El sistema de coparticipación constituye una fuente clave de financiamiento para los gobiernos locales, con transferencias automáticas que, según la Constitución provincial, no pueden ser inferiores al 16% de los recursos nacionales y al 18% de los provinciales para municipios, y al 1% en ambos casos para comunas. En promedio, dos tercios de estos fondos son de origen nacional y un tercio de origen provincial.

En 2025, los municipios entrerrianos recibieron aproximadamente $572 mil millones (a precios de diciembre 2025), lo que representa una caída real del 1,1% respecto al año anterior. En el período 2020–2025.

Por el contrario, las comunas evidencian una fuerte expansión en 2025 recibiendo cerca de $35 mil millones, con un crecimiento real del 106% en el período analizado (2020-2025). Este incremento se vincula principalmente con su incorporación al régimen de coparticipación a partir de 2020.

El informe también destaca diferencias en la distribución territorial, siendo Paraná como el municipio que concentra el mayor volumen de recursos, seguida por Concordia y Gualeguaychú. En tanto, las comunas manejan montos significativamente menores.

En el acumulado del período, todos los municipios evidencian incrementos reales en sus niveles de coparticipación, aunque con diferencias en la magnitud.

Concordia y Gualeguaychú lideran las subas relativas, con aumentos del 5%, mientras que Villaguay muestra un crecimiento más moderado del 3%. Por su parte, Paraná y Concepción del Uruguay registran variaciones más acotadas, del 2% y 1% respectivamente.

En cuanto a las comunas, si bien reciben montos significativamente menores —en línea con su escala poblacional y categoría institucional—, presentan una trayectoria de crecimiento más dinámica. Entre las comunas analizadas, se destacan Las Cuevas, General Roca, Colonia Ensayo, San Marcial y Aldea Protestante, con los mayores niveles promedio de recursos.

A lo largo del período, todas las comunas muestran incrementos en los montos coparticipados.Las tasas de crecimiento fueron particularmente elevadas en los primeros años, con subas de entre el 20% y 30% en 2021 y 2022.

Tras una caída en 2023, cercana al 20% en términos reales, los recursos retoman una tendencia positiva hasta 2025, aunque con una desaceleración en su ritmo de expansión.Este desempeño se explica, en gran medida, por la incorporación de las comunas al régimen de coparticipación a partir de 2020, lo que implicó una etapa inicial de fuerte crecimiento en los recursos asignados.

A través del Decreto 3863/2025, publicado en el Boletín Oficial Nº 28.265, el gobernador Rogelio Frigerio estableció los nuevos índices provisorios de Coparticipación de Impuestos Nacionales que recibirán las administraciones locales durante el ejercicio 2026.La medida responde a la necesidad de garantizar el flujo de fondos hacia las comunas ante la falta de datos definitivos de algunos distritos y la reciente creación de una nueva unidad municipal.

La normativa destaca que la Contaduría General de la Provincia no logró confeccionar los índices definitivos debido a que “no se contaba con información sobre recursos propios municipales correspondiente a varios Municipios”, lo que impidió aplicar la fórmula polinómica prevista por la Ley Nº 8.492. Ante esta situación, el Ejecutivo optó por una “solución alternativa y provisoria” para no interrumpir las liquidaciones a partir del primer día del nuevo año.

La incorporación de Sauce MontrullUno de los puntos clave del decreto es la integración de Sauce Montrull al régimen municipal, tras su creación mediante el Decreto Nº 3570/2025. Al respecto, el texto oficial aclara que para el cálculo de su participación se le asignó el dato de recursos propios del “municipio de menor índice” y las necesidades básicas insatisfechas registradas “cuando el Municipio en cuestión revestía el carácter de Comuna”.Para evitar que el ingreso de una nueva localidad redujera los ingresos del resto, la Provincia decidió incrementar la masa coparticipable total. Según el considerando del decreto, “siendo que en el corriente ejercicio 2025 ascendía a 15,67814% y atento a lo establecido por la Ley Nº 8.492 (...) en cuanto a que la creación de un nuevo Municipio no puede serlo a expensas de los ya existentes, deben incrementarse los recursos coparticipables”.

Los nuevos valoresLa norma establece de manera taxativa: “Apruébase el Porcentual de Coparticipación de Impuestos Nacionales de 15,75297%, que corresponde distribuir al conjunto de los Ochenta y Cuatro (84) Municipios de la Provincia de Entre Ríos”.Dentro de la tabla de índices individuales que figura en el Anexo B, la capital provincial, Paraná, mantiene la mayor participación con un 15,05239%, seguida por Concordia (9,26204%) y Gualeguaychú (5,16074%). Por su parte, el flamante municipio de Sauce Montrull iniciará su gestión con un índice del 0,47730%.

