Bajo el lema “Gobiernos locales: el motor del desarrollo entrerriano”, la jornada buscará fortalecer el rol de los concejos deliberantes como espacios clave para impulsar políticas públicas y coordinar acciones entre municipios.

El concejal de Sauce de Luna, Luis María Setau, destacó la conformación de este ámbito como un paso importante para el trabajo conjunto: “Es un espacio que nace del diálogo entre compañeros y que hoy se concreta con la intención de debatir y construir soluciones para nuestras comunidades”.

Por su parte, la concejal de Concordia, Carolina Amiano, remarcó la importancia del encuentro para consolidar vínculos entre los distintos territorios. “No es lo mismo el contacto a distancia que poder compartir en persona ideas, experiencias y herramientas para legislar mejor”, expresó.Además, subrayó que estos espacios permiten comprender las distintas realidades, tanto en municipios donde el peronismo gobierna como en aquellos donde cumple un rol opositor, lo que —según indicó— fortalece la tarea legislativa.

En ese marco, también se planteó la necesidad de renovar la mirada del movimiento, incorporando a las nuevas generaciones y sumando temas vinculados a la innovación, la economía del conocimiento y el desarrollo local.

El encuentro se proyecta como un punto de partida para futuras reuniones en distintos puntos de la provincia, con la intención de consolidar una agenda común que acompañe las necesidades de cada comunidad entrerriana.

Según indicaron, la iniciativa fue incorporada y tratada durante la misma sesión, sin instancia previa de análisis, lo que —a su entender— limitó el debate necesario para una decisión de este alcance. La norma fue aprobada con los votos del oficialismo y el acompañamiento de otros espacios.

Desde el bloque señalaron que el mecanismo adoptado reemplaza el proceso de licitación pública por contrataciones directas, lo que genera interrogantes sobre los niveles de control y transparencia en la gestión de los recursos.

En ese sentido, plantearon que la medida no respondería a una situación imprevista, sino a una decisión previamente definida.Como parte de sus observaciones, mencionaron la llegada anticipada de camiones recolectores de una empresa privada, así como la rápida publicación de la ordenanza una vez aprobada, lo que —según sostienen— evidencia una secuencia de acciones planificadas.También remarcaron que el comunicado oficial del Ejecutivo habría sido difundido antes de la finalización de la sesión, lo que interpretan como un indicio de que la decisión ya estaba tomada con anterioridad.Por otro lado, consideraron que los argumentos para declarar la emergencia no reflejan adecuadamente la situación ambiental de la ciudad, y advirtieron que existen problemáticas que no han sido abordadas con herramientas similares.

Finalmente, desde el bloque aclararon que no se oponen a mejorar el servicio de recolección ni a buscar soluciones para los vecinos, pero sí plantearon la necesidad de garantizar mecanismos de control, transparencia y legalidad en la administración de los fondos públicos.

Para la bancada opositora, la preocupación no solo radica en la ausencia del proyecto oficial —clave para definir el esquema impositivo del próximo año—, sino también en el impacto que tendría la eliminación de este tributo sobre áreas municipales esenciales.

Actualmente, un porcentaje de lo recaudado se destina al Fondo de Discapacidad, a la Dirección de Tránsito, a programas vinculados a la prevención del HIV y al equipamiento de iniciativas comunitarias como PROMAR.“Si se elimina esta tasa sin un esquema alternativo de financiamiento, ¿cómo se sostendrán estos servicios?”, cuestionaron los ediles, recordando que el intendente adelantó que “los espectáculos van a pagar cero pesos”, sin explicar qué parte del tributo quedará sin efecto ni cómo se cubrirán los recursos que dejarán de ingresar.El planteo del bloque justicialista apunta a un interrogante de fondo: ¿quién ganará y quién perderá con esta decisión?Mientras los organizadores de espectáculos y eventos privados serían los beneficiados inmediatos, áreas dedicadas a discapacidad, tránsito y salud pública podrían quedar desfinanciadas.En este contexto, los concejales reclamaron que el Ejecutivo envíe de manera urgente la Ordenanza Tributaria 2026 junto a un informe económico detallado que precise el impacto de la medida y garantice la continuidad de los programas financiados con estas partidas.“Sin información clara, es imposible evaluar la verdadera dimensión de este cambio”, remarcaron. 

