La reunión de trabajo fue con el objetivo de profundizar los canales de comunicación y avanzar en acciones conjuntas que optimicen el funcionamiento del servicio de justicia.Asimismo se destacó la importancia de sostener una agenda de diálogo institucional permanente, con el compromiso de fortalecer la calidad del servicio de justicia en la provincia.

El Colegio de la Abogacía Sección Concordia ha fijado una clara posición en desacuerdo con la posible designación del Dr. Ricardo Agustín Larocca para la titularidad del Juzgado del Trabajo N°2 de Concordia, en lugar de la Dra. Iriel Munitz. La institución ha expresado su preocupación, la cual será transmitida por nota este lunes al gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y a la vicegobernadora y presidenta del Senado Provincial, Alicia Aluani.Según la nota emitida por el Colegio, fechada el 26 de junio de 2025, la propuesta de designación de Larocca “omite considerar los resultados del concurso de oposición y antecedentes” para dicho Juzgado. Asimismo, la presentación del pliego de Larocca remitido al Honorable Senado proponiendo para la titularidad del Juzgado del Trabajo N° 2,  ignora los “antecedentes concretos de desempeño” de la Dra. Iriel Munitz, quien actualmente ejerce funciones en el mismo Juzgado del Trabajo y a quien, por concurso, le correspondería titularizar dicho cargo. El desempeño de la Dra. Munitz es “reconocido por la enorme mayoría de colegas” del foro local.El Colegio de la Abogacía destaca que el Juzgado del Trabajo N°2 es conocido entre los profesionales de la abogacía por mantener “uno de los mejores niveles de eficiencia y despacho de causas en la jurisdicción”, respetando los plazos del Código de rito. Este resultado, afirman, “en buena medida responde al compromiso, solvencia técnica y desempeño de la mencionada magistrada”.Desde el Colegio consideran que la exclusión de la Dra. Munitz de los pliegos elevados al Senado Provincial genera una “fuerte mensaje de desaliento” para aquellos profesionales y funcionarios judiciales que participan en concursos, ya que se percibe que no se ponderan los resultados de los mismos, ni las circunstancias formativas, el desempeño vigente o el compromiso con la labor asumida. Esta situación podría restar “eficacia y eficiencia”, dado que un nuevo juez debería avocarse al conocimiento de cada proceso, lo que en una jurisdicción de “alta litigiosidad” como Concordia, podría implicar una “desarticulación de dicho juzgado”, conllevando a retrasos en un fuero tan sensible como el laboral, donde están en juego “derechos alimentarios de los trabajadores”.En apoyo a su postura, el Colegio adjuntó una nota presentada por “numerosos colegas laboralistas” de Concordia que respaldan la designación de la Dra. Munitz en el cargo que legítimamente le correspondería según el Concurso Público realizado.Por todo lo expuesto, la entidad solicitará al Gobernador que “intervenga en resguardo del respeto a la transparencia de los concursos públicos de Oposición y Antecedentes, a la igualdad de oportunidades, e incluso, a la paridad de género en la designación de jueces, conforme los estándares constitucionales vigentes”.

Según explicaron, el dictamen aprobado por la Comisión de Legislación General se aparta del Proyecto que tiene media sanción y que fuera aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, “luego de un arduo, serio y comprometido trabajo de todos los integrantes de la Comisión de Legislación General de la Cámara junto al Colegio de la Abogacía”.

Desde el CAER detallaron que el dictamen de la Comisión, tras seis meses de demora, “modifica lo acordado y baja los honorarios de los profesionales del derecho, incluso por debajo de los mínimos actuales en varios procesos, dictando una norma regresiva”.

Y anticiparon: “Esta afrenta hacia la abogacía no será permitida ni avalada por el CAER y toda la abogacía entrerriana”.

Para alcanzar el mejor servicio de justicia posible, es necesario contar con procesos de designación de jueces y juezas que culminen con la selección final de idóneos, probos y capaces para el cargo. En tal lógica, los concursos constituyen el único método que reúne y garantiza a priori una elección adecuada, ya que asegura transparencia e igualdad en el mecanismo utilizado, objetivo que todo estado de derecho persigue y nosotros no somos la excepción. Dentro del sistema de concursos se encuentra comprendido los órdenes de mérito que evalúan a los aspirantes, criterio que colabora en evitar la discrecionalidad en la cobertura de lugares, sobre todo en aquellos casos donde se necesite de manera urgente un reemplazo.

En el marco de nuestra potestad como Colegio de Profesionales de la Abogacía local, surge imperativo opinar sobre ésta y todas las designaciones que se realicen, como forma de colaborar activamente en mejorar el servicio de justicia. Somos guardianes de la ley, en ese carácter, nos surge necesario brindar nuestra mirada especializada sobre las selecciones llevadas adelante en nuestro foro de Concordia.

