Debido a que en octubre del corriente año expiran los mandatos de los actuales consejeros (tanto titulares como suplentes), se invita formalmente a las instituciones a ser parte de este proceso democrático. La convocatoria está dirigida a las organizaciones sociales, profesionales y sindicales que cumplan con los siguientes requisitos: Estar debidamente inscriptas en el Registro de ONG del CMER. Poseer un objeto social vinculado a la defensa del sistema democrático, los derechos humanos y el sistema republicano de gobierno.Para participar en la elección de representantes, las entidades interesadas deberán presentar la documentación respaldatoria necesaria. La fecha límite de presentación es el 1 de septiembre del 2026. Los requisitos formales pueden ser consultados en la página web del CMER. 

El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó 13 ternas para cubrir cargos en juzgados y cámaras federales y dio curso a distintos expedientes, durante una sesión encabezada por su presidente, Horacio Rosatti, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.Las ternas aprobadas corresponden a los concursos 356, 360, 378, 451 y 485, que incluyen cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, el Juzgado Federal de Clorinda, el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en diversas salas.

El Plenario también resolvió por unanimidad el pase a la Comisión de Acusación del Dictamen Nº 142/2025, vinculado a la conducta del juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.Asimismo, se aprobó el pase a la Comisión de Acusación del expediente Nº 165/2024 y acumulados, referido a la actuación del magistrado Alejandro Patricio Maraniello, del Juzgado Federal N° 5 en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.Entre las decisiones adoptadas, se desestimó la denuncia presentada contra Gustavo Marcelo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otra parte, el Plenario aprobó por 10 votos contra 9 la apertura de actuaciones sumarias a la agente María Inés Brenna, en el marco del Expediente 16-05598/24, caratulado “Informe Inasistencias”, y sus agregados 16-07350/24 y 16-07685/24.A favor votaron Amerio, Barroetaveña, De la Torre, Díaz Cordero, Juez, Maques, Provitola, Reyes, Vázquez y Tamarit; mientras que Lugones, Galderisi, González, Grau, Pilatti, Recalde, Siley, Tailhade y Vischi lo hicieron en contra.

El proyecto que el Poder Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2024, fue aprobado en general y en particular el 22 de mayo de 2025 y pasó en revisión al Senado. Allí, el 18 de septiembre fue tratado sobre tablas con el número de votos requeridos, dos tercios, y fue aprobado en general y particular y remitido en revisión a la cámara de origen.

Doble vocaciónSegún el Poder Ejecutivo, el proyecto tiene “una doble vocación”. Por un lado, pretende brindar “una adecuada respuesta a la situación y necesidades hoy existentes, aportando celeridad a los concursos, para regularizar definitivamente la cobertura de cargos vacantes”. Por otro lado, “aspira a trascender en el tiempo, para que una vez cubiertas las vacantes hoy existentes o simultáneamente con esa labor, se realicen concursos anticipados para futuras vacantes, garantizando la mayor agilidad posible en la designación de Magistrados y Funcionarios de los Ministerios Públicos, elevando al máximo el estándar de seguridad jurídica y transparencia en su designación”.

RechazoEl proyecto oficial de reforma del Consejo de la Magistratura fue rechazado a principios de año, con duros conceptos, por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJ) que, en una nota enviada a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados –con copia al gobernador y al presidente de aquella Cámara, realizó un pormenorizado análisis -técnico y político- del proyecto y se planteó una sería crítica sobre la eliminación de la paridad de género y la conformación de un órgano asesor que se superpondría con la tarea de los consejeros, entre otros temas de importancia.

