La Justicia federal dio un paso histórico en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz: el Tribunal Oral Federal Nº 2 dispuso el decomiso de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, exfuncionarios y empresarios vinculados a la trama que operó entre 2003 y 2015.La resolución —firmada el 18 de noviembre pasado— actualizó el valor del decomiso a $684.990.350.139,86, convirtiéndose en uno de los mayores montos recuperados por corrupción en la historia judicial argentina. La cifra original, fijada en 2022, ascendía a $84.835 millones, pero la actualización pericial la multiplicó por ocho, reflejando la pérdida de valor del peso en estos años.

Qué bienes serán ejecutadosEl fallo ordena tasar y rematar activos detectados como “instrumentos, efectos o beneficios” de la maniobra fraudulenta, entre ellos: Propiedades y terrenos de Austral Construcciones, Kank & Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto. Inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner, considerados parte del enriquecimiento ilícito derivado del esquema. Bienes personales de exfuncionarios como José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Pavesi, si los de Báez y la familia Kirchner no alcanzaran para cubrir la suma.Todos deberán inscribirse en la Base de Bienes Secuestrados del Poder Judicial para avanzar con la ejecución.

El fundamento del tribunalLos jueces señalaron que la sentencia firme del 10 de junio acreditó que Lázaro Báez recibió una concentración irregular del 80% de la obra pública vial de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, y que una parte de esas ganancias se canalizó en bienes que terminaron beneficiando a la familia del matrimonio presidencial.El tribunal dejó claro que puede decomisarse incluso aquello que hoy está a nombre de terceros, siempre que: exista vinculación temporal con la maniobra, el bien provenga directa o indirectamente de fondos ilícitos, el tenedor no sea un adquirente de buena fe.La decisión se apoya en la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana, que obligan a los Estados a recuperar activos públicos desviados mediante delitos económicos.

Qué argumentaron las defensasLos abogados de Cristina Kirchner, Báez y otros condenados intentaron bloquear el decomiso alegando: falta de pruebas del “nexo causal”, violación de garantías constitucionales, inclusión de bienes adquiridos antes de ocupar cargos públicos, bienes sobre los que ya hubo sobreseimientos. Ninguno de esos planteos prosperó.

El período investigadoLa Fiscalía detalló una amplia lista de propiedades compradas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso en el cual se adjudicaron y ejecutaron las obras cuestionadas.El tribunal consideró ese período como “el corazón temporal” de la maniobra, en la que Báez pasó de ser un desconocido a convertirse en el mayor contratista del país.

Qué viene ahoraLa Corte Suprema deberá determinar el destino final de los bienes rematados.La prioridad, según el fallo, será reparar el daño ocasionado al Estado y a la sociedad, un principio contemplado en los estándares internacionales de recuperación de activos.La Fiscalía quedó habilitada a identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso si aparecen durante la ejecución de la sentencia

El esquema, según la fiscalía, funcionó entre 2024 y 2025 a través de compras manipuladas de medicamentos e insumos médicos. Se realizaban licitaciones “reducidas” donde siempre ganaban las mismas droguerías —Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— que simulaban competir entre sí para inflar precios. En algunos casos, los medicamentos llegaron a venderse con sobreprecios de hasta 1900%.

Los principales acusados son los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, señalados como organizadores del sistema. Sin embargo, los investigadores creen que detrás de ellos hay empresarios de peso, entre ellos los hermanos Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, y mencionan posibles vínculos políticos con figuras cercanas al oficialismo.La investigación se basa en audios filtrados y peritajes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que confirman la existencia de una estructura para direccionar contratos y distribuir retornos. El caso, considerado uno de los más graves de los últimos años en materia de corrupción sanitaria, sigue sumando implicados y podría alcanzar nuevos niveles de responsabilidad política.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.Cuadernos es “solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará el 6 de noviembre a la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales.“Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, destacó.En la primera parte del informe la fiscal hizo mención a las características de la investigación que llega a debate oral con un total de  87 acusados, entre ellos la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta.También llegan a juicio los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios.Se juzgarán 540 hechos y también llegan al estrado 65 empresarios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.Todos llegan a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 “acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales”, resume el informe.A lo largo de los años desde 2018, cuando se inició el primer expediente 9608 con la entrega de los cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli en Comodoro PY 2002, se han dictado “embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc”.“Si bien algunas medidas se han cambiado por otras, estas satisfacen de mejor modo los fines reseñados.En definitiva, ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido”, aseguró la fiscalía.Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.Las audiencias desde el 6 de noviembre serán virtuales por decisión de los jueces del Tribunal  Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. NA.

