El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, homologó este lunes el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa del ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Luis Erbes, en el marco de la conocida “Causa Coimas”.

La investigación, que también se vincula con la firma Relevamientos Catastrales SA y el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, forma parte de un expediente mayor que involucra a ex funcionarios de la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri. El eje de la causa gira en torno a presuntas maniobras para direccionar licitaciones públicas a cambio de beneficios económicos.

En su resolución, el magistrado sostuvo que quedó acreditado que Erbes participó activamente en contrataciones con el objetivo de favorecer a la empresa investigada, en un esquema que buscaba obtener beneficios patrimoniales junto a otros funcionarios.

Reconocimiento de los hechos y condenaDurante una audiencia realizada a fines de marzo, el ex funcionario —contador de profesión— reconoció su participación en cuatro hechos, encuadrados en delitos como cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la administración.

El acuerdo implicó una condena a tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas tareas comunitarias. Además, se le impuso una multa económica, al considerarse probado el ánimo de lucro en su accionar.

Pruebas determinantesUno de los aspectos centrales del fallo fue el valor otorgado a la prueba digital. Mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, obtenidos de dispositivos secuestrados, permitieron reconstruir cómo se habrían diseñado licitaciones “a medida” para garantizar la adjudicación a la empresa involucrada.

Para el juez, ese material constituye una evidencia contundente que confirma la existencia de retornos económicos a cambio de la intervención de los funcionarios en los procesos administrativos, generando perjuicios al Estado provincial.

Una causa con múltiples implicadosEl caso ya cuenta con otros condenados que también optaron por juicios abreviados, lo que refuerza la hipótesis de un esquema sistemático de irregularidades durante la gestión anterior. La investigación continúa en relación a otros implicados, entre ellos el propio empresario extranjero y ex funcionarios de mayor rango.

Además de la prueba documental, el fallo menciona vínculos personales entre los involucrados, respaldados por registros fotográficos, lo que aporta contexto a la relación entre funcionarios y empresarios.Con esta resolución, la Justicia considera acreditados los hechos y la responsabilidad penal de Erbes, cerrando un nuevo capítulo en una de las causas más resonantes vinculadas a la administración pública entrerriana en los últimos años.

El exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Luis Alfonso Erbes, reconoció su responsabilidad en cuatro hechos de corrupción vinculados a la denominada causa Coimas, en el marco de un juicio abreviado desarrollado ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.Ante el juez Juan Malvasio, y tras un extenso alegato del Ministerio Público Fiscal, Erbes respondió afirmativamente al ser consultado sobre los hechos imputados, su calificación legal y el acuerdo de pena alcanzado con la Fiscalía y su defensa.El acuerdo, que deberá ser homologado, establece una condena de tres años de prisión condicional, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa total de 360.000 pesos, el máximo previsto por la normativa para los delitos admitidos.La imputación incluyó delitos de cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la administración, en distintos grados de participación, todos enmarcados en un esquema de maniobras reiteradas.

La investigación se centra en la contratación de la firma Relevamientos Catastrales SA, del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, durante las gestiones de Sergio Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador. Según la acusación, se habría montado un sistema destinado a beneficiar a esa empresa mediante el uso de información privilegiada y la manipulación de procesos administrativos.Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron un amplio conjunto de pruebas, entre ellas correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, planillas y peritajes contables, obtenidos en allanamientos realizados en la sede de la empresa y en domicilios particulares. Ese material permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que operaba como una “mesa de dinero”, integrada por funcionarios cercanos al poder político.Según se detalló, el esquema contemplaba el pago de retornos a través de empresas vinculadas, que se activaban tras la firma de contratos, asegurando ventajas para la firma involucrada frente a otros posibles oferentes.Erbes se suma así a otros ex funcionarios que optaron por salidas abreviadas, mientras que la causa principal continúa su curso hacia el juicio oral con otros imputados, entre ellos el propio Urribarri y el empresario Cardona Herreros.Como parte de las condiciones impuestas, el ex funcionario deberá cumplir tareas comunitarias, someterse a reglas de conducta y abstenerse de cualquier tipo de contacto con testigos de la causa.

Se trata de Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia, quienes reconocieron ante los Fiscales haber sido autores de los delitos de Negociaciones Incompatibles, Coimas y Peculado.Ahora será el juez Juan Malvasio el encargado de homologar -o no- el acuerdo presentado por las partes este miércoles en el marco de la audiencia. El acuerdo prevé una condena de Humberto Flores la pena será de 2 años de prisión condicional, una multa de $180.000 y la realización de tareas comunitarias. En el caso de Miguel Ulrich la pena será de 2 años y 10 meses -también condicional-, una multa apenas superior a $300.000 y tareas comunitarias. A Flores le endilgan dos hechos y a Ulrich cuatro hechos.

