La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, y confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC.En ese marco, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución efectiva de los bienes.En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Pero en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó su aplicación, por considerar que la norma afecta la independencia judicial.El fallo del magistrado consideró que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria. NA.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos vinculados con una causa penal en ese país, al rechazar el recurso ordinario interpuesto por su defensa y ratificar la sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén.El máximo tribunal, con las firmas digitales de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el fallo de primera instancia que había declarado procedente la extradición debía quedar firme para los cargos identificados como uno, dos, tres, cuatro y siete de la “Quinta Acusación de Reemplazo” del 5 de mayo de 2021.La defensa del empresario, representada por los abogados Roberto Rallin y Norberto Francisco Oneto, había alegado violación del principio de igualdad de armas, recusación del juez y la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, argumentos que fueron desestimados por la Corte.Asimismo, el tribunal ordenó que el juez de origen informe a la autoridad extranjera el tiempo en que Machado estuvo privado de libertad en el marco del proceso de extradición, a fin de que se compute en su eventual detención en los Estados Unidos. NA.

“Es central para la democracia”, aseguró Lorenzetti y añadió que “si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga”.El cortesano se excusó de profundizar el tema, haciendo alusión a las últimas denuncias del gobierno y fallos judiciales para no caer en prejuzgamiento.“Si se aumenta la cantidad de miembros, cambia la jurisprudencia y eso generará incertidumbre en la vida económica. Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”, explicó.

Lorenzetti se presentó este miércoles en el ciclo “Diálogos” que está desarrollando la Fundación Mediterránea en Buenos Aires.El presidente de la Corte Suprema sostuvo que “la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y subrayó que “no hemos cambiado la jurisprudencia y no las vamos a cambiar”.En relación con temas de fondo, Lorenzetti destacó que “la Argentina necesita un cambio profundo en las instituciones y muy relevante en las instituciones”.Describió que “Argentina tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos”. Lorenzetti resaltó que “como país vivimos de fracaso en fracaso”.El presidente de la Corte insistió en la necesidad de “defender la democracia el estado de derecho”.Afirmó que “la función del poder judicial es mantener la estabilidad para que todos se sientan seguros y protegidos”. NA.

Luego de la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 7 convocó a una audiencia preparatoria para avanzar con el juicio de la denominada causa Cuadernos, previsto para el 6 de noviembre, donde Cristina Kirchner está procesada como como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.La audiencia, que se realizará de manera virtual, fue fijada para el próximo 24 de septiembre, con el objetivo de delimitar la prueba del proceso que comenzará en noviembre.Los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori convocaron a las partes para “limitar la prueba sobre la que versará el juicio oral y público a realizarse en las presentes actuaciones, a aquella que resulte de imprescindible producción y evitar la reiteración de las efectuadas para la acreditación de hechos notorios no controvertidos”.En la causa, Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas entre empresarios que hicieron negocios con el Estado entre 2003 y 2015.La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las confesiones de los acusados.En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.Durante la investigación, distintos funcionarios apuntados se ampararon en la figura del “arrepentido” y admitieron los cobros. De la misma manera, los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. Según se indicó, muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner.Uno de esos empresarios fue Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, quien sostuvo que se trataba de aportes de campaña al kirchnerismo. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral desconoció sus dichos.La causa Cuadernos no es la única causa que tiene pendiente la expresidenta. En los últimos días también se registraron movimientos en el caso Hotesur-Los Sauces y el Memorándum de entendimiento con Irán. Sobre esta última, la Corte Suprema confirmó la elevación a juicio de la causa; se espera que sea fijada en los próximos días. (TN)

Cristina Fernández de Kirchner encabezó este martes una reunión a puertas cerradas con senadores del bloque Unión por la Patria en la sede nacional del Partido Justicialista, en medio de la expectativa por un posible fallo de la Corte Suprema que dejaría firme su condena en la causa Vialidad.

Aunque la convocatoria se presentó como un encuentro para debatir la agenda parlamentaria y la coyuntura económica, la preocupación por la situación judicial de la expresidenta dominó la discusión. Legisladores, intendentes y dirigentes sindicales comenzaron a delinear una estrategia política frente a lo que consideran una “proscripción disfrazada de fallo judicial”.

Al finalizar el encuentro, los senadores José Mayans y Juliana Di Tullio cuestionaron con dureza el accionar del Poder Judicial. “La quieren sacar de la cancha porque saben que puede arrasar electoralmente”, sostuvo Mayans. Di Tullio, en tanto, advirtió que se trata de “un fallo político para proscribir a la principal dirigente opositora”.En paralelo, y ante la inminencia de la decisión del máximo tribunal, se reprogramó una reunión de más de veinte sindicatos que originalmente se iba a realizar en SMATA y finalmente se trasladó a la sede del PJ. La convocatoria fue impulsada por Ricardo Pignanelli y Mario “Paco” Manrique, y contará con la presencia de referentes como Sergio Palazzo, Abel Furlán, Hugo Yasky y Víctor Santa María.El sindicalismo, que respalda abiertamente a Cristina, denuncia que el fallo contra la exmandataria sería un “golpe a la democracia” y no descarta medidas de fuerza en repudio. La defensa pública del kirchnerismo se organizará en torno al argumento de que la causa carece de pruebas sólidas, peritajes técnicos y garantías procesales.

