La abogacía de Entre Ríos salió con dureza a cuestionar los recientes dichos del presidente de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER), quien había atribuido parte de la crisis del organismo a una supuesta “industria del amparo”. Desde el sector profesional calificaron esas expresiones como un intento de estigmatización y de desviar responsabilidades frente a una gestión que consideran deficiente.Según señalaron, resulta grave que desde la conducción de la obra social se apunte contra los abogados en lugar de asumir las falencias administrativas que afectan a miles de afiliados. Recordaron que el recurso de amparo no es una herramienta abusiva, sino un derecho constitucional que los ciudadanos utilizan cuando se les niegan prestaciones básicas de salud.

En ese sentido, remarcaron que los profesionales del derecho no generan los conflictos, sino que intervienen cuando el sistema falla. “La judicialización aparece cuando la obra social no responde”, sostuvieron, y advirtieron que detrás de cada amparo hay jubilados, niños y familias que no reciben medicamentos, tratamientos o cirugías en tiempo y forma.

También subrayan que las sentencias adversas contra la OSER no son producto de vacíos legales, sino de decisiones judiciales que ordenan cumplir obligaciones incumplidas. Para el sector, cada fallo es una señal clara de que existen problemas estructurales en el funcionamiento del organismo.Por último, rechazaron que se intente responsabilizar a los honorarios profesionales o a la labor de los abogados por el déficit financiero de la obra social. Consideraron que ese enfoque no solo es incorrecto, sino que afecta al estado de derecho y al derecho de los ciudadanos a acceder a la Justicia.

Desde la abogacía entrerriana instaron a las autoridades de la OSER a dejar de buscar responsables externos y a concentrarse en garantizar una cobertura de salud digna, eficiente y acorde a los aportes que realizan los trabajadores de la provincia.

A partir de estos casos recientes surgió una pregunta inevitable: ¿cómo actúa el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) ante los comportamientos delictivos o antiéticos de sus matriculados?Para conocer cómo funciona el régimen disciplinario y cuáles son los criterios que determinan la exclusión o suspensión de la matrícula, Cuestión de Fondo (Canal 9) dialogó con el presidente del Colegio de la Abogacía, Santiago Esquivel, quien explicó los mecanismos internos y los alcances de las sanciones previstas en la Ley 10.855 (Colegio de la Abogacía) que regula el ejercicio profesional en la provincia.

“Dentro de la Ley 10.855 tenemos aquellas exclusiones legales como en el caso de los condenados y después tenemos las exclusiones que derivan de sanciones disciplinarias por incumplimientos a las normas éticas. Son dos cosas distintas. La exclusión legal figura en el artículo 40 y tiene que ver con aquellos que son condenados judicialmente. Es una exclusión que deviene de la Ley”, explicó.Y agregó: “Las sanciones disciplinarias van por otro carril: hay primero una parte sumaria que las realiza las seccionales del CAER y eso luego se eleva al Consejo Directiva que luego decide si se eleva al Tribunal de Disciplina, un órgano horizontal sobre el cual el consejo no tienen incidencia, decide si hay algún incumplimiento. Las sanciones pueden ser el apercibimiento, multa, suspensión o exclusión”.

Algunos de los casos más resonantes en los últimos años:Guillermo SmladoneEn agosto último, la Justicia homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado el Ministerio Público Fiscal y el exministro de Trabajo del urribarrismo Guillermo Smaldone en el marco de la causa de las Coimas. Smaldone fue hallado culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de autor, fraude a la Administración Pública en calidad de autor y cohecho pasivo, y se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua, y el pago de una multa por la suma de $90 mil.El 3 de septiembre y a través de la resolución Nº 35.782 el consejo directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos resolvió “excluir de la matrícula” a Smaldone “hasta el cumplimiento efectivo de las penas aplicadas”, La medida comenzó a regir a partir del 3 de septiembre último.

Humberto BaridonEn 2023, el CAER resolvió excluir de la matrícula a Humberto Federico Baridón, abogado que en noviembre de 2021 fue condenado a 15 años de cárcel por violar a su expareja.En rigor, un jurado popular lo encontró culpable de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego; abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego; y abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas. El ahora exletrado, de 47 años, había sido denunciado por su expareja a principios de enero de 2020. 