Malvasio se tomará los plazos previstos por el Código Procesal Penal pero según registró ANÁLISIS todo indica que homologará el acuerdo y habrá dos nuevas condenas en el marco de la causa que investiga el pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros a Sergio Urribarri y distintos funcionarios de su gobierno para favorecer al empresario en la contratación por parte del Estado. La primera condena en esta causa fue la del exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone, quien el año pasado fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional con el pago de una multa de $90.000 tras reconocer haber recibido coimas durante su gestión.En la causa aún continúan imputados Sergio Urribarri, Diego Armando Cardona Herreros, Carlos Marcelo Haidar y Luis Alfonso Erbes. Todos ellos están esperando la audiencia en donde se discutirá la remisión a juicio ya planteada por el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales solicitaron una condena al exgobernador de 10 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua, una multa de $540.000 por seis hechos imputados en concurso real. Además, pidieron que el empresario paraguayo sufra una condena de 9 años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de $540.000 por seis hechos en concurso real. En cuanto a Haidar los fiscales pidieron la pena de 6 años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de $540.000 por seis hechos en concurso real. Por último, para Erbes desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron 5 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y una multa de $360.000 por cuatro hechos imputados en concurso real. (I:Análisis)

Tal como se emplazó en el recinto de la Cámara baja la semana pasada, la Comisión de Acción Social y Salud Pública junto a Asuntos Constitucionales pasaron a la firma el dictamen del proyecto de resolución para interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad mencionados por Diego Spagnuolo.

El despacho de mayoría logró 41 rúbricas a favor de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y Marcela Pagano del bloque Coherencia. Mientras que por el rechazo firmaron 12 legisladores, incluidos los integrantes de La Libertad Avanza.

De esta manera, los proyectos de resolución que buscan la interpelación a la secretaria general de Presidencia de la Nación y al ministro de Salud quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados. Según supo Parlamentario.com, la fecha para la interpelación será consensuada cuando este texto sea abordado por el pleno en una sesión especial. Existen chances de que haya una convocatoria para los primeros días de octubre.A mediados de agosto se difundieron una serie de audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que vinculaba a la secretaria general de Presidencia de la Nación con presuntos pagos irregulares para el acceso a licitación de medicamentos e insumos en la Agencia. El 21 de agosto el Poder Ejecutivo resolvió la remoción del cargo del mencionado exfuncionario, pero a la semana siguiente la justicia determinó una serie de allanamientos por lo sucedido.

El plenarioAl inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, señaló que las interpelaciones buscan “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”. Luego, cuestionó que “los informes escritos han quedado siempre sin respuesta”, y cargó que “la causa ha avanzado y hoy no hay secreto de sumario porque ha habido declaraciones de personas que han dado fe que los audios son verdaderos”.

Autora de uno de los proyectos de ley en cuestión, la diputada nacional Sabrina Selva de Unión por la Patria afirmó que “los audios de Spagnuolo involucrarían a demás funcionarios”, y habló de lo sucedido este lunes con el decreto 685/2025: “Ayer nos enteramos que el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente Javier Milei, decidió promulgar Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspender su aplicación”. “Esto es de una gravedad institucional sin precedentes y es totalmente inconstitucional”.

Luego, pidió por el tratamiento de los textos para la reforma de la ANDIS, se refirió a los audios con voz de Diego Spagnuolo -exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad- y agregó que “fue el único funcionario removido tras la filtración de estos audios, pero fue denunciado por los hermanos Milei”. Acto seguido leyó textualmente los audios en cuestión.

Sobre la posición a esgrimir del oficialismo respecto a la imposibilidad de convocar a Karina Milei por no tener rango de ministra, Selva explicó que “el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del artículo 71 de la Constitución Nacional y la citación a un ministro, se pueda citar a los secretarios que consideremos tengan la responsabilidad de dar explicaciones”, y advirtió que “nadie duda que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra”.Uno de los integrantes del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo se manifestó sobre la posibilidad de que los funcionarios citados opten por ausentarse nuevamente: “Esto no es verdaderamente democrático, se llama democracia, pero no lo es”, y añadió: “Lucho por una democracia de los trabajadores y no que haya mecanismos donde los funcionarios puedan evadir rendir cuentas”.En representación de Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer señaló que “el oficialismo debería desdramatizar un pedido de interpelaciones”, y aseveró que hay “hechos que comprometen al más alto nivel de este gobierno vinculados a corrupción”. “No escondan la basura debajo de la alfombra, vengan a dar la cara”, enfatizó.Exintengrante de La Libertad Avanza, hoy en el bloque Coherencia, la diputada nacional Marcela Pagano pidió “sostener la independencia del Congreso”, y anticipó que desde su bancada “por supuesto vamos a acompañar la citación de la secretaria general de Presidencia”. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y que en el recinto se puedan acelerar las respuestas”, concluyó.Por último, la diputada neuquina Nadia Márquez inició su intervención al decir que “no podemos dejar de decir que todo esto se usa con fines políticos”. Y cerró: “En los gobiernos kirchneristas hubo más de 6000 pedidos de interpelación y ninguno fue respondido”.

Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el exestratega libertario Fernando Cerimedo declaró ante el fiscal Franco Picardi y aportó datos comprometedores sobre Diego Spagnuolo, exdirector del organismo.Según relató, Spagnuolo se quejaba de manera recurrente por su salario y le comentó que existía un esquema de retornos del 5% vinculado a droguerías proveedoras, el cual —según le transmitieron— funcionaba desde la gestión de Pablo Atchabahian. Cerimedo aseguró además que se mencionaba a Eduardo “Lule” Menem como parte de esa trama.El testimonio también incluyó un capítulo sensible: la relación de Spagnuolo con Javier Milei. De acuerdo a Cerimedo, el exfuncionario le habría contado personalmente al Presidente lo que ocurría. “Milei lo convocó a Olivos, y Spagnuolo le explicó lo que estaba pasando. El Presidente se indignó y le respondió que no podía ser. Incluso le dijo que ya había informado de esto a Sandra Pettovello”, detalló el exasesor.Cerimedo agregó que Spagnuolo reiteraba sus quejas por el bajo salario, por tener que firmar contratos sin obtener beneficios personales y por los problemas detectados en las prestaciones y centros de día.

Un futuro judicial incierto para SpagnuoloEn paralelo, el panorama del exdirector de la ANDIS es cada vez más complejo: tras los allanamientos que revelaron 80 mil dólares y 2.000 euros en una caja de seguridad, sus abogados renunciaron y hasta ahora no designó defensa. La falta de representación alimenta versiones sobre un posible cambio de estrategia y la chance de que se convierta en imputado colaborador.Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza los contratos con la droguería Suizo Argentina, en paralelo a la auditoría interna que lleva adelante Alejandro Vilches. Los resultados preliminares del informe se conocerán en las próximas semanas y podrían marcar un punto de inflexión en la causa.

La decisión también alcanzó a otros imputados de la megacausa, entre ellos empresarios y exfuncionarios, cuyas apelaciones fueron desestimadas.

En cambio, sí prosperó un planteo del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que ya había reconocido haber recibido sobornos en un juicio abreviado.

La investigación, que ya fue elevada a juicio oral, enfrenta ahora un obstáculo procesal: ocho de los nueve jueces del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná se excusaron de intervenir, lo que demora la conformación del tribunal que deberá juzgar al exmandatario, sobre quien pesa un pedido de 10 años de prisión.

Los audios de Diego Spagnuolo, recientemente despedido como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), denunciando el presunto pago de coimas en el organismo que dirigía, derivaron este viernes en 14 allanamientos. En uno de ellos, realizado a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, al empresario lo encontraron cuando intentaba irse en su auto, dentro del cual había varios sobres en los que se contabilizaron en total 266 mil dólares y siete millones de pesos.En el entramado empresarial, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio. La estructura accionaria da cuenta de un marcado predominio familiar, donde Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón Kovalivker detenta poco más del 21% y ejerce la presidencia.El recorrido familiar se remonta a León, abuelo de los hermanos, farmacéutico que sentó las bases de lo que hoy es Suizo Argentina, que entre otras cosas es la mayor proveedora de medicamentos de la ANDIS. Eduardo Kovalivker, nacido en La Plata y formado como ingeniero químico en Israel y París, se consolidó como referente de la industria y figura pública, con intereses que incluyen la escritura y una reconocida afición por los automóviles de lujo.La notoriedad de Emmanuel Kovalivker y sus allegados se multiplicó a raíz de los allanamientos ordenados por la Justicia federal tras la difusión de audios que sugieren posibles retornos ilícitos en la provisión de medicamentos por parte de la droguería. Las mencionadas grabaciones implican también a figuras del oficialismo, como Martín y Eduardo “Lule” Menem. Durante los procedimientos se incautaron documentos contables y dispositivos electrónicos en los domicilios de los distintos integrantes del grupo.El peso político de los Kovalivker en el escenario nacional se fortaleció por los vínculos de Jonathan Kovalivker con el expresidente Mauricio Macri, con quien incluso juega al pádel, y su rol recaudatorio para la fiscalización electoral de La Libertad Avanza.Fuentes que trabajaron en los procedimientos de este viernes -solicitados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi- indicaron a Infobae que fueron allanadas las sedes de la ANDIS y de la droguería, de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker. Cuando las fuerzas llegaron, el empresario se estaban yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres en cuyo interior había dólares divididos en distintos montos. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al investigado le secuestraron el celular y el pasaporte.También fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo, con el objetivo de secuestrarle el celular. Si bien en un primer momento el ahora exfuncionario no fue encontrado, más tarde lo hallaron manejando en un country de Pilar y le incautaron el teléfono.Lo mismo ocurrió en las viviendas de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió que el caso se investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

