Se trata del juez Gustavo Lleral, quien fue apartado por decisión de los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suarez, del tribunal patagónico.El nuevo juez de la causa -el tercero desde que se inició la investigación- será Federico Calvete, quien es titular del juzgado federal de Ushuaia.La Cámara de Comodoro Rivadavia ordenó, además, la producción de las pruebas pendientes que habían pedido las querellas, entre ellas la de Sergio Maldonado, hermano de la víctima.El tribunal también aceptó planteos de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también querellantes.El fallo advirtió que el juez Lleral repitió casi calcados en su resolución de 2023 -que es la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes.De esta manera, los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra volverán a quedar bajo investigación.En el ínterin, la Cámara ya había revocado los sobreseimientos y ordenó la profundización de líneas de investigación, cosa que -según el criterio expresado en la resolución de hoy- no ocurrió.La Cámara recordó que la hipótesis inicial de la investigación, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, “ya había quedado desprovista de todo respaldo puesto que encontraba, como principal sustento, un testimonio que no había podido ser refrendado por medio alguno”.Sin embargo, los camaristas destacaron que “ello no autorizaba a dar por concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes que restaba despejar antes de poder afirmar -como proponía el magistrado de la anterior instancia- que el deceso de Santiago Maldonado no podría haber sido el fruto de otras maniobras eventualmente aptas para merecer reproche penal”.El tribunal ordenó profundizar en líneas de investigación inexploradas hasta ahora “para terminar de despejar los interrogantes que se habían suscitado luego de la autopsia, y así dar por concluida la investigación”.La Cámara le recomendó al nuevo juez de la causa “que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas prueba aquí propuestas, así como todas aquellas que estime pertinentes, a los fines de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”.Para ello, deberá “arbitrar todos aquellos medios y recursos que a tales fines resulten necesarios”. NA. 

 Los representantes legales de la familia de Santiago Maldonado pidieron al pleno de la Cámara Federal que revierta el cierre de la investigación y los sobreseimientos que dispuso el juez Daniel Rafecas en torno al espionaje de gendarmes a familiares del artesano y otros activistas.

 Los abogados Matías Aufieri y Liliana Mazea expusieron sus razones ante los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, en la audiencia de apelación por el cierre del expediente y el sobreseimiento de los funcionarios involucrados.

A mediados de julio, Rafecas definió que los seguimientos y escuchas a los familiares del artesano se habían concretado para prevenir la �Salteración del orden público⬝ en momentos en que se desarrollaban actos y movilizaciones por la desaparición de Santiago en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Rafecas sobreseyó al exnúmero tres del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, y también a Fabián Méndez, exjefe de Gendarmería en El Bolsón.

Matías Aufieri puso el foco en que si los gendarmes pretendían cuidar el orden público debían hacerlo según el protocolo respectivo, identificados como miembros de las fuerzas de seguridad y con la directiva de un juez.

Una pericia sobre el celular del gendarme Méndez confirmó que un grupo de efectivos de esa fuerza efectuaba tareas de inteligencia sobre Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y sobre su pareja, Andrea Antico

 Además, según surge de cuarenta páginas de mensajes entre los gendarmes y su jefe, vigilaban los movimientos de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y también de referentes mapuches y activistas de la Patagonia.

 �SPlanteamos todas las pruebas que consideramos que no fueron valoradas y las líneas de investigación que a nuestro juicio deben ser reabiertas⬝, explicó Aufieri.

 �SNosotros cuestionamos la figura de alteración del orden público porque puede aplicarse a cualquier movilización y porque la mayoría de los mensajes no eran en torno a manifestaciones⬝, señaló el letrado de la querella iniciada por la legisladora Myriam Bregman.