Gustavo RivasEl 13 de febrero e 2023, el CAER le retiró la matrícula a Gustavo Rivas, el abogado de Gualeguaychú condenado a 23 años de prisión por promoción de la prostitución y corrupción de menores. Rivas fue juzgado por 13 hechos y condenado a una pena de 23 años de prisión al encontrarse culpable en ocho de los casos denunciados por promoción de la prostitución y corrupción de menores de edad. La revista Análisis dio a conocer el caso en julio de 2017.

Pedro De La MadridPedro De la Madrid fue condenado en el marco de un juicio abreviado el 5 de julio de 2016, por el vocal del Tribunal de Juicio de Concordia, Alberto Funes Palacios. Se le impuso la pena de 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado por el delito de uso de instrumento público falso y estafa en grado de tentativa en concurso ideal y destrucción de medios de prueba en concurso real. El 6 de agosto de 2020, Casación confirmó la sentencia. En 2021 quedó firme.

El año pasado, el 17 de diciembre de 2024, volvió a ser noticia al ser detenido en los Tribunales de calle Mitre 133, en Concordia, por personal de la División Criminalística e Investigaciones. La orden de aprehensión fue solicitada por la fiscal Daniela Montangie y fundamentada en el presunto delito de quebrantamiento de pena y ejercicio ilegal de la profesión. La defensa de De La Madrid, encabezada por el abogado Jorge Esteban Romero, presentó en 2023 un pedido de extinción de la pena, argumentando que el plazo debía computarse desde la fecha original de la sentencia en 2016. Esta interpretación fue rechazada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, que determinó que el plazo comenzaba a contarse desde la firmeza de la sentencia en el 2021, con vencimiento en septiembre de 2025.En 2021, mediante resolución 28.800, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos resolvió excluirlo de la matrícula tras recibir oficio desde el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, comunicando el rechazo de las apelaciones que había presentado el abogado, de manera tal que la sentencia en su contra quedó firme.

Los hermanos FranquelliEl Colegio de la Abogacía de Entre Ríos efectivizó la sanción de exclusión del ejercicio profesional a dos abogados de San José, en el departamento Colón, los hermanos Juan Manuel y José Luis Franquelli, involucrados en una causa por estafa procesal al truchar juicios laborales. La medida está contenida en la resolución Nº 30.328, del 4 de enero de 2023, aunque se relaciona con hechos que se ventilaron en Tribunales en 2018. La Sala del Trabajo rechazó un recurso de nulidad en 2020 contra la sanción del CAER.Los letrados fueron condenados en un juicio abreviado en 2018 por promover 17 juicios laborales truchos contra Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) en base a documentación que, después, se probó que era apócrifa y fingiendo accidentes laborales que nunca ocurrieron. Las aseguradoras involucradas en esas maniobras fueron Liberty y Mapfre. En los juicios laborales que promovían los hermanos Franquelli, el abogado defensor de los supuestos damnificados en juicios laborales siempre era el mismo:  Carlos Almeyra.

La primera sanción, en 2019, fue aplicada por el Tribunal de Disciplina de Disciplina del Colegio de la Abogacía a partir de la apertura de la investigación penal preparatoria por parte de la Unidad Fiscal de Colón que devino en la apertura de la causa «Baez Adrián Edgardo y ots. s/Estafa procesal» y su acumulado «Almeyra Carlos Osvaldo y ots. s/Prevaricato», que concluyó con el dictado de una condena en juicio abreviado, que dictó la jueza de Garantías subrogante Melia María Ríos, a los hermanos Franquelli.A Juan Manuel Franquelli lo hallaron culpable “coautor materialmente responsable de los delitos de estafa procesal y prevaricato en grado de tentativa y lo condenaron a dos años de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer la abogacía en el territorio nacional.En tanto, José Luis Franquelli fue hallado culpable del delito de estafa procesal en grado de tentativa reiterada y prevaricato en grado de tentativa, y recibió la condena a seis meses de prisión condicional y ocho meses de inhabilitación especial para ejercer la abogacía en el territorio nacional.El caso llegó con un recurso de nulidad y apelación a la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia, que rechazó los reproches de los dos abogados, que en su defensa dijeron que la resolución del Colegio de la Abogacía “es nula por incurrir en violación de los principios de legalidad y reserva, reiterando su alegación sobre inconstitucionalidad las normas disciplinarias, regulatorias y Código de Ética; la garantía de juez imparcial descalificando el funcionamiento del Colegio al que considera como un club de amigos, en el que sólo algunas voces son escuchadas, y señalando que el Tribunal de Disciplina es ‘juez y parte’, por lo que no se garantiza el Juez imparcial, lo que conlleva la violación de la garantía del debido proceso”.El 4 de marzo de 2021, la misma Sala Laboral del STJ rechazó el recurso extraordinario federal para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, los abogados sancionados fueron en queja a la Corte, que el 6 de septiembre de 2022 lo declaró “inadmisible”. Desde entonces, sus matrículas no están vigentes.