El origen de la investigaciónEl hecho se conoció a través del programa Data Clave, en el canal de streaming Carnaval. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están “defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos). Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.El gobierno nacional echó a Spagnuolo, pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios. (Infobae)

La causa está centrada en las presuntas dádivas y sobornos entregados por Cardona Herreros, un empresario con fuertes vínculos con el gobierno provincial, a funcionarios de la administración de Urribarri. Según los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, los pagos irregulares se realizaron en el marco de contrataciones entre el Estado provincial y las empresas de Cardona Herreros (Relevamientos Catastrales y Relcat).Entre los detalles más escandalosos que surgieron en las audiencias de elevación de la causa a juicio, la Fiscalía mencionó los viajes de lujo que el empresario costeó para Urribarri y su familia, algunos de los cuales incluyeron a amigos cercanos del exgobernador. Los fiscales también expusieron la presunta manipulación de contratos y pagos ficticios que se habrían realizado para desviar dinero público hacia cuentas privadas.

ImputaciónUrribarri es acusado de haber favorecido ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros, tanto durante su gestión como ministro de Gobierno y luego como gobernador, desde enero de 2007. Se alega que el objetivo era generar lucro ilícito mediante la contratación de la empresa para desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial. Cabe recordar que el exmandatario fue condenado en 2022 a ocho años de cárcel en el marco del Megajuicio. En ese caso, el dirigente enfrenta un pedido de 10 años de prisión por corrupción.La acusación señala que en el presunto hecho también participaron varios funcionarios, incluyendo a Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones; el fallecido José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, entonces encargado de la cartera de Trabajo y ex titular del Tribunal de Cuentas. Este último, días atrás firmó un juicio abreviado en el que reconoció haber recibido coimas. Aceptó una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos y 96 horas de tareas comunitarias.

Asimismo, a Urribarri y Haidar se les imputa una “adenda” por la falsificación de fechas en actos administrativos, lo que permitió que la prórroga de ocho meses se computara desde diciembre de 2009, aunque realmente comenzó en enero de 2010. Esta maniobra habría permitido a la empresa y a los funcionarios obtener ganancias sin contraprestación alguna. En la investigación penal también están imputados otros exfuncionarios del gobierno de Urribarri.

Para Luis Alfonso Erbes la Fiscalía pidió 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y pago de multa de $360 mil: para Carlos Haidar, 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa de $540 mil; para Miguel Ángel Ulrich, 4 años y 6 meses, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360 mil; José Humberto Flores, 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90 mil. 

Uno de los imputados, el exdirector de Trabajo de Entre Ríos y extitular del Tribunal de Cuentas de la provincia, Guillermo Smaldone, reconoció su participación en las maniobras delictivas del retorno de sobornos de parte de quien había accedido a beneficiosas contrataciones del Estado hacia el entorno del poder político.El exfuncionario confesó el delito en un juicio abreviado realizado en la mañana de este martes en los Tribunales de Paraná, y acordó cumplir la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional. Así fue el acuerdo al que arribó Smaldone, quien se defiende a sí mismo como abogado, con los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, será el encargado de dictaminar si el acuerdo se homóloga o se rechaza.  En caso de ser rechazado, Smaldone esperará el juicio oral y público que se realizará el año próximo, ya que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) ya fue clausurada y el juez de Garantías Julián Vergara resolvió la remisión de la causa a juicio.El acusado también consintió el pago de una multa y hacer trabajos comunitarios en una institución de bien público.Badano leyó los detalles de la prueba obrante en la IPP que es contundente, ya que dejó en claro una forma de actuar coordinada. El titular de Relevamientos Catastrales S.A recibía información antes que se realicen las licitaciones para que se presentara y gané.

