El procedimiento se realizó en la Dirección de Vías Navegables, en el Puerto Nuevo de Paraná, con acompañamiento de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Poder Judicial y de la Policía de Entre Ríos. Rogelio Frigerio anunció que próximamente, los que estén en condiciones, se usarán como botón antipánico.“Esto forma parte de nuestra política, en este caso la carcelaria, de liberar a las prisiones de estos celulares que sabemos que están prohibidos. En lo que va de la gestión, hemos requisado prácticamente 100 celulares por mes en promedio. Había, además, un stock de unos 3.000 de muchísimos años, que también se destruyen”, describió el mandatario entrerriano al referirse al hecho inédito en la provincia. Además, el Gobernador informó que ya se acordó con autoridades de la Justicia para que “en las próximas requisas los que funcionen bien y que no estén con clave, los vamos a donar al Ministerio Público Fiscal para que puedan utilizarlos como botón antipánico las víctimas de violencia de género”. En tanto, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, subrayó que el motivo del secuestro de estos teléfonos, más allá de la prohibición de la legislación, “es porque son utilizados para cometer delitos.” Y agregó “desde adentro de las cárceles se producen amenazas, extorsiones y comercio de drogas. No tenemos la tecnología, pero tenemos el personal”, ponderando la efectividad de los funcionarios del Servicio Penitenciario. Por otro lado, la jueza de Ejecución de Penas de la provincia, Cecilia Bértora, aclaró que los teléfonos celulares están indicados en la Ley de Ejecución Penal como “elemento prohibido “y que los únicos internos de las unidades penales habilitados a tenerlos son quienes gozan de “salidas socio familiares y socio laborales”. No obstante, aclaró que “no pueden utilizar cualquier tipo de celular, tienen que registrar el número y el chip, además de tener la habilitación especial del Servicio Penitenciario”.El procedimiento de compactación de teléfonos celulares incautados en unidades penales de Entre Ríos se llevó a cabo en tres etapas. En la primera, se retiraron las baterías, que fueron depositadas en un centro verde en Gualeguaychú; la segunda es la que tuvo lugar este miércoles y la tercera -que comprende al residuo plástico y al excedente- se depositará en un centro de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAES).En la actividad, el gobernador estuvo acompañado también por el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Aníbal Miotti, y por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. 

La actividad se desarrolló en el marco del Programa Nacional de descontaminación y compactación de vehículos (Prodeco), que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta primera etapa se realizó en Paraná, en el depósito de motos de la Policía de Entre Ríos (ex Promin), ubicado en Bajada Grande. Allí, las autoridades recorrieron las instalaciones del predio con miles de motocicletas incautadas y presenciaron la compactación de algunos vehículos. La segunda, tendrá lugar en el Depósito Judicial de La Picada.

En la oportunidad, la vicegobernadora remarcó la importancia de esta iniciativa y el trabajo conjunto entre la Nación, la provincia y la municipalidad para que pueda implementarse en territorio entrerriano: “Es un importante número de motos que no solamente contaminan el medio ambiente, sino también perjudica la salud por roedores o insectos que se acumulan en los depósitos. Con este programa se busca reducir estos perjuicios y también tratar de disminuir los costos para nuestra Policía”, expresó.Por su parte, el ministro Roncaglia expresó su satisfacción por empezar con el proceso de compactación. “Venimos trabajando en forma conjunta con Nación y el municipio de Paraná, para dar respuesta a una problemática que tiene un fuerte impacto en el ambiente”, subrayó, tras apuntar que los vehículos que se compactarán fueron secuestrados por las Fuerzas Federales, provinciales y el municipio, en el marco de diferentes acciones de prevención y seguridad. Destacó que, “más allá de liberar espacio público y reducir la contaminación, lo producido de la venta de la chatarra resultante se destinará al Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná”.En tanto, Argibay Molina precisó que por indicación del Ministerio de Seguridad de la Nación, “tenemos la función de replicar este programa en todo el país. Cualquier municipio o provincia que quiera adherirse puede hacerlo libremente”. Además, apuntó que “el producto de la compactación va a una siderurgia, que luego se vende, y una parte va a una entidad de bien público que designa la entidad que solicita el programa, como es en este caso el Hospital San Roque”.A su turno, el jefe de Gabinete del municipio de Paraná, Santiago Halle, indicó que “cuando existen motivos o asuntos comunes en los cuales trabajar, en este caso la prevención, el control, la descontaminación, obviamente nos va a encontrar accionando juntos, porque de esa manera se hacen mejor las cosas”. Valoró el esfuerzo de los trabajadores municipales, de la Policía de Entre Ríos también, que contribuye al trabajo en el control de la calle, en la vía pública, y que eso genera o redunda en beneficios para la ciudadanía paranaense.A cargo de la Municipalidad de Paraná, a través del Programa Nacional se compactará 3.049 motovehículos en la capital provincial y 52 vehículos automotores en La Picada, a cargo del Gobierno provincial.De la actividad también participaron el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el secretario de Salud provincial, Daniel Valentinuz, entre otras autoridades. 

�SCon la visita de Jorge Abel Fernández, director del programa nacional PRODECO, celebramos el convenio de adhesión de la Municipalidad de Concordia al programa del Ministerio de Seguridad de la Nación que nos permitirá reducir a chatarra los vehículos abandonados y en desuso que se encuentran bajo custodia del Estado⬝, comentó el Intendente Alfredo Francolini.

Seguidamente, el Presidente Municipal confirmó que �Sen los próximos días van a llamar a licitación para la compactación de los vehículos retenidos y que ya cumplieron el plazo para su retiro⬝.

Por su parte, el director del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de vehículos agradeció �Sla voluntad del intendente Francolini de trabajar en resolver una problemática socio ambiental, al tiempo que se genera un beneficio directo a diversas instituciones de la ciudad⬝.

�SEste convenio nos permite agilizar y protocolizar el proceso para descontaminar y compactar. Esto termina redundando primero en una cuestión del ambiente y después en un beneficio a una ONG⬝.

De esta manera el PRO.DE.CO aspira a �Sser una respuesta ambiental y social ante la acumulación constante de autos, motos y otros vehículos secuestrados en distintos procedimientos policiales, que deriva en graves riesgos para la salud y el ambiente⬝ finalizó Fernández.