El Poder Ejecutivo envió el 6 de diciembre de 2024 su proyecto de reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos Nº 11.003. En aquella ocasión se cuestionó la demora en la realización de los concursos para ingresar el Poder Judicial y se señaló –en referencia a la modificación que se realizó entre gallos y medianoche en la gestión de Gustavo Bordet-, que “la última reforma legal que ha merecido dicho organismo, ha generado una serie de inconvenientes de funcionamiento, que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada”.En este sentido, se puntualizó en “el procedimiento previsto en la Ley Nº11.003 para el desarrollo de la prueba de oposición denominado Banco de Casos, resulta de una complejidad tal para la prosecución de los concursos convocados que, al no contar con los suficientes casos establecidos en la ley por materia, cargo y especialidad, y ‘2024 Año del Trigésimo Aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional’ con la cantidad de 100 como mínimo para cada caso, no hace más que profundizar las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma”.El Poder Ejecutivo fundamentó la necesidad de la reforma en que “se proponen otras reformas para mejorar el funcionamiento del Consejo: en relación a la composición del cuerpo de académicos se propone un cambio que por un lado, jerarquice la profesionalidad, calidad técnica y especialización en relación a la ciencia jurídica con la participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región, como así también reconocer la necesidad de la participación imprescindible de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, única Casa de Altos estudios, con rango constitucional y sostenida por el presupuesto público de nuestra provincia”. Este punto generó mucha resistencia, tanto en ámbitos jurídicos como académicos.El Gobierno considera que “una innovación de este proyecto, es el denominado Concurso Anticipado, el cual ha sido instrumentado en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en sistemas comparados. Esta herramienta habilita la realización de concursos para cubrir futuras vacantes que se produzcan, permitiendo que de inmediato se puedan conformar las ternas para cubrir el cargo, a partir de un listado de postulantes que ya han sido previa y debidamente evaluados por concurso”. 

Con Julián Maneiro al frente de la Secretaría de Justicia, se reactivó la agenda judicial provincial. Se retomará la reforma del Consejo de la Magistratura —con media sanción en Diputados— incorporando propuestas de la Asociación de la Magistratura, y se buscará avanzar antes de fin de año en la actualización del Código Procesal Penal.

También ingresó al Senado un proyecto de la legisladora Patricia Díaz para modificar el funcionamiento del Jury de Enjuiciamiento, incorporando un mecanismo que garantice un fiscal independiente cuando el acusado sea miembro del Ministerio Público Fiscal, y habilitando sanciones progresivas para faltas menores antes de llegar a la destitución.

La propuesta cuenta con respaldo de distintos bloques y apunta a resolver los vacíos legales que expuso el caso de Cecilia Goyeneche. 

Tras la sesión, Laner indicó que luego de un profundo y serio debate, se logró aprobar un proyecto de gran trascendencia institucional: la reforma de la Ley N.º 11.003, que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia.“Esta iniciativa no es una reforma más. Es, en realidad, una reparación urgente, necesaria y responsable frente a una realidad que ya nadie puede desconocer: el Consejo de la Magistratura no puede cumplir en tiempo y forma con su función esencial, que es la selección de magistrados y funcionarios judiciales mediante concursos públicos, abiertos y transparentes”.

La legisladora sostuvo que con seriedad, con sentido común y con visión de futuro, se reconfigura el funcionamiento del Consejo para que vuelva a ser operativo, pero sin renunciar a los principios republicanos que lo legitiman.

ANTECEDENTES DE LA REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURAAl fijar su postura a favor del proyecto la legisladora explicó que al tratamiento de esta medida no se llegó por azar. “Es el resultado directo de una modificación legal que fue sancionada en el pasado sin planificación, sin acompañamiento institucional y -lo más grave- sin voluntad política de implementación. Una ley que no previó herramientas operativas, que impuso condiciones imposibles de cumplir -como el banco de casos- sin dotar al Consejo de los medios para desarrollarlo. Hoy, más de dos años después, nos encontramos con un órgano que debería estar activo, produciendo ternas y garantizando idoneidad. Y frente a esa parálisis, no hay lugar para especulaciones ni para discursos retóricos. Hay que actuar”

LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA: MÁS TRANSPARENCIA E INSTITUCIONALIDAD“Entre sus principales aciertos podemos hablar de la transparencia plena de los actos del Consejo, con la publicación digital de todos los expedientes. No más decisiones entre cuatro paredes. El ciudadano podrá seguir en tiempo real cada paso del proceso” indicó Laner, quien señaló también como fundamental la eliminación del recurso directo ante el STJ, que lejos de aportar control generaba dilaciones, incertidumbre y una puerta trasera para judicializar lo que debe ser técnico.