La aceleración de los tiempos judiciales y el hermetismo en torno al fallo profundizaron la tensión en el oficialismo. A horas de una definición clave, el peronismo se reagrupa para responder en todos los frentes: institucional, político y sindical.

Silvana Boschi - En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema dejó firmes las condenas en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, al rechazar por mayoría los recursos de apelación planteados por los condenados, entre ellos, el empresario Lázaro Báez. Para resolverlo, debió sortear dos conjueces que se sumaron al tribunal. El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Mariano Lozano y Ramón Luis González, mientras que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.El tribunal oral que intervino en el caso deberá resolver ahora cuáles de las condenas son de cumplimiento efectivo y ordenar las detenciones que correspondan. En el caso de Baéz, ya se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica.Esta causa puede ser un antecedente de peso para determinar qué decisión puede tomar la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, en la que está condenada a seis años de prisión Cristina Kirchner, junto a otros acusados. El resultado de ese fallo tendrá un impacto directo en las aspiraciones políticas de la expresidenta, ya que la impediría postularse como candidata a diputada si se confirma antes de agosto.En la Ruta del dinero K, los planteos que llegaron a estudio de la Corte se vinculan con la causa que investigó la presunta intervención de Lázaro Báez y un grupo de personas físicas y jurídicas ligado al Grupo Austral, en una operatoria considerada por la Justicia como lavado de activos. En diversas instancias judiciales, tanto el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de Caba como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, consideraron que esas operatorias provenían o bien del fraude contra la administración pública o de la evasión tributaria.

Los implicadosEl 19 de mayo pasado, y ante la falta de tres votos coincidentes, la Corte Suprema tuvo que sortear dos conjueces, ya que carecía de mayoría para resolver. Resultaron designados para intervenir en esta causa los camaristas Mariano Lozano (de General Roca) y Ramón Luis González (de Corrientes). Tanto los conjueces sorteados, como Lorenzetti y Rosatti, decidieron dejar firmes las condenas de Casación mediante la desestimación de los planteos por aplicación del art. 280. En disidencia, el juez Rosenkrantz entendió que la causa debía remitirse a la Procuración General de la Nación.En relación con dichas conductas, el TOF 4 de CABA condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión; a Martín Báez a 9 años; a Leonardo Fariña a 5 años, reduciéndole la pena por haber cooperado con la investigación en carácter de “arrepentido”; a Daniel Pérez Gadín a ocho años; a Jorge Chueco a 8 años; a Julio Mendoza a 6 años; a Juan De Rasis a 6 años; a Fabián Rossi, Cesar Fernández, Leandro Báez, Eduardo Castro y Walter Zanzot a 5; a Federico Elaskar, Martín Eraso y Claudio Bustos a 4 años y 6 meses, y a Carlos Molinari a 4 años y 6 meses de prisión.La sentencia del TOF 4 fue confirmada parcialmente por la Sala IV de la Casación, que absolvió a Lázaro Báez por un hecho (la compra del campo en Mendoza) y a Molinari por otro, además de reducir las penas.Luego de este fallo, las penas que quedaron reducidas fueron las de Lázaro Báez (a 10 años de prisión), Martín Báez (a 6 años y 6 meses ), Fariña (a 3 años y 6 meses), Pérez Gadín y Chueco (a 6 años), Mendoza (a 5 años) y Rossi, Fernández y De Rasis (a 4 años y 6 meses de prisión).Contra la resolución de la Sala IV de Casación acudieron a la Corte en queja las defensas de Lázaro Báez y Martín Báez, de Chueco, de Fernández, de Mendoza, de Zanzot, de Bustos, de De Rasis, de Castro, de Rossi, de Molinari y de Pérez Gadín.Las partes acusadoras no impugnaron la decisión del tribunal intermedio, por la cual quedaron firmes las absoluciones de las dos hijas de Lázaro Báez, que habían sido condenadas por el TOF, pero desvinculadas por Casación.

Qué probó la JusticiaLa investigación se centró en distintas maniobras de lavado, independientes entre sí. La principal de ellas es la que el tribunal de juicio denominó: “circuito de expatriación y reingreso de fondos”, que alude a la maniobra consistente en el traslado del dinero de origen ilícito en efectivo, desde Santa Cruz a Buenos Aires, en aeronaves de la empresa de taxis aéreos, para luego transferirlo mediante la financiera SGI a cuentas bancarias en Uruguay y, desde allí, a cuentas en bancos suizos abiertas a nombre de empresas off shore constituidas en Panamá.Finalmente, los fondos habrían sido utilizados para adquirir bonos de la deuda pública nacional, posteriormente vendidos en la Argentina para completar la repatriación de los fondos. INfobae.

