Durante la audiencia, De La Madrid reconoció los hechos que se le atribuían y admitió su responsabilidad penal en una serie de delitos que se le imputaban en la investigación.

En concreto, aceptó ser autor material y penalmente responsable de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y quebrantamiento de inhabilitación judicial (tres hechos), en concurso real con lesiones leves, falsificación de instrumento público y uso de documento público falsificado, estafa procesal (dos hechos), además de hurto y sustracción y ocultamiento de documentos. También se le atribuyó falsificación de documento público en concurso ideal con administración fraudulenta.

En el marco del acuerdo abreviado, el imputado aceptó una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, la cual fue acordada entre la fiscal Montangie y sus defensores.De homologarse el acuerdo, el vocal Germán Dri procederá a dictar la correspondiente sentencia, que según se informó a Concordia Policiales sería la próxima semana.

Posteriormente, De La Madrid será trasladado a una unidad penal donde deberá cumplir la pena establecida.

(Concordia Policiales)

La Corte Suprema desestimó un recurso de reposición de la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al ex ministro por la causa de la tragedia de Once, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.El máximo tribunal rechazó el intento de los abogados del ex funcionario de anular la sentencia dictada hace tres semanas, cuando se confirmó su responsabilidad como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.En aquella resolución, del 11 de noviembre, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían declarado “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa, y dejaron firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.Tras ese fallo, que derivó en la orden de detención por parte del Tribunal Oral Federal 4, la defensa de De Vido presentó un planteo de reposición o revocatoria in extremis, al sostener que existía un “marcado error” y que la causa debía considerarse prescripta.Sin embargo, la Corte señaló que sus decisiones no pueden revisarse por esa vía “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas” que no se verificaron en este caso, y ratificó lo resuelto.De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del exministro pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre.Con la nueva resolución de este jueves, quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena. Según el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las notificaciones ya fueron cursadas para avanzar con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4.

El exmandatario de 56 años fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público, reportó el sitio DW y tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.La Corte Suprema resolvió “condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (...) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo”, reportó el sitio DW.El líder político, un maestro de escuela rural y sindicalista que ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021, recibió con calma la condena acompañado de su abogado, según imágenes de televisión del Poder Judicial. El tribunal destacó que “Castillo fue detenido en flagrancia delictiva por la comisión del delito de rebelión”.El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel, donde permanece hasta ahora.En tanto, Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, fue condenada también a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado. El tribunal también emitió una nueva orden de búsqueda y captura de Chávez.

El Tribunal Oral Federal N.º 4 dispuso la detención del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en 2012 y que causó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos.

De Vido fue citado a presentarse este jueves a las 10 en Comodoro Py, donde deberá cumplir con la medida judicial. Su defensa, encabezada por Maximiliano Rusconi, anticipó que pedirá la prisión domiciliaria por razones de edad y salud.

El fallo del máximo tribunal, suscripto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos interpuestos por ambas partes, dejando firme la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.El exfuncionario fue considerado responsable de no haber controlado el uso de fondos públicos asignados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del ferrocarril Sarmiento, incumpliendo sus deberes de funcionario público.

La tragedia del 22 de febrero de 2012 marcó uno de los episodios más dolorosos del transporte argentino. El tren impactó contra el andén 2 de la estación de Once debido a fallas mecánicas y falta de mantenimiento, en un contexto de subsidios millonarios sin control estatal. La sentencia contra De Vido cierra uno de los capítulos más emblemáticos de aquella investigación judicial.

Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, fue acusado este martes de homicidio agravado y otros cargos, indicó este martes un fiscal de Utah.El cargo implica que el joven de 22 años podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Kirk la semana pasada en la Universidad del Valle de Utah, informaron DW y la cadena ABC News.“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, declaró el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al anunciar los cargos.Además, precisó que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma usada para matar a Kirk.El líder conservador recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes y murió poco después.La fiscalía alega que Robinson disparó a Kirk con un rifle desde el tejado de un edificio cercano del campus.Charlie Kirk, de 31 años, se encontraba de gira cuando realizaba un acto en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo Estados Unidos.

Nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012. NA.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró culpable por haber violado a una adolescente en una casa del barrio porteño de Caballito. El periodista fue arrestado el año pasado tras permanecer prófugo de la justicia durante dos meses.

En el fallo los jueces unificaron este caso con los cargos que el Tribunal Federal tres le impuso a Guazzora en 2021 y en total deberá cumplir con una condena de 12 años de prisión.

De acuerdo a la resolución, los magistrados Javier Esteban de la Fuente, Marcelo Roberto Alvero y Maximiliano Balmaceda ordenaron que sus datos genéticos sean registrados en el listado de criminales sexuales conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 26.879.

Además, la madre de la menor fue condenada a diez años de prisión ya que fue considerada cómplice y entregadora de su hija.Los abusos sexuales en perjuicio de la víctima fueron perpetrados entre marzo y abril del año pasado en una casa de Caballito, al tiempo que la entrega fue concretada a cambio de estupefacientes.La fiscalía recuperó una serie de chats que resultaron importantes para comprobar los ataques sexuales al igual que los informes médicos sobre la damnificada.

Según los mensajes, Guazzora “requería” niñas o adolescentes para mantener relaciones sexuales. Una persona le “ofrecía” a sus hijas y le pasaba un CBU bancario, administrada por la madre de la menor.La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a cargo de Romina Del Buono, intervino y realizó un peritaje de los dispositivos. Los fundamentos del veredicto se conocerán el 6 de febrero.

María Laura Balonga (Infobae) - El cirujano Daniel Ojeda (60), apodado el “Lotocki entrerriano”, había admitido su responsabilidad ante los jueces que lo juzgaron por la muerte de una paciente en la clínica trucha que montó en 2022 en Villa General Mitre, CABA. Ya sabía de lo que se trataba: la Justicia de Entre Ríos lo había condenado por el homicidio de una mujer y por lesionar a otras dos. También lo inhabilitó para ejercer la medicina. Este martes, los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 porteño le unificaron la pena en 11 años de prisión y en 16 quedó la prohibición sobre su profesión.Los jueces del TOCC N°1, Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance, consideraron a Ojeda responsable por los delitos de homicidio simple en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial y le dieron la pena de 8 años de cárcel. Sin embargo, como cuando mató a su segunda paciente ya estaba condenado a 8 años de prisión por otro homicidio ocurrido en la ciudad de Concordia y, además, tenía prohibido ejercer la medicina por 16 años; la pena unificada para Ojeda quedó en 11. Los fundamentos del fallo que se conoció este martes se difundirán el próximo 1º de octubre. Pero, en este caso, el falso Lotocki “a principios del juicio reconoció su responsabilidad en los hechos que le imputan”, según pudo saber Infobae. Fue ante esto que la Fiscalía, representada por Horacio Azzolin y la auxiliar Jazmín Auat, solicitó en su alegato la condena que finalmente le concedieron los jueces.Así, el “Lotocki entrerriano” extiende su estadía en el penal de Ezeiza, donde ya cumplía la condena por homicidio imprudente y un amplio abanico de lesiones que le otorgó la Justicia de Entre Ríos por la muerte de una paciente en 2019 en la ciudad de Concordia: la uruguaya Iris Amaro (45) falleció dos días después de someterse a una liposucción con Ojeda. Ese fallo fue confirmado en marzo de este año.Eso no lo disuadió de seguir practicando tratamientos estéticos riesgosos y en lugares no aptos. Así, se fue de Entre Ríos e instaló en Buenos Aires otra clínica clandestina en la que ofrecía servicios de estética-plástica. El 3 de junio de 2022, Débhora Campos Gonzáles murió tras someterse a una liposucción, según la investigación que llevó adelante el fiscal Marcelo Retes, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23. Por esa causa llegó al juicio que concluyó este martes y la estancia de Ojeda en la cárcel de Ezeiza se alarga.