Julio LarroccaJulio Larrocca, exdirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que fue condenado en 2018 en el marco de la causa de los terrenos fiscales de Puerto Yerúa, departamento Concordia. Se trata del caso en el que se juzgó a funcionarios, familiares y allegados que se repartieron tierras fiscales a través de maniobras fraudulentas. La causa tuvo como principal acusado al exintendente Hugo Cevey, quien en marzo de 2018 aceptó su culpabilidad –en el marco de un juicio abreviado- por los delitos de peculado y fraude a la Administración Pública.  Entre quienes no aceptaron la instancia del juicio abreviado estuvieron Julio Larrocca, asesor legal del municipio de Puerto Yeruá, presidente de la Liga Concordiense de Fútbol y exvicepresidente Primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.El 4 de mayo de 2018, el Tribunal conformado por los jueces Ivés Bastián, Carolina López Bernis y Silvina Gallo, declaró a Larroca autor responsable de los delitos de peculado y fraude a la administración pública. Lo condenó a la pena de 5 años de prisión; inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la función pública; 5 años de suspensión de la matrícula y el pago de una multa de 90 mil pesos.

La Sala Penal del STJ dispuso el 24 de mayo de 2024 que el Tribunal de Juicio de Concordia dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho en relación a la pena impuesta a Julio César Larrocca. Explicaron que la pena luce desproporcionada en comparación con la que recibieron otros imputados en la misma causa y que de ese modo se afectó el principio constitucional de igualdad. En octubre, el STJ habilitó la vía a la Corte Suprema.

Aixa SchnitmanLa joven abogada, quien supo trabajar en la Municipalidad de Santa Elena como asesora del área de Mujeres, Género y Diversidad, fue detenida en un megaoperativo que se realizó el sábado 15 de junio de 2024. Schnitman estuvo detenida hasta el 17 de julio de ese año en la Jefatura de Policía del Departamento La Paz junto con su madre, Lourdes Ramírez, conocida como “La Paraguaya”. El fiscal Facundo Barbosa, en una audiencia realizada el año pasado, dijo: “Lo cierto es que los hallazgos en los domicilios de Aixa Maillén Schnitman y la señora Lourdes Ramírez, sumado al contenido de las intervenciones telefónicas, otorgan a ellas precisamente un rol preponderante en la organización de la actividad delictiva. Es decir, en ninguno de los otros domicilios se encontró más de un kilo de cocaína de alta pureza y 6.100.000 pesos; o en el caso de el domicilio de Ramírez, 280 gramos de cocaína, o 280.000 pesos”. El 20 de septiembre del año pasado, el juez Mauricio Mayer revocó el arresto domiciliarioEl sábado 18 de octubre de este año, la letrada fue nuevamente detenida en un operativo por narcomenudeo. Pero en esta causa, según se pudo averiguar, no prosperará en su contra dado que no hay pruebas en su contra. Quienes sí están comprometidos son su madre y su hermano Sergio Nicolás.

Julio Gamarci, investigadoEl 16 de octubre del año pasado, la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos allanó el Estudio Gamarci -jurídico, contable y notarial-, ubicado en calle 9 de Julio 326 de la ciudad de Paraná, en el marco de la causa conocida como “mesa de dinero”. En dicha causa está siendo investigado el abogado Julio Gamarci como coautor o bien como partícipe de la maniobra defraudatoria. El principal investigado es Matías Santa María.