Sofia Rojas - Pese a las idas y vueltas, el gobierno de Javier Milei no se da por vencido en la pelea por la ampliación de la Corte Suprema, y si bien está dispuesto a sumar nuevos integrantes, apuesta a modificar la estrategia para concretarlo. Derrotado el plan original de nombrar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, idea de máxima, el Poder Ejecutivo ensaya una mayor amplitud y se muestra abierto a incluir una mujer entre las dos nuevas propuestas, como idea de mínima.  La opción femenina configura uno de los pedidos que encarna el sector que conduce la dos veces mandataria Cristina Kirchner, que además tendrá la posibilidad de ofertar nombres para consensuar una de las vacantes, de ajustarse a los requerimientos libertarios. Si bien por lo pasillos de Casa Rosada garantizan ante la agencia Noticias Argentinas que no hay una actitud propositiva del Gobierno de encarar la negociación, como ocurrió en otros momentos del proceso, prometen que antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre el dilema estará resuelto. Lo cierto es que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, alfil del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien lleva adelante la compleja tarea de poblar el Máximo Tribunal que hoy funciona con tres miembros, mantiene diálogo fluido con varias terminales del peronismo. En Balcarce 50, confían en que el cambio de estrategia que incluye las surgencias de la fuerza opositara, y la necesidad que tiene el peronismo de nombrar un candidato configuran un escenario favorable para el oficialismo.

Los nombres en danzaLa apertura al diálogo tuvo lugar tras varios intentos fallidos por hacer pasar la voluntad de Milei. Sin embargo, una importante fuente con acceso al despacho presidencial aclara que uno de los nombres será violeta de pura cepa, entre los que destaca el abogado Ricardo Ramírez Calvo, de similar perfil al del fugaz cortesano Manuel García Mansilla.El abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es además profesor de Derechos Fundamentales en la Universidad de San Andrés y colaboró con la redacción del decreto 70/2023 en el equipo que lideró el ahora ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Su perfil se suma al de Ricardo Rojas, que cuenta con el total aval del mandatario que, no solo es habitué de sus obras, sino que dio el visto bueno para que reemplace a Rodolfo Barra al frente de la Procuración General del Tesoro, ofrecimiento que el letrado finalmente optó por declinar con la esperanza de cumplir su anhelo de integrar el Máximo Tribunal.La chance de incluir a una mujer y cumplir con el cupo que tras la salida Elena Highton de Nolasco aún está vacante, siempre estuvo abierta. Activada la posibilidad de escuchar sugerencias que provengan de afuera, en la administración libertaria especifican que deberá “ajustarse a los requerimientos libertarios”. Entre la oferta de nombres que circulan, llama la atención el de la jueza Ivana Bloch, quien desde 2011 está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4. Además, se desempeñó como prosecretaria letrada del Consejo de la Magistratura de la Nación y secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Aunque su perfil se ajusta a las necesidades de la Corte, y varias de sus posturas convencen al Ejecutivo, como sus estudios críticos del tipo penal de femicidio en el Código Penal, todavía no hay una decisión tomada. En noviembre del año pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su tercer informe de gestión en la Cámara alta supo anticipar la posibilidad. “El Gobierno mandó al Senado dos pliegos y tiene que resolver. Entendemos el reclamo por la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente, será un tema que el Presidente va a considerar, en el caso de que estos pliegos no avancen”, declaró en aquel entonces. Cumplido el plazo y tras el rechazo de la Cámara de Senadores a las nominaciones de Lijo y García Mansilla, el Ejecutivo estudia las opciones que tiene en carpeta “desde mucho tiempo”, no sin dejar de aclarar que no se trata de un tema de cupo sino de idoneidad. NA.

Este lunes se confirmó la renuncia de Manuel García Mansilla a su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras apenas 39 días desde su designación por decreto del presidente Javier Milei. La decisión se precipitó luego de que el Senado rechazara su pliego con 51 votos en contra y apenas 20 a favor.Su breve paso por el máximo tribunal quedó aún más condicionado cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió limitar su intervención en causas en trámite del tribunal por un plazo de tres meses.En su carta de renuncia, García Mansilla expresó que asumió con la convicción de que la falta de integración de la Corte representaba una “grave anomalía institucional” y que su presencia buscaba subsanar esa situación. Sin embargo, reconoció que el proceso político no permitió avanzar con su designación definitiva.“Comencé esta carta como juez y la concluyó como ciudadano”, escribió, reivindicando la necesidad de un Poder Judicial “recto, decente e independiente”. Añadió que el futuro del país depende, en gran parte, de contar con jueces “honestos, capaces y apegados a la Constitución”.Con su renuncia, se vuelve a abrir el interrogante sobre cómo y cuándo se completarán las vacantes en la Corte Suprema, en medio de un clima político que tensiona cada designación. 

