Por Iago Vieyra - La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Lázaro Báez continuará su detención en la cárcel y rechazó el pedido de prisión domiciliaria que presentó su defensa. Purga una pena de 15 años por “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.La decisión se tomó con el voto mayoritario de los jueces Javier Carbajo y Ángela Ledesma, mientras que el camarista Mariano Borinsky se pronunció en disidencia, a favor de otorgar el beneficio.Con este fallo, se confirmó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4 de retirarlo del Hospital Central Penitenciario para ser alojado en el pabellón “K” del penal de Ezeiza.El empresario patagónico condenado por lavado de dinero, a través de sus abogados, argumentó que el establecimiento penitenciario no contaba con los recursos necesarios para tratar sus múltiples problemas de salud y que su presencia en su casa resultaba indispensable para el cuidado de su pareja y sus hijos.La defensa fundamentó el reclamo en la edad del condenado, quien tiene 69 años y está próximo a cumplir 70, así como en un cuadro clínico que incluye diabetes tipo II, hipertensión arterial, asma y antecedentes cardíacos.Además, indicaron que su estadía en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza agravó sus patologías debido a supuestas deficiencias de higiene y falta de atención médica especializada. Y alegaron que la distancia de más de 2.700 kilómetros respecto a su domicilio familiar en Santa Cruz impedía el contacto fluido con sus seres queridos.Según la defensa, la pareja de Báez padece una enfermedad oncológica y, por esta razón, el dueño del grupo Austral cumplía un rol fundamental en la crianza de los dos hijos menores de ella, de 12 y 14 años. De acuerdo a este planteo, la ausencia del empresario generó un deterioro emocional en los niños y una sobrecarga para la madre, quien debe afrontar su tratamiento médico.El voto mayoritario desestimó estos argumentos y ratificó que el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza está en condiciones de alojar detenidos con problemas de salud como los de Báez.El juez Carbajo destacó que los estudios realizados por especialistas en neumonología, cardiología y oftalmología del Cuerpo Médico Forense y el SPF concluyeron que el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y compensado.Lázaro Báez tiene otra condena confirmada en Casación por el caso “El Entrevero”, a cuatro años y seis meses de cárcel, que aún no fue revisada por la Corte SupremaLos peritos oficiales indicaron que las dolencias podían tratarse adecuadamente dentro de la unidad carcelaria, siempre que se cumplieran las indicaciones farmacológicas y los controles periódicos.El fallo remarcó que el Servicio Penitenciario Federal informó contar con la infraestructura, el personal y el equipamiento necesarios para atender las necesidades sanitarias del interno, incluyendo guardia médica permanente y ambulancia para traslados de urgencia.Para los magistrados que lideraron la votación, la defensa no logró probar que la permanencia en prisión implicara un riesgo cierto para la vida de Báez ni que existiera una falta de atención por parte del Estado.En cuanto a la situación de los menores, los jueces Carbajo y Ledesma consideraron que no se verificó un estado de desamparo que justificara la excepción al régimen de ejecución de la pena.Evaluaron que los niños conviven con su madre, quien recibe ayuda de otros familiares, y que sus derechos a la educación y la salud se encuentran resguardados. Además, señalaron que la mujer cuenta con medios económicos para la subsistencia del grupo familiar.Por el contrario, el juez Borinsky votó en soledad por conceder el arresto domiciliario. En su disidencia, valoró que el acusado estaba próximo a cumplir la edad que la ley contempla para este beneficio y que sus patologías crónicas mostraban un agravamiento progresivo. También ponderó el interés superior de los niños y la conformación de una familia ensamblada, coincidiendo con el dictamen de la unidad funcional especializada en menores, la cual había apoyado la solicitud.Finalmente, la resolución judicial dispuso que las autoridades carcelarias garanticen la comunicación de Báez con sus familiares según la normativa vigente. Asimismo, el tribunal autorizó que el condenado sea trasladado a un pabellón común -denominado con la letra “K”- dentro del penal de Ezeiza para iniciar su tratamiento penitenciario, dado que los médicos informaron que ya no requería internación continua en el área hospitalaria.

 El Gobierno de China, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió este miércoles una fuerte condena contra la operación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y exigió el respeto absoluto a los activos e intereses económicos que el gigante asiático mantiene en el país.La portavoz de la cancillería, Mao Ning, subrayó en rueda de prensa que Venezuela es un Estado soberano con derecho inalienable sobre sus recursos naturales, especialmente sus reservas de crudo. “Los derechos e intereses legítimos de otros países en Venezuela, incluidos los de China, deben ser protegidos”, sentenció la funcionaria, en clara referencia a los multimillonarios acuerdos de infraestructura y energía firmados entre Beijing y Caracas en la última década.Beijing denunció que la demanda de la administración Trump para priorizar los intereses estadounidenses en la gestión de los recursos petroleros venezolanos constituye una violación grave del derecho internacional. Según Mao, esta postura socava los derechos del pueblo venezolano a decidir su propio destino económico y atenta contra la estabilidad del mercado energético global.Condena al uso de la fuerza: China considera el operativo militar como un atropello a la soberanía nacional y a la integridad territorial de Venezuela.Seguridad jurídica: Exige que el cambio de situación política no afecte los contratos vigentes ni las deudas pendientes de Venezuela con empresas chinas.Intimidación: Calificó el accionar de Washington como una política de “bullying” internacional que ignora las normas básicas de convivencia entre las naciones.La postura de China se alinea con la de Rusia, conformando un bloque de potencias que cuestionan la legitimidad de la intervención estadounidense. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, Beijing ha adelantado que apoyará cualquier resolución que busque frenar la injerencia extranjera y promueva una salida negociada sin “gobiernos impuestos desde el exterior”.

La Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y a Rosario y Victoria a ejecutar el plan PIECAS-DP ante la persistente quema de pastizales en el Delta del Paraná.El máximo tribunal, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, ordenó implementar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta, al detectar que los incendios se originan principalmente en jurisdicción de Victoria y que no hubo avances en las políticas preventivas acordadas. La demanda había sido presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que denunció daños por humo y hollín en Rosario y reclamó medidas urgentes para frenar los focos ígneos. Las provincias y municipios involucrados presentaron sus descargos con responsabilidades cruzadas.