Los concejales respondieron a las críticas del edil opositor Satalia Méndez, recordándole que los derechos constitucionales, incluidos los laborales y sindicales, deben ejercerse conforme a las leyes que los regulan, y subrayaron que la autonomía municipal habilita este tipo de decisiones administrativas.

El bloque también calificó como “incoherente” la postura del concejal, al considerar que defiende una interpretación centralista en un asunto claramente municipal. “Sorprende que desconozca el espíritu federal que representan figuras históricas como Pancho Ramírez y Urquiza”, indicaron.

Además, cuestionaron el origen político de Satalia Méndez, señalando que llegó al Concejo de la mano del actual senador Edgardo Kueider, “cuya trayectoria judicial no resiste análisis”.

Finalmente, recordaron que decretos similares dictados por el exgobernador Gustavo Bordet fueron validados por la Justicia entrerriana, y sirvieron de antecedente para la medida implementada por el actual gobierno municipal.

Según expresaron los ediles, la venta de oro y joyas que integran los bienes de este Ente mixto —compuesto en partes iguales por capital privado y municipal— no cumpliría con el requisito legal de contar con el voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Deliberante, tal como exige la Ley Provincial Nº 10.027 que regula a los municipios en Entre Ríos.

“Realizar el remate sin la intervención del Concejo podría afectar los intereses municipales y sentar un precedente peligroso en la administración de bienes públicos”, señalaron en la nota presentada al Ejecutivo.Ante este escenario, exigen suspender el remate hasta tanto se aclare la situación legal y se cumplan todos los procedimientos de transparencia y control que garanticen la correcta administración del patrimonio de los concordienses. 

Desde el bloque opositor PJ, cuestionaron con dureza las recientes declaraciones del intendente Francisco Azcué, a quien acusan de mostrar una fuerte contradicción entre su discurso público y las decisiones concretas de su gestión.

En particular, apuntan contra los recortes en programas destinados a la infancia y sectores vulnerables, al tiempo que el mandatario se declara preocupado por los altos índices de pobreza en la ciudad.

Uno de los focos de tensión es la reducción de asistencia en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), espacios que en gobiernos anteriores contenían a más de 1.500 niños con equipos interdisciplinarios conformados por nutricionistas, docentes, fonoaudiólogas, auxiliares, cocineros y articulación con el CGE, el COPNAF y centros de salud. Las críticas apuntan a que esta red de atención, considerada una inversión en derechos básicos, está siendo desmantelada.

En ese contexto, generaron fuerte malestar las expresiones del secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, quien admitió que se analiza reemplazar el almuerzo en los CDI por un servicio limitado a la provisión de leche. Para referentes opositores, esta medida evidencia “el verdadero rostro del ajuste” en marcha.A su vez, cuestionan el crecimiento del gasto en sueldos dentro del municipio, que según denuncian ya representa más del 65% del presupuesto, frente a un promedio del 50% en gestiones anteriores. La información figura en la página de transparencia del gobierno local, creada durante una administración justicialista, remarcan desde el bloque opositor.

El intendente también fue blanco de críticas del Bloque de Concejales Justicialistas por justificar despidos en el área de Fortalecimiento Social mediante acusaciones públicas sin pruebas concretas, y por sus declaraciones contra opositores, gremios y medios que no respaldan sus políticas.

“En lugar de escuchar, agravia”, indicaron desde el peronismo local, en alusión a frases en las que Azcué calificó de “cínicos y perversos” a quienes rechazan sus decisiones.

Otro eje de conflicto es el respaldo de Azcué al ajuste del presidente Javier Milei, especialmente tras el parate de la obra pública y los recortes en fondos nacionales.