Finalmente, el decreto subraya su carácter transitorio, ordenando que los porcentuales aprobados serán de aplicación “de carácter provisorio a partir del 1º de enero de 2026”, hasta tanto se regularice la entrega de información contable por parte de todos los municipios y se fijen los índices definitivos del ejercicio.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal destaca que, «en el mes de agosto de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.127.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones».En ese marco, la provincia de Entre Ríos recibió un total de 235.592 millones de pesos desde el gobierno central, en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. La cifra representó un incremento del 1,1 % a valores reales en la comparación interanual.Si bien todos los distritos reciben el mismo valor por lo que es la coparticipación automática, la administración que encabeza Rogelio Frigerio fue una de las tres menos «favorecidas» en el segmento discrecional de las transferencias. En el mismo período, la administración bonaerense de Axel Kicillof percibió un incremento muy superior.

Extremos de la tabla«Hubo una amplitud de 3,5 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (+4,2%) que fue la jurisdicción con mayor suba y Santa Fe (0,7%), la de menor incremento», resaltó Nadin Argañaraz, el economista a cargo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Mientras que Entre Ríos quedó en el podio de las tres menos favorecidas.El reporte señala que «en el mes de agosto de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.127.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $3.746.000 millones enviados durante igual período del año anterior. «Es decir que se observó una variación nominal del 37%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 2,4%» en el consolidado de provincias, más Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En la parte inferior de la tabla quedó Santa Fe, muy por debajo de ese promedio nacional, que para Córdoba resultó apenas superior al santafesino, con 0,8% de suba. Seguidas ambas, muy de cerca, por Entre Ríos con el 1,1% de incremento. 

Gobernadores de todas las fuerzas políticas se unen contra el Gobierno y presentan proyectos en el Senado de leyes para reformar la coparticipación de los impuestos a los combustibles y de ATN y así recuperar fondos que señalan que le corresponden a las provincias.Los gobernadores decidieron unirse contra el Gobierno luego de fracasar todas las negociaciones con los funcionarios para acordar un nuevo régimen de distribución de los recursos.La propuesta de los mandatarios está plasmada en dos iniciativas presentadas en la noche del miércoles por senadores del PJ, la UCR, y legisladores provinciales que buscarán avanzar con rapidez en las comisiones de Coparticipación y de Presupuesto.Los proyectos fueron firmados por los presidentes de los bloques peronistas, José Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio, de la UCR, Eduardo Vischi, del PRO Alfredo De Angeli, la rionegrina Mónica Silva, Edith Terenzi de Despierta Chubut y de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola.También lo hicieron el jefe del radicalismo Martin Lousteau y la senadora correntina de Convicción, Carolina Moises.Uno de los proyectos propone reforma la distribución del impuesto a los combustibles para repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.De acuerdo a esa iniciativa los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.Además elimina los fondos fiduciarios  de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y  Nacional de la Vivienda.La mayoría de estos fondos habían sido eliminados por el Gobierno pero no habían distribuido entre las provincias los recursos afectados a esos organismos de fideicomisos.En los argumentos del proyecto se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”Al defender la iniciativa señalan que “no impacta en otros destinos específicos que hoy prevé esta normativa, como es el que recibe la Administración Nacional de Seguridad Social a través de la distribución de los recursos que general el Impuesto a los Combustibles Líquidos”.“Este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas”, señalan los senadores..En cuanto a los ATN propone un cambio en la ley de Presupuesto para se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la ley de coparticipación en forma automática y todos los días.En los fundamentos de este proyecto se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que ei cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.“La modificación que se plantea es la relacionada con el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional, propiciando su distribución automática mediante su incorporación a la normativa establecida en la Ley Permanente de Presupuesto nº 11.672”, agregaLos senadores señalan que “sin ninguna duda que el contexto económico amerita dicha medida en virtud de que el Fondo prevé “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”. NA.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, mantuvo este lunes una reunión con el diputado nacional, en la que abordaron el impacto de las políticas nacionales sobre los municipios y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos federales.Durante el encuentro, Bordet expresó su pleno apoyo a los reclamos impulsados por el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN). “El federalismo no puede ser sólo una bandera discursiva, tiene que reflejarse en los hechos y en la asignación de los recursos. Hoy los municipios están recibiendo menos de lo que les corresponde”, sostuvo el exmandatario provincial. Por su parte, Romero valoró el respaldo de Bordet y destacó: “Gustavo conoce de cerca la realidad de nuestras ciudades y la necesidad de fortalecer las autonomías locales. Su acompañamiento a este reclamo reafirma un compromiso histórico con el federalismo real”.Ambos coincidieron en que la situación actual profundiza las desigualdades entre regiones y que la recuperación del equilibrio fiscal no puede hacerse a costa de los gobiernos provinciales y municipales.“La Argentina es mucho más que lo que se decide en Buenos Aires. Las políticas públicas deben llegar con equidad a todos los rincones del país”, insistió Romero.El encuentro se inscribe en una serie de conversaciones que la jefa comunal viene manteniendo con actores políticos y legislativos para visibilizar la voz de las ciudades del interior y exigir un trato más justo en la distribución de los fondos nacionales.

