Este viernes, la Municipalidad de Concordia fue notificada de dos resoluciones judiciales vinculadas a la situación de trabajadores contratados que cesaron en sus funciones al 31 de diciembre. Las decisiones, conocidas con pocas horas de diferencia, arrojaron resultados distintos y dejaron planteado un escenario de empate técnico en los tribunales.Por la mañana, el Ejecutivo municipal recibió una sentencia desfavorable, que ordena la reincorporación de uno de los contratados. Ante esa resolución, el Municipio decidió apelar, argumentando la existencia de cuestiones técnicas y procedimentales relacionadas con la utilización de la acción de amparo, que —según sostienen— deben ser revisadas por una instancia superior.Ya por la tarde, se conoció una segunda sentencia, correspondiente a otro amparo presentado, que en este caso resultó favorable a la Municipalidad. De este modo, el conflicto judicial quedó dividido: un proceso con resolución positiva para el Ejecutivo y otro en etapa de apelación.Desde el Municipio señalaron que, frente a este panorama, lo más prudente es respetar los tiempos judiciales y permitir que la Justicia actúe con total independencia, tanto en estos expedientes como en los restantes que se encuentran en trámite.

Amparos: una vía rápida que divide opinionesEl trasfondo jurídico del caso abrió un debate entre especialistas. La utilización de la acción de amparo para resolver conflictos laborales no es habitual. En los manuales del derecho, el amparo aparece como una herramienta excepcional, destinada a proteger derechos constitucionales de manera rápida, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo.Tradicionalmente, se emplea en casos de salud urgente, cuestiones ambientales o situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, en Concordia fue el camino elegido por un estudio jurídico integrado por las doctoras Sofía Ruiz Díaz y Mariana De León, con la colaboración del doctor Hernán E. Ponce, para cuestionar una práctica extendida en el Estado desde hace décadas: la utilización de contratos a término renovados de manera sucesiva para tareas permanentes.El argumento es conocido, pero siempre polémico: se trataría de una relación laboral encubierta que, de existir en el ámbito privado, generaría derecho a indemnización ante un despido. No obstante, otras voces del derecho laboral marcan reparos. La abogada María de los Ángeles Petit, representante de varios contratados cesantes, optó por no recurrir al amparo y avanzar por un camino más clásico: agotar primero la vía administrativa ante la Secretaría de Trabajo y luego, si corresponde, litigar.Petit fue clara al señalar que, según su experiencia, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia no ha convalidado este tipo de amparos, y que el fallo conocido el viernes aún no está firme. De hecho, recordó que todos los antecedentes similares han sido rechazados en instancias superiores. Aun así, aclaró que recurrió al amparo en un caso puntual vinculado a discapacidad, amparado por legislación específica.

Un debate que trasciende lo localMás allá de cómo se resuelvan estos expedientes en Concordia —y de lo que finalmente defina el Superior Tribunal de Justicia—, el tema se inscribe en un contexto nacional más amplio. En las últimas semanas, distintos fallos judiciales comenzaron a poner límites a decisiones del Gobierno nacional, como ocurrió con la invalidez del DNU que pretendía restringir el derecho a huelga.La discusión sobre la necesidad de reformas laborales es real y, para muchos sectores, inevitable. El problema aparece cuando los cambios se intentan imponer de manera rápida, brusca y sin amortiguadores sociales, generando una inercia de pérdidas que golpea con especial dureza a los trabajadores de más de 50 años.Para ese segmento, quedarse sin empleo no es solo un traspié económico: muchas veces significa quedar fuera del sistema laboral formal, con escasas posibilidades de reinserción. Reformar, sí. Modernizar, también. Pero hacerlo sin medir consecuencias puede dejar en el camino a miles de personas que ya no tienen margen para volver a empezar. En ese delicado equilibrio entre cambios necesarios y derechos adquiridos, la Justicia —una vez más— aparece como árbitro de un debate que está lejos de cerrarse. 

