La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Victor Blanco y Gustavo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes.La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Diego Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.Además, el magistrado ordenó el embargo por 350 millones de pesos para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema, según supo la Agencia Noticias Argentinas.También se dispuso sobre ambos dirigentes de la AFA “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal”.Por ende, Tapia deberá pedir permiso a la Justicia para concurrir este martes a la Bombonera para el partido amistoso que disputará la Selección contra su similar de Zambia, uno de los últimos partidos que jugará Lionel Messi con la camiseta albiceleste.La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a 19.000 millones de pesos correspondientes a los períodos 2024 y 2025.La defensa de los dirigentes sostiene que la causa “carece de tipicidad” y que la AFA no cometió delito alguno. Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntasHasta el momento, Tapia no emitió ningún tipo de declaración al respecto. Su último mensaje público se dio a cononcer el domingo, cuando celebró sus “nueve años de gestión”, donde respaldó su conducción y, además de los logros deportivos, destacó ”un balance económico positivo”, en un contexto marcado por una fuerte investigación judicial.El juez en lo Penal Económico citó a Tapia y a Toviggino y a otros dirigentes a declarar en tribunales semanas atrás por la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El actor e influencer Santiago Motolo, conocido por sus participaciones en las series El Marginal, El Jardín de Bronce y en O11CE, es investigado por un fiscal porteño luego de que se viralizara un video suyo disparando al aire en el barrio 31.La causa la investiga la Fiscalía N°11 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que abrió el expediente de oficio por el delito de abuso de armas.“Se están realizando tareas investigativas”, detallaron a Infobae fuentes del caso sobre la incipiente causa.En las imágenes que encabezan esta nota se ve a un hombre de gorra con un arma, parado junto a Motola, que estaba de recorrida por el barrio 31 junto a un equipo, filmando escenas del barrio y cómo se vive en ese lugar.El sospechoso armado, como si le estuviera enseñando a disparar, toma la pistola con su mano y con la del actor que lo acompaña y hacen tres tiros al aire.Todo habría sucedido a fines de febrero, al menos esa es la fecha de publicación que hizo en un video de YouTube que lleva el nombre: “Estuvimos en el barrio más peligroso”.Allí, se lo ve junto a niños en una cancha de fútbol, en un video que hizo junto a un equipo. Después, se observa cómo camina las calles del barrio 31 y charla con los vecinos sobre la violencia en el lugar.En la recorrida muestra los distintos lugares de la villa, como si estuviera en un paseo nocturno. Señala una barbería, una casa de comidas y le avisan de un gazebo en donde venden ropa original. “Qué buena pilcha”, lanza.En un momento, cuando están frente a un lugar que hace pollo a la parrilla en el que debaten si se quedan a comer, la cámara lo pierde a Motola y se queda con los otros jóvenes que fueron con él.Una de las chicas le dice a su colega: “No me gusta esto”. “Nooo, a mí tampoco”, le responde el joven y se asusta al escuchar las detonaciones. Tres, como las que disparó Motola con el vecino de gorra de la 31. Y agrega: “La concha de tu madre, están tirando tiros”.Luego, Motola se les suma y agrega: “Tiraron tres tiros, boludo”. Y se van del barrio en busca del coche de aplicación que los fue a buscar. (Infobae)

Por Karina Poritzker - La ex fiscal Viviana Fein rechazó los cargos en su contra por “serias falencias” en la preservación de la escena de la muerte de Alberto Nisman, reclamó ser sobreseída y afirmó que se la acusa en base a “conjeturas” que vinculó a una supuesta falta de avances en la causa principal.Desde poco después de las 10 y durante dos horas, la ex funcionaria judicial ya jubilada prestó este martes declaración indagatoria, contestó todas las preguntas y dejó un escrito de descargo ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Eduardo Taiano.A la hora de responder preguntas de la fiscalía, Fein defendió su accionar la noche del 18 de enero de 2015, desde que llegó a la casa de Nisman, luego del hallazgo del cuerpo del investigador del caso AMIA con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero. Dijo también que todo estuvo supervisado por el juez que intervino, el criminal Manuel De Campos, según explicaron fuentes judiciales.En el escrito sostuvo que en la causa por la muerte de Nisman “no se puede, ni siquiera con el grado de probabilidad que requiere la instancia, arribar a una conclusión coherente acerca de lo sucedido” ante lo cual “no puede dejar de suponerse que se pretenda buscar una respuesta a ese fracaso a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento”.“Es errado sostener que mientras estuve a cargo de la instrucción, existió una propensión de mi parte a entender que se trataba de un suicidio”, agregó además y dijo que ordenó prueba tendiente “a demostrar o descartar cualquier hipótesis posible”.Fein ingresó a Comodoro Py 2002 poco antes de las 10 y se dirigió junto a su abogado Lucio Simonetti al cuarto piso del edificio, sede del juzgado de Ercolini. Respondió preguntas durante casi dos horas y luego permaneció en tribunales hasta media tarde junto a su defensor para concluir con el trámite.

“Hipótesis conjetural”A la hora de defenderse la ex fiscal argumentó que en “ninguna parte” de la acusación en su contra “se precisa qué normas habrían sido incumplidas, por qué, y, mucho menos, en qué habría perjudicado la investigación.”, aseguró en el escrito de descargo que al que tuvo acceso Infobae. “Se trata de una hipótesis acusatoria conjetural”, advirtió.“Pareciera que se me exige la realización de todas las tareas del procedimiento, desde tomar la temperatura del cadáver hasta verificar qué personas ingresan y egresan en el perímetro del edificio, lo que es un absurdo desde todo punto de vista”, agregó en esa presentación.Al ser preguntada durante la declaración por qué esa noche del 18 de julio de 2015 no se buscaron otros ingresos al departamento de Nisman que pudieran haber servido como vía de escape para los asesinos, respondió que no había ningún indicio de violencia en el lugar y por eso no miró entradas ni salidas alternativas, explicaron fuentes judiciales.En ese aspecto, explicó que se enteró después de la existencia de un acceso a través de un conducto donde estaban los aires acondicionados y comunicaba con una propiedad vecina en la misma torre.Sobre una reunión que mantuvo luego del hecho con la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respondió que la entonces funcionaria la convocó para preguntarle si necesitaba sumar gente a su equipo de trabajo y ella le dijo que no.Y en relación a la definición del fuero de competencia -criminal ordinario o federal- apuntó que era un tema del juez y que el magistrado de instrucción Manuel De Campos ya estaba actuando y llegó primero que ella al lugar.“También cabe preguntarse cómo fue posible que no sólo la suscripta sino también el resto de los funcionarios judiciales, de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina no hayan evitado la “contaminación” de la escena o que ninguno de ellos, en particular el juez a cargo, tampoco se haya mostrado contrario a las directivas que indiqué esa noche o haya declarado algo que dé a entender que se había realizado algo de manera irregular en el procedimiento esa noche”, postuló por otra parte en el escrito de descargo.De Campos también es investigado en la causa por las supuestas irregularidades cometidas al igual que el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y jefes de fuerzas federales al momento del hecho.En el escrito pidió ser sobreseída porque se le imputan “ una serie de actos y omisiones que no se encuentran determinadas, esto es, que carecen de la precisión necesaria que se exige respecto de toda imputación penal”.“Se trata de una hipótesis acusatoria conjetural que no tiene ningún sustento fáctico que la respalde”, agregó y advirtió que “en ninguna parte del dictamen se precisa qué normas habrían sido incumplidas, por qué, y, mucho menos, en qué habría perjudicado la investigación.”Al respecto enfatizó: “No puede sostenerse que haya existido ningún tipo de conducta de mi parte que haya tenido la más mínima intención de entorpecer la investigación”. Tampoco se describe en la acusación “qué pruebas o evidencias podrían haberse borrado o perdido, sino que sólo se conjetura que ello podría haber sucedido”, agregó.“El problema de este dictamen es que en ningún momento explica de qué forma no se habría preservado la escena del supuesto crimen y mucho menos cómo habría ello ‘impactado’ en la investigación del suceso.”, aseguró además.Para la ex fiscal “la única verdad es que las conclusiones a las que se arribó en el auto de procesamiento se construyeron sobre la base de las pruebas realizadas la noche del procedimiento que ahora se cuestiona.”“Mal puede afirmarse que estas irregularidades existan, por la simple razón de que es el propio dictamen el que nunca las puede describir”, concluyó al reclamar el sobreseimiento porque se la acusa de “ una serie de sucesos que no tuvieron lugar.”