Energía limpiaEn otro orden, la intendenta interiorizó a Bordet sobre el avance de proyectos sustentables en la ciudad, entre ellos la reactivación del Parque Fotovoltaico Municipal, una obra estratégica que permitirá al municipio generar energía limpia para abastecer parte del sistema de alumbrado público y reducir los costos operativos vinculados al consumo eléctrico. El diputado expresó su apoyo al proyecto y se comprometió a gestionar iniciativas en el Congreso Nacional que respalden la transición energética en ciudades del interior, promoviendo el acceso a financiamiento, incentivos fiscales y marcos regulatorios que favorezcan el desarrollo de energías renovables.“La decisión de apostar a la energía solar en Paraná es un paso necesario hacia un modelo de ciudad más eficiente, moderna y comprometida con el ambiente. Como legislador, voy a acompañar estas transformaciones desde el plano normativo y de gestión”, afirmó Bordet.La intendenta y el diputado coincidieron en que el desarrollo energético debe ser una política de Estado que trascienda gestiones y contribuya a construir ciudades más resilientes, con servicios públicos de calidad y un uso más inteligente de los recursos. 

“En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, dijo Catalán en la apertura de la conferencia.

El número dos de Guillermo Francos sostuvo que el régimen es un “borrón y cuenta nueva” entre los gobernadores y la Casa Rosada, para que “tengamos claras las compensaciones entre la Nación y las provincias, y las provincias también puedan conducir su propio destino”, según declaró, publicó Infobae.

El funcionario indicó que el nuevo régimen operará como una mesa de diálogo entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional. De esta manera, el Ejecutivo se mostró abierto a que sean los propios gobernadores quienes propongan cómo resolver los pasivos.

También se destaca que los distritos pueden tramitar a través del nuevo régimen solo las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado nacional mantiene con cada uno, para así negociar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas.“Nosotros tratamos de no encorsetar y ser creativos en las herramientas que podemos utilizar. A modo de ejemplo se me ocurre, hoy hay empresas del Estado Nacional que están radicadas en provincias y que su principal actividad económica repercute también en el movimiento económico provincial”, indicó Catalán. De esta manera, confirmó que pueden acordarse “transferencias de empresas, de acciones, rutas o tierras fiscales” que pueden ser “mejor explotadas por parte de las provincias” para concesionarlas en su beneficio.

Asimismo, detalló que los interlocutores de la mesa serán los Ministerios de Economía nacional y provinciales. Cada distrito “tendrá un plazo de 30 días hábiles para manifestar su voluntad de participar en este régimen, a partir de la entrada en vigencia del decreto”, informó Catalán, al tiempo que indicó que los gobernadores interesados “tendrán un plazo máximo de 60 para presentar la documentación que respalde la legitimidad de las deudas a incluir en este sistema de compensaciones”.

Por último, el decreto indicará que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre Nación y cada uno de los distritos participantes.Y deja abierta la puerta para que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional, las provincias o la Ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlo con un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación.

“Debemos dar inicio a una nueva etapa federal en serio en la Argentina, ya que nuestra Constitución fija un régimen federal, pero desde hace tiempo las distintas gestiones de gobierno vinieron sosteniendo una práctica política unitaria”, agregó el vicejefe de Gabinete, para luego concluir que “se viene una etapa en la que debemos trabajar juntos, y que las provincias y la Nación tengan saneados sus números”. 

El funcionario explicó que el aumento estaba previsto desde febrero y que desde entonces se ha estado analizando “qué cuentas pendientes cubrir”. Aunque no especificó el destino exacto de los recursos, reiteró la gravedad de las deudas heredadas.Panceri hizo una analogía para que la situación sea más comprensible: “No quiero entrar en tecnicismos porque esto es importante que lo entendamos todos. Es un ingreso extraordinario, es como si un empleado que recibe un bono por única vez piensa que todos los meses va a cobrar ese monto extra y lo suma a sus gastos habituales”, explicó.El ministro también destacó que el gobierno provincial está en una época de “muchísima austeridad” y que se trabaja continuamente para cubrir los gastos corrientes, como los salarios de la administración y las cuotas de los créditos heredados.Finalmente, Panceri concluyó que interpretar la suba en la coparticipación como una solución a los problemas financieros de la provincia es erróneo. “Pensar o decir que con esta remesa estamos sueltos de dinero es no comprender realmente la situación. Esta suba en la coparticipación es sólo por las ganancias extraordinarias que tuvieron los bancos en la Argentina, que pasaron de 1,92 billones de pesos en 2022 a 4,4 billones en 2023. Pero lamentablemente el mes que viene volvemos a lo que ya sabemos y hemos comunicado: no hay plata en las arcas públicas porque esto no soluciona el despilfarro que el anterior gobierno nacional hizo en la última campaña electoral”, concluyó. 