Desde la oposición señalaron que esa postura es incompatible con los reclamos locales por la paralización de obras clave, como la nueva planta potabilizadora de agua, y con las consecuencias que el ajuste nacional tiene sobre la economía y el empleo en Concordia. 

La iniciativa, impulsada por la concejala Carolina Amiano del bloque peronista junto a su par Guillermo Satalía Méndez, fue aprobada a través de la ordenanza Nº 38.374 y tuvo su primer encuentro el miércoles 26 de marzo en las instalaciones del SEDRONAR, en los barrios Los Mirlos y Los Ruiseñores.El programa tiene como objetivo principal fomentar la autoproducción de alimentos en terrenos cedidos por el municipio a través del Instituto de Vivienda y Tierra Autárquico Municipal (Invytam), promoviendo el cultivo de frutas y hortalizas con técnicas agroecológicas. Además de garantizar el acceso a alimentos frescos y saludables, busca fortalecer lazos comunitarios y generar oportunidades de empleo mediante capacitaciones en producción agrícola sostenible.“La agroecología no es solo una alternativa productiva, sino una forma de fortalecer la soberanía alimentaria y generar trabajo genuino. Queremos que las familias puedan cultivar sus propios alimentos, que los jóvenes aprendan un oficio y que los barrios tengan espacios de encuentro y aprendizaje”, expresó la concejala Carolina Amiano durante el lanzamiento del programa.

Un proyecto integral para la producción y comercialización agroecológica

Entre los principales ejes del Parque Huertas Comunitarias, se destacan:Acceso a alimentos saludables y sin agroquímicos, priorizando el cultivo sin productos fitosanitarios y con métodos naturales de abonado y control de plagas. Creación de espacios de trabajo colectivo, fomentando la inserción laboral de sectores vulnerables.Capacitación en agroecología, compostaje, floricultura y silvicultura urbana, promoviendo el desarrollo de oficios ligados a la producción sostenible.Fortalecimiento de la economía popular, con la creación de una red de producción y comercialización de productos agroecológicos.

Para garantizar la continuidad y desarrollo del programa, se establecerá una Comisión de Seguimiento, conformada por la Secretaría de Producción, el Concejo Deliberante y el Consejo Asesor Municipal Agroecológico (CAAM). Este último cuenta con el respaldo de instituciones como INTA, INTI, la Facultad de Alimentos, UTN, ICAB, CAFESG, SENASA y CONICET, además de organizaciones de productores y consumidores. 

“Luego del llamado a la unidad del radicalismo por parte del intendente Azcué, no dudamos en respaldarlo, convencidos de que ese es el camino para fortalecer y proyectar nuestro partido. Su liderazgo es clave para el crecimiento de la UCR, y en ese horizonte depositamos nuestro apoyo”, manifestaron los ediles.En un contexto donde el debate y el consenso deben prevalecer, subrayaron la importancia de avanzar en un gran acuerdo y establecer un espacio de diálogo entre los distintos sectores del radicalismo, con el propósito de conformar una lista de unidad que permita definir las futuras autoridades de los comités Departamental y Ciudad.“El radicalismo concordiense se encuentra fortalecido bajo el liderazgo indiscutido de nuestro intendente. Concordia es hoy el epicentro de esa fuerza, y es fundamental trasladar ese impulso al ámbito provincial”, enfatizaron. De esta manera, los concejales radicales del bloque Juntos por Entre Ríos ratificaron su absoluto respaldo a la candidatura de Francisco Azcué, confiando en que su conducción consolidará el crecimiento y proyección del partido en toda la provincia. 

