Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investiga las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, informó en redes sociales el Minem, sin apuntar aún la causa del nuevo apagón masivo, reportó el portal DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Cuba está sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo del impuesto petrolero por EE.UU., que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.Con base en experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días.

El proceso supone comenzar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo —solar, hidroeléctrica y motores de generación— para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que puedan arrancar de nuevo y producir energía en grandes cantidades que satisfagan la demanda. (NA)

Las bombas estallan en Irán y Medio Oriente, pero las consecuencias sacuden los hogares y las empresas de todo el mundo.En Kansas, los compradores de viviendas vieron cómo los tipos hipotecarios a 30 años superaron el 6% esta semana. En el oeste de India, las familias que lloraban la muerte de un ser querido descubrieron que se habían cerrado temporalmente los crematorios de gas.En Hanoi, Vietnam, los propietarios de las estaciones de servicio colocaron carteles de “agotado”. En Kenia, los cultivadores y comerciantes de té temían que sus exportaciones a Irán se pudrieran en el muelle. Y en Estados Unidos, Canadá, Europa, Gran Bretaña y México, los agricultores se vieron afectados ante el aumento de los costos de los fertilizantes.El recrudecimiento de la guerra en Irán provocó un duro golpe a una economía mundial que ya se vio afectada por la ruptura del orden comercial internacional, la guerra en Ucrania y la caótica política del presidente Donald Trump.“Esto sí que es grave”, dijo David Goldwyn, exdiplomático estadounidense y exfuncionario del Departamento de Energía de Estados Unidos, sobre el cierre del estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento más importante del mundo para el petróleo. Es el escenario de emergencia que todos temían, dijo.Los envíos de mercancías quedaron varados, los gastos de envío aumentaron y las primas de los seguros se dispararon. Sí, el precio de los combustibles en el surtidor se vio afectado. Pero también lo está el precio de los alimentos, los medicamentos, los billetes de avión, la electricidad, el aceite de cocina, los semiconductores y mucho más.Una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán podría tener “consecuencias catastróficas” para el mercado mundial del petróleo y la economía global, advirtió esta semana Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, la mayor empresa de petróleo y gas del mundo.Sin embargo, aunque la guerra, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, termine con relativa rapidez, esta última agitación está enviando a consumidores, trabajadores y empresarios a otro viaje desconcertante e impredecible.No se trata solo de que los propietarios de pequeñas empresas y los ejecutivos corporativos deban reevaluar una vez más sus cadenas de suministro, gestionar incrementos de precios adicionales y hacer un seguimiento de las cambiantes restricciones sobre con quién pueden hacer negocios. O que la incertidumbre añadida socave la confianza, haciendo que los consumidores se muestren reacios a gastar y las empresas a invertir.Es que este replanteamiento de la dinámica de poder en Medio Oriente podría desencadenar una serie de consecuencias cuya fuerza total podría no conocerse hasta después de meses o años.Meg Jacobs, autora de Panic at the Pump: the Energy Crisis and The Transformation of American Politics in the 1970s, señaló que los precios no volvieron a bajar inmediatamente tras el embargo petrolero de 1973 y 1974. Se mantuvieron altos durante el resto de la década.“La situación de la oferta es completamente distinta hoy en día, con muchos más productores”, subrayó Jacobs. Pero la crisis que la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo creó con su embargo desencadenó una cadena de acontecimientos que estos productores de petróleo nunca imaginaron.La crisis del petróleo impulsó a otros países, sobre todo a Estados Unidos, a conservar la energía y desarrollar automóviles de bajo consumo y sus propias industrias del petróleo y el gas natural. En última instancia, se rompió el dominio monopólico de los países árabes. Los precios del petróleo se desplomaron en 1986.Las acciones actuales en Irán y la región circundante pueden tener consecuencias similares, tanto inesperadas como de gran alcance.Jacobs, por ejemplo, señaló la probabilidad de un presidente ruso, Vladimir Putin, envalentonado y fortalecido. Esta semana, Trump suavizó algunas de las restricciones a las exportaciones de petróleo ruso que se habían impuesto para presionar a Putin por la guerra de Ucrania.El aumento de los precios del petróleo impulsará la asediada economía y la maquinaria bélica de Rusia. Y Putin aprovechó la oportunidad para burlarse de los dirigentes europeos que apoyaron las sanciones a la energía rusa tras la invasión de Ucrania.La crisis es también un potente recordatorio de las persistentes vulnerabilidades en torno a las cadenas de suministro críticas. La pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania hicieron que los dirigentes nacionales de todo el mundo hablaran de la necesidad de dar prioridad a la resistencia y la seguridad.Sin embargo, la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán pone de relieve, una vez más, cómo las perturbaciones en el sistema de comercio mundial aún pueden causar un grave dolor económico.Los europeos apenas salieron de su profunda dependencia del gas y el petróleo rusos. Para ellos, el momento de esta crisis energética no podría ser peor. Los productores, aún conmocionados por el impacto de los aranceles, deben hacer frente ahora a unos costos energéticos más elevados. Esto supondrá un duro golpe para países como Alemania, con grandes industrias químicas, farmacéuticas y automotrices ávidas de energía.Goldwyn, exfuncionario del Departamento de Energía, dijo que, dado que los niveles de almacenamiento de gas son bajos, es probable que en Europa se produzca una “recarga de pánico” que podría contrarrestar la caída de los precios en los próximos seis meses.La subida de los precios del petróleo puede aumentar el interés por las fuentes de energía alternativas, como la solar, la eólica y la nuclear, añadió Goldwyn.Sin embargo, el apoyo político es fundamental para desarrollar cualquiera de estos recursos. Y, al menos en Estados Unidos, la hostilidad de Trump hacia las energías renovables sigue siendo feroz.Las economías asiáticas están aún más expuestas. También ellas dependen de las importaciones de energía. Además, los países pobres y de ingreso medio están sujetos a los caprichos de las tasas de cambio. Y cuando el dólar o el euro se fortalecen, todas sus importaciones se encarecen de repente.Los banqueros centrales de todo el mundo se enfrentan a una difícil combinación de circunstancias. Estados Unidos tiene una economía más fuerte que la de muchos otros países. Sin embargo, su Reserva Federal se enfrenta a las mismas cuestiones que confunden a otros banqueros centrales. ¿Suben las tasas de interés para evitar una reactivación de la inflación al dispararse los precios de la energía, o las bajan al debilitarse los mercados laborales y ralentizarse el crecimiento?Tasas elevadas también mantendrán los costos de los préstamos altos en un momento en que los países ricos y pobres se enfrentan a niveles récord de deuda. Esto significa que una mayor cantidad de dinero que podría haberse destinado a salud, rutas, vivienda o educación se destinará al pago de los intereses de la deuda.Carsten Brzeski, economista del banco neerlandés ING, señaló que las empresas tecnológicas, especialmente las especializadas en inteligencia artificial, son muy sensibles a las variaciones de las tasas de interés. Un pequeño puñado de estas empresas fueron los principales motores del crecimiento de la economía estadounidense, por no hablar de las elevadas valoraciones de sus acciones. “Podría provocar una fuerte corrección de los mercados bursátiles”, dijo.La justificación de Trump para los ataques y sus objetivos cambió de un día para otro. Pero la decisión de declarar la guerra a Irán echa por tierra la idea recientemente popular de que el mundo se estaba dividiendo limpiamente en esferas de influencia de grandes potencias.El derrocamiento por Trump del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la confiscación de su petróleo y la declaración de una “Doctrina Donroe” supusieron una reivindicación de hegemonía en América del Norte y del Sur.Pero la guerra en Irán demuestra que Trump sigue considerando a Estados Unidos una superpotencia con alcance mundial e intereses globales. Y que está dispuesto a recurrir a la fuerza militar para alcanzar objetivos tanto políticos como económicos.“Y eso es importante para la economía”, dijo Neil Shearing, economista jefe de grupo de Capital Economics, ya que Washington dirige cada vez más el flujo de bienes, servicios y dinero en todo el mundo.  Por Patricia Cohen.

