El ex secretario de Obras Públicas José López deberá declarar este jueves 30 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 y, con ello, se dará inicio a la ronda de 43 testimonios planificada en esta nueva etapa.

López, quien fue funcionario en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, es el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner, debido a que es una pieza clave en el caso Cuadernos: actuó como imputado colaborador, comúnmente llamado “arrepentido”, confesó formar parte del sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y afirmó haber estado vinculado con altos funcionarios que oficiaban de organizadores.

Su figura tomó estado público cuando fue detenido en el año 2016, mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.

Además de su declaración, están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una “reparación integral” para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción y quien figura en el expediente como uno de los arrepentidos, que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.

En esta etapa, que continuará en mayo, serán convocados para dar testimonio varios periodistas que participaron en la investigación inicial y exfuncionarios y allegados de los principales acusados, incluyendo a la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Por el momento, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate. NA.

Pitón, de 60 años e integrante de la firma José Eleuterio Pitón SA, está imputado como coautor de presuntos pagos indebidos en el marco de contrataciones de obra pública. En su breve intervención —sin aceptar preguntas— desmintió lo que había dicho años atrás ante el entonces juez federal Claudio Bonadio.“Lo que no queríamos era quedar presos… lo que dije fue para no quedarme ahí”, afirmó.Además, negó de manera tajante haber entregado dinero: “A Clarens no le di ni un peso, ni a nadie”, sostuvo, en referencia al financista Ernesto Clarens, uno de los principales imputados colaboradores que durante la investigación aportó listados de empresarios que supuestamente habrían participado del circuito de pagos.Según relató, su vínculo con Clarens se limitó a contactos por cobros atrasados de obra, donde le ofrecieron servicios financieros que finalmente rechazó.

Una causa que nació de los “cuadernos”Para entender el alcance del caso, hay que remontarse a 2018, cuando el periodista Diego Cabot dio a conocer una serie de anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación.En esos cuadernos, Centeno describía presuntos recorridos en los que se habrían trasladado bolsos con dinero provenientes de empresarios hacia funcionarios durante los gobiernos kirchneristas.A partir de esa publicación periodística —que actuó como detonante de la investigación— el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsaron una causa que derivó en decenas de detenciones, indagatorias y la figura del “arrepentido”, utilizada por varios empresarios y exfuncionarios que declararon a cambio de beneficios procesales.Con el tiempo, el expediente se convirtió en uno de los procesos judiciales más grandes de la historia reciente, con más de 80 acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Silencios, tensiones y cuestionamientosLa audiencia de este jueves tuvo un dato llamativo: Pitón fue el único que declaró. El resto de los convocados optó por el silencio o por manifestaciones mínimas de inocencia.Esa situación reavivó uno de los principales cuestionamientos de las defensas: la imposibilidad de contradecir en juicio los testimonios de quienes declararon como arrepentidos durante la instrucción.En ese sentido, abogados de imputados —entre ellos del ex ministro Julio De Vido— advirtieron que se estaría vulnerando el derecho a defensa, y dejaron planteada la posibilidad de recurrir a instancias superiores.También se registraron planteos puntuales, como el del ex secretario José María Olazagasti, cuya defensa pidió que se lo releve de obligaciones de secreto para poder defenderse, en función de su rol previo en organismos de inteligencia.

Un juicio que sigue abiertoCon audiencias breves, declaraciones parciales y tensiones jurídicas constantes, el juicio por los Cuadernos avanza en una etapa donde comienzan a aparecer contradicciones clave.Las palabras de Pitón, al admitir que su declaración inicial no fue verdadera, introducen un elemento sensible en el proceso: el peso y la credibilidad de los testimonios obtenidos durante la investigación.Mientras tanto, el expediente continúa su curso, atravesado por una pregunta que sigue abierta desde el inicio: cuánto de lo que se construyó en base a aquellos cuadernos podrá sostenerse en el tramo final del juicio.

En el proceso, que comenzó en noviembre, se analiza el presunto funcionamiento de una estructura que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de la construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre las acusadas junto a exfuncionarios, choferes y decenas de empresarios.Entre los entrerrianos convocados figuran Mario José Maxit, director comercial de Isolux Ingeniería S.A., citado para el 9 de abril; Gabriel Pedro Losi, vicepresidente de Losi S.A., quien declarará el 14; y Daniel Claudio Pitón, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., previsto para el 16.Las audiencias incluirán además a un amplio número de empresarios y exfuncionarios vinculados a áreas clave de obra pública y transporte, en un cronograma que se extenderá durante abril y que busca profundizar en el entramado de decisiones, pagos y adjudicaciones bajo análisis judicial.