Fregonese subrayó que la actual gestión firmó una paritaria acordada por primera vez anual, que implica más de 200 mil millones de pesos adicionales, sosteniendo el poder adquisitivo frente a la inflación y mejorando la pirámide salarial “para que los ascensos y jerarquías vuelvan a tener sentido, esto es un pedido de años de los gremios que nunca fue escuchado por los responsables del sistema”.“Además, nos hicimos cargo del Fonid y de la conectividad. Liberamos el tope del traslado docente, el código 029, algo también pedido por los docentes a través de sus representantes. Y pusimos en marcha el boleto docente, otro reclamo histórico que hoy es una realidad en Entre Ríos”, añadió.Además, remarcó que se ha recibido a los gremios docentes más veces en 20 meses que los anteriores gobernadores en décadas, y agregó: “El gobernador Frigerio recorre escuelas todas las semanas, escucha a directivos y docentes, y dialoga cara a cara. No hablamos desde la tribuna: estamos con ellos”.En cuanto a la infraestructura escolar, la titular del CGE destacó que en apenas 20 meses se reparó un tercio de las escuelas, más de 433 edificios que estaban abandonados por décadas de populismo, desidia y corrupción, dándole la espalda a la comunidad educativa y a la integridad del sistema en su totalidad.

“Ordenamos las cuadrillas de arquitectura y del CGE que trabajan incluso los fines de semana para dar solución a los reclamos que constantemente llegan de las instituciones. Hoy, el 50% de las obras que se están ejecutando en la provincia son educativas”, precisó.También mencionó el censo digital inédito de infraestructura escolar, que permitirá relevar de manera georreferenciada el estado edilicio, los servicios y la situación dominial de más de 1.400 establecimientos educativos entrerrianos. “Con esta herramienta vamos a tener información real y precisa para planificar obras, dejar atrás la improvisación y evitar que se repita el abandono, la desidia y la corrupción que heredamos”, afirmó.En materia pedagógica, recordó que Entre Ríos fue distinguida recientemente por la ONG Argentinos por la Educación por su política educativa centrada en la alfabetización: “Hoy más del 90% de los estudiantes de segundo grado participa de evaluaciones de lectura, cuando antes apenas lo hacía el 15%. Más de 4.600 docentes ya se capacitaron y se continuarán capacitando en el plan integral de alfabetización para transformar la calidad de la enseñanza”, sostuvo.

“Tomamos lo que la gestión anterior comenzó y lo universalizamos, para que en 2027 alcancemos a todos los estudiantes en el primer ciclo. Y comenzamos a trabajar en el segundo ciclo de primaria, para acompañar a los alumnos que tienen mayor dificultad por años de deterioro de los aprendizajes. También incluimos al nivel inicial, siendo una de las primeras provincias en intervenir en ese nivel”, agregó.Asimismo, señaló: “Hoy contamos con un sistema nominal de estudiantes, información muy relevante para poder entender las trayectorias y acompañar de manera objetiva, colaborando así con la tarea docente.“Entre Ríos también forma parte de la nueva Agencia Regional de Evaluación Educativa junto con Santa Fe y Córdoba, para medir aprendizajes con indicadores propios, y pusimos en marcha la Red de Escuelas que Transforman, en el marco de la nueva secundaria, que ya alcanza a 200 instituciones y más de 1.200 docentes”, destacó.Finalmente, Fregonese fue categórica: “Lo que hubo durante décadas fueron funcionarios que se creyeron dueños del Estado, llenándolo de familiares del poder y escondiéndose en distintos lugares de la administración pública como si fueran guaridas. Eso se terminó”.