Según el relevamiento, alrededor de 6 de cada 10 trabajadores asalariados reconocen que en algún momento del mes deben reducir la cantidad o la calidad de las comidas debido a la falta de recursos económicos. Esto refleja un deterioro del poder adquisitivo y de la seguridad alimentaria en amplios sectores de la población.El estudio señala que el problema no se limita a quienes están fuera del mercado laboral: muchos hogares con ingresos formales también enfrentan restricciones para sostener una dieta adecuada. Entre las estrategias más frecuentes aparecen: Saltar alguna comida diaria. Reducir porciones en el hogar. Reemplazar alimentos nutritivos por opciones más baratas y menos variadas. Priorizar la alimentación de los niños por sobre la de los adultos.

El informe también destaca que el aumento sostenido de los precios de los alimentos, sumado a salarios que no logran acompañar ese ritmo, ha incrementado los niveles de inseguridad alimentaria moderada y severa en los últimos años.Desde la UCA advierten que este fenómeno implica no sólo una dificultad económica sino también un riesgo social y sanitario, ya que una alimentación insuficiente o de baja calidad puede afectar la salud, el rendimiento laboral y el desarrollo de los niños en los hogares más vulnerables.

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, el número de empresas que cerraron escaló y quedó en la atensala de las 22.000, según los datos que publicó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 490.419, según supo la Agencia Noticias Argentinas.En la práctica, eso significó una disminución de 21.938 empresas, es decir, 30 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial. En noviembre último, el cierre fue de 892 empleadores, y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la “motosierra” que afectó en especial a la construcción. Luego hubo una desaceleración de la caída: a diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682.

Los sectores más afectadosEn base a los datos de la SRT, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló cuáles fueron los sectores que afrontaron las mayores pérdidas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, con Transporte y Almacenamiento a la cabeza.

Transporte y Almacenamiento: 5.239 menos.Comercio mayorista y minorista: 4.593 menos.Servicios inmobiliarios: 3.101 menos.Industria manufacturera: 2.436 menos.Servicios profesionales, científicos y técnicos: 2.315 menos.En términos relativos, el sector más afectado también fue el de Servicios de transporte y almacenamiento, que registró una caída del 13,3% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-12,3%), Servicios Inmobiliarios (-10,5%) y Construcción (-8%).

Variación por tamañoEn los primeros 24 meses de la gestión libertaria, las empresas de hasta 500 trabajadores fueron las más afectadas: representaron el 99,63% del total de los casos (21.856 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores explicaron sólo el 0,37% (82 casos). En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores/as se redujo un 4,54%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores/as disminuyeron un 4,28% en el mismo período. Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto. Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

Más de 290 mil puestos de trabajo menosTomando el mismo período, el número de trabajadores que se perdieron escala hasta los 290.600, lo que implicó una reducción del 2,77%: pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.566.573 en noviembre de 2025.El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 130.149 trabajadores entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Industria manufacturera: 72.955 menos.Construcción: 71.573 menos.Servicios profesionales, científicos y técnicos: 14.774 menos.Actividades administrativas y servicios de apoyo: 13.392 menos.En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 15% en la cantidad de trabajadores registrados. Le siguieron Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-7,7%) y Servicios inmobiliarios (-7,3%) en el mismo período.

El caso de los empleos en casas particularesEntre noviembre del 2023 y noviembre del año anterior, la pérdida fue de 26.792 personas menos: pasó de 629.660 a 602.868, equivalente a 36 puestos de trabajo por día.“Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos y que el trabajo precario aumenta (pasan a trabajar en negro para no perder el ingreso)”, indicó el CEPA.

La presión judicial castiga tanto a empresas como a trabajadores y amenaza la sostenibilidad del sistema de riesgos de trabajo.El sistema de Riesgos de Trabajo que fue creado para prevenir accidentes y brindar respuestas rápidas, integrales y de calidad ante la producción de un siniestro laboral, enfrenta actualmente una doble paradoja:Paradoja 1. Bajan los accidentes (-55%) y los fallecimientos en el ámbito laboral (-80%), y la judicialidad no para de crecer. Esto sin perjuicio de indicadores que consolidan mejoras objetivas en prevención: 19.000 vidas salvadas y 4,7 millones de accidentes evitados y cobertura (integral y oportuna), los juicios no paran de crecer: aumentaron 200% desde 2020 y en el último año batieron el récord histórico con 134.141 demandas.Paradoja 2. Argentina tiene mayor cobertura que los sistemas de Chile y de España e índices de siniestralidad comparables, pero la judicialidad en Argentina es 23 veces la de España y 16 veces la de Chile. Cada 10.000 trabajadores, en Chile se presentan 5,8 demandas, en España 8,5, mientras que en la Argentina 132,8.A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas como despidos, diferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual.El stock de juicios laborales por Riesgos de Trabajo ascendió en setiembre a 317.848, a pesar de que las ART cerraron 70.000 causas judiciales.Incluso se quebró la estacionalidad: en diciembre ingresaron más juicios que en noviembre, algo que solo había ocurrido hace casi diez años, en vísperas de la reforma que se aprobó en 2017. También hubo una aceleración en el último cuatrimestre que presentó un crecimiento interanual del 12%.La crisis, según las ART, se explica por el incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, tal como lo estableció la Ley 27.348 en febrero de 2017. Sin esa figura, los peritos externos, sin control ni supervisión peritan incapacidades incumpliendo los parámetros del sistema y apartándose de los dictámenes oficiales de las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Pericias que luego son convalidadas por los jueces laborales. Un factor que incentiva el sobredimensionamiento de las incapacidades es que los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia.En este contexto, es importante considerar la composición del costo judicial: el 45% queda en la intermediación.Por cada millón de pesos que pagan las ART por demandas evitables en su gran mayoría, 450 mil pesos se reparte entre abogados, peritos y el sistema judicial.Las entidades sostienen que corregir esta distorsión es clave para sostener un mecanismo que protege a trabajadores y empresas, y que hoy está siendo desbordado por una judicialidad que no responde a la realidad de la gestión en materia de prevención ni cobertura de accidentes del trabajo ni a ningún parámetro internacional.Con el ingreso de 134.000 juicios en 2025 se batió el récord de juicios laborales por accidentes de trabajo. Apalancados por la acción sin control de peritos y justicias provinciales que incumplen la Ley 27348 que ordenó la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF).La presión judicial castiga tanto a empresas como a trabajadores y amenaza la sostenibilidad del sistema de riesgos de trabajo.