La acusaciónLas imputaciones giran en torno a la actuación de Fein durante las primeras horas posteriores al deceso del investigador de la causa AMIA, hallado con un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc, en Puerto Madero. Según el dictamen fiscal, esas deficiencias “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal”.La fiscalía a cargo de Taiano sostiene que existió un “plan criminal” destinado a “desviar la atención de la hipótesis homicida” en relación con la muerte de Nisman y en ese marco resultó “esencial” montar la escena para una investigación que “no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.El eje de la imputación contra Fein apunta a su rol como “directora del procedimiento” la noche del 18 de enero de 2015. De acuerdo con la acuación, no preservó adecuadamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios. También se le atribuye haber circunscripto “de manera deficiente” la escena únicamente al interior del departamento y no al complejo en su totalidad.El dictamen fiscal sobre el que se fundó la citación a declarar remarcó que cuando Fein arribó al lugar había muchas personas en el departamento y que no se adoptaron medidas para restringir la circulación ni preservar rastros. “Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control”, sostuvo la imputación. Además, se mencionó una “palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho” y la “irreversible pérdida y alteración de evidencias”.Para los investigadores, esas conductas “permitieron la alteración de la escena del crimen, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”.Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó “ la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.Se la acusa de “no haber preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en Puerto Madero el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de Gendarmería.Al momento de su muerte, el fiscal estaba a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA y había denunciado días antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios por presunto encubrimiento a través del Memorándum con Irán. El lunes siguiente a su fallecimiento tenía previsto exponer su acusación en el Congreso.La causa por su muerte permanece delegada en la fiscalía de Taiano y avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.Hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo.

Por Facundo Chaves Y Karina Poritzker - El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y les prohibió salir del país en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.“En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el juez.Al tesorero Toviggino y al también integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo se los citó para el 6 de marzo a las 10:30 y 12:00; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la ciudad de Buenos Aires.En su resolución, el magistrado advirtió sobre “ la gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del tercer día de notificados. De no hacerlo se les designará Defensor Público Oficial.De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.

Un pedido de ARCALa decisión surge luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que encabeza Andrés Vázquez, que había solicitado más temprano la citación en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.La presentación, realizada ante el fuero en lo Penal Económico, sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 del mismo mes. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos en ese período, según consta en el expediente al que accedió Infobae.De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco. El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario vigente al momento de los hechos, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención o percepción que no depositen, total o parcialmente, los importes retenidos cuando superan determinados mínimos mensuales. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Lambruschi”, caracterizó este delito como de omisión instantánea, consumado cuando el depósito no se realiza dentro del plazo establecido.ARCA afirma que en este caso se verifican los tres elementos estructurales del delito de omisión: el deber jurídico de actuar, la capacidad fáctica de cumplir con ese deber y la ausencia de la acción esperada. Uno de los puntos centrales del planteo radica en la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. El escrito sostiene que la entidad registró “abultadas acreditaciones bancarias” y que, solo en diciembre de 2024, habría recibido más de $45.000 millones. Además, durante 2024 y 2025 constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares.La querella sostiene que estos elementos descartarían una imposibilidad material de pago y reforzarían la hipótesis de que la falta de ingreso fue una decisión deliberada. Se cita jurisprudencia que establece que los importes retenidos no pertenecen a la entidad, sino a los contribuyentes afectados, y que el agente de retención actúa como intermediario ante el fisco.El pedido de indagatoria alcanza, además de Tapia y Toviggino, al secretario general Cristian Ariel Malaspina (desde 2025), al director general Gustavo Roberto Lorenzo y al ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez. El escrito reconstruye el esquema interno de decisiones a partir de testimonios del personal administrativo. Según el expediente, la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Las testigos indicaron que el tesorero tomaba las decisiones financieras y contables, mientras que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables anuales.La querella argumenta que resulta “difícil suponer” que una decisión de no ingresar sumas de tal magnitud durante 19 meses consecutivos pudiera adoptarse sin el conocimiento del resto de la conducción. Se destaca que los balances correspondientes a 2023 y 2024 fueron firmados por el presidente, el tesorero y el secretario general, lo que, según la acusación, indicaría que estaban al tanto de la situación financiera y de las deudas registradas.El planteo también subraya la continuidad temporal de la conducta investigada: la presunta omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos, de marzo de 2024 a septiembre de 2025, lo que, según la querella, descarta que se trate de una situación excepcional o un error administrativo y permitiría inferir la existencia de dolo en esta etapa procesal.La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal, en el que el juez comunica los hechos y las pruebas, y el imputado puede declarar o abstenerse. ARCA enfatiza que la indagatoria garantiza el derecho de defensa y contribuye a la averiguación de la verdad. Para que proceda, el juez debe considerar que existe una “sospecha bastante” basada en elementos objetivos de convicción, umbral que, según la querella, estaría cumplido.El 26 de diciembre de 2025, el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11 formuló el requerimiento de instrucción, impulsando formalmente la acción penal. El juzgado debe ahora resolver si hace lugar al pedido de citación a indagatoria, lo que, de concretarse, sería la primera vez que el actual presidente de la AFA enfrenta una instancia de este tipo por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario vinculadas a su gestión. El expediente se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el cumplimiento fiscal de grandes contribuyentes y entidades con alto volumen de operaciones.Por el momento, el planteo de ARCA constituye una acusación en etapa preliminar. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral. Infobae.