La muerte de Campos Gonzáles

En la causa por la que fue condenado este martes, Ojeda reconoció que fue responsable de la muerte de Campos Gonzáles. Según la autopsia que está en el expediente, el fallecimiento pudo “deberse a dos posibilidades”: un uso “indebido de drogas anestésicas inyectadas, o a consecuencia del dolor que habría sufrido producto de anestesia mal proporcionada o combinada, durante el procedimiento llevado a cabo”.Ojeda le practicó a la víctima una cirugía estética coincidente con una liposucción y eso le produjo, siempre según la causa, “una descompensación hemodinámica... que al no poder ser revertido fue seguido de muerte”.También se destacó en la autopsia que los forenses hallaron tres “punturas vitales” similares a las que se ven para lograr un “inyección intracardíaca”. Las lesiones atravesaron la parrilla costal, la pleura y el pulmón izquierdo, provocando enfisema, que no tuvo “idoneidad para causar la muerte”, pero se dejó en claro que se buscó acceder al corazón y “no se logró”.Por lo que se consideró que “no utilizó el instrumental adecuado o bien careció de pericia para utilizarlo”, pero tampoco pidió una ambulancia del SAME y no hubo indicios de que la víctima haya sido intubada, algo que, quizá “podría haber mejorado su situación”.Para la Justicia, Ojeda operó sin “el acompañamiento de profesionales médicos” que se requieren para casos de este estilo, “como mínimo, un anestesiólogo”. Pero, además, el departamento en el que se hizo la cirugía no estaba habilitado como clínica, sino que era para habitar como vivienda “sin poseer las instalaciones sanitarias correspondientes, hallándose en el lugar elementos de quirófano oxidados y defectuosos”.Allí se encontró un desfibrilador y un electro bisturí que “no poseen antecedentes de habilitación ni registro ante la ANMAT” y, además, le atribuyeron que “no proporcionó la información correspondiente” a la víctima: no le hizo firmar los formularios de consentimiento.Pero, sobre todo, Ojeda, según la acusación, violó la prohibición que tenía desde el 15 de enero de 2021 por la causa de Concordia por la muerte de Amaro y por la cual estaba inhabilitado para ejercer la profesión.“Representándose y previendo cabalmente el eventual resultado de muerte, a sabiendas de las condiciones generales en que llevaría a cabo la práctica quirúrgica investigada, la falta de pericia y conocimiento en la materia, la inhabilitación para su ejercicio; programó, inició y continuó la misma sobre el cuerpo de la víctima, conformándose con la posible producción del resultado fatal, no adoptando tampoco conducta alguna demostrativa de voluntad de evitar el mismo”, rezaba la acusación que lo puso en el banquillo y por el que ha admitido su responsabilidad.El caso contra Ojeda le valió al cirujano el apodo del “Lotocki entrerriano” por las similitudes con la muerte de Rodolfo Christian Zárate y de Romina Vega por las que Aníbal Lotocki va a juicio y fue absuelto, respectivamente. 

�SHacer lugar al pedido en subsidio efectuado por la defensa para que Gustavo Darío Alfonzo pueda realizar labores extramuros y requerir a tal efecto a la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú que otorgue un cupo a la mayor brevedad posible⬝, dice el punto 2 del fallo de este martes emitido por el juez Roberto López Arango, del TOF de Paraná.

López Arango se expidió en ese veredicto acerca de las solicitudes efectuadas por la defensa acerca de la sanción impuesta por la Dirección de la Unidad Penal N°2 de Gualeguaychú a Gustavo Alfonzo el 13 de septiembre de 2022, y el pedido de ingreso al régimen de salidas transitorias socio familiares. La medida correctiva consistió en cinco días de permanencia en alojamiento individual.