La primera mitad de los años setenta fue uno de los períodos más intensos, contradictorios y fértiles de la cultura estadounidense. Crisis política, desencanto social y una profunda revisión de valores convivieron con una libertad creativa inédita en el cine. Crisis: 1975 (Breakdown: 1975, su título en inglés) el nuevo documental de Netflix dirigido por Morgan Neville, intenta capturar ese clima de tensión a través de las películas que marcaron una época y de los debates culturales que las rodearon.Ganador del Oscar por 20 Feet from Stardom, Neville construye su relato a partir de abundante material de archivo, fragmentos de films emblemáticos y testimonios de protagonistas y analistas. El resultado es atractivo y, en muchos tramos, revelador. Sin embargo, la propuesta se apoya en una premisa algo engañosa: más que concentrarse estrictamente en 1975, el documental se expande hacia un arco temporal más amplio, que va de 1972 o 1973 hasta 1976.Esa ampliación le resta precisión al recorte histórico. Películas como Taxi Driver, Chinatown, The Godfather Part II, All the President’s Men, Network o Rocky —estrenadas fuera de 1975— son integradas al relato sin que ello resulte estrictamente necesario. El propio año ofrecía material suficiente: fue el tiempo de Jaws, cuyo éxito anticipó el final del Nuevo Hollywood, pero también de títulos como One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Dog Day Afternoon, Nashville, Shampoo, Barry Lyndon, Grey Gardens o Monty Python and the Holy Grail.

Algo similar ocurre con el contexto político. Aunque se mencionan hechos puntuales —la presidencia de Gerald Ford tras la renuncia de Nixon y la retirada de Vietnam—, el análisis diluye los límites temporales y fusiona conflictos que atravesaron varios años: el impacto de Watergate, la crisis económica, las tensiones raciales y el surgimiento del llamado “Me Decade”, junto al crecimiento de un conservadurismo que tendría en Ronald Reagan a su figura central.Donde Crisis: 1975 alcanza su mayor fuerza es en la reflexión sobre el cine mismo. Participan figuras como Martin Scorsese, Ellen Burstyn, Albert Brooks y Oliver Stone, además de críticos y periodistas como Wesley Morris, Frank Rich y Kurt Andersen. Voces contemporáneas como Seth Rogen, Patton Oswalt y Josh Brolin aportan lecturas cinéfilas, mientras Jodie Foster pone su voz a la narración.El documental reafirma una idea conocida pero difícil de refutar: en esos años, Hollywood fue un espacio de riesgo y libertad creativa excepcionales. Antes de que Jaws y Star Wars cambiaran para siempre la industria, el cine estadounidense se permitió ser adulto, incómodo y audaz. Más allá de sus atajos, Crisis: 1975 recuerda por qué aquel momento sigue siendo irrepetible. 

La preocupación fue planteada formalmente por el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), que advirtió al propio Roncaglia y al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes con equipos interdisciplinarios que puedan dar respuestas integrales. Sin embargo, en la práctica los hechos se repiten sin soluciones de fondo.

Los especialistas remarcan que el drama no se explica sólo por factores psicológicos o biológicos: hay determinantes sociales y económicos que pesan de manera directa. Muchos policías se ven obligados a pedir créditos en mutuales y prestamistas, pagando intereses usurarios para poder afrontar el alquiler o sostener a sus familias. A ello se suma la presión laboral y la falta de contención adecuada dentro de la propia institución.La situación se agravó con los cambios dispuestos al inicio de la gestión: Roncaglia envió a sus casas a varios jefes de alto rango con amplia experiencia en el trato y acompañamiento del personal. Esa decisión dejó sin referentes a muchos agentes que encontraban en ellos una vía de contención en medio de la crisis.

El defensor general, Maximiliano Benítez, y el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera, insistieron en que es indispensable garantizar intervenciones interdisciplinarias —con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales— y que además deben ser intersectoriales, porque “la respuesta no puede provenir únicamente del sistema de salud”.Hoy, lo que queda en evidencia es la incapacidad del Ministerio de Seguridad de contener una problemática que se repite y se profundiza, dejando a los agentes en la más absoluta vulnerabilidad. Sin medidas urgentes, el drama continuará escalando y golpeando a la fuerza que debería estar cuidada para poder cuidar a los demás.

La Procuración del Tesoro de la Nación logró un resultado favorable en la defensa de la República Argentina en tribunales internacionales, al alcanzar la reducción de una condena millonaria que había sido impuesta al país por hechos originados en el 2001.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el monto de la condena se reduce de unos USD 147 millones a USD 117 millones.Es decir, el erario púbico se ahorrará casi 30 millones de dólares, unos 42.000 millones de pesos.El tribunal CIADI (resolución de controversias) le dio la razón a la Argentina y resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina”. La decisión hizo lugar al pedido de rectificación presentado por la Procuración el pasado 11 de junio y representa un paso concreto en la mejora de la posición del país frente a reclamos heredados.La controversia tiene su origen en la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora. “Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales”, explicó la Procuración del Tesoro.En un comunicado, el organismo reafirmó su “compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos”.

En medio de la reunión del Consejo Federal, que se llevó a cabo en la ciudad entrerriana de Paraná, el sector expresó su importancia dentro del “desarrollo integral” de la Argentina.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el país, con sus instituciones, con sus trabajadores y con cada argentino que espera que la infraestructura sea una herramienta de inclusión, progreso y equidad. La construcción no es solo una actividad económica: es una expresión concreta de la voluntad de creer, de proyectar futuro y de construir sociedad”, señaló la CAMARCO.

Desde el sector detallaron que el freno en las obras públicas por parte del Gobierno “genera pérdidas económicas, frena servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”.

Además, agregaron que la construcción privada “también está paralizada”, generando un “impacto” en el empleo y la economía.

La falta de inversión fue otro eje en el que pusieron una crítica, ya que “agrava la ‘deuda de infraestructura’” y se ve reflejada en “rutas deterioradas, energía obsoleta” y “puertos sin modernización”.

“Este déficit eleva el ‘costo argentino’, resta competitividad, limita el desarrollo regional y compromete el futuro productivo.

La infraestructura social (viviendas, hospitales, escuelas, agua y saneamiento) es esencial para garantizar derechos y dinamizar la economía. Sin embargo, no se han solucionado los contratos frenados ni las deudas del Estado con empresas por proyectos ya ejecutados”. NA.