Según el último informe presentado por Transparencia Internacional, el primero que incluye al Gobierno de Javier Milei, Argentina quedó por debajo del promedio mundial que es 43 puntos, mientras que tuvo el mismo puntaje que el año anterior (cuando se midió la percepción de corrupción durante el mandato de Alberto Fernández) y retrocedió un puesto en el ranking total respecto de 2023.La Argentina registró su peor marca en 2015 (último año de la gestión de Cristina Kirchner), cuando obtuvo 32 puntos, mientras que en el escrito de 2024 registra peor índice que Cuba y Ghana en un ranking que, a nivel global, está liderado por Dinamarca, con 90 puntos, seguido por Finlandia con 88.En tanto, en el otro extremo de la tabla los países percibidos como más corruptos, son Sudán del Sur (8 puntos), Somalía (9) y Venezuela (10), mientras que de 32 países en Latinoamérica, Argentina está en el puesto 18. La región tiene un promedio de 42 puntos y nuestro país está 5 puntos abajo de ese número, mientras que se destacan los resultados de Uruguay (76 puntos) y Canadá (75) que son los mejores del continente, mientras que Venezuela, y Nicaragua (14) son los peores.

El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países y territorios según el grado de corrupción que perciben los expertos y los ejecutivos de empresas sobre el sector público. Es un índice compuesto, una combinación de al menos 3 y hasta 13 encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones de prestigio, mientras que es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo.NA. 

El juez federal Sebastián Casanello dictó este viernes la prohibición de la salida del país para Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos.El magistrado tomó esta resolución tras encontrar a Spagnuolo en una casa de Pilar, donde le secuestró dos celulares, dinero (en un monto que no sería de consideración) y una máquina de contar billetes.La prohibición de salida del país es una de las primeras medidas cautelares que suelen adoptarse en investigaciones de corrupción complejas, ya que permite a la Justicia garantizar la disponibilidad de los imputados para futuras citaciones y evita que se diluya el rastro de pruebas cruciales.Además de Spagnuolo, la medida de Casanello alcanza a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, incluyendo a los integrantes de la familia Kovalipker y a los responsables de la droguería Suizo-Argentina, quienes también tienen vedado salir del país mientras se avance en la investigación.Fuentes judiciales señalaron que la decisión responde a la necesidad de preservar la prueba y evitar cualquier riesgo de fuga, especialmente en un caso que involucra transferencias de dinero y documentación sensible vinculada a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.La Justicia continúa analizando los audios y documentos secuestrados, que según la denuncia inicial incluyen indicios de porcentajes de coimas y distribución de pagos entre los implicados.Por el momento, no se registraron detenciones, y los involucrados permanecen en libertad, aunque bajo un control judicial estricto. La causa sigue bajo secreto de sumario, por lo que los detalles sobre los hallazgos y la posible implicancia de cada uno de los investigados se mantienen reservados.En las próximas horas, se espera que el juez Casanello ordene nuevas medidas, incluyendo la revisión de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y esclarecer el rol de cada actor en la presunta estructura de recaudación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. (TN)

El tribunal que juzgó la causa Vialidad dio un plazo de 10 días a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros siete condenados para que depositen más de $685.000 millones (unos 530 millones de dólares), como compensación por el fraude con la obra pública en Santa Cruz.Si no cumplen, se ejecutarán embargos y remates de bienes: hay más de 200 propiedades, vehículos, sociedades y sumas en efectivo bajo la lupa. La defensa de Cristina planteó que el monto real es de apenas $42.000 millones, pero la Justicia rechazó ese cálculo.

