Durante la sesión especial convocada al solo efecto de interrogar a la ministra, Berisso estuvo acompañada por el director de Comedores, Lautaro Azzalini, entre otros funcionarios del Ministerio a su cargo. Desde la bancada opositora se agradeció su presencia, que se produjo más de dos meses después de haberse aprobado el Proyecto de Resolución del bloque justicialista que la convocó; también se destacó que aún sigue sin respuesta un Pedido de Informes sobre el mismo tema presentado hace meses.

La presidenta del bloque, Laura Stratta, señaló: “Nos quedamos con muchas dudas, sobre todo acerca de las razones que motivaron un cambio de un sistema de semejante envergadura”. La legisladora destacó, en un tramo de la interpelación, que el mecanismo adoptado por el gobierno de Rogelio Frigerio no da certezas acerca de la calidad del alimento ni de la razonabilidad de la inversión de un monto que supera los 101.000 millones de pesos. “Queremos que se garantice un desayuno y una merienda de calidad a nuestros gurises. Creemos que tenemos los profesionales para poder acompañar estos procesos; también creemos que los comercios de cercanía son importantes en la trama productiva de nuestra provincia”, destacó en referencia a la tercerización del sistema en una empresa radicada en la ciudad de Buenos Aires.

También preguntó Stratta si “en vez de hacer esta centralización con todos estos productos, no hubo un cálculo de cuánto costaría un desayuno o merienda saludable. Si en vez de gastar el 30% del monto en pagar la logística de esta empresa, no se evaluó usar ese dinero para reforzar la calidad nutricional de los gurises”.

Quien formuló la mayoría de las preguntas fue la diputada Silvina Deccó, dado que el reglamento de la Cámara establece que un legislador lleve adelante el cuestionario, mientras que el resto de los integrantes de la bancada pueden intervenir una sola vez. Terminada la sesión especial, Deccó sostuvo que varios aspectos quedaron sin respuesta y señaló, por ejemplo, que “no hubo explicaciones en concreto de qué manera se van a distribuir los alimentos, ni de qué manera se va a resolver la cuestión de Teknofood. Hay una adjudicación de una determinada cantidad de alimentos y no supieron responder qué va a pasar con eso”.Asimismo, planteó dudas acerca de la explicación de los funcionarios sobre la actual paralización del sistema de provisión licitado por el gobierno: “Indican que está paralizado por una cuestión judicial, pero la cuestión judicial ya fue agotada. Yo entiendo que es más bien por la falta de productos que reúnan los requisitos que establece la Justicia hoy”, señaló refiriéndose a la prohibición de brindar alimentos ultraprocesados.

Otro punto en debate estuvo relacionado con la decisión gubernamental de sacar de la economía provincial la masa de recursos que percibirá Teknofood y que antes se volcaba al comercio local. “Desde nuestro bloque planteamos en reiteradas oportunidades el impacto que produce en nuestros comercios locales y la falta de posibilidad de adquirir los productos en esos lugares”, indicó, y luego rechazó las explicaciones oficiales sobre la cantidad de establecimientos comerciales que participaban del sistema anterior: “Lo que nos dijeron es que eran dos, tres o cuatro comercios por ciudad. Pero acá estamos hablando de una sola empresa que se adjudica lo de toda la provincia”.

La diputada también remarcó las inconsistencias presupuestarias que surgieron durante el análisis de la adjudicación: “Hay un 240 por ciento de diferencia entre lo que fue presupuestado y lo que fue adjudicado”, indicó.Durante el desarrollo de la interpelación también formularon preguntas los legisladores Andrea Zoff, Silvia Moreno, Lorena Arrozogaray, Juan José Bahillo y Enrique Cresto, quienes plantearon objeciones a la calidad nutricional de los alimentos; al impacto que la decisión tiene sobre la economía entrerriana por dejar de lado a los comercios locales; al hecho de que los funcionarios no pudieran justificar semejante decisión —tomada sin consultar a los protagonistas del sistema educativo—; y a las dudas sobre la implementación del nuevo mecanismo.

Defendió el nuevo sistema de contratación del servicio alimentario escolar y sostuvo que la reforma permitirá mejorar los controles, transparentar los recursos y garantizar una alimentación de mayor calidad para los estudiantes entrerrianos.

El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos manifestó su respaldo a la política alimentaria escolar impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio, luego de la exposición de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, ante la Cámara baja.La funcionaria, acompañada por su equipo técnico y el director general de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, respondió las consultas de los legisladores sobre las modificaciones previstas en el sistema de alimentación escolar, particularmente el mecanismo de licitación pública para contratar el servicio.

Desde el oficialismo destacaron que la convocatoria se desarrolló dentro de los mecanismos constitucionales de control y rendición de cuentas, contemplados en el artículo 116 de la Constitución provincial y el artículo 155 del Reglamento de Diputados.

Cuestionamientos al sistema anteriorEn su pronunciamiento, los legisladores oficialistas señalaron que el esquema utilizado anteriormente presentaba deficiencias en materia de calidad nutricional, seguimiento de los recursos y transparencia en las contrataciones.Según sostuvieron, esas dificultades provocaban que directivos y docentes debieran ocuparse de compras y cuestiones logísticas, desviando tiempo y esfuerzos de sus responsabilidades educativas.También hicieron referencia a presuntas irregularidades y diferencias de precios detectadas en el sistema anterior, argumentos que, a criterio del bloque, justifican la necesidad de introducir cambios estructurales.Licitaciones y mayor controlLa propuesta provincial apunta a centralizar las contrataciones mediante licitaciones públicas, establecer criterios nutricionales comunes y mejorar la trazabilidad de los fondos destinados a la alimentación escolar.Los diputados señalaron que la magnitud del servicio, que comprende más de mil establecimientos educativos, representa un desafío para los mecanismos de fiscalización y auditoría.En ese contexto, defendieron la decisión del Ejecutivo de avanzar hacia un modelo que permita identificar el destino de los recursos, controlar los costos y establecer condiciones uniformes de prestación.

Respaldo político a la gestiónFinalmente, Juntos por Entre Ríos ratificó su acompañamiento a Berisso y al gobernador Frigerio, al considerar que la alimentación escolar debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas.El bloque valoró que el funcionamiento de los comedores haya ingresado al debate legislativo y sostuvo que la discusión debe traducirse en mejores controles, transparencia administrativa y una adecuada calidad alimentaria para niños, niñas y adolescentes.

La posición del oficialismo deja planteado uno de los ejes centrales del debate: si la centralización de las contrataciones permitirá efectivamente mejorar la calidad del servicio, optimizar los recursos públicos y garantizar una prestación adecuada en todas las escuelas de Entre Ríos. 

La excoordinadora Silvina Murúa está imputada en una causa penal que continúa en investigación.

En 37 comedores escolares del departamento Concordia, durante marzo y abril de 2025, una auditoría interna de rutina detectó diferencias e irregularidades en el manejo de fondos destinados a la alimentación de estudiantes. El monto observado ascendió a 103.738.136 pesos y dio origen a una investigación administrativa y a una causa penal que continúa en trámite. La auditoría y los hechos relevados en esos establecimientos llevaron al apartamiento de Silvina Soledad Murúa, entonces coordinadora departamental de Comedores. Ahora, el Gobierno entrerriano aprobó y convalidó la información sumaria instruida en el área y dispuso remitir las actuaciones al Consejo General de Educación (CGE), donde la exfuncionaria mantiene un cargo docente.La decisión quedó formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. El procedimiento administrativo se había iniciado a través de la Resolución 267/25 del ministerio.