El peso cubano alcanzó este lunes un nuevo mínimo histórico en el mercado informal de divisas, cotizándose a 400 por dólar estadounidense, según el índice elaborado por El Toque, un sitio independiente con sede en Miami y tomado como referente por la población en la isla. Esta cifra representa una depreciación acumulada del 1.567% desde la reforma monetaria de 2021 y casi un 25% solo en lo que va de año, consolidando la tendencia bajista de la moneda nacional en un contexto de profunda crisis macroeconómica.El régimen cubano atribuye la contracción económica, que acumula una caída del 11% desde 2019, principalmente al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos dirigidas a limitar el acceso a divisas. Sin embargo, economistas y críticos internos mencionan la lentitud de las reformas dentro del sistema centralizado dominado por el Estado como otro factor determinante. El deterioro de la infraestructura y los servicios, la escasez persistente y la inflación han exacerbado las tensiones sociales en el país.El reciente récord en la cotización del dólar coincide con el proceso de dolarización parcial impulsado por el Ejecutivo, que ha abierto nuevas tiendas minoristas y extendido el cobro en monedas extranjeras a una parte significativa de los bienes y servicios estatales.Solo quienes poseen capital propio o reciben remesas del exterior tienen acceso a estos comercios, según reconoció el dictador Miguel Díaz-Canel: “Esto indudablemente favorece a quienes poseen determinados recursos de capital o reciben remesas, lo que se traduce en un indeseado ensanchamiento de las brechas de la desigualdad social”, dijo el mandatario en la Asamblea Nacional en julio.Cerca del 40% de la población no dispone de acceso a divisas a través de remesas u otras fuentes, quedando expuestos a mayores niveles de vulnerabilidad económica. Los salarios estatales y las pensiones, pagados en pesos cubanos, resultan insuficientes para cubrir siquiera la menguante oferta de productos en moneda nacional. “Aquí, casi todo está en dólares. El dinero cubano no sirve para comprar comida y casi nada más (...). No tengo ni un solo dólar”, expresó Freddy Portillo, una jubilada de 70 años con pensión de 1.500 pesos, mientras recorría una zona comercial en La Habana.El sistema cambiario oficial mantiene un tipo de 24 pesos por dólar para empresas y de 120 pesos para personas físicas, generando amplias distorsiones respecto a la cotización informal y dificultando el acceso igualitario a bienes básicos. El jefe de gobierno Manuel Marrero calificó la dolarización como “una medida necesaria” para el programa de recuperación económica, aunque reconoció sus consecuencias sociales.El régimen cubano, que importa el 80% de los productos de consumo de la isla, ha visto disminuir sus fuentes tradicionales de divisas —como el turismo y la exportación de servicios profesionales— debido tanto a las sanciones como a factores de gestión económica interna. El economista Pavel Vidal explicó a la agencia de noticias EFE que, a diferencia de otras economías latinoamericanas, en Cuba la depreciación del peso no ha venido acompañada por ajustes salariales, lo que incrementa el empobrecimiento de las familias. Mauricio de Miranda, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, agregó que la apertura de más tiendas en dólares y la escasez de alternativas en pesos solo fortalecerán la demanda de la divisa estadounidense.“Esto indudablemente favorece a quienes poseen determinados recursos de capital o reciben remesas, lo que se traduce en un indeseado ensanchamiento de las brechas de la desigualdad social”, añadió.El índice de El Toque utiliza un algoritmo que compila cientos de anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, filtra valores atípicos y calcula la mediana de los precios observados, según explicaron sus responsables. El sistema está supervisado por el economista Vidal y cuenta con la valoración positiva de varios especialistas cubanos.La depreciación récord del peso cubano y la expansión de la dolarización amplifican así las desigualdades económicas en la isla, mientras el gobierno estudia nuevas medidas para hacer frente a los desafíos internos y externos que inciden sobre la economía nacional.(Con información de Reuters y EFE)

El gasto registrado por consumidores en ropa comprada en el exterior alcanzó los USD 1.572 millones entre enero y mayo de 2025, lo que marcó un récord histórico para el sector. La suma representa un crecimiento del 136% respecto al mismo período del año pasado y superó el anterior récord de 2017 por un margen del 9%. Así lo confirmó la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) en un reciente informe dado a conocer días atrás, donde se señala también la expansión de los envíos internacionales puerta a puerta, que subieron un 211% en los primeros cinco meses del año y un 253% solo en mayo.El fuerte incremento en las importaciones mediante el régimen de courier modificó de manera visible los patrones de consumo y acentuó la presión sobre la industria nacional. Este flujo inédito de compras externas convive con un cuadro local complicado. Una encuesta de la CIAI del tercer bimestre de 2025 dada a conocer este martes relevó que la mayoría de las empresas de indumentaria enfrenta una demanda en retracción, mayor acumulación de stocks, crecimiento de los problemas en la cadena de pagos y un marcado freno en la creación de empleo.Entre mayo y junio de 2025, las ventas de indumentaria cayeron 7,7% frente al mismo bimestre del año anterior, según la encuesta sectorial. El 56% de las empresas reportó disminución de ventas, mientras que solo un 32% logró incrementos. Esta dinámica revirtió el saldo positivo de los bimestres previos, cuando el porcentaje de compañías en ascenso superaba al de las que denunciaran bajas.La acumulación de stocks excesivos también creció: un 35% declaró inventarios superiores al nivel deseado, contra el 24% del bimestre anterior. El porcentaje de firmas con stocks equilibrados bajó 9 puntos porcentuales y quienes manifestaron stocks insuficientes retrocedieron 2 puntos.El problema dominante sigue siendo la baja demanda interna. El 77% identificó la falta de compradores como el obstáculo principal para la operatoria, 4 puntos más que en el bimestre previo y el valor más alto desde mediados de 2024. El incremento de costos apareció en segundo término, con el 17% de las firmas señalándolo como principal dificultad. Además, muchas compañías reconocieron la competencia de productos importados, la presión de la carga tributaria y varias alertaron sobre interrupciones y atrasos en la cadena de pagos.Por otra parte, la encuesta indicó que el 58% de las empresas no pudo trasladar los aumentos de costos salariales a los precios de venta. En el relevamiento anterior, ese valor se ubicó en el 40%. Otro 23% logró trasladar solo una parte (menos de la mitad) del incremento salarial. El efecto se profundizó en toda la cadena: tanto confeccionistas como marcas integradas sufrieron esa presión, lo cual explica el desacople entre los costos internos y la evolución de los precios finales de la indumentaria.