Los principales acusados en esta causa son: el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Cardona Herreros. También están imputados Luis Erbes, Carlos Haidar, Miguel Ulrich y Humberto Flores.Badano contó que la empresa facturaba consultorías para evitar ser descubierta. Además, detalló diálogos vía email donde se habla de “pagos”.(I:Análisis)

El economista Ariel Coremberg sostuvo que la corrupción en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas” representó un perjuicio para el país equivalente a las reservas actuales del Banco Central. “No es una entelequia ni un abstracto: la corrupción tiene consecuencias institucionales, económicas y humanas”, afirmó el también profesor universitario y exdirector del Programa de Productividad de la UBA.En diálogo con Rivadavia AM 630, Coremberg explicó que el cálculo se basa en los márgenes de sobornos reconocidos en las confesiones de empresarios -un 15% en obra pública y un 5% en subsidios a la energía y el transporte- durante el período 2004-2015. Aplicando estos porcentajes sobre la ejecución del gasto público consolidado de ese ciclo, estimó una pérdida de 36.000 millones de dólares, que actualizados a valores de 2015 trepan a 42.500 millones, monto comparable a las reservas internacionales del país.“La pregunta no es quién pagó coimas, sino si hubo alguna obra pública que no lo hizo”, enfatizó, aludiendo al esquema de cartelización denunciado en la causa judicial, en el que participaban grandes constructoras como Techint y el Grupo Roggio. “Eso en economía se llama oligopolio. Si no pagabas, te quedabas afuera del negocio, incluso quebrabas”, sentenció.Coremberg también hizo hincapié en el impacto estructural de esa corrupción sobre la economía argentina: “Con esa plata tendríamos hoy el doble de reservas. No habría hecho falta pedirle dólares al FMI ni por parte de Macri, ni de Guzmán, ni de Massa ni de Batakis. Los tres últimos gobiernos tomaron deuda para recomponer reservas que podrían haber estado si no se las hubiese robado”.

Además, señaló las consecuencias de largo plazo en el desarrollo del país. “Sin esa corrupción, la eficiencia productiva hubiese subido medio punto del PBI anual. Un argentino nacido en 2004 habría duplicado su ingreso per cápita en 50 años. Pero con esta corrupción, lo hará recién a los 90”, sostuvo. Finalmente, Coremberg consideró que “la corrupción es también una forma de fuga de capitales”, que erosiona las condiciones de desarrollo, profundiza la desigualdad y deja secuelas macroeconómicas duraderas. Y concluyó: “Cuanta más corrupción, más pobreza”. NA. 

