Luego de que La Multisectorial de Derechos Humanos, junto a la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher)denunciaron un proceso de vaciado institucional, la Provincia emitió un comunicado desmintiéndolo.“Ante versiones que circulan públicamente y que inducen a interpretaciones erróneas, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos considera necesario realizar las siguientes aclaraciones de manera enfática y categórica: No existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV). No hay cesantías ni despidos de trabajadores”.A su vez el Ejecutivo aclaró que no se renovaron tres contratos temporarios, “cuya naturaleza jurídica es a plazo determinado y sujeta a evaluaciones periódicas”.  Y agregó en el escrito: “Esta medida no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo”.Además, el texto remarca: “Resulta fundamental remarcar que de ninguna manera se ven afectadas en la provincia de Entre Ríos las políticas de derechos humanos ni la intervención del Estado en causas de lesa humanidad”.“La presencia del Estado provincial en dichas causas se encuentra plenamente garantizada, así como también la representación provincial en los procesos vinculados a delitos de lesa humanidad, dado que existen, tanto en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia como en la Dirección de Derechos Humanos, profesionales debidamente calificados y con competencia suficiente para ejercer dicho rol, asegurando la continuidad institucional y el compromiso del Estado entrerriano en esta materia”, señaló. 

No renovación de contratos temporarios en la Administración PúblicaEn la oportunidad, el Gobierno provincial también se refirió a la decisión adoptada respecto de los contratos temporarios remarcando que se trata de “un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial”.Asimismo, explicó: “No se trata de despidos, sino de la no renovación de una parte acotada de contratos temporarios, los cuales, por definición legal, tienen carácter transitorio y están sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño, cumplimiento de funciones y necesidades operativas”.Por otra parte, el comunicado indica que la cantidad de contratos no renovados representa menos del 6% del total de contratos temporales vigentes en la Administración Pública. “Más del 94% de los contratos fueron renovados, garantizando la continuidad de las políticas públicas y el normal funcionamiento de todas las áreas del Estado”.“Las decisiones adoptadas responden a criterios administrativos objetivos y responsables, orientados a fortalecer la gestión pública, optimizar el uso de los recursos y consolidar un Estado eficiente, transparente y plenamente comprometido con sus obligaciones institucionales”, concluye el texto. 

En primera instancia, no corresponde a las facultades del Ministerio de Seguridad y Justicia, y por tanto, del ministro Néstor Roncaglia, brindar una orden a ENERSA. Las decisiones relacionadas con el suministro de servicios públicos en propiedades privadas o de otras entidades, son competencia exclusiva de las autoridades judiciales y de las empresas prestatarias del servicio, siempre en el marco de la normativa vigente. Lamentamos profundamente que se difundan noticias sin la debida verificación de los hechos, lo cual perjudica la imagen de las instituciones y genera confusión entre los ciudadanos. Entendemos, en este caso, que el único fin de esa publicación es la difamación de la honorabilidad del ministro Roncaglia y de todos los funcionarios de la Provincia de Entre Ríos,  que cumplen sus misiones con dedicación y responsabilidad. 

A través de un comunicado, la Sección Concordia manifestó su preocupación por lo que consideró un “ataque institucional, digital y moral” dirigido a la titular del colegio profesional. En esa línea, ratificaron que la labor del CAER se enmarca en la defensa del ejercicio profesional de la abogacía y en la promoción de una administración de justicia respetuosa del orden legal.

El documento también reafirma que las observaciones formuladas por el CAER en relación con la aplicación de la Ley 11.141 tienen como objetivo garantizar una retribución justa para los abogados y abogadas de la provincia, en consonancia con lo que establece la normativa vigente. En tal sentido, sostienen que dichos planteos no pueden interpretarse como actos intimidatorios o de presión institucional.

La Sección Concordia destacó además la gravedad de los hechos denunciados, entre ellos la recepción de una nota institucional con tono intimidante, seguida por una rápida y coordinada difusión en medios digitales alineados editorialmente, donde se replicaron acusaciones acompañadas por la imagen personal de la Dra. Simón y titulares considerados agraviantes.

En consonancia con el CAER provincial, desde la Sección Concordia calificaron esta situación como una operación de desprestigio, con alto impacto público y características de violencia simbólica, moral y política por razones de género. Señalaron que se trata de un intento por disciplinar una voz institucional por el solo hecho de provenir de una mujer que ocupa un rol de liderazgo.

Finalmente, el comunicado subraya que el Colegio de la Abogacía es una institución con legitimación legal para intervenir en defensa de la profesión y formular observaciones sobre aquellas prácticas que afectan el ejercicio del derecho. En este caso, remarcaron que la defensa de la correcta aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales constituye una acción legítima en favor de una retribución equitativa para quienes ejercen la abogacía en la provincia. 