“Sobre mi declaración de hoy en Comodoro Py, en la farsa judicial titulada mediáticamente ‘Cuadernos’, te dejo un enlace para que puedas ver al Dr. Beraldi mostrando los cuatro casos a los que hice mención cuando me referí a las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos Stornelli y del juez Bonadío en relación a esta causa”, escribió en su cuenta de la red social X, en la que adjuntó un video.

Según posteó la expresidenta, cuentan con “capturas de los chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación de este juicio) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, la violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores… vulnerando todas las garantías constitucionales… entre otros delitos”.“También podrás ver las fotografías de Stornelli y D’Alessio en Pinamar y escuchar los audios. Todos son hechos probados a través de pericias documentales digitales irrefutables y del testimonio de las propias víctimas en el juicio oral contra Marcelo D’Alessio, cuya sentencia tuvo lugar el 25 de septiembre del año pasado”, agregó.

Según escribió, “En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un ‘activo muy valioso de la asociación ilícita’”. “La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia”, finalizó.  (TN)

Cristina Kirchner criticó a la Justicia a horas de presentarse a declarar de forma presencial en la Causa Cuadernos. La expresidenta publicó un mensaje en las redes sociales en el que cuestionó que la hayan citado de forma presencial en Comodoro Py. También cruzó a Javier Milei por su programa económico.

En un posteo en su cuenta de la red social X, donde no escribía desde el 11 de febrero, la expresidenta cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de convocarla a una audiencia presencial este martes a las 9 y sostuvo que la medida responde a una búsqueda de impacto mediático.“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió.

Críticas a la citación presencial en Comodoro PyCristina Kirchner cuestionó la decisión del TOF7 de que la audiencia deje de realizarse por videoconferencia y pase a ser presencial. En su publicación, planteó que el cambio responde a una lógica mediática.“El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, escribió.En el mensaje confirmó su citación en los tribunales federales de Retiro. “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”, sostuvo.La expresidenta deberá presentarse ante el TOF7 en el marco de la causa conocida como Cuadernos, una investigación que se centra en presuntos pagos de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Cuestionamientos al programa económico de MileiCristina Kirchner aprovechó el posteo para cuestionar el programa económico del Gobierno y describió un escenario de “catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”. “Las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”, escribió.Luego enumeró una serie de indicadores que, según planteó, reflejan el impacto del programa económico. “Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, afirmó.

La referencia a la causa LibraEn otro tramo del mensaje, la expresidenta también cuestionó al fiscal federal Eduardo Taiano y mencionó una investigación vinculada a la criptomoneda Libra.“Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado’, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares”, escribió. (TN) 

La causa de los cuadernos volvió a poner en primer plano el departamento la ex presidenta Cristina Fernández ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, en Recoleta, señalado por la Justicia como uno de los principales puntos de acopio del dinero recaudado a través del sistema de coimas atribuidas a ex funcionarios del kirchnerismo.

De acuerdo a la acusación, el lujoso departamento del quinto piso funcionó durante años como escala intermedia para el almacenamiento de bolsos y valijas cargados con dólares provenientes de contratistas del Estado.Durante la instrucción del expediente, el fallecido juez Claudio Bonadio definió a

Néstor y Cristina Kirchner como jefes de una asociación ilícita que recibía pagos ilegales destinados al Poder Ejecutivo y a colaboradores de máxima confianza. Parte de ese circuito, según la investigación, incluía repetidas entregas en Uruguay 1306, donde la entonces presidenta residió hasta el intento de homicidio en su contra en 2022.

Para la Justicia, solo en ese domicilio se totalizaron 87 entregas por un total de 69,7 millones de dólares. Para arribar a esa conclusión hubo una reconstrucción, la cual se fundó, entre otros elementos, en las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta y quien dio cuenta de viajes nocturnos en los que trasladaba bolsos desde oficinas privadas hacia Recoleta.Otra de los puntos que señaló Centeno fue que, tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, cambió el destino final de los bolsos: ya no era Uruguay 1306 sino la casa de Baratta en el barrio de Belgrano, desde donde el dinero volvía a circular hacia otros puntos, incluida la Quinta de Olivos. La primera confesión como arrepentido del ex chofer confirmó que ese departamento era un eslabón clave del sistema.Otros imputados colaboradores reforzaron esa versión. Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, declaró haber entregado allí bolsos de más de diez kilos tras reuniones con empresarios, y recordó haber visto unas veinte valijas repletas en el interior del departamento.