Carlos ReggiardoEl abogado de la Municipalidad de Santa Elena, Guillermo Reggiardo, fue suspendido esta semana por el término de 60 días por el Tribunal de Ética del CAER por conflicto con jueces en Gualeguay. Además, en la faz penal, en septiembre se supo que la Unidad Fiscal de Gualeguay solicitó la elevación a juicio de dos causas acumuladas. Él dice que es víctima de una persecusión política-judicial. Las investigaciones penales preparatorias le imputan los delitos de desobediencia judicial en un caso, y coacciones agravadas contra una funcionaria pública, perturbación de audiencia y desobediencia judicial en el otro, ambos en un contexto de violencia de género.A ese proceso, se le suma un proceso disciplinario ante el Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía. El proceso se inició por una denuncia formalizada el 7 de agosto de 2024 y la segunda en febrero de 2025 por parte de la abogada santaelenense Valeria Burckhard, quien afirmó que el letrado intervino en un proceso de familia y penal sin darle aviso y haber utilizado “supuestos dichos que la letrada denunciante habría tenido en el marco de confianza con su cliente, como audios”. El Caer de La Paz consideró que el letrado efectuó “una serie de maniobras que sin dudas causaron agravio a la colega denunciada siendo el problema ventilado en medios de comunicación, lo que sin dudas afectó la imagen pública de la letrada denunciada”. La seccional La Paz de Caer remitió el 30 de mayo el expediente al Tribunal de Ética provincial, que deberá resolver. Se le endilga que su conducta encuadra en el artículo 39 inciso E y C y el artículo 46, incisos a, b y c del Reglamento de Normas de Ética Profesional.

Mario Izaguirre IbañezEl Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná otorgó la libertad condicional al abogado Roberto Mario Izaguirre Ibáñez y al contador Salvador Luis Morelli, ambos condenados en 2023 por el delito de asociación ilícita fiscal en perjuicio de la ex AFIP (actual ARCA).Izaguirre Ibáñez fue condenado como autor material de la asociación ilícita fiscal a cinco años y tres meses de prisión y multa de $90.000, aunque la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal redujo luego la pena a tres años y seis meses. Los condenados llegaron al TOF en 2023 investigados por delitos de cuello blanco, simulaciones de pago a la entidad recaudatoria ofrecidas a distintas empresas y una defraudación que superó los 10 millones de pesos durante 2011, cuyo cálculo a la actualidad equivaldría al millón de dólares.Juan José Canosa, investigadoEl extitular de Sidecreer, la tarjeta del Estado provincial, Juan José Canosa (condenado en 2018 por negociaciones incompatibles) y su esposa, Paula Montefiori, continuarán procesados por enriquecimiento ilícito. Así lo definió el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en un fallo firmado por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia. Cabe recordar que en abril de 2024, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la remisión a juicio de esta causa. En el marco del legajo, la pericia contable oficial se completó el 22 de noviembre de 2022. “La conclusión es que hubo enriquecimiento. Tanto del perito de parte como de la perito del STJ. Ellos plantean dos escenarios de acuerdo a la documentación de la causa”, alegó el fiscal Gonzalo Badano en una audiencia y puntualizó: “En un escenario se determinó un enriquecimiento de más de 200 mil dólares y en otro escenario uno de más de 500 mil dólares. Es decir, hay enriquecimiento apreciable en los dos escenarios”. (I:Análisis) 

Por el CAER estuvieron presentes su presidenta, María Marta Simón junto a miembros del Consejo Directivo local; la presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), Mariel Margarita Tschieder; y el Vicepresidente 3°, Francisco Javier Panero. La representación del STJ estuvo conformada por el presidente, Leonardo Portela, la vicepresidenta, Laura Mariana Soage y la vocal de la Sala Penal, Claudia Mizawak.Se pusieron de manifiesto asuntos atinentes a la dinámica diaria, tanto del ejercicio de la profesión como de la prestación del servicio de justicia; tras lo cual se arribó al compromiso de canalizar mediante el diálogo institucional las cuestiones que en el futuro puedan ser motivo de conflicto y que hacen a los legítimos intereses de cada representación.

A través de un comunicado, la Sección Concordia manifestó su preocupación por lo que consideró un “ataque institucional, digital y moral” dirigido a la titular del colegio profesional. En esa línea, ratificaron que la labor del CAER se enmarca en la defensa del ejercicio profesional de la abogacía y en la promoción de una administración de justicia respetuosa del orden legal.

El documento también reafirma que las observaciones formuladas por el CAER en relación con la aplicación de la Ley 11.141 tienen como objetivo garantizar una retribución justa para los abogados y abogadas de la provincia, en consonancia con lo que establece la normativa vigente. En tal sentido, sostienen que dichos planteos no pueden interpretarse como actos intimidatorios o de presión institucional.