Por Camilo Cagnacci - La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo judicial clave. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.La decisión, tomada el viernes pasado, habilita a los abogados de la ex AFIP a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.Para comprender la magnitud del caso, es necesario desglosar cómo se gestó el expediente y su avance.La causa nació de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.Ante la gravedad de los hechos y el peligro en la demora de la recolección de pruebas, el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero. Esta medida implica levantar el receso de verano para que el juzgado siga operativo y tramite la causa con urgencia, permitiendo que se libren oficios y se tomen decisiones como la aceptación de la querella, que de otro modo hubieran esperado a febrero.Según el documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.El detalle de los números es contundente. Solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones , mientras que por aportes de la Seguridad Social (lo que se les descuenta a los empleados de los clubes), la cifra escala a más de $8.600 millones.En su presentación judicial, ARCA fue tajante sobre la maniobra: “La Asociación del Fútbol Argentino conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”. Para el fisco, esto no es una simple deuda, sino una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que esos fondos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”.En tanto, el juez Amarante ya ordenó una batería de medidas de prueba para reconstruir la “ruta del dinero”: libró oficios al Banco Central (BCRA) y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA para cotejar las fechas de los movimientos financieros y determinar si la entidad “bicicleteó” los fondos para obtener rendimientos financieros mientras postergaba sus obligaciones fiscales.La defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente, aunque por el momento no solicitó medidas ni presentó descargos de fondo.

Por Karina Poritzker - La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y ratificó además procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa, y de su esposa y ex secretaria privada del ex mandatario María Cantero, entre otros acusados.El Tribunal de Apelaciones confirmó así procesamientos resueltos por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que interviene el fiscal Carlos Rívolo y advirtió además que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.”Al respecto se ordenó profundizar en algunos aspectos de la pesquisa, en una decisión de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico con la disidencia parcial de Eduardo Farah.Se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante la “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.Sobre el ex mandatario, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”.Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.”El tribunal también ratificó los procesamientos de exfuncionarios, productores de seguros y directivos de Nación Seguros, y ordenó avanzar sobre nuevas medidas para profundizar la pesquisa.Se consideró acreditado que Alberto Fernández fue un eslabón central del entramado delictivo con el “ejercicio de influencia” en su rol de Presidente de la Nación “a través de su secretaria María Cantero”Los jueces recordaron el mensaje del 24 de mayo de 2023, cuando Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker en Cancillería:Cinco días después, la designación había sido revertida, lo que para los jueces demostró “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba” y descartó la explicación de la defensa vinculada a una “irregularidad administrativa”.“Toda la prueba descripta hasta aquí apunta en otra dirección: la de su involucramiento en un interés particular en la negociación”, sostiene la resolución a la que tuvo acceso Infobae.Para los camaristas fue el rol de Fernández como presidente de la Nación lo que favoreció el crecimiento de su entonces amigo y broker Martínez Sosa en la contratación de pólizas con organismos públicos.“Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”, se preguntaron.El fallo detalla que, desde la asunción de Fernández, Martínez Sosa percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales.En la resolución se recuerda que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.”Un vínculo que permite “deducir razonablemente” la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.

Otros procesamientosLa Cámara confirmó también el procesamiento del ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano y los de Gustavo Argibay, Carlos Soria, Fernando Arana y Mauro Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.En relación a cinco acusados, se sumó el procesamiento por el delito de cohecho y se ordenó recalcular embargos en base a esta nueva figura penal.La investigación se centró en la firma del Decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios -brokers-, sobre todo Martínez Sosa.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento y la excepción de cosa juzgada presentado por la defensa de Cristina Elisabet Fernández en la causa conocida como “Cuadernos”, en la que se investiga una presunta asociación ilícita y otros delitos vinculados a hechos de corrupción durante su gestión como presidenta de la Nación.La decisión, firmada este jueves por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Andrés Castelli y Fernando Canero, mantiene a la exmandataria como imputada y habilita la realización del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre.El planteo de la defensa, encabezada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Rubén Llernovoy, se apoyó en la reciente sentencia de la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, que el 10 de junio de 2025 confirmó la absolución de Fernández de Kirchner respecto de la figura de asociación ilícita.En base a este fallo, los abogados sostuvieron que existe una “superposición del objeto procesal” entre ambos expedientes y que, al haber sido absuelta por sentencia firme en “Vialidad”, no corresponde someterla nuevamente a juicio por el mismo hecho, invocando la garantía constitucional que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.En palabras de la defensa, “en ambos procesos Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por la misma acción, esto es, tomar parte en una asociación o banda dedicada a cometer delitos indeterminados”.Sin embargo, la fiscal general Estela Fabiana León, titular de la Fiscalía General n° 5 , consideró que “el planteo es formal y sustancialmente inadmisible por cuanto no demuestra, en los términos que exige la doctrina y jurisprudencia de la CSJN, un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho”.La fiscalía remarcó que la defensa no describió un “mismo hecho histórico”, sino que “extrapola un ‘plan’ genérico para forzar una identidad que -a criterio de esta acusación, la jurisprudencia y las decisiones que se han dictado- es inexistente”. León subrayó que la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho “sólo bloquea un nuevo proceso por el mismo hecho histórico atribuido a la misma persona, no respecto de ‘planes’ o narrativas globales”.En la misma línea, la Unidad de Información Financiera, representada por el director de Litigios Penales Mariano Ariel Galpern, también se opuso al pedido y descartó la identidad subjetiva, es decir, la coincidencia de personas imputadas, como argumento suficiente para aplicar la garantía de cosa juzgada.