Entre los bienes a decomisar figuran hoteles, departamentos, estancias y hasta seis millones de dólares en cuentas. La medida apunta a recuperar lo robado y evitar que los responsables sigan disponiendo de los fondos obtenidos mediante corrupción.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó la detención de Jorge González, expresidente de Enersa, en el marco de la causa que investiga el pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad Securitas para obtener contratos con organismos y empresas estatales.La medida fue dispuesta junto con el allanamiento de su residencia en el barrio privado Puerto Barrancas, ubicado en una zona exclusiva de la ciudad de Paraná. González fue trasladado a Buenos Aires, donde será indagado este lunes por la magistrada.El exfuncionario provincial estuvo al frente de la distribuidora eléctrica entre 2017 y 2021, tras haber ocupado anteriormente cargos en otras empresas del sector energético y en la Municipalidad de Paraná. Durante el operativo realizado por personal de Gendarmería Nacional, se incautaron elementos considerados de interés para la causa, entre ellos documentación, dispositivos electrónicos, y una importante suma de dinero: 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos en efectivo.La investigación se originó a partir de una autodenuncia de la filial argentina de Securitas, presentada en 2020 en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Una auditoría interna detectó presuntas irregularidades en el manejo de contrataciones estatales, con indicios de pagos ilegales realizados desde al menos 2013.Según el expediente judicial, la empresa habría recurrido a un proveedor fantasma, Tornell S.A., controlado por los empresarios Gustavo y Claudio Tórtul, también procesados en esta causa. A través de esa firma habrían simulado operaciones comerciales para disponer de fondos destinados al pago de sobornos, entre ellos a funcionarios de Enersa, con el objetivo de garantizar la renovación de contratos de seguridad privada.La Cámara Federal de San Martín confirmó en diciembre el procesamiento de los hermanos Tórtul por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.Durante el allanamiento, la jueza instruyó además a Gendarmería a secuestrar toda documentación vinculada a Enersa, Securitas y a las firmas o personas investigadas, así como también dispositivos electrónicos y claves de acceso a billeteras virtuales.La causa sigue avanzando y se prevén nuevas medidas judiciales en los próximos días, en una trama que involucra contratos millonarios, estructuras paralelas de facturación y presuntas maniobras para desviar fondos públicos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que las políticas de desregulación favorecen a las pequeñas y medianas empresas y ayudan a combatir la corrupción, al remover costosas trabas burocráticas.Además, sugirió no generar excesivas regulaciones que frenen el desarrollo de la inteligencia artificial, elemento clave para mantener el fuerte crecimiento económico global.Así lo indicó en el panel “Productivity in EMDEs: Challenges and Opportunities” de la AlUla Conference for Emerging Markets Economies. Allí se analizaron las perspectivas de crecimiento de las economías de mercados emergentes y los posibles desafíos y oportunidades derivados de los cambios en el panorama económico.En esa mesa de debate también expusieron el ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudita, Faisal Alibrahim, y Santiago Levy, investigador senior de la Brookings Institution, con la moderación de Muhammad Al Jasser (Presidente del Islamic Development Bank). “Tenemos que dar libertad a las pequeñas empresas para que puedan desarrollarse. Y en este sentido hay una relación muy fuerte con la desregulación; la regulación beneficia, en primer lugar, a las empresas más grandes, porque la regulación es una barrera de entrada y si ese costo es muy alto, una gran empresa puede superar ese obstáculo, pero la pequeña empresa no puede hacerlo. Así que la desregulación es, en realidad, una política a favor de las pequeñas y medianas empresas”, indicó el ministro.Sostuvo que “la desregulación es también una política anticorrupción, porque cuanta menos regulación hay, menos oportunidades de corrupción existen. Tener un entorno económico más libre es un elemento clave del potencial de las pequeñas y medianas empresas en un futuro próximo. Y creo que esto es aún más relevante dado el desarrollo actual de la inteligencia artificial”.“El molino de agua textil de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, de finales del siglo XVIII, una fábrica donde se producían textiles, funcionaba con agua. Se ponía la fábrica donde había un río porque el agua movía los motores”.Dijo que “si nos fijamos en la actividad económica en el noreste de Estados Unidos durante este período, fue muy dispersa, porque básicamente tenías que ir a donde estaba el río. La pregunta es, si el mundo se está moviendo a otras fuentes de energía, por ejemplo, a las energías renovables, debido a la IA y al progreso tecnológico; y la electricidad es mucho más difícil de transportar que el petróleo y el gas natural”.“Eso significa que la actividad económica tendrá que trasladarse donde está la energía, como la industria textil se trasladó a donde estaban los ríos cuando la fuente de energía era esa. Este es sólo un ejemplo de dónde hay energía eólica en el mundo. En la Patagonia, en mi país, hay mucho viento. Creo que también el mundo se va a enfrentar a un desafío en términos de dónde se va a desplegar la actividad económica. Y esto tiene que ver con las fuentes de energía que el mundo desarrollará en los próximos 20 o 30 años”, indicó.Al respecto, Sturzenegger recordó que en 2024 un gran barco colisionó contra un puente en Baltimore, EE.UU. y esa estructura colapsó.“Después de este evento la regulación en el transporte marítimo se endureció muy significativamente. Pero en Argentina estamos desregulando nuestro código de navegación, aunque todo el mundo decía: no puedes deshacerte de esto, porque entonces te puede pasar lo que pasó en Baltimore”, señaló.“Así que lo que yo llamo el efecto Baltimore: eventualmente algo malo sucede, pero ese evento no tuvo nada que ver con la regulación”, señaló.Sturzenegger también se refirió al desafío demográfico que enfrenta el mundo y destacó el fuerte crecimiento económico global de los últimos dos siglos.La 2025 AlUla Conference for Emerging Markets Economies reunió en Arabia Saudita a ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, líderes del sector público y privado, instituciones internacionales y académicos de los principales mercados emergentes, para discutir las reformas y políticas para promover la inclusión y la cooperación internacional. El domingo, el ministro mantuvo un encuentro, en el marco de esta conferencia, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.Con la funcionaria debatió las estrategias de implementación del comité que puso en marcha el organismo multilateral, al cual Sturzenegger fue invitado por la profunda tarea de desregulación y transformación del Estado desarrollada por el gobierno de Javier Milei, informó esa cartera. NA.