Los tesoros provinciales tuvieron un leve respiro promediando mayo por un aumento de los giros por coparticipación que se produjo como consecuencia de la devaluación de diciembre de 2023.Entre el 16 y 17 de mayo fueron enviados a los estados subnacionales casi $ 2 billones de pesos, casi el doble de lo enviado en la primera quincena que había sido de $ 1,1 billones, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).“Las empresas que cerraron balances a fines de 2023 empezaron a pagar los saldos de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Ocurre que, con tan significativa devaluación del peso en diciembre, las empresas con activos dolarizados registraron importantes ganancias de capital, lo que implicó que paguen mucho más impuesto a las ganancias”, explicó el instituto.Según el trabajo hasta el 15 de mayo los giros coparticipables  reflejaban una caída interanual real del 15% en línea con la caída  acumulada a abril (-19%).IARAF aclaró que como los envíos diarios de Nación suelen ser muy volátiles, se plantean dos escenarios con supuestos diferentes.“El primero supone que no se envía más dinero en lo que queda del mes, es decir, este sería lo mínimo que recibirían las provincias ya que sí o sí recibirán más dinero de forma diaria. El segundo supuesto implica que, en el resto de los días hábiles de mayo, los envíos mantienen el valor real constante de los mismos últimos días de mayo de 2023”, planteó.Ante este panorama evaluó que “en términos interanuales respecto a mayo 2023, en el primer escenario las transferencias automáticas caerían un 9,9% real, disminuyendo el ritmo que traían. Mientras que en el segundo escenario las transferencias automáticas de mayo tendrían un incremento interanual real del 35%, cambio inferior al 48% interanual que supone que la dinámica interanual se mantiene a lo largo de todo el mes”.Respecto al promedio mensual de enero a abril, el escenario 1 implicaría recursos extras por $382.000 millones y el escenario 2 por $2 billones. NA. 

El federalismo Argentino se conformó subordinándose las provincias al Gobierno Federal y a la Constitución Nacional, ya que las Constituciones Provinciales no pueden contradecir a la Nacional, y el Gobierno Nacional, incluso se reserva la facultad, en casos extremos, de intervenir a las provincias. Por eso se dice que en el federalismo Argentino, las provincias no son independientes, sino autónomas.

En las últimas décadas el Gobierno Central ha tendido a ocupar cada vez mayores espacios políticos y económicos y a restringir la autonomía de las provincias, es decir, usa poderes fiscales para influir o controlar a los Gobiernos Provinciales y Municipales por diversas vías.

La primera Ley de Coparticipación data del año 1935 donde el 82.5 % de los recursos quedaba en manos del Estado Nacional y el 17,5 % en las provincias. En el año 1973 mediante la Ley 20.221 se estableció que Nación se quedaba con el 48,5 %, provincias con el 48,5 % y un 3 % iba con destino al Fondo de Desarrollo Nacional. La actual Ley de Coparticipación (23.548) se aprobó durante el gobierno de Alfonsín y estableció el 42,34 % para Nación, el 54,66 % para las provincias y un 3 % para ATN y otros.

Con el correr de los años no sólo se vio deteriorado la forma de distribución de los recursos, sino también las funciones y competencias que ha ido delegando el Gobierno Nacional en las provincias, sin la consiguiente correspondencia de recursos.

Corresponde a su vez resaltar que no todos los impuestos nacionales son coparticipables, por lo que si tomamos la masa total de los impuestos que nación cobra (coparticipables y no coparticipables), la nación se queda con el 70 % o más y las provincias con menos de un 30 %.

Estos números muestran por si solos la inexistencia del federalismo Argentino, máxime si se tiene en cuenta que las provincias son las que tienen a cargo la educación inicial, la salud pública, la promoción y asistencia social, la seguridad, la justicia, etc.

