento de escribir esta nota el Tipo de Interés Nominal Anual para los plazos fijos es de 97%, ese el costo que tiene para los bancos absorber dinero de ahorristas, gran parte del cual las entidades financieras colocarán en el BCRA bajo la contrapartida de un título llamado “Leliqs” o “Pase Pasivo”, en el marco del sostenimiento de un frágil esquema de parcial estabilidad monetaria. Si una empresa o consumidor privado desea obtener un crédito, no sólo deberá pagar la tasa que abona la autoridad monetaria a los Bancos, sino una prima por riesgo, dado que el inversor o consumidor privado no tiene la potestad de emitir dinero para evitar un default.

Por supuesto, los más de 17 billones de pesos adeudados por la entidad monetaria en concepto de “Títulos emitidos por el B.C.R.A” (balance al 27 de julio de 2023) debe generar alguna desconfianza en los bancos, y en algunos depositantes en plazos fijos.

Pese a esa monstruosa magnitud el esquema sigue en pie.

Ante las enormes necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional, y de esterilización monetaria por parte del BCRA para no estallar en hiperinflación, la oferta al sector privado, como se dijo, es escasa y cara. Un brutal Crowding Out por dónde se lo mire.

Al respecto es interesante conocer cómo se compone la tasa de interés nominal que piden las entidades financieras para conceder un crédito: R = r + ?? + PR

Siendo:

R: Tasa de interés nominal r: Tasa de interés real

??: Inflación Esperada

PR: Prima de Riesgo (ante la posibilidad de impago del deudor)

En contextos tan fuertemente inflacionarios como el actual, ?? adquiere particular magnitud. La PR hace lo propio cuando la economía posee un grado de incertidumbre muy alto o las proyecciones de actividad no son muy alentadoras, respecto a este último punto el FMI pronosticó que este año la economía se contraerá 2,5%.

Comentamos que las preocupaciones ante la falta de créditos hipotecarios (como de crédito en general) de cierto candidato a la gobernación de nuestra provincia podrían ser sinceras. ¿Qué podría entonces hacer si eventualmente llegara a la gobernación? Pues, dado que no estará en sus posibilidades intentar equilibrar con su sola gestión los descalabros macroeconómicos nacionales que reducirían el “efecto desplazamiento” del crédito desde el sector privado al público, lo mucho que podría hacer, como paliativo, es subsidiar crédito, lo cual como sabemos es disfrutado por el receptor del subsidio viéndose afectado el contribuyente que financia el subsidio sin disfrutarlo.

No pretendo, en estas humildes líneas, criticar a quienes reciben subsidios, y por ello recurriré a la poderosa frase del escritor estadounidense Harry

Browne, la cual sentencia “El gobierno te rompe las piernas, te da una muleta y te dice: si no fuera por el gobierno no podrías caminar”. Ante esta situación, enojarse con quien recibe las muletas en lugar de con quien rompió las piernas, es absurdo e injusto.

La escasez de crédito sufrida por el sector privado en nuestro país, además de tener por causa los desequilibrios macroeconómicos comentados, también es consecuencia de un insuficiente ahorro disponible. Un mercado financiero más grande, eficiente y dinámico podría generar mayor flujo de créditos al sector privado.

En este sentido, un sistema de capitalización privada de pensiones y jubilaciones podría ayudar.

Cuando se analiza el deficiente comportamiento de las extintas AFJPs (Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) no debe omitirse que las mismas estaban obligadas a poseer gran parte de sus carteras en títulos del gobierno. Tal como comenta en una brillante nota Cachanosky N. (julio, 2013), al año 2001 alrededor del 70% de los fondos de estas administradoras estaban colocados en títulos asociados al gobierno. Un sistema de pensiones y jubilaciones privado, más libre en su administración de lo que otrora ha sido, podría brindar dinamismo al sistema crediticio nacional, al dotar de mayor magnitud al sistema financiero, sin someterse a los condicionamientos de un sector público ineficiente y defaulteador.

Compartimos la preocupación del candidato a la gobernación de la provincia, pero advertimos sobre su poca capacidad de maniobra para resolver o paliar la problemática. Sin dudas, el citado efecto Crowding Out le impondrá una gran restricción a su noble objetivo. Un trabajo colaborativo entre Nación y Provincias para lograr equilibrio fiscal, junto con estabilidad monetaria y cambiaria constituyen un punto de partida para que las buenas intenciones puedan plasmarse en resultados concretos en beneficio de la población.

*El autor es Economista, profesor universitario y de nivel medio

Contacto: cristhianleonardoblanc@gmail.com