Son horas decisivas en el Senado. Anteayer, como contó el jueves la agencia Noticias Argentinas, fueron presentados dos dictámenes de rechazo -finalmente, fueron por separado- para voltear el pliego del flamante integrante de la Corte, Manuel García-Mansilla. Uno de ellos es del kirchnerismo, que logró juntar seis firmas, mientras que los senadores porteños Martín Lousteau, de la UCR, y Guadalupe Tagliaferri, del PRO, motorizaron otro llegando entre sí a ocho firmas. Lo hicieron para no quedar pegados a los K. 

Se necesitan nueve, sí o sí. Por lo que ahora, la pelota está del lado del radicalismo y los interrogantes se posan sobre quién le pondrá el cascabel al gato, como le dijo un asesor a NA en referencia a la última rúbrica que le faltaba. La movida se habría gestado con un diálogo entre Lousteau y José Mayans, líder de la bancada K y que se movió estos días para intentar llegar cuanto antes al hemiciclo senatorial para darle la estocada final no solo al despacho de García Mansilla, sino también el de Ariel Lijo. Si bien Lousteau mantuvo un silencio estampa durante el 2024 con su posicionamiento principalmente con Lijo, ya que a García Mansilla lo bombardeó a preguntas en la audiencia pública, se destacó a lo largo del 2024 por ser de los pocos opositores “que hacen política”.

Por su parte, Tagliaferri también mostró en reiteradas oportunidades su independencia de la cúpula partidaria del PRO, que intenta liderar Mauricio Macri. De hecho, su terminal es el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta como es de público conocimiento. Ambos, junto con Pablo Blanco, fueron un oasis entre el desierto representado por “dialoguistas” que -a varios- solo les falta dar el salto al bloque libertario de una buena vez como el titular de la bancada UCR, Eduardo Vischi. Su terminal es el gobernador correntino, Gustavo Valdés. 

Vischi se transformó prácticamente en un oficialista. Podría ser bien catalogado como “Radical con Peluca” como se reconocen algunos diputados de su partido. Para hacerle justicia a su postura condescendiente, intentó en las últimas horas frenar la embestida contra los pliegos.Los apuntados para la firma restante son tres radicales: Carolina Losada, Maximiliano Abad y Mariana Juri. NA intentó comunicarse con Abad y Juri a través de sus voceros, pero ninguno respondió. Guardan silencio. Abad teje en la provincia de Buenos Aires entre la tropa propia y el PRO e intenta levantar la menor polvareda posible en tiempos complejos para los dirigentes tradicionales como él. Juri responde directamente al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, que desde hace meses tiene una vara diferente con Milei en comparación con la que tuvo con el ex presidente Macri, en el período 2015-2019. Sin embargo, la senadora Losada sí respondió la consulta de este medio. Ante la pregunta de Noticias Argentinas dijo que no tenía “pensado firmar por ahora” y que esperaba alguna resolución dentro del bloque. La clave de este embrollo pasa porque quienes apuntalan el pliego de García-Mansilla aspiran también a voltear el de Lijo, que ya está habilitado desde mediados de febrero. La misma lógica que sostenía la Casa Rosada: los dos o ninguno. Sin excepciones. Eso complejiza la maniobra.Losada está en una situación compleja porque García-Mansilla no le disgustaba, aunque le molestó la mentira del ex catedrático de la Austral, emergente cantera de funcionarios nacionales, pero sí se expresó negativamente sobre Lijo. No está claro lo que piensan Abad y Juri. Si bien la audacia en el Senado está en peligro de extinción, el ejemplo más reciente fue la fallida conformación de la comisión investigadora por el criptogate LIBRA, la acción de Milei fue muy mal recibida por los senadores. De avanzar la iniciativa del kirchnerismo y los solistas Lousteau y Tagliferri, la pelota quedará en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El siguiente paso de estos, si consiguen la firma que resta, será pedir una sesión especial. En ese caso, la llave del recinto está en sus manos. De todos modos, Villarruel esperaba instrucciones de la Casa de Gobierno hasta el cierre de esta nota, según indicaron a NA, que muy probablemente nunca lleguen. 

Entre el malestar, el temor e intereses solapados

En el eventual caso de que llegaran al recinto los pliegos de García-Mansilla y Lijo, también se abre una gran serie de interrogantes sobre el futuro de ambos. Pocos admiten que, en realidad, existe cierto grado de temor con Lijo. Son dos las razones, ya mencionadas hasta el hartazgo: si no llega a la Corte, continuará en su juzgado de, nada más y nada menos, que Comodoro Py; y si llega, y alguno de estos no apoyó su pliego, dejarían su huella ante un ministro del máximo tribunal. El rechazo a los nombramientos por decreto de Milei fue tan mal recibido que hasta integrantes del bloque Las Provincias Unidas se manifestaron en contra de la movida del Gobierno, que fue calificada por expertos como un juego al límite de la democracia.