Si bien en estos momentos se habla que el actual conflicto entre el Presidente Milei y los Gobernadores podría dar lugar a la oportunidad de arribar a una nueva Ley de Coparticipación (una de las más importantes reformas estructurales que se debe la Argentina), también debemos ser justos en considerar que si el Estado Nacional coparticipara la totalidad de los impuestos en el marco de la Ley 23.548, y si no se hubieran realizado los mecanismos de detracción (a través de decretos) de la masa coparticipable, si las provincias no hubiesen renunciado recursos a través de los distintos pactos fiscales, y si no se hubiera suspendido por parte de Nación los envíos de fondos de las transferencias no automáticas y de fondos discrecionales (algunos de los cuales están establecidos por Decretos y otros por Leyes), hoy las provincias vivirían una realidad financiera distinta y podrían brindar un mucho mejor nivel de servicios a sus habitantes.

Todo apunta a que el Gobierno Nacional y los Gobernadores aspiran a resolver parte de esta puja distributiva de recursos en el llamado Pacto de Mayo. Esta puede ser una oportunidad para una mejora hacia una Argentina más federal, ya que el Gobierno Nacional necesita aprobar un paquete de reformas estructurales, que las considera necesarias e imprescindibles, para que a partir del segundo semestre de este año comencemos a transitar una senda de crecimiento económico.

En resumen, se puede afirmar que, si bien, dado el clima de inestabilidad política que transita actualmente nuestro país, es difícil suponer que se pueda lograr la sanción de una nueva ley de coparticipación de impuestos nacionales. Pero, tal vez estemos ante la oportunidad de lograr un nuevo contrato federal, donde se establezca un régimen complementario al actual régimen de coparticipación federal, cuya finalidad sea que la distribución de los recursos que están hoy en discusión, se establezca por leyes, evitando la discrecionalidad y atenuando la concentración de los recursos en manos del Gobierno Nacional.

De esta forma las provincias contarían con fondos adicionales que les permitan potenciar su crecimiento económico, y que se redistribuyan competencias y recursos entre la Nación y las Provincias de manera más justa, contemplando criterios objetivos de reparto.

El slogan de campaña del actual presidente Javier Milei "No hay plata" comenzó a hacerse sentir en las provincias. Algunas en mayor medid que otras, todas las jurisdicciones del país recibieron durante los primeros 15 días de enero un promedio de 7,5 puntos menos en conceptos de transferencias automáticas.

Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la provincia de Buenos Aires fue la más perjudicada, ya que tuvo una caída real de enero a enero de 11,1 %, seguida por Salta y Misiones (-7,8 y -7.4).

En el caso de Entre Ríos, durante la primera quincena de enero se recibieron transferencias automáticas por un total de 43.8645 millones de pesos, un 6,1 por ciento menos en términos reales si se lo compara con el mismo período de 2023. Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, recibieron un 6 y un 5,9 por ciento menos, respectivamente. La jurisdicción menos perjudicada fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que conduce Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, tras recibir solo un 4 por ciento menos de transferencias automáticas en términos reales y en comparación a la primera quincena de enero del año pasado.

Vale destacar que esta quita de recursos se da en un contexto de negociación por la Ley ómnibus que el Gobierno busca sancionar en el Congreso la próxima semana y que las provincias cuestionan. También es oportuno recordar que el mandatario nacional había anunciado que -de resultar electo- cambiaría el mecanismo a través del cual se pagan las transferencias automáticas a las provincias.

A través de una presentación realizada este martes ante la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional pidió que se deje sin efecto el fallo dictado el miércoles pasado con el que se ordenó un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), elevándola al 2,95 %.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada. El Gobierno dijo que la Corte, con la cautelar emitida, �Sexcede sus competencias constitucionales⬝ y �Safecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios⬝.

EL MENSAJE DE FERNÁNDEZ

Mientras trascendía la presentación judicial del gobierno, el presidente Alberto Fernández publicó una serie de mensajes en sus redes sociales, dando cuenta de algunos ejes que se trataron este martes en la reunión de los Bajos Submeridionales, la cual tuvo lugar en Santiago del Estero. �SDestinamos semejante cantidad de dinero a una ciudad que debate si tiene más subtes y en el norte debaten si tienen más agua. ¿Es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina predestinemos el dinero que sacamos de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer obras en el norte? Estamos convencidos: un país federal no es una declamación. Es una orden de la Constitución Nacional⬝, manifestó el mandatario.

Y agregó: �SMe están pidiendo que mande a 203 km2 la misma cantidad de dinero que necesitan 80 mil km2 en el norte de la Argentina. ¿A quién le puede parecer justo? ¿No es hora de que nos pongamos a pensar un plan de desarrollo para los próximos diez años del norte argentino, que será protagonista de la producción de los bienes que el mundo reclama?. Mientras sea presidente haré todo para que la Argentina sea más igualitaria y más federal, sin ciudadanos de primera y de segunda. Si me tengo que pelear con todos los jueces, lo haré⬝, concluyó Fernández.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la decisión del presidente Alberto Fernández de abonar con títulos públicos el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación federal y anunció la presentación de un escrito en el máximo tribunal informando el incumplimiento.