Ajuste en el empleoEl descenso de la actividad tuvo efecto en la dotación laboral. El 24% de las empresas optó por ajustar plantilla reduciendo personal por jubilaciones o renuncias no reemplazadas, 6 puntos más que en el informe anterior. Los despidos alcanzaron al 18% de las empresas, cinco puntos más, mientras que las suspensiones no presentaron grandes variaciones. A la vez, solo el 2% contrató nuevo personal en el bimestre, cuando antes lo hacía el 10%. Esto revela una reducción generalizada de puestos formales, concentrada en salidas por vías que no repusieron empleados.El informe de la CIAI refleja un retroceso en la situación de pagos: el porcentaje de empresas sin atrasos importantes bajó 9 puntos porcentuales; los atrasos frecuentes crecieron 5 puntos hasta tocar un valor récord para la serie; los ocasionales subieron 2 puntos. Comenzaron a aparecer notificaciones de interrupciones esporádicas, ausentes en los informes anteriores. El empeoramiento en la cadena de pagos afecta sobre todo a las firmas pequeñas y medianas, que enfrentan mayores riesgos financieros.

Expectativas pesimistas para el corto plazoEl balance de expectativas muestra un clima sectorial cargado de pesimismo. El porcentaje de empresas con expectativas “regulares” cayó del 72% al 48%. Las que prevén un escenario “malo” subieron seis puntos hasta el 23%, y las que respondieron “muy malo” reaparecieron (11%). Solo el 14,5% espera una mejora en ventas para el próximo trimestre; el 59,7% anticipa que la situación se mantendrá igual y el 25,8% prevé un empeoramiento.Las empresas que prevén un escenario “malo” subieron seis puntos hasta el 23%, y las que respondieron “muy malo” reaparecieron (11%).El diagnóstico de la Cámara de la Indumentaria deja en evidencia que la baja demanda, la acumulación de stocks, las dificultades para trasladar costos y la competencia internacional son los ejes que configuran el presente y el futuro próximo del sector. Infobae.

"Es la situación que se está viviendo especialmente en la zona norte del macizo citrícola, lo que es Villa Rosario y Chajarí. Fruta que sobra en los empaques o que se está sacando de las cámaras porque ya no sirve y fruta que también está en la planta y hay que sacarla porque la planta ya es el momento de aliviarla y esa fruta ya no está en buen estado para ser comercializada," declaró Zorzi.La presidenta explicó que incluso la industria, aunque está absorbiendo más fruta que en años anteriores, se encuentra superada en sus capacidades. "La industria está absorbiendo mucha cantidad de fruta, mucho más que en años anteriores, pero la realidad es que está superada en cuanto a sus posibilidades. Hay límites siempre tanto para lo que puede procesar por día como para el acopio también del jugo en las cámaras," añadió.Zorzi subrayó que el principal problema radica en la caída del mercado interno y las limitadas oportunidades de exportación. "El punto fundamental acá es el gran decaimiento del mercado interno. Todo conjuga, porque bajan las exportaciones, el mercado interno está con mucha cantidad de fruta, la industria está ayudando un poco, pero estamos limitados. La producción es superior a lo que puede consumir tanto nuestro mercado interno como las posibilidades exportables que tenemos," señaló.En cuanto a la posibilidad de donar la fruta no comercializada, Zorzi explicó que hay múltiples desafíos logísticos y sanitarios. "Hay que armar la logística para todo eso y alguien tiene también que garantizar que esa fruta está en condición de ser consumida. Hay una responsabilidad en cuanto al destino de esa fruta, quién la consume y que alguien tiene que garantizar su buen estado," explicó.Para el futuro, Zorzi mencionó que se están haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones arancelarias y sanitarias que permitan abrir nuevos mercados, especialmente en Brasil."Lo que se pide son destrabar cuestiones sanitarias y arancelarias. Hoy nos dijo Senasa que esos estándares estarían aprobados. Son todas cuestiones de Cancillería y de la política de cada país," dijo Zorzi, estimando que podría llevar unos dos años concretar estos cambios.La presidenta concluyó enfatizando la necesidad de buscar alternativas más cercanas y rápidas debido a los altos costos asociados con los mercados lejanos como Europa y Asia. "Nosotros hoy tenemos que pensar en alguna alternativa más cercana, más rápida," afirmó.

Así lo advirtió la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), que a la vez alertó sobre los incrementos observados en la importación de muebles durante enero de 2024.

En ese sentido, aseguró que algunas partidas arancelarias presentan un aumento de hasta el 191 % en términos interanuales, que sumado a la caída de la demanda, "ya está generando reducciones en las jornadas laborales, adelanto de vacaciones, suspensiones y la posibilidad inminente de despidos masivos en las empresas locales", alertó la entidad.

Además, aseguró que siguen con problemas para importar insumos, a pesar de nuevo "Sistema Estadístico de Importaciones" (SEDI).

En el caso del mercado externo, FAIMA señaló que a pesar de haber recuperado "cierta competitividad" en el mercado internacional por la devaluación, el acelerado ritmo inflacionario "ha generado un atraso del tipo de cambio real que pone en peligro la viabilidad de las exportaciones foresto industriales".

Todos los sectores de esa industria -fabricación de tableros, carpintería en obra, muebles- presentaron caídas de hasta 25 % interanual en enero, de acuerdo con datos de la entidad empresaria. La cadena productiva de la madera abarca desde aserraderos hasta la fabricación de muebles, pasando por remanufacturas de madera, construcción con madera y carpintería en obra, entre otras ramas.

La composición del sector se encuentra fundamentalmente conformada por 3.500 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, distribuidas en todo el territorio nacional. NA.

En el sector textil no auguran un buen año. Durante el mes de enero, las ventas sufrieron un histórico desplome del 37 % y una de las principales firmas del rubro ya anunció a sus empleados que habrá suspensiones por tres meses. La crisis se extiende a prácticamente todas las ramas de la industria. El uso de la capacidad instalada ya bajó a los niveles de la pandemia, cuando la movilidad de las personas estaba reducida por cuestiones sanitarias. Alarma sobre la pérdida de empleo en un sector mano de obra intensivo.

La crisis no tarda en hacerse notar. La velocidad con que esta recesión se traslada a la economía real es inédita. Como un primer paneo, vale el relevamiento de la consultora 1816 en base a distintas fuentes refleja que en enero las bajas fueron generalizadas. El impuesto a los créditos y débitos, los patentamientos de autos y motos, el índice Construya, los despachos de cemento, las ventas minoristas y los préstamos al sector privado, son algunos de los indicadores que estuvieron en rojo.

El impacto es aún más fuerte cuando se pone la lupa en las manufacturas locales. Desde la consultora Audemus publicaron un documento que anticipa la caída de 13 de 16 sectores productivos para este año. Entre las caídas más drásticas ubican a la industria, con un desplome que podría estar en el -9 % y -11,5 % del producto sectorial.

Con este escenario, las situaciones más complejas se observan en los rubros que tienen alta dependencia del mercado interno. Más aún en los productos que no son considerados como "consumos de primera necesidad". Esto ya se visualiza en el sector textil, donde las ventas se desplomaron un 37 % durante el mes de enero, de acuerdo a un relevamiento interno de cámaras empresariales al que pudo acceder Ámbito. En la misma cadena de valor, la indumentaria tuvo bajas del 34 %.