Odorisio, conocido por sus investigaciones incisivas y opiniones controvertidas, fue desvinculado abruptamente, lo que, según los concejales, contradice los compromisos asumidos por el intendente Francisco Azcué de garantizar pluralidad y respeto en los medios públicos.“Esto es una muestra clara de la intención de silenciar voces críticas. Atenta contra la libertad de expresión y el pluralismo que debe primar en los espacios financiados por todos los ciudadanos”, señalaron desde el Bloque, quienes además recordaron que apoyaron la reestructuración de Radio Ciudadana bajo la premisa de que no habría despidos ni afectaciones a derechos laborales.Lo que resulta más paradójico, remarcaron, es que el propio Azcué había denunciado prácticas similares durante la gestión anterior, cuando una trabajadora fue cesanteada en un caso que él calificó como persecución ideológica. “Es preocupante que quien antes reclamaba justicia hoy incurra en prácticas que buscan callar disidencias”, cuestionaron.Sin embargo, el debate no quedó ahí. Radio Ciudadana ha sido objeto de críticas más amplias, no solo por su manejo interno, sino también por su modelo de financiamiento. Algunos sectores señalaron que esta emisora, al contar con recursos públicos para salarios, equipamiento y mantenimiento, compite deslealmente con medios privados que dependen exclusivamente de la publicidad para subsistir. “Es injusto que una radio financiada por todos los contribuyentes utilicen publicidad para generar ingresos, ya que eso le da una ventaja comparativa frente a los medios que deben cubrir todos sus costos con recursos propios”, remarcaron voces críticas.Desde esta perspectiva, varios actores locales plantearon que las radios municipales no deberían operar como competidoras comerciales, sino como espacios dedicados exclusivamente a la cultura y la comunidad. “Una radio pública debería priorizar contenidos culturales, educativos y comunitarios, donde las voces de artistas, docentes y referentes locales sean protagonistas. Además, estas actividades podrían realizarse sin cargos ni salarios, dejando en claro que su objetivo no es competir sino enriquecer la vida cultural de la ciudad”, concluyeron.Mientras tanto, la situación de Odorisio pone sobre la mesa la necesidad de debatir no solo sobre la censura, sino también sobre el rol y el alcance de los medios públicos en una democracia. 

La normativa establece que el Directorio del EDAAC debe estar compuesto por cinco miembros: un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero designados por el Ejecutivo, y dos vocales, uno propuesto por el EMCONTUR y otro por la primera minoría. Sin embargo, denunciaron que el Ejecutivo designó de forma provisoria a un vocal, ignorando el procedimiento establecido.

Desde el EMCONTUR también expresaron su descontento por no haber sido consultados sobre su propuesta para un vocal, calificando las decisiones del Ejecutivo como “designaciones a dedo, propias de otro tiempo”.El Secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, justificó la medida argumentando la necesidad de avanzar con la licitación para la concesión de la aeroplanta y asegurar las habilitaciones correspondientes. No obstante, los concejales justicialistas advirtieron que el incumplimiento normativo afecta la transparencia del Ente, especialmente ante licitaciones inminentes, y subrayan que la ordenanza no contempla designaciones provisorias.

Finalmente, criticaron la reiterada práctica del Ejecutivo de recurrir a medidas excepcionales: “La vía de excepción no puede ser la norma. Es fundamental respetar los mecanismos establecidos para garantizar un control efectivo y actuar con transparencia”. 

Lo que parecía una denuncia penal resultó, según su abogado, una maniobra política tan clásica que cualquiera diría que salió del manual de “la casta” que tanto critican.

La acusación surgió de sus propios compañeros libertarios, en su mayoría debutantes en el arte de la rosca, quienes cuestionaron el domicilio legal de la edil.

Según la denuncia, Pessolani habría sido vecina de la localidad de La Criolla al momento de las elecciones y no tendría domicilio en Concordia, lo que —según los denunciantes— implicaría falsificación del padrón electoral.

El abogado de la concejal, Claudio D’Antonio, fue claro al respecto: “Se realizó la denuncia, pero fue desestimada no una, sino dos veces. Actualmente no existe ninguna causa penal en contra de Yáiza Pessolani”.

En declaraciones a Concordia Policiales, agregó con algo de sorna: “Los padrones vienen dentro de una urna, todo el mundo lo sabe. No veo cómo se podría cometer ese delito”.

Más allá de lo jurídico, el trasfondo es evidente: un grupo de novatos políticos, que se presentan como paladines de la transparencia, pareciera haber optado por herramientas bastante conocidas para intentar desplazar a una compañera. Como dijo la propia Pessolani, la denuncia podría tener “algún fin político más que otra cosa”.El episodio deja expuesto que, aunque vengan a romper con “la casta”, los recién llegados parecen estar aprendiendo rápido las viejas costumbres. 

