La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, dependiente de la Policía de Entre Ríos, informó que personal del Puesto de Control Vial Brazo Largo llevó adelante un operativo tras detectarse la evasión de una barrera fitosanitaria ubicada sobre la ruta nacional 14, en el departamento Concordia.El accionar se enmarca en las tareas conjuntas que se desarrollan entre la Dirección de Agricultura, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier).El hecho ocurrió alrededor de las 12.30, cuando un camión de transporte evadió un puesto de control y se desplazó hacia el sur de la provincia. Ante la posibilidad de que se dirigiera hacia Buenos Aires, se dispuso un operativo de intercepción sobre la traza vial.Horas más tarde, personal policial logró detener la marcha de un camión Mercedes Benz Actros con acoplado, oriundo de Mocoretá, Corrientes. Durante la inspección se constató que el vehículo transportaba carga de citrus sin la documentación reglamentaria correspondiente, como la Guía Citrícola, DTVe (Documento de Tránsito Vegetal electrónico) y la documentación personal obligatoria.Frente a la infracción, la Dirección de Agricultura de la Provincia labró el acta de constatación por incumplimiento de la Ley Provincial Citrícola Nº 9.085 y sus normas reglamentarias y complementarias.La Ley Citrícola Provincial tiene como finalidad preservar la sanidad, calidad e inocuidad de la producción citrícola entrerriana, garantizando el cumplimiento de las medidas fitosanitarias destinadas a prevenir y controlar enfermedades que afectan al cultivo, como el HLB (Huanglongbing).A través de estos controles, se busca proteger la cadena productiva y la competitividad del sector, evitando el ingreso o la propagación de material vegetal no autorizado o contaminado.Finalizadas las actuaciones y una vez notificado el infractor, se permitió la continuidad del tránsito del vehículo conforme a las disposiciones vigentes.Las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado entre los organismos de control, en pos de resguardar la producción citrícola, una de las principales economías regionales de Entre Ríos.

En representación del gobierno entrerriano lo suscribió el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y por las provincias de Córdoba y Santa Fe hicieron lo propio sus pares Pedro Dellarossa y Gustavo Puccini. Además participó, entre otras autoridades, el titular del Ente Región Centro de Entre Ríos, Jorge Chemes.El acuerdo, formalizado en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, tiene por objeto establecer criterios técnicos necesarios para que los operarios de productos fitosanitarios de uso agropecuario, con carnet habilitante emitido en las provincias de Entre Ríos, Córdoba o Santa Fe, obtengan reconocimiento y validez para operar en las jurisdicciones de las provincias firmantes, previa validación de los requisitos legales exigidos en cada una.Al respecto, Bernaudo ponderó que “el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio es trabajar desde todas las áreas del gobierno en la simplificación y unificación de trámites, aranceles y habilitaciones; y en este caso lo expresamos entre las tres provincias que conforman la Región Centro”. Y sumó: “Ahora hemos puesto un protocolo en común para las capacitaciones de los operadores aplicadores de fitosanitarios, ya sea que se sucedan en Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos”. En rigor, solamente tienen que capacitarse de forma online sobre alguna diferencia en lo legal que pueda diferenciarse en las provincias vecinas. “Esto permite, -dijo- que, con una sola capacitación y validación, se pueda trabajar entre las tres provincias”.En ese contexto conformaron una mesa técnica a los fines de establecer los contenidos mínimos de los cursos de capacitación de operarios de productos fitosanitarios de uso agropecuario, articulando a tales fines con universidades, INTA, entidades agropecuarias, colegios profesionales y otros actores del sector.En otro tramo del convenio, cuya vigencia es de dos años, desde las tres provincias reconocen que el avance tecnológico ha incorporado de manera creciente el uso de vehículos aéreos no tripulados (RPA) para aplicaciones con productos fitosanitarios, constituyéndose como una herramienta complementaria a las modalidades tradicionales. En tal sentido, y sin perjuicio de lo establecido por la Administración Nacional de Aviación Civil respecto del uso del espacio aéreo, las partes acuerdan que la regulación de los operarios que realicen aplicaciones mediante RPA requerirá un tratamiento particular, sujeto a las competencias y procedimientos administrativos vigentes en cada jurisdicción.