Otros puntos resaltados por la legisladora fueron los siguientes: la integración de jurados especializados, lo que asegura evaluaciones pertinentes y rigurosas, evitando que quienes no conocen la materia califiquen a los futuros jueces; el restablecimiento del orden de mérito en las ternas, principio básico del sistema de concursos que nunca debió haberse abandonado; la incorporación de herramientas como los concursos anticipados, que evitan vacancias prolongadas y, más importante aún, rompen con prácticas poco transparentes en la cobertura “provisoria” de cargos.“Además, este proyecto no abandona el ideal del banco de casos. Lo reconoce como un objetivo valioso, pero se hace cargo de que no estáhoy en condiciones de implementarse. Se abre incluso a la posibilidad de desarrollarlo en el futuro, con tecnología, con inteligencia artificial, con herramientas modernas. Porque no podemos seguir esperando que esa herramienta ideal aparezca mientras los cargos siguenvacantes”

Para concluir Laner manifestó que “quienes tenemos responsabilidades institucionales no podemos confundir la exigencia con el obstáculo. El perfeccionismo mal entendido no puede ser la excusa para dejar a la Justicia sin jueces, ni a los entrerrianos sin las respuestas que necesitan. Porque no estamos discutiendo un tecnicismo: estamos decidiendo cómo queremos que se elijan quienes van a impartir justicia en nuestra provincia. Que lo hagan por mérito, con transparencia y conreglas claras” 

La vicepresidenta del STJ, vocal Laura Mariana Soage y la vocal Gisela Schumacher, concurrieron al Centro Provincial de Convenciones al acto de apertura que contó con la participación de autoridades locales y del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina.En el acto hizo uso de la palabra el gobernador, Rogelio Frigerio, quien destacó que los Consejos de la Magistratura, que cumplen más de dos décadas en Argentina, ya que “significaron un paso clave institucional en la búsqueda de una justicia más independiente, profesional y transparente”, a la vez que consideró que “la calidad de los Consejos de la Magistratura de cada provincia y de la Nación hace a la calidad de nuestra democracia”.Por su parte, la vicepresidenta del STJ, Laura Mariana Soage destacó que desde la creación del Consejo de la Magistratura en nuestra provincia “ el objetivo de esta valiosa institución ha sido el de jerarquizar el Poder judicial a través de mecanismos de selección que puedan hacer realidad los requisitos de idoneidad, independencia e imparcialidad y, al mismo tiempo, garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a la función judicial. La sociedad entrerriana demanda una justicia altamente capacitada e independiente para la resolución de sus conflictos”.Con relación a la falta de llamado a concursos de los aproximadamente 100 cargos vacantes en el Poder Judicial entrerriano, expresó: “Como integrante del STJ y como parte del Poder Judicial de mi provincia, tengo la certeza de que quienes formamos parte de este poder -judicatura y ministerios públicos- queremos tener un consejo de la magistratura activo, que pueda cumplir con el objetivo de seleccionar a las personas más idóneas a través de concursos objetivos. Para el Poder Judicial, para los abogados y abogadas y para nuestra sociedad es necesario tener jueces, juezas e integrantes de los Ministerios Públicos elegidos por el sistema constitucional.  Eso nos da legitimidad e independencia para cumplir nuestra función”. También señaló que hoy se está analizando una nueva reforma a la ley del Consejo de la Magistratura y será la Legislatura la que definirá qué reformas son las más adecuadas, a través del debate democrático y el logro de los consensos necesarios.“Creemos que las dificultades que ha tenido la implementación del Banco de Casos podría solucionarse con una modificación en lo inmediato de ese aspecto de la ley, permitiendo utilizar el sistema de propuestas de casos por jurado, a fin de poder comenzar lo más pronto posible con las convocatorias a concursos de los numerosos cargos vacantes”, reflexionó Soage. La magistrada, felicitó a cada uno y cada una de las consejeras de todo el país presentes en las jornadas indicando que tienen a su cargo un rol trascendental para el funcionamiento del sistema democrático.En la ocasión, se realizó un homenaje a los miembros del Tribunal que llevó adelante el juicio a los integrantes de la junta militar, doctores Ricardo Gil Lavedra,  Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. Durante las Jornadas se abordarán temáticas de interés para todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país, que incluyen conversatorios sobre la Inteligencia Artificial como herramienta de transformación en la justicia, la modernización de los sistemas de selección de magistrados, la institucionalización del Consejo de la Magistratura como órgano vinculante en el proceso de selección de magistrados, entre otros. Entre otras autoridades estuvieron presentes la vicegobernadora, Alicia Aluani; la presidenta del Fofecma, Edith Miriam Cristiano; el Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; el presidente del Colegio de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón y los representantes Álvaro Piérola y Fabiola Bogado Ibarra; el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Fabián Boleas; el secretario de Justicia de la provincia, Martin Acevedo Miño, representantes de otros estamentos, autoridades del Colegio de la Abogacía e integrantes de la magistratura. 