Él se desarrollaba en el ámbito de la cultura cumpliendo su labor e impulsando diversas actividades que han enriquecido el acervo cultural de la localidad entrerriana. Sin embargo, la Municipalidad de San Salvador realizó el despido del trabajador que desde hacía 15 años prestaba servicios.Juan Gibert se desempeña desde hace años en el ámbito teatral buscando ampliar la oferta cultural local, propiciando festivales que ofrezcan nuevos escenarios a las y los actores. Entre sus diversas funciones en la promoción de la cultura, Gibert se desempeña en el Consejo de Teatro Independiente y desarrolló un rol activo en lo que fue la entrega de premios a la trayectoria, premiando a personas que han dedicado su vida a la cultura.RADIO PLAZA (94.7) mantuvo una entrevista con el Director de Cultura de la localidad, quien afirmó el compromiso de Gibert para con la difusión de la cultura y reconoció su pasión por el teatro y su incansable labor. Sin embargo, no pudo ofrecer las razones por las cuales se tomó esta drástica decisión, ya que argumentó que fue una medida tomada por el intendente.En este contexto, el Contier lanzó un comunicado a través de sus redes sociales. A lo largo del comunicado, se pone de relieve el trabajo realizado por Juan Gibert, como así también se resalta la importancia de las acciones culturales y se solicita a las autoridades municipales de San Salvador que se revise la decisión del despido, entendiendo que es un atentado a la cultura.El Consejo Provincial del Teatro Independiente (CONTIER) es un órgano autárquico, encargado de velar por la protección, promoción y apoyo de la actividad teatral independiente en la Provincia de Entre Ríos.Creado a partir de la Ley 10.931 (Ley TIER) es la máxima autoridad de dirección y está integrado por seis miembros de diferentes regiones de la provincia.

Este hecho, seguramente extremo, es el resultado de una situación muchas veces silenciosa que sucede día a día en nuestra ciudad. Un silencio que tiene que ver más con la resignación e impotencia de los damnificados, quienes conocen de primera mano la falta de resolución de este tipo de hechos delictivos y la impunidad con la cual estos malhechores se pasean por la ciudad, a sabiendas que poco o nada pueda ocurrirles.

Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia seguimos esta situación de cerca desde hace demasiado tiempo, con respuestas a los reclamos que no siempre se traducen en hechos concretos.

En nuestra última encuesta de abril, ocupándonos exclusivamente de los sectores representados, ante la consulta sobre si ha sufrido hechos de inseguridad en su establecimiento durante el año 2022, el 79,2% de los encuestados respondió que no y el 20,8% restante que sí, mientras que la misma pregunta para el período de los primeros cuatro meses de 2023, el 78,2% ha respondido por la negativa y el restante 21,8% respondió que ha sufrido hechos de inseguridad en su establecimiento, lo cual nos indica un importante empeoramiento de la situación. Respecto del análisis de la situación de la seguridad por parte de los encuestados, el 47,5% afirmó que la situación es mala, el 41,5% que es regular y apenas el 10,9% la definió como buena.

Nuestra institución de forma constante recibe información acerca de hechos que suceden en toda la ciudad. Formamos parte del Consejo Municipal de Seguridad donde hemos presentando propuestas y acciones desde hace varios años. En el transcurso de 2022, por acotarnos al período post pandemia, hemos realizado además reuniones con los organismos de seguridad y con integrantes de la Justicia, acompañados de socios, llevando nuestras preocupaciones y las de nuestros representados.

Habitualmente brindamos recomendaciones de profesionales acerca de cómo actuar para resguardarse del accionar de arrebatadores, mecheras (que, habitualmente, usan niños como parte de su accionar), motochorros, ciberdelincuentes, etc. pero, lamentablemente, estas acciones son insuficientes.

Que la situación de la ciudad es complicada, no es una novedad, como tampoco la sensación de IMPUNIDAD e INJUSTICIA, sobre todo cuando se trata de robos.

Conocemos y destacamos el accionar de la Policía de Entre Ríos, muchas veces sin los elementos adecuados y contando con una cantidad de agentes muy por debajo de la necesaria para una ciudad con los habitantes de la nuestra y su complejidad. A esto se deben restar los agentes  destinados a tareas administrativas o a custodiar edificios públicos (en oportunidades haciendo las veces de “porteros”, brindando información, repartiendo números) o a custodiar viviendas de funcionarios. Sumado a esto, magros salarios, la necesidad de hacer “adicionales” para intentar llegar a fin de mes y la impotencia de ver como los detenidos son liberados antes de que las victimas terminen de realizar su denuncia.