El cuadro más resonante que se pronunció en ese bloque, que preside Carlos Espínola, es el de la senadora por Córdoba Alejandra Vigo: meses atrás se había fotografiado con Villarruel -detractora pública de Lijo- en apoyo a una candidatura de una mujer en lugar de Lijo.Espínola también integra la Comisión de Acuerdos, pero ni en los mejores sueños de Mayans se lo imaginan poniendo la estampa. El correntino quiere ser candidato a gobernador de LLA, eso choca con la buena sintonía de Valdés con la Rosada.Se pelean por hacer bien los deberes frente a Balcarce 50, ya que Valdés habría mandado a Vischi a poner el gancho en el pliego de Lijo, a escondidas de sus compañeros de la UCR; despacho que apareció por arte de magia el 12 de febrero pasado. Lo cierto es que, si el Senado avanza en el rechazo de ambos pliegos, como se esperaba, ya las dudas pasarán al plano más técnico sobre la validez de los nombramientos en comisión. El Gobierno sostiene que ambos jueces están en condiciones de permanecer en el tribunal (García-Mansilla ya juró) hasta noviembre de este año. De esa manera, solo pueden ser removidos por juicio político.En el Senado toman el argumento del Ejecutivo y sostienen que los nombramientos en comisión tienen lugar hasta que la Comisión de Acuerdos se expida, es decir, si los pliegos llegan al recinto y se rechazan quedarían invalidados.

Hasta el propio libertario y presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lo admitió en una entrevista con radio Rivadavia: “Si los rechazan, estos caballeros se van a su casa y habrá que nombrar nuevos pliegos”. (NA)

La manifiesta voluntad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el pedido de licencia solicitado por el juez federal Ariel Lijo generó desconcierto en el Gobierno que, hasta último momento, no conocía a ciencia cierta los movimientos de los magistrados ni estaba al tanto del accionar particular de Manuel García-Mansilla.La decisión llegó a los medios antes de que Ricardo Lorenzetti firmara a favor del pedido del juez de Comodoro Py de asumir en el máximo tribunal sin renunciar a su actual cargo, lo que despertó perspicacia entre las filas libertarias. “La votación aún no tuvo lugar”, repetía en horas del mediodía un importante funcionario ante la agencia Noticias Argentinas, visiblemente molesto. Por los pasillos de Balcarce 50 había serias dudas sobre lo resuelto y hasta hubo quienes llegaron a pensar que se trataba de una operación de uno de los miembros.La decisión, cuya resolución aún no está publicada ni oficializada, lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, y fue filtrada mientras Lorenzetti se preparaba para firmar en disonancia al resto de los miembros.El carácter extraoficial de la difusión confundió a varios en el Poder Ejecutivo, en especial el rumbo que adoptó por el magistrado que recientemente se incorporó al Máximo Tribunal, luego de que el presidente Javier Milei avanzara con su nombramiento a través del Decreto 137/2025.Según supo esta agencia, el rechazo a la solicitud de Lijo no fue comunicada previamente por García Mansilla, y generó ruido entre los que trabajaron para concretar el desembarco en la Corte de las dos propuestas enviadas por el mandatario. Al respecto, desde el entorno de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, argumentaron que se trató de “demostración de la independencia de la Justicia que plantea el Gobierno”, y un ejemplo de que “no hay mayoría automática”. Pese a las ensayadas justificaciones, admitieron que no estaban al tanto de los pasos del flamante miembro de la Corte. La nueva piedra en el camino para la designación de Lijo empantana su situación y lo enfrenta a evaluar la decisión de renunciar -o no- al juzgado federal 4 de Comodoro Py.“Es una decisión personal, lo que podíamos hacer ya lo hicimos”, reveló una importante fuente la agencia Noticias Argentinas sobre el futuro del juez que, por estas horas, permanece incierto. Lo único seguro es la garantía del Gobierno de insistir con el pliego que, prometen, no será retirado por lo que el pedido de renuncia al juzgado cobra fuerza. Pese al mal trago, hay quienes se esperanzan con conseguir los votos necesarios en el Senado, un año después de haber enviado la propuesta. Si la Cámara Alta accede a tratar el pliego, y el oficialismo consigue los dos tercios necesarios, Lijo podría a ingresar a la Corte de manera vitalicia. De los dos jueces elegidos por el Gobierno para abultar el número de miembros del Máximo Tribunal, Lijo fue el único que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de acuerdos gracias a las nueve firmas de distintos senadores, que incluyó el visto bueno de los peronistas Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y Claudia Abdala de Zamora (Santiago del Estero). Su pliego estuvo a punto de ser tratado el 20 de febrero en el marco de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, principal alfil del asesor presidencial, Santiago Caputo, no logró alcanzar un acuerdo con el espacio que lidera la expresidenta Cristina Kirchner, para que el respaldo se materialice en los votos que se necesitan para su aprobación en el recinto. El kirchnerismo apostaba a incluir el nombre del Procurador y las vacantes en 150 juzgados de todo el país dentro del paquete, lo que llevó al funcionario a retirarse de las negociaciones. NA.