Según el dictamen de la Asesoría Letrada de la Fiscalía de Estado citado en el decreto, quedaron acreditadas graves irregularidades administrativas atribuibles a Murúa durante su gestión. La investigación concluyó que la entonces coordinadora conocía observaciones sobre sobreprecios y otras inconsistencias, sin haber adoptado medidas eficaces para corregirlas ni informado a sus superiores.El informe también le atribuyó intervención en el direccionamiento de compras hacia determinados proveedores, instrucciones sobre la confección de rendiciones y la concentración de funciones sensibles en familiares y personas de confianza.El decreto señaló que esos colaboradores no tenían cargos ni legajos activos en la administración provincial o municipal, por lo que no corresponde aplicarles sanciones disciplinarias por esa vía. En cuanto a los proveedores mencionados, indicó que su eventual responsabilidad quedará sujeta al resultado de la investigación penal. Respecto de Murúa, la Fiscalía de Estado sostuvo que ya no puede ser sancionada bajo el régimen aplicable a su antiguo cargo porque fue apartada de esa función. Como conserva su vinculación laboral con la Provincia en el ámbito educativo, el CGE deberá evaluar si corresponde iniciar un sumario administrativo conforme al Estatuto del Docente Entrerriano.En paralelo, continúa la investigación judicial a cargo de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning. Según la hipótesis fiscal, desde enero de 2024 Murúa habría participado, junto con familiares, de maniobras para persuadir o presionar a responsables de tarjetas de compra de comedores a fin de que se abastecieran en determinados comercios.

Murúa afirmó que había denunciado irregularidades en los comedoresLa excoordinadora de Comedores de Concordia aseguró en redes sociales que es inocente y sostuvo que informó sus sospechas a funcionarios provinciales. También cuestionó recortes en la asistencia alimentaria.Silvina Murúa, investigada por el presunto desvío de fondos destinados a comedores escolares de Concordia, difundió un descargo en el que rechazó las acusaciones y aseguró que la información de su teléfono celular permitirá demostrar su inocencia.La exfuncionaria afirmó que guardó silencio durante un tiempo y que ahora cuenta con un equipo de abogados dedicado a su defensa. Según su relato, al asumir en enero de 2024 encontró irregularidades en el funcionamiento de los comedores y buscó modificar una situación de concentración de las compras en un proveedor.Aclaró que su señalamiento no alcanza a todas las personas que administraban las tarjetas destinadas a adquirir alimentos, ya que, dijo, muchas cumplían correctamente con su tarea.

Murúa aseguró que comunicó sus sospechas al diputado Marcelo López y a funcionarios del Gobierno provincial. También sostuvo que presentó una denuncia en la Fiscalía de Concordia el 7 de marzo de 2025 y envió un correo a la Presidencia de la Nación. Según afirmó, recibió una respuesta formal, pero no observó avances en sus reclamos.En su exposición, cuestionó además recortes en la asistencia alimentaria y mencionó como primera escuela afectada durante su gestión a la Benito Garat. Afirmó que advirtió a las autoridades sobre las consecuencias que esas decisiones podían tener para los alumnos.La excoordinadora también rechazó que todos los administradores de tarjetas hubieran sido designados por ella: sostuvo que algunos fueron incorporados durante su gestión y otros provenían de decisiones de otros sectores o de la administración anterior.

El descargo se conoce mientras avanza la causa penal por presuntas irregularidades en fondos destinados a 37 comedores escolares y después de que la Provincia convalidara una investigación administrativa que atribuyó irregularidades a Murúa.

El fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dado a conocer este jueves permite clarificar una discusión que en los últimos meses estuvo atravesada por distintas interpretaciones. En consecuencia, las medidas implementadas en relación al sistema de alimentación escolar continúan y las facultades del Gobierno provincial para llevar adelante esta política pública permanecen vigentes.El punto de partida es conocido. La Provincia decidió modificar un sistema descentralizado, en el que cada establecimiento debía gestionar sus compras para desayunos y meriendas, hacia un esquema de contratación centralizada que busca garantizar una prestación con trazabilidad y mecanismos de control. El sistema de almuerzos, por su parte, mantiene su esquema descentralizado.Esta decisión de política pública fue cuestionada judicialmente por un grupo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE. En primera instancia, la Justicia reconoció que la organización de la política alimentaria escolar y la determinación de los mecanismos para llevarla adelante corresponden al Poder Ejecutivo, y estableció como obligación el cumplimiento de las normas vinculadas con la alimentación saludable.Ahora, el Superior Tribunal de Justicia precisó el alcance de esa decisión. El máximo tribunal provincial estableció que la obligación del Estado no se agota en excluir productos alcanzados por sellos de advertencia, sino que la prestación alimentaria debe ajustarse también a los estándares de alimentación saludable previstos por la Ley Provincial 10.594.Hay también otro aspecto central del fallo que es fundamental destacar: la Justicia no sustituye al Poder Ejecutivo en la definición de los mecanismos técnicos y organizativos para alcanzar ese estándar. El propio Tribunal señala expresamente que determinar los medios concretos para implementar la política continúa dentro de la esfera de competencia de la Administración.Esto significa que el fallo no dispone volver al sistema anterior ni reemplaza la decisión de la Provincia de avanzar hacia un modelo. Lo que establece es que ese proceso debe desarrollarse cumpliendo los estándares de alimentación saludable que fija la normativa vigente.La Justicia fue clara: El fallo reconoce las facultades del Gobierno provincial para organizar esta política pública y, al mismo tiempo, establece con mayor precisión el estándar que debe garantizarse.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) hizo lugar parcialmente a un recurso de apelación presentado en el marco de una acción de amparo impulsada por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE.La presentación está relacionada con la prestación alimentaria que reciben los estudiantes en establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación (CGE).El Tribunal, integrado por las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak y el vocal Leonardo Portela, precisó los alcances de lo que había sido resuelto en primera instancia y dejó establecido que la obligación del Estado entrerriano va más allá de eliminar determinados productos de los comedores escolares.

No alcanza con retirar alimentos con sellosUno de los aspectos centrales del fallo es precisamente esa diferenciación.Según estableció el STJ, el Estado debe excluir de la prestación escolar aquellos productos alcanzados por el artículo 12 de la Ley Nacional Nº 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida principalmente por haber establecido los sellos de advertencia en los envases.Pero el Tribunal agregó que cumplir solamente con esa exclusión no resulta suficiente.La Provincia deberá también adecuar la alimentación que brinda en las escuelas a los parámetros establecidos por la Ley Provincial Nº 10.594, que fija estándares vinculados con una alimentación saludable.De esta manera, la resolución amplía el concepto: no se trata únicamente de determinar qué alimentos no pueden ofrecerse, sino también de garantizar que aquello que efectivamente llega a la mesa de los alumnos responda a criterios nutricionales adecuados.

