Tras la reunión de la mesa política, el Gobierno anunció que impulsará un nuevo paquete de leyes al Congreso Nacional: van desde Discapacidad hasta la modificación en el Código Penal y la propiedad privada.El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles sobre los cambios que buscarán aprobar en el Legislativo y excluyó la reforma política de los proyectos prioritarios.En esa línea, Adorni detalló que el primer proyecto será la modificación del Código Penal, “poniendo foco en el endurecimiento de las penas”. También se incluirán leyes sobre propiedad privada: la ley de Expropiaciones, Ley de Tierras, Ley de Fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana.Además, explicaron desde la Casa Rosada, se avanzará con la Ley de Glaciares, la modificación de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento universitario “para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”.El paquete de leyes que enviarán al Congreso fue definido hoy en una reunión de la mesa política en la Casa de Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.También formaron parte el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y la senadora Patricia Bullrich. A estos encuentros se suman además el ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente.La reunión buscó establecer el orden de prioridades legislativas del Ejecutivo para los próximos meses y coordinar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. Según el esquema que se analiza en el oficialismo, el primer proyecto que se impulsaría sería la reforma de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para abril.El objetivo del encuentro es definir el cronograma de envío de iniciativas y acordar la estrategia de negociación con los bloques aliados y con los gobernadores, clave para reunir los votos necesarios en el Congreso. (TN)

Durante el taller de trabajo titulado �SRevisiones al CPPER⬝, disertaron la vocal del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak y el vocal Daniel Carubia, quienes destacaron que las propuestas elevadas al Poder Ejecutivo consistieron en el compendio del trabajo realizado durante meses y producto del diálogo establecido con integrantes de todo el fuero penal de la provincia.

  Se mantuvieron reuniones con jueces/zas de Garantías; de Ejecución de Penas; vocales de Tribunales de Juicios y Apelaciones; representantes del Colegio de la Abogacía; Oficinas de Gestión de Audiencias; mediadores penales y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, que a su vez mantuvo encuentros con miembros de la magistratura penal provincial, con representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, de la oficina de medios alternativos, y del cuerpo médico forense.

Todas las sugerencias para reformar el CPPER surgieron de la compilación de las ideas planteadas en esos ámbitos, por lo que se destacó la participación de todos los sectores del fuero.

En ese sentido, el titular de la AMJER, Alejandro Cánepa planteó el interés de acercar propuestas e ideas, en el marco de las consultas que la sala Penal viene realizando con integrantes de la magistratura de toda la provincia.

La presidenta de la Sala Penal, Claudia Mizawak y el vocal Daniel Carubia, resaltaron la importancia de consensuar propuestas y acercarlas al Poder Ejecutivo, tal como lo ha solicitado el gobernador, y para luego ser presentadas en el ámbito de la legislatura provincial donde se debatirá el proyecto de ley.

Mizawak, hizo saber que hoy, minutos antes de la reunión, habían recibido a los jueces y jueza de Ejecución de Penas, quienes efectuaron aportes muy importantes; como así también oportunamente a los jueces/as de Garantías quienes han coincidido en la necesidad de reforzar su contralor y tener mayor participación durante la investigación penal preparatoria.

Esta situación, que tuvo un origen sanitario pero enseguida fue aprovechada por motivos ideológicos y políticos, fue posible en parte por la falta de reglas claras sobre cómo tratar estos casos, por esta razón el PRO, tratará de imponer los cambios necesarios para evitar desagradables sorpresas.

Ahora que el Gobierno Nacional parece haber reconocido la gravedad de la situación, proponemos que nuestros legisladores aprueben el proyecto de reforma del Código Penal, que está en el Congreso desde el año pasado.

El nuevo código fue redactado con la participación de cientos de expertos y después de varios años de trabajo. Para el caso de las excarcelaciones establece dos cosas:

Todos los presos por delitos graves (como violación, homicidio o secuestro extorsivo) y los reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional. Deben cumplir íntegramente su pena.

Le da un rango mayor al rol de las víctimas y sus familias, que deberán ser consultadas ante cada decisión de excarcelación. Esa obligación ya existe a través de una ley, pero depende de la buena voluntad de los jueces. Llevada al Código Penal, esa obligación será ineludible.

El nuevo Código Penal les dará más claridad a los jueces y les permitirá respetar a las víctimas y a la sociedad en general, quitando de en medio las posibles motivaciones partidarias o excesivamente ideológicas para decidir sobre el futuro de los presos.