Con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la Corte reiteró que el PIECAS-DP es el espacio adecuado para coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios, y sostuvo que el monitoreo del plan no corresponde al Poder Judicial, sino a las autoridades políticas. El Tribunal resolvió condenar a todos los demandados a ejecutar el PIECAS-DP, instalar equipamiento de alerta temprana, avanzar con la red de Faros de Conservación y aplicar planes de control y manejo del fuego en el Delta, con costas.

El magistrado dispuso también que S.A.D. sea trasladado a la unidad penal que disponga el Servicio Penitenciario –ya que se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía de Federal-, conforme el cupo disponible, donde quedará detenido y a disposición de la causa. S.A.D. había sido declarado autor penalmente responsable de delito de “Abuso sexual simple, agravado por el vínculo, reiterado”.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Eugenia Molina y los fiscales Mario Guerrero y Martín Irurueta, en tanto que los abogados Rafael y Diego Briceño asistieron al imputado.Se trató del centésimo cuadragésimo noveno juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil alcanzó este viernes la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del ex presidente Jair Bolsonaro y confirmar la sentencia de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, dictada en septiembre.El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el primero en pronunciarse y su voto fue secundado en las horas siguientes por los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin, según reportes del diario Folha de Sao Paulo. La votación virtual, que no contempla debate presencial, se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, pero se espera que el resultado final sea unánime contra el recurso presentado por Bolsonaro.El proceso judicial, desarrollado en el plenário virtual del STF, implica que los jueces pueden emitir su voto en cualquier momento dentro del plazo estipulado. La jueza Cármen Lúcia aún no ha registrado su posición, mientras que el ministro Luiz Fux, tras dejar la Primera Sala, no participará en la apreciación de los recursos del ex mandatario ni de los demás acusados en la causa. La expectativa es que no se produzca una solicitud de vista ni se lleve el caso al pleno físico, descartando así dilaciones significativas en esta instancia.En el voto de Moraes, presentado en un documento de 141 páginas al que accedió la Agence France-Presse, el magistrado reiteró el papel de Bolsonaro como principal líder de una organización criminal. El texto describe cómo, junto a varios colaboradores, conspiró para vulnerar el orden democrático tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Moraes también reafirmó su acusación como instigador de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando cientos de seguidores de Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los poderes públicos en Brasilia.Durante el juicio, la defensa del ex presidente argumentó supuestas “profundas injusticias” y “contradicciones” en el fallo, denunciando obstáculos para el ejercicio de su derecho a la defensa y buscando reducir la pena. Sin embargo, Moraes descartó estas objeciones, afirmando que todas las pruebas estuvieron disponibles para los abogados y negó la existencia de restricciones a la defensa. “La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena”, escribió el juez, quien además cerró la puerta a una eventual disminución de la condena.Actualmente, Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria preventiva, impedido de realizar declaraciones públicas o utilizar redes sociales. De confirmarse la negativa definitiva al recurso, quedará abierta la vía para una apelación adicional, aunque esta podría descartarse sin entrar en consideración de fondo. Si no prospera, la condena comenzará a ejecutarse formalmente, colocándolo ante la perspectiva de ingresar a prisión.En este escenario el magistrado Moraes será el encargado de definir el régimen de cumplimiento de pena. Entre las opciones analizadas figura la permanencia en arresto domiciliario, el traslado a una sala especial en la penitenciaría de Papuda, en el Distrito Federal, o su alojamiento en una celda de la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, e incluso la derivación a una unidad militar.La defensa podría invocar el delicado estado de salud del líder derechista, de 70 años, para solicitar, en caso de condena firme, que se le conceda cumplir la pena en domicilio. La referencia es el caso de Fernando Collor de Mello, presidente entre 1990 y 1992, quien obtuvo esa modalidad en mayo para una condena de ocho años por corrupción. Bolsonaro presenta secuelas físicas derivadas de una puñalada sufrida en 2018 y fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque las lesiones le fueron extirpadas.Paralelamente, tras la ratificación de la condena, el entorno de Bolsonaro y sectores aliados impulsaron en el Congreso un proyecto de ley de amnistía destinado a beneficiar al ex mandatario y a los participantes de los disturbios del 8 de enero. Sin embargo, la iniciativa perdió fuerza después de registrarse protestas multitudinarias en diversas ciudades. (Con información de AFP y EFE)

El ex líder conservador de 70 años fue declarado culpable de participar en una conspiración criminal relacionada con la presunta financiación de la campaña del fallecido líder libio Muammar Gaddafi.

“Quiero decirle al pueblo francés, con la inquebrantable fuerza que me caracteriza, que no es un expresidente de la República quien está encarcelado esta mañana; es un hombre inocente”, escribió, mientras que su abogado, Christophe Ingrain, confirmó que se presentó una solicitud de liberación.

El 25 de septiembre, el Tribunal Penal de París condenó a Sarkozy a cinco años de prisión por conspiración criminal relacionada con la presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007.

Aunque apeló el veredicto, los jueces ordenaron que la sentencia se ejecutara de inmediato, alegando la “excepcional gravedad” de los delitos y Sarkozy se convierte así en el primer expresidente francés de la historia moderna en cumplir una pena de prisión.

El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el fallido atentado en el que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El vendedor de algodones de azúcar que gatilló un arma en la cabeza de la ex presidenta de la Nación fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que su exnovia, declarada partícipe necesaria del plan criminal, recibió una pena de 8 años.En tanto, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron -tal como se esperaba- a Nicolás Carrizo, sindicado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre, según informaron los jueces en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.En primer lugar, el Tribunal desestimó los pedidos de las defensas para declarar inimputable a Fernando Sabag Montiel, por su “trastorno psicótico”, y suspender el proceso contra Brenda Uliarte por incapacidad mental sobreviniente.En un fallo unánime, Uliarte y Sabag fueron declarados culpables por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Los jueces desestimaron los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política que había incluido la Fiscalía.Cabe recordar que la fiscal Baigún, en su alegato, había pedido condenas de 15 años para el autor y 14 para su cómplice.A Fernando Sabag Montiel también lo sentenciaron por la portación ilegal de arma de guerra, aunque fue absuelto por la receptación ilegítima de la misma.El TOF N° 6 unificó la condena de Sabag en una pena total de 14 años de prisión, ya que purga otra por 4 años y 3 meses por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.Brenda Uliarte fue declarada partícipe necesaria del intento de magnicidio. La absolvieron de la acusación de receptación y tenencia ilegal de arma. Cumplirá una pena única de 8 años y 2 meses de cárcel -le habían dado un año por falsificación de DNI-.Los antecedentes de ambos surgieron a partir de los allanamientos a sus domicilios y peritajes de sus teléfonos que se hicieron en el marco de la investigación del atentado.