Los argumentos de los juecesEl juez Enrique Méndez Signori, al fundamentar el rechazo, recordó que la defensa ya había presentado un planteo similar en 2018, bajo la figura de litispendencia, que fue rechazado por el juez instructor, la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. El magistrado explicó que “la presentación realizada por la defensa no se desprende con suficiente claridad la triple concurrencia exigida para considerar que podríamos encontrarnos ante un supuesto de doble juzgamiento: identidad de la persona perseguida, identidad de objeto de persecución y identidad de la causa de persecución”.El juez Méndez Signori remarcó que “el planteo de la defensa se circunscribe a señalar de manera dogmática que ‘el comportamiento típico acriminado es absolutamente coincidente en uno y otro caso’, haciendo referencias a las coincidencias que existen en los expedientes, pero soslayando las circunstancias fácticas que -como lo indican las partes acusadoras- los diferencian e invitan a considerar que no se trata, prima facie, de la misma conducta”.El tribunal también destacó la obligación internacional del Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, en virtud de la “Convención Interamericana contra la Corrupción” y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ambas con jerarquía legal en el país.Por su parte, los jueces Fernando Canero y Germán Andrés Castelli adhirieron a los fundamentos de Méndez Signori. Castelli subrayó que “el planteo constituye una reedición de lo ya resuelto ahora bajo el amparo del instituto de la cosa juzgada, habida cuenta que la firmeza de la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 en la causa CFP 5048/2016, no trae consecuencias en la decisión adoptada en la etapa instructoria”.Tras estos argumentos, El tribunal resolvió: “rechazar el planteo de excepción por falta de acción y sobreseimiento formulado en este incidente por la defensa de Cristina Elisabet Fernández”.La decisión del Tribunal Oral Federal 7 implica que la ex presidenta continuará siendo juzgada en la causa “Cuadernos”, sin que la absolución en “Vialidad” impida la continuidad del proceso. NA.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió este martes absolver al exdelantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, en la causa por abuso sexual iniciada en 2021 tras una denuncia de su expareja, Rocío Tamara Doldán.La Justicia decidió sobreseerlo luego de que la denunciante asegurara que “resignificó” el episodio en cuestión y que tanto ella como el fiscal desistieran de continuar con el caso.En este sentido, los jueces determinaron que no se hallaron “otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”y lo absolvieron.En abril del año pasado, Doldán había llegado a un acuerdo económico con Villa, a modo de resarcimiento. Luego, la mujer, con su abogado Roberto Castillo, se presentó en la Justicia para homologar el arreglo e hizo otra presentación donde pidió que no se realice el juicio porque “se ventilarían cosas íntimas”.Si bien el debate oral siguió adelante, como indica la norma, la denunciante eligió no declarar. Y en este contexto, desde la Justicia ya habían advertido que “sería mucho más complicado” llegar a una condena sin el relato de la víctima que constituye “la prueba fundamental”.Pocas horas después de conocerse la decisión de la Justicia, Villa hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde reposteó una historia de su actual pareja, Caroline Ospina, con una frase motivacional.“Que la vida nos premie así como también nos ha castigado”, se lee en la foto que compartió su novia. Ella le agregó: “Más que listos”.El exdelantero de Boca, por su parte, compartió la foto de su pareja y escribió: “Gracias amor por estar todo este tiempo a mi lado y creer siempre en mí, te amo”.La conciliación entre Villa y Doldán y sus respectivos abogados, Martín Apolo y Roberto Castillo, tomó por sorpresa a los Tribunales de Lomas de Zamora porque durante todo el proceso había una voluntad inquebrantable de la víctima de que el caso se resuelva en un juicio oral y público.De hecho, en varios audios y chats de Instagram posteriores al presunto abuso sexual, hubo propuestas de cerrar todo por medio de una compensación económica, pero Doldán no sólo se opuso a ello sino que además denunció penalmente el intento de comprar su silencio.La situación, sin embargo, cambió diametralmente. Y ante esta situación, la Justicia no quiso descartar todo el trabajo en la instrucción de la causa, con pericias, audiencias, testimonios y decidió que todo se resuelva donde se debe: en el Tribunal.

La denunciaLa denuncia fue presentada inicialmente el 13 de mayo de 2022 en la UFI 3 de Esteban Echeverría, por un presunto hecho ocurrido el 21 de junio de 2021 en el country Venado II, en Canning, provincia de Buenos Aires, donde residía el ex delantero de Boca. Todo habría sido tras un asado del que habían participado otros jugadores del club.En la misma, Doldán explicó que el colombiano había consumido “mucho alcohol” y que comenzó a reprocharle que le gustaban o que había estado con otros futbolistas del equipo. Posteriormente, tuvieron una fuerte discusión, se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad, donde Villa presuntamente la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.“En momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro”, señaló en el escrito Vanesa González, la fiscal que instruyó el caso.Según consta en el expediente, Villa puso a la víctima “en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar tal como ella deseaba”.Mientras la causa avanzaba, en 2023 Villa fue condenado a 2 años por violencia de género por haber golpeado a otra ex pareja, Daniela Cortes. En esa oportunidad, también hubo un acuerdo económico, un resarcimiento.

En otro capítulo del extenso juicio por la expropiación de YPF, por el que el Estado argentino fue condenado en primera instancia a pagar más de USD 16.000 millones, la jueza Loretta Preska determinó que el país deberá entregar las comunicaciones oficiales (chats y mails) realizadas en dispositivos personales de funcionarios de esta administración y la anterior.Y fijó un tiempo para hacerlo: hasta fin de mes. En concreto se refiere a comunicaciones de los dos últimos ministros de Economía: Sergio Massa, de la última parte de la gestión de Alberto Fernández; y el actual, Luis Caputo.El Estado había solicitado no entregarlos, alegando que no tenía forma de recolectarlos y de que eran temas personales de los funcionarios, pero la jueza negó el pedido y ahora, de manera verbal, ordenó la entrega en una audiencia con los estudios que representan al país y a Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio en esta causa y es el principal beneficiario del fallo en primera instancia que, por los intereses, ya supera los USD 18.000 millones.Dentro de dos semanas, se realizará la primera presentación por la apelación de esa causa “madre”, el fallo original de la sentencia que luego dio lugar a otros reclamos, como la entrega de las acciones de la petrolera y el “discovery” para demostrar “alter ego” –que son lo mismo– entre el Estado y la petrolera (la orden de entrada de estas comunicaciones se da en este último capítulo de la causa).“Verbalmente, Preska obligó a Argentina a entregar whatsapps, mails, etc, el 30 de octubre, todo lo que es off-channel communications, es decir, todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos. Argentina dice no son elementos oficiales, pero la jueza ordenó que los consiga y los entregue de cualquier manera antes de que termine el mes”, destacó Sebastián Maril, de Latam Advisors.

“Incluso, por lo que se puede inferir del texto oficial que se transcribió de la audiencia, la magistrada dice que si no se cumple la orden podría dictar desacato”, agregó.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes rechazaron los cuestionamientos de la defensa a la confirmación del procesamiento de Fernández como autor de lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas, todos en concurso real.

Apartan al juez Ercolini, pero se acerca el juicio oralLos camaristas también descartaron los pedidos de nulidad y las excepciones de falta de acción, así como el intento de derivar la causa a la jurisdicción de San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los magistrados consideraron que los nuevos elementos aportados en audiencia daban sustento a la versión del ex mandatario sobre la pérdida de relación con el juez, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.Pese al apartamiento, el tribunal dejó firme la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con este fallo, Fernández queda a un paso del juicio oral por las acusaciones de violencia contra su ex pareja. NA.

Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el exestratega libertario Fernando Cerimedo declaró ante el fiscal Franco Picardi y aportó datos comprometedores sobre Diego Spagnuolo, exdirector del organismo.Según relató, Spagnuolo se quejaba de manera recurrente por su salario y le comentó que existía un esquema de retornos del 5% vinculado a droguerías proveedoras, el cual —según le transmitieron— funcionaba desde la gestión de Pablo Atchabahian. Cerimedo aseguró además que se mencionaba a Eduardo “Lule” Menem como parte de esa trama.El testimonio también incluyó un capítulo sensible: la relación de Spagnuolo con Javier Milei. De acuerdo a Cerimedo, el exfuncionario le habría contado personalmente al Presidente lo que ocurría. “Milei lo convocó a Olivos, y Spagnuolo le explicó lo que estaba pasando. El Presidente se indignó y le respondió que no podía ser. Incluso le dijo que ya había informado de esto a Sandra Pettovello”, detalló el exasesor.Cerimedo agregó que Spagnuolo reiteraba sus quejas por el bajo salario, por tener que firmar contratos sin obtener beneficios personales y por los problemas detectados en las prestaciones y centros de día.