Alarma por suspensión de trabajadores en la industria textil

Este medio pudo corroborar además que luego de la estrepitosa caída de ventas que registró el sector, comenzaron las suspensiones. "Estamos lanzando medidas urgentes e indispensables para la sustentabilidad de la empresa y los puestos de trabajo, consistente en suspensiones concertadas en las unidades productivas más afectadas", dice un comunicado de la Gerencia de Recursos Humanos de las marcas Australtex, Cladd, Enod y Alpacladd, al que accedió este medio.

En ese sentido, el documento señala que "la empresa transita desde hace un año y medio un escenario cambiante, de mucha incertidumbre, pero la constante fue una drástica retracción de las ventas que obligó a adecuar las planificaciones productivas mes a mes". Sobre este punto, concluye que "durante el mes de enero estas condiciones llegaron a un límite histórico, donde las ventas están prácticamente en cero y no existe espacio en los depósitos para acumular el stock".

Según pudo saber Ámbito, el esquema de suspensiones se extenderá al menos por tres meses, en los que la empresa se comprometió a pagar un 75 % del salario habitual de los trabajadores. Mientras que el régimen en algunas unidades podría incluir 15 días de trabajo y 15 días de suspensión.

El uso de la capacidad instalada de la industria bajó al 54,9 % en diciembre. Disminuyó 12,8 % en comparación en comparación al mismo mes del año anterior. Esos niveles son compatibles con los que el sector exhibió durante la pandemia, cuando la movilidad de las personas se vio drásticamente reducida por cuestiones sanitarias.

El Ejército de Perú patrullaba la frontera con Ecuador con el apoyo de drones, vehículos y armamento, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de un plan dispuesto por el Ministerio de Defensa para prevenir hechos de violencia que pudieran originarse en el país vecino, agobiado por una espiral de violencia que llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar una guerra frontal contra el narcotráfico.

Como parte de esta misión, la Primera Brigada de Infantería movilizó dos patrullas equipadas con drones, vehículos y armamento para realizar labores de vigilancia de la frontera de 1.400 kilómetros de largo, refirió el medio peruano Gestión.

Una patrulla integrada por personal del Batallón de Infantería Motorizado 5 se desplazó desde el Fuerte Zarumilla hacia el sector Pesqueros, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, en el departamento norteño de Tumbes, precisó la cartera de Defensa.

A su vez, una segunda patrulla del Batallón de Infantería Motorizado 11 se movilizó desde el Fuerte Papayal hacia el sector Dos Bocas y La Pampa, en el distrito de Papayal, en la provincia de Zarumilla.

Por otra parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, informó que su Gobierno está coordinando con la Cancillería y la Policía de Ecuador la extradición de presos peruanos que se encuentran en cárceles ecuatorianas.

El anuncio se produjo luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara que va a deportar a 1.500 delincuentes.

“Estamos en plena coordinación. Hay un primer acercamiento a nivel Policía Nacional de Perú (PNP) y Cancillería. Este tipo de acciones deben efectuarse bajo procedimiento de extradición, no es sencillo. Hemos brindando todo el apoyo legal y a nivel de la PNP a Ecuador”, detalló el Ministro tras un acto oficial en Lima, reportó el diario ecuatoriano Primicias.

El 10 de este mes Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador, luego de la crisis originada por ataques del narcotráfico en el país vecino.

“Se va a declarar la emergencia en todos los departamentos (regiones) fronterizos con Ecuador”, dijo entonces el primer ministro Alberto Otárola en declaraciones a periodistas.

La Franja de Gaza está afrontando “una catástrofe humanitaria descomunal ante los ojos del mundo” producto del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, denunció este miércoles el secretario general de la ONU, António Guterres.

“La población de Gaza vive en medio de una catástrofe descomunal, ante los ojos del mundo. No debemos mirar hacia otro lado”, insistió Guterres en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Se están llevando a cabo intensas negociaciones para prolongar la tregua (entre los bandos), lo que acogemos con gran satisfacción, pero creemos que necesitamos un verdadero alto el fuego humanitario”, sostuvo ante el Consejo, recordando que el 80% de la población del enclave palestino fue desplazada desde el inicio de la guerra.

Según Guterres, “el sistema alimentario se ha derrumbado y el hambre se está extendiendo, especialmente en el norte” de la Franja, informó la agencia de noticias AFP.

También, puso de relieve la “espantosa” situación sanitaria en los centros de recepción, que representan “una grave amenaza para la salud pública”.

“El volumen de ayuda que llega a los palestinos en Gaza es todavía completamente insuficiente para satisfacer las necesidades de más de dos millones de personas”, en particular de combustible, insistió el secretario general, al tiempo que reclamó una vez más la apertura de otros puntos de paso hacia la Franja de Gaza, además del habilitado en Rafah, en la frontera con Egipto.

“Debemos asegurarnos de que los pueblos de la región tengan finalmente un horizonte de esperanza, avanzando de manera decisiva e irreversible hacia una solución de dos Estados, basada en las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional, con Israel y Palestina viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad”, subrayó Guterres.

Por otro parte, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, que presidió la reunión del Consejo de Seguridad, sostuvo que una reanudación de los combates entre Israel y Hamas corre el riesgo de provocar “un desastre que podría afectar a toda la región”.

Wang Yi sostuvo que si bien China siempre ha apoyado una solución de dos Estados -uno palestino y otro hebreo-, esperaba que la tregua en curso pudiera conducir a “un alto el fuego integral y duradero”.

En tanto, el ministro palestino de Exteriores, Riyad al-Maliki, afirmó que su pueblo “se enfrenta a una amenaza existencial” en medio del conflicto.

“No se equivoquen. Con todo lo que se habla de la destrucción de Israel, es Palestina la que es objetivo de un plan para su destrucción”, añadió.

Sin embargo, el diplomático sentenció: “Israel debería estar convencido de que ninguna fuerza en la Tierra puede desarraigar a los palestinos de Palestina”.

Mientras, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que “cualquiera que apoye un alto el fuego está, de hecho, apoyando la continuación del reinado de terror de Hamás en Gaza”

Los militares de Níger que derrocaron al presidente democrático Mohamed Bazoum acusaron a Francia, antigua potencia colonial, de querer “intervenir militarmente” para restablecer al mandatario en sus funciones.

En un comunicado difundido en la televisión nacional y recogido por la agencia de noticias AFP, los militares dijeron que “en su búsqueda de vías y medios para intervenir militarmente en Níger, Francia, con la complicidad de algunos nigerinos, mantuvo una reunión con el Estado Mayor de la Guardia Nacional de Níger, para obtener las autorizaciones políticas y militares necesarias” para intervenir en la situación interna.

Bazoum está secuestrado desde el miércoles por los militares en el palacio presidencial y el viernes el general Abdourahamane Tchiani, jefe de la guardia presidencial, se autoproclamó como nuevo líder del país.

Tchiani justificó el golpe por la “degradación de la situación de seguridad” en Níger, asolado por la violencia de grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda.

La presión contra los sediciosos, que tomaron el poder el 26 de julio, es cada vez más fuerte por parte de los socios occidentales y africanos de Níger, un país clave en la lucha contra los grupos yihadistas que operan en el Sahel.