Como pocas veces, el papa Francisco habló este viernes sin tapujos sobre su país natal, la Argentina. En un encuentro con referentes de movimientos sociales, el Pontífice criticó al gobierno nacional por el uso de gas pimienta en la movilización realizada la semana pasada contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria.Se trata de la protesta durante la cual una niña fue afectada por el accionar de la Policía y las imágenes del ataque se viralizaron como símbolo de oposición al protocolo que aplica el Ministerio de Seguridad en este tipo de movilizaciones.La declaración generó una fuerte repercusión porque no es habitual que Francisco cuestione en público a un gobierno. Sin embargo, hubo otra frase quizás aún más impactante en la que el Papa denunció un presunto caso de corrupción. Si bien dijo que el hecho ocurrió “recientemente”, evitó precisar si la gestión actual de Javier Milei ya estaba en el poder.Según relató Francisco, un empresario extranjero le contó que un funcionario argentino le había solicitado una “coima” a cambio de un proyecto de inversión. “Mi abuela nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos. Siempre. Que una coima aquí, una cosa allá...”, arrancó el Papa con la anécdota.“Me contaba un emprendedor internacional, que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, que trabajan muy bien y fue un acuerdo. Fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones, el ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar...’”, continuó. “Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si puede pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma...y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?... ¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”.Durante su exposición, el Papa estuvo acompañado de referentes de movimientos sociales de la Argentina, entre ellos Juan Grabois y el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo. También intervienen en la cumbre el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Michael Czerny, el Cardenal Peter Turkson y dirigentes del núcleo fundador del vínculo entre los movimientos populares y la Iglesia como Xaro Castelló (España) y Joao Pedro Stedile (Brasil).En representación de los movimientos populares de los distintos continentes fueron invitados Anuka Thirimadura, (La Via Campesina, Asia), Rose Molokoane (Slum Dwellers International, Africa), Susana Réfega (Movimiento Laudato si’, Europa), Naema Yaqoub (Mediterranea Saving Humans / Refugees in Libya, Africa), Nicole Leiva (Puente Alto Chile, Latinoamérica) y Gloria Morales (Pico Network, Norte América). 

 Un total de 42 personas fueron detenidas en Venezuela hasta ahora como parte de una �Scruzada⬝ anticorrupción lanzada el mes pasado dentro de la estatal petrolera Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de otras empresas gubernamentales que involucra a altos funcionarios y empresarios, informó la fiscalía.

�SEl Ministerio Público de Venezuela logró -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (en su inmoralidad delictiva) a la economía nacional dañando a la comunidad en general. Máxima pena⬝, publicó en Twitter el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab.