Un futuro judicial incierto para SpagnuoloEn paralelo, el panorama del exdirector de la ANDIS es cada vez más complejo: tras los allanamientos que revelaron 80 mil dólares y 2.000 euros en una caja de seguridad, sus abogados renunciaron y hasta ahora no designó defensa. La falta de representación alimenta versiones sobre un posible cambio de estrategia y la chance de que se convierta en imputado colaborador.Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza los contratos con la droguería Suizo Argentina, en paralelo a la auditoría interna que lleva adelante Alejandro Vilches. Los resultados preliminares del informe se conocerán en las próximas semanas y podrían marcar un punto de inflexión en la causa.

La causa conocida como “Los cuadernos de las coimas” recobró relevancia en la agenda por una polémica estrategia: ante el próximo inicio del juicio oral (el 6 de noviembre), una treintena de empresarios y exfuncionarios imputados ofrece pagar un resarcimiento económico -bajo la figura legal de la “reparación integral”- para evitar pasar por el estrado y quedar en libertad.Esta alternativa empezó a generar revuelo y reacciones encontradas, tanto en el ámbito jurídico como social. En ese marco, el que alzó la voz fue Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación, quien se mostró indignado por esta posibilidad.“Me siento impotente, es totalmente injusto que yo termine juzgado, con la posibilidad de ser condenado, y que los empresarios queden en libertad”, afirmó Centeno en declaraciones al diario La Nación. “Ya pedí mi sobreseimiento a los jueces de instrucción y no me fue aceptado, ¡y ahora pasa esto!”, lamentó.La propuesta de que los empresarios puedan ser sobreseídos tras pagar una reparación estimada en USD40.000.000 resulta, para Centeno, una afrenta a la justicia: “Me parece contrapuesto para mí, que a los que proponen pagar un monto de dinero queden sobreseídos de culpabilidad y es como que aquí no ha pasado nada”, enfatizó desde el lugar secreto donde permanece bajo protección oficial.El exchofer del Ministerio de Planificación Federal, cuya meticulosa anotación de los hechos permitió el avance de la investigación, subrayó el riesgo personal que asumió: “Mientras los escribía (los cuadernos), arriesgaba mi vida y la de mis familiares, seguramente toda mi vida seguiré temiendo”.La propuesta de los empresarios imputados generó revuelo y dio lugar esta semana a posicionamientos favorables como el del abogado Hugo Wortman Jofre, quien en diálogo con Eduardo Feinmann (Radio Mitre) señaló la viabilidad de la reparación económica como salida judicial. “El Código Penal contempla, justamente, en el artículo 59, inciso 6, la reparación integral”. argumentó el jurista, que amplió su fundamentación el dato de la falta de antecedentes en el país, con respecto a la recuperación de fondos provenientes de actos ilícitos.“La Argentina no tiene experiencia en haber recuperado plata de la corrupción. Este sería el primer caso”, afirmó Wortman Jofre. De todos modos, si bien defendió la utilidad de estas soluciones en el derecho comparado, advirtió que “no todos pagando se pueden eximir del castigo”, y que existen situaciones particulares, especialmente en el caso de los empresarios, en las que “en realidad, ahí lo que hubo fue extorsiones para que ellos pudieran continuar adelante con sus empresas. Las empresas están en riesgo también”.En cuanto a la cifra que debería pagar cada imputado, el abogado consideró que la determinación de los embargos judiciales constituye un punto de partida: “Hay un lugar desde el cual partir, que es la determinación que la Justicia ha hecho al fijar un embargo”.El titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Mendez Signori, convocó a las defensas para una audiencia virtual este viernes 12 de septiembre, donde se analizarán los pedidos de los imputados. Allí tendrá un rol clave la fiscal Federal Fabiana León, quien tendrá que expedirse sobre cada uno de los planteos formulados. Lo mismo deberá hacer la Unidad de Información Financiera como querellante. El tribunal tendrá la última palabra en una eventual homologación de los acuerdos.El escenario que se avecina para el tribunal es de una complejidad inédita: “Va a ser muy difícil de manejar. Han sido citadas (para este viernes) todas las defensas, incluso las de los empresarios que no manifestaron su voluntad de adherir (al pago de la reparación). Va a haber unos 170 abogados, 85 partes, todas situaciones muy variopintas…A partir de ahí se va a hacer un análisis individual de cada situación”, anticipó Wortman Jofre.

Julieta Makintach, la jueza del fallido juicio por la muerte de Diego Maradona, presentó este miércoles su defensa por el escándalo del documental en la comisión de juicio político, aseguró que sus superiores sabían de las grabaciones y dijo que tiene chats para aportar.Su abogado, Darío Saldaño, presentó ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires el descargo de la jueza suspendida ante las acusaciones.Son momentos decisivos para Makintach, que ya presentó la renuncia, pero Axel Kicillof aún no se la aceptó. En unas dos semanas, si el Gobernador no da curso a la dimisión, el jury avanzará y el desenlace sería la destitución.Ahora la presidenta de la Corte Hilga Kogan debe convocar a una reunión para la admisibilidad de la prueba. Una vez que eso ocurra, la jueza ya no podrá renunciar y deberá someterse al jury.En el escrito, al que tuvo acceso TN, Makintach sostiene que los tres jueces del tribunal y los presentes conocían de la existencia de la cámara, que ella había comunicado por las vías informales a sus superiores, que no se ventiló ninguna cuestión propia del debate en esas tomas y que la difusión de actos públicos corresponde al sistema republicano de gobierno.Las denuncias contra Makintach fueron presentadas por Julio César Coria, Fernando Míguez, Florencia Retamoso, Agustín Romo, María Florencia Arietto y Fernando Burlando, además de la Procuración.Los denunciantes alegan “mal desempeño de sus funciones”, “incumplimiento de sus deberes” y “posibles comisiones de delitos” por parte de la jueza.Apuntan a que Makintach habría participado activamente en grabaciones no autorizadas, utilizado recursos públicos para un proyecto con fines comerciales y faltado a la imparcialidad que requiere su cargo. La defensa presentará en el plazo de dos semanas un descargo buscando atacar cada uno de esos puntos.Según pudo saber TN, hubo cierto alivio en el entorno de la jueza suspendida porque finalmente las acusaciones no tuvieron la gravedad que trascendieron cuando estalló el escándalo por el documental que era grabado con Makintach como protagonista sobre el juicio del caso Maradona.La Comisión elevó el 14 de julio, antes del inicio de la feria judicial, a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Hilda Kogan, un informe sobre la última sesión del 11 de julio. Allí la Comisión Bicameral resolvió asumir el rol de acusadora por las denuncias contra Makintach, jueza del Tribunal Criminal N° 2 de San Isidro.Además de Makintach, hay denuncias que involucran a los jueces que la acompañaban en el juicio por el caso Maradona, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino. La Comisión resolvió no expedirse sobre ellos hasta que avancen las investigaciones penales, según el documento de 31 carillas. En paralelo, Makitanch enfrenta un juicio penal por el documental del caso Maradona.El objetivo final de la Comisión es remitir los dictámenes para su incorporación en cada una de las causas.Makintach había sido suspendida por la Suprema Corte de Justicia por tres meses cuando estalló el escándalo a fines de mayo. Luego, el jurado de enjuiciamiento dispuso en la primera audiencia su apartamiento preventivo. Así, no podrá regresar a sus funciones por tiempo indeterminado y se le aplicará un descuento del 40% de su salario.En ese entonces, su abogado Saldaño presentó un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que rige la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza espera que Kicillof le acepte la renuncia que presentó hace dos meses.“La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura”, señaló Saldaño en el escrito.Además, la defensa de Makintach indicó que la renuncia al cargo “revela voluntad de apartarse de manera definitiva”.Saldaño presentó ante el jurado un escrito que incluye la declaración de bienes de Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017 e integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.La estrategia de Makintach apunta a dos frentes. Por un lado, la causa penal que enfrenta en San Isidro, en la que cambió de estudio jurídico. Ahora la defiende Nicolás Urrutia, el abogado de Jesica Cirio en el juicio de divorcio con Elías Piccirillo. Por otro lado, el jury, en el que la representa Darío Saldaño, conocido abogado de La Plata, que el año pasado protagonizó una polémica con Fernando Burlando por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, y hace 20 años logró el sobreseimiento del expresidente Fernando De la Rúa y de Inés Pertiné.