A las advertencias y condenas se sumó la Unión Europea (UE), que afirmó que hará responsables a los sediciosos de “cualquier ataque contra civiles, el personal o las instalaciones diplomáticas”.

Bazoum está secuestrado desde el miércoles pasado en el palacio presidencial y el viernes el general Abdourahamane Tchiani, jefe de la guardia presidencial, se autoproclamó como nuevo líder.

Los dirigentes y representantes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), en tanto, le dieron un ultimátum de una semana a la junta militar para restablecer “el orden constitucional” y no descartaron “el uso de la fuerza” si esto no sucedía.

El organismo regional, del que Níger es miembro, también decidió “suspender todas las transacciones comerciales y financieras” entre sus Estados miembros y este país de África Occidental, y congelar los bienes de los responsables militares implicados en el golpe, reseñó la agencia de noticias AFP.

Rusia -país que contaría con la simpatía de los manifestantes a favor del golpe, de acuerdo con las últimas manifestaciones públicas- instó por su parte al “restablecimiento lo antes posible de la legalidad en el país” y pidió a las partes “moderación” para evitar pérdidas humanas, de acuerdo con una declaración del portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov.

La UE anunció su apoyo “con rapidez y decisión” a todas las medidas adoptadas por la Cedeao, manifestó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

El alto representante europeo reiteró que el presidente Bazoum, elegido democráticamente, sigue siendo el único jefe de Estado de Níger y “debe recuperar, sin demora y sin condiciones, la libertad y la plenitud de sus altas funciones”, reprodujo la agencia de noticias Sputnik.

“La Unión Europea rechaza cualquier acusación de injerencia extranjera. Es importante que se respete la voluntad del pueblo de Níger, expresada en los votos. Responsabilizamos a los golpistas de cualquier ataque contra civiles, personal o instalaciones diplomáticas”, advirtió Borrell.

“La UE y Níger comparten lazos profundos desarrollados durante décadas. El inaceptable ataque al Gobierno elegido democráticamente pone en peligro estos lazos. Apoyo las decisiones tomadas por la Cedeao y celebro su participación activa para garantizar una pronta restitución del presidente Bazoum”, publicó en sus redes.

Tchiani justificó el golpe por la “degradación de la situación de seguridad” en el país, asolado por la violencia de grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda.

Francia y Estados Unidos tienen desplegados respectivamente 1.500 y 1.100 soldados para participar en el dispositivo antiyihadista.

Los militares que han tomado el poder han centrado sus críticas en Francia, que brindó su apoyo al presidente Bazoum.

Después de Mali y Burkina Faso, Níger es el tercer país de la región en sufrir un golpe de Estado desde 2020. Con 20 millones de habitantes, es una de las naciones más pobres del mundo, a pesar de sus recursos en uranio.

En medio de una crisis sin precedentes en la gestión de la vigilancia policial, debido a las fallas sistémicas generalizadas tanto en la policía como en el sistema de justicia penal que amenazan con dañar la confianza pública en la fuerza, Andy Cooke, Jefe de la Inspección de Policía de Inglaterra y Gales, pidió poderes ampliados en su intento por remediar la situación.

En su informe anual como jefe de Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate (HMICFRS por sus siglas en inglés), Cooke advirtió que el tiempo está en contra de las autoridades si buscan restaurar la confianza pública en la policía. Esta demanda se produce en el marco de lo que el Inspector describe como “una de las mayores crisis que se recuerdan” para las fuerzas de seguridad.

“Fallas claras”

“Fui oficial de policía durante 36 años antes de tomar este trabajo. No tengo ninguna duda de la dedicación, la valentía y el compromiso de la gran mayoría de los agentes y el personal de policía. Pero hay fallas claras y sistémicas en todo el servicio policial en Inglaterra y Gales y gracias a una serie de terribles escándalos, la confianza pública en la policía pende de un hilo”, afirmó en el informe.

Según el inspector esta confianza se debilitó como consecuencia de delitos “atroces” perpetrados por agentes de policía, mientras que por otro lado “la detención de criminales disminuyó sustancialmente”, declaró Cooke. El año pasado la justicia británica condenó a cadena perpetua, con más de 30 años de reclusión obligatoria, a un expolicía londinense que cometió al menos 48 violaciones contra 12 mujeres durante 17 años.

También conmovió a la población el caso de Sara Everard, una ejecutiva inglesa de marketing de 33 años, violada y asesinada por Wayne Couzens, un agente integrante de la Policía Metropolitana de Londres que también trabajaba en la brigada de protección diplomática. Para remediar la situación, el inspector solicitó la implementación de nuevas medidas que aseguren el cumplimiento de mejoras dentro de la fuerza.

Víctimas insatisfechas

Cooke expresó su preocupación por el hecho de que la policía no se está encontrando con las crecientes demandas del público y frecuentemente falla en la ejecución de tareas básicas. “Las tasas de cargos disminuyeron en dos tercios desde 2014”, dijo en su informe, añadiendo que “las víctimas están cada vez más insatisfechas con la policía y el sistema de justicia penal en general”.

Según Cooke, la relación entre la policía y el público es más tensa que nunca y la expectativa pública es que la fuerza prevenga el crimen, investigue de manera adecuada y esté presente en las comunidades. “Hemos visto demasiadas ocasiones en las que se pierden oportunidades para atrapar a los delincuentes que están causando miseria en nuestras comunidades”, afirmó.

Salud mental

Sin embargo, destacó la problemática de que la policía a menudo se ve obligada a asumir responsabilidades que no pueden recaer en otros servicios públicos, especialmente en cuestiones de salud mental. Según el inspector, el año pasado la policía atendió 600.000 incidentes de salud mental, en la mayoría de los cuales no se requería su intervención.

En respuesta a esta problemática, el Comisionado de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, informó a los servicios de salud y atención social en el Gran Londres en mayo, que el servicio policial dejaría de atender incidentes de salud mental a partir de septiembre, a menos que existe una “amenaza inmediata para la vida”, según consignó BBC News.

 Ucrania instó este domingo a reunir de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU para terminar con el �Schantaje nuclear⬝ ruso, un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, si bien Estados Unidos dijo no tener indicios de que el traslado del arsenal se haya concretado aún.

�SEl Kremlin ha tomado a Bielorrusia como rehén nuclear⬝, escribió en Twitter el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksii Danilov, quien consideró que la decisión es �Sun paso hacia la desestabilización interna del país⬝.

También hoy Estados Unidos dijo que �Sno tiene indicios⬝ de que Rusia haya transferido armas nucleares a Bielorrusia, o incluso de que Putin se esté preparando para usar ese tipo de dispositivos en Ucrania.

�SNo tenemos indicios de que cumpliera su compromiso o de que se transfirieran armas nucleares⬝, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a la cadena de noticias CBS.