Según se indicó, la propuesta busca dar respuesta a demandas sociales y, al mismo tiempo, proyectar un modelo agroalimentario competitivo, innovador y ambientalmente sostenible.

Puntos centrales del proyecto    •    Buenas Prácticas de Aplicación (BPA): toda aplicación deberá realizarse con equipos registrados, bajo condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y mediante receta profesional.

    •    Zonas sensibles: se fijan distancias mínimas de exclusión y amortiguamiento para proteger poblaciones, escuelas rurales, cursos de agua y áreas naturales.    •    Capacitación obligatoria: aplicadores, asesores y fiscalizadores deberán realizar instancias de formación periódica.    •    Trazabilidad y transparencia: cada aplicación quedará respaldada por una receta digital con archivo obligatorio.    •    Control estricto de equipos y productos: sólo podrán usarse insumos autorizados por SENASA, con verificaciones técnicas periódicas y registro en sistemas provinciales y nacionales.    •    Gestión ambiental post consumo: se prohíben descargas en cursos de agua y se exige el cumplimiento de la Ley de Envases Vacíos (27.279).    •    Régimen sancionatorio: se prevén apercibimientos, multas y clausuras para infracciones graves y leves.

De avanzar en el debate legislativo, esta norma podría convertirse en un marco regulatorio nacional para el uso de fitosanitarios, unificando criterios y fijando estándares ambientales claros para todas las provincias.

Esto es posible gracias a un trabajo articulado y conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la Policía de Entre Ríos.En recientes operativos de rutina, las fuerzas policiales interceptaron vehículos que transportaban envases de fitosanitarios en los puestos camineros de Nogoyá y el Túnel Subfluvial, sin documentación respaldatoria. Estos envases, destinados originalmente para productos agropecuarios, estaban siendo reutilizados ilegalmente para el transporte y comercialización de productos de limpieza a granel, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública.

Se incautaron aproximadamente 60 envases de diferentes tipos. En Nogoyá, un comerciante de Maciá fue sorprendido regresando de Victoria días atrás; mientras que, en el Túnel Subfluvial, una persona que afirmó trabajar como chofer para un comerciante del rubro radicado en la ciudad de Santa Fe transportaba productos para venta esporádica en Paraná y alrededores. Esto último ocurrió al mediodía de este virnes. Ambos casos resultaron en la emisión de actas de infracción bajo las leyes nacionales número 27.279, de Gestión de Envases de Fitosanitarios y la número 24.051 de Residuos Peligrosos.

En ambos casos, se comunicó a las personas involucradas en los hechos el alcance de las infracciones cometidas en el marco de las leyes nacionales antes mencionadas. Cabe destacar que la gestión de los envases, luego de ser utilizados en las aplicaciones agropecuarias, es una responsabilidad primaria de cada productor, quien tiene la obligación de trasladarlos a uno de los ocho Centro de Acopio Transitorio (CAT) ubicados en Entre Ríos para su correcta disposición, sistema que funciona plenamente a cargo de Campo Limpio.En este sentido, director general de la Secretaría de Ambiente, Maximiliano Gómez, quien estuvo presente en el operativo llevado adelante en el Túnel, dijo que “hechos de esta naturaleza constituyen un riesgo para la salud”. Y explicó que utilizar este tipo de bidones para el traslado y la venta de productos de limpieza que se utilizan en hogares, en comercios o en distintos lugares es una conducta peligrosa.  Señaló que quizás “sin saberlo hay personas que ponen en riesgo su salud y la de otros, tanto en la manipulación y traslado sin las medidas correctas de bioseguridad como en los procesos de compra y venta”. 

Inmediatamente señaló que es fundamental insistir y alertar a la población en general, “por un lado a los productores, para que no entreguen por fuera del circuito de Campo Limpio los bidones a terceros sin identificar, y por otro lado, a los consumidores de productos de limpieza a granel, para que tengan especial cuidado a la hora de tomar decisiones de compra”.