Últimas palabrasMás temprano el TOF N° 6 permitió a los acusados dar sus “últimas palabras” antes del veredicto. Fernando Sabag Montiel lo hizo primero e intentó trazar un paralelismo entre su caso y la muerte del fiscal Alberto Nisman. La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, lo interrumpió para advertirlo y le pidió que se enfoque en lo que ocurrió en el juicio.Siguió su alocución con desvaríos. Por ejemplo, sugirió que quieren matarlo y que “le quieren tirar el muerto” al diputado del PRO Gerardo Milman, quien fue investigado por su presunta vinculación con la planificación del atentado. “Me parece una bajeza total cómo lo incriminaron”, se quejó Sabag.Por último teorizó que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, le pidió personalmente a Cristina Kirchner durante su último encuentro en San José 1111 “que se encargue” de garantizar una supuesta extradición que pretendería el país vecino, donde nació Sabag.Brenda Uliarte, por su parte, no hizo uso de sus últimas palabras. Pasó la última audiencia aislada del resto, cercada por un perímetro de agentes del Servicio Penitenciario Federal que evitaron cualquier contacto con otras personas.Nicolás Carrizo se pronunció brevemente y lamentó su paso por la cárcel: “Siento esa impotencia por dentro por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más”, dijo.

El atentadoEl juicio contra los ejecutores del intento de asesinato de la entonces vicepresidenta comenzó a fines de junio de 2024, y en poco más de un año declararon 157 testigos.A partir de las pruebas recabadas durante la investigación -a cargo del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti-, la fiscal Baigún estableció que el atentado a CFK fue “una decisión adoptada previamente por ambos” con la finalidad de “impedir que siga desarrollando su vida política”, tal como dio por demostrado luego del debate oral y público.La pareja “se infiltró entre la multitud que se había congregado frente al domicilio de Cristina, simulando ser simpatizantes de la misma”, durante la noche del 1 de septiembre de 2022 en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.Según reconstruyó la fiscal Baigún, el principal acusado portaba una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32, marca Bersa, cargada con cinco proyectiles y apta para disparar.“Una vez que se encontraba a escasos centímetros de la doctora Fernández de Kirchner, -Sabag- apuntó contra su rostro y gatilló en una oportunidad. El hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió, y cuando se disponía a recargar nuevamente fue interceptado por la multitud que se encontraba en el lugar”, dio por probado la acusación. Infobae.

La Procuración del Tesoro de la Nación logró un resultado favorable en la defensa de la República Argentina en tribunales internacionales, al alcanzar la reducción de una condena millonaria que había sido impuesta al país por hechos originados en el 2001.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el monto de la condena se reduce de unos USD 147 millones a USD 117 millones.Es decir, el erario púbico se ahorrará casi 30 millones de dólares, unos 42.000 millones de pesos.El tribunal CIADI (resolución de controversias) le dio la razón a la Argentina y resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina”. La decisión hizo lugar al pedido de rectificación presentado por la Procuración el pasado 11 de junio y representa un paso concreto en la mejora de la posición del país frente a reclamos heredados.La controversia tiene su origen en la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora. “Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales”, explicó la Procuración del Tesoro.En un comunicado, el organismo reafirmó su “compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos”.

La mayoría de los jueces del Supremo Tribunal de Brasil votó este jueves para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022. El exmandatario fue declarado culpable de cinco cargos, y se espera que el panel de cinco jueces decida la sentencia, que podría equivaler a décadas de prisión.El fallo profundiza la división política en Brasil y probablemente provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos. Según supo Noticias Argentinas, el juicio a Bolsonaro cobró nueva relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, vinculara un arancel del 50% sobre productos brasileños a la situación legal de su aliado, calificándolo de “caza de brujas”.

El veredicto y las posibles consecuenciasEl juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, declaró que Bolsonaro era el líder de un complot golpista y de una organización criminal, y votó a favor de condenarlo. La jueza Cármen Lúcia se sumó a esta decisión, consolidando la mayoría en el panel.Bolsonaro, de 70 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y no asistió al tribunal. Sus abogados han anunciado que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo, compuesto por 11 jueces.A pesar de sus problemas legales y de haber sido inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030, Bolsonaro sigue siendo una figura política poderosa en Brasil. Se espera que, tras este fallo, elija a un heredero político para competir en las próximas elecciones presidenciales contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.Además, la condena podría motivar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar una amnistía a través del Congreso. El debate sobre la sentencia se espera para este viernes, y podría intensificar la presión sobre el expresidente para definir su futuro político.

El portavoz hizo estas declaraciones al ser consultado sobre el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos llevó a cabo ataques contra tres instalaciones nucleares en Irán.Las acciones de Estados Unidos violaron gravemente los propósitos y principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional, y han intensificado las tensiones en Medio Oriente, declaró el portavoz.China hace un llamado a las partes en el conflicto, Israel en particular, para alcanzar un alto el fuego cuanto antes, garantizar la seguridad de los civiles, e iniciar el diálogo y la negociación, señaló el vocero.China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para aunar esfuerzos y defender la justicia, y trabajar para restaurar la paz y la estabilidad en Medio Oriente, expresó el portavoz. (Xinhua).

Tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N.º 2 autorizó que la ex presidenta cumpla la pena en su domicilio. Deberá usar tobillera, acatar normas de conducta y presentar una lista de visitantes.El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La decisión se conoció días después de que la Corte Suprema ratificara la sentencia.La ex presidenta fue notificada de forma remota, evitando así su comparecencia en Comodoro Py. Deberá portar una tobillera electrónica, cumplir estrictas reglas de permanencia en el domicilio y presentar en 48 horas una nómina de familiares, médicos y abogados que podrán visitarla sin autorización judicial previa.Según la resolución judicial, sola podrá abandonar su hogar en casos de fuerza mayor debidamente justificados y, fuera de esas excepciones, deberá contar con autorización expresa del tribunal. Además, se le exige “no alterar la convivencia del vecindario” ni generar disturbios en su entorno.La decisión fue adoptada pese a la oposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes rechazaban la domiciliaria. También se opuso la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que advirtió que el cumplimiento de la pena en Constitución podría afectar la movilidad, seguridad y servicios en la zona.Afuera del domicilio de la ex mandataria, en San José y Humberto 1°, continúan las muestras de apoyo de militantes y simpatizantes. 

La expresidenta se refirió a la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena por la causa Vialidad, que no le permite ser candidata en las próximas elecciones.Minutos después de la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena por la causa Vialidad y la inhabilita para ejercer cargos públicos de por vida, Cristina Kirchner habló desde la puerta de la sede del PJ Nacional y apuntó directamente contra la Justicia argentina.

“Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, afirmó la ex mandataria.Y agregó: “En realidad, a este cepo no lo ponen este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema, no se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda. Tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina, compañeros y compañeras. Ese que cuando se produjo el intento de magnicidio aquel primero de septiembre a los pocos días tituló ‘La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá’. En tapa. Más clarito echale agua”.

“¿Saben por qué este cepo? Porque no van a cometer el mismo error que cometieron en el año 2019 cuando creyeron que, después de haber perdido las elecciones en el 2017, y después de esa campaña de estigmatización y vandalismo sobre mi persona, estaba acabada. Un detalle que seguramente se les escapa. Esta causa, tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes”, sentenció.

La ex presidenta salió a la vereda y subió a un escenario improvisado en el ingreso del edificio de la calle Matheu, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se mostró entera luego de la confirmación de la condena en su contra y retomó los argumentos que viene esgrimiendo para desacreditar a quienes la juzgaron, interpretando que los fallos son una represalia política por el proceso que lideró como presidenta.“¿Los argentinos nos votaban porque destruíamos el país? ¿Eso lo dice Macri, ese fracasado que lo sacaron a patadas? ¡Vamos! ¡A quién quieren engrupir!”, exclamó la ex presidenta. “O sea que ahora los argentinos somos todos otarios”, ironizó.

“La paradoja, como les decía es: ellos en libertad y yo presa”, dijo Cristina Kirchner, vinculando a sus adversarios políticos como promotores de su declive judicial. “Quiero decirles algo: mientras los Sturzenegger, los inefables ”Totos” Caputos, los Macri de los parques eólicos, caminen sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad política, créanme que lo siento de esa manera”, agregó.En esa línea continuó que la Justicia avanza contra “los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo y logran la distribución del ingreso más equitativa, que es lo que nunca nos van a perdonar a los peronistas” “Es contra los que sostenemos que el trabajo debe participar en el capital ”fifty fifty” (en partes iguales), porque es lo más justo, lo que da dignidad”, arengó Cristina Kirchner en la puerta de la sede del PJ.

“Te cierran La Salada porque te falta el papelito y al mismo tiempo te dicen que los que fugan los dólares son héroes, tenemos que tener claridad”, agregó.“Me pueden meter presa pero los medicamentos cada vez están más caros, los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer cuatro comidas por día. Pueden meterme presa, pero tarde o temprano, puede tardar más o menos tiempo, pero el pueblo finalmente es como un río, se puede desviar el cauce pero finalmente el agua se filtra y pasa”, sostuvo.Luego agregó: “Yo espero que sea el peronismo, ese espacio político que abrí desde muy joven y en el que abrevé en casa - aunque con padre gorila, que Dios lo tenga en la gloria -, espero que ese cauce pueda ser conducido por esta fuerza política”.“La experiencia me enseña que el pueblo no se resigna a no tener derechos. No lo van a resignar. Y si enfrente encuentran dirigentes que sí se resignan, elegirán a otros, no tengan dudas que va a ser así“, dijo más adelante.“A militar, a organizarse, a profundizar el acercamiento y la empatía con la gente. Es fundamental que vean una dirigencia política y social comprometida con los problemas que tiene la gente y no con los problemas que tienen entre ellos, es lo que necesita la gente”, cerró finalmente. Infobae. 

La decisión de la Corte Suprema de Argentina de confirmar la condena por corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner —inhabilitándola de por vida para ocupar cargos públicos— generó una ola de repercusiones en la prensa internacional. Medios de peso como The New York Times, El País de Uruguay, O Globo de Brasil, Bloomberg y el Financial Times coincidieron en destacar el carácter histórico del fallo y el impacto que tendrá en el panorama político argentino.El diario neoyorquino recordó que la ex mandataria fue hallada culpable de haber favorecido contratos de obras públicas durante sus gobiernos.En un artículo titulado “Argentina’s Top Court Bans Cristina Kirchner From Office”, The New York Times definió a Kirchner como una “figura dominante de la política argentina durante más de dos décadas” y subrayó que el fallo marca “el fin oficial de sus aspiraciones políticas”. El diario neoyorquino recordó que la ex mandataria fue hallada culpable de haber favorecido contratos de obras públicas durante sus gobiernos, y que aunque evitará la prisión efectiva por razones de edad, su carrera política queda “sellada”.La nota también contextualiza el caso dentro de un país con un largo historial de impunidad, destacando que se trata de “una rara instancia en que un ex jefe de Estado enfrenta consecuencias judiciales tangibles”.

El País (Uruguay): “Una decisión histórica”El País de Montevideo calificó la sentencia como una “decisión histórica” de la Corte Suprema argentina y enfatizó que Cristina Kirchner “no podrá ser candidata a ningún cargo electivo”. El medio uruguayo puntualizó que el máximo tribunal ratificó el fallo por administración fraudulenta, condena que había sido dictada por un tribunal oral en diciembre de 2022. Además, El País destacó que este fallo “cierra el capítulo judicial más relevante de la era kirchnerista” y representa “un duro golpe al peronismo, que pierde a su principal referente electoral”.

