La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que había confirmado la destitución de Cecilia Goyeneche y, siguiendo al procurador interino Eduardo Casal, ordenó devolver las actuaciones a la provincia para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti declararon la nulidad de todo lo actuado desde que se confirmó un jury que terminó en la destitución de Goyeneche.El máximo tribunal decretó la nulidad del proceso en virtud de “la gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador”, lo que implica “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”.Goyeneche fue sometida a un jury por mal desempeño y por haber tenido una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo en la tramitación de la causa de los contratos truchos. Se le cuestionaba no haberse apartado de intervenir en la investigación cuando se detectó que uno de los principales imputados era Pedro Opromolla, con quien compartía la propiedad de dos departamentos y que mantenía una relación de amistad con ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi. El Jurado de Enjuiciamiento explicó que Goyeneche conocía el vínculo del contador Opromolla con el ilícito desde el comienzo de la investigación e incluso destacó que ella misma había reconocido esa circunstancia, aunque la había minimizado al afirmar que solo se trataba de un “estado de sospecha” que fue “confirmándose” con el devenir de la pesquisa y recién se apartó cuando se decretaron embargos sobre los bienes de los imputados, entre ellos Opromolla, y compartía un departamento que resultó embargado. Ahora, la Corte Suprema advirtió irregularidades en las diferentes integraciones del Jurado de Enjuiciamiento. Le apuntó, específicamente, a los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que firmaron la suspensión de Goyeneche; como también a Juan Ramón Smaldone, que votó a favor de la destitución, al igual de Carubia. Del mismo modo, determinó la nulidad de la designación de Gisela Schumacher en el tribunal que destituyó a la procuradora adjunta. El máximo tribunal también sostuvo que la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal de su función de acusador en el Jurado de Enjuiciamiento y su reemplazo por un fiscal ad-hoc sorteado de la lista de conjueces había sido “arbitraria”, tal como lo advirtió en su momento el procurador general interino, Eduardo Casal. “Pese al intento del superior tribunal local de justificar lo decidido por el órgano juzgador acerca de este punto, la sentencia no justifica adecuadamente las razones por las cuales considera que fue legítimo el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en su totalidad –cuando el legislador atribuyó expresamente a dicho órgano la función de acusar en el proceso de juicio político– y la creación pretoriana de convocar a un abogado de la matrícula que forme parte de la lista de conjueces”, se indicó.La Corte Suprema rechazó el argumento de un supuesto “vacío normativo” para el apartamiento de la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal; “y en el caso de encontrarse configurada respecto del órgano acusador alguna de las causales de apartamiento previstas, este debía ser sustituido por el funcionario del Ministerio Público Fiscal que correspondía según lo dispuesto por las normas aplicables al caso”. En esa línea, los supremos lanzaron furibundas críticas a los vocales del STJ entrerriano: “Resulta, por lo demás, llamativo, el celo que exhibe el superior tribunal por intentar asegurar la imparcialidad del órgano acusador –que, en su visión, se encontraba afectada en beneficio de la magistrada enjuiciada, a pesar de lo dispuesto por la normativa aplicable que aventaba ese riesgo–; celo que contrasta claramente con el modo completamente dogmático y desentendido de los principios constitucionales en el que abordó los planteos que, en orden a la imparcialidad tanto del órgano acusador como del juzgador, había formulado sobre bases serias la recurrente.Esta asimetría en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la imparcialidad con que deben ser conducidos este tipo de procedimientos resulta, naturalmente, inadmisible y es una muestra más de los graves defectos que descalifican lo decidido”. Por estas horas, en tribunales entrerrianos circulan especulaciones sobre las implicancias del fallo de la Corte Suprema. Es que, por un lado, se decreta la nulidad del jury “a partir de la conformación del primer órgano juzgador”. De modo que Goyeneche recupera su condición anterior a la apertura de causa, es decir, se revocaría la suspensión en el cargo y, por lo tanto, debería ser restituida. Pero, más adelante, decreta que “vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento”. El “tribunal de origen” es el STJ, que debería revisar la apelación de Goyeneche a raíz de su destitución y resolver en función de los criterios que fija la Corte Suprema. En cualquier caso, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti dejaron expresamente aclarado que ello “no implica abrir juicio acerca del mérito de los hechos que dieron inicio al proceso de juicio político”. Entonces, cualquier escenario admite la posibilidad de que Goyeneche sea sometida a un nuevo proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, aunque con una integración distinta y que excluiría a quienes ya intervinieron. En el caso del STJ, solo podrían hacerlo Leonardo Portela, Laura Soage, Carlos Federico Tepsich y Susana Medina. (I: Pagina Politica) 

Goyeneche fue en queja ante la Corte luego de que el Superior Tribunal le negara el recurso extraordinario federal para que el máximo tribunal reviera la decisión del STJ de avalar la destitución que le impusiera el Jury.

Para iniciar este trámite, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) prevé en sus artículos 286º y 287º que se debe realizar un depósito que, en caso de que la Corte acepte el caso, se devuelve.

Por acordado de la CSJN, el monto se fijó en $ 300 mil. “Cuando se interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por denegación del recurso extraordinario, deberá depositarse a la orden de dicho tribunal la suma de $ 300.000 (Acordada 13/2022). El depósito se hará en el Banco de depósitos judiciales”, ordena el 286º del CPCCN.

“Si la queja fuese declarada admisible por la Corte, el depósito se devolverá al interesado. Si fuere desestimada, o si se declarase la caducidad de la instancia, el depósito se perderá”, completa el 287º.

El depósito se hizo a fines de junio pasado. En ese momento, el dólar blue tocaba los $ 500 y el oficial se ubicaba en los $ 270.

Unos días después, la Corte ordenó que el dinero, depositado en el Banco Nación, se coloque en plazo fijo

En tanto, el diputado provincial Gustavo Zavallo votó por la no destitución de Goyeneche. De esta manera, la votación quedó 5 a 2.

Este domingo por la noche se sumaron los votos de los vocales Gisella Schumacher y Daniel Carubia, a favor de la destitución de la fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche.

Schumacher hizo un voto extenso, mientras que Carubia adhirió buena parte de los argumentos de la vocal precedente y amplió respecto de otros puntos.

 Antes, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Smaldone fue el primero que votó por la destitución y el sábado, la abogada y presidenta del cuerpo, Verónica Mulone, votó a favor de Goyeneche. Después del mediodía votaron el senador provincial de Concordia, Armando Gay (PJ) y el abogado Gonzalo García, a la vez director de Asuntos Jurídicos del Senado, quienes se pronunciaron por la destitución.

Finalmente lo hizo el diputado provincial Gustavo Zavallo (PJ), quien se opuso a la salida de Goyeneche.

De esa manera, Zavallo siguió la misma línea de pensamiento, ya que antes se había opuesto al desplazamiento del Ministerio Público Fiscal en la acusación a Goyeneche, tal como lo propició por mayoría el Jurado, tras lo cual se designó al abogado gualeyo Gastón Justet como fiscal ad hoc.

 Antes de Justet se habían excusado de participar 16 abogados de la lista de ad hoc.

A Goyeneche la enjuiciaron luego de las denuncias de tres abogados particulares: Carlos Reggiardo (defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi) por un lado; y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet por otro lado. Le achacaron no haberse apartado antes de la causa por corrupción más importante de la historia entrerriana, conocida como �Scausa de los contratos truchos⬝ de la Legislatura. Es que en la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, llegaron hasta el contador Pedro Opromolla, amigo del marido de Goyeneche y con quien la propia procuradora compartió dos fideicomisos. Los investigadores indagaron, imputaron y pidieron 6 años de prisión para Opromolla. Pese a todo, denunciaron igual a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.

Las presentaciones contra la fiscal Anticorrupción se dieron después de que se pidiera la elevación a juicio de la causa, y avanzaron mientras Goyeneche conducía la acusación del megajuicio por corrupción que terminó con el exgobernador Sergio Urribarri condenado a 8 años de prisión y fuera de las Cancillerías que tenía a su cargo.

Los abogados también denunciaron al procurador General de la provincia, Jorge García. Pero esa presentación no fue aceptada por el Jurado de Enjuiciamiento que avanzó con una composición ilegal contra Goyeneche, dado que consideraron que nadie de Ministerio Público Fiscal (MPF) estaba en condiciones de acusarla, y convocaron a conjueces ad hoc (especialmente designados para reemplazar a un vocal del Superior Tribunal de Justicia en caso de ser necesario) para que se la acuse en un jury. De ese modo, invitaron a más de diez conjueces que fueron rechazando la convocatoria por el mismo motivo: no está previsto en la Constitución que la acusación en un jury esté a cargo de un fiscal ad hoc. Las convocatorias rodaron hasta que el abogado de Gualeguay, Gastón Justet, exconcejal justicialista aceptó.

Esa situación, más la suspensión en el cargo y la reducción salarial, provocó la presentación de un amparo en la Justicia provincial por parte de Goyeneche.

En una primera instancia, la jueza de feria Elena Albornoz entendió que la conformación del jury con un fiscal ad hoc es inconstitucional y dio la razón parcialmente a la fiscal Anticorrupción. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes apeló el fallo, dado que la presentación es contra el Superior Gobierno de la provincia y cuando llegó al STJ, los vocales Germán Carlomagno, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio, rechazaron el amparo de la procuradora Adjunta.

Goyeneche continuó el reclamo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consiguió el aval en esa instancia. El expediente volvió por orden del máximo órgano judicial del país a la provincia, con la disposición de tratar el amparo rechazado en una instancia anterior. De ese modo y con una composición integrada por abogados, el STJ debió tratar el amparo de Goyeneche y lo rechazó. Un guiño para el Jurado de Enjuiciamiento que habría frenado la votación.(I:Analisis) 

La suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, pidió este viernes la �Surgente intervención⬝ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y así lograr la suspensión del jury que se le realiza y que parece encaminado a destituirla. Goyeneche es la fiscal que logró la condena a 8 años de prisión del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri.

En un escrito, Goyeneche dijo que la intervención del máximo tribunal es para �S evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva⬝. Sucede que esta semana el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó un amparo ordenado por una jueza de instrucción que dictaminó que el Jury era ilegal por la falta de una fiscal.

Luego agregó que �Sla decisión final del Jury por la que se me destituirá de mi cargo es inminente. 

����Tal como surge de diversas publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación de alcance local y nacional, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva mi destitución.

�STodo ello, pese a que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (del miércoles pasado) no se encuentra firme, pues por el modo en que aquél decidió, sin tratar el fondo, apartándose de lo resuelto por la Corte, y rechazando por ��inadmisible�" mi acción, habilita a proceder inmediatamente a mi destitución⬝.

Luego señaló que se la quiere destituir �Ssin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento⬝. Sería �Sun caso de gravedad institucional que justifica la intervención directa⬝ de la Corte, ya que el Poder Judicial provincial resolvió �Sla exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad. Pues está involucrado el adecuado funcionamiento del sistema de remoción de magistrados, lo que compromete el aseguramiento de la administración de justicia independiente e imparcial que la Provincia de Entre Ríos debe asegurar⬝, finalizó Goyeneche.

 Así lo hizo saber en sus redes sociales, poniendo de manifiesto que el Jury de Enjuiciamiento la desplazará del cargo que ocupa y atinó a decir que eso ocurrirá en las próximas horas; al mismo tiempo que destacó que este �Sataque⬝ en su contra es producto de haber investigado a quienes ostentaban el poder. Asimismo reflejó qué va a recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

 �SLo que se viene es la destitución y se aceleran los tiempos del Jury de enjuiciamiento para que el cargo quede vacante a partir del 30 de mayo, afirmó.

El caso de los �SContratos de la Legislatura⬝ provincial reveló un entramado para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años. �SSe descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares⬝, explicó la funcionaria judicial que hoy está acusada por �Smal desempeño⬝.

En medio del feriado por el Censo Nacional, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por la procuradora Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el Jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc. Fue un movimiento para cumplir, en lo formal, con la Corte Suprema.

�SEstoy tranquila, esperando lo que ya sabía que iba a ocurrir �expresó Goyeneche- y puede ser mañana (por hoy) o la semana que viene, pero sé que lo que se viene es la destitución. 

Conocimos que ya están los votos del Jury, incluso con un vocal que fue recusado por nosotros. Vamos a esperar que se dicte la sentencia y estaremos preparando los recursos. Por lo pronto estoy suspendida y con una reducción de haberes.

�SLo de la Corte lo tomé como un apoyo. Pero es insólito lo que hicieron en el Superior Tribunal. Repitieron la misma sentencia que ya habían dado. No me escucharon ni atendieron mis razones. Lo que hicieron fue sacar una sentencia buscando jueces ad hoc.

����Hicieron todo lo que tenían que hacer para sacar esa sentencia en tiempo récord, encima en un día inhábil. Lo hicieron todo sin disimulo. La urgencia tuvo que ver con de dejar todo habilitado para destituirme.

����Tienen que hacerlo rápido porque se le acaban los días⬝, sostuvo la fiscal de la causa al medio porteño.

 ����Si se confirma la destitución voy a recurrir ante la Corte Suprema.

����La decisión que tomaron sobre el amparo que presenté fue una desobediencia lisa y llana de lo que resolvió la Corte nacional, que fue la orden de analicen mi reclamo sobre una violación a garantías constitucionales.

����(Los magistrados de Entre Ríos) dijeron que el recurso de amparo es inadmisible, no tenemos que ocuparnos: lo hicieron así la primera vez y volvieron a decir lo mismo�"�".

Cabe mencionar que sobre este caso, el Doctor Bernardo Salduna hizo su pronunciación a favor de la postura de Goyeneche.

Por otra parte, tres vocales votaron en contra, pero sin llegar expresarse sobre la cuestión que si estuvo bien apartado el Ministerio Fiscal en su rol de acusado. 

La decisión del STJ, conformado casi en su totalidad por conjueces, fue tomada por una amplia mayoría. Votaron por el rechazo al amparo Fabiola Bogado Ibarra; Guillermo Federik; Emilo Matorras  y María Gabriela López Arango.

La postura de Goyeneche solo fue avalada por Bernardo Salduna, único integrante original del Superior.

La Procuradora adjunta había esgrimido que el corrimiento del Ministerio Público Fiscal de su función acusatoria y su reemplazo por un fiscal ad hoc era violatoria del debido proceso. El Jurado de Enjuiciamiento había tomado este camino debido a la posibilidad cierta de que los fiscales pierdan objetividad siendo que la acusada era su superior jerárquica.

 Goyeneche ocupa el segundo escalón del MPF, un organismo de estructura vertical

El voto mayoritario se sustanció en dos ejes.

El primero fue formal: las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento no pueden ser recurridas por vía del amparo; para ello citaron doctrina y jurisprudencia.

El segundo fue material: Federik hizo un racconto de las acciones públicas que realizaron los demás integrantes del Ministerio Fiscal, desde expresiones en medios a noticias en sitios webs, para confirmar que el temor a la pérdida de objetividad era real.

Con esta decisión del Alto Cuerpo, el Jurado de Enjuiciamiento no tiene más trabas legales ni procedimentales para avanzar con su veredicto, que deberá conocerse antes del 2 de junio.