Además, desde la administración porteña instruyeron a la Procuración General para el inicio de una demanda penal para los funcionarios responsables de no acatar la orden judicial.

�SEl Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad⬝, sostuvo el comunicado oficial de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En la misma línea, aclaró que la decisión del Gobierno Nacional no modificó el accionar de la Ciudad, que �Spresentó un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo⬝.

Además, instruyeron a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.

�SLa Corte resolvió que se entregue al Gobierno porteño el 2,95 % de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento⬝, aclaró el texto.

Y finalizó: �STal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan⬝.

En la mañana de este lunes, el presidente Alberto Fernández comunicó que acatará el fallo de la Corte e informó que le pagará a la Ciudad a través de bonos, tal como lo hace con la provincia de Santa Fe para saldar una deuda de hace años.

También reveló que presentará un recurso �Sin extremis⬝, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.

�SLas decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer⬝, planteó el mandatario.

Fue en referencia al conflicto de poderes entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo y Gobernadores por el fallo sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia decidió restituir a la ciudad de Buenos Aires fondos de coparticipación. El presidente Alberto Fernández anunció que no acataría el fallo. La definición del mandatario fue acompañada por varios gobernadores, entre ellos Gustavo Bordet.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Magistratura de Entre Ríos señaló: �SIndependientemente de lo acertado o desacertado del fallo en sí, hay un principio elemental en toda República que es el cumplimiento de las sentencias judiciales. Hace a la esencia del estado de derecho⬝. El presidente de la Asociación de Magistratura de Entre Ríos señaló que es en el marco de la constitución y con las herramientas que ella brinda que se debe defender �Suna distribución equitativa de los recursos coparticipables entre todas las jurisdicciones y provincias⬝.

El 80 % de los argentinos tiene una imagen mala o muy mala del Poder Judicial, según encuestas recientes, como el estudio de Proyección Consultora y Consultora Equis. �SEs complejo analizar eso -comentó Cánepa-. Hay que partir de una base fáctica y cierta: los que trabajamos en el Poder Judicial estamos llamados a tomar medidas que no son populares, que no cumplen una determinada expectativa social, mediática o comunitaria⬝, expresó. �SLos límites de las decisiones que tomamos no son los sociales o comunitarios, sino estrictamente legales⬝, subrayó.

En octubre el Gobierno envió a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $677.000 millones por coparticipación, leyes especiales y compensación, frente a los $328.209 millones de igual período del año anterior.

Esto representa un incremento nominal del 106,3 %, que al descontar la inflación del período se traduce en una suba real del 9,2 %. Este aumento se vio impulsado por el crecimiento de la recaudación del impuesto a las ganancias e IVA que mostraron variaciones nominales interanuales significativas.

 Las provincias más beneficiadas

Del total de las provincias, todas recibieron transferencias automáticas de recursos por parte de la Nación con aumentos superiores al 8 % real. La coparticipación, provincia por provincia.

CABA tuvo un crecimiento 14 % real interanual contra octubre del año pasado.

Catamarca aumentó un 10 %.

San Juan y La Rioja, un 9,8 %.

La Pampa, Córdoba, Tucumán, San Luis, Santa Fe, un 9,7%.

Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, un 9,6 %.

Chaco tuvo un aumento de 9,5 %.

Río Negro, 9,2 %.

Salta un 9,1 %.

Tierra del Fuego y Corrientes, un 8,9 %.

Misiones y Santa Cruz, 8,8 %.

Chubut, 8,3 %.

Neuquén, 8,2 %.

Buenos Aires, 8 %.

En lo que va del año, las transferencias acumuladas aumentaron un 6,8 %. En la división por jurisdicción se destaca el aumento de envíos a CABA con un 8,9 %. Le sigue Catamarca, con un 7,3 %. La que recibió envíos con menores aumentos fue Neuquén con un 5,8 % interanual.

En pesos constantes de octubre de 2022, la provincia de Buenos Aires fue la que más recibió, con un aumento de $90.119 millones, y la que menos incremento recibió fue Tierra del Fuego con $4.476 millones.

Para el año próximo se prevé que el Estado nacional transferirá más de $11 billones a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en concepto de transferencias automáticas, un 81,34% más que lo estimado para este año, con una marcada preponderancia de los recursos correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, publicó Ámbito.