Así lo dispuso este martes el juez de Garantías, Julián Vergara, que declaró improcedentes los recursos que presentaron los imputados en la causa conocida como Coimas, Relevamientos Catastrales o la causa del Paraguayo, contra la decisión del 5 de junio de remitir el legajo a debate. Solo aceptó conceder el recurso en el caso del ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, solo en el punto concerniente a la no admisión de evidencia de descargo.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este martes “declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel Cullen, en representación del imputado Sergio  Urribarri; de Guillermo Smaldone, en ejercicio de su propia defensa; de José Velázquez e Ignacio Díaz, en representación de Diego Armando Cardona Herreros; de Franco Azziani Canepa y Andrés Bacigalupo, en representación de Luis Alfonso Erbes; de Juan Méndez y Candelario Pérez, en representación de Marcelo Haidar; y de coordinador del Ministerio Público de la Defensa, Gaspar Reca, y el Defensor Auxiliar Público, Sebastián Ludi, en representación del imputado Miguel Ángel Ulrich, contra la resolución dictada oralmente en la audiencia del día 05 de junio de 2025…”.Vergara dispuso “conceder el recurso de apelación interpuesto por Smaldone en ejercicio de su defensa propia solamente contra el apartado de la resolución del 5 de junio de 2025 que dispuso no admitir evidencias probatorias que se detallaron y mencionaron puntualmente en la referida resolución y fueran propuestas oportunamente por el mencionado letrado para el debate ya sea en el escrito de contestación (oposición ) del requerimiento fiscal de elevación a juicio o bien en el marco de la audiencia desarrollada…”.También tuvo “presente la reserva del Caso Federal formulada por Cullen en representación del imputado Urribarri; por Velázquez y Díaz en representación de Cardona Herreros; por Azziani Canepa y Bacigalupo, en representación de Erbes; y por Reca y Ludi, por Ulrich.Vergara consideró que “la admisión de la evidencia probatoria ofrecida por el MPF no es una resolución que cause un ‘gravamen irreparable’ en los términos arriba expuestos, por lo que corresponde no conceder el recurso de apelación intentado”. Añadió: “Entiendo que la resolución puesta en crisis que admitió como válida la evidencia digital y/o electrónica y las testimoniales de personas, todo ofrecido como evidencia probatoria para el juicio en el marco de la etapa intermedia por el MPF  y fueran cuestionadas oportunamente por las defensas, no causa ningún gravamen irreparable al derecho de defensa de los imputados…”.También expresó que “lo mismo entiendo sucede con el alegado ‘gravamen irreparable’ que supuestamente les provocaría a las defensas haber mantenido este Magistrado, las calificaciones legales que para los distintos hechos escogió el MPF en el requerimiento de elevación de la causa a juicio puesto que, como ya se dijo en el propio resolutorio atacado, dichas subsunciones típicas son provisorias, no causan estado y pueden ser perfectamente modificadas en el marco de una sentencia condenatoria por el Tribunal interviniente sin violentar, claro está, el principio de congruencia”.Agregó que “en la misma inteligencia, esto es, existe otra etapa procesal en la cual podrán ser tratadas nuevamente con mayor profundidad y debate las argumentaciones, los análisis probatorios, las hipótesis, los razonamientos y las conclusiones desincriminantes a las que arriban los defensores respecto de cada uno de sus pupilos, es que entiendo que la resolución recurrida - y más allá de haber tratado expresamente cuestiones que las defensas hoy sostienen fueron omitidas o bien por no estar obligados los jueces a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes o sus argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas incorporadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones…, no provoca ‘un gravamen irreparable’ en los términos que hemos ponderado más arriba”.Respecto de la concesión del recurso al imputado Smaldone, solo referido a la no admisión de evidencias informativas, periciales, pedidos de informe, consultor técnico y documentales que fueron ofrecidas por Smaldone para su incorporación al debate, Vergara sostuvo que “en otra palabras y para que se entienda. En caso que sea denegada una evidencia o no sea admitida por el Juez de Garantías en la etapa intermedia, impediría a la parte de manera fatal poder contar con la misma en apoyo a su teoría del caso y sin poder reeditar dicha discusión - de la admisibilidad - en el marco del plenario”.Añadió que “en el caso concreto, al no admitirse evidencias probatorias propuestas se puede provocar un ‘gravamen irreparable’ a Smaldone, puesto que - insisto - no contará con eventuales instancias procesales útiles y susceptibles de poder remediar la situación resultando, en la práctica, que no va a disponer de dichas evidencias en las cuales sustentar sus argumentaciones”.Al ex gobernador, Sergio Urribarri, se le atribuyó que en su calidad de ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.Según la acusación, en el presunto hecho habría participado, como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, fallecido; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia, y Sergio Smaldone, que estaba al frente de la cartera de Trabajo.Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”. 

González, fue allanado por Gendarmería Nacional en su vivienda del barrio privado Puerto Barrancas, de la ciudad de Paraná, en horas de la mañana del sábado, y quedó detenido e incomunicado. Lo trasladaron y alojaron en el Escuadrón “Buenos Aires” de Procedimientos Judiciales de la fuerza federal.En horas de la mañana de este lunes, lo llevaron hasta el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Allí fue indagado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, tal como lo había solicitado el fiscal federal Fernando Domínguez. A González lo defiende el abogado Néstor Oroño, oriundo de la ciudad de Santa Fe.Al mismo tiempo, la jueza había dispuesto la declaración indagatoria de otros dos exfuncionarios, Marcelo Morales y Juan Carlos Pimentel, “por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública”.En el allanamiento del sábado, a González le incautaron casi 300.000 dólares en su vivienda del lujoso barrio privado de la capital provincial. (I:Análisis)

Casi no hubo discusiones en una jornada que cerró la admisión de pruebas y en donde las partes terminaron de precisar qué es lo que quieren que se tenga como evidencia a la hora de realizarse el juicio oral si así lo considera el juez de Garantías Julián Vergara.El magistrado ahora deberá resolver si están dadas las condiciones de avanzar hacia el juicio oral tras más de un año de audiencias de remisión a juicio. Según explicó el propio Vergara en la audiencia de este lunes, no hay plazos establecidos para su resolución, pero adelantó que intentará resolver “lo más rápido posible”. “Sería casi irresponsable resolver en 10 días los planteos que se realizaron durante meses. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, entre los 15 y 20 días dependiendo de la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA)”, expresó el juez que se encargó de controlar el cumplimiento de las garantías durante esta etapa del proceso judicial. Cabe recordar que la demora de estas audiencias tuvo que ver con que los abogados defensores intentaron apartar a Vergara del proceso por considerar que podía ser un juez parcial. Sin embargo, en la jornada de este lunes el abogado de Sergio Urribarri, Miguel Cullen, le agradeció públicamente a Vergara “por haber escuchado con atención todas nuestros planteos durante todos estos meses”.