“Justicia Divina”, el documental del escándaloSegún un escrito que presentó ante la Fiscalía N° 1 de San Isidro, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio relató cómo surgió la idea del documental “Justicia Divina”.D’Emilio relató que conoció a Makintach en un cumpleaños de una amiga donde estaba también María Lia Vidal Alemán, íntima de la jueza. D’Emilio señaló que Vidal Alemán se presentó como “ama de casa y decoradora de interiores”.La idea original, según Vidal Alemán, era realizar una entrevista a la jueza Makintach en su “rol de jueza y mujer”. D’Emilio, un “fanático” de Maradona y vinculado al “mundo de la creatividad, escritura y la industria audiovisual”, se mostró “entusiasmado”. La “idea creativa” era mostrar el juicio de Maradona “desde la perspectiva de un juez”, y se planeaba concretar la publicación de su imagen solo después de que el proceso judicial terminara y con su autorización formal.El 21 de febrero, Vidal Alemán y D’Emilio registraron el nombre y la idea de “Justicia Divina” en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. El guionista, entonces, comenzó a trabajar en la sinopsis y, con el inicio del juicio, en un “guion vivo” que se escribiría a medida que avanzaran las audiencias. El proyecto preveía seis capítulos, con títulos como “La justicia y los dioses” o “La justicia y la sentencia”.En paralelo, D’Emilio contactó a Juan Arnal, dueño de la productora audiovisual “La Doble”.Las primeras imágenes del documental se tomaron el domingo 9 de marzo en el Palacio de Tribunales, 48 horas antes del inicio del juicio. Allí se ve a la jueza caminando por pasillos y en el hall central. Durante la primera jornada del juicio, se registraron nuevas tomas en el despacho de la magistrada.Arnal Ponti calificó de “imposible de disimular, esconder o camuflar” la cámara utilizada para filmar en plena audiencia.El “guion vivo” y las imágenes de la polémica quedaron al descubierto durante la audiencia clave del jueves 15 de mayo. Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió identificar a D’Emilio y Vidal Alemán.D’Emilio se presentó como “escritor y maradoniano”, mientras que Vidal Alemán como una “decoradora de interiores”. El guionista aseguró en su descargo que “siempre tuvo la certeza de que todo estaba permitido”.Tras esta revelación, Fernando Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia que inició la causa penal. Después, las imágenes y el guion completo de “Justicia Divina” salieron a la luz y el desenlace fue la anulación del juicio por la muerte de Maradona. (TN)

Los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, presentaron pedidos de recusaciones contra dos de los tres jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, según supo la agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo a la solicitud realizada por los letrados Francisco Oneto y Julio Rivas, se trata de Roberto Gaig y Pablo Rolón, quienes fueron sorteados para asumir la reanudación del debate oral y público.“Nos infunde un temor certero de que no serán imparciales”, sostiene el documento.

Uno de los imputados, el exdirector de Trabajo de Entre Ríos y extitular del Tribunal de Cuentas de la provincia, Guillermo Smaldone, reconoció su participación en las maniobras delictivas del retorno de sobornos de parte de quien había accedido a beneficiosas contrataciones del Estado hacia el entorno del poder político.El exfuncionario confesó el delito en un juicio abreviado realizado en la mañana de este martes en los Tribunales de Paraná, y acordó cumplir la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional. Así fue el acuerdo al que arribó Smaldone, quien se defiende a sí mismo como abogado, con los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, será el encargado de dictaminar si el acuerdo se homóloga o se rechaza.  En caso de ser rechazado, Smaldone esperará el juicio oral y público que se realizará el año próximo, ya que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) ya fue clausurada y el juez de Garantías Julián Vergara resolvió la remisión de la causa a juicio.El acusado también consintió el pago de una multa y hacer trabajos comunitarios en una institución de bien público.Badano leyó los detalles de la prueba obrante en la IPP que es contundente, ya que dejó en claro una forma de actuar coordinada. El titular de Relevamientos Catastrales S.A recibía información antes que se realicen las licitaciones para que se presentara y gané.

Los principales acusados en esta causa son: el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Cardona Herreros. También están imputados Luis Erbes, Carlos Haidar, Miguel Ulrich y Humberto Flores.Badano contó que la empresa facturaba consultorías para evitar ser descubierta. Además, detalló diálogos vía email donde se habla de “pagos”.(I:Análisis)

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó la detención de Jorge González, expresidente de Enersa, en el marco de la causa que investiga el pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad Securitas para obtener contratos con organismos y empresas estatales.La medida fue dispuesta junto con el allanamiento de su residencia en el barrio privado Puerto Barrancas, ubicado en una zona exclusiva de la ciudad de Paraná. González fue trasladado a Buenos Aires, donde será indagado este lunes por la magistrada.El exfuncionario provincial estuvo al frente de la distribuidora eléctrica entre 2017 y 2021, tras haber ocupado anteriormente cargos en otras empresas del sector energético y en la Municipalidad de Paraná. Durante el operativo realizado por personal de Gendarmería Nacional, se incautaron elementos considerados de interés para la causa, entre ellos documentación, dispositivos electrónicos, y una importante suma de dinero: 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos en efectivo.La investigación se originó a partir de una autodenuncia de la filial argentina de Securitas, presentada en 2020 en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Una auditoría interna detectó presuntas irregularidades en el manejo de contrataciones estatales, con indicios de pagos ilegales realizados desde al menos 2013.Según el expediente judicial, la empresa habría recurrido a un proveedor fantasma, Tornell S.A., controlado por los empresarios Gustavo y Claudio Tórtul, también procesados en esta causa. A través de esa firma habrían simulado operaciones comerciales para disponer de fondos destinados al pago de sobornos, entre ellos a funcionarios de Enersa, con el objetivo de garantizar la renovación de contratos de seguridad privada.La Cámara Federal de San Martín confirmó en diciembre el procesamiento de los hermanos Tórtul por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.Durante el allanamiento, la jueza instruyó además a Gendarmería a secuestrar toda documentación vinculada a Enersa, Securitas y a las firmas o personas investigadas, así como también dispositivos electrónicos y claves de acceso a billeteras virtuales.La causa sigue avanzando y se prevén nuevas medidas judiciales en los próximos días, en una trama que involucra contratos millonarios, estructuras paralelas de facturación y presuntas maniobras para desviar fondos públicos.