 Luego del rechazo al Presupuesto 2022, comenzaron los debates entre los gobernadores para negociar con el Gobierno los recursos que obtendrán en el 2022. En ese marco, un reciente informe elaborado por CEPA (Centro de Economía Popular Argentina) reveló que en el 2021 las provincias recibieron partidas en torno al 62,4 % para todo 2021 y un 6,2 % en diciembre pasado por encima de la inflación.

 El jefe de Gabinete Juan Manzur inició las tareas de �Sreasignación presupuestaria de todos los ministerios⬝, con el objetivo de que el Gobierno �Spueda seguir funcionando⬝, en el marco de la prórroga del Presupuesto decretada en diciembre. La semana pasada, el jefe de Gabinete �Sdialogó por ese tema con los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de La Rioja, Ricardo Quintela⬝.

Vale recordar que los ingresos provinciales provienen básicamente de dos fuentes: recursos propios (principalmente, Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos) y recursos de Coparticipación. En lo que respecta a las transferencias por Coparticipación, estas representan una buena parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan el 71,3 % del total.

En la variación de recursos por transferencias por Coparticipación 2021 provincia por provincia, el informe estimó que en promedio el incremento alcanzó 62,4 %. Los datos muestran un incremento de los recursos de coparticipación en la comparación interanual en términos reales del orden del 6,1 % en diciembre. La excepción la constituye CABA, que, como resultado de la reducción de las transferencias vinculadas al costo de la policía y bomberos, redujo sus transferencias en 23,2 % nominal entre 2020 y 2021.

Considerando las transferencias por Coparticipación, la variación por impuestos muestra que en 2021 las variaciones nominales de IVA y Ganancias ascienden a 69,7 % y 59,9 % respectivamente. Ambas variaciones superan la estimación de inflación anual (51,2%). En el caso de bienes personales, la variación fue del 35% nominal entre 2021 y 2020.

En cuanto al peso que tuvieron los distintos impuestos sobre el total de recaudación para las provincias, Ganancias fue el más significativo con un 45,2 %. Lo siguió el IVA con el 37,6 % mientras Bienes Personales representó el 2,7 %.

El diputado nacional oficialista Marcelo Casaretto calculó que los fondos de ATN (aportes del Tesoro Nacional, recurso constituido por el 1% de la masa coparticipable de impuestos destinado a atender desequilibrios) que el gobierno de Alberto Fernández distribuirá serán $ 60 mil millones. Otros cálculos más optimistas llevan la cifra a $ 77 mil millones.

Según el coeficiente de coparticipación federal que le corresponde a Entre Ríos, Casaretto estimó que la provincia recibirá $2.898 millones en tres cuotas iguales, dos de las cuales deberían llegar en este mes.

Para tener una aproximación al impacto de esta cifra en las cuentas provinciales, equivale a menos del 50% de la coparticipación mensual que recibe la provincia y a casi un mes de recaudación de la ATER.

Los planteos de que el monto que el legislador nacional aseguró que recibirá la Provincia sean coparticipados comenzaron hace unos días. Uno de los primeros en lanzarla fue el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR � Juntos por el Cambio).

Luego se sumó el intendente radical de Chajarí, Pedro Galimberti, y posteriormente se sumaron declaraciones en el mismo sentido de ediles opositores y de comités del centenario partido de varios lugares de la provincia.

El eje que articula los pedidos es la fórmula a aplicar: la de coparticipación a municipios de tributos nacionales. Entre Ríos recibe de la Nación fondos con destino específico (vivienda o educación, por caso) y otros de libre disponibilidad, que entran a rentas generales. Es este criterio el que deslegitima el reclamo y hace ver su costado oculto: es simplemente un reclamo mediático que, incluso si se atendiese, no tendría impacto real en las cuentas de los municipios.

Como los filósofos de Tlön (ese mundo imaginario pensado por Borges que se devora la realidad) los dirigentes políticos de la oposición provincial no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud: buscan el asombro, tanto sea en su acepción de �Sgran admiración o extrañeza⬝ o como de �Ssusto o espanto⬝.

Veamos los números en su frialdad

Si se aplica a los $ 2.898 millones el porcentaje de coparticipación a municipios (16%), la masa de dinero a repartir entre los 83 municipios de la provincia se ubica en $ 463.680.000. Para saber cuánto le corresponde a cada uno, existe una tabla en la misma norma. El detalle está en el archivo adjunto, pero veamos simplemente cuánto le correspondería a Chajarí.

Galimberti sostuvo que sin esos recursos, no podría pagar los sueldos. El problema radica en que a la ciudad de amigos le corresponde sólo el 2,64289% del total, esto es $ 12.257.724, una cifra insignificante para una Municipalidad cuyo presupuesto 2020 es de $ 1.100 millones y que destinará 11 millones de pesos para una obra de alcantarillado (en el puente sobre Av. Alem y Arroyo Chajarí, según detalla la ordenanza de presupuesto).