La norma tiene alcance al personal que ocupe cargos relevantes en el Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, y organismos descentralizados y en especial serán alcanzados: Presidente Municipal, Vicepresidente Municipal, Concejales, Secretarios, Directores, titulares de los organismos descentralizados y cargos de similar jerarquía en la administración pública.Se podrán incluir otras áreas o sectores que se consideren necesarios, de acuerdo a las responsabilidades que estén bajo su órbita.

Los controles estarán a cargo de la Secretaría de Salud, sin previo aviso, de manera aleatoria y bajo estricta confidencialidad.En el caso de detectarse casos positivos, se aplicarán las siguientes medidas: En el ámbito del Departamento Ejecutivo y los organismos descentralizados, el Presidente Municipal determinará si corresponde una suspensión temporal o separación del cargo del funcionario según la gravedad del caso; En el ámbito del Concejo Deliberante, serán de aplicación las normas disciplinarias previstas para dicho organismo.

En todos los trámites se garantizará los procedimientos constitucionales y administrativos cumpliendo con el debido proceso y la defensa en juicio. 

Además, se prohíbe la denominación de los bienes mencionados con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos 10 años desde su fallecimiento o desaparición física o desde los acontecimientos históricos que se pretenda honrar. Tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan recibido condena firme por delitos contra la administración pública o que hayan ejercido funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático.También el Proyecto de Ordenanza prohíbe a los funcionarios públicos municipales, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado de la Municipalidad de Concordia con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal.

“El presente proyecto de Ordenanza tiene como objetivo principal establecer la prohibición del proselitismo partidario y el culto a la personalidad política en los bienes y espacios públicos municipales. En igual sentido, se propone delimitar claramente las condiciones para poder avanzar en la denominación de éstos” afirmaron los concejales Ovelar y Sastre. Es importante señalar que esta Ordenanza se inscribe en el marco del Decreto 1084/2024 del Poder Ejecutivo Nacional y del Proyecto de Ley de la Diputada Carola Laner que pretende legislar en igual sentido en el ámbito provincial.

El congreso busca promover el intercambio de estudios y experiencias en torno a la gestión, innovación y competitividad de las PyMEs en la región, y contará con expertos nacionales e internacionales que abordarán temas clave como la digitalización, sostenibilidad, innovación y competitividad en PyMEs.

Durante el acto estuvieron presentes entre otras autoridades la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, el concejal Guillermo Satalía Méndez, la concejal Claudia Villalba y el rector de la UNER, Andrés Sabella, quienes asistieron a la Conferencia Magistral: “Aportes para pensar la teoría de la firma en su doble dimensión económica y financiera” a cargo del Dr. Rubén Ascúa (Universidad Nacional de Rafaela, Argentina.

“Proteger y fortalecer la industria local para nosotros como concejales es un objetivo prioritario porque la industria es una de las principales generadoras de empleo. La Red PyMEs Mercosur es un espacio estratégico que permite que nuestras empresas accedan a herramientas innovadoras y se adapten a los desafíos del mercado global, asegurando la continuidad y crecimiento de las industrias regionales”, declaró Satalía Méndez. 

Los ediles manifestaron su “profunda preocupación” por el veto presidencial al aumento destinado a los jubilados, calificándolo como un “atentado contra los derechos adquiridos” de quienes han trabajado toda su vida.

Según los concejales, dicho aumento habría representado un alivio ante la crisis económica actual. “Vetar este incremento muestra una alarmante falta de sensibilidad hacia nuestros mayores”, subrayaron.El bloque también repudió enérgicamente la represión sufrida por los jubilados que se movilizaron en defensa de sus derechos, reclamando el cumplimiento del aumento vetado. “Es inaceptable que el Estado reprima a quienes deberían ser protegidos mientras ejercen su derecho legítimo a la protesta pacífica”, afirmaron.Otro punto de crítica fue el incremento en el precio de los medicamentos, una medida que, según los ediles, profundiza la precariedad de los jubilados, quienes dependen de estos productos para su salud. “El alza desmedida en los precios de los medicamentos es una acción insensible que pone en riesgo la vida y el bienestar de los más vulnerables”, advirtieron.