La Sección Concordia destacó además la gravedad de los hechos denunciados, entre ellos la recepción de una nota institucional con tono intimidante, seguida por una rápida y coordinada difusión en medios digitales alineados editorialmente, donde se replicaron acusaciones acompañadas por la imagen personal de la Dra. Simón y titulares considerados agraviantes.

En consonancia con el CAER provincial, desde la Sección Concordia calificaron esta situación como una operación de desprestigio, con alto impacto público y características de violencia simbólica, moral y política por razones de género. Señalaron que se trata de un intento por disciplinar una voz institucional por el solo hecho de provenir de una mujer que ocupa un rol de liderazgo.

Finalmente, el comunicado subraya que el Colegio de la Abogacía es una institución con legitimación legal para intervenir en defensa de la profesión y formular observaciones sobre aquellas prácticas que afectan el ejercicio del derecho. En este caso, remarcaron que la defensa de la correcta aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales constituye una acción legítima en favor de una retribución equitativa para quienes ejercen la abogacía en la provincia. 

Una de las listas participantes en esta elección compartió su visión y propuestas en un comunicado oficial. Bajo el lema "Desde la Costa del río Uruguay", este grupo de abogados del interior de la provincia ha presentado su candidatura con el objetivo de representar a los colegas que ejercen la profesión de manera activa y cotidiana, quienes afrontan los desafíos y complejidades del ejercicio profesional en la actualidad.

El comunicado destaca la importancia de contar con una representación gremial activa, plural y efectiva en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. En un esfuerzo por abordar las necesidades y preocupaciones de los profesionales de a pie, esta lista se compromete a ser una voz para aquellos que viven de su profesión y desean una solución a los desafíos que enfrentan en su práctica diaria.

Los cuatro candidatos propuestos por esta lista son abogados de reconocida trayectoria profesional que conocen de primera mano los problemas que enfrentan los colegas en su trabajo diario. Los postulantes son el Dr. Carlos José Francisco Scharn, de la ciudad de Concordia; la Dra. Silvana Olivera, de la ciudad de Paraná; el Dr. Juan Pablo Bonnin, de la ciudad de Concepción del Uruguay; y la Dra. Analía Cardoso, de la ciudad de Concordia.

Durante el encuentro realizado, en el Salón de Acuerdos del STJ, se presentó el sistema informático aprobado para el sorteo de amparos y temas vinculados al fuero penal.

De la reunión participaron la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), María Marta Simón; el vicepresidente del CAER, Santiago Esquivel; el secretario Andrés Galizzi, y las presidentas de seccionales, Ivana Balbi (Victoria), Silvina Raffo (Colón) y Patricia Carruego (Tala) y la Secretaria de Superintendencia N°1 del STJ, Elena Salomón.

Participaron del encuentro la Presidenta de la Sección Concordia Dra. Graciela Chiappa, el Vicepresidente Carlos Del Valle, Secretario Ignacio Lagadari, del Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología, el Secretario José Velázquez y la Tesorera Brenda Vittori, los Delegados del departamento de Concordia, María Belén Gómez, Javier Orduna, Oscar Bacigaluppe, Pablo Palacio.

También participaron del encuentro, los delegados del Instituto de Derecho Penal de San Salvador Maximiliano Vinacur y del Departamento Colón Jonhatan Caire. En el encuentro acordaron la creación de la subcomisión del Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos en la Sección de Concordia para abordar las inquietudes que aquejan a los abogados y abogadas de a pie en el ejercicio de la profesión.

También definieron un plan de acción para la defensa y capacitación de los matriculados y matriculadas del fuero a los fines de generar los compromisos necesarios para la mejorar el servicio de justicia.

Los abogados de a pie que ejercen el derecho penal y bregan por el imperio de la ley, las garantías y la verdad, no están solos.

Cabe destacar que este Colegio ha tenido siempre una visión contemplativa y respetuosa de las distintas manifestaciones, reclamos y postulaciones gremiales del sector, inclusive acompañando en ocasiones posturas que entendimos, resultaban de absoluta ingerencia conjunta.