Mariel Fitz Patrick (Infobae) - La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de siete personas del entorno del ex senador Edgardo Kueider, cuya detención había ordenado el 20 de marzo pasado, por lavado de dinero y asociación ilícita. Es en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en los Tribunales de San Isidro y en la que interviene el fiscal federal Fernando Domínguez. El ex senador continúa con prisión domiciliaria en Paraguay por intento de contrabando de divisas a ese país, donde además está siendo investigado por lavado de dinero.Entre los procesados figura el socio y amigo de Kueider, Rodolfo Daniel González, dueño de la camioneta que usaban el ex legislador y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, cuando cruzaban la frontera con Paraguay, y fueron detenidos en un control de rutina a principios de diciembre. Dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, “Gonzalito” es empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004, asignado “en comisión” al despacho del Kueider cuando llegó al Senado nacional, con quien tiene una relación de mucha confianza.En una extensa resolución, Arroyo Salgado también procesó a Javier Rubel, primo de Kueider. De oficio maestro mayor de obras, Rubel figuró como socio del ex legislador en la empresa Betail SA, a través de la cual Kueider compró departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia.González y Rubel fueron procesados por ser co-autores del delito de “lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos que habrían cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, en concurso real con el ilícito de uso de instrumento privado falso, en carácter de partícipe necesario”. Al primo de Kueider le adjudicó, además, el ilícito de haber presentado un balance falso. A su vez, les dictó - a cada uno - un embargo por $7.800.000.A pedido del fiscal, asimismo, declaró “en rebeldía” a la firma Betail SA, luego de la notificación cursada al domicilio de la sociedad - como reveló Infobae, allí hay una casa de familia en venta deshabitada-, y haber puesto en conocimiento a las defensas técnicas de Kueider, Rubel y González del requerimiento judicial. Esta decisión la comunicó a la Inspección General de Justicia, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y al Registro de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia.Arroyo Salgado dispuso, además, el procesamiento con prisión preventiva del contador José Carlos Nogueras, involucrado en distintas operaciones de Kueider. En cuanto al resto de los detenidos, les dictó el procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica. La medida alcanzó a Adriana Cecilia Crucitta, socia de González en dos firmas y, a su vez, empleada de la Biblioteca del Congreso; y al contador Ezequiel Gustavo Bovetti, a la empleada de su estudio Gabriela Patricia Saint Pierre; y a la ex secretaria de Kueider Rita Soledad Machuca. A todos los acusó de la figura de “lavado doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos”. Les fijó embargos de entre $3 y $5 millones.Arroyo Salgado consideró que formaron parte de una “banda” entre cuyos miembros figuran Kueider y Guinsel Costa, quienes “poseen, según los hechos que trascendieron desde su detención en diciembre pasado, grandes capitales que estarían en la República del Paraguay y podrían ser utilizados para planes evasivos o de obstrucción. Aunado a ello, los nombrados (ex legislador nacional y secretaria de este último) como miembros de la presunta organización trazada por la acusación, cuentan con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que les podrían permitir, a todos ellos, organizar una posible fuga del proceso y entorpecer la investigación”.A todos los acusó de perpetrar una maniobra “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles -durante el período comprendido, en principio, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente- con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”. Para concretarla - según la jueza - algunos de los miembros de la “asociación o banda” se valieron “de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones”, en referencia Kueider como senador y Guinsel Costa, González y Crucitta como empleados del Congreso de la Nación, y “personas que actuaron en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial”, por los contadores Nogueras y Bovetti.Este expediente corre en paralelo al que lleva la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, en el que en marzo el juez Edwin Bastian rechazó pasar su causa a Arroyo Salgado. Lo hizo a pedido del fiscal José Arias que viene impulsando la investigación desde mediados del año pasado. Tal como adelantó Infobae, la disputa se dirimirá en la Corte Suprema. Infobae.

El fiscal Sebastián Basso, encargado de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la AMIA (UFI-AMIA), solicitó al juez federal Daniel Rafecas la emisión de una orden de captura nacional e internacional contra el líder supremo de Irán, Ali Hosseini Khamenei. Este pedido se enmarca en el reclamo de un juicio en ausencia por el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.El dictamen presentado por el fiscal Basso representa un cambio significativo respecto a la postura adoptada por anteriores titulares de la UFI-AMIA, ya que hasta ahora se había considerado que Khamenei gozaba de inmunidad debido al cargo que ocupa como máxima autoridad política y religiosa de Irán. Sin embargo, el fiscal argumentó que el líder iraní debe ser investigado y sometido a declaración indagatoria por su presunta participación en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA.“Varios son los motivos que llevan a este Ministerio Público Fiscal a considerar que Alí Hosseini Khamenei no se presentará voluntariamente a una citación judicial y seguramente intente entorpecer el curso del proceso”.“En primer lugar, la penalidad en abstracto que contienen las figuras legales aplicables al caso implicaría que, ante una eventual condena, el acusado no podría gozar de una pena de cumplimiento condicional, amén del hecho de que este Ministerio Público habrá de solicitar su extradición una vez que sea habido”.“En segundo lugar, la circunstancia de que se encuentra fuera de las fronteras de la Argentina impide que nuestro Estado pueda controlar o monitorear sus movimientos para evitar cualquier situación que lo coloque en situación de rebeldía”. “Así, deviene imperativo solicitar su detención (...) dado que las medidas de coerción previstas en los otros incisos no resultan aplicables puesto que, al no residir en territorio nacional, queda fuera de la órbita del poder de policía de nuestro gobierno”.Un reclamo que sigue pendiente

El pedido de captura conta Khamenei se suma a las acusaciones ya existentes contra otros altos funcionarios iraníes, quienes han sido señalados como responsables del ataque.El fiscal Basso solicitó que se reciba declaración indagatoria a Khamenei y a los demás imputados iraníes mencionados en el expediente. Este paso busca avanzar en el esclarecimiento de uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Argentina, que ha estado marcado por décadas de impunidad y controversias judiciales. El atentado a la AMIA, ocurrido en pleno centro de Buenos Aires, fue atribuido a la organización libanesa Hezbollah, con el respaldo del gobierno iraní. Desde entonces, la investigación ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo la falta de cooperación internacional y la negativa de Irán a extraditar a los acusados. En este contexto, el juicio en ausencia se ha convertido en una herramienta clave para intentar avanzar en la búsqueda de justicia.El juicio en ausencia, una figura legal que permite juzgar a personas que no están presentes en el proceso, ha sido adoptado en este caso como una medida excepcional ante la imposibilidad de llevar a los acusados iraníes ante la justicia argentina.La solicitud de captura internacional contra el líder supremo de Irán podría generar tensiones en las relaciones entre Argentina e Irán, así como en el ámbito de la política internacional. En pocos días, el juez federal Daniel Rafecas deberá evaluar el pedido del fiscal Basso y decidir si emite la orden de captura contra Khamenei.