En el marco del encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Frigerio subrayó la importancia de los Consejos de la Magistratura, que cumplen más de dos décadas en Argentina, ya que “significaron un paso clave institucional en la búsqueda de una justicia más independiente, profesional y transparente”, a la vez que consideró que “la calidad de los Consejos de la Magistratura de cada provincia y de la Nación hace a la calidad de nuestra democracia”.“Si el proceso de selección de magistrados es independiente, la Justicia es independiente”, dijo el mandatario y expresó que esto es fundamental para “ganar esta batalla en contra de la politización de la justicia; y por qué no también, de la judicialización de la política”.

El gobernador insistió en la necesidad de una justicia libre y eficaz para la sociedad: “Los argentinos, así como nosotros los entrerrianos en particular, necesitamos una Justicia que tenga libertad de acción, que no tenga las manos atadas y donde no haya designaciones a dedo”. Añadió que “si los que cometen delitos no tienen una condena, se debilita la ley y la democracia”; y que “si la corrupción no tiene castigo, no hay confianza; y así es imposible delinear una hoja de ruta para el desarrollo”.En otro orden, se refirió a la Fiscalía Anticorrupción de la provincia, por cuyas irregularidades en los concursos para integrarla se decidió declararlos nulos. Paralelamente, mencionó que envió a la Legislatura un proyecto para reformar la ley 11.003, que regula el Consejo de la Magistratura en la provincia, con el objetivo de mejorar la profesionalización, transparencia y participación ciudadana. Finalmente, enfatizó que “los consejos de la magistratura representan una herramienta institucional indispensable y por eso requieren compromiso político real, profesionalización, modernización y control ciudadano”.

Hizo referencia a la lucha contra la corrupción en la provincia y afirmó que “hace 16 meses que los entrerrianos decidimos poner fin a esa inercia que hizo de Entre Ríos una de las provincias más alejadas de su potencial”. Cerró su discurso con un llamado a la colaboración: “Cuento con ustedes para seguir transitando este camino de devolverle a los ciudadanos lo que nunca debieron perder”.En el Centro Provincial de Convenciones, estuvieron presentes la vicegobernadora, Alicia Aluani; la presidenta del Fofecma, Edith Miriam Cristiano; el presidente del Colegio de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón; la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Laura Suage; el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Fabián Boleas; y el secretario de Justicia de la provincia, Martin Acevedo Miño; entre otras autoridades. 

El encuentro que estaba pautado para este martes en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto que establece cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura fue trasladado al miércoles a partir de las 15.Cabe recordar que la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos alertó por los cambios que impulsa el Poder Ejecutivo en la redacción de la ley que regula al Consejo de la Magistratura.Magistrados cuestionaron el proyecto oficial de reforma del Consejo de la Magistratura con duros conceptosAdvirtieron que el proyecto afectaría la paridad de género y plantearon que la conformación de un órgano asesor se superpondría con la tarea de los consejeros, entre otras cuestiones. 