El límite de la intervención judicialEl STJ realizó, al mismo tiempo, una aclaración respecto de las responsabilidades de cada poder del Estado.

La sentencia señala que exigir el cumplimiento de esos estándares no significa que el Poder Judicial pueda reemplazar al Poder Ejecutivo en la decisión sobre cómo implementar el sistema.Es decir, corresponde al Gobierno provincial determinar los mecanismos técnicos, administrativos, presupuestarios y organizativos necesarios para cumplir con la obligación.La Justicia fija el estándar que debe respetarse; la forma concreta de alcanzarlo queda dentro de las competencias del Ejecutivo.

Un fallo con impacto directo en los comedores escolaresLa resolución adquiere particular importancia por la cantidad de niños y adolescentes que reciben diariamente prestaciones alimentarias dentro del sistema educativo entrerriano.El pronunciamiento establece así un criterio concreto para evaluar la política alimentaria escolar: no alcanza con retirar productos considerados inconvenientes por la legislación nacional; el menú que los reemplaza también deberá responder a las exigencias de una alimentación saludable.El fallo fue dado a conocer este 24 de septiembre de 2026 por el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (SIC-STJER). 

El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, dictaminó que debe confirmarse la sentencia dictada en el marco del amparo por los desayunos y meriendas escolares y consideró que no corresponde hacer lugar a los planteos formulados por los padres, Agmer y la Fundación Cauce.

García sostuvo que la sentencia no es arbitraria, sino que se encuentra motivada y fundada en la normativa constitucional, convencional y provincial aplicable. También señaló que la instrumentación de una política pública corresponde al Poder Ejecutivo, aunque esa competencia puede ser objeto de control judicial cuando están involucrados derechos fundamentales.El Procurador aclaró que el fallo debe interpretarse en un sentido amplio: no se trata solamente de retirar los productos que tengan sellos de advertencia, sino de garantizar una alimentación escolar saludable. En ese sentido, remarcó que cualquier adecuación debe implicar una modificación efectiva de los alimentos y no limitarse a un cambio formal en su etiquetado.Asimismo, valoró la instancia de diálogo interinstitucional y multisectorial convocada por el Gobierno de Entre Ríos, de la que participan especialistas, profesionales, universidades y la empresa proveedora. Consideró que se trata de un ámbito pertinente para avanzar en la adecuación del sistema.

Finalmente, García entendió que la apelación debe servir para aclarar el alcance de la sentencia y no como fundamento para revocarla.De esta manera, el dictamen respalda la continuidad de la política alimentaria instrumentada por el Poder Ejecutivo, con las adecuaciones necesarias para garantizar que los productos cumplan efectivamente con los estándares de alimentación saludable establecidos por la normativa.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la primera reunión de una mesa interinstitucional y multisectorial destinada a mejorar el sistema de alimentación escolar en la provincia.Durante el encuentro se analizaron las dificultades del servicio y se acordó avanzar en un ámbito permanente de trabajo, con participación del Estado, las universidades y los sectores técnicos y profesionales vinculados con la alimentación y la nutrición.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Josefina Martínez Garbino, sostuvo que “el propósito común de este espacio es lograr que el sistema mejore” y destacó la posibilidad de realizar relevamientos de campo, monitorear su funcionamiento y formular recomendaciones de manera permanente.“La alimentación diaria de los chicos tiene un impacto muy importante en su estado nutricional presente y futuro”, remarcó. También propuso incorporar a la mesa a bromatólogos, pediatras del Ministerio de Salud y representantes del Consejo General de Educación.Uno de los ejes centrales del nuevo esquema será la incorporación de más de 60 profesionales de la nutrición, con el objetivo de fortalecer el seguimiento técnico y profesionalizar la prestación en toda la provincia.

Al evaluar esta primera reunión, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, la definió como un espacio de diálogo constructivo, “en el que cada uno puede expresar desde qué punto de vista está mirando el sistema de comedores”.“Es un punto de partida para integrar las distintas miradas y avanzar hacia la mejor opción posible, para que nuestros niños tengan una mejor alimentación”, señaló.Sobre los pasos siguientes, Berisso explicó que se evaluarán distintas alternativas para lograr un sistema homogéneo en todo el territorio provincial, incorporando los aportes de las universidades, la empresa, el Colegio de Nutricionistas y las áreas del Estado.

La mesa trabajará especialmente en la calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos, la trazabilidad, los controles y la reducción de las diferencias que actualmente existen entre las distintas escuelas de la provincia.Por su parte, el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, valoró la amplitud de la convocatoria y explicó que la iniciativa permite que los sectores que pueden realizar aportes comiencen a trabajar sobre “la cuestión esencial: lo nutricional y la calidad de los alimentos”.El decano de la Facultad de Bromatología de la UNER, José Dorati, indicó que la universidad aportará conocimientos específicos relacionados con la inocuidad, la producción de alimentos y los marcos regulatorios de la nutrición y la bromatología.Dorati valoró la posibilidad de “dialogar sobre esta temática y pensar cómo trabajamos de manera conjunta para mejorar un sistema que necesita revisión y nuevos aportes”.Del encuentro participaron también el nutricionista, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos e investigador Sergio Britos; el rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo; representantes de la empresa Teknofood; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini.La mesa interinstitucional mantendrá reuniones periódicas y avanzará en relevamientos territoriales, propuestas técnicas y mecanismos de seguimiento para mejorar progresivamente el sistema de alimentación escolar de Entre Ríos. 

La reciente decisión de la Justicia permite que Entre Ríos siga adelante con una transformación del sistema alimentario escolar que busca garantizar mayor calidad, mejores controles, trazabilidad, estándares nutricionales comunes e igualdad para todos los alumnos de la provincia.