Para la defensa, Alfonzo desconocía que estuviera prohibido poseer el dinero, el cual se le encontró durante una requisa en una billetera y, según argumentó, lo había obtenido de la venta de elementos personales: un televisor, un ventilador y un par de zapatillas.

Para el juez, el condenado conocía la prohibición, dado que está detenido desde el 25 de noviembre de 2014 y ha transitado la ejecución de la pena en diferentes unidades penales. Además, tiene dos sanciones anteriores por la misma infracción

En 2018, en la UP 3 de Concordia, le dieron cinco días en celda individual por tener en su poder un teléfono celular. En esa oportunidad �dice el fallo� dijo saber que �Stener dinero y otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros, es considerado una falta grave el régimen disciplinario pasible de sanción⬝. La otra sanción fue en octubre de 2020 y consistió en el traslado a otra cárcel por haber tenido en su poder estupefacientes y un teléfono celular

Por otro lado, el director de la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú desestimó el pedido de incorporación al régimen de salidas transitorias socio familiares de Gustavo Alfonzo, debido a que no contaba con adecuada calificación de conducta y concepto, basándose en la conclusión desfavorable del Consejo Correccional y del Informe Técnico Criminológico. Además, el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata informó que la víctima manifestó no estar de acuerdo con que se diera el beneficio.

La Fiscalía también se opuso a que se le otorgaran las salidas, dada la opinión en contra de la víctima, a que los informes son unánimemente desfavorable y a que Alfonzo no se involucró satisfactoriamente en el tratamiento que se le ofrece, �Ssin poder los profesionales del equipo evidenciar un cambio positivo en el discurso, posicionamiento y subjetividad⬝ 

Finalmente, el juez entendió que antes de gozar de las salidas �Sel condenado deberá revelar un mejor grado de participación en actividades positivas dentro del ámbito penitenciario, acoplándose al programa de tratamiento propuesto, debiendo continuar con el espacio laboral y educativo, fortalecer el encuentro con sus familiares y concurrir a entrevistas del área de psicología, aprovechando a tales efectos los espacios institucionales intramuros que se encuentren a su disposición en la unidad penal⬝. En consecuencia, no hizo lugar al pedido de salidas transitorias socio familiares, pero sí hizo lugar a la solicitud en subsidio efectuada por la defensa para que Gustavo Alfonzo pueda realizar labores extramuros.(I:Analisis)

�SYo estaba haciendo un trabajo académico⬝, dijo Suárez y continuó: �SMe produce lástima las personas que analizan imágenes fuera de contexto⬝. Según la protagonista del escándalo en la provincia de Chubut, su cometido es escribir un libro sobre la historia del asesino y su familia.

�SDe alguna manera necesito arrancar, para aprovechar la feria y poder ofrecer este producto a distintas editoriales⬝, argumentó.

A la jueza penal de Comodoro Rivadavia, quien ahora está sancionada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, se la vio besándose, compartiendo mates y sacándose selfies junto a Bustos en la prisión.

Así es como se ordenó iniciar actuaciones administrativas por �Sconductas inadecuadas⬝.

Sin embargo, sostuvo que los motivos de la visita al internado fueron totalmente laborales.

�SNo soy tonta, yo se que en los lugares de detención hay cámaras. No voy a ir a exponerme con algo que no es cierto⬝, dijo.

La magistrada, en tanto, aclaró que el hombre insistió porque �Sestaba muy contento y efusivo⬝ por la propuesta de participar en un trabajo de investigación: �SNo es una relación sentimental y tampoco es un beso⬝.

Además de especializarse en el cibercrimen, Mariel Suárez es una férrea defensora de la paridad de género dentro de la Justicia. Así se muestra en sus redes sociales, donde publicó algunas entrevistas en las que se refirió al tema.

Respecto a lo que ocurrirá con su carrera, Mariel dijo que cuenta con testimonios que dejarían en claro que el contacto fue únicamente por trabajo.