O Globo: “Deberá cumplir prisión domiciliaria”El diario brasileño O Globo abordó el tema desde una perspectiva más centrada en las consecuencias judiciales inmediatas. Tituló su artículo señalando que la Corte confirmó la condena a Kirchner, “que deberá cumplir prisión domiciliaria”. La nota subraya que, si bien aún hay recursos pendientes en instancias internacionales, la sentencia en Argentina ya es firme. El medio también remarcó la reacción polarizada en la sociedad argentina: “Mientras sectores celebran un avance contra la corrupción, otros denuncian una persecución política”, escribieron.

Bloomberg: “Prohibición de por vida”La agencia Bloomberg apuntó al impacto institucional de la decisión, informando que “Argentina’s Top Court Bans Kirchner From Public Office for Life”. El énfasis del artículo recayó en la inhabilitación perpetua, interpretada como un mensaje claro sobre los límites de la corrupción en la función pública.El medio económico estadounidense también vinculó el fallo con el actual contexto político del país y el gobierno de Javier Milei, señalando que la sentencia podría “reconfigurar los equilibrios internos del peronismo” y consolidar el discurso ‘anticasta’ promovido por el oficialismo.

El País: “Una figura central de la política argentina queda apartada”El País, el diario de mayor circulación en lengua española, escribió: “La Corte Suprema argentina confirma la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción”. La cobertura resalta que se trata de un “hecho de enorme trascendencia política” y recuerda que la ex presidenta fue condenada por favorecer irregularmente al empresario Lázaro Báez durante su mandato. El medio puntualiza que, aunque Kirchner no irá a prisión por su edad, la inhabilitación perpetua la aparta formalmente del escenario electoral.En su análisis, El País señala que la decisión del máximo tribunal “cierra cualquier posibilidad de un regreso institucional” de Cristina Kirchner y obliga al peronismo a repensar su liderazgo. Además, contextualiza la sentencia dentro de un clima político tensionado, con un oficialismo encabezado por Javier Milei que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus ejes discursivos. La nota también destaca que Kirchner no reaccionó públicamente de inmediato tras el fallo, mientras sus seguidores denunciaban una supuesta persecución judicial.

Financial Times: “Una prohibición que transforma la política argentina”El Financial Times tituló su cobertura con una afirmación contundente: “Kirchner será inhabilitada para ejercer la política en Argentina tras confirmarse su condena por corrupción”. En su crónica desde Buenos Aires, la periodista Ciara Nugent subrayó que la Corte Suprema argentina ratificó la sentencia contra la ex presidenta por fraude en la asignación de obras públicas, lo que conlleva una condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.El texto advierte que la decisión del máximo tribunal “lleva a Argentina a un territorio inexplorado”, en comparación con otros países de la región donde figuras prominentes han sido vetadas por causas judiciales. Cita al analista Marcelo García, quien afirmó que este escenario ofrece al peronismo un incentivo para reagruparse en torno a una dirigente que muchos consideran perseguida.El Financial Times tituló su cobertura con una afirmación contundente: “Kirchner será inhabilitada para ejercer la política en Argentina tras confirmarse su condena por corrupción”

ANSA: “Una decisión que sacude al peronismo”La agencia italiana ANSA también dedicó cobertura destacada al fallo, titulando: “Argentina, confirmada la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner”. El medio subrayó que la decisión de la Corte Suprema “sacude al peronismo” y representa un “golpe político sin precedentes” para el movimiento.En su nota, ANSA remarca que la sentencia “cierra definitivamente las puertas a un eventual regreso” de la ex mandataria al poder y refleja una señal de “independencia del Poder Judicial frente a figuras históricas de la política nacional”. Además, advierte sobre el impacto que esta decisión podría tener en el “delicado equilibrio interno” de la coalición peronista, ya debilitada tras las últimas elecciones. Infobae.

Silvana Boschi - En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema dejó firmes las condenas en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, al rechazar por mayoría los recursos de apelación planteados por los condenados, entre ellos, el empresario Lázaro Báez. Para resolverlo, debió sortear dos conjueces que se sumaron al tribunal. El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Mariano Lozano y Ramón Luis González, mientras que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.El tribunal oral que intervino en el caso deberá resolver ahora cuáles de las condenas son de cumplimiento efectivo y ordenar las detenciones que correspondan. En el caso de Baéz, ya se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica.Esta causa puede ser un antecedente de peso para determinar qué decisión puede tomar la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, en la que está condenada a seis años de prisión Cristina Kirchner, junto a otros acusados. El resultado de ese fallo tendrá un impacto directo en las aspiraciones políticas de la expresidenta, ya que la impediría postularse como candidata a diputada si se confirma antes de agosto.En la Ruta del dinero K, los planteos que llegaron a estudio de la Corte se vinculan con la causa que investigó la presunta intervención de Lázaro Báez y un grupo de personas físicas y jurídicas ligado al Grupo Austral, en una operatoria considerada por la Justicia como lavado de activos. En diversas instancias judiciales, tanto el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de Caba como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, consideraron que esas operatorias provenían o bien del fraude contra la administración pública o de la evasión tributaria.

Los implicadosEl 19 de mayo pasado, y ante la falta de tres votos coincidentes, la Corte Suprema tuvo que sortear dos conjueces, ya que carecía de mayoría para resolver. Resultaron designados para intervenir en esta causa los camaristas Mariano Lozano (de General Roca) y Ramón Luis González (de Corrientes). Tanto los conjueces sorteados, como Lorenzetti y Rosatti, decidieron dejar firmes las condenas de Casación mediante la desestimación de los planteos por aplicación del art. 280. En disidencia, el juez Rosenkrantz entendió que la causa debía remitirse a la Procuración General de la Nación.En relación con dichas conductas, el TOF 4 de CABA condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión; a Martín Báez a 9 años; a Leonardo Fariña a 5 años, reduciéndole la pena por haber cooperado con la investigación en carácter de “arrepentido”; a Daniel Pérez Gadín a ocho años; a Jorge Chueco a 8 años; a Julio Mendoza a 6 años; a Juan De Rasis a 6 años; a Fabián Rossi, Cesar Fernández, Leandro Báez, Eduardo Castro y Walter Zanzot a 5; a Federico Elaskar, Martín Eraso y Claudio Bustos a 4 años y 6 meses, y a Carlos Molinari a 4 años y 6 meses de prisión.La sentencia del TOF 4 fue confirmada parcialmente por la Sala IV de la Casación, que absolvió a Lázaro Báez por un hecho (la compra del campo en Mendoza) y a Molinari por otro, además de reducir las penas.Luego de este fallo, las penas que quedaron reducidas fueron las de Lázaro Báez (a 10 años de prisión), Martín Báez (a 6 años y 6 meses ), Fariña (a 3 años y 6 meses), Pérez Gadín y Chueco (a 6 años), Mendoza (a 5 años) y Rossi, Fernández y De Rasis (a 4 años y 6 meses de prisión).Contra la resolución de la Sala IV de Casación acudieron a la Corte en queja las defensas de Lázaro Báez y Martín Báez, de Chueco, de Fernández, de Mendoza, de Zanzot, de Bustos, de De Rasis, de Castro, de Rossi, de Molinari y de Pérez Gadín.Las partes acusadoras no impugnaron la decisión del tribunal intermedio, por la cual quedaron firmes las absoluciones de las dos hijas de Lázaro Báez, que habían sido condenadas por el TOF, pero desvinculadas por Casación.