Finalmente, el Bloque reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los jubilados, exigiendo al gobierno que rectifique estas decisiones. “Seguiremos defendiendo políticas públicas que aseguren justicia social y respeto para nuestros mayores”, concluyeron.

Durante la misma sesión, los concejales también declararon de interés las “Jornadas de Prevención del Suicidio” organizadas por Lazos en Red, bajo la dirección de Sergio Brodski, y reconocieron a la Sra. Adelina Block, cocinera del Comedor Gruta de Lourdes, como Buena Vecina. Además, el bloque se opuso a extender a 12 meses el plazo para convocar el concurso para el cargo de director/a de Radio Ciudadana, proponiendo en su lugar un período de 8 meses, para evitar que dicha decisión quede a merced de la discreción del intendente.

Según información recabada por CAMBIO, la diplomática propuso al actual presidente de la Junta Departamental de Salto, Marcirio Pérez, algunas sugerencias para trabajar en conjunto en varios temas que permitan coordinar acciones entre ambas instituciones, prácticamente los integrantes de estos legislativos no se conocían. Tanto la Junta Departamental de Salto como el Consejo de Concordia no habían realizado actividades conjuntas anteriormente, por lo que este primer paso es considerado muy importante, según expresaron los entrevistados.

Temas previosEn el primer encuentro, realizado en mayo en la ciudad de Salto, se abordaron varios temas y se decidió llevar a cabo reuniones en cada una de las ciudades involucradas. Además, se designaron a dos personas de cada legislativo para coordinar la estrategia a seguir. La representante por Salto es la edil Elda Albareque. Entre los temas tratados, destaca el impulso al turismo mediante proyectos conjuntos, lo que se considera una oportunidad para fortalecer la cooperación transfronteriza y mejorar la oferta turística de ambas ciudades.

Eliminar trabasOtra de las iniciativas discutidas se centra en la mejora del pasaje de ambulancias por el puente, ya que actualmente existen algunas trabas burocráticas que dificultan la circulación.La meta es eliminar estos obstáculos o, al menos, agilizar los trámites necesarios para que el tránsito sea más dinámico y eficiente, lo que podría significar una mejora importante en la atención de emergencias médicas. Asimismo, se abordó la problemática de la salud mental, un tema que ya había sido planteado en el primer encuentro. Se discutieron posibles estrategias para abordar este desafío, buscando desarrollar programas y políticas que puedan ser implementadas de manera conjunta, con el fin de ofrecer un mejor apoyo a las personas que enfrentan problemas de salud mental en ambas ciudades.

Proyectos conjuntosLa salud mental tiene diversas facetas, una de las cuales se refiere a la medicación.  El formato de entrega de medicamentos en Concordia difiere del de Uruguay; hay ciertos medicamentos que son de libre comercio en la ciudad vecina pero no en Salto.  Esta situación es compleja debido a la legislación nacional, por lo que se busca trabajar hacia una unificación normativa.  Los ediles han señalado que lo más importante es comprender cómo se está trabajando en cada lado del río y rescatar lo que ha dado resultado. Lo cierto es que en ambos lugares existen problemas de atención, especialmente en lo que respecta a la salud mental. Trabajando juntos, se pueden mejorar estas situaciones o implementar medidas y proyectos conjuntos que aborden la binacionalidad en varios aspectos. El objetivo es identificar y aplicar las mejores prácticas de cada lado para optimizar la atención en salud mental y otros temas relevantes.

Los concejales oficialistas proponían reemplazar el nombre de Eva Perón por el de Federico Zorraquín, primer presidente municipal de Concordia. Sin embargo, el bloque sugirió reconsiderar esta propuesta. Además, se planteó al intendente Francisco Azcué que el nombre actual no solo honra a una figura histórica del peronismo, sino que también reconoce la participación de las mujeres en la política del país.Aunque se valora la intención de reconocer a personalidades históricas de Concordia, eliminar nombres no es la forma de construir diálogo y consenso.

