La causa conocida como “Los cuadernos de las coimas” recobró relevancia en la agenda por una polémica estrategia: ante el próximo inicio del juicio oral (el 6 de noviembre), una treintena de empresarios y exfuncionarios imputados ofrece pagar un resarcimiento económico -bajo la figura legal de la “reparación integral”- para evitar pasar por el estrado y quedar en libertad.Esta alternativa empezó a generar revuelo y reacciones encontradas, tanto en el ámbito jurídico como social. En ese marco, el que alzó la voz fue Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación, quien se mostró indignado por esta posibilidad.“Me siento impotente, es totalmente injusto que yo termine juzgado, con la posibilidad de ser condenado, y que los empresarios queden en libertad”, afirmó Centeno en declaraciones al diario La Nación. “Ya pedí mi sobreseimiento a los jueces de instrucción y no me fue aceptado, ¡y ahora pasa esto!”, lamentó.La propuesta de que los empresarios puedan ser sobreseídos tras pagar una reparación estimada en USD40.000.000 resulta, para Centeno, una afrenta a la justicia: “Me parece contrapuesto para mí, que a los que proponen pagar un monto de dinero queden sobreseídos de culpabilidad y es como que aquí no ha pasado nada”, enfatizó desde el lugar secreto donde permanece bajo protección oficial.El exchofer del Ministerio de Planificación Federal, cuya meticulosa anotación de los hechos permitió el avance de la investigación, subrayó el riesgo personal que asumió: “Mientras los escribía (los cuadernos), arriesgaba mi vida y la de mis familiares, seguramente toda mi vida seguiré temiendo”.La propuesta de los empresarios imputados generó revuelo y dio lugar esta semana a posicionamientos favorables como el del abogado Hugo Wortman Jofre, quien en diálogo con Eduardo Feinmann (Radio Mitre) señaló la viabilidad de la reparación económica como salida judicial. “El Código Penal contempla, justamente, en el artículo 59, inciso 6, la reparación integral”. argumentó el jurista, que amplió su fundamentación el dato de la falta de antecedentes en el país, con respecto a la recuperación de fondos provenientes de actos ilícitos.“La Argentina no tiene experiencia en haber recuperado plata de la corrupción. Este sería el primer caso”, afirmó Wortman Jofre. De todos modos, si bien defendió la utilidad de estas soluciones en el derecho comparado, advirtió que “no todos pagando se pueden eximir del castigo”, y que existen situaciones particulares, especialmente en el caso de los empresarios, en las que “en realidad, ahí lo que hubo fue extorsiones para que ellos pudieran continuar adelante con sus empresas. Las empresas están en riesgo también”.En cuanto a la cifra que debería pagar cada imputado, el abogado consideró que la determinación de los embargos judiciales constituye un punto de partida: “Hay un lugar desde el cual partir, que es la determinación que la Justicia ha hecho al fijar un embargo”.El titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Mendez Signori, convocó a las defensas para una audiencia virtual este viernes 12 de septiembre, donde se analizarán los pedidos de los imputados. Allí tendrá un rol clave la fiscal Federal Fabiana León, quien tendrá que expedirse sobre cada uno de los planteos formulados. Lo mismo deberá hacer la Unidad de Información Financiera como querellante. El tribunal tendrá la última palabra en una eventual homologación de los acuerdos.El escenario que se avecina para el tribunal es de una complejidad inédita: “Va a ser muy difícil de manejar. Han sido citadas (para este viernes) todas las defensas, incluso las de los empresarios que no manifestaron su voluntad de adherir (al pago de la reparación). Va a haber unos 170 abogados, 85 partes, todas situaciones muy variopintas…A partir de ahí se va a hacer un análisis individual de cada situación”, anticipó Wortman Jofre.

 Oscar Centeno, quien se desempeñó como chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal.

La justicia federal allanó este viernes la casa de Jorge José Bacigalupo, el hombre que entregó los cuadernos del chofer Oscar Centeno a un periodista para que luego se convirtieran en una megacausa judicial, bajo la sospecha de que pudo haber sido el autor de las adulteraciones en el texto detectadas por un peritaje oficial, informaron fuentes judiciales.

La orden la emitió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa iniciada por una presentación del empresario Armando Loson y fue ejecutada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un edificio ubicado en la calle Moldes, en el barrio porteño de Belgrano.

El principal objetivo de la medida fue obtener �Stodo tipo de anotaciones, manuscritos en original o copia⬝ como así también secuestrar �Sdispositivos electrónicos⬝ como teléfonos, celulares, notebook, tablets, computadoras y cualquier otro que permita almacenar datos, informaron las fuentes consultadas.

El allanamiento fue ordenado luego de que el juez recibiera los primeros resultados de una pericia ordenada para intentar determinar a quién pertenecía la letra de las sobreescrituras detectadas en los cuadernos de Centeno por un peritaje oficial y denunciada antes por el empresario Loson tras la realización de un peritaje privado de las fotocopias de los cuadernos.

Esa medida permitió descartar la intervención de la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, sobre los manuscritos; pero no la de Bacigalupo.

�SNo puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación⬝, sostuvo Martínez de Giorgi al ordenar el allanamiento.

Las pericias y las adulteraciones

El estudio pericial para intentar determinar de quién son las letras supuestamente adicionales que aparecen en los cuadernos de Centeno lo realizó el personal de la División Scopometría de la Policía Federal Argentina, informaron fuentes judiciales quienes �Sno pudieron afirmar con certeza, ni descartar su intervención⬝, resumieron fuentes judiciales.

�SSi bien se han advertido entre los grafismos indubitables del sr. Jorge José Bacigalupo y las escrituras individualizadas como labores de agregados y enmiendas ciertas similitudes de relevancia pericial, al no cumplir cabalmente los patrones genuinos con los requisitos intrínsecamente indispensables para la correcta y eficiente valoración, sumado a las limitaciones expuestas para el material dubitado aportado en soporte digital, las mismas resultan insuficientes en calidad y en cantidad para determinar categóricamente si corresponden o no al puño escritor del nombrado⬝, sostuvieron los especialistas que intervinieron en el estudio, según pudo reconstruir esta agencia.

Bacigalupo es un policía retirado que tuvo bajo su custodia los cuadernos cuya redacción se atribuyó el exchofer del ministerio de Planificación, Centeno, y fue quien se los entregó a un periodista del diario La Nación que luego los llevaría al fiscal federal Carlos Stornelli.

En Bacigalupo comenzó el circuito conocido de los cuadernos que luego se transformó en una causa judicial, a cargo del juez Claudio Bonadio, por la que luego estuvieron detenidos decenas de exfuncionarios y empresarios y por la que fue procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.