El exfuncionario, también condenado por el ingreso de la valija con 800 mil dólares del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, afirmó que Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, recibía esos fondos y que el destino final solía ser Río Gallegos, donde según dijo en su declaración también como arrepentido, existían bóvedas adquiridas al Banco Hipotecario. Agrega Uberti que, en una de esas ocasiones, Muñoz bromeó con que abriría “un negocio de valijas” por la cantidad que acumulaba.

El ex secretario de Obras Públicas José López también mencionó aquella propiedad. Indicó que en julio o agosto de 2007 se entregaron allí unos ocho millones de dólares vinculados a la recaudación por obras viales.El requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Carlos Stornelli sostiene que, tras la muerte de Néstor Kirchner, dejó de utilizarse el departamento para recibir los bolsos, pero el flujo de dinero continuó y mantuvo como destinataria final a Cristina Kirchner.

El departamento de Recoleta ya era conocido por su vínculo con Lázaro Báez. En 2009, Austral Construcciones, firma que supo ser del empresario santacruceño, alquiló el piso por seis meses a través de la inmobiliaria de Máximo Kirchner, con pagos mensuales de poco más de 25 mil pesos.

“La Justicia solo vio una parte del saqueo”El defensor, Roberto Herrera, sostuvo que aún no se logró dimensionar el alcance completo del entramado ilícito: “Lo que está documentado es solo una parte del saqueo sistemático. La cantidad de dinero que circulaba era enorme y no todos los actores están identificados”, señaló.Manzanares, que fue contador y hombre de confianza de la familia Kirchner en Santa Cruz, aportó detalles clave para el armado de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, imputada por presunta jefatura de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación al Estado. Su testimonio es considerado central para reconstruir la estructura que documentaron los cuadernos del chofer Oscar Centeno.Las declaraciones del excontador también respondieron a las afirmaciones de la expresidenta, quien había sugerido que Manzanares fue “presionado” para convertirse en arrepentido, algo que él mismo negó rotundamente a través de su defensa.

El mecanismo narrado por ManzanaresHerrera brindó detalles sobre la operatoria que su cliente describió ante los tribunales. Según su testimonio, Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, realizaba viajes semanales a Río Gallegos con valijas repletas de dinero provenientes de supuestos pagos ilegales vinculados a la obra pública.“Manzanares lo esperaba en el aeropuerto y juntos trasladaban los bolsos hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. Muñoz ingresaba solo y, alrededor de una hora después, salía con un bolso destinado a Manzanares”, relató el abogado.

El volumen de fondos involucrado era abultado. De acuerdo con la defensa, entre dos y tres millones de dólares por semana ingresaban al circuito financiero legal a través de operaciones realizadas por el propio Manzanares, considerando únicamente el flujo que manejaba Muñoz.