En ese marco, Diario El Heraldo dialogó con Avallone Santos, conocido como Perkins, secretario adjunto del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Concordia, quien brindó detalles sobre el impacto de la medida y las acciones que el gremio resolvió llevar adelante.“El listado es de aproximadamente 150 compañeros contratados, con aporte y sin aporte, sin contar los monotributistas, de los cuales también han quedado más de 100 personas sin trabajo”, señaló el dirigente sindical. En el caso puntual de la Dirección de Tránsito, precisó que “son 13 los trabajadores afectados”.Según explicó Avallone Santos, los empleados no fueron notificados previamente sobre la decisión. “No hubo aviso. Los compañeros se enteraron cuando llegaron a su lugar de trabajo y no pudieron marcar. No les avisaron los jefes ni Recursos Humanos. Fue una situación muy dura”, afirmó.Consultado sobre los criterios utilizados para definir las desvinculaciones, el referente gremial sostuvo que no hubo explicaciones claras por parte del Ejecutivo municipal. “No entendemos qué parámetros tomaron. Hay gente que trabaja todos los días, cumple horario, no falta, y aun así fue dejada sin contrato”, expresó, al tiempo que cuestionó la falta de diálogo con las autoridades: “Hace meses que no atienden a las instituciones, especialmente a nosotros como sindicato”.En relación a las medidas gremiales, Avallone Santos informó que se resolvió una asamblea con movilización para el viernes 9 de enero, frente al Palacio Municipal. “La medida comenzará a las 6 de la mañana y la movilización será a las 7. Será por tiempo indeterminado hasta tener una respuesta concreta y que vuelvan los trabajadores despedidos”, indicó.Asimismo, adelantó que el sindicato inició acciones legales individuales a través del envío de telegramas laborales. “Estamos trabajando con telegramas de trabajo, notificando que quedaron sin empleo y sin previo aviso. Todo se está haciendo de manera legal”, explicó, y mencionó que existen advertencias sobre posibles descuentos salariales a quienes participen de la medida, algo que el gremio considera contradictorio con el derecho constitucional a huelga.El dirigente sindical también se refirió al impacto social de la situación: “Un contrato hoy cobra alrededor de 600 mil pesos. Hay familias que no saben cómo van a pagar el alquiler o sostener los gastos básicos. El impacto económico es muy grande”.Finalmente, Avallone hizo un llamado al intendente Francisco Azcué para retomar el diálogo. “Queremos sentarnos a una mesa y resolver este problema de la mejor manera. No queremos llegar a medidas más fuertes, pero están obligando a eso. Pedimos que la ciudadanía entienda que detrás de cada despido hay una familia”, expresó.Desde el sindicato remarcaron que, durante las medidas de fuerza, se garantizarán los servicios esenciales y las guardias mínimas, y solicitaron comprensión a la comunidad ante el conflicto en curso.

Lo hará otra vez ahora con nuevas prórrogas hasta fines de marzo a la espera de que estos empleados realicen un examen de idoneidad para pasar a un régimen de mayor estabilidad.Unos 40.000 empleados siguen contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regímenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales. A todos se les venció su convenio el último día del 2024, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses.

Se espera que esta sea la última prórroga, ya que se dispuso que todos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un “examen de idoneidad” con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.De los empleados contratados, a partir de marzo seguirán los que cumplan con dos condiciones: el examen de idoneidad aprobado y que sus jefes consideren que la persona cumple una función necesaria para el área, indicaron fuentes oficiales.La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que no son 40.000 sino más de 55.000 los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre.Contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor. El Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan un convenio a través de Acara.En ATE señalaron que con el cambio de año “se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales”. En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar.El Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar la plata de la administración nacional y limitar el ingreso de personal nuevo al sector público. En el último Boletín Oficial de 2024, Milei y Sturzenegger firmaron los decretos 1148/24 y 1149/24.Allí se fija que “las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. Esa prohibición abarca a las designaciones en las plantas transitorias, las contrataciones bajo el paraguas del “artículo 9°” y las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos. Excepcionalmente, se podrán prorrogar las designaciones transitorias y de contratos firmados el año pasado.Cualquier alta nueva excepcional en un organismo público deberá estar respaldada por la baja de tres empleados “cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación”.El decreto 1149/24, en tanto, establece que, a partir del 1 de marzo de 2025, quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar el examen de idoneidad implementado previamente para los empleados existentes.  Este examen también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal. 

La organización igualitaria de los cuidados es una de las demandas históricas de la agenda de género. El trabajo de cuidado y su invisibilización ha tenido un impacto definitivo en las trayectorias vitales de las mujeres, generando situaciones de vulnerabilidad y desigualdad. Después de 48 años, la reglamentación del artículo 179 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo es un paso fundamental, y largamente esperado, para garantizar una organización de los cuidados más justa y con igualdad de género.

El decreto, firmado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dispone que los establecimientos con más de 100 personas empleadas, deberán ofrecer espacios de cuidado para las niñas y niños desde 45 días a 3 años de edad, que están a cargo de las y los trabajadores, sin distinción de género, durante sus jornadas de trabajo.

La reglamentación dispone que los empleadores construyan los espacios de cuidado en sus establecimientos, y que las empresas que se encuentren dentro de un mismo parque industrial, o a una distancia menor a 2 kilómetros entre sí, podrán implementar lugares de cuidado de forma consorcial dentro de ese radio.

En el caso de que los establecimientos laborales no tengan con un espacio de cuidado, en los Convenios Colectivos de Trabajo podrá preverse el reemplazo de la obligación por el pago de una suma no remunerativa, en concepto de reintegro de gastos relacionados con el cuidado de hijos, inclusive el salario de una trabajadora contratada para el cuidado de personas, siempre que esté debidamente registrada.

El monto a reintegrar no podrá ser inferior al 40 por ciento del salario mensual correspondiente a la categoría �SAsistencia y Cuidado de Personas⬝ del Personal con retiro, o al monto gastado, en caso de que este sea menor.  

Los cuidados son responsabilidad de todos.

Sin embargo, hoy las mujeres dedican el doble de tiempo al trabajo de cuidado con respecto a sus pares varones y enfrentan barreras para acceder, permanecer y desarrollarse en espacios laborales.

Atender estas desigualdades con herramientas efectivas que promuevan modificaciones en la organización del cuidado es un paso fundamental para reducir las brechas de género e impulsar sus trayectorias laborales y profesionales.