Durante años, la provincia destinó recursos a la alimentación escolar sin contar con las herramientas necesarias para conocer con precisión qué recibía cada alumno, bajo qué estándares nutricionales y con qué trazabilidad sobre los recursos invertidos.Esa dificultad no es menor. Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, la responsabilidad del Estado no termina en asignar recursos. También implica garantizar la calidad de la prestación, establecer criterios comunes y poder controlar sus resultados.Por eso iniciamos un proceso de transformación del sistema alimentario escolar. La reciente decisión de la Justicia permite continuar ese proceso y establece condiciones que vamos a respetar y cumplir.El fallo no cuestiona la facultad del Gobierno provincial para transformar el sistema alimentario escolar ni impide avanzar con un esquema centralizado para desayunos y meriendas. Por el contrario, reconoce que corresponde al Poder Ejecutivo organizar el programa, establecer los mecanismos de adquisición, definir los productos y los menúes, seleccionar proveedores dentro del marco legal y disponer los controles necesarios. También reconoce la documentación técnica presentada por la Provincia y el diagnóstico que dio origen a la centralización de las compras para mejorar la trazabilidad, el control y la homogeneidad de la prestación.Al mismo tiempo, ratifica que los productos alcanzados por el etiquetado frontal no pueden formar parte de la prestación. Una cosa es revisar o reemplazar un producto y otra muy distinta es frenar una transformación de todo el sistema. Eso es importante porque permite separar dos discusiones que no deberían confundirse.Nosotros no tenemos ningún problema en controlar y eventualmente corregir un producto determinado. Al contrario: si un producto debe cambiarse, se cambia. Si tiene que reformularse, se reformula. Si la Justicia dispone que no debe utilizarse, se cumple.No estamos acá para defender una galletita, una marca o una empresa. Estamos para defender a nuestros chicos y una política pública que creemos que puede mejorar sustancialmente la alimentación escolar en Entre Ríos.Porque la discusión de fondo no puede ser solamente dónde se compra. Lo verdaderamente importante es qué desayunan nuestros alumnos, qué calidad nutricional tiene lo que reciben y si podemos garantizarles a todos el mismo estándar, vivan donde vivan.Cuando asumimos el gobierno encontramos un sistema que durante años había funcionado de manera fuertemente descentralizada. La provincia transfería recursos y cada establecimiento resolvía qué comprar, dónde hacerlo y cómo administrar esos fondos.Ese modelo tenía ventajas. Una de ellas era la posibilidad de comprar en comercios cercanos a las escuelas. Pero también tenía problemas estructurales.El Estado podía saber cuánto dinero transfería para alimentación escolar, pero tenía muchas más dificultades para responder preguntas elementales: qué estaba comiendo efectivamente cada chico, qué producto se había comprado con cada peso, cuánto se había pagado y si existía un estándar nutricional común para todos los alumnos de Entre Ríos.También era un sistema que dejaba un amplio margen de discrecionalidad y presentaba enormes dificultades para garantizar una trazabilidad completa de los recursos.No corresponde prejuzgar responsabilidades. Para eso están los organismos de control y la Justicia. Pero sí tenemos la responsabilidad política de preguntarnos si el sistema que encontramos ofrece las herramientas suficientes para prevenir esas situaciones.Nuestra conclusión fue que había que cambiarlo.Y no fue una decisión improvisada ni tomada como consecuencia de una polémica reciente.Prácticamente desde el comienzo de nuestra gestión empezamos a analizar las debilidades del sistema y a diseñar una alternativa que nos permitiera garantizar mejores estándares nutricionales, mayor igualdad y, sobre todo, mucha más transparencia y capacidad de control.De ese proceso surgió una licitación pública y abierta, realizada bajo las reglas y procedimientos correspondientes, de la cual resultó adjudicataria una empresa. Es precisamente el mecanismo que corresponde utilizar para garantizar transparencia en la utilización de los recursos del Estado.La empresa adjudicataria deberá cumplir las condiciones establecidas, como cualquier proveedor del Estado. Entre ellas, la combinación de alimentos debe aportar aproximadamente el 50% de los requerimientos diarios de micronutrientes de los alumnos en edad escolar. Y el Gobierno deberá controlarla.Nuestro compromiso no es con una empresa. Nuestro compromiso es con el funcionamiento del sistema.El cambio parte de una definición muy sencilla: no alcanza con saber cuánto dinero invertimos; tenemos que poder saber qué recibe cada alumno a cambio de esa inversión.Por eso diseñamos un sistema mixto.Los desayunos y meriendas tendrán una organización provincial centralizada, que permitirá establecer estándares nutricionales comunes y garantizar trazabilidad sobre todo el proceso: qué se compra, cuánto se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y quién lo recibe.La centralización de estas compras es un modelo que, con distintas modalidades, ya utilizan casi la mitad de las jurisdicciones del país.Además, permitirá algo que hasta ahora no podíamos garantizar: que todos los alumnos tengan acceso al mismo desayuno y a los mismos nutrientes, sobre la base de una política nutricional común para toda la provincia.Los almuerzos, en cambio, seguirán siendo administrados por las escuelas.Los establecimientos continuarán comprando los alimentos necesarios para preparar las comidas y esas compras seguirán generando actividad en almacenes, supermercados, carnicerías, verdulerías, panaderías y otros proveedores de cada localidad.Esto es importante: no estamos centralizando toda la alimentación escolar.Estamos construyendo un sistema mixto que busca aprovechar las ventajas de ambos mecanismos.En los almuerzos, la cercanía permite incorporar productos frescos, trabajar con proveedores locales y adaptar las compras a las necesidades de cada establecimiento. La provisión de frutas, que actualmente se realiza como parte de los almuerzos, se mantendrá sin modificaciones. La centralización de desayunos y meriendas no altera esa prestación ni implica dejar de ofrecer alimentos frescos a los alumnos. La fruta nunca formó parte del desayuno y esta transformación no la elimina de la alimentación de los chicos. En desayunos y meriendas, la escala provincial permite establecer estándares comunes, mejorar los controles y conocer exactamente qué reciben los alumnos.Centralizamos aquello que necesita escala, estándares y trazabilidad. Mantenemos descentralizado aquello donde la proximidad y la compra local agregan valor.Y centralizar una parte de la prestación tampoco significa darle la espalda a la producción y al trabajo entrerrianos. El nuevo sistema genera 60 puestos de trabajo directos, la logística será realizada por empresas entrerrianas y productos como la leche y la harina serán adquiridos a empresas de nuestra provincia.Y existe una razón todavía más profunda para hacerlo: la igualdad.El código postal de un alumno no puede determinar la calidad de la alimentación que recibe.No puede haber un desayuno distinto según la escuela a la que le tocó ir a un alumno o el lugar de la provincia en el que nació. Si hablamos de una política alimentaria provincial, tenemos que ser capaces de garantizar un piso común para todos.Eso significa transformar la alimentación escolar en una verdadera política provincial.Sabemos que cualquier transformación de esta magnitud genera discusiones, intereses afectados y resistencias. También sabemos que podemos equivocarnos y que siempre habrá cosas que corregir.Lo ocurrido con la intervención de la Justicia demuestra precisamente por qué una política pública debe estar abierta al control.No queremos un sistema que no pueda ser cuestionado. Queremos un sistema que pueda ser controlado, evaluado y mejorado.La transparencia tampoco consiste solamente en publicar cuánto dinero gastó el Estado. Significa poder reconstruir el recorrido de cada peso: qué compramos, cuánto pagamos, quién lo entregó, dónde llegó y quién lo recibió.Durante demasiado tiempo discutimos la alimentación escolar fundamentalmente en términos de cuánto dinero transfería el Estado. Queremos empezar a discutir algo más importante: qué reciben nuestros chicos por ese dinero.

Ese es el cambio de fondo. Pasar de financiar compras a garantizar alimentación. De cientos de decisiones aisladas a estándares comunes. De controles fragmentados a trazabilidad. De saber cuánto gastamos a poder explicar qué recibe cada chico por cada peso que invierten los entrerrianos.La decisión de la Justicia será respetada y cumplida. Y todas las observaciones que permitan mejorar el sistema serán incorporadas.Pero también vamos a sostener la decisión de transformar aquello que creemos que debe cambiar.Nos eligieron, entre otras cosas, para cambiar lo que durante años funcionó mal, aunque hacerlo genere discusiones y resistencias.Y si hay un tema donde no podemos resignarnos a que las cosas sigan funcionando de manera deficiente, es en la alimentación de nuestros alumnos. Ahí tenemos la obligación de exigir más, controlar mejor y cambiar todo lo que sea necesario para garantizarles lo que corresponde.