Qué probó la JusticiaLa investigación se centró en distintas maniobras de lavado, independientes entre sí. La principal de ellas es la que el tribunal de juicio denominó: “circuito de expatriación y reingreso de fondos”, que alude a la maniobra consistente en el traslado del dinero de origen ilícito en efectivo, desde Santa Cruz a Buenos Aires, en aeronaves de la empresa de taxis aéreos, para luego transferirlo mediante la financiera SGI a cuentas bancarias en Uruguay y, desde allí, a cuentas en bancos suizos abiertas a nombre de empresas off shore constituidas en Panamá.Finalmente, los fondos habrían sido utilizados para adquirir bonos de la deuda pública nacional, posteriormente vendidos en la Argentina para completar la repatriación de los fondos. INfobae.

Lo hizo al presentar su recurso de queja ante el máximo tribunal, lo que también más temprano había hecho la defensa de la ex mandataria con el reclamo de su absolución en la causa.Villar, en su escrito de 10 páginas al que accedió Infobae, mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral. Allí Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py la condenó a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.La Fiscalía apeló a Casación y en esa instancia Villar mantuvo el pedido de 12 años. Pero Casación, también por mayoría, ratificó el fallo. Así, Villar apeló a la Corte con un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que ahora acude directamente al máximo tribunal con un recurso de queja.“La decisión de la CFCP luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”, sostuvo el fiscal en su presentación ante la Corte Suprema para objetar el fallo de Casación.Villar también apeló las absoluciones que se dictaron en el juicio oral y que ratificó Casación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que también sean condenados.En su presentación, el fiscal resaltó que en la causa “se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal”.Así basó su pedido para que la Corte Suprema intervenga en el caso y acepte su planteo. Además, objetó que Casación haya rechazado su primera apelación para ir al máximo tribunal: “con tratamiento aparente de los agravios planteados por esta parte, fundamentos dogmáticos y un análisis fragmentado de las pruebas, el Tribunal Oral Criminal Federal y la Cámara Federal de Casación Penal excluyeron, de manera definitiva, la imputación del delito de asociación ilícita para alguno de los imputados y administración infiel para otros”.Villar y la defensa de Cristina Kirchner no fueron las únicas partes que presentaron sus recursos de queja ante la Corte Suprema. También lo hicieron las defensas del ex secretario de Obras Públicas José López, del empresario Lázaro Báez, del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavessi, Juan Carlos Villafañe y Mauricio Collareda. El plazo para completar las apelaciones vence mañana.En su recurso de queja, la ex presidenta pidió su absolución y además que no intervenga en el caso el juez de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, a quien recusó.Explicó que el juez fue designado por decreto por el presidente Javier Milei y que eso vulnera su independencia porque su continuidad en el cargo depende del jefe de Estado.La defensa explicó que la semana pasada Milei dio un reportaje en el que sostuvo que Cristina Kirchner va a ir presa por esta causa. “En tal contexto, la integración de este Alto Tribunal con un magistrado nombrado en comisión, designado por el propio Presidente de la Nación, quien anticipa o reclama lo que debe resolverse en el caso, genera un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo”, sostiene la recusación. NA.

La justicia federal de Brasil ratificó la culpabilidad de Juan Darthés en el juicio por violación contra Thelma Fardin, y mantuvo su condena a seis años de prisión con régimen semiabierto, tras un recurso presentado por los abogados del actor. El Tribunal Regional Federal de San Pablo, con el voto favorable de cinco jueces, envió un mensaje claro y contundente no solo a la actriz, sino también a todas las víctimas de violencia sexual, al ratificar la veracidad de los hechos denunciadosLuego de la decisión judicial, Thelma Fardin expresó su emoción: “Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos, eso es innegable y no hay vuelta atrás. Esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía una potente señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica. Incluso a muchos varones que se conmovieron con mi historia. Hoy hay esperanzas: hemos dado un gran paso en ese camino para que las víctimas sientan la confianza a la hora de denunciar”, comentó la actriz desde Brasil según informó Amnistía Internacional.Para llegar a esta sentencia, la justicia brasileña consideró los estándares internacionales de derechos humanos en la investigación de los casos de violencia sexual. Los jueces centraron su análisis en la responsabilidad del acusado como adulto y en su rol de poder en el vínculo con la víctima, más que en evaluar la resistencia de Fardin. La sentencia dejó claro que, sin consentimiento, toda relación sexual es considerada violación o abuso, y otorgó valor al relato de la actriz, respaldado por pruebas testimoniales y periciales que acreditaron la violencia sexual.Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, celebró la decisión: “En el contexto regresivo que enfrenta la Argentina en materia de persecución y condena de la violencia de género, esta decisión judicial envía un poderoso mensaje de respaldo y apoyo para todas las niñas y adolescentes que se animan a romper el silencio y denunciar la violencia sexual, y un mensaje de que la impunidad en casos de violencia sexual no puede ser tolerada”.El caso de Thelma Fardin fue inédito en materia de cooperación internacional. Tres Ministerios Públicos Fiscales, los de Nicaragua, Brasil y Argentina, colaboraron entre sí para llevar a juicio este caso de abuso sexual. Durante el proceso, la actriz estuvo acompañada por sus abogados Martín Arias Duval, Carla Junqueira y el equipo de Amnistía Internacional Argentina. En el momento de la sentencia, Fardin se encontraba presente junto a su abogada brasileña, Junqueira. Darthés no se hizo presente para escuchar la sentencia y lo habría hecho a través de Zoom, aunque sí sus abogados.El Dr. Martín Arias Duval, abogado en nuestro país de Thelma Fardin, habló con Infobae una vez conocida la sentencia y explicó cómo se desarrolló la última parte del proceso judicial contra Juan Darthés. “Hoy se hizo la audiencia que estaba programada para resolver el recurso que había interpuesto la defensa de Darthés contra la sentencia que había sido dictada, y en la cual había resultado condenado por abuso sexual o violación a seis años de prisión”, comentó.“En la primera sentencia que se dictó, el tribunal votó de manera dividida: dos jueces lo hicieron a favor de la condena y uno votó por la absolución, pero es importante destacar que este último no lo hizo porque los hechos no estuvieran probados, sino porque consideró que los hechos no estaban previstos en el Código Penal brasileño vigente en ese momento”, añadió.El Dr. Arias Duval amplió cómo se resolvió la situación en esta segunda instancia: “por el sistema recursivo que tiene Brasil, cuando hay un voto dividido no hay unanimidad, y se debe integrar el tribunal con otros jueces. Hoy se reunieron y votaron seis jueces. Los que habían votado con anterioridad, mantuvieron sus votos y los tres jueces nuevos escucharon a las partes y emitieron su voto condenando a Darthés. Con esto, la causa quedó resuelta en cuanto a los hechos, que están probados. Esa cuestión no se puede volver a discutir”.Sin embargo, el letrado subrayó que la sentencia no se ejecutará de inmediato, ya que Darthés tiene la posibilidad de recurrir a dos instancias superiores. “Él tiene dos recursos extraordinarios posibles: un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia y luego, si no hay una evidencia clara de violación constitucional, podría llegar a la Corte Suprema”, explicó.Pero, al mismo tiempo, aclaró que la posibilidad de que Darthés revierta la decisión es baja: “Es una instancia más restrictiva, y consideramos que es bastante difícil revertir una decisión de esta naturaleza en la cual los hechos quedaron fijados y cinco de los seis jueces ya dijeron que eran delito”.El recorrido judicial de Thelma Fardin comenzó con una sentencia de absolución en mayo de 2023, por prescripción de los delitos de abuso sexual y con base en el beneficio de la duda. Sin embargo, el 10 de junio de 2024, los jueces de segunda instancia revocaron esta decisión, reconociendo la validez de las pruebas y el testimonio de la actriz, en cumplimiento con los principios establecidos en tratados internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.Ahora, este fallo histórico no solo reivindica la lucha de Thelma Fardin, sino que también fortalece la confianza en la justicia para todas las víctimas de violencia sexual en la región. (Infobae)

Un tribunal del Reino Unido ha condenado a tres ciudadanos búlgaros por espionaje para Rusia en lo que se considera una de las mayores operaciones de inteligencia extranjera descubiertas en el país. Durante el juicio, se reveló que la red de espías planeó asesinar al periodista búlgaro Christo Grozev y a su colega ruso Roman Dobrokhotov utilizando métodos extremos, incluyendo un atentado suicida y un secuestro con destino a un campo de tortura en Siria.Los periodistas afectados, conocidos por sus investigaciones sobre las operaciones encubiertas de Moscú, afirmaron que agentes rusos los han seguido en distintos países de Europa desde 2020. Según Grozev, uno de los planes para asesinarlo consistía en contratar a un terrorista suicida del Estado Islámico (ISIS) para detonar una bomba cerca de él en la calle. Otro método propuesto involucraba secuestrarlo y trasladarlo a Siria, mientras que un impostor con una máscara de látex que imitara su rostro viajaría a Rusia para ser arrestado ante las cámaras.“Sus planes eran terribles, no sólo la vigilancia, sino también el secuestro para llevarme a Moscú”, declaró Grozev a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). “Planeaban una muerte horrible con métodos más allá de cualquier imaginación”.Los periodistas han estado en la mira del Kremlin desde que expusieron la implicación de Rusia en ataques con agentes nerviosos, como el envenenamiento del disidente Alexei Navalny en 2020 y el intento de asesinato del ex espía Sergei Skripal en Salisbury en 2018.El caso se destapó en febrero de 2024, cuando las autoridades británicas arrestaron a Vanya Gaberova (30 años), Katrin Ivanova (33 años) y Tihomir Ivanchev (39 años), acusados de espiar para la Rusia de Putin. Además, se identificaron otros tres búlgaros involucrados: Orlin Roussev (47 años), Biser Dzhambazov (43 años) e Ivan Stoyanov (34 años). La célula operaba desde una antigua casa de huéspedes en Great Yarmouth, Norfolk.El espionaje estaba dirigido desde Moscú por Jan Marsalek (44 años), un ciudadano austríaco buscado por fraude financiero en el escándalo de Wirecard y señalado como intermediario de la inteligencia rusa. Marsalek habría comunicado a Roussev en 2020 que Vladimir Putin consideraba a Grozev un “objetivo prioritario”.Entre los métodos de asesinato discutidos por los espías, se mencionó también envenenar a Dobrokhotov con ricina en las calles de Londres o asesinarlo con el agente nervioso VX, utilizado en el homicidio de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. En un mensaje interceptado, Marsalek rechazó la idea de fingir un accidente en la ducha y propuso algo “más simbólico”, sugiriendo: “Quemarlo vivo en la calle o rociarlo con un ácido extremadamente potente”.

Seguimiento, allanamientos y peligro latenteLa persecución a los periodistas no se limitó al Reino Unido. Grozev denunció que agentes entraron a su apartamento en Viena en 2022, cuando su hijo estaba en casa jugando a un videojuego. “No quiero imaginar qué hubiera pasado si él hubiese salido de su habitación en ese momento”, afirmó.Dobrokhotov, editor del portal de investigación The Insider, también ha sido víctima de vigilancia extrema. En una ocasión, un agente ruso sentado junto a él en un avión logró captar su código PIN del teléfono. Su trabajo ha sido crucial en la identificación de espías rusos, lo que ha llevado a sanciones contra más de 80 empresas y 60 personas vinculadas al Kremlin.Tras la desarticulación del grupo búlgaro, la inteligencia británica advirtió a Dobrokhotov sobre una segunda red de espionaje rusa operando en territorio británico. “Comprendí que después de la detención de los búlgaros, debía haber una atención continua hacia mí y Christo, porque no detuvimos nuestro trabajo (...) Sabíamos que después del arresto del primer equipo, la tarea continuaría, y ahora está en manos del GRU (inteligencia militar rusa)”, declaró el periodista.Las autoridades británicas consideran que las operaciones de espionaje rusas representan una amenaza constante contra disidentes y periodistas.Un portavoz de la Policía Antiterrorista señaló que el Reino Unido mantiene una vigilancia estricta sobre cualquier actividad de injerencia extranjera y ofrece apoyo de seguridad a las personas en riesgo: “Hemos realizado una serie de arrestos y presentado cargos bajo la Ley de Seguridad Nacional. Alentamos a cualquier persona que tenga sospechas de interferencia extranjera a informar a su policía local”.Por su parte, Grozev, quien actualmente vive en Estados Unidos, reconoció que su salida de Europa se debió a la persistente amenaza. “No puedo regresar a Viena porque se ha convertido en un lugar demasiado peligroso para mí”, aseguró.Dobrokhotov, refugiado en el Reino Unido con su esposa e hijos, también toma precauciones extremas, aunque admite que la incertidumbre es uno de los mayores temores. “Es lo peor, no saber si preocuparte o relajarte. Ahora lo sabemos con certeza: los intentos de matarnos continúan”. (Infobae)

Burgos recibió una pena de cinco años de prisión, mientras que Mella fue condenado a tres años de prisión condicional. Ambos fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas y actividades comerciales por períodos proporcionales a sus condenas. La jueza Lilia Carnero determinó que los acusados facilitaron la liberación ilegal de mercadería en territorio argentino mediante documentos falsificados y omisiones deliberadas en controles aduaneros.La maniobra consistía en alterar los valores y cantidades de mercaderías transportadas desde zonas francas uruguayas hacia Chile, dejando una parte de la carga en Argentina sin pagar los impuestos correspondientes.  En total, se investigaron 42 operaciones fraudulentas que incluyeron actores de distintas aduanas y empresas transportadoras.La magistrada desestimó los argumentos de la defensa sobre la falta de investigación en otros países y subrayó la responsabilidad de los funcionarios argentinos en la consumación del contrabando. La sentencia destaca la gravedad del caso y su impacto en el comercio lícito y la economía nacional.

El Tribunal Oral del distrito Criminal Federal de Corrientes condenó este jueves a seis de los nueve acusados por la muerte del joven subteniente Matías Chirino en un batallón durante un rito de iniciación del Ejército Argentino en Paso de los Libres, en junio de 2022.Los condenados a ocho años de prisión por el delito de abandono de persona en concurso con abuso de autoridad son: Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta.Aunque, los ex soldados, Gerardo Sebastián Bautista, Franco Damián Grupico y Claudia Daniela Cayata fueron absueltos. El primero de ellos llegó a juicio en prisión acusado de ser coautor de homicidio. Los dos restantes nunca fueron presos y fueron sindicados como partícipes secundarios del hecho.Por último, se mencionó que ninguno de los nueve imputados fue condenado por homicidio, la calificación que llegó a juicio y por la cual la Fiscalía General de Corrientes, a cargo de Carlos Schaefer, había reclamado 20 años de prisión efectiva.

El casoEn junio de 2022 Chirino fue obligado a consumir alcohol en exceso, con el estómago vacío, a realizar ejercicios extenuantes y a sumergirse en una pileta junto a otros dos subtenientes en medio de un ritual de iniciación.De la reconstrucción se resalta que los militares forzaron a los tres jóvenes para que se colocaran la ropa de gimnasia de verano y se sumergieron en la pileta del casino de oficiales, cuya agua se encontraba sucia y a baja temperatura. Además les ordenaron que se alejaran de sus celulares para que no contaran lo que ocurría. NA. 

La liberación del padre Grassi, condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil, se podría adelantar y el próximo jueves 22 de agosto se desarrollará una audiencia clave. A la espera de la decisión, el abogado de las víctimas sostuvo estar “preocupado” por lo que pueda llegar a ocurrir con el acusado.De acuerdo a la condena establecida, el sacerdote debería salir de la cárcel recién en mayo de 2028, pero solicitó que se revise su posible “liberación anticipada, algo que se sabrá este jueves a las 11.00 en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón.Ante este escenario, el abogado Juan Pablo Gallego habló con la Agencia Noticias Argentinas sobre dicha posibilidad y se mostró preocupado, aunque sostiene que tiene los elementos necesarios para evitar que se le otorgue el beneficio de la libertad.“Voy a exponer y alegar los motivos por los cuales Grassi no puede salir. En primer lugar porque el propio Código Penal establece que no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales, por otro lado, el acusado hizo ese pedido por escrito y el tribunal de alguna manera abrió el incidente a prueba, se le pidió una pericia psicológica a la cual él se opuso y por último, hubo mucho cabildeo con el informe carcelario”, detalló Gallego sobre los motivos por los cuales no deberían otorgarle la libertad.Sin embargo, sostuvo que Grassi es un “poderoso” que siempre “aprovecha” algún momento de “distracción” para que le otorguen beneficios.En la cárcel, el acusado se recibió de abogado y en esta audiencia clave se representará a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.Mientras sigue el asombro por esta actuación, Gallego dijo estar “preocupado”, pero también “optimista” para llevar adelante la audiencia: “Es muy importante que esto se haga a la luz del día, que no quede como algo clandestino”.Fue en junio de 2009 cuando el TOC N°1 de Morón lo sentenció a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por ejercer el rol de sacerdote, estar encargado de la educación y la guarda del menor en víctima.En el juicio se comprobó que Grassi atacó en 1996 a dos menores en la Fundación Felices los Niños, la cual había creado años atrás.En 2017, la Corte Suprema dejó firme la condena y quedó alojado en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta. NA