El Intendente coincidió con la postura del bloque y el proyecto fue devuelto a comisión. Se insistirá en que es posible destacar a otras figuras históricas sin fomentar divisiones.También se destaca, tanto en el recinto como en conversaciones con el Intendente y los colegas del Concejo, que, aunque estas iniciativas son importantes, el contexto económico y social actual exige enfocarnos en combatir la pobreza, defender los derechos vulnerados, fortalecer el tejido social, generar empleo y trabajar colectivamente para que Concordia recupere su senda de crecimiento y desarrollo. 

Un Llamado a la Unidad

Los concejales subrayan que apoyar este acuerdo no significa abandonar el mandato otorgado por los votantes peronistas. Al contrario, buscan integrar su visión dentro de un marco más amplio que involucre a todos los actores sociales, incluyendo partidos políticos, ONGs y entidades intermedias. Este acuerdo debe traducirse en acciones concretas y no quedarse en meras palabras.

Más Allá de los Colores Partidarios

En este momento, el sector político debe trascender las divisiones partidarias y demostrar la madurez necesaria para construir un futuro mejor. Concordia siempre ha sido un referente en varios aspectos, y ahora tiene la oportunidad de ser un ejemplo nacional de consenso y gobernabilidad, superando conflictos alimentados por intereses mezquinos que solo dividen y perjudican al pueblo.

Compromisos y Consensos Duraderos

Los concejales enfatizan la importancia de establecer puntos comunes que trascienden los colores políticos y los intereses personales.

Este llamado a la unidad no es un cheque en blanco; los compromisos alcanzados deben cumplirse para que el esfuerzo tenga sentido.

Una oportunidad histórica

Concordia, cuyo nombre evoca unión y consenso, tiene hoy la oportunidad de hacer historia. Al unirse dirigentes, vecinos e instituciones, la ciudad puede convertirse en un faro de esperanza y progreso para toda la nación. Es el momento de actuar y demostrar que es posible superar las divisiones por el bien común. El llamado es claro: Concordia debe ser el ejemplo de cómo, mediante la unidad y el consenso, se puede avanzar y prosperar en tiempos difíciles. 

Las expectativas creadas durante la campaña y el discurso inaugural de las sesiones del HCD han quedado en gran medida incumplidas, particularmente en sectores vitales como la salud y la estabilidad laboral de los profesionales de este ámbito, situaciones que contrastan con algunas decisiones económicas municipales de dudosa eficacia.

El servicio de transporte público ha sufrido un notable deterioro, en gran parte debido a la supresión de subsidios nacionales, impactando adversamente en la economía local y deteriorando la calidad de vida de los residentes en Concordia. La gestión de salarios y la negociación colectiva no han respondido de manera efectiva a la devaluación de la moneda, comprometiendo el poder adquisitivo de los trabajadores municipales y revelando una gestión reticente a asumir sus responsabilidades.

La anunciada transparencia y austeridad aún no se materializan, como lo demuestran las irregularidades en la organización de eventos públicos y el incremento en el número de funcionarios con salarios elevados, junto con prácticas que cuestionan la credibilidad de la gestión municipal. Los intentos por desplazar la culpa a la gestión anterior no contribuyen a abordar los retos actuales que enfrenta la comunidad.

Se hace un llamado al poder ejecutivo para que colabore en la superación de estos obstáculos, reiterando el compromiso con la mejora del bienestar de los ciudadanos de Concordia y mostrando disposición para trabajar de manera conjunta en aras de mitigar los efectos negativos de las políticas económicas adversas y en pro de una mejor gestión de los servicios municipales.

Es un tanto extraño la postura de los ediles, ellos mismos informan que los contratos finalizaron el 31 de diciembre, eso significa el fin del compromiso municipales con las personas que finalizaron las tareas por las que habían sido contratadas.