La Justicia investiga irregularidades por más de $100 millones en fondos destinados a 37 establecimientos y siete personas están imputadas. Mientras tanto, en otros puntos de Entre Ríos circulan versiones sobre supuestos acuerdos con proveedores que, hasta el momento, no cuentan con pruebas que permitan afirmarlos como hechos. También resulta extraño que la investigación del periodista capitalino, fuera publicada a mucho más de un año de haber ocurrido el inicio de la investigación.

La discusión sobre cómo se compra la comida destinada a los chicos de las escuelas entrerrianas viene generando resistencias y cuestionamientos. Sin embargo, mientras se debate la conveniencia de modificar los mecanismos de adquisición, comienzan a conocerse situaciones que obligan a mirar con atención cómo funcionaba el sistema hasta ahora.Una investigación del periodista Felipe Vitola, publicada a nivel nacional, puso el foco sobre Concordia y reconstruyó parte de una causa judicial que presenta características particularmente delicadas: se investigan $103.738.136 en presuntas irregularidades relacionadas con fondos destinados a desayunos, almuerzos y meriendas de 37 establecimientos escolares.

El mecanismo utilizado hasta agosto contemplaba tarjetas de compra SIDECREER, mediante las cuales los responsables de los comedores podían adquirir alimentos, en principio procurando hacerlo en comercios próximos a cada establecimiento.Las sospechas surgieron después de una auditoría de la Dirección de Comedores provincial en el año 2024. En aquel momento compararon documentación, facturas, remitos, cantidad de beneficiarios y fondos asignados, donde se habrían encontrado importantes diferencias.La investigación judicial está a cargo de la Unidad Fiscal de Concordia, encabezada por la fiscal Daniela Montangie, y tiene entre los imputados a la exresponsable local de Comedores Silvina Murúa, además de familiares y otras personas presuntamente vinculadas con las operaciones investigadas.

Según la acusación, desde enero de 2024 se habría ejercido presión o persuasión sobre responsables de comedores para direccionar compras hacia una determinada firma comercial. La pesquisa también intenta establecer si tarjetas que manejaban sumas superiores al millón de pesos quedaron en poder de terceros y si parte de los recursos públicos terminó utilizándose para fines completamente ajenos a la alimentación escolar.

La dimensión del caso ya había comenzado a advertirse anteriormente. En junio de 2025, una auditoría sobre 21 establecimientos detectó más de $66 millones cuya utilización no habría sido debidamente justificada, situación que derivó en la separación de Murúa de su función.Ahora la investigación alcanza a 37 escuelas y supera los $100 millones, una cifra que adquiere todavía mayor impacto porque se trata de recursos destinados a la alimentación de niños de una ciudad atravesada por elevados niveles de pobreza.

La Fiscalía atribuyó provisoriamente conductas encuadradas en peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita. Naturalmente, las personas investigadas conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme.Un aspecto que podría adquirir especial importancia es la figura de asociación ilícita especial prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporada en 2025. Si finalmente la Fiscalía sostiene esa calificación y logra probar sus extremos, la escala penal prevista para integrar, cooperar o ayudar a determinadas organizaciones dedicadas a cometer delitos contra la administración pública puede alcanzar de 8 a 20 años de prisión, además de las penas correspondientes por los delitos que eventualmente se acrediten. Esto no significa anticipar una condena ni afirmar que esa figura será necesariamente aplicada: será una cuestión que deberá resolver la Justicia.

UNA DISCUSIÓN QUE AHORA TIENE OTRO CONTEXTOEl caso aparece precisamente cuando existe una considerable oposición a los cambios que la Provincia pretende introducir en el sistema de compras para los comedores escolares.Y allí surge inevitablemente una pregunta: ¿cuánto control existía realmente sobre el dinero destinado a alimentar a los alumnos?En otras ciudades entrerrianas, comerciantes vienen comentando —por ahora de manera informal y sin documentación que permita corroborarlo— la supuesta existencia de “arreglos” o porcentajes vinculados con determinadas compras. Periodísticamente corresponde marcar con claridad el límite: son versiones que circulan, pero hasta el momento no pueden presentarse como hechos comprobados. Si aparecieran denuncias, documentos o actuaciones judiciales, naturalmente la situación sería diferente.Lo de Concordia, en cambio, ya no pertenece al terreno del comentario. Existe una investigación judicial, auditorías, imputaciones y montos concretos bajo análisis.

Por eso, más allá de las posiciones a favor o en contra del nuevo sistema que pretende implementar el Gobierno, el expediente abierto en nuestra ciudad introduce un elemento imposible de ignorar: cuando se administran recursos destinados a la comida de los niños, no solamente importa cuánto dinero aporta el Estado, sino también quién lo administra, dónde se compra, cuánto se paga y qué cantidad de alimentos llega finalmente a cada escuela.Y quizás allí esté el punto más sensible de todo este episodio: cada peso que eventualmente haya sido desviado no salió de una cuenta abstracta del Estado. Era dinero destinado al desayuno, el almuerzo o la merienda de un chico. 

La causa judicial por las condiciones de la alimentación escolar en Entre Ríos continuará ante el Superior Tribunal de Justicia.

El juez Juan Francisco Malvasio rechazó este domingo el pedido de aclaratoria presentado por la parte demandante, aunque habilitó la apelación contra la sentencia dictada el 21 de agosto.

El fallo original ordenó al Gobierno provincial adoptar las medidas necesarias para que los productos comprendidos en la decisión no contengan sellos de advertencia nutricional, de acuerdo con la Ley Nacional de Alimentación Saludable.

Los demandantes pretendían que se precisaran y sumaran otras obligaciones relacionadas con la calidad nutricional, los menús escolares y sus mecanismos de control. Malvasio consideró que hacerlo mediante una aclaratoria significaría ampliar la sentencia original.De todos modos, la discusión judicial no está terminada. El magistrado concedió la apelación presentada en tiempo y forma, por lo que ahora será el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el encargado de revisar el alcance del fallo.

La cuestión de fondo permanece abierta: qué alimentos pueden ofrecerse en las escuelas entrerrianas y cómo deben compatibilizarse las normas provinciales con las restricciones nacionales para productos que llevan sellos de advertencia nutricional.

El Gobierno de Entre Ríos destaca la intervención de la Justicia en relación con el nuevo esquema de alimentación escolar y adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución.Al mismo tiempo, el fallo ratifica las facultades del Poder Ejecutivo provincial para organizar el Programa Alimentario Escolar, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos dentro del marco legal, establecer los menúes, definir proveedores, disponer controles y administrar los recursos.Asimismo, la sentencia reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y considera acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación.El Gobierno provincial valora el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control. Una política pública que busca mayor transparencia también debe estar abierta al control de la Justicia y tener capacidad para corregir aquello que sea necesario. En ese sentido, la Provincia realizará las adecuaciones correspondientes respecto de los productos alcanzados por la resolución. El objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos.La transformación del sistema comenzó a trabajarse prácticamente desde el inicio de la gestión y, luego de más de un año de trabajo, derivó en una licitación pública y abierta. El objetivo es contar con mayor trazabilidad y poder conocer qué se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y qué recibe cada estudiante.El nuevo esquema es mixto: desayunos y meriendas tendrán una organización provincial, mientras que los almuerzos continuarán siendo administrados por las escuelas, que seguirán realizando compras de alimentos en comercios y proveedores de cada localidad.El Gobierno continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales correspondientes. Mientras tanto, cumplirá lo dispuesto por la Justicia y continuará avanzando con la transformación del sistema alimentario escolar, fortaleciendo los controles, la transparencia y la calidad de la alimentación que reciben los chicos entrerrianos.