La Justicia, tiene su responsabilidad. Integrantes de la misma más preocupados por proteger los derechos de los delincuentes que por los violentados derechos de las víctimas. Este “silencio” del que hablábamos al principio mucho tiene que ver con este accionar, dado que tenemos denuncias de nuestros asociados en las principales zonas comerciales de la ciudad, acerca de como los delincuentes detenidos por robo en sus locales se pasean a las pocas horas del hecho por frente a los mismos o les ponen “likes” en las publicaciones de las redes sociales a modo de burla. Mismos comerciantes que se niegan a hacer las denuncias por ser desde “una pérdida de tiempo” hasta la excusa para sufrir amenazas por parte de los liberados delincuentes.

Los miembros de la Justicia culpan a las Leyes y al Código de Procedimientos por este accionar. Y cuando hablamos de Leyes, debemos referirnos a los dos restantes poderes del Estado: el legislativo y el ejecutivo, muy poco preocupados por torcer esta realidad, salvo conductas espasmódicas cuando ocurre algún hecho puntual, casi siempre tapado por alguno peor y con exclusiva responsabilidad sobre la falta de recursos humanos y materiales de la Policía de Entre Ríos así como de un sistema carcelario a todas vistas anticuado y deficiente. Leyes ambiguas, permisivas, con centro en la comprensión y justificación del accionar delictivo y muy lejos del sufrimiento de las víctimas.

A esto podemos sumarle la responsabilidad del gobierno para con el Patronato de Liberados, ente que debería velar por el control de los reos que acceden a libertad condicional, no cumpliendo con sus objetivos que deberían ser, entre otros, la inclusión en la sociedad de los liberados y el control sobre éstos permitiendo, por acción u omisión, que sigan delinquiendo desde su libertad condicionada, tal el caso del delincuente abatido hace pocos días. El casi inexistente funcionamiento del Patronato de Liberados, permite que el delincuente, una vez que ha pasado por la “universidad carcelaria”, pase a realizar “prácticas de campo” donde poder aplicar todos sus nuevos conocimientos delictivos, sin ningún tipo de límite y control.

A diario recibimos denuncias sobre conocidas familias del hampa local, protegidos por "habeas corpus", que a pesar de sus frondosos prontuarios delictivos pasean impunemente con hijos y nietos menores por zonas comerciales, buscando la oportunidad y enseñando a su descendencia los secretos del "oficio".

Hoy por hoy la PYMES de Concordia no sólo debemos lidiar con una inflación creciente, un Estado que asfixia impositivamente favoreciendo a grupos concentrados y sectores empresariales cercanos al poder y una actualidad y futuro inciertos sino también con no poder trabajar con tranquilidad, teniendo que estar atentos a arrebatos, hurtos y asaltos a mano armada sin siquiera la expectativa de que los delincuentes paguen por su accionar. Un estado de indefensión que lleva, muchas veces, a cometer errores por cuidar lo propio.

Esperamos que la situación de nuestro joven colega, violentado en su sagrado lugar de trabajo, sea efectivamente JUSTA y no una víctima más del garantismo que corroe los cimientos de nuestra sociedad. De su lugar de VICTIMA, no se lo debe desplazar con tecnicismos abolicionistas.

Comisión Directiva - Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia

Según los monitoreos de la Gerencia de Operaciones, se produjo una apertura de un interruptor que afectó la línea Salto Grande-Concordia de 132Kv que es operada por prestadoras del servicio de energía.

Ante consultas realizadas, también se hace saber que atento el estado de salud de la víctima, aún no se le ha podido recibir declaración, pero se sigue su evolución en forma permanente para lograr su testimonio.

Las declaraciones recibidas hasta el momento no son coincidentes en el sentido que permitan reconstruir lo sucedido.

La víctima fue examinada por el médico de Tribunales, quien realizó el informe correspondiente, constatando algunas lesiones más recientes y otras de varios meses atrás.

En la investigación, trabajan en forma conjunta y coordinada el fiscal José Arias de la Unidad de Investigación y el fiscal Mauro Jaume de la Unidad de Violencia de Género, de Concordia.

Desde la Liga de Intendentes del PJ de Entre Ríos queremos expresar nuestra consternación y dolor por el fallecimiento del Presidente Municipal de Gualeguay, a quien conocimos como un colega siempre bien dispuesto, con verdadera vocación de servicio y comprometido con el bienestar de su pueblo.

¡Hasta siempre Federico!