Por Karina Poritzker - El financista Ernesto Clarens, arrepentido del caso Cuadernos, dio detalles sobre cómo empezó a trabajar para los Kirchner a cambio de comisiones, recibiendo los pagos ilegales por parte de empresarios y entregando el dinero al fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz.“En determinado momento Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”, recordó, según se leyó hoy en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli.Clarens recordó que se juntaba con Muñoz “para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes”.“En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento...“, aseguró.La cuarta jornada del juicio oral por el caso Cuadernos se reanudó este martes poco antes de las 14 con algunos problemas de conexión a Internet por parte del Tribunal Oral Federal 7 que, luego de breves interrupciones, quedaron subsanados.“Ahí estaba la historia”. Eso decían entre sí los secretarios en relación a un particular sitio en la residencia de los Kirchner en El Calafate. “En esa casa yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera, donde había una puerta placa de color blanca cerrada, donde siempre decíamos entre los Secretarios que ‘ahí estaba la historia’: el lugar donde se podrían guardar los bultos”.Gutiérrez se refería “las valijas con candado” que según el otro ex secretario ya fallecido Muñoz custodiaba en los vuelos del avión presidencial Tango 01 desde la ciudad de Buenos Aires a Santa Cruz, en fines de semana.Todo esto forma parte de la declaración como imputado colaborador de Gutiérrez, el fallecido ex secretario presidencial.Se trata de la cuarta jornada de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 que juzga a Cristina Kirchner y otros 85 acusados.Víctor Fabián Gutiérrez nació en julio de 1973 en Las Heras, Santa Cruz. Murió asesinado en su provincia, durante un supuesto robo en agosto de 2020, con 47 años recién cumplidos. Había sido secretario de Néstor y Cristina Kirchner y era arrepentido en el caso Cuadernos.Gutiérrez falleció, pero sus dichos forman parte del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli, leído desde el inicio del debate el 6 de noviembre pasado.En la acusación fiscal hay un apartado titulado “la jefa”. Se refiere a Cristina Kirchner y a su rol como presunta líder de la asociación ilícita y si dan los tiempos se repasará en esta jornada. Allí se considera probado su “liderazgo sobre el resto de los miembros de la asociación” basado en su “poder de asignar funciones” al resto de los integrantes.Para la fiscalía, Cristina Kirchner “era la única capaz tanto de accionar como ponerle fin a la agrupación destrabando la banda y desintegrando su conformación”.Era la “única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.En esa línea argumental, la asociación ilícita que se sostiene se conformó en Cuadernos fue comandada por “Néstor Carlos Kirchner respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente”.“Fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación. Los elementos de prueba recabados durante la instrucción demostraron que el sistema de recaudación diseñado tuvo un único vértice, por cuanto el dinero era mayormente entregado en los domicilios que utilizaban Cristina Elisabet Fernández y Néstor Kirchner, al menos durante los años 2008/2010”, se detalla.Si hubiera llegado vivo al debate oral, el secretario presidencial Gutiérrez estaría en el banquillo juzgado por encubrimiento agravado porque “ayudó a Néstor Carlos Kirchner y a Cristina Elisabet Fernández, a asegurar el dinero ilegal producto del sistema de recaudación de fondos”Como arrepentido, Gutiérrez habló de los viajes. “Con respecto a los viajes de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner al Sur los fines de semana, también los acompañaba siempre en el Tango 01”En cuanto a Daniel Muñoz, refirió que “la mayor parte de los viajes, llevaba valijas con candado, era el único que las tocaba y se ubicaba con las mismas en la parte trasera del avión, pasando el área presidencial, entre la sala que solían utilizar los periodistas y la cocina”. “Lo hacía de manera reservada. Yo no vi el contenido de esas valijas pero se comentaba y también yo lo pensaba, que contenían dinero”, agregó el arrepentido.Cuando llegaban a la residencia de El Calafate y arribaba Muñoz, “Néstor Kirchner nos hacía retirar”, acotó sobre la secuencia habitual: “Cuando los Kirchner llegaban de un vuelo nos dirigíamos todos a la casa y al poco tiempo aparecía Muñoz. Cuando aparecía Muñoz nos hacían retirar a todos por una hora aproximadamente”.“Lo mismo ocurría en la casa de Río Gallegos, donde había un sector contiguo al gimnasio de las mismas características de lo relatado en el Calafate. Que todos pensábamos, como dije más arriba, que en este lugar también se almacenaban los bultos aludidos”. “Desde el 2003 hasta el 2005 esto era en Río Gallegos y al menos entre 2008 y 2010, período en el que estuve, fue en El Calafate”, detalló.Según el cronograma que difundió el Tribunal, entre esta semana y el 2 de diciembre se terminarán de leer los requerimientos de elevación a juicio del caso central y otros dos tramos vinculados a la acusación por pago de sobornos para adjudicación de obras públicas.Desde ahora habrá dos audiencias semanales, martes y jueves.Las del 4,9, 11 y 16 de diciembre estarán dedicadas a la acusación de la fiscalía y de la querella de la Unidad de Información Financiera en “La Camarita”, una pesquisa conexa que juzga la cartelización de la obra pública por parte de la Cámara Argentina de Empresas Viales.El 18 de diciembre, último jueves hábil del año, se dedicará al requerimiento fiscal en otras dos causas, “Trenes” y “Corredores Viales”. El jueves 25 es Navidad.Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a todos los abogados que informen de manera previa si habrá cuestiones preliminares y recibieron respuestas positivas. Esto anticipa una próxima etapa para escuchar cada planteo, pedir opinión a la fiscal Fabiana León, a la querella de la UIF y luego tomar una decisión.Se calcula que entrado febrero de 2026 -si se concreta el anunciado receso por la feria judicial de enero- será el momento de inicio de las 86 declaraciones indagatorias. Más allá de que el acusado tenga o no intención de hablar, hay un paso insoslayable: sentarse frente al Tribunal para dar sus datos personales.Por ahora rige la decisión del sistema mixto. Cada uno irá el día que le toque y se verá de manera presencial al menos con jueces, fiscalía, querella y su defensa. Los demás seguirán las alternativas por Zoom.Con este panorama, todo indica que habrá que esperar a entrado el 2026 para saber si los imputados colaboradores se mantendrán en sus dichos. Infobae.