El respaldo fue comunicado luego de una reunión mantenida el viernes 14 de agosto en la sede central de AGMER, donde la legisladora dialogó con integrantes de la conducción gremial sobre la situación de la alimentación que reciben los estudiantes de las escuelas públicas entrerrianas.Desde el gremio cuestionan la entrega de determinados productos ultraprocesados durante los desayunos y meriendas y sostienen que el nuevo esquema implementado por el Gobierno provincial debe adecuarse a la normativa nacional vigente en materia de alimentación saludable.

En ese marco, Osuna informó que presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, acompañado por otros 14 legisladores, mediante el cual se plantea la necesidad de revisar el sistema de provisión de alimentos destinado a los establecimientos educativos de Entre Ríos.Además, la diputada realizó un pedido de Acceso a la Información Pública para obtener precisiones sobre distintos aspectos del programa. Entre los puntos consultados se encuentran el impacto que tendrá el nuevo modelo sobre los proveedores locales, los fundamentos para avanzar hacia un esquema centralizado, los antecedentes de la empresa Teknofood SA, los costos involucrados y los parámetros nutricionales utilizados.

También se solicitó conocer cuáles fueron los estudios y evidencias científicas considerados para definir los productos que serán destinados a los estudiantes.

Desde AGMER destacaron la adhesión de la legisladora al planteo judicial y remarcaron la importancia de garantizar una alimentación adecuada y saludable para niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la provincia.

La discusión se desarrolla en paralelo al reclamo judicial presentado por el gremio, padres y organizaciones sociales, que busca que la provisión de alimentos en los establecimientos educativos entrerrianos cumpla con los criterios establecidos por la legislación vigente.

El bloque de diputados y diputadas provinciales Más para Entre Ríos cuestionó este viernes al Gobierno provincial y, particularmente, al director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, por la difusión de casos de presuntas irregularidades en establecimientos educativos.A través de un comunicado, los legisladores peronistas consideraron que se intenta instalar “un manto de sospecha” sobre el funcionamiento general del sistema de comedores escolares de Entre Ríos a partir de situaciones puntuales.Según plantearon, dentro del universo de establecimientos educativos y teniendo en cuenta varios años de funcionamiento, pueden registrarse irregularidades administrativas, pero consideraron que “dos o tres casos” no deberían utilizarse para poner en duda el trabajo que realizan diariamente trabajadores, docentes y comunidades educativas.El bloque sostuvo que la exposición pública de estas situaciones busca presentar casos excepcionales como si fueran una práctica generalizada y defendió el funcionamiento del actual esquema de asistencia alimentaria en las escuelas.Además, los diputados opositores vincularon las denuncias con una posible modificación del sistema. En ese sentido, afirmaron que detrás de los cuestionamientos existiría la intención de avanzar hacia la contratación de empresas privadas para brindar el servicio alimentario.Los legisladores también cuestionaron que las denuncias hayan tenido repercusión en medios nacionales y señalaron que las personas e instituciones mencionadas no cuentan con las mismas posibilidades para dar su versión de los hechos.

Finalmente, el bloque Más para Entre Ríos manifestó su compromiso con los mecanismos de transparencia y control de los recursos públicos, aunque sostuvo que no acompañará medidas que, según su interpretación, puedan significar el desmantelamiento del actual sistema de comedores escolares.Desde el espacio opositor insistieron en que la discusión debe centrarse tanto en garantizar una adecuada alimentación para los niños entrerrianos como en preservar el funcionamiento de una política pública que consideran consolidada en la provincia.

El conflicto judicial por la implementación del nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares de Entre Ríos sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía de Estado presentó una recusación contra el juez Juan Francisco Malvasio, quien lleva adelante el amparo colectivo que mantiene suspendida la puesta en marcha del programa.

La acción judicial fue promovida por un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce, quienes cuestionan el sistema de compra centralizada adjudicado a la empresa Teknofood S.A. y lograron una medida cautelar que frenó su aplicación.Desde el Gobierno sostienen que el magistrado perdió la imparcialidad al dictar una resolución en la que definió el objeto del proceso haciendo referencia a alimentos que podrían causar perjuicios a la salud de los alumnos. Para la Provincia, esa afirmación implica dar por probado un aspecto que justamente debe ser debatido y resuelto durante el juicio.

La Fiscalía argumentó que la calidad nutricional de los productos y su eventual impacto sanitario forman parte del fondo de la discusión y deberán determinarse con las pruebas que se produzcan durante el proceso, por lo que consideran que el juez incurrió en un adelantamiento de criterio.Además, cuestionó que el magistrado haya convocado a potenciales afectados a incorporarse al proceso colectivo antes de resolver aspectos vinculados con la legitimación de quienes iniciaron la demanda.

Tras recibir la recusación, el juez Malvasio rechazó apartarse voluntariamente de la causa. En consecuencia, será ahora el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el que deberá decidir si continúa al frente del expediente o si corresponde designar otro magistrado para seguir tramitando el amparo. 

El funcionario confirmó que la Provincia aguarda la resolución de las apelaciones presentadas ante la Justicia, aunque remarcó que el proceso licitatorio no presenta irregularidades y que las objeciones planteadas apuntan exclusivamente al tipo de alimentos que serán distribuidos.Azzalini sostuvo que los productos incluidos en el nuevo sistema cuentan con aprobación sanitaria y cumplen con los requerimientos nutricionales establecidos. Explicó que se trata de alimentos fortificados con vitaminas, minerales y zinc, que garantizan una composición homogénea, trazabilidad e inocuidad, características que, según afirmó, hoy no siempre están aseguradas en el esquema tradicional.El director de Comedores insistió en que la reforma busca mejorar la calidad nutricional de los desayunos y meriendas que reciben los alumnos. Señaló que el objetivo es garantizar que todos los chicos accedan diariamente a un vaso de leche y alimentos con mayor aporte nutricional, en reemplazo de un sistema que, según indicó, en muchas escuelas se limita a mate cocido con pan.A pesar de las críticas que despertó la medida entre comunidades educativas, comerciantes y algunos sectores políticos, el Gobierno provincial ratificó que sostendrá el nuevo modelo, al considerar que permitirá mejorar el servicio y ejercer un mayor control sobre la utilización de los recursos públicos.En ese sentido, Azzalini recordó que durante las auditorías realizadas por la actual gestión se detectaron numerosas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a los comedores escolares. Mencionó compras injustificadas, utilización indebida de tarjetas oficiales, facturación apócrifa y casos en los que se efectuaban gastos pese a que el servicio no se prestaba.El funcionario citó como ejemplo una investigación realizada en Concordia, donde —según afirmó— se detectaron faltantes por alrededor de 100 millones de pesos en apenas tres meses, además de otras maniobras que ya fueron denunciadas ante la Justicia.Respecto de las críticas por el posible impacto sobre los comercios locales, Azzalini sostuvo que el cambio alcanza únicamente a una parte del sistema alimentario, mientras que las compras destinadas a los almuerzos escolares continuarán realizándose bajo la modalidad actual.También informó que recientemente el presupuesto destinado a los comedores escolares fue incrementado en un 20 por ciento y aseguró que el Estado continuará supervisando el cumplimiento del contrato mediante controles permanentes y el trabajo de nutricionistas que recorrerán los establecimientos educativos.Finalmente, sostuvo que el objetivo de la reforma es garantizar igualdad en la alimentación de todos los alumnos y afirmó que el debate debe centrarse en asegurar una mejor calidad nutricional para los niños que asisten diariamente a las escuelas entrerrianas.