La Corte Suprema de Justicia definirá si acepta o no el pedido de licencia extraordinaria que presentó el juez federal Ariel Lijo, luego de que sea fuera designado en comisión junto con el ya miembro del máximo tribunal Manuel García Mansilla, que juró la semana pasada. El futuro de Lijo se dirimirá en la reunión de Acuerdo de Ministros de este jueves en la que estarán presentes el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz; Ricardo Lorenzetti; y García Mansilla.Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, recibió la aprobación unánime por parte de la Cámara Federal del pedido de licencia que solicitó para poder asumir en comisión en la Corte.El pedido obedece a que la designación que establece el decreto 137/2025 es para integrar el tribunal hasta noviembre próximo, y de no contar con el acuerdo del Senado, podría tener que retomar sus funciones en el juzgado federal de Comodoro Py donde se desempeña actualmente.Sin embargo, las bibliotecas jurídicas en este aspecto difieren y también los antecedentes. Los detractores sostienen que la licencia otorgada por la Cámara Federal carece de validez, ya que solo la Corte está facultada para otorgar licencias extraordinarias. De seguir esta línea, la Corte podría rechazar el pedido y solicitarle a Lijo que para asumir renuncie formalmente a su Juzgado de Comodoro Py. Esta mirada la comparte el ex cortesano Juan Carlos Maqueda, que dejó el tribunal en diciembre e hizo énfasis en los antecedentes. “En la década del ‘70, hubo un juez federal de primera instancia, que había sido designado en comisión en segunda instancia. La Corte, en ese caso, se pronunció diciendo que el juez no podía pedir licencia a un cargo para tener el otro. Claro, tenía que renunciar a ese cargo”, explicó.Luego, Maqueda ejemplificó con el resonado caso de José Francisco Bidau en la década del ‘60: “El Senado, cuando tuvo que tratar el pliego, lo rechazó, y el doctor Bidau era integrante de la Corte Suprema, perdió el cargo de la Corte Suprema y también perdió el cargo de camarista”.El jueves de la semana pasada, la Corte sorprendió con la jura en silencio y bajo perfil de García Mansilla cuando todos esperaban una definición sobre Lijo, que la pateó para las próximas horas. García Mansilla estrenó su traje de flamante integrante de la Corte el sábado pasado en el Congreso para presenciar la apertura de sesiones ordinarias por parte del presidente Milei. Fue el primero en llegar y recibió saludos por parte de legisladores, gobernadores y funcionarios. NA.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaría esta semana los recursos presentados por Cristina Kirchner en el expediente que investiga lavado de dinero en el caso conocido como Hotesur-Los Sauces y, de esta manera, la expresidenta podría afrontar en 2025 tres juicios orales en su contra.Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimarían, según adelantaron fuentes judiciales a Infobae, la queja de Cristina Kirchner contra el fallo de la Cámara de Casación que anuló su sobreseimiento en el caso. Será la última decisión del tribunal con cuatro integrantes, ya que Maqueda se jubilará a fin de año.La causa se centra en presuntas operaciones ilícitas a través de las empresas Hotesur y Los Sauces, vinculadas a la familia Kirchner, que habrían sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de empresarios como Lázaro Báez quienes se beneficiaron con contratos de obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Los alquileres de propiedades fueron el mecanismo investigado por la Justicia.Según las investigaciones, los alquileres de propiedades habrían sido una pantalla para recibir dinero a cambio de favores políticos. Tanto Cristina como Máximo Kirchner figuran como principales acusados.Los fiscales y jueces han señalado patrones similares a otros casos de corrupción asociados a la obra pública, y detallaron cómo estos fondos no tendrían una justificación económica genuina y sí fuertes vínculos con empresarios cercanos a los Kirchner.La hipótesis es que Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de la ciudad patagónica de Calafate como contraprestación por haber recibido suntuosos contratos para hacer obra pública.En su momento, los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grumberg sobreseyeron a Cristina Kirchner, a Máximo y a los empresarios. No hubo juicio oral y público porque plantearon que era evidente que no había delito en la conducta de los Kirchner. La magistrada Adriana Palliotti votó en disidencia.Pero el fiscal Diego Velasco apeló el fallo y el expediente lo tomó la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes el 18 de diciembre del año pasado revocaron la sentencia y lo mandaron hacia el juicio oral, sin la inclusión de Florencia Kirchner, que figuraba como integrante de las sociedades. Los magistrados la quitaron de la lista de acusados porque entendieron que la hija menor del matrimonio Kirchner no tenía poder de decisión.Tras ese fallo de Casación, Cristina Kirchner a la Corte con un recurso extraordinario, que ahora el máximo tribunal resolvería.En caso de confirmarse la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal N°5, compuesto por los jueces Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini, sería el encargado de llevar adelante el juicio que, además de la expresidenta y su hijo, tendría a otros 24 imputados, entre ellos empresarios y ex funcionarios. Esta causa aún enfrenta retrasos porque requiere la definición de los testigos y de la fecha de inicio del debate, que probablemente se celebre el próximo año.Los jueces Barroetaveña y Daniel Petrone afirmaron que Obligado y Grunberg no presentaron ninguna “prueba nueva” que justificara el cierre de la causa sin llevarla a juicio. Según destacaron, la norma general establece que una vez que un caso completa la etapa de instrucción y llega al tribunal