Al dirigirse a los presentes Aluani afirmó que el rol de los consejeros y consejeras es de "una enorme responsabilidad, porque a partir de hoy contribuirán a garantizar el correcto funcionamiento de la justicia en nuestra provincia. Al aceptar este desafío han decidido ser parte activa en la construcción del sistema de justicia, que también impactará directamente en la vida de cada entrerriano, en la confianza que cada vecino deposita en nuestras instituciones".En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, la vicegobernadora tomó juramento a Álvaro Gastón Piérola y Fabiola María Bogado Ibarra como titulares, y Federico José Lacava y María Andrea Cabaña, como suplentes, en representación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial.En la oportunidad, también juraron ante Aluani, quienes representan a las organizaciones no gubernamentales, María Paula Armándola, del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliario de Entre Ríos, y Matías Daniel Chiosso, quienes asumieron como titulares. Sabrina Rojas, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, e Iván Emanuel Vea, de la Fundación Uader, lo hicieron como suplentes. En tanto, el ministro Roncaglia tomó juramento a los representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Como titulares lo hicieron Alberto Joaquin Sampayo y Andrea Belén Saxer, mientras que como suplentes juraron Enzo Ramiro Cabrera y María Inés Ríos.El ministro también tomó juramento a los representantes de las universidades. Juan Pablo Filipuzzi (Uader), Alejandro Cesar Caudis (UNER) y Alejandro Patricio Grandoli lo hicieron como titulares y Silvina Marta Pagliotto como suplente. A su turno, juraron ante Vazón en representación de los empleados judiciales, Maria Elena Luchesi como titular y Darío Omar Calderón Eredia como suplente. El presidente del CMER, rescató el equilibrio en la composición de los estamentos y en el sistema de selección de magistrados; como también la apertura a organizaciones de la sociedad civil y el personal de la justicia que le aportan mucha dinámica al funcionamiento del consejo entrerriano. "Tiene integración no solo de abogados, sino que se incorpora a la sociedad civil y los trabajadores de la justicia. Eso hace que la visión no sea solamente la del derecho, sino que también se analicen particularidades que nos aportan estos otros organismos integrados por quienes no son abogados o no participan del ámbito judicial". Resaltó también la importancia del mecanismo de los puntajes valorando más la prueba de oposición para demostrar las capacidades de los candidatos en relación con los antecedentes y la entrevista personal. A su momento, el secretario del organismo Rodrigo Devinar, señaló que la nueva composición del consejo "es como una integración mixta. Algunos consejeros han renovado sus cargos, con lo cual tienen toda la experiencia de haber trabajado durante periodos anteriores, y tenemos gente nueva, que también aporta nuevas visiones. Así que parece que va a ser un gran grupo de trabajo a fin de elegir los mejores perfiles para proponerle al gobernador".Cabe recordar que el CMER es el organismo encargado de seleccionar a quienes se postulan para ocupar cargos públicos de fiscales, jueces y defensores en la provincia. Se integra con un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de los abogados, dos de los magistrados y funcionarios judiciales, tres académicos, uno por los empleados del Poder Judicial de Entre Ríos y dos de las organizaciones no gubernamentales. 

El borrador tiene la idea de dejar atrás muchas de las reformas incorporadas por la Administración de Gustavo Bordet. El texto ya llegó a algunas entidades que representan a actores judiciales. Otras están a la espera de que se los convide a la conversación.En el primer piso de Casa de Gobierno aseguraron que “falta un poco” para cerrar el circuito y enviar el articulado a la Legislatura.La propuesta es resucitar el sistema previo, en el cual los jurados llevaban casos para que sean resueltos por los postulantes. Desde siempre hubo sospechas de parcialidad por filtración, pero por ahora aparece como la salida posible del atolladero.El punto más álgido será la eliminación de la intervención del Superior Tribunal en el proceso de puntaje. Tras la reforma del ’22, un postulante inconforme con la nota otorgada por el Jurado en las dos primeras etapas (antecedentes y examen), podía pedir la revisión del pleno del Consejo. Y luego presentar una apelación ante el STJ, si su planteo no había sido atendido.En Justicia quieren regresar al esquema anterior. Antes de la última reforma, la inconformidad con este paso intermedio podía llegar a la Justicia tras la resolución del plenario, pero a través del esquema contencioso administrativo. Se apoyan en números para apuntalar esta vuelta atrás. Con el sistema pre 2022, hubo 8 recursos judiciales. Tras la reforma, se cuentan 19 apelaciones al Superior. Cada vez que llega al máximo tribunal, la mora en cada concurso se estima entre 6 y 8 meses.En el Palacio de Justicia no están de acuerdo con este retroceso. En el segundo piso de Tribunales evalúan que quitar la recursividad ante el Superior demoraría “años” la resolución de un concurso impugnado en esa etapa. Además, dejaron en claro que, formalmente, no hubo ninguna consulta sobre el texto de reforma al Consejo. De manera informal se anticipó una invitación que aún no se concretó.Otro tema que motivará quejas en la comunidad judicial será el cambio de los criterios para otorgar puntajes. Tanto la Legal y Técnica como la Justicia comparten la idea de reducir o eliminar los puntos que ganan los suplentes, designados “a dedo” en base a vínculos personales o familiares, por ocupar el cargo antes de que salga a concurso. Se apoyaría en un documento elaborado por la camarista penal Marcela Davite. 

De un total de 28 organizaciones admitidas para participar en este proceso eleccionario, 21 estuvieron presentes y emitieron sus votos. Como resultado de esta jornada, la Lista Nº 1, encabezada por María Paula Armándola y Matías Daniel Chiosso como titulares, y completada por Sabrina Rojas e Iván Emanuel Vea en calidad de suplentes, resultó ganadora con 14 votos.