La designación de la Dra. Geist para cubrir una vacancia y/o interinato, la cual calificamos por lo menos de irregular, no resulta novedoso, pues hemos sido testigos en los últimos tiempos a que el STJER proceda al llenado de las vacantes que se originan en el Poder Judicial de nuestra ciudad y hasta el nombramiento definitivo de los jueces titulares, con profesionales, en muchos casos, sin experiencia suficiente y/o cuyos méritos técnicos o académicos son cuestionables para el ejercicio de tan trascendental responsabilidad, es más, ignorando a los propios de nuestras ciudad.

Esta inexplicable actitud no resulta ingenua o menor ya que dichas personas, carentes de los requisitos suficientes para el ejercicio del cargo, van generando antecedentes y/o experiencia que posteriormente les permite disputar la titularidad del cargo vacante en los futuros concursos a celebrase en franca ventaja sobre otros postulantes que no han tenido dicha discrecional posibilidad.

Lamentablemente en el caso del nombramiento de la Dra. Geist el STJER ha dado un peligroso paso más allá, en el ejercicio de las facultades que discrecionalmente utiliza, pues en contra de toda lógica ha obviado la existencia de una terna surgida del Concurso para el Juzgado de Familia N°3, ya celebrado para ocupar dicho cargo y donde ya existían profesionales evaluados a fin de titularizar como jueces o juezas de Familia.

Consideramos además como practica saludable y a los fines de seguir un criterio lógico, que deberá tenerse en cuenta las personas que han concursado para el fuero de familia, porque ello no solo habilita su mérito sino el conocimiento específico de la materia y así cumplirse con uno de los postulados de la ley que refiere que los procesos de familia, deben tramitar ante jueces especialistas (cftr. Art. 1º inc 2 de la ley10.668). Los problemas que abarca el Derecho de Familia son muy diferentes a los comprendidos por otras áreas del Derecho Civil, por sus particulares controversias que involucran una gama compleja de relaciones y vínculos de duración y permanencia.

Por todos estos motivos, exigimos que el Superior Tribunal de Justicia tome inmediata intervención en el asunto y se ajuste al procedimiento específico para designación de Juez y/o Jueza de Familia, respetando el orden de mérito respectivo.

Finalmente, instamos al cese definitivo en la discrecionalidad de los nombramientos de cargos suplentes con personas que no son idóneas, como se ha venido llevando adelante desde hace un tiempo a esta parte por del STJER y que las vacantes sean ocupadas por las personas más preparadas a fin de garantizar a los ciudadanos, los únicos merecedores y destinatarios, de un mejor Servicio de Justicia.

Comisión Directiva Colegio de la Abogacía de Entre Ríos

Seccional Concordia

Desde el CAER entienden que asegurar la tutela judicial continua y efectiva, así como el acceso irrestricto a la justicia, según marca el art. 65 Constitución de Entre Ríos, son principios fundamentales de la sociedad democrática y constitucional. La preocupación de todos los matriculados de la provincia surge a partir del Plenario de AJER realizado el viernes pasado, en el que se decidió profundizar las medidas de acción directa estableciendo, para lo que queda del mes de abril, retenciones de servicios y dos jornadas de paro total, con quite de colaboración.

Los principios de acceso a la justicia y la tutela se llevan a la práctica a través de la petición de justicia que realizan las personas ante los jueces (art. 65 Constitución de Entre Ríos, el art. 18 de la Constitución Nacional y los arts. 25 y 81 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos. (CADH), como también que los actos y decisiones judiciales deben realizarse en tiempo razonable, sin retardos ni dilaciones indebidas, tal como lo marca el art. 65, 2° párrafo, de la constitución provincial. Desde el Colegio de la Abogacía remarcan que estas medidas sin dudas afectarán el normal servicio de justicia en la provincia. En el marco de la actual situación económica y sanitaria, las autoridades del CAER reconocen que los trabajadores judiciales han visto congelados sus salarios desde hace más de un año, comprendiendo que el ejercicio del derecho de huelga por garantía de justa distribución es un derecho constitucional, pero sin omitir la defensa del derecho a trabajar de las abogadas y los abogados entrerrianos, ni de los ciudadanos de acceder a la justicia para peticionar la tutela de sus derechos, que también son garantías constitucionales de igual rango.

Por otro lado, y en relación a la publicación de AJER, el CAER acompaña y hace propia la petición de proscribir la violencia laboral en los tribunales provinciales que ha realizado AJER. Las autoridades deben extremar la prevención de tales conductas que no solo hace a la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores judiciales, sino también a todo el servicio de justicia entrerriano.