En esta última jornada, Vergara escuchó principalmente al abogado Ignacio Díaz realizar una serie de planteos que no hicieron a la cuestión de fondo. Tras estos planteos procesales y de incorporación de prueba, Vergara clausuró las audiencias y se expresó respecto a los plazos en los que resolverá si la causa está en condiciones de llegar a juicio oral.La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri. En una audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron  cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral y que acumulados superan los $12.000.000 en concepto de dádivas, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).(I:Análisis) 

El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, que involucró al presidente Javier Milei, fue abordado en una investigación del The New York Times, donde se señala que su entorno habría cobrado dinero para facilitar encuentros con el mandatario.El informe menciona a Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum, quien habría solicitado 50.000 dólares a empresarios para participar en reuniones o sentarse en la misma mesa que Milei. Incluso, un audio revelado por el medio estadounidense indicaría que Novelli llegó a ofrecer un contrato de 500.000 dólares a un empresario para garantizar un acercamiento al presidente.Además, la investigación apunta a Hayden Davis, el joven detrás de $LIBRA, quien habría afirmado en un mensaje de audio tener “control sobre Milei” y la capacidad de influir en sus decisiones, desde publicaciones en redes sociales hasta su presencia en eventos.Según el The New York Times, Novelli y Davis no solo habrían gestionado estos encuentros, sino que vendían acceso directo al presidente, en un entramado que refuerza las sospechas sobre el manejo del entorno de Milei en el mundo de las criptomonedas y la política. 

Los fiscales, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, solicitaron que se rechace el pedido de la defensa del empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herrero, para que se habilite discutir la resolución que adoptó el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, que el 20 de febrero resolvió rechazar el pedido de Suspensión del juicio a prueba o Probation, en la causa que investiga seis hechos de corrupción contra la Administración Pública entrerriana durante las gestiones del ex gobernador Sergio Urribarri. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, tras escuchar los argumentos de las partes, por la complejidad de la causa, resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes en horario a definir durante la semana, para dar a conocer su resolución.

La defensa, a cargo de José Velázquez, reseñó los objetivos y los requisitos para el otorgamiento del instituto, desarrolló cuatro puntos de “tensión” que creyó el juez de Garantías no consideró en su resolución y la cuestionó por no estar debidamente fundada y motivada. Entre los puntos en tensión, que a su criterio Vergara no consideró, mencionó el principio de igualdad, que se configuraría en que Fiscalía acompañó los pedidos de Suspensión del juicio a prueba en el caso de cuatro imputados, todos empleados con diferentes roles y responsabilidades en la empresa Relevamientos Catastrales SA.

También aludió a problemas de salud del empresario que le impedirían seguir el juicio oral y público que piden los fiscales. En la audiencia del martes 20 de febrero, la defensa del empresario ofreció, para cumplir con los requisitos formales que prevé el instituto, 2,52 millones de pesos en concepto de reparación del daño, pagaderos en 36 cuotas; otra suma de 900 mil pesos, en concepto de sustitución de las tareas comunitarias no remuneradas que la figura prescribe en beneficio de una institución de bien público, habida cuenta del estado de salud que dijo padecer el imputado también a pagar en 36 cuotas; y una pena de multa de 540 mil pesos.

Fiscalía reiteró parte de los argumentos que sostuvo en la audiencia del 20 de febrero y añadió que la diferencia de postura en el acompañamiento que se exige del Ministerio Público Fiscal (MPF) para el otorgamiento de la Probation, se fundó en que los cuatro probados desarrollaron roles estereotipados, como partícipes necesarios, obedeciendo las órdenes de Cardona Herrero, de quien sostienen que gestionó y pagó, desplegando un rol de partícipe primario, en algunos casos personalmente, las dádivas que recibieron los funcionarios públicos que se investiga.

Los fiscales entendieron que la resolución de Vergara estuvo suficientemente fundada y motivada. Destacaron que no presentó fallas en su lógica, puesto que es el resultado del razonamiento lógico de lo que las partes desarrollaron ante el juez de Garantías. Además destacaron que el juez le explicó al imputado, en términos sencillos, los argumentos de cada parte, resaltando que le aclaró que no procedía conceder el beneficio puesto que no contaba con el acompañamiento del MPF y que éste adelantó que en el juicio oral y público, ámbito en el que entendieron debe dirimirse este caso por la trascendencia social de los hechos investigados y su gravedad institucional, solicitaría una pena de cumplimiento efectivo.

Este miércoles salió a la luz los allanamientos realizados en la jornada del martes a dos agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, denunciados por “cohecho”.

Al respecto, Ahora ElDía consultó al Director de Tránsito, Oscar Navone, quien confirmó: “Recibí denuncias de situaciones distintas, viéndome obligado por mi función a realizar las denuncias correspondientes en Fiscalía, estando todo en manos de la Justicia”.

“Asimismo, se iniciaron las actuaciones administrativas ante la Dirección de Personal de la Municipalidad”, aseveró Navone tras los presuntos episodios delictivos con sus dos agentes.

Cabe recordar que una vez realizada la denuncia intervino la Justicia y se allanaron las viviendas de la mujer y el hombre en cuestión, en donde se hallaron dólares, pesos uruguayos y reales, entre otros elementos vinculados a la causa.

Según informaron a Ahora ElDía, tras los operativos se secuestraron unos 18 mil pesos uruguayos (157.879,60 pesos argentinos al precio oficial), 12 mil dólares estadounidense (4.200.760,80 pesos argentinos al precio oficial y 10.860.000 pesos argentinos según la cotización al dólar blue), algunos reales y pesos argentinos.

La acusación contra ambos es por “coimear” a turistas uruguayos; es decir, pedirles plata a cambio de no hacerles una multa por alguna presunta infracción.

La investigación es llevada a cabo por la fiscal Natalia Bartolo, que en los próximos días llamará a los dos agentes para que brinden declaración en calidad de imputados.

En los procedimientos realizados en las viviendas de ambos agentes, se hallaron pesos uruguayos, dólares y reales, lo que complica la situación de los empleados municipales. Ahora ElDía también se comunicó con la fiscal Natalia Bartolo quien aseguró que fue el propio Director de Tránsito fue quien realizó la denuncia, y que luego se le dio curso a la investigación y fue el personal dela Gendarmería quien realizó los allanamientos positivos, al encontrarse dinero uruguayo y divisas norteamericanas.

Tres agentes de la Policía Bonaerense fueron desafectados e imputados, acusados de coimear a una automovilista cuando circulaba por la autopista Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, en el partido de Tigre. ¿Las pruebas? El conductor les pagó con una transferencia por la aplicación de Mercado Pago. Y no sólo eso: la víctima es conocido de la esposa del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien recibió en su celular la denuncia.

Fuentes policiales y judiciales informaron este domingo que todo sucedió el sábado, cerca de las 9.30, a la altura del kilómetro 33.700 de la Autopista del Sol, a metros del peaje de la calle Henry Ford, en la localidad de General Pacheco, en el mencionado partido del Noroeste del Gran Buenos Aires.

Según expresaron las fuentes a la agencia de noticias Télam, los policías estaban en esa zona por un operativo para prevención de delitos. Allí habían sido destinados un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la Policía bonaerense. En el contexto de ese procedimiento, los oficiales detuvieron la marcha de un auto y, según la investigación, le solicitaron un pago de tres mil pesos para continuar su camino.

La víctima de la coima, y luego denunciante, le transfirió el dinero a través de la aplicación de Mercado Pago a uno de los oficiales. Así, quedó constancia del nombre, CUIL y código de la operación del policía que había recibido el pago de los $3.000.

La víctima, justamente, era conocido de la Diputada Nacional Agustina Propato, esposa del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. La denuncia llegó vía celular.

�SHola compañera Agustina. Sé que no estás para estas cosas. Mira, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de Policía Bonaerense. No es mi costumbre ��chapear�" y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio (Berni), estoy a disposición de él⬝, decía el mensaje, según indicaron las fuentes.

La Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó conocimiento de lo sucedido cerca de la 1.30 de este domingo y, rápidamente, la auditoria María Martínez ordenó la desafectación de los tres implicados. �SSe abrió un sumario y se está investigando el hecho y la actuación de los efectivos⬝, dijeron.

En tanto, la fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, imputó a los tres policías por el delito de �Sexacciones ilegales⬝, que según el Código Penal prevé una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a seis años.

�SSe desconoce si el denunciante fue amenazado, coaccionado, o si intervinieron los tres efectivos imputados o, solamente, el titular de la cuenta. Las circunstancias del hecho no están claras porque el damnificado aún no se presentó en la justicia. Se lo citó para mañana a primera hora para poder obtener más detalles⬝, señaló a la agencia de noticias Télam una fuente judicial.

La fiscal Toso ya solicitó el libro de guardia, la constancia de Mercado Pago de la transferencia realizada y se les secuestró el teléfono celular a los tres policías. (Infobae)