Funcionarios, empresarios, jueces y un alcalde figuran entre los detenidos en el marco del operativo �SCaiga quien Caiga⬝, anunciado el mes pasado por el Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro con el objetivo de atacar la corrupción dentro del país.

Los arrestos comenzaron el viernes 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva, que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que �Spodrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos⬝.

Fuentes judiciales indicaron que Maldonado, que antes fue director del Banco Central de Venezuela (BCV), formaba parte de una trama de corrupción conducida por el exdiputado Hugbel Roa, quien durante años fue un importante dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ahora detenido, informó la agencia de noticias AFP.

Los detenidos pueden enfrentarse a cargos de �Sapropiación o distracción de patrimonio público, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentarán cargos de traición a la patria⬝, explicó Saab durante una conferencia el pasado 25 de marzo.

Varios de los procesados procedieron �Sa ejecutar operaciones petroleras paralelas⬝ a las de Pdvsa a través de �Scargas de crudo en buques (...) sin ningún tipo de control administrativo⬝, detalló Saab.

En medio de la purga, el pasado 21 de marzo renunció Tareck El Aissami, el hasta entonces poderoso ministro de Petróleo, sancionado por Estados Unidos.

Hasta ahora no ha sido revelado el monto del desfalco debido a que la investigación se encuentra en primera fase, pero reportes de prensa lo sitúan en al menos 3.000 millones de dólares.

El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de hasta 23.000 millones, aunque más tarde se desdijo.

Los acusados se enfrentan a condenas de entre 25 a 30 años, dijo el fiscal Saab. La pena máxima en Venezuela es de 30 años.

 Además, �Slos bienes incautados provenientes del delito pasan a manos del Estado⬝, dijo Saab, que no descartó más detenciones mientras avancen las investigaciones.

El exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou fue condenado este miércoles a cuatro años y medio de prisión en una causa de corrupción que provocó un fuerte revuelo político en Uruguay. Lo informó la fiscalía. Alejandro Astesiano, que se desempeñó en el cargo desde la asunción de Lacalle Pou en 2020 hasta su arresto en septiembre, fue condenado por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

El exfuncionario llegó a un acuerdo con la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, para que la sentencia abarque todos los delitos de los que está acusado. Fossati destacó la �Scolaboración⬝ de Astesiano con las investigaciones.

De qué se acusaba al exjefe de seguridad de Luis Lacalle Pou

El juez penal Alejandro Asteggiante ratificó ese acuerdo y condenó al exjefe de seguridad del mandatario a una pena de 4 años y medio de prisión, inhabilitación especial por cuatro años y una multa cercana a los 4.000 dólares. Estaba acusado de participar en una organización que falsificaba documentos para permitir la entrega de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. La fiscalía se abstuvo de mencionar la presunta red de corrupción desmantelada o los pasaportes falsos involucrados.

Tras la revelación por la prensa de grabaciones extraídas de su teléfono celular, Astesiano fue investigado por otros delitos de tráfico de influencias.

El caso afectó la imagen del presidente Luis Lacalle Pou

La causa afectó la imagen presidencial, de acuerdo a sondeos, en especial por la cercanía de larga data de Astesiano con el Partido Nacional, la principal formación de la coalición de gobierno y su cargo como jefe de seguridad de Lacalle Pou.El jefe de Estado uruguayo se deslindó de la actuación de Astesiano y dijo sentirse �Straicionado⬝ por su exjefe de seguridad. El abogado de Astesiano, Marcos Prieto, consideró positivo que la fiscalía haya actuado de manera tal que �Sno prime la investigación mediática⬝.

El Congreso unicameral de Perú acordó en las últimas horas formular una acusación constitucional contra el expresidente del país, Martín Vizcarra, y tres ministras de su gestión, por la presunta comisión de delitos de corrupción relacionados con la compra irregular de test serológicos de covid-19.

Con 102 votos a favor y ocho abstenciones, el Parlamento aprobó el informe final que recomienda formular una denuncia constitucional contra Vizcarra, las exministras de Economía, María Antonieta Alva, de Salud, María Elizabeth Hinostroza y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas que no cumplían �Slos estándares requeridos⬝ para diagnosticar con certeza el coronavirus, informó la emisora local RPP.