oral, debe realizarse el juicio. Sin embargo, el Código Procesal Penal contempla una excepción: los jueces pueden dictar el sobreseimiento de un acusado si nuevas pruebas demuestran de manera evidente que no hubo delito o que el acusado es inocente, con el objetivo de evitar juicios innecesarios.Pese a ello, Petrone y Barroetaveña argumentaron que este no era el caso. Señalaron que los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner basaron su decisión en dos elementos que, según ellos, no constituyen “pruebas”: los requerimientos de elevación a juicio de dos causas relacionadas, la causa Vialidad (en la que la ex vicepresidenta fue condenada) y el caso Oil Combustibles (donde los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos, y el ex funcionario Ricardo Echegaray terminó condenado). Los camaristas enfatizaron que un requerimiento de elevación a juicio es simplemente la acusación de la fiscalía, no una “prueba” en sí misma.En el caso Hotesur y Los Sauces, el fiscal Diego Velasco, encargado de la acusación en el juicio, busca acelerar el proceso. Solicitó la incorporación de nuevas pruebas provenientes de las causas de la “Ruta del dinero K” y Vialidad. Del primer caso, pidió el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y Báez -serían más de 370 comunicaciones-. Del caso Vialidad, requirió los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas José López, el del episodio de los bolsos con dinero en el convento. Sin embargo, el inicio del juicio oral aún no tiene fecha, ya que resta completar una instrucción suplementaria y concluir algunos peritajes pendientes.Los otros juicios contra Cristina Kirchner previstos para 2025Días atrás, la Corte también despejó el camino para la realización del juicio oral contra Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, programado para 2025. El pasado 5 de diciembre rechazó por unanimidad un recurso presentado por la ex mandataria en la causa donde se la acusa de encubrimiento y abuso de autoridad. Con este fallo, quedaron confirmados los jueces que llevarán adelante el juicio: Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, cuyas recusaciones también fueron rechazadas por la Corte. Infobae.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este domingo que el Gobierno evalúa la posibilidad de designar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, en caso de no obtener los votos necesarios en el Congreso antes de fin de año.”Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto”, declaró Francos durante una entrevista con Radio Mitre. El funcionario expresó su deseo de que la designación sea determinada por la Cámara alta, aunque reconoció las dificultades de operar en minoría: “Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más”.“La propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros. Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada. En la historia argentina hay de todos los casos. Lo mejor sería que lo designe el Senado”, remarcó el funcionario aunque aclaró que “cuando estás en una minoría parlamentaria cuesta un esfuerzo enorme”.En ese sentido, Francos adelantó que otra discusión similar se dará a la hora de aprobar los pliegos para ocupar vacantes en juzgados federales. “También será una discusión, habrá muchos debates. Ya tendremos más legisladores como para poder estar en una posición más fuerte”, comentó.Esta semana, la senadora kirchnerista por Catamarca, Lucía Corpacci, aportó la novena firma necesaria para el dictamen del pliego de Lijo en el Senado, y permitió que el pliego sea sometido a votación. Sin embargo, aún no están garantizados los dos tercios de los votos requeridos para su designación. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus ministros, decidió aceptar un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y ha revocado la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había absuelto a Cristóbal López y Fabián De Souza en el marco de la causa “Oil Combustibles”.La decisión se basa en la remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró que la sentencia de Casación que había absuelto a López y De Souza por defraudación a la administración pública fue arbitraria. La acusación principal contra López y De Souza se centraba en la retención de montos que debían ser abonados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el impuesto al combustible líquido.La Corte Suprema concluyó que la Cámara de Casación había resuelto de manera arbitraria los planteos relativos a la interpretación de la prueba en el caso. Esta decisión implica que López y De Souza nuevamente enfrentan cargos por defraudación a la administración pública, dado que la revocación de la absolución reabre el proceso judicial en su contra.Sin embargo, no todos los agravios presentados por el Fiscal fueron aceptados por la Corte Suprema. Los puntos relacionados con el levantamiento de las medidas cautelares y el rechazo de la reparación integral contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron rechazados por falta de una sentencia definitiva en esos aspectos específicos del caso.El caso “Oil Combustibles” ha sido objeto de una considerable atención pública y mediática debido a las implicaciones de alto perfil y la magnitud del fraude fiscal alegado. Cristóbal López y Fabián De Souza, empresarios destacados, habían sido acusados de no transferir a la AFIP los impuestos cobrados a los consumidores en la venta de combustibles, utilizando esos fondos en cambio para financiar otras operaciones empresariales.La decisión de la Corte Suprema de revocar la absolución pone de relieve las tensiones y debates en torno a la interpretación judicial y la aplicación de la ley en casos de fraude fiscal. El retorno de los cargos contra López y De Souza significa que el proceso judicial continuará, con nuevas etapas de evaluación y posible juicio. NA. 

