Sin embargo, el legislador Adán Bahl de Fuerza Entre Ríos se opuso al sostener que el camino es “la contención, la prevención y la inclusión”.Este viernes la Cámara de Senadores sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil que establece, entre otras modificaciones, la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

En ese sentido los representantes entrerrianos no coincidieron al momento de emitir el voto en el recinto.

Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, pertenecientes al Bloque de La Libertad Avanza, acompañaron lo propuesto por el Ejecutivo nacional.  

Sin embargo, el legislador Adán Bahl de Fuerza Entre Ríos se opuso.  Al respecto, expuso en sus redes sociales que la baja de edad en la imputabilidad no es una medida que genere reducción del delito en menores. “Endurecer por endurecer puede sonar firme. No es una buena política pública” Y agregó: “Si de verdad queremos cuidar a nuestros jóvenes, el camino no empieza en el encierro. Empieza en la contención, la prevención y la inclusión”.Además hizo referencia a lo que sucede en la provincia: “En Entre Ríos, en 2025 hubo 34 homicidios y solo 2 fueron cometidos por menores. El proyecto traslada a las provincias la implementación del nuevo régimen penal juvenil, pero no garantiza financiamiento.

‘‘Se imponen obligaciones, infraestructura y equipos técnicos sin recursos. Eso no es federalismo: es descargar responsabilidades”. 

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, explicó los fundamentos de su voto durante la sesión en la que la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Michel rechazó la iniciativa en su votación general, aunque acompañó algunos artículos en particular. La propuesta obtuvo 149 votos afirmativos, con respaldo de legisladores de distintos espacios políticos.

El entrerriano sostuvo que existen adolescentes de 14 y 15 años que comprenden la gravedad de sus actos y actúan con voluntad al cometer determinados delitos. “La imputabilidad es una presunción”, señaló, al tiempo que recordó que, con la normativa vigente, un menor de 16 años no puede ser considerado penalmente responsable.Sin embargo, explicó que no acompañó el proyecto en general por dos razones centrales. En primer lugar, porque junto a su bloque presentó un dictamen propio al considerar que cualquier modificación debería incorporarse al Código Penal y no tratarse mediante una ley especial. En segundo término, remarcó la falta de infraestructura adecuada para aplicar la norma.

“Hoy, si un chico de 14 o 15 años comete un delito y se le aplica esta ley, no es adecuado que vaya al régimen carcelario con adultos. Eso solo va a perfeccionar su capacidad de delinquir”, advirtió.

En relación con la reforma laboral, que será debatida en Diputados, Michel sostuvo que el actual sistema presenta fallas estructurales.

Recordó que de los 22 millones de personas en edad laboral, apenas 12 millones están en la formalidad y cerca de 10 millones en la informalidad. “Si el esquema funcionará correctamente, no tendríamos más del 40% de trabajo informal”, afirmó.

No obstante, marcó diferencias con algunos puntos del proyecto oficial, especialmente en lo referido a indemnizaciones y cobertura por enfermedades. Al ejemplificar, planteó el caso de una madre trabajadora que, ante una enfermedad grave, podría ver reducido su ingreso al 75% del salario.

“Entiendo que pudo haber abusos en el pasado, pero esto debe revisarse porque puede terminar incrementando la judicialización”, concluyó.

El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para “terminar con la impunidad”. El anteproyecto, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se confeccionó con la intención de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describe como “una tomada de pelo a toda la sociedad”. En este sentido, la iniciativa propone cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas “sigan delinquiendo una y otra vez”.Entre otras modificaciones, la propuesta gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena.

Endurecimiento, imprescriptibilidad, restricciones: Los puntos principalesEl anteproyecto propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. “La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, fundamenta el texto.Entre los casos más relevantes, el homicidio simple subiría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”, mientras que el homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”. El endurecimiento también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En este último caso, la pena pasaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en “4 a 12 años de prisión”.El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes–6 años a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”.

Imprescriptibilidad de delitos gravesUna de las modificaciones más profundas es la eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El documento afirma que el castigo de delitos graves “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, remarca el texto.El proyecto eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”.Además, amplía la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas.La reforma también limita la liberación anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios.“Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene el documento al justificar la exclusión también de reincidentes.

Ejecución de la pena y otras reformasOtro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”. 

“El que la hace las paga”, afirmó la ahora ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa durante la presentación del proyecto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Uno de los principales detalles que remarcaron que los delitos gravísimos como abuso de menores serán imprescriptibles.En la actualidad, cuando la pena “no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”, informó por su parte el Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado.Se trata de delitos “cuyo castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”, agregó el parte de prensa.Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.

Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código PenalViolencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.

Con el nuevo código, se endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientesAgravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Los nuevos delitos que ingresarán al Código PenalCibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.Habrá agravantes para los motochorrosDelitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral. 

El gobierno de Javier Milei prepara un proyecto para endurecer el Código Penal de la Nación, a fin de que sea “más punitivo” que el actual, y prevé iniciativas como que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin ninguna clase de reducciones o beneficios.“Se está trabajando en una reforma del Código Penal, estamos escribiendo un nuevo Código Penal, queremos elevar todas las penas porque nos parece que es muy condescendiente con los victimarios”, planteó un importante funcionario de la gestión libertaria. El Ministerio de Justicia está al frente de la redacción del proyecto.Para la gestión libertaria, las penas actuales “son irrelevantes” y remarcan que las penas “funcionan si se tiene miedo” a las mismas. “Las de hoy no inhabilitan la comisión del delito”, analizó la fuente consultada.Al respecto, dijo que buscan un Código Penal “que sea punitivo, que el que comete un delito tenga miedo de ir preso 20 años”. “Porque hoy entran y salen al día siguiente y entonces ¿cuál es el medio a cometer un delito?. Queremos castigar más al delincuente”, insistió.A su vez, dijo que para el Gobierno “un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social”.“La cadena perpetua tiene que ser efectiva, en el caso de la violación no sé si debería corresponder perpetua pero buscaremos que la pena, al menos, sea lo más larga posible”, detalló.Consultado sobre si se centrará sólo en lo punitivo y dejará de lado el costado de la reinserción social de los delincuentes, el funcionario respondió: “No es excluyente lo punitivo con la reinserción social. Pero hasta que no cambiemos el sistema penitenciario…la cárcel hoy es un posgrado en delito”.En ese sentido, recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en avanzar en el proyecto de cárceles privadas.Según el actual Código Penal, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años de pena y, si se cumplen ciertas condiciones (como no volver a delinquir), la pena se extingue 10 años más tarde.En las cárceles de todo el país hay unas 56.000 personas condenadas, de las cuales cerca de 2.500 (menos del 5%) tienen pena de prisión perpetua, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.

En el escrito, presentado por en la Cámara de Diputados y acompañado por el legislador por Entre Ríos, Gustavo Hein, establece penas severas para aquellos que causen la muerte de un tercero por manejar de manera imprudente.

�SEsta figura establecerá una pena de 8 a 25 años de prisión e inhabilitación perpetua, al que cause la muerte de otro ciudadano por conducir de forma imprudente, negligente, antirreglamentaria, en exceso de velocidad por 30 kms/h por encima de lo permitido o bajo los efectos del alcohol o algún tipo de estupefaciente⬝, mencionó el legislador.

En el escrito, en sus fundamentos, se menciona que �SLa sociedad observa asombrada e impotente como constantemente los medios periodísticos, informan de alguna noticia trágica que rápidamente va a ser olvidada: la muerte de algún o algunos peatones inocentes o de un conductor desprevenido que se ven sorprendidos y resultan ser víctimas fatales de los irresponsables⬝.

Y continúa, �Slos argentinos, no hemos podido como sociedad hasta el momento erradicar definitivamente este accionar. El cambio de conciencia, las campañas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la condena social y la normativa vial de nada sirven, si quienes desprecian la vida de los demás no es abordada de una manera más dura desde el mismo Código Penal⬝.

Es por ello que el legislador Hein argumenta: �SManejar a altísimas velocidades, ebrio, pasar por alto un semáforo o conducir con imprudencia en zonas no habilitadas no debe ser minimizado. Los conductores llevamos en nuestras manos muchísima responsabilidad y aquellos que, por su imprudencia o desprecio por la vida, se la arrebatan a otro ser humano, deben ser juzgados con todo el peso de la ley.⬝

El proyecto buscará ser este año tratado en las comisiones del órgano parlamentario.