El presidente ruso anunció que su país desplegará armas nucleares de corto alcance en el territorio de su aliado Bielorrusia en respuesta a la decisión del Reino Unido de suministrar a Ucrania proyectiles de uranio empobrecido.

El mismo día, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró a la cadena CNN que EEUU no tiene ninguna información de la Inteligencia del país que indique que Rusia esté preparando un arma nuclear, pero agregó que dicha agencia, encargada de la inteligencia exterior, �Sseguirá vigilando las implicaciones⬝ del plan anunciado por Putin.

 La presidenta Dina Boluarte enfrenta denuncias por las 67 muertes que dejaron hasta ahora las protestas populares. La dividida izquierda peruana busca reacomodarse en el Congreso para enfrentar los retos inmediatos, el primero de los cuales será una moción de censura contra la presidenta Dina Boluarte por las 67 muertes que dejaron hasta ahora las protestas populares.

Por lo pronto, dos bancadas del sector, Juntos por Perú y Perú Democrático, se fusionaron bajo el primer nombre y estarán el próximo jueves en la vanguardia, junto a lo que queda en el parlamento del ex partido gobernante Perú Libre (PL), en el primer intento por �Svacar⬝ (destituir) a Boluarte.

�SLa izquierda debe entrar en un proceso de reorganización, encontrar su nuevo papel de oposición y buscar un catalizador, que hasta ahora no tiene, para las próximas elecciones⬝, dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz con respecto a la situación del sector, visiblemente golpeado por lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo, depuesto el 7 de diciembre.

Dos nombres surgieron hasta el momento como opciones para ser ese presumible catalizador, apunta Santa Cruz: el exprimer ministro Aníbal Torres y la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, pero aún falta mucho por recorrer.

Torres tiene en contra su evidente cercanía con el presidente destituido, el proceso judicial por presunta participación en el intento de cerrar el Congreso, la edad (80 años) y el radicalismo que se le atribuye, mientras Ledesma es muy respetada en ámbitos académicos pero resulta desconocida para el peruano promedio.

El escenario político en Perú es tan confuso hoy que ni siquiera hay certeza de cuándo se efectuarán las siguientes elecciones.

La izquierda, que llegó sorpresivamente al poder en 2021 de la mano del sindicalista Castillo, quedó en el centro de las polémicas en sus 17 meses de gobierno, en medio de la ofensiva política y mediática de la derecha y de los errores atribuidos al mandatario, cuya popularidad se evaporó rápido.

En ese marco, Perú Libre, que tenía la mayor bancada, aunque lejos de la mayoría absoluta, se fragmentó en cuatro grupos, con luchas internas de las que además surgió la renuncia de Castillo al partido y la expulsión de las filas de Boluarte, entonces vicepresidenta y ministra de Inclusión Social.

Además, parlamentarios que están o estuvieron en PL fueron objeto de acusaciones de corrupción y, de hecho, nueve de ellos aparecen en la lista de 23 legisladores cuyas casas y/u oficinas fueron allanadas la semana pasada por la Fiscalía.

En ese contexto, los analistas prácticamente descartan que la izquierda parlamentaria logre un primer éxito, como sería juntar los 87 votos que se necesitan para destituir a Boluarte, a quien sus excompañeros de filas consideran la principal responsable de la represión y le atribuyen por tanto �Sincapacidad moral⬝ para gobernar.

Las dificultades para el sector también se evidenciaron cuando varios de sus miembros votaron a favor de destituir como congresista a su excompañera de partido Bettsy Chávez, contra quien se aprobó la semana pasada una acusación constitucional por �Srebelión y sedición⬝ por su presunta participación como primera ministra en el intento de Castillo de gobernar sin parlamento.

�SEl gobierno con sus socios del Congreso, la prensa y los eternos corruptos se esmeran en seguir difamándonos, pero el pueblo ya despertó⬝, reaccionó Chávez, una abogada de 33 años que en un momento fue vista como una de las figuras más promisorias de la izquierda peruana.

La ex primera ministra, a quien videos muestran al lado de Castillo en el momento de anunciar el cierre del Congreso, será reemplazada en el Legislativo por Isaac Mita, abogado del departamento sureño de Tacna que milita en PL y se sumará por lo tanto a la oposición.

El parlamento además aprobó la acusación contra el entonces ministro de Comercio de Castillo, Roberto Sánchez, bajo los mismos cargos que a Chávez, pero en su caso se abstuvo de suspenderlo de su función como congresista, lo que generó una nueva polémica.

En efecto, aunque los legisladores no explicaron la razón por la que aprobaron la salida de Chávez y no la de Sánchez a pesar de estar en el mismo expediente, el rumor extendido es que hubo un acuerdo secreto porque el posible reemplazo del último era Gahela Cari, quien hubiera sido la primera persona transexual en llegar al parlamento en el conservador Perú.

�SEste Congreso es transfóbico, no ha hecho nada por las personas trans, yo creo que eso fue un factor de peso en el momento de tomar la decisión; sinceramente no espero nada de este Congreso podrido⬝, reaccionó Cari, activista de las causas LGTBI que se había postulado junto a Sánchez en la lista del partido de izquierda Juntos por Perú.

El proceso a Castillo y sus colaboradores en el intento de cierre del Congreso, la moción contra Boluarte y los allanamientos a congresistas se producen en un marco en el que más de 90% de peruanos, según encuestas, exige elecciones inmediatas para cambiar el Ejecutivo y el Legislativo antes de que termine el período en 2026.

Representantes de la Fiscalía, con orden judicial en mano, tomaron el viernes 41 inmuebles entre residencias y oficinas de 23 parlamentarios en busca de evidencias de delitos de corrupción cometidos desde julio de 2021. La diligencia incluyó además a la para entonces ya suspendida Chávez.

Aunque la Fiscalía guarda reserva sobre lo hallado, el caso que más llamó la atención es el de José Arriola, del partido de centroderecha Acción Popular, bajo cuyo colchón, en una casa de un exclusivo sector del distrito limeño La Molina, se hallaron 72.000 dólares y 34.000 soles (unos 10.000 dólares) en efectivo.

Lo ocurrido afectó aun más la reputación del Congreso, cuya aprobación popular alcanza a 7% en las encuestas más optimistas. La crisis política no es una exclusividad de la izquierda, pues también las organizaciones de derecha y centro están hundidas en un grave descrédito, el mayor desde el retorno pleno a la democracia en 2001.

El escenario político en Perú es tan confuso hoy que ni siquiera hay certeza de cuándo se efectuarán las siguientes elecciones. Aunque la mayoría de los congresistas dio muestras de que quiere permanecer en sus sitios hasta 2026, analistas estiman inviable que lo consigan, debido a la reacción popular.

Por lo pronto, las protestas están detenidas tras la ola que dejó 67 muertes esde diciembre (49 civiles en enfrentamientos, otros 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas y seis militares y un policía �Sen el contexto del conflicto⬝, según la Defensoría del Pueblo), pero no se descarta una reactivación en cuanto pase la emergencia por las lluvias y las inundaciones que también dejan más de 50 muertes.