El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina y que procesó Agencia Noticias Argentinas. El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”.La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señala que la medida “no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”.Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales “en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación”.Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el “respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”.Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos.En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el “decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate”.

El Gobierno nacional abrió el llamado a licitación pública, con alcance nacional e internacional, para concesionar una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones. En el caso de Entre Ríos, la convocatoria incluye 276 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 18 y 12, dos corredores considerados estratégicos para la provincia.El gobernador Rogelio Frigerio valoró la decisión y señaló que, tras la autovía 14, ahora se avanza con casi 300 kilómetros adicionales de rutas clave.

Destacó que se trata de una gestión trabajada en conjunto con la Nación y remarcó la necesidad de completar obras largamente demoradas, como la finalización de la ruta 18 y el mantenimiento integral de la 12.La medida forma parte de la Etapa III del programa nacional, que contempla cerca de 3.920 kilómetros en distintos puntos del país. En el denominado Tramo Mesopotámico se intervendrán 226,72 kilómetros de la autovía 18 —desde su empalme con la ruta 12 en Paraná hasta la conexión con la autovía 14 en Puerto Yeruá— y 49,39 kilómetros de la ruta 12, desde Crespo hasta Paraná.

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura provincial señalaron que la inclusión de estos tramos permitirá garantizar inversiones para mejorar corredores de alto tránsito, utilizados por el transporte de cargas, la producción agroindustrial y el turismo. Además, subrayaron que la culminación de la autovía 18 representa una deuda histórica cuya concreción impactará directamente en la seguridad vial y en la competitividad regional.

El viernes 27 de febrero vencerá el plazo para presentar ofertas en la licitación que definirá la concesión por 25 años de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores fluviales más extensos y transitados del mundo. Por esta vía circula aproximadamente el 90% del comercio exterior de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. La instancia marca el cierre de un proceso que, según fuentes oficiales, contó con el respaldo de todos los actores involucrados y la auditoría de Naciones Unidas como garantía de transparencia.El cierre del plazo para la aceptación de ofertas revelará cuántas empresas están interesadas en el millonario negocio de infraestructura. Luego de esta presentación, se pasará a un proceso de evaluación de las ofertas: primero a nivel jurídico y contable, luego a nivel de propuesta técnica y, tras mes y medio a dos meses de evaluación, recién se empezará a evaluar las ofertas en términos de precios. Se espera concurrencia: hubo más de 200 consultas, embajadas hicieron sus presentaciones con el Gobierno en representación de sus empresas y según pudo saber este medio al menos tres gigantes manifestaron su intención de participar. Claro que esas intenciones dependen de la aprobación de los directorios de cada empresa y, la presentación de este viernes, terminará de revelar quiénes están dispuestos a ir hasta el final.El proceso licitatorio implicará inversiones estimadas en más de 10 mil millones de dólares, según las estimaciones difundidas en el comunicado oficial. El pliego, resultado de mesas de trabajo convocadas por la Administración Nacional de la Vía Navegable (ANPyVN), fue aprobado por representantes de empresas navieras, cámaras empresarias, gobiernos provinciales y organizaciones de trabajadores. Entre los puntos principales se destacan el compromiso de incrementar la profundidad a 40 pies, la incorporación de Entre Ríos a la traza y la creación de un órgano de monitoreo permanente con integración público-privada durante los próximos 25 años.El comunicado atribuye a la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas una declaración conjunta: “Reafirmamos nuestra disposición a seguir colaborando activamente para que este proceso concluya exitosamente y siente las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad para el comercio exterior nacional”.La ONU auditó cada etapa del proceso y presentó su informe, donde sostiene que el pliego elaborado es el más transparente y sólido técnicamente posible. El documento oficial afirma que “no menos de 8 empresas en el mundo cuentan con capacidad de participar en la licitación”, aunque no se informaron nombres.Durante 2025, la ANPyVN organizó audiencias públicas y mesas de trabajo que incluyeron a empresas, productores, gobiernos provinciales y entidades medioambientales. El pliego establece, entre otros puntos, la obligación de invertir en tecnología para mejorar la seguridad y la navegación, la reducción de más de un 10% en dólares de las tarifas actuales y la conformación de un Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal.El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, advirtió: “Con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

