La sentencia condenatoria tuvo tres ejes centrales: la pena de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes por un monto estimado en 500 millones de dólares, equivalentes a unos 685 mil millones de pesos. Ese último punto es el que ahora comienza a traducirse en medidas administrativas concretas.

Según trascendió, la Corte deberá analizar si parte de las propiedades decomisadas pueden ser destinadas a funciones públicas vinculadas al servicio de justicia antes de avanzar con eventuales remates. La decisión quedará en manos de las áreas internas encargadas de infraestructura y administración de bienes.

Entre las propiedades alcanzadas aparecen inmuebles, departamentos y terrenos en Río Gallegos, Lago Argentino y distintos puntos de Santa Cruz, algunos de ellos cedidos previamente a los hijos de la expresidenta, presentaciones que ya fueron rechazadas por la Justicia.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían impulsado que los bienes recuperados sean utilizados con fines sociales, como hospitales, escuelas u obras públicas, bajo el argumento de que el patrimonio decomisado debe volver de alguna manera a la sociedad.

En términos judiciales, el debate también dejó una fuerte discusión sobre el alcance del decomiso y la necesidad o no de demostrar una trazabilidad exacta entre cada bien y los hechos de corrupción investigados. La mayoría de los jueces entendió que, ante la magnitud del daño económico causado, bastaba con una vinculación razonable para avanzar sobre la totalidad de los bienes cuestionados.

Mientras por ahora solo circulan expedientes, oficios y resoluciones administrativas, en los pasillos judiciales admiten que el proceso representa un verdadero terremoto político y patrimonial. Para un sector de la Justicia se trata de “recuperar lo robado”; para el kirchnerismo, en cambio, la discusión sigue siendo parte de una persecución política y judicial que aún promete nuevos capítulos.

La fiscalía reclamó este jueves que se avance con el decomiso de nuevos bienes y dinero para cumplir con la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez en la causa Vialidad.

Se trata de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Báez-; 46 automotores y 4.664.000 dólares embargados en una caja de seguridad abierta a nombre de la hija de la condenada ex presidenta, en el marco de la ejecución del decomiso multimillonario ordenado.Los fiscales identificaron nuevos bienes y dinero y así lo informaron al Tribunal Oral Federal 2 que tiene que ejecutar el decomiso por 684.990.350.139,86 millones de pesos.

En concretó se pidió respecto de Cristina Kirchner “el decomiso de 10 inmuebles -3 en CABA y 7 en Santa Cruz- pertenecientes a Los Sauces SA; 3 inmuebles -en Santa Cruz- pertenecientes a Hotesur SA; USD 4.664.000, USD 992.134 y $ 53.280,24? a nombre de Florencia Kirchner, su hija. La primera suma está en una caja de seguridad bancaria y la segunda depositada en una cuenta, todo embargado.

Sobre Lázaro Báez se reclamó, entre otros nuevos bienes identificados, el decomiso de inmuebles en Santa Cruz y automotores a nombre de sociedades donde tiene participación. También de 81 propiedades en Santa Cruz, 3 en la provincia de Buenos Aires y 3 en Tierra del Fuego a nombre de Badial SA, “en la cual Báez tiene el 95 % de participación accionaria”.

“Todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”, advirtieron los fiscales en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.Una primera tanda de 111 bienes que el Tribunal Oral Federal 2 ordenó ya decomisar para recuperar el dinero parte de los delitos fue apelada por las defensas ante la Cámara Federal de Casación, que tiene que resolver sobre el asunto.

Los condenados, agregó ahora la fiscalía, “han echado mano de todo tipo de artilugios procesales -declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores-. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, analizaron poco después.Muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”, se advirtió además.

La fiscalía solicitó el decomiso para el Estado nacional del departamento de San José 1111, en Constitución, “ya que fue adquirido por Los Sauces SA en 2015?. Allí cumple arresto domiciliario CFK condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor de otro condenado, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez.Además se reclamó decomisar el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz, y dos departamentos y siete cocheras en Puerto Madero de la sociedad “Los Sauces” . Uno de ellos es un duplex de más de 600 metros cuadrados.“Estas propiedades se encuentran en el exclusivo barrio de Puerto Madero, más precisamente en el complejo Madero Center (el mismo edificio donde funcionaba la financiera SGI, conocida como La Rosadita, donde, tal como se comprobó por sentencia firme, se realizaron las maniobras de lavado de dinero por las cuales se condenó a Lázaro Báez, entre otros)”, agregó el pedido fiscal.Los representantes del Ministerio Público advirtieron que “existe una vinculación razonable entre el incremento patrimonial de las sociedades -pertenecientes a las personas condenadas- y el delito fuente que motiva el decomiso, además de una concomitancia temporal evidente”.“Luego de la constitución de Los Sauces SA por parte de Néstor Carlos Kirchner, Cristina E. Fernández y el hijo de ambos, Máximo Carlos Kirchner (7/11/2006), y de la adquisición de Hotesur SA por Néstor y Máximo Kirchner (7/11/2008), se inició un proceso cuya nota distintiva fue la interconexión económica que se estableció entre esas sociedades -pertenecientes a la familia Kirchner- y Lázaro Antonio Báez, sus empresas y su entorno”, fundamentó el pedido.

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal dejó firme un fallo que beneficia a Cristina Kirchner, quien ya no deberá pagar un resarcimiento de $22.300 millones que el Estado le reclamaba en una demanda civil por la causa Vialidad. Según informó el diario Clarín, la decisión se tomó por la inactividad procesal de la parte demandante, es decir, del propio Gobierno a través de Vialidad Nacional.La decisión de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, en un voto dividido, confirmó la sentencia del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, que declaró la “caducidad de la instancia”. La defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, había solicitado la medida argumentando que no hubo avances en el expediente desde marzo de 2023.

Caducidad por inacción procesal

El argumento central del fallo es que la parte demandante, Vialidad Nacional, no impulsó nuevas medidas durante el plazo de seis meses que contempla el Código Procesal. Según supo Noticias Argentinas, a pesar de que el organismo estatal intentó justificar la demora, los jueces consideraron que “el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023”, por lo que correspondía dar por caído el proceso.El fallo remarca que la caducidad busca “evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”.

El decomiso de la causa penal sigue activo

Es crucial distinguir que este fallo corresponde a la causa civil iniciada para reparar el daño económico de las obras no terminadas. La decisión no afecta en absoluto a la causa penal.En los tribunales de Comodoro Py, el proceso de ejecución patrimonial correspondiente al decomiso de bienes por $685.000 millones, fijado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, continúa su trámite de forma independiente y se mantiene activo. NA.

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, resolvió la caducidad de instancia en el expediente iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner y otros condenados en la causa por corrupción en la obra pública. La demanda reclamaba una indemnización de 22.300 millones de pesos, pero fue archivada por inactividad procesal.

Los fundamentos de la decisión

El magistrado sostuvo que, desde la última actuación con capacidad de impulsar el trámite hasta el planteo de perención, transcurrió el plazo legal previsto. Explicó que la caducidad busca evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, resguardando la seguridad jurídica y una adecuada administración de justicia. De esta forma, el expediente civil quedó concluido, aunque en paralelo, en el fuero penal, el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó un planteo de la ex presidenta para frenar la ejecución de sus bienes.

La postura de Cristina Kirchner

En su presentación, la defensa de la exmandataria cuestionó el método de cálculo del monto a devolver realizado por peritos de la Corte Suprema y afirmó que su patrimonio y el de su familia es “absolutamente legítimo”. Cristina Kirchner sostuvo que no posee bienes vinculados al delito y anticipó que, si la Cámara de Casación rechaza sus planteos, llevará el caso a la Corte Suprema y eventualmente a organismos internacionales. Los jueces del TOF 2, sin embargo, remarcaron que la condena por administración fraudulenta ya fue revisada en distintas instancias y que el monto fijado como decomiso es “inconmovible” en esta etapa del proceso.

Este miércoles 13 de agosto vence el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal 2 para que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la Causa Vialidad depositen los $648.000 millones —equivalentes a unos 537 millones de dólares al cambio oficial— en una cuenta del Banco Nación.La medida alcanza también a Lázaro Báez, José López y Néstor Periotti, y responde a un decomiso ordenado como resarcimiento por el “gravísimo daño al erario público” generado por hechos de corrupción en la obra pública.Hasta el momento, ninguno de los condenados devolvió un solo peso. La Corte Suprema habilitó la posibilidad de que se utilicen bienes decomisados en causas penales para cubrir el monto, aunque en el caso de la expresidenta, su patrimonio fue cedido anticipadamente a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo propiedades y acciones en sociedades como Hotesur y Los Sauces.                      

Cristina busca frenar el embargo de sus bienes en el caso VialidadLa expresidenta solicitó a la Justicia suspender la ejecución sobre su patrimonio y dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2 que la condenó en la causa por corrupción en la obra pública.Este martes, la expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, le pidió a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes que fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 que la condenó a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

El tribunal que juzgó la causa Vialidad dio un plazo de 10 días a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros siete condenados para que depositen más de $685.000 millones (unos 530 millones de dólares), como compensación por el fraude con la obra pública en Santa Cruz.Si no cumplen, se ejecutarán embargos y remates de bienes: hay más de 200 propiedades, vehículos, sociedades y sumas en efectivo bajo la lupa. La defensa de Cristina planteó que el monto real es de apenas $42.000 millones, pero la Justicia rechazó ese cálculo.

Entre los bienes a decomisar figuran hoteles, departamentos, estancias y hasta seis millones de dólares en cuentas. La medida apunta a recuperar lo robado y evitar que los responsables sigan disponiendo de los fondos obtenidos mediante corrupción.

El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner.El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas “Austral Construcciones”.Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez. NA.

Por la causa Vialidad hay otras ocho personas condenadas, entre empresarios y exfuncionarios.

Lázaro BáezLázaro Báez, condenado a seis años de prisión  por la causa Vialidad.El TOF 2 condenó al empresario Lázaro Báez a 6 años de prisión. Concluyeron que fue partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

José LópezEl exsecretario de Obras Públicas recibió una condena a 6 de años de prisión. También pesa sobre él una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Lo consideraron autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Nelson PeriottiEl exdirector de Vialidad Nacional también fue condenado a seis años de cárcel. Además, recibió una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Mauricio CollaredaEra responsable del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. Fue condenado a cuatro años de cárcel. También recibió inhabilitación para ejercer cargos públicos. Determinaron que fue responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Raúl DaruichTambién era responsable del distrito N° 23 Santa Cruz, de Vialidad Nacional. Le dieron una condena a tres años de prisión, además de la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. También fue encontrado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Juan Carlos VillafañeLo condenaron a cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. También fue por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Raúl PavesiEl expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz recibió una condena a 4 años y seis meses de prisión. También quedó inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Fue por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

José SantibáñezEs otro expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Lo condenaron a 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Lo consideraron autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Todos los absueltosAquel fallo del Tribunal Oral Federal 2 absolvió a Julio de Vido (exministro de Planificación Federal), Héctor Garro (expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz), Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas) y Carlos Kirchner (exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal).

El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa. Ratificó la pena por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Es la primera vez en la historia argentina que una expresidenta recibe condena firme en una causa por corrupción.En un fallo histórico firmado este 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmó la condena penal contra la exmandataria Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar el recurso extraordinario federal presentado por su defensa y dejaron firme la pena de seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.La decisión se dio en el marco del expediente N.º 2833/CSJN, titulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elizabet y otros s/defraudación a la administración pública – Recurso Extraordinario Federal”, y constituye una resolución de altísimo impacto político e institucional. El caso, vinculado a la causa conocida mediáticamente como “Vialidad”, involucraba el direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez durante su gestión como presidenta de la Nación.

Los fundamentos del falloLa Corte Suprema consideró que no se violaron garantías constitucionales, como alegaba la defensa, entre ellas el debido proceso, la imparcialidad del tribunal o el principio de legalidad. Por el contrario, el alto tribunal señaló que la sentencia condenatoria fue debidamente fundada y respaldada en pruebas suficientes, conforme a las reglas de la sana crítica racional. Además, descartó cualquier arbitrariedad o afectación de derechos fundamentales en el desarrollo del juicio oral.“No se ha configurado lesión constitucional manifiesta que amerite la intervención correctiva de esta instancia excepcional”, sostuvieron los ministros del tribunal supremo, validando así tanto la actuación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 como la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Un fallo con repercusiones históricasCon esta resolución, Cristina Fernández de Kirchner queda formalmente condenada en última instancia, aunque conserva la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La exvicepresidenta ya no posee fueros parlamentarios, y esta decisión podría acelerar la discusión sobre la eventual ejecución de la pena.El fallo marca un hito en la historia judicial del país: es la primera vez que un expresidente o expresidenta de la Nación recibe una condena penal firme por delitos contra la administración pública.

Contexto y proyeccionesLa confirmación de esta condena llega en un clima político denso, atravesado por fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. En las próximas horas se esperan reacciones del entorno kirchnerista, así como eventuales movilizaciones o declaraciones públicas.El impacto político será inmediato, tanto en el armado electoral como en el frente judicial. La exmandataria enfrenta aún otras causas pendientes, pero esta condena ya representa un antes y un después en la relación entre poder y justicia en Argentina.

Este lunes, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner formalizó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja para solicitar la revisión de la condena dictada en su contra en la denominada causa Vialidad. El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, explicó ante la prensa los fundamentos del pedido, centrado en presuntas irregularidades procesales.“Presentamos un recurso de queja previsto por la ley, con el objetivo de que el máximo tribunal analice violaciones a las garantías constitucionales que se produjeron a lo largo del juicio”, detalló Beraldi. A su vez, el letrado señaló que el planteo busca corregir “arbitrariedades” contenidas en la sentencia condenatoria.En su exposición, Beraldi remarcó que no se trata de una acción excepcional ni de un pedido fuera de lo común: “Este trámite es habitual y se presenta cuando se detectan graves y reiteradas vulneraciones de derechos fundamentales”, afirmó.La presentación de la defensa incluye, entre otros puntos, cuestionamientos a la imparcialidad del tribunal que juzgó a la exmandataria y al modo en que se valoró la prueba durante el proceso. Beraldi insistió en que la expresidenta fue víctima de un proceso viciado y pidió que la Corte garantice el respeto al debido proceso y al derecho a un juicio justo. 

La defensa de la ex presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, presentará el recurso de ‘queja’, ante la Corte Suprema de Justicia, para pedir su absolución en la causa Vialidad.Éste es el último recurso que le queda al abogado Carlos Beraldi, que defiende a la ex mandataria, para pedirle al Máximo Tribunal que revierta la pena a seis años de prisión a la que fue condenada; el plazo vence el próximo martes 1 de abril.La presentación estará fundada en que “se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales”, como así también, “el deber de objetividad” del Ministerio Público Fiscal.Si admite la queja,  la Corte Suprema de Justicia, que actualmente está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, dará paso a la intervención de la Procuración General (a cargo de Eduardo Casal) para que lleve a cabo el dictamen.Por el momento no hay indicios sobre qué es lo que puede llegar a suceder, sin embargo, un antecedente que puede ser relevante, está vinculado con lo sucedido la semana pasada cuando, la Cámara de Casación Federal rechazó el recurso extraordinario que presentó la defensa de Fernández de Kirchner.En la causa Vialidad se investigan “irregularidades” en la concesión de obras públicas llevadas a cabo en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez y por lo que, la ex Presidenta de la Nación tiene una condena confirmada por seis años de prisión por “fraude contra la administración pública”. NA. 

El máximo tribunal penal, con una formación integrada por el juez Diego Barroetaveña, rechazó una recusación planteada por la ex presidente justamente contra el juez Barroetaveña. Cristina Kirchner también recusó al fiscal general Mario Villar, quien pidió que se duplique la condena en su contra, de seis a 12 años de cárcel. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y el propio Barroetaveña rechazaron la recusación planteada por el abogado defensor de la ex presidenta, Alberto Beraldi, contra Barroetaveña y el fiscal Villar.

El fallo explica que el fiscal Villar también dictaminó en contra de la recusación contra sí mismo.

“De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y oída que fue la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en autos, el recurso intentado debe ser declarado inadmisible”, sostiene el fallo. Cristina Kirchner aspiraba que la recusación fuera revisada por la Corte Suprema, como última instancia judicial ante su planteo.

La inadmisibilidad del recurso le cierra la vía directa, pero le queda aún la posibilidad de apelar a un recurso de “queja”, de muy improbable éxito para los intereses de la exvicepresidenta. NA.

El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo martes 6 de diciembre la sentencia en la causa por el juicio Vialidad, en donde está acusada Cristina Kirchner, y que cuenta con un pedido de condena a doce años de prisión. La fecha se dio a conocer este martes por la mañana, luego de escuchar las �Súltimas palabras⬝ de la titular del Senado. En este sentido, el presidente del Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu les ofreció a otros tres imputados hacer uso de la misma posibilidad procesal pero Héctor Jesús Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López se negaron a hablar ante la autoridad. A su vez, Gorini anunció las últimas dos audiencias del juicio por la causa Vialidad, de la que está acusada Cristina Kirchner, que tendrá lugar el próximo lunes a las 9.30, donde podrá hacer uso de la palabra Raúl Pavesi, Nelson Periotti y José Santibañes.

El martes 6, en tanto, a las 9.30 podrá hacerlo Juan Carlos Villafañe, que en caso de decidir hablar o no, los jueces deberán que dar su veredicto; por lo que se conocerá el fallo de Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso

El veredicto

Este martes dieron a conocer que el próximo 6 de diciembre se conocerá si los acusados de armar una asociación ilícita para favorecer al socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez, cometieron o no delito.

El juicio comenzó para determinar si Lázaro Báez obtuvo ventajas por parte de los Kirchner para ganar licitaciones y beneficios en los pagos de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz. Cabe destacar que para Cristina Kirchner, los fiscales Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta de bienes del Estado.

El fiscal Diego Luciani solicitó este lunes la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, conocido como Causa Vialidad.

Las medidas también incluyen a otros funcionarios públicos. Además, la fiscalía solicitó el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Sergio Mola- se defraudó al Estado.

En la exposición en el tramo final de la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2), Diego Luciani consideró que Cristina Fernández de Kirchner y los demás acusados llevaron adelante "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país". Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de la Nación de actuar con "ánimo de lucro y codicia".

El alegato acusador comenzó esta mañana pasadas las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py en la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato.

Al inicio de la audiencia, la expresidenta solicitó a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria este martes 23 de agosto.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", argumentó la exmandataria en sus redes sociales al informar que instruyó a su abogado para que, a los efectos de poder ejercer su "derecho a defensa en juicio", solicite la ampliación la indagatoria.

Cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.

La acusación contra la vicepresidenta

En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas. (AHORA)