El vocal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, dispuso la publicación de una convocatoria dirigida a todas las personas que se consideren afectadas o tengan un interés directo en el amparo colectivo relacionado con el programa alimentario escolar de Entre Ríos.

La medida se tomó en el marco del expediente Legajo Nº 36.759, caratulado “Varios Padres en representación de sus hijos, ASOC. GREMIAL AGMER y FUNDACIÓN CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”, inscripto en el Registro de Procesos Colectivos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Plazos y modalidad de participaciónLa resolución judicial establece que la convocatoria se difundirá durante dos días a través del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.

A partir de la última publicación oficial, se abrirá un plazo de 7 días para que las personas alcanzadas puedan comparecer en el expediente con el fin de hacer valer sus derechos o manifestar su voluntad de autoexcluirse de la causa.

Protección de la salud en los comedoresEl objeto central del proceso es la tutela del derecho de los niños, niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educativos públicos provinciales y reciben asistencia alimentaria. En particular, la demanda plantea la protección de su derecho a no recibir productos que resulten perjudiciales para la salud.

La presentación judicial apunta a los productos industrializados entregados en las escuelas, en relación con lo establecido por la Ley Nº 25.724 de Nutrición y la Ley Nº 27.642 de Etiquetado Frontal. Asimismo, la resolución identifica como causa fáctica común la implementación por parte de la provincia de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas mediante productos predeterminados. 

El nuevo esquema comenzó a diseñarse hace casi dos años, luego de que la actual gestión detectara importantes diferencias entre escuelas en la calidad de los alimentos, distintos precios para productos similares, dificultades para ejercer controles homogéneos y una sobrecarga administrativa sobre directivos y docentes, que en muchos casos debían destinar tiempo a gestionar compras, buscar proveedores y administrar recursos destinados a la alimentación escolar.

Un proceso licitatorio que llevó varios mesesEl expediente se inició en agosto de 2025 y el llamado a licitación pública fue autorizado en abril de 2026, luego de la elaboración de los pliegos y la intervención de los organismos técnicos y de control correspondientes. Durante el proceso se presentaron dos empresas. Tras la evaluación de la documentación y de las ofertas, una de ellas fue desestimada por incumplimientos documentales y administrativos previstos en los pliegos, mientras que la restante cumplió con la totalidad de los requisitos técnicos, administrativos y de calidad exigidos para la prestación del servicio. La adjudicación se realizó sobre la base de criterios previamente establecidos en la licitación N 02/26 y no por el lugar de radicación de la empresa.

Qué cambia con el nuevo sistemaA partir de esta modalidad, el Estado provincial centralizará la provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas. Esto permitirá garantizar los mismos estándares de calidad nutricional en toda la provincia; asegurar la trazabilidad de los productos desde su origen hasta cada escuela; unificar criterios de compra y liberar a las instituciones educativas de tareas administrativas vinculadas a la adquisición de alimentos. El objetivo de la medida es mejorar la calidad del servicio y el control sobre los recursos públicos.

Cómo funciona la contrataciónLa contratación se realizó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, un mecanismo previsto por la normativa de contrataciones del Estado que establece un monto máximo estimado para garantizar el abastecimiento durante toda la vigencia del contrato.Esto significa que el monto previsto en la licitación no representa una inversión ya ejecutada ni un gasto comprometido en su totalidad. En ese sentido el monto informado constituye el límite máximo previsto para la contratación y que la ejecución dependerá del consumo efectivo durante los ciclos lectivos alcanzados por el contrato.Un sistema con mayores controles y transparencia. Uno de los objetivos centrales de la reforma es fortalecer los mecanismos de control sobre una política pública tan sensible como la alimentación escolar.Desde el inicio de la gestión, el Gobierno provincial incrementó las auditorías y los controles sobre el funcionamiento de los comedores escolares. Ese trabajo permitió detectar irregularidades que derivaron en 10 denuncias penales en distintas localidades de la provincia, además de la instrucción de sumarios administrativos y otras actuaciones internas."Así sea una sola denuncia o un solo desvío de fondos públicos, este Gobierno no lo va a permitir. Durante muchos años se consolidó un sistema con debilidades en los controles, demasiadas intermediaciones y situaciones que nunca se revisaban porque cualquier intento de modificarlo era presentado como un ataque a la escuela o a la alimentación de los chicos. Nuestra responsabilidad es exactamente la contraria: cuidar los recursos públicos para garantizar una mejor alimentación", señaló Lautaro Azzalini, director general de comedores escolares. El nuevo esquema apunta precisamente a fortalecer la trazabilidad de cada compra, mejorar los controles y asegurar que los recursos destinados a los comedores lleguen efectivamente a quienes tienen que llegar.Otro de los cambios centrales del nuevo sistema es la mejora en la calidad nutricional de los alimentos que recibirán los estudiantes.

La empresa adjudicataria se especializa en la elaboración de alimentos fortificados destinados a instituciones educativas y presentó una propuesta que cumple con los requerimientos nutricionales establecidos en los pliegos de la licitación.Los productos aportan el requerimiento diario de vitaminas y minerales, presentan un perfil de grasas saludables y no contienen conservantes ni colorantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas."El objetivo no es solamente garantizar que los chicos reciban un desayuno o una merienda, sino que esos alimentos tengan un verdadero aporte nutricional. En muchos casos el sistema anterior terminaba ofreciendo productos de bajo valor nutricional. Lo que buscamos ahora es que la calidad de los alimentos sea la misma en toda la provincia y responda a criterios técnicos definidos por especialistas", explicó Azzalini. 