De esta forma, se completa una parte importante de la conformación del  Consejo de la Magistratura. La asunción oficial de las autoridades electas se llevará a cabo el jueves 17 de octubre en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde prestarán juramento ante el señor gobernador de la Provincia. 

El posible delito bajo investigación es fraude contra la administración pública. Se alega que Vazón, durante el período de diciembre de 2023 a julio de 2024, habría recibido ingresos tanto en su cargo provincial como en el ámbito nacional, sin prestar efectivamente los servicios correspondientes en uno o ambos organismos, lo que habría causado un perjuicio al Estado.

La Fiscalía ha solicitado al Consejo de la Magistratura de la Nación información sobre la contratación de Vazón, para determinar si este recibió algún tipo de remuneración durante el período mencionado. Esta solicitud es parte de la investigación penal preparatoria (IPP) iniciada por la Fiscalía.

El caso de Vazón se distingue de otra denuncia presentada por el mismo abogado contra Mauricio Colello, secretario General de la Gobernación, la cual fue archivada por falta de pruebas de delito. Sin embargo, en el caso de Vazón, la Fiscalía decidió avanzar con la investigación.

Vazón es un dirigente del PRO, ex candidato a diputado, y fue designado presidente de la Delegación Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay durante la presidencia de Mauricio Macri. Actualmente, ocupa el cargo de presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, organismo responsable de la selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial. 

El Ministerio Público Fiscal ha iniciado una investigación para determinar si Héctor Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, percibió ingresos adicionales al recibir un contrato del Consejo de la Magistratura de la Nación, además de su sueldo en la provincia. La investigación fue ordenada por el fiscal Gonzalo Badano, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Emmanuel Berta Schroeder, especialista en derecho tributario.

El posible delito bajo investigación es fraude contra la administración pública. Se alega que Vazón, durante el período de diciembre de 2023 a julio de 2024, habría recibido ingresos tanto en su cargo provincial como en el ámbito nacional, sin prestar efectivamente los servicios correspondientes en uno o ambos organismos, lo que habría causado un perjuicio al Estado.

La Fiscalía ha solicitado al Consejo de la Magistratura de la Nación información sobre la contratación de Vazón, para determinar si este recibió algún tipo de remuneración durante el período mencionado. Esta solicitud es parte de la investigación penal preparatoria (IPP) iniciada por la Fiscalía.

El caso de Vazón se distingue de otra denuncia presentada por el mismo abogado contra Mauricio Colello, secretario General de la Gobernación, la cual fue archivada por falta de pruebas de delito. Sin embargo, en el caso de Vazón, la Fiscalía decidió avanzar con la investigación.

Vazón, abogado oriundo de Concepción del Uruguay, asumió como consejero del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos representando al Poder Ejecutivo Provincial. Este Consejo está integrado por 11 miembros, y Vazón, al haber sido nombrado por el Ejecutivo Provincial, fue designado presidente del organismo. Según el artículo 10 de la Ley N° 11.003, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los miembros pueden ser removidos por causales como mal desempeño de sus funciones o la comisión de un delito doloso, siendo necesario el voto de dos tercios de los miembros del Consejo en sesión plenaria para concretar dicha remoción. 

Según información extraoficial, la representación de la oposición estaría evaluando el tratamiento de esta complicada situación y ya estaría decidido la intervención parlamentaria para conocer específicamente la situación del Presidente del Concejo de la Magistratura. 

El art.  10 de la Ley N| 11.003 que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura establece claramente las causales de remoción.

Las jornadas se desarrollaron los días 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de mayo, y 6 y 7 de junio del corriente año, en la sede de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos.El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER), llevó adelante las entrevistas públicas de los concursos 232 a 245, a fines de cubrir cargos de fiscales auxiliares, distribuidos en Paraná, Diamante, Feliciano, La Paz, Concordia, Chajarí, Concepción del Uruguay, Colón, Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Villa Paranacito y San Salvador.Las entrevistas fueron evaluadas por el pleno del CMER, con 11 miembros. Se entrevistó a 87 postulantes con los mayores puntajes obtenidos hasta entonces, sobre un total de 206 inscriptos.Asimismo, el pasado viernes 7 de junio, se desarrollaron las entrevistas públicas del concurso Nº 260, destinado a cubrir un cargo de defensor de Casación Penal de la ciudad de Concordia. En dicha ocasión fueron entrevistados los tres postulantes de mayores puntajes, de un total de siete inscriptos. En este marco, con un gran esfuerzo por parte de las autoridades del Consejo de la Magistratura, ya que las jornadas de trabajo demandaron alrededor de 12 horas diarias, se finalizaron 15 concursos públicos. Las respectivas ternas vinculantes, se pondrán a disposición del Gobernador, quien podrá optar entre los mejores, regularizando de tal modo la transitoriedad de quienes ocupan actualmente los cargos concursados. 