Dicho esto, también es cierto que en el caso en particular se trata de una actividad con características especiales y absolutamente diferentes al resto de la administración pública provincial, motivo por el cual merece una mayor y mejor atención por parte de las respectivas autoridades.-

En efecto, detrás de cada expediente judicial en trámite existe una expectativa personal, familiar, económica, en definitiva, de indudable contenido social y es por ello que la demora en su solución -aun justificada-, perjudica y lesiona aquel derecho que el ciudadano pone en manos de la justicia, y no al revés, porque justamente lo que debe caracterizarnos como sociedad democrática es no dejarnos tentar por ejercer el derecho por nuestras propias manos, aun cuando pensemos que no nos queda otra alternativa.

Como abogados, entendemos y asumimos que debemos bregar incansablemente por la búsqueda permanente de un servicio de justicia oportuno, eficaz, equitativo, e igualitario, de lo contrario, habremos claudicado nuestra incumbencia y responsabilidad profesional en perjuicio de quienes nos han confiado aquellas expectativas.

Resulta innegable que la pandemia ha afectado a todas y cada una de las actividades y en mayor o menor medida todos hemos experimentado consecuencias imprevisibles y disvaliosas.

Es por eso que las actuales circunstancias nos exigen una mayor responsabilidad y solidaridad a la hora de postular nuestra queja. Observemos un poco a nuestro alrededor y comparemos realidades, es una buena forma de saber quienes han sido mas afectados.

*En consecuencia, nuestro pedido va dirigido a todos los actores del sistema judicial, a los empleados que trabajan con ahínco y compromiso tanto funcional como social y también va dirigido a los funcionarios que tienen la responsabilidad de procurar las respectivas condiciones de trabajo para que aquello pueda materializarse.

A todos ellos los exhortamos a arbitrar todas y cada una de las medidas que resulten necesarias para que en definitiva se garantice el servicio de justicia a toda la comunidad.

En relación a la denuncia por la designación a dedo en el Poder Judicial realizada semanas atrás por una abogada de la ciudad de Concordia, la Dra. Evelyn Siblen, el presidente del Colegio de Abogados de Concordia (Dr. Silvio Rugolotto), aclaró cuál y cómo es el reclamo que CAER presentó al Superior Tribunal de Justicia.

Cabe recordar que Siblen denunció esta situación mediante una carta presentada en el Colegio de Abogados Concordia, que fue firmada por ella y dos colegas más. En la misma denuncian a funcionarios con nombre y apellido, y reclaman por casos en que la designación de cargos vacantes en el poder judicial local se han otorgado �Sa dedo⬝, según sus propias palabras.

La comisión directiva del Colegio de Abogados Concordia, previo análisis, tomó esta petición de la Dra. Siblen y la elevó al Colegio Central de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), respetando así las vías de reclamo. El colegio central, aceptó esto y lo dio a conocer formalmente al Presidente del Superior Tribunal de Justicia el Dr. Martín Carbonell.

Rugolotto entrevistado por Diario El Heraldo dijo: �Sla gestión nuestra, en este sentido, fue exitosa puesto que llegamos a la máxima autoridad del Superior Tribunal de Justicia (por el Dr. Carbonell) y se han respetado las vías formales⬝.

Asimismo manifestó que el pasado viernes (23 de abril) hubo una reunión en la que el Dr. Carbonell STJER, se comprometió con otorgar una pronta respuesta al caso.

Posteriormente el presidente del colegio declaró: �SNosotros funcionamos como gremio, estamos llamados a garantizar el ejercicio profesional del matriculado en ejercicio profesional, esto es cuando actúa en representación de una parte o de sí mismo.

Pero postulando un interés jurídico. El Colegio no tiene competencia para reclamos de ese tipo (refiriéndose a los concursos)⬝.

Subrayó que, �Sde hecho, aquellos que concursan para ingresar en el Poder Judicial, en caso de ingresar dejarán de pertenecer al Colegio. Y repite, solo representamos si se hace en ejercicio de la profesión⬝.

Sabiendo esto se entiende que el abogado es libre de reclamar al Poder Judicial mediante una actuación de tipo personal, para esto lo que tiene son los recursos que le da el Poder Judicial, lo que no significa que estos sean útiles o efectivos.

Quedando claro esos puntos que hacen a la comprensión general de toda esta situación el abogado Rugolotto dijo (refiriéndose a los concursos): �Sde todos modos a nosotros nos parece adecuado que se respete un orden de mérito para la designación de cargos vacantes⬝.

�SNosotros reclamamos las formas con las que se asigna a un funcionario. Si no se respetan y se designa de �Sforma irregular⬝, cuando se encuentre en ejercicio de su función -en caso de no ser idóneo- puede afectar el ejercicio profesional. Ya que los abogados deberán �Ssoportar⬝ resoluciones judiciales (ejemplo) de un magistrado que no está a la altura de las circunstancias⬝, planteó.

