La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó el miércoles en que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar las operaciones de ayuda de las Naciones Unidas y sus organismos en Gaza, incluida la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA).En una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel con respecto a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, el máximo órgano judicial de la ONU estableció que Israel tiene la responsabilidad de asegurar la satisfacción de las necesidades vitales de los palestinos.El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó la opinión de la Corte como “muy importante y decisiva” y confió en que Israel la respete y actúe apegándose a ella.“Como potencia ocupante, Israel está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia”, leyó el presidente de la Corte, Yuji Iwasawa.El magistrado subrayó que Israel debe “aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades”, agregando que ese país tiene la obligación de no impedir el suministro de socorro.Los once letrados del tribunal declararon unánimemente que Israel debe respetar la prohibición de utilizar el hambre como método de guerra, como lo estipula el derecho internacional. También destacaron la prohibición de las deportaciones forzadas en los territorios palestinos ocupados.Con respecto a las acusaciones de Israel de que un número significativo de trabajadores de la UNRWA eran militantes de Hamas o participaban a actos terroristas, la Corte dictaminó que el país no ha fundamentado dichas imputaciones.El año pasado Israel prohibió las actividades humanitarias de la UNRWA en todos los territorios palestinos ocupados alegando que algunos de sus empleados habían participado en los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamas en el sur de Israel.

Estados Unidos declaró ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la Haya, que se opone a que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad.

La CIJ celebra esta semana audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar, incluyendo Estados Unidos, Rusia y China.

La mayoría de los oradores pidieron que Israel pusiera fin a su ocupación después de la Guerra de los Seis Días, pero Estados Unidos defendió a su aliado.

“La corte no debe concluir que Israel está legalmente obligado a retirarse inmediata e incondicionalmente del territorio ocupado”, dijo Richard Visek, asesor jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos, informó la agencia de noticias AFP.

“Todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel”, destacó.

“La corte no debe concluir que Israel está legalmente obligado a retirarse inmediata e incondicionalmente del territorio ocupado”.

Por su parte, el embajador de Rusia, Vladimir Tarabrin, sostuvo que el “castigo colectivo” que Israel le infligía a Palestina no tenía justificación.

“Casi el 90% de los gazatíes se han visto obligados a desplazarse de sus hogares y viven en condiciones inhumanas. El odio solo acarrea más odio”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el Consejo de Seguridad de la ONU ya había declarado que los asentamientos israelíes eran ilegales y que constituían una “flagrante violación al derecho internacional y un inmenso obstáculo a la solución de los dos Estados para una paz segura y duradera”.

“La Federación Rusa invita a la Corte a guiarse por la necesidad de contribuir a crear las condiciones para el éxito de las negociaciones. La continua ocupación israelí de Palestina impide la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, finalizó.

La representante colombiana, Andrea Jiménez Herrera, sostuvo que era importante recalcar la “necesidad de redoblar los esfuerzos para una solución con base en el derecho internacional y con el propósito del establecimiento de un Estado palestino”.

Jiménez describió un “verdadero mapa del horror y la devastación” en que se ha convertido la Franja de Gaza como consecuencia de la “política de tierra quemada desatada por el gobierno de Israel”.

“En última instancia, lo que está en juego aquí es garantizar la seguridad y, de hecho, la propia existencia del pueblo palestino, como han documentado plenamente organismos internacionales, órganos de las Naciones Unidas e incluso ha reconocido recientemente el propio tribunal”, finalizó.

La representante de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, calificó de “ilícito internacional” a la ocupación israelí.

“Nosotros y ustedes tenemos la responsabilidad moral de pronunciarnos de forma clara y transparente sobre la ignominiosa situación del pueblo palestino”, aseguró.

La cubana afirmó, además, que algunas naciones actuaban “con complicidad” para ayudar a Israel en su “impunidad”, en lugar de impedir el “genocidio” en curso contra el pueblo palestino, y exhortó a la CIJ a que no permita la “completa exterminación” de los palestinos.

Las audiencias comenzaron el lunes pasado con testimonios de funcionarios palestinos, que acusaron a los ocupantes israelíes de dirigir un sistema de “colonialismo y apartheid” e instaron a los jueces a pedir el fin de la ocupación “inmediata, total e incondicional”.

La ocupación de los territorios

En junio de 1967, durante la llamada Guerra de los Seis Días, Israel le arrebató a Jordania Cisjordania y Jerusalén Este; los Altos del Golán a Siria, y la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto.

Israel comenzó entonces a ocupar los 70.000 kilómetros cuadrados de territorios árabes arrebatados, ocupación declarada ilegal posteriormente por las Naciones Unidas.

El Tribunal se pronunciará sobre este caso “con carácter de urgencia”, probablemente a fines de año.

La Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ que examine las “consecuencias jurídicas” de lo que la resolución describe como “la violación persistente de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”.

También debe examinar las medidas “que buscan modificar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la ciudad santa de Jerusalén”.

El Tribunal se pronunciará sobre este caso “con carácter de urgencia”, probablemente a fines de año.

Estas audiencias se celebran en un contexto de creciente presión jurídica internacional sobre Israel en relación con la guerra de Gaza.

El conflicto estalló tras el ataque en suelo israelí del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre, que causó unos 1.200 muertos y otros 240 rehenes, incluyendo una veintena de argentinos.

En represalia, el Ejército israelí lanzó una ofensiva que dejó 29.313 muertos en Gaza, en su gran mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamas.