La Corte Suprema de Justicia resolvió dejar firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo de la Nación a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El Gobierno había suspendido esa parte de la norma, la cual frenaba las actualizaciones salariales al personal docente y no docente, y la recomposición de las becas estudiantiles.Según constató parlamentario.com, la resolución salió con la rúbrica de los tres ministros del máximo tribunal de justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La cautelar, nuveamente vigente, obliga al gobierno de Javier Milei a girar 2.5 billones de pesos a las 56 casas de altos estudios de jurisdicción nacional.El recurso per saltum había sido presentado por Sebastián Amerio, quien elevó el pedido para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 29 de abril en la sesión informativa, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, había defendido la postura del Poder Ejecutivo en no aplicar el Financiamiento Universitario.

En este sentido, la Justicia decretó la cautelar solicitada por la víctima, disponiendo la �Sinmediata prohibición de toda referencia identificatoria, publicación y publicidad, por cualquier medio (escrito, radial, televisivo, web, redes sociales) de la persona y de los datos personales e identificatorios de la denunciante⬝, según especifica la resolución correspondiente.

La medida apunta particularmente �Sal periodista Luis Gasulla (Twitter: @lLuisGasulla, Instagram: @luisgasulla10), quien prestaría servicios como periodista en los grupos Infobae, Perfil, y Radio Cultura, entre otros. Siendo responsable además del canal de YouTube �SDisneylandia con Gasulla⬝ y la página web Periodismo y punto⬝ y se hace �Sextensiva al grupo propietario de La Nación+⬝.

La Sala también ordenó librar oficio a la Policía Federal Argentina para que �Sproceda a efectuar las notificaciones de rigor al denunciado Luis Gasulla, a su domicilio particular, y al canal La Nación+⬝, puntualiza el dictamen. �SA.O. debe ser protegida con este tipo de medidas de los periodistas, medios, dirigentes políticos y personas que difundieron su imagen, en muchos casos acompañada por afirmaciones falsas y comentarios agraviantes, sin consideración alguna por el daño actual y futuro que esto le provocó⬝, dijeron desde el equipo legal que asesora a la víctima. �SElla fue muy clara en sus declaraciones y hubo fotos que afirmaron sus argumentos, pero eso no fue suficiente para detener el hostigamiento y el acoso en su perjuicio, por lo que se determinó accionar judicialmente⬝, explicaron.

Entre las acciones solicitadas por los representantes legales de la joven, esta sería la primera que obtiene aval de la Justicia, esperándose la definición de los tribunales en relación a medidas similares que se enfocan en otros medios nacionales, periodistas y personas particulares (identificadas en las redes sociales por sus comentarios degradantes o agresivos en relación a la víctima y esta situación).