El Tribunal Oral Federal 7 reanudará desde las 13 el juicio y continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los 86 imputados, en un acusación que terminará de leerse el 2 de diciembre.Así, durante las dos audiencias de esta semana se escucharán los elementos de prueba que permitieron al fiscal Carlos Stornelli llevar a cabo las acusaciones que se juzgarán a lo largo del juicio.Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su colega Néstor Costabel, habían decido la semana pasada sumar a partir del 25 de noviembre una segunda audiencia para los días martes, además de haber presentado un oficio donde reiteraron los pedidos, efectuados a los tribunales superiores y a la Corte Suprema de Justicia, sobre la dotación de mayores recursos humanos y mejoras en la infraestructura edilicia.Como informó la Agencia Noticias Argentinas, la semana pasada el TOF resolvió además apartar del debate y sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona (83), presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-, poer presentar “una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva”, después de que los jueces dieran intervención a los especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF).Además de la ex presidenta Fernández de Kirchner, serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra pública José López; el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.Entre los empresarios que llegan a juicio están Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri; Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015 para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti sorprendió al pedir públicamente que el juicio oral de la causa Cuadernos de las Coimas avance “sin más demoras”, que se realice de manera presencial y que los magistrados trabajen incluso durante la feria judicial para evitar nuevos retrasos en uno de los expedientes más emblemáticos de corrupción de las últimas décadas.Lorenzetti sostuvo que “no es admisible un proceso en estos términos”, en alusión a los continuos aplazamientos, planteos y dilaciones que mantiene paralizado el debate oral, a pesar de la magnitud de los hechos investigados y la cantidad de exfuncionarios y empresarios imputados.

El magistrado remarcó que, por la trascendencia institucional del caso, el Poder Judicial tiene la obligación de dar señales claras. “La ciudadanía espera respuestas. Un proceso de esta envergadura no puede quedar atrapado por la burocracia ni por estrategias defensivas que prolongan artificialmente los tiempos”, afirmó.

Un juicio que nunca arrancaLa causa Cuadernos involucra a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas, a empresarios de la obra pública y a un extenso circuito de recaudación ilegal relatado por el chofer Oscar Centeno en sus ya célebres anotaciones. A pesar de que la investigación comenzó en 2018 y derivó en múltiples procesamientos y arrepentidos, el juicio oral todavía no tiene fecha firme de inicio.Lorenzetti enfatizó que esta situación erosiona la confianza pública:“Los procesos deben ser razonables en el tiempo. Si se permiten dilaciones eternas, se afecta la credibilidad del sistema judicial”.

Un mensaje político y judicial a la vezEl pedido de trabajar en feria no es un detalle menor: se trata de una señal directa hacia los tribunales orales, que suelen frenar su actividad entre enero y julio. Para distintos analistas, el mensaje del ministro de la Corte refleja un clima político que demanda mayor celeridad frente a causas que marcaron la agenda pública durante años.

Además, el reclamo llega en un momento donde varios expedientes de corrupción vinculados a gestiones anteriores volvieron a cobrar fuerza, lo que agrega presión sobre los magistrados.

¿Se acelerará finalmente el juicio?Fuentes judiciales admiten que la declaración de Lorenzetti generó incomodidad, pero reconocen que existe un consenso creciente en que la causa Cuadernos no puede seguir indefinidamente congelada.

Por ahora, el Tribunal Oral Federal N°7 —a cargo del caso— no definió cambios inmediatos, pero el pronunciamiento de uno de los jueces más influyentes del país podría acelerar decisiones que vienen postergándose.

A la audiencia de los jueves, se le sumará el día martes. Los integrantes del Tribunal pidieron llevar adelante las audiencias en la misma sala donde se condenó a las Juntas Militares, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, todo un símbolo.Esta situación es el resultado del cuestionamiento público para que el juicio se dé con celeridad; paralelamente, y a pesar de haber cedido a incrementar dos días de audiencias por semana, el TOF 7 informó que se encontraba “colapsado”.Según comunicaron, en los últimos 90 días ingresaron “29 nuevos expedientes”, lo que colaboró con el colapso operativo del Tribunal y, debido a ello, solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que se lo dejara afuera del sorteo para encarar las declaraciones en nuevas causas. Sin embargo, ese pedido que fue rechazado y deberá continuar con sus tareas habituales.Las indagatorias se llevarán a cabo en la sala de planta baja del Palacio de Justicia (Talcahuano 550) en la que estarán presentes el acusado, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público. Como el sistema es bimodal, los otros actores estarán conectados por videollamada, a través de la plataforma digital Zoom.En esta causa hay 86 imputados, la mayoría de ellos empresarios acusados de pagar las coimas (situación caratulada como “cohecho activo”) y alrededor de cien de abogados representantes. NA.

Por Silvana Boschi - La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido intervenir para acelerar el desarrollo del juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, en la que están imputados Cristina Kirchner y otras ochenta y seis personas. En una resolución adoptada este martes, los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, reunidos en el Acuerdo de Superintendencia del tribunal, convocaron a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 para el martes 18 de noviembre.El objetivo de la reunión es definir medidas que permitan dotar al proceso de mayor eficacia, eficiencia y celeridad, entre ellas la posibilidad de aumentar la frecuencia de las audiencias semanales, realizarlas de manera presencial y utilizar una sala de audiencias en Comodoro Py, posiblemente la recientemente remodelada sala AMIA.La preocupación de los camaristas surge porque, hasta el momento, las audiencias del juicio se celebran únicamente los jueves y a través de la plataforma Zoom. Existe una mayoría entre los jueces que impulsa la realización de audiencias presenciales al menos tres veces por semana y la eliminación de la feria judicial de verano. Esta propuesta busca evitar demoras adicionales en el proceso, considerado el caso de corrupción más relevante del país.La decisión de la Cámara Federal de Casación coincide con el avance de las obras de remodelación de la sala AMIA, un espacio con capacidad para doscientas personas, cuya inauguración estaba prevista para esta semana, pero que se ha visto retrasada por demoras en las reformas. Se estima que la sala podría estar disponible a fin de mes, lo que facilitaría la realización de audiencias presenciales con mayor frecuencia.

Una decisión conjuntaLos jueces del tribunal oral convocados —Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— deberán analizar junto a la Cámara las herramientas que permitan implementar estos cambios, entre ellas el uso de la sala AMIA y la programación de más jornadas de debate cada semana.La intención de los camaristas es que el juicio avance con mayor inmediatez y sin interrupciones, por lo que se evalúa que las audiencias no se suspendan durante el receso judicial de verano.El presidente de la Sala I, Diego Barroetaveña, no participó de la reunión por encontrarse fuera de la sede del tribunal, ya que estaba a cargo de la acusación en el juicio político al juez federal Poderti, según se informó en el acuerdo de superintendencia.

Los detalles del juicio oralEl pasado 6 de noviembre, poco después las 10:20, 87 imputados y sus abogados defensores participaron a través de la plataforma Zoom del comienzo del juicio oral, que con una audiencia transmitida en el canal de YouTube de la Corte Suprema.La audiencia comenzó casi una hora tarde, por demoras de los acusados. Poco después, cuatro secretarios del Tribunal se turnaron para leer la primera de una serie de acusaciones cuya lectura podría demandar, al menos, hasta el comienzo de la feria judicial de verano, si se mantiene la frecuencia prevista de una audieincia semanal.La semana pasada se leyó más de la mitad de la primera acusación del caso, el pedido de elevación a juicio del primer tramo del expediente 9608/2018, firmado en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli. El pedido completo, que mide unas 225 mil palabras, se terminará de leer en la audiencia de este jueves. Infobae.

El fiscal federal Carlos Stornelli expresó este jueves su “satisfacción” al referirse al inicio del juicio por la Causa Cuadernos y aseguró que este proceso judicial es la “punta del iceberg” de una vasta operación ilícita.“Que se haya llegado al juicio oral donde se ventilen todas estas cuestiones es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo”, aseguró Stornelli en diálogo con Radio Rivadavia.En esa línea, el fiscal de la causa que involucra, entre otros, a la expresidenta Cristina Kirchner, dijo que el dinero ilícito detectado es “una parte”, no todo el que se utilizó para maniobras ilegales vinculadas a la obra pública.“Es lo que hemos podido detectar, quizás la punta del iceberg”, precisó Stornelli sobre una causa que tiene también en el banquillo a gran parte de los empresarios más importantes de la construcción.Con relación a la posible devolución por parte de los acusados respecto del dinero que pudo haber sido parte de maniobras ilegales, el fiscal sostuvo que no cree que “devolver” sea un verbo que los implicados en la causa conozcan.“Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas incautadas e inmuebles”, describió el fiscal.Sobre la duración del juicio, Stornelli expresó su aspiración de que el tribunal haga “más intensa” la frecuencia de las audiencias para darle mayor celeridad al proceso. NA. 

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos ex ministros de su gobierno, el remisero autor de los “cuadernos” Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.Desde las 9.30 y con trasmisión por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero darán inicio al debate que se prevé durará al menos tres años y que durante el primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate.La ex presidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la “Causa Vialidad” y que la Corte Suprema dejó firme este año.Además serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.En el caso Vialidad por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor del también condenado empresario Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio descartó la figura de asociación ilícita y condenó por defraudación, algo que quedó firme en la Corte Suprema.

Desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias en Cuadernos mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y de manera posterior a la feria judicial de enero.El Tribunal aún tiene que decidir si también serán virtuales o para esta instancia se habilitará la presencialidad. Infobae.

De acuerdo al cronograma fijado por el tribunal, está previsto que, en lo que resta de 2025, las audiencias se realicen todos los jueves de 9.30 a 13.30 mientras que, desde marzo de 2026, se añadirá una segunda jornada. Las audiencias se harán -salvo excepciones- de forma virtual a través de la plataforma Zoom -con acreditación previa para el público- y, algunas de ellas, se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Las imputacionesOportunamente, tras la etapa de instrucción, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación que se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.Así, solicitó que la expresidenta Cristina Fernández (72) fuera a juicio como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, entre 2003 y 2015. Además, le imputó ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.Como organizadores de la asociación ilícita se señaló al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75); al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta (52); al financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens (74); y al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner (82). Luego, en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios se añadió, también como organizador, al exsecretario de Transporte, entre el 1° de junio de 2003 y el 1° julio 2009, Ricardo Raúl Jaime (70), destacó el portal fiscales.gob.ar.El fiscal imputó, como miembros de la organización, a los exsecretarios de Obras Públicas y de Transporte de la Nación, José Francisco López (65) y Juan Pablo Schiavi (68) -este último en el tramo de los contratos ferroviarios-; el extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti (67); los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti (50) y Nelson Lazarte (47); el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens (56); el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello (57); y al chofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno (70). Además, por la concesión irregular de contratos ferroviarios imputó como miembro al exsecretario de Transporte, entre el 1° julio 2009 y el 7 de marzo de 2012, Juan Pablo Schiavi (68).También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (80); al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola (60); y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando (50).Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas (70); el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Luis Ferreyra (75); y el presidente de Vialco S.A., Miguel Marcelino Aznar (75).En el debate también se abordará la responsabilidad de algunos de esos funcionarios en diversos hechos de cohecho pasivo y admisión de dádivas -de acuerdo a cada caso- junto a la del exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina (57); el excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu (42); el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón (48); el exfuncionario y el exasesor -respectivamente- de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Hernán Gómez (48) y Walter Fagyas (54); y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río (48). Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez (53), por encubrimiento agravado, señaló el portal fiscales.gob.ar.

Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra (67) -accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.-, Enrique Menotti Pescarmona (83) -presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-; Aldo Benito Roggio (81) -presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009-; Benjamín Gabriel Romero (73) -titular de Hidrovía S.A.-; Rudy Fernando Ulloa Igor (65) -socio de la financiera Cumehue S.A.-; Armando Roberto Loson (78) -presidente del Grupo Albanesi S.A.-; Alberto Ángel Padoan (82) -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-; los hermanos Carlos Fabián (57) y Osvaldo Manuel (56) De Sousa -presidentes de CPC S.A. y el Grupo Indalo- y Cristóbal Manuel López (69) -accionista y socio mayoritario de CPC S.A. y el Grupo Indalo-.En el juicio intervendrá la fiscal general Fabiana León.En el juicio intervendrá la fiscal general Fabiana León.

El casoLa investigación inicial surgió como un desprendimiento de la causa por las maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) para el Programa Energía Total (PET), que causaron un perjuicio económico al Estado estimado en 5.523.345 dólares, y por el que ya fueron condenados en septiembre pasado el exministro De Vido y el exsubsecretario Baratta.Posteriormente, en 2018, un periodista del diario La Nación se presentó ante el fiscal Stornelli y puso en su conocimiento que una fuente le había revelado que un chofer del Ministerio de Planificación Federal -que luego sería identificado como Centeno- había anotado los movimientos de Baratta y otros funcionarios que trasladaban bolsos con dinero, desde las sedes de distintas empresas constructoras, de transporte y proveedoras de servicios, a los despachos y/o domicilios de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.A raíz de ello, y de los testimonios vertidos por la exmujer de Centeno en el juicio por las irregularidades en la compra de GNL, Stornelli inició una investigación en la que determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”. 

En base a las pruebas recabadas, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.“Los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio, reflejó el portal fiscales.gob.ar.Para el Ministerio Público Fiscal, existía un sistema ilegal de recaudación con “dos canales totalmente independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”. Por un lado, había una “vertiente directa en la que no había ningún tipo de intermediario, puesto que eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios” y se comunicaban directamente con ellos. La segunda rama estaba integrada por otros funcionarios, y por Clarens y Wagner. “Si bien los dos grupos tuvieron una actuación conjunta, aunque distinta, en cuanto a sus integrantes y a su implementación, ambos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación”.Además, en el devenir de la pesquisa, los funcionarios Uberti y López, el chofer Centeno, y los empresarios Aznar, Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Alberto Tasselli (79), Jorge Juan Mauricio Balán (68), Juan Carlos De Goycoechea (60), Claudio Glazman (62), Gabriel Pedro Losi (67), Marcela Edith Sztenberg (59), Patricio Gerbi (70), Héctor Javier Sánchez Caballero (70), Francisco Rubén Valenti (78), Jorge Guillermo Neira (73) y Rodolfo Armando Poblete (68), suscribieron los respectivos acuerdos -como imputados colaboradores- y brindaron información sobre las maniobras ilícitas investigadas.

Previo al inicio del debate, en septiembre pasado, las defensas de 47 empresarios y de cuatro exfuncionarios efectuaron sus respectivas propuestas de reparación integral. En ese entonces, la fiscal general León opinó que debían rechazarse los ofrecimientos, ya que no se daban las condiciones para aplicar el instituto previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, y por oposición fiscal fundada”. En la audiencia donde fue tratado el planteo, León afirmó: “En esta fiscalía no se vende impunidad”.A su turno, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, del TOF N°7, rechazaron las propuestas de reparación integral efectuadas, al entender que la oposición de la fiscalía era “vinculante para decidir sobre la procedencia del instituto”.Además, de cara al inicio del debate, la fiscalía presentó ayer su informe actualizado sobre las labores desarrolladas por la dependencia y el estado del proceso antes del comienzo del debate oral y público, el próximo jueves. (I:Análisis) 

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.Cuadernos es “solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará el 6 de noviembre a la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales.“Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, destacó.En la primera parte del informe la fiscal hizo mención a las características de la investigación que llega a debate oral con un total de  87 acusados, entre ellos la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta.También llegan a juicio los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios.Se juzgarán 540 hechos y también llegan al estrado 65 empresarios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.Todos llegan a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 “acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales”, resume el informe.A lo largo de los años desde 2018, cuando se inició el primer expediente 9608 con la entrega de los cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli en Comodoro PY 2002, se han dictado “embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc”.“Si bien algunas medidas se han cambiado por otras, estas satisfacen de mejor modo los fines reseñados.En definitiva, ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido”, aseguró la fiscalía.Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.Las audiencias desde el 6 de noviembre serán virtuales por decisión de los jueces del Tribunal  Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. NA.