Según señaló el gremio docente, el nuevo sistema reemplaza las preparaciones elaboradas en las escuelas por alimentos distribuidos mediante compras centralizadas, compuestos principalmente por leche en polvo, saborizantes, galletitas y cereales industrializados.Desde AGMER advirtieron que la modificación plantea una serie de dificultades vinculadas al almacenamiento de la mercadería, la falta de infraestructura adecuada en numerosas instituciones educativas, las condiciones necesarias para la preparación de los alimentos y la disponibilidad de agua potable en todos los establecimientos.Además, expresaron preocupación por la logística de distribución y señalaron que eventuales demoras en las entregas podrían afectar la continuidad de un servicio considerado esencial para miles de estudiantes entrerrianos.En cuanto al aspecto nutricional, el sindicato sostuvo que la unificación de las prestaciones bajo criterios uniformes “no necesariamente garantiza igualdad”. En ese sentido, remarcaron que la verdadera equidad implica contemplar las distintas realidades sociales, económicas y alimentarias de las comunidades educativas de la provincia.El gremio también advirtió que muchos niños, niñas y adolescentes encuentran en la escuela uno de los pocos espacios donde acceden a una alimentación equilibrada, por lo que consideró que reemplazar preparaciones caseras por alimentos estandarizados y ultraprocesados podría favorecer problemas de salud como el sobrepeso, la obesidad infantil, la diabetes y otras enfermedades asociadas a hábitos alimentarios inadecuados.AGMER alertó además sobre la falta de garantías respecto al equilibrio nutricional que, según indicaron, actualmente contemplan cocineros, docentes y equipos directivos a partir del conocimiento de las necesidades específicas de cada comunidad educativa.

En el comunicado, la entidad recordó que los comedores escolares dependen del área de Desarrollo Social y no del Ministerio de Educación, aunque destacó la importancia del trabajo conjunto entre cocineros, directivos y docentes para definir una alimentación adecuada y fortalecer la educación en hábitos saludables.Finalmente, el sindicato señaló que la implementación de este nuevo esquema se produce en un contexto de crisis económica y advirtió que podría perjudicar a los comercios locales que históricamente abastecieron a los comedores escolares, afectando la actividad económica y el empleo en la provincia.Por último, AGMER instó al Gobierno provincial a abrir instancias de diálogo con las comunidades educativas, trabajadores, profesionales de la nutrición y organismos competentes, con el objetivo de garantizar el derecho de los estudiantes a recibir una alimentación adecuada, saludable y de calidad.

La alimentación escolar vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial. No se trata de una cuestión administrativa menor: para miles de gurises entrerrianos, el desayuno, la merienda o el almuerzo que reciben en la escuela pueden representar la comida más segura —y en algunos casos la única— de toda la jornada.Desde agosto, el Gobierno de Entre Ríos pondrá en funcionamiento una nueva modalidad para abastecer a 996 comedores escolares de establecimientos urbanos y rurales con más de 50 estudiantes. El esquema reemplazará las compras realizadas mediante tarjetas por un sistema centralizado de adquisición y distribución de alimentos.La modificación llega luego de un período especialmente crítico. Hubo comedores que permanecieron cerca de 90 días sin la habilitación de las tarjetas necesarias para comprar mercadería, una demora que dejó a directivos, docentes y comunidades educativas frente a una situación angustiante: tener chicos esperando un plato de comida sin contar con los recursos disponibles para garantizarlo.En muchos establecimientos, esas dificultades debieron ser contenidas mediante la colaboración de cooperadoras, docentes, familias, proveedores y organizaciones locales. Pero la buena voluntad de las comunidades no puede reemplazar de manera permanente una responsabilidad que corresponde al Estado.Con la nueva operatoria, la Provincia concentrará la compra de los productos y establecerá previamente los alimentos, las cantidades y las condiciones nutricionales que deberán cumplirse. La intención oficial es unificar la calidad del servicio y evitar que la alimentación de los estudiantes dependa de los precios, la disponibilidad comercial o los proveedores existentes en cada localidad.Hasta ahora, cada escuela debía organizar sus propias compras. Esa descentralización generaba diferencias importantes entre establecimientos y trasladaba una pesada carga administrativa a directivos y docentes, quienes además de ocuparse de las tareas educativas debían buscar proveedores, controlar saldos, administrar las tarjetas y resolver los inconvenientes cotidianos del comedor.El nuevo sistema promete liberar a los equipos escolares de esas responsabilidades y concentrar en el Estado la adquisición, el control y la distribución de los alimentos. También permitirá contar con una trazabilidad común de las compras y establecer criterios nutricionales similares para todos los comedores incluidos.La empresa responsable de prestar el servicio fue seleccionada mediante un proceso licitatorio y deberá cumplir con las condiciones técnicas, administrativas y de calidad previstas. A partir de ahora, el desafío será lograr que la mercadería llegue a tiempo, en buenas condiciones y en cantidades suficientes a cada escuela, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.La centralización puede ofrecer mejores controles y mayor capacidad de planificación, pero también implica un riesgo: una demora en la compra, el transporte o la distribución podría afectar simultáneamente a una gran cantidad de establecimientos. Por eso será fundamental que el Gobierno cuente con una logística eficiente y mecanismos de respuesta inmediata frente a cualquier inconveniente.La transformación incluye además la profesionalización del personal de cocina, la digitalización de la gestión y la reorganización del desayuno para que pueda brindarse al inicio de la jornada escolar.El objetivo anunciado es que ningún estudiante comience las clases con hambre. Sin embargo, la verdadera evaluación no surgirá de los anuncios ni de los expedientes administrativos, sino de lo que ocurra cada mañana en las escuelas.Después de las prolongadas demoras que atravesaron algunos comedores, el Gobierno tendrá ahora la oportunidad —y la obligación— de demostrar que puede modificar una realidad dolorosa. Porque cuando falla la alimentación escolar, no fracasa solamente un sistema de compras: queda expuesta la vulnerabilidad de cientos de chicos que dependen de ese plato para atravesar el día.

La actualización ya fue aprobada y comenzará a verse reflejada en las acreditaciones que perciban las escuelas durante los próximos días. La medida alcanza a las partidas destinadas a las raciones de los alumnos que asisten a los comedores escolares y forma parte del seguimiento permanente que realiza la cartera provincial para acompañar el funcionamiento de estos espacios en todo el territorio entrerriano.La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó que la decisión responde a una política integral impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio para fortalecer el acompañamiento a las infancias y garantizar mejores condiciones en toda la provincia. "Sabemos que una alimentación adecuada es fundamental para el desarrollo de los chicos. Por eso, además de actualizar las partidas para que las escuelas puedan sostener un servicio de calidad, seguimos trabajando en fortalecer todo el sistema alimentario escolar".El director de Comedores, Lautaro Azzalini, señaló: "La provincia está realizando un importante esfuerzo presupuestario para incrementar en un 20 por ciento las partidas destinadas a los comedores escolares, acompañando el contexto económico actual. Garantizar que los chicos reciban un servicio alimentario de calidad en las escuelas es una prioridad para nuestra gestión". El funcionario destacó además que la actualización de los montos busca sostener el poder de compra de las instituciones educativas, permitiendo que continúen accediendo a los insumos necesarios para ofrecer menús equilibrados y adecuados a las necesidades nutricionales de los estudiantes.La medida se enmarca en las acciones que el Ministerio de Desarrollo Humano viene impulsando para acompañar a las infancias y adolescencias entrerrianas, entendiendo que una alimentación adecuada constituye una herramienta fundamental para el bienestar, el desarrollo integral y el fortalecimiento de las trayectorias educativas. En ese sentido, la provincia continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al cuidado y la promoción de derechos de niños y adolescentes, mediante estrategias que articulan acompañamiento alimentario, inclusión