Cabe destacar que el sistema de gestión de envases de fitosanitarios establece que los bidones están sometidos a un régimen legal especial, enmarcado en la ley 27279, ya que después de ser utilizados con sus fines propios, que son los agropecuarios, deben destinarse, de acuerdo a su tipo, al debido resguardo, siendo que se pueden reciclar y reutilizar bajo normas de protección (tipo A) o en otros directamente para su disposición final (tipo B). “El control para evitar el tráfico ilegal de envases vacíos de fitosanitarios supone un compromiso con la protección de la salud de las personas y el cuidado del ambiente. La premisa es caer con todo el peso de la ley ante los infractores. Es compromiso del gobierno de Entre Ríos continuar aplicando estrictas medidas de control”, finalizó el funcionario interviniente.

El diputado Juan Manuel Rossi (JxER – PS), presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, destacó el amplio consenso social y político que ha permitido este logro significativo. “Quiero destacar el apoyo y la decisión del gobernador Rogelio Frigerio para avanzar en una ley tan importante para Entre Ríos”, subrayó Rossi.

“Dedicamos mucho esfuerzo y tiempo para generar los consensos sociales y políticos necesarios para hacer la mejor ley posible”, agregó el legislador, quien también enfatizó que el desarrollo de la provincia depende de estos consensos. “Entre Ríos necesita de acuerdos de convivencia duraderos entre el campo, pueblos y ciudades. P

‘‘Para lograrlo, tenemos que priorizar la salud, producir con más valor, cuidando el ambiente y qué mejor que hacerlo con los pequeños y medianos productores viviendo en los campos entrerrianos”, agregó.

Con esta nueva normativa, Entre Ríos da un paso firme hacia un futuro más sustentable, priorizando la salud, la protección del ambiente y la biodiversidad, al mismo tiempo que promueve una actividad agropecuaria más responsable: “Espero que esta ley brinde la previsibilidad necesaria a nuestros productores y garantice un futuro sostenible para todos”, destacó. 

Durante la reunión realizada este miércoles, la comisión de Recursos Naturales y Ambiente, que preside Juan Manuel Rossi, emitió dictamen favorable para el proyecto de ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios, presentado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se propone regular el uso de agroquímicos en la producción agropecuaria en la provincia.“Hay que destacar que Entre Ríos tiene una Ley de Plaguicidas que es de 1980, o sea que después de 44 años estamos un poco más cerca de avanzar en la aprobación de una nueva norma”, sostuvo el diputado Rossi tras la decisión de emitir dictamen.A su vez, el legislador resaltó que “se dio un proceso participativo, donde todos los sectores que quisieron dialogar y realizar sus aportes pudieron hacerlo, fundamentalmente de los sectores de la salud, el ambiente y la producción”. A esto sumó el nivel de consenso alcanzado en el seno de la comisión.“Es un proyecto que tiene como prioridad a la salud humana y que cuida el ambiente”, comentó Rossi. “Producción y ambiente no tienen por qué ser incompatibles. En ese sentido, se trata de la ley más moderna del país”, agregó.El trabajo de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente respecto de este proyecto se inició en marzo de este año. Durante este tiempo se llevaron adelante una serie de reuniones de las que participaron representantes de la sociedad civil y del gobierno provincial.

Se trata de una propuesta legislativa que fue presentada por el Poder Ejecutivo durante la gestión anterior. Tiene como objetivo la protección y conservación de la salud, del ambiente y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de buenas prácticas en la utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios. La iniciativa se propone asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas, tanto de origen vegetal como animal, así como la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción. 

�SContinuando con el cronograma de obras, se avanza a buen ritmo en la instalación del nuevo puesto de control que estará pasando el Peaje de Estación Yeruá⬝, detalló. Además, confirmó que �Sesta nueva ubicación remplaza a la ubicada en la intersección de las rutas 14 y 22, que dejará de prestar funciones⬝.

El dirigente de la institución mencionó que �Snuestra provincia, junto al SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y la FeCiER, forman parte del equipo que ejerce controles en los puestos instalados sobre la Autovía⬝. �SSu finalidad es impedir la propagación del HLB (Huanglongbing), el transporte de frutas que no cumplan con los índices de ratio y acidez permitido, y el cumplimiento de la documentación fitosanitaria exigida para transitar⬝, agregó.

�SDado los avances de obra y, de no existir ningún inconveniente, a mediados del próximo mes, se comenzará a funcionar en la nueva ubicación⬝, adelantó el referente del citrus provincial.