La Corte Suprema de Justicia adoptará dentro de su ámbito una serie de cambios en el régimen de redeterminación de precios de obra pública, aplicando, donde resulte pertinente, el nuevo sistema adoptado por el Poder Ejecutivo el año pasado a través del Decreto 490/2023.

Los cambios buscan “garantizar una mayor eficiencia y transparencia” en la gestión de la Corte, y están en línea “con el proceso de modernización y reformas que viene llevando adelante en los procedimientos de contrataciones públicas”, indicó el máximo tribunal en un comunicado.

En la documentación licitatoria de las contrataciones de obra pública, la Corte incluirá, donde “resulte pertinente”, la aplicación del Decreto 490/2023 del Poder Ejecutivo que fijó un nuevo sistema de redeterminación de precios de contratos dentro de su ámbito.

La Corte destacó que “con el objeto de garantizar el cumplimiento regular de los planes de trabajo de las contrataciones de obra pública que lleva adelante el Tribunal, resulta indispensable adherir” a lo dispuesto por dicha norma del Ejecutivo “de modo de otorgar mayor certeza y transparencia” tanto para el tribunal como para las empresas contratistas.

Los cambios incluyen modificaciones en la composición y funciones de la Unidad de Redeterminación de Precios de Obras Públicas, creada en 2016, la cual es el órgano técnico asesor en esa materia.

Dicha unidad tiene entre sus funciones el seguimiento integral y de control de la aplicación y del procedimiento, y estará compuesta por un profesional especialista en redeterminación de precios y un miembro -titular y un suplente- graduado en arquitectura o ingeniería civil, perteneciente a la Subdirección de Infraestructura del tribunal, y un graduado en ciencias económicas, perteneciente a la Dirección de Administración de la Corte.

Por último, la Corte resolvió que los pliegos de bases y condiciones deberán consignar, entre otros requisitos, la obligación de los oferentes de presentar, junto con la oferta, el presupuesto desagregado por cada ítem con sus cantidades, precios e incidencia en el precio total, así como el análisis o estructura de costos de cada ítem y los precios de referencia de cada insumo, bajo apercibimiento de descalificación.

La defensa de Nahir Galarza presentó este lunes un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que finalmente revise el fallo que condenó a la joven a prisión perpetua por matar de dos balazos a su novio Fernando Pastorizzo.

Los abogados de la joven, José Ostolaza y Pablo Sotelo, intentan probar que su defendida era víctima de violencia de género por de quien resultó ser la víctima del homicidio.

Según expresó Sotelo "el recurso extraordinario federal que le asiste actualmente a Nahir Galarza se dirige contra una resolución emanada del más alto tribunal provincial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos sobre la cual no pueden deducirse otros recursos locales, como es en el caso de Nahir⬝.

�SEn este caso se ha alegado y probado desde un primer momento que existen cuestiones relacionadas con la violencia contra la mujer que ha cobrado especial relevancia en la actualidad y ameritan que el máximo tribunal nacional emita opinión a fin de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, las leyes dictadas por el Congreso y los Tratados Internacionales", agregó.

Además, plantea que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máximo tribunal, podrá ver con claridad no sólo las irregularidades de la primer declaración indagatoria, sino la falta de perspectiva de género en las pericias psicológico/ambientales y de mínima percibirá que en los mismos chats en los que se basó la justicia entrerriana para determinar el vínculo de Nahir con Fernando se encuentran las pruebas del hostigamiento, la coacción y la violencia psicológica, verbal y física".

Con las instancias provinciales agotadas

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el planteo presentado por la defensa en marzo pasado y dejó firme la sentencia por el asesinato ocurrido el 29 de diciembre de 2017.

La Sala Penal del STJ de Entre Ríos resolvió no hacer lugar a la impugnación extraordinaria presentada por el abogado José Ostolaza, defensor de Galarza. La resolución fue dictada por los magistrados Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia.

Con esta resolución quedó firme la sentencia del Tribunal Oral de Gualeguaychú que el 3 de julio de 2018 condenó a Galarza a prisión perpetua. En un fallo dictado por unanimidad los jueces Alicia Vivián, Mauricio Deruddi y Arturo Dumón consideraron que Galarza fue autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado contra una persona con la que había mantenido una relación de pareja. (El Día)