Como resultado de la votación, el caso será llevado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) donde, de ser encontrado responsable, se les podría imponer una sanción máxima de inhabilitación de hasta diez años para el ejercicio de la función pública, informó la agencia de noticias Europa Press.

Vizcarra, así como Hinostroza y Alva, se habrían reunido con representantes del sector salud y empresas privadas a fin de �Sconcertar la adquisición de pruebas serológicas⬝, contrario a las políticas de salud entonces vigentes que no recomendaban el uso de este tipo de pruebas para detectar el coronavirus.

El informe aprobado por el Congreso señala que Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas �Sno cumplían los estándares requeridos⬝, según informó la citada emisora.

�SQue quede claro que nosotros no adelantamos opinión (...), sino que hacemos una investigación que deriva de un informe final que se remite a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Ministerio Público para que continúen con las investigaciones penales, si es que hay responsabilidad⬝, indicó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura.

Vizcarra señaló, tras conocer la decisión del Parlamento andino, que �Sel tiempo y la justicia⬝ le darán la razón, según escribió en un mensaje en la red social Twitter.

�SUn Congreso con el 90 % de rechazo, que no escucha el clamor de la población para adelantar las elecciones, solo se preocupa en continuar su venganza política. Como ya está pasando en otros casos, el tiempo y la justicia me dará la razón, porque he actuado poniendo al Perú Primero⬝, concluyó.

Así lo dio a conocer el Tribunal durante la lectura de sentencia, luego de que las partes formularan sus pedidos de pena durante la audiencia celebrada el 14 de junio pasado.

En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Rodrigo Molina solicitó una condena de 24 años, a la que adhirieron la querella particular, ejercida por el abogado Mariano Navarro, y el Ministerio Público Pupilar, representado por Gustavo Piquet.

La defensa de Escobar Gaviria fue ejercida por el abogado Milton Urrutia y la abogada Alejandra Pérez, quienes solicitaron una reducción de 20 años a su condena.

Escobar Gaviria está alojado en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria �SGobernador Ramón Febre⬝ desde abril de 2017.

Es de esperar que con esta firme condena, sea tratado como un detenido mas, actualmente la Unidad Carcelaria de Victoria, parecía un consultorio medico todos los días visitas, que según declaraciones de quienes buscan sanación "se deja a voluntad" el dinero que diariamente recauda por hacer aplicaciones de sus manos y llevar el agua que cura mas que los remedios. "La ley pareja no es rigurosa", si Institutos Carcelarios de la provincia autoriza visitas diarias, que todo los detenidos puedan también hacerlo.

El exdirigente de uno de los conglomerados financieros más importantes de China fue condenado a la pena de muerte por "corrupción y bigamia", anunció la justicia.

 Lai Xiaomin, exdirectivo de China Huarong, con participación mayoritaria del Estado, fue declarado culpable de haber obtenido u$s260 millones en sobornos.

Las cifras son "muy importantes y las circunstancias particularmente graves y hubo claramente una intención de delinquir", dijo en su veredicto el tribunal de Tianjin.

Lai Xiaomin también fue condenado por bigamia por haber "vivido durante mucho tiempo con otras mujeres" fuera de su matrimonio, de las que tuvo hijos ilegítimos.

En enero de 2020, Lai hizo una confesión transmitida por la televisión pública CCTV donde se veían imágenes de un apartamento en Pekín supuestamente de su propiedad, con cajas fuertes y armarios llenos de fajos de dinero.

Lai Xiaomin afirmó no haber "gastado ni un solo céntimo". "No me atreví a gastar" el dinero, dijo. Las imágenes también mostraban coches de lujo y lingotes de oro que Lai habría aceptado como soborno.

China lanzó una importante campaña anticorrupción en 2012, después de que el presidente Xi Jinping se convirtiera en jefe del Partido Comunista de China (PCC).

Los grupos de derechos humanos denuncian la práctica en China de las "confesiones televisadas" que, según ellos, se obtienen a menudo mediante la tortura o el chantaje.

Apenas 10 días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente, las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara presentaron un polémico proyecto que busca eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones.