Patricia Blanco (Infobae) - El fiscal federal Eduardo Taiano y el auxiliar fiscal Hernán Kleiman enviaron este viernes un oficio a la Casa Rosada para pedir formalmente la desclasificación de archivos secretos del sistema de Inteligencia Nacional en el marco de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, confirmaron a Infobae fuentes del caso. El próximo 18 de enero se cumplirán 10 años de que su cadáver apareció en el baño de su departamento Le Parc con un tiro en la cabeza.Según pudo saber Infobae, ya en un momento el ex presidente Mauricio Macri había ordenado la desclasificación de una serie de archivos que sirvieron para el avance de la investigación. Pero como el marco de la pesquisa se fue ampliando, también se incrementó la necesidad de contar con más información. En la fiscalía se venían topando con la negativa de las autoridades que respondían que lo que se pedía excedía los alcances de la desclasificaciones dispuestas por el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas.En ese contexto, desde la fiscalía se tomó la decisión de solicitarle formalmente al Poder Ejecutivo la desclasificación de la información a la que se pudo acceder de la AFI. Pero también de las fuerzas de seguridad y del Ejército. Los detalles del oficio se guardan bajo siete llaves por el nivel reservado de los datos. En ese contexto, los investigadores quieren conocer hasta dónde era el alcance de la inteligencia que manejaba Cesar Milani.El 18 de enero de 2015, el cadáver de Alberto Nisman, a cargo de la causa por la voladura de la AMIA, fue encontrado en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza después de más de doce horas en las que el fiscal, que había hecho la denuncia más importante del país, no había dado señales de vida. Los diarios habían quedado tendidos frente a la puerta a primera hora. No contestaba los mensajes. Al día siguiente tenía que presentarse en el Congreso para exponer los detalles de su acusación por encubrimiento contra la entonces presidente Cristina Kirchner, sus funcionarios, un espía inorgánico y sectores vinculados a los iraníes prófugos por la voladura que provocó la muerte de 85 personas.Los principales acusados en la causa son Diego Lagomarsino, un técnico informático que le llevó un arma al fiscal; y los cuatro custodios de Nisman que estuvieron con él ese sábado 17 de enero y el domingo 18 de enero de 2015, según la investigación que comanda el fiscal Taiano, a quien el juez Julián Ercolini le delegó la instrucción. Pero desde hace ya varios años la investigación se concentra en el mundo del espionaje. Es que, para la Justicia, es imposible desentrañar la hipótesis de su asesinato sin explicar cómo se sacudió el tablero de inteligencia con la reconfiguración de la AFI, la denuncia del fiscal contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento a Irán y los movimientos de espías ese fin de semana clave.En 2014, el ex espia Antonio “Jaime” Stiuso había denunciado una inteligencia paralela del Ejército. La acusación aseguraba que también se habían comprado cámaras digitales potentes y equipos para hacer escuchas telefónicas, con los que supuestamente se habían intervenido de manera ilegal teléfonos de dirigentes de organizaciones políticas, empresariales y agropecuarias. Aquella misma denuncia decía que Milani había contratado a sus compañeros de promoción del Ejército como agentes de la estructura de inteligencia montada y que tenía sede en séptimo piso del Edificio Libertador.Inicialmente, el juez Claudio Bonadio cerró la causa, pero la Cámara Federal ordenó reabrirla y llamar a declarar a Stiuso, quien en su presentación detalló que en la dirección general de Operaciones de la SIDE, en donde él intervenía, la central de inteligencia tenía equipos para detectar unas valijas que realizaban escuchas clandestinas. Al prenderlas, se transformaban en celdas y podían escuchar conversaciones. Uno de esos equipos funcionaba en el edificio Libertador. Había otro cerca del Obelisco.La SIDE no podía evitar que eso sucediera, pero podía saber que esas valijas estaban activas. Funcionaban en un radar de 200 metros. Se decían que circulaban en camionetas pero, según Stiuso, no hacían falta. “En este caso lo único que podíamos hacer era protegernos porque según los puntos que nos marcaba algunas de las valijas eran dentro del Ejército”, afirmó en su declaración. “No hay ninguna ley en el país que te permita chupar un teléfono con una valija de estas características. Esto es para hacer algo ilegal”, sostuvo en aquella declaración cuyos detalles habían sido publicados por Infobae.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Celli admitió que “no sorprende” la actuación de este señor porque no tiene límites éticos de ningún tipo, es un mercenario de las defensas penales y está acostumbrado a toda una ‘mise en scene’ (puesta en escena) y le calza justo a los porteños que les gusta mucho lo mediático, se pasea en autos de alta gama, está permanentemente en los medios y la gente compra esto. Pero creo que ya se le fue la mano y esto carece de toda razonabilidad y seriedad”.En ese sentido, planteó que “pretender que este señor que está a las puertas de que su condena por corrupción quede firme, están desesperados y no les importa ensuciar a quien sea, y en este caso hasta al único medio periodístico que no fue cooptado por esa gestión corrupta de este señor -me refiero a ANALISIS y a los que encabeza Daniel Enz- y no me sorprende que lo metan en la misma bolsa porque fue la luz, el faro que permitió esclarecer todos los focos de corrupción de una banda muy pesada que ha saqueado las finanzas de la provincia y no tienen ningún prurito ni ético ni moral”.“Es una copia fiel del modelo kirchnerista nacional y ante la inminencia de que se pronuncie la Corte y quede firme la condena, no vacilan en ensuciar a quien sea. Los únicos que se van a salvar, de todos los que han denunciado, han sido los funcionarios judiciales que han sido totalmente coherentes en beneficiar a la banda que no vacilaron en despedir a la fiscal (Cecilia) Goyeneche que fue la que llevó adelante la investigación”, agregó.Asimismo, apuntó que “este señor que no es abogado en el sentido de que carece de matrícula en la provincia ha desplegado a sus socios, sus cómplices, para ensuciar a todo aquel que se ponga en el camino de este señor que parece impoluto, intocable y que la condena que está a un paso de quedar firme, va a quedar firme cuando se pronuncie la Corte, y todo este circo montado ha dejado en el camino a abogados de gran capacidad en la provincia para armar este circo que pretende cambiar lo que no pueden cambiar que son las pruebas que condujeron a esta condena”.Consultado por la incidencia que podría tener la estrategia mediática del abogado, marcó que “esto va a ser un boomerang que se vuelve absolutamente en contra porque pretende poner en tela de juicio a toda la justicia entrerriana; y más allá de que puede haber -y seguramente los hay, como en todos lados- miembros de la justicia que se doblegan ante el poder también hay señores jueces honestos, honrados y comprometidos como debe ser cualquier magistrado con el cometido para el cual ha sido designado, con lo cual pretender ensuciar la conducta de todos los magistrados del foro entrerriano es un verdadero disparate y no tengo dudas de que será un boomerang que les va a jugar absolutamente en contra y que no va a revertir una sentencia que ya ha pasado todas las instancias provinciales y que está a las puertas de pasar a la Corte por un inventado recurso que tampoco es jurídicamente viable para poder acceder a esa última instancia”.“Me preocupa la falta de límites en todo esto y me preocupa que se ponga