Las entidades interesadas deberán estar vinculadas a la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos y del sistema republicano de gobierno. “Invitamos a todas las organizaciones interesadas a formar parte de este registro, presentando la documentación requerida antes del 12 de marzo de 2024. Luego de este período, procederemos a convocar a la elección de representantes suplentes para el periodo 2022-2024. La fecha límite para participar en esta elección es el 12 de marzo de 2024, aunque el registro permanecerá abierto para futuras convocatorias”, expresó el secretario general del Consejo, Rodrigo Devinar. Las organizaciones que deseen incorporarse deberán presentar:

a) Copia debidamente certificada del instrumento constitutivo de la entidad y modificatorias, en caso de corresponder.

b) Acta actualizada con la nómina de autoridades.

c) Constancia de vigencia de personería jurídica, acompañado de una nota dirigida a la Secretaría General del CMER, con los datos de contacto actualizados (teléfono, correo electrónico, domicilio, etc.).

El Registro de Organizaciones Sociales, Profesionales y Sindicales permanecerá abierto de forma permanente hasta el próximo acto eleccionario. Una vez completada la inscripción y aceptadas las solicitudes, se procederá a convocar a la elección de representantes suplentes para el Consejo de la Magistratura. Estos representantes ocuparán el cargo para el periodo restante de 2022 a 2024.

 Desde su creación, hace 17 años, garantiza que los magistrados seleccionados por concurso público sean probos y tengan el nivel técnico y la dimensión ética exigibles a uno de los poderes centrales para la convivencia democrática. Un magistrado cuesta mucho dinero durante años a las arcas del Estado provincial y, sin embargo, el Consejo de la Magistratura realiza la selección de los candidatos para cubrir estos cargos con recursos escasísimos de personal, tecnología e instalaciones, sostiene el comunicado.

La Asamblea de la Sociedad Civil considera que es un orgullo integrar el Consejo de la Magistratura, �Sun organismo que fue creado para frenar los intentos autoritarios de nombrar jueces en forma masiva, algo que la sociedad entrerriana no podía permitir ni tolerar⬝.

Ha logrado su propósito, a pesar de la evidente falta de recursos económicos que condiciona su normal funcionamiento, asegura en el comunicado.

La legitimidad de origen del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos ha ido refrendando y consolidando concurso a concurso por un funcionamiento serio, transparente y resistente a los embates corporativos. Su rol como institución ha sido reconocido en la Constitución Provincial reformada en 2008 y por la Ley 9996.

Las críticas dirigidas al Consejo de la Magistratura que señalan supuestas ineficiencias y demoras suenan ridículas si se tiene en cuenta el presupuesto del órgano con relación a los cientos de concursos que debe realizar, señala la Asamblea de la Sociedad Civil. Y apunta que la situación ha sido agravada por la modificación sustancial del proceso penal, que requiere la creación de muchos cargos nuevos y demanda procesos de selección para los nombramientos.

Son necesarios más recursos también para que puedan intervenir jurados de otras provincias y para el desarrollo de las entrevistas en el lugar donde se realizan los concursos, lo que es de extrema importancia para la participación ciudadana, indica el comunicado.

El Consejo de la Magistratura ha estado siempre lejos de contar con un presupuesto que esté a la altura para llevar adelante un trabajo de importancia vital y la tendencia ha sido a peor, señala la gacetilla.

La Asamblea aclara que las y los consejeros que integran este órgano trabajan ad honorem y así queremos que siga siendo.

La información difundida remarca que la Asamblea de la Sociedad Civil hace público el pedido de dotar al Consejo de la Magistratura de un presupuesto que garantice el pleno funcionamiento de este organismo para que la sociedad conozca la realidad de esta institución, que es clave para la mejora de la administración de justicia. Una mejora que es reclamada cotidianamente por las y los ciudadanos.

Las consideraciones y preocupaciones expresadas en el documento fueron remitidas formalmente mediante una misiva al Gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Bordet.