⬢ Posición adelantada

�SLos ATN no son coparticipables⬝, afirmó la vicegobernadora Laura Stratta, poniendo en blanco sobre negro la interpretación legal de cómo han de canalizarse estos recursos.

Casi en simultáneo, Mendoza daba un nuevo y contundente �Smentís⬝ al criterio que la dirigencia opositora plantea como justo en estas tierras. El gobernador radical Rodolfo Suárez anunció que los fondos de ATN que la Nación remita a la tierra del vino y el sol irán al sistema de salud y que no se distribuirá con los municipios. Su ministro de Economía, Lisandro Nieri, había anticipado antes que se canalizarían a través de rentas generales.

El Gobierno de Mendoza ya había dejado en off-side al radicalismo entrerriano luego de que se aprobara allí una ley de emergencia económica, votada por la Legislatura a través de videoconferencia, el sistema que el radicalismo intentó impugnar en Entre Ríos y que hasta sus propios legisladores terminaron avalando.

O la dirigencia radical madura y deja de ser el ejemplo del mal cura (que pregona: �Shaz lo digo, no lo que hago⬝) o su estructura con presencia en todos los pueblos y ciudades de la provincia seguirá sirviendo a los intereses de otras fuerzas que no abrevan en esa avalancha de palabras que bajo el pomposo nombre de �Sprofesión de fe doctrinaria⬝ abre su carta orgánica.

El gobierno de la provincia publicó los montos de coparticipación que recibirán por primera vez las 53 nuevas comunas y los cinco nuevos municipios entrerrianos.  

Con ello se materializa la decisión del gobernador Gustavo Bordet de cumplir con lo previsto en la Constitución, creando las comunas y municipios, y asignándoles los recursos que les corresponden.

�SCumplimos una vez más con un importante mandato de nuestra Constitución dándole jerarquía y autonomía a las comunas �S, expresó Bordet.

En ese sentido, el mandatario entrerriano recordó �Sel amplio consenso⬝ con el que se aprobó la Ley provincial de Comunas, y sostuvo que �Ses un paso verdaderamente significativo para la vida institucional de cada uno de esos pueblos, pero también de la provincia⬝.

�SA veces en las grandes ciudades esto pasa desapercibido, pero estamos seguros que la creación de estas comunas y la puesta en práctica del envío de la coparticipación viene a darle mayor autonomía a la vida de estas comunidades que ya no dependerán de la voluntad del gobierno, sino que ahora cuentan con un derecho más, basado en el federalismo y el respeto a la institucionalidad⬝, continuó Bordet.

Además, �Ssiempre valoré el trabajo incansable de tantos presidentes de Juntas de Gobierno que con mucho esfuerzo han dado lugar al desarrollo de sus localidades.

Por eso creo que la Ley de Comunas y el envío de la coparticipación correspondiente viene a reivindicar un poco esa tarea dándole a cada nueva comuna la posibilidad de dictar sus normas, generar otros recursos, constituir un cuerpo deliberativo, etcétera⬝.

Por último, el mandatario valoró que �Sel envío de estas primeras remesas responden al mandato que tenemos de acuerdo a la Constitución Provincial y las Leyes aprobadas recientemente por la legislatura, pero también son posibles gracias a la buena administración de los recursos provinciales que hemos llevado a cabo todos estos años a pesar del volátil y complejo contexto macroeconómico que nos tocó atravesar a los argentinos y, por supuesto, a los entrerrianos⬝.

De esta manera, la provincia transfiere por primera vez la coparticipación diaria de impuestos nacionales y provinciales a estas nuevas comunas entrerrianas declaradas por los Decretos N° 110 y N° 248 del año pasado del Ministerio de Gobierno y Justicia; y a los cinco nuevos municipios declarados por Decretos N° 11, 12, 13, 14 y 15. Estos últimos son los municipios de El Pingo, Aldea María Luisa, Pueblo Liebig, Pueblo Brugo; y Aldea Brasilera.

Los montos publicados corresponden a la recaudación de impuestos nacionales y provinciales del 2 de enero 2020, primer día hábil de este año.

Cada uno de los municipios y comunas pueden acceder a la información de los respectivos montos que perciben de manera online, en la página web de la Dirección de Relaciones Fiscales con los Municipios, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del gobierno de Entre Ríos.

En el caso de municipios debe ingresarse en el espacio titulado Coparticipación, liquidación por municipio; y para las comunas en el espacio Coparticipación Diaria para Comunas.

Las remesas de coparticipación son diarias y los días siguientes a la remisión los importes estarán publicados en los enlaces respectivos.