Para justificar su contenido, la iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como �Sverdaderos linchamientos mediáticos⬝, y señala que las publicaciones en los medios �Sque pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado⬝ es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.

El proyecto (S-3435/19) fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión, en el marco de las críticas del kirchnerismo hacia los procesos judiciales en curso contra ex funcionarios y dirigentes sociales.

Si hubiera estado vigente una ley como la que ahora se intenta impulsar, figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D�"Elía, Fernando Esteche, César Milani, Amado Boudou, Milagro Sala y José López no hubieran estado detenidos en forma preventiva. En los tres últimos casos ya hay condenas firmes.

La propia Cristina Kirchner tuvo pedidos de prisión preventiva a raíz de las causas en las que se encuentra procesada, sin embargo el Senado nunca avanzó con el desafuero. La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió dejar sin efecto la orden de detención en su contra en el marco de la causa de los cuadernos y ya no pesan sobre ella solicitudes de arresto.

El proyecto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las órdenes de detención, entre los que se destacan la �Spublicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución⬝.

También, �Sel incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso⬝ y la �Sdeficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido⬝. Este último punto es una de las críticas recurrentes del kirchnerismo en el desarrollo del expediente del caso Cuadernos.

Otros puntos hablan de �Sla intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal⬝, y de la �Sintromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal⬝.

En el artículo 7, se circunscribe la aplicación del proyecto de ley a los delitos por corrupción, tipificados como delitos contra la administración pública. �SEn los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos⬝, establecieron las senadoras Catalfamo, Ianni, González, Almirón y Pilatti Vergara en los considerandos de la iniciativa.

Además, puntualizaron en que �Sello se verifica con el dictado de medidas judiciales que privaron de libertad a varios ciudadanos argentinos, como referentes sociales, sindicales y políticos, mediante la utilización del Poder Judicial, un poder del Estado independiente conforme la Constitución, para fines políticos, afectando inclusive la posibilidad de ciertos candidatos de presentarse a elecciones⬝.

Con relación al rol del periodismo, cuestionaron la �Samplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros⬝.

Y agregaron: �SMuchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos sociales; tanto de los que están directamente involucrados en las causas, como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial⬝.

Apenas asumió como presidente, Alberto Fernández prometió desde el escenario montado en Plaza de Mayo �Sterminar con una Justicia que utiliza las prisiones preventivas para amedrentar opositores⬝. �SEn la Argentina que viene se terminaron los operadores judiciales, que se los prestan entre los jueces, y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos⬝, planteó en aquel momento, exultante, acompañado por Cristina Kirchner.

Por otro lado, el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, que se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, se refirió este lunes al debate interno que existe en el Gobierno nacional por los ex funcionarios o dirigentes del kirchnerismo que están detenidos sin condena firme. La división entre quienes creen que en la Argentina hay presos políticos y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y sus dirigentes más cercanos, que consideran que hay detenciones arbitrarias, pero que no existen presos políticos en la actualidad.

�SDe ninguna manera le pediría al Presidente que indulte a alguien. Le pediría a la política argentina que revise las causas, se suspenda esta arbitrariedad y haya juicios justos. Juicios donde se cumpla la ley⬝, expresó en una entrevista con Crónica. En esa línea, señaló que ese es �Sel único camino para encontrar la verdad⬝ y que �Shay que ir hacia la verdad y no taparla⬝.

Boudou dijo que espera que �Sse pueda suspender todo lo que tenga que ver con el lawfare y que se puedan revisar las causas que han sido condenadas bajo esa persecución⬝. Además, aseguró que el �SPoder Judicial siempre actúa en forma política⬝ y que existe una �Sdoble vara y un doble discurso⬝.

LAS CRÍTICAS

Por su lado, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó el proyecto de ley: �SEs un traje a medida para la impunidad⬝, señaló el diputado radical en las redes. �SUna nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso⬝, agregó.

En tanto, la abogada Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, afirmó en una entrevista con radio La Red que la iniciativa �Sno es buena⬝ y �Stiene severos problemas en términos penales, desde el artículo primero⬝. �SNo es un proyecto feliz en ninguna de sus causas⬝, agregó.

FUENTE: INFOBAE