�SEntonces de este modo se expresa nuestro reclamo, porque si la forma de designación es �Sirregular⬝ esto afecta el servicio de nuestros clientes, porque ellos merecen el mejor sistema de justicia posible⬝, Rugolotto atinadamente agregó, �S⬦y por ende estas resoluciones afectan a la comunidad a quienes los matriculados representamos⬝.

Sin embargo mencionó que la facultad que tiene el Poder Judicial para designar a sus propios miembros es absolutamente discrecional, �Snos guste o no, no figura en ningún lado que ellos tengan que respetar un orden de mérito⬝.

Ahora bien el planteo razonable del CAER es que, si el Poder Judicial, informa al Colegio de Abogados sobre la preparación y el recorrido de un matriculado para obtener un cargo como funcionario judicial (secretario, fiscal, juez, etc.) resulta más sencillo responder este tipo de inquietudes a quienes representa el propio Colegio.

Según el Abogado Rugolotto su competencia sería poder informar, dar una respuesta, a quien se presenta en el Colegio de Abogados con una queja de este estilo.

En conclusión es un interesante debate que si bien se está planteado, por el momento, entre el CAER (gremio de abogados) y el Superior Tribunal de Justicia, ¿la sociedad en general debería interesarse en el tema?, ¿no sería positivo saber la forma de designación de cargos que ocupan funcionarios judiciales?, ¿es posible que esto se transforme en información a la que todos tengamos acceso?.

También resolvió admitir la acción de amparo interpuesta por �SLista Azul y Blanca Compromiso e Independencia Gremial⬝ contra el Colegio de Abogados de la Provincia de Entre Ríos (CAER).

 En consecuencia se procede a: A- Declarar la nulidad de las Resoluciones Nros. 4/2021, 6/2021, 7/2021 y 9/2021 del Tribunal Electoral del CAER; y, mandar a continuar el trámite eleccionario según su estado, en plazo y condiciones razonables que garanticen la real posibilidad de participación; B- declarar la nulidad parcial del Anexo I de la Resolución Nº 28133; en tanto fulmina el derecho al recurso ante las decisiones del Tribunal Electoral del CAER; y recomendar a la demandada la adecuación de la Resolución Nº 28133 del Consejo Directivo del CAER y sus anexos I, II y III, a la normativa constitucional y convencional que rige la materia.

El Tribunal Electoral publicó la Resolución 9/21 en la que se reiteró que se consideró �Sextemporánea e improcedente los modelos de boleta presentada por la Lista Azul y Blanca⬝ y que con el acto eleccionario en curso, se procede a la aplicación del art. 17 de la ley 10.855, que estipula innecesario acudir al acto eleccionario con una solo lista presentada.

�SSomos muy respetuosos de la decisión del Tribunal Electoral, hemos cumplido con todos los pasos establecidos en tiempo y forma. Convocamos a la participación, y un grupo de colegas se presentó no cumpliendo con los requisitos de la legislación vigente, y posteriormente interpuso un amparo que fue rechazado y en base a sus propios errores e irregularidades en la presentación y actos posteriores, el Tribunal Electoral, dispuso la proclamación, a partir de no poder tener continuidad en la participación la lista presentada como Azul y Blanca. Indudablemente nuestro objetivo era participar de un acto democrático, pero nos vimos impedidos por las falencias presentadas por la llamada Lista Azul y Blanca⬝, aseguró Canavesio.

�SEstábamos preparados para el acto electoral, pero ahora debemos concentrarnos en este enorme desafío de encarar esta segunda gestión y convocar a toda la abogacía entrerriana a trabajar, juntos, por una institución federal, plural y participativa⬝, agregó el presidente del CAER.

Rugolotto, estará acompañado en esta gestión, por la Dra. Blanca Graciela Chiappa, como vicepresidente; el Dr. Miguel Gonzalez, como secretario; y Dra. Mariela Fenoglio, como tesorera; los vocales titulares serán el Dr. Fernando Pagnucco, la Dra. Georgina Simonetti y el Dr. Carlos Ignacio Del Valle; los suplentes serán la Dra. Carolina Pertusatti, Nicolás Lagadari y el Dr. Cristian Ivan Federik.