Los principales competidoresLa licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay convoca a un grupo reducido de compañías con experiencia internacional en obras de dragado, balizamiento y mantenimiento fluvial. Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) identifica a DEME, Jan de Nul, Boskalis y Van Oord como las empresas que reúnen capacidad técnica y flota suficiente para responder a los requerimientos del pliego licitatorio. Estas firmas cuentan con antecedentes en proyectos de infraestructura de alta complejidad y han operado en mercados de América Latina, Europa y Asia.Además, la UNCTAD reconoce que otras compañías, como Inai Kiara, Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co. y Weeks Marine, podrían integrar consorcios para alcanzar los estándares exigidos. La posibilidad de armar alianzas empresariales amplía el espectro de participantes y podría sumar nuevas propuestas al proceso.El mecanismo de competencia permite la presentación tanto de ofertas individuales como de proyectos conjuntos entre empresas, siempre que acrediten los recursos operativos y la experiencia requeridos. La convocatoria internacional recibió más de doscientas consultas durante la etapa preparatoria, lo que refleja el interés del sector privado global en el desarrollo de la Hidrovía.La presencia de DEME como oferente formal en la etapa previa de licitación, antes de su suspensión, la posiciona como uno de los postulantes con mayores posibilidades. Sin embargo, la apertura actual y la auditoría de la ONU aseguran condiciones de acceso para las otras empresas internacionales mencionadas, todas con capacidad de cumplir los requisitos técnicos y financieros.La transparencia del proceso, según la UNCTAD, fomenta la competencia y elimina restricciones para la participación de las principales firmas del mercado del dragado y la logística fluvial. El resultado dependerá de la presentación de ofertas durante el cierre del plazo este viernes y del análisis posterior de las condiciones técnicas y económicas propuestas por cada interesado.

l Gobierno avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones, que otorga la licencia de rutas nacionales y autopistas a operadores privados. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que lanzarán la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos.“En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado”, escribió en la red social X.Y agregó: “De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro. Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.El anuncio se dio luego del encuentro que tuvo el presidente Javier Milei con 20 mandatarios el viernes pasado en la Casa Rosada del que participó el ministro Caputo junto con el resto del gabinete. La obra pública, a más de un año y medio de gestión paralizada, es uno de los pedidos puntuales que tienen los gobernadores.Y si bien, luego de la victoria en las elecciones de medio término y con los cambios en el Gabinete, en el Gobierno Nacional dicen querer establecer otro vínculo con los mandatarios subnacionales para construir la gobernabilidad que le pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos, no están dispuestos a afectar el superávit fiscal.“Nosotros no vamos a estar negociando en el toma y daca, de dame plata por allá, dame plata por acá, que termina en situaciones improductivas”, comentó el ex secretario de Finanzas, actual canciller, Pablo Quirno, durante su participación en la Cámara de Diputados. Lo que marca por donde se abrirá la billetera con los gobernadores para tener su apoyo y pasar las reformas prometidas en campaña por el Congreso.Así, la mano derecha de Caputo, sostuvo que el Gobierno Nacional quiere la infraestructura vuelva a estar resignificada, pero que tienen el problema de que no la pueden atender ellos porque viene de décadas de deterioro. “Es importante entender que los multilaterales y el acceso reduciendo el costo de capital hace que los proyectos privados pueden hacerse cargo de ese tipo de infraestructura”, puntualizó.

Primera etapa: 7 ofertasEn los primeros días de octubre se llevó a cabo la apertura de los sobres de la primera etapa en donde se presentaron siete ofertas. El tramo bajo licitación contemplaba dos corredores esenciales: el Oriental y el de Conexión, que integran las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria). Este conjunto de vías cruza las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y representa 741 kilómetros de extensión estratégica dentro de la infraestructura argentina.“Importante! Se presentaron 7 ofertas en la etapa 1 de la concesión de rutas viales. 741 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes más el Puente Rosario-Victoria. El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, destacó en su momento el ministro Caputo.Para el tramo Tramo Oriental – Rutas Nacionales 12 y 14 (“Ruta del Mercosur”) se presentaron ofertas por Autovía Construcciones y Servicios S.A., Benito Roggio e Hijos S.A., Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I. Mientras que para el Conexión – Ruta Nacional 174 (Puente Rosario–Victoria) lo hicieron Autovía Construcciones y Servicios S.A., Obring S.A. y Coyserv S.A..La operación convocó a empresas interesadas bajo la modalidad de concesión con peaje, reglas que surgen de la licitación 504-0007-LPU25, ejecutada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Aunque la vía para captar inversiones y competencia privada se explicó en gran parte por el financiamiento que ofreció el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).La entidad, alineada al Ministerio de Economía, ofreció financiamiento por hasta 56.000 millones de pesos o el 70% del monto contractual, bajo esquema UVA +2% y con plazos de hasta 6 años para el repago y un año de gracia. El banco presentó un esquema fiduciario de garantía y fondeo para las empresas adjudicatarias, configurando una herramienta crediticia optativa para el ganador.“En este esquema, son los capitales privados los que invierten en la operación y mantenimiento de la traza, lo que genera ahorro al Tesoro Nacional”, destacaron en el Ministerio de Economía ya que la gestión de las rutas nacionales se sustenta por los ingresos de peaje. Infobae.

Solo uno de los oferentes presentó propuesta formal, por lo tanto el responsable será Luciano Ancarola, quien tendrá a su cargo la gestión gastronómica y comercial durante todas las noches de desfile.El mencionado comerciante tiene experiencia en el manejo de grandes eventos y el carnaval, es uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la ciudad, por lo tanto todo tiene que funcionar bien y con precios accesibles.   

Por Julián Alvez - El Gobierno publicará en los próximos días el llamado a licitación nacional e internacional para impulsar la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, la cual busca delegar el mantenimiento de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, las cuales atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa; estando dividido en ocho tramos diferentes.Fuentes gubernamentales confirmaron que la licitación pública será publicada en el Boletín Oficial entre esta semana o la próxima. “Debería ser por estos días”, confirmó un funcionario a Infobae. En rigor, se trata de algo que ya se había comunicado oficialmente ante las primeras empresas interesadas en aplicar al manejo de los tramos.Los pliegos preliminares generales ya son públicos y en los últimos días los responsables de la Secretaría de Transporte estaban terminando las revisiones legales, las cuales también eran auditadas por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de María Ibarzábal.La Red Federal de Concesiones es el principal esquema por el cual el Gobierno busca desligarse del mantenimiento de las principales trazas viales a cargo de Nación. Se trata de 9.154,67 kilómetros distribuidos en dieciocho tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito.Durante el mes pasado se hizo el llamado a licitación de la Etapa I, que abarca la denominada Ruta del Mercosur, la cual tiene solo dos tramos y una extensión de 741,71 kilómetros. El viernes pasado la Secretaría de Transporte comunicó la prórroga del cierre de la licitación a pedido de las mismas empresas interesadas. En vez de finalizar en agosto, la fecha se pasó para comienzos de septiembre.Esta Etapa II estará revestida de una complejidad mayor. Son ocho tramos en total, de extensiones variables, pero con una longitud total de 4.428,93 kilómetros. La mayoría de estas ya estaban en manos de Corredores Viales, sumando a otras que no orbitaban en esa empresa, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la Ruta Nacional 35 en Córdoba y la Ruta Nacional 188 en Buenos Aires y La Pampa.En detalle, los ocho corredores son: el Tramo Sur, que abarca la Ruta Nacional 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca y la Ruta Nacional 205 hasta las cercanías de Bolívar; el Tramo Atlántico, a través de la Ruta Nacional 226 desde Mar del Plata hasta Bolívar; el Tramo Pampa, a lo largo de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa y Realicó; el Tramo Mediterráneo, conformado por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35; el Tramo Puntano, con la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes (incorporando otras rutas provinciales de Buenos Aires, Córdoba y San Luis), además de mejorar el vínculo con corredores portuarios y logísticos del Paraná; el Tramo Portuario Sur, que supone la conexión desde Campana hasta Rosario; el Tramo Portuario Norte, que conecta de San Nicolás hacia el centro del país; y el Acceso Sur, abarcando las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.La propuesta requiere la ejecución de obras de puesta en valor, rehabilitación de calzadas y mejoras estructurales obligatorias, además de la transformación tecnológica en la operación del peaje mediante el sistema Free Flow, que elimina las barreras físicas y avanza hacia un esquema de cobro electrónico en todas las estaciones para mediados de 2027.Además, el modelo de concesión estipula obligaciones de mantenimiento, estándares de servicio, iluminación, señalización y seguridad que deberán cumplir las empresas adjudicatarias, bajo auditoría estatal y un esquema de control de inversiones.El marco legal de la etapa está definido por el Decreto N° 97/2025, que autoriza la privatización de los corredores incluidos, habilita la extinción de contratos actuales y la subsiguiente liquidación de Corredores Viales S.A. La licitación prevé la presentación de antecedentes técnicos, financieros y administrativos, y exige la presentación de garantías específicas para asegurar el cumplimiento de los contratos y la ejecución de las obras.El proceso se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher.En tanto, desde hace más de una semana que la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, suspendió el Decreto 461 que Milei publicó el 8 de julio pasado y por el cual disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. Desde el Gobierno afirman que la decisión se tomó a los fines de terminar con el solapamiento de estructuras con la Secretaría de Transporte, el cual “generaba una desarticulación operativa”.En la gestión libertaria hablan de que están mutando del modelo de intervención directa en obra pública -el cual justificó la existencia de Vialidad- hacia un esquema de concesión y tercerización. Una vez que se finalice ese proceso, las funciones ejecutivas se enfocarían en tareas de planificación, supervisión y administración de contratos, que podrían ser absorbidas por unidades organizativas en la órbita del Ministerio de Economía. Infobae.

La Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Lisandro Catalán, impulsó junto al gobierno brasileño el proceso de licitación internacional que concluyó de forma preliminar.En caso de ser adjudicada finalmente, la empresa asumirá por los próximos 25 años la concesión del puente internacional sobre el río Uruguay, sus accesos viales y el Centro Unificado de Fronteras que conecta las ciudades de Santo Tomé (Corrientes) y São Borja (Río Grande do Sul).Durante la subasta realizada en Foz do Iguazú, Plusbyte ofreció US$ 29 millones en concepto de pago inicial por el derecho a operar la concesión. La oferta superó en un 9,43?% el valor mínimo establecido y se impuso sobre la firma brasileña CS Infra.El contrato prevé una inversión total de US$ 99 millones, que se ejecutará a lo largo del período de concesión.Las obras abarcan unos 15 kilómetros de infraestructura, incluyendo el mantenimiento y la modernización del puente, sus accesos viales, instalaciones aduaneras y sistemas de control.La Comisión Mixta Argentino-Brasileña (COMAB), presidida por Viviane Esse y con participación del director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Ricardo Botana, conformó una comisión conjunta para supervisar la implementación del contrato y los trabajos en el centro de fronteras. NA.

El Gobierno convocó a audiencias públicas como parte de la segunda etapa del proceso de privatización de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, que actualmente son administradas por la empresa estatal Corredores Viales S.A.En el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Ejecutivo lanzó la Etapa II, para avanzar en el nuevo sistema a cargo de la operación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.De esta manera, la Dirección Nacional de Vialidad llamó a una serie de audiencias públicas mediante la Resolución 827/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con “el objetivo de promover una mayor competencia, generar mayor transparencia y confianza y lograr mejores resultados para los usuarios”.En dichos espacios se tratarán los tramos que conforman la segunda fase de la RFC, constituida por más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en 8 tramos ubicados en el sector centro del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.En los mencionados tramos se incluyen las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná, en torno a la ciudad de Rosario y sus alrededores.Las instancias de participación pública se llevarán a cabo entre el 11 y 13 de junio y para quienes tengan interés, deberán inscribirse por un formulario disponible en la web de Vialidad Nacional, de forma libre y gratuita desde este lunes y hasta el 9 de junio de 2025.Las tres audiencias públicas que se realizarán:Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur: miércoles 11 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal, ubicado calle Petracchi 646, San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires.Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano: jueves 12 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín, ubicado en RN7, Junín, Provincia de Buenos Aires.Tramos Portuario Sur y Portuario Norte: viernes 13 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Auditorio Municipal Rafael de Aguiar calle Maipú 22, San Nicolás de Los Arroyos, Provincia de Buenos Aires.Desde el Gobierno destacaron que “el desarrollo de la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional”.Asimismo, recordaron que “el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.A su vez, aclararon que “Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial”.Además, remarcaron que “reforzamos el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de un sistema vial moderno, seguro y eficiente, promoviendo la integración territorial y el crecimiento económico del país”. NA. 

La medida judicial dispuso que la actual concesionaria privada Caminos del Río Uruguay (CRUSA) continúe operando las rutas y los enlaces viales con el cobro de peajes por un plazo inicial de 6 meses.

La decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9 se fundamentó en el hecho de que “el Estado Nacional no abrió aún la instancia de renegociación del contrato con la empresa concesionaria, ni interpuesto en los términos adecuados la finalización de la concesión”.

Tras haber solicitado a principios de año el “concurso preventivo de acreedores”, la empresa vial acudió nuevamente a la Justicia para continuar al frente de la concesión y poder negociar la finalización del contrato en mejores condiciones con las autoridades nacionales, publicó Uno.

Según el fallo que dio curso a la medida de no innovar, la empresa CRUSA deberá presentar un informe cada 30 días sobre “el destino dado a los fondos percibidos por el cobro de peajes a los fines de posibilitar el debido control de la sindicatura e información del tribunal”.

De esta manera, la definición sobre el futuro de la concesión del Corredor Vial 18 quedará en manos del próximo gobierno que asuma en diciembre, al igual que la situación planteada con los contratos de los accesos metropolitanos Norte y Oeste que la actual administración de Alberto Fernández intentó dar de baja y que también se encuentran frenados por una medida judicial.

 Como ya se ha publicado en diferentes ediciones, la empresa concesionaria de la Autopista José Gervasio Artigas, ex Ruta 14, tiene una infinidad de multas e infracciones y recientemente se habría declarado en quiebra, tal como se anunció mediante boletín oficial del gobierno provincial. El Diario La Nación realizó un exhaustivo informe y hace hincapié sobre los incumplimientos. Al respecto dice: En octubre vence la concesión de Caminos del Río Uruguay (Crusa), la empresa de capitales argentinos que explota esos importantísimos corredores viales, y a pocos meses, nadie sabe qué pasará.

 Vencerá la concesión del corredor que va desde el puente Zárate Brazo Largo y comunica con Uruguay y Brasil; sin diálogo, la empresa inició una batería de juicios contra el Estado.

La ruta que empieza en el estratégico puente Zárate Brazo largo, que comunica el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay y que es la columna vertebral de la circulación en el Mercosur, se ha convertido en un enorme interrogante donde nadie toma medidas y donde la inversión se ha retirado totalmente.

Un escenario de controversias, indefiniciones y falta de diálogo han tomado de rehén a todos los que viajan por las rutas 12, 14, además del puente que une Rosario con Victoria.

En la compañía se han resignado a no tener respuesta oficial y, entonces, iniciaron un puñado de juicios contra el Estado, entre los que están uno por incumplimiento contractual, además de otro por los daños y perjuicios que provocó la parálisis regulatoria y el trato de la administración pública con la concesionaria.

Además, Crusa, a poco de que el tiempo se extinga y sin saber qué pasará con su contrato, se presentó en concurso preventivo en la Justicia comercial, ya que no puede pagar sus pasivos. Toda una pintura de la parálisis estatal respecto de una de las vías de circulación más importante de la Argentina y del comercio con el Mercosur.

Primero algunos datos que explican la situación actual. Al inicio del contrato el corredor tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble. Con posterioridad se incorporaron al contrato 60 kilómetros más de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de Crusa 135 kilómetros de autovía y 532 de una sola mano.

En 1995, se acordó una modificación al contrato que implicó una inversión de 82 millones de dólares, mantener las tarifas reducidas durante la ejecución de las obras, y una ampliación de plazo de 15 años, extendiendo la concesión hasta octubre de 2018. El proyecto principal fue la autopista desde Arroyo Negro a Ceibas. En 2001, se suscribió una adenda para incorporar al contrato la construcción de la autopista de Ceibas a Gualeguaychú.

Este esquema de contratos con obligaciones de ambas partes se destrozó con la caída de la convertibilidad y la pesificación de las tarifas. Con diálogo, todo se podría haber mejorado. El punto es que el kirchnerismo nunca dialogó ni negoció con las concesionarias viales. De hecho, aquellos peajes no tuvieron ajustes desde 2002 hasta 2010.

Antes de llegar a esta situación de parálisis, hubo un 2005. Entonces había una Unidad de renegociación de Contratos que integraban los ministerios de Planificación Federal y de Economía, con Julio De Vido y Roberto Lavagna al mando de cada uno. Allí se firmaron cláusulas de actualización tarifarias y de compromisos de inversiones del Estado y de la concesionaria.

Desde entonces, todo se sumió en una desidia contractual que ya lleva casi dos décadas. El Estado no cumplió con el compromiso de la Renegociación Tarifaria Integral, que se debía hacer 2006, tampoco asumió su compromiso de actualizar tarifas de acuerdo a una fórmula, además de que no se pagaron algunas inversiones. Un dato que explica la precariedad: de acuerdo a los expedientes que obran en Vialidad, desde 2006 hasta ahora, la concesionaria presentó 46 pedidos de readecuación tarifaria. Ninguno fue contestado ni avanzó, y los aumentos que se dieron fueron dispuestos discrecionalmente y muy por debajo de lo que implicaba el aumento de los costos. Una historia repetida en el mundo de los servicios públicos argentinos que determina una fuerte desmejora en la prestación.

Hay un dato que pocos conocen. En 2011, el Estado decidió duplicar la calzada de la ruta 14 y 117 desde Gualeguaychú hasta Paso de los Libres. Entonces, Vialidad Nacional realizó una licitación internacional y adjudico los tramos a 13 consorcios de constructores. La concesionaria, entonces, entregó la posesión de la zona de camino en donde se ejecutaría la traza. Más allá de la deficiencia de algunas obras, por caso hay un puente distribuidor al que no se puede subir por peligro de derrumbe, la situación actual explica la precariedad de la ruta: Vialidad no volvió a entregar a la concesionaria ningún tramo a Crusa para incorporarlo al contrato. Dicho de una manera más fácil: dos manos de esa autovía son mantenidas por el privado y las otras dos aún son de Vialidad y deberían ser sostenidas por el organismo vial.

La situación actual

Desde marzo de 2019 hasta ahora, con una inflación que ya supera el 300 % y costos del sector que treparon 523 %, hubo dos aumentos tarifarios que en conjunto representan un incremento de 37,5 %.

Ahora hay otro en marcha en dos tramos (mayo y agosto) que aún no se aprobaron. En el último tiempo, Vialidad inició un proceso de imposición de multas y reclama 2804 millones de pesos de compensación por obras no realizadas. En los expedientes administrativos, la empresa dice que no se hicieron por falta de cumplimiento de contrato por el Estado y que pese a eso, ejecutaron obras por 2666 millones de pesos.

Pero la degradación de la traza no se ha detenido. En mayo de 2021, Crusa presentó una nota a Vialidad en la que se informa sobre la grave situación del corredor vial y donde pidió �Smedidas urgentes⬝ para mantener la seguridad de la ruta. Desde entonces, una serie de notas se presentaron para intentar poner en marcha la inversión estatal en el camino que, según las estimaciones del concesionario, debería llegar a alrededor de 68.000 millones de pesos. La respuesta fue el silencio.in diálogo y ni avance, y con los días que pasan y consumen el tiempo hasta la culminación del contrato, la empresa inició su arremetida judicial para intentar abrir un proceso de renegociación final. Pero nada sucedió. Quizá el destino sea la estatización como sucedió con todas las rutas nacionales. Además de Caminos del Río Uruguay, solo quedan en manos privadas Autopistas del Sol y del Oeste. Todo lo demás, es estatal. Sin embargo, sin ninguna definición y con una administración en salida, para octubre bien podría quedar una concesionaria vial privada menos. Pero entonces, otro juicio millonario habrá tomado fuerza que, como sucedió estos días con la desprolija estatización de YPF, alguna vez llegará a sentencia. Y entonces, más allá de las culpas anteriores, hay que desempolvar la chequera y pagar. Fuente: La Nación

El Gobierno prorrogó a partir del 1° de mayo de 2031 y por el plazo de 10 años, la concesión de explotación de hidrocarburos otorgada a tres empresas privadas sobre la Cuenca Marina Austral (CMA), a través del decreto 195/2022 publicado este martes en el Boletín Oficial.

"La producción offshore es vital para política hidrocarburífera nacional", afirmó el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, para quien "el presidente Alberto Fernández ha tomado la decisión de robustecer la producción offshore en Argentina, dando continuidad al proceso de inversión y actividad en el Sur de nuestro país".

El decreto 195/2022 prorrogó por 10 años la concesión de las áreas offshore que explotan en consorcio las empresas Total Austral, PAE y Wintershall, correspondiente a los lotes de explotación Argo, Aries, Carina, Fénix, Orión, Orión Norte, Orión Oeste y Vega Pléyade del Área I de la Cuenca Austral en las proximidades de Tierra del Fuego. La concesión se extendió a las empresas Total Austral y Wintershall que poseen 37,5% de la explotación cada una y a Pan American Energy, que tiene 25%; y la superficie alcanzada por el decreto es de 1.948,57 kilómetros cuadrados y está ubicada en torno de la provincia de Tierra del Fuego. La medida también aprobó el plan de inversiones y obras comprometido por las tres empresas para el período de prórroga de la concesión de explotación, del 1° de mayo de 2031 al 30 de abril de 2041, y que representará una inversión de US$ 700 millones; y estableció en US$ 15,27 millones el monto del bono de prórroga, que deberá ser depositado dentro de los próximos 90 días hábiles. Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia de la prórroga, las empresas pagarán al Estado nacional 15% en concepto de regalías sobre el producido de los hidrocarburos extraídos de los lotes del Área CMA-1.

Esta superficie cuenta con un caudal de producción de gas natural del orden de 20 millones de metros cúbicos por día, representando entre 13,8% (2011) y 16,7% (2020) del total del gas natural producido en el país.

"Esta importante decisión potencia un proceso de inversión de al menos US$ 700 millones comprometidos por el consorcio de empresas concesionarias para dar continuidad al proyecto integral de offshore en esas áreas, con la puesta en producción de Fénix", afirmó Martínez.

Para el funcionario, "de esta forma, el Gobierno nacional manifiesta la importancia que tiene la producción offshore para la política energética, expresando con medidas concretas su decisión mantener y expandir los importantes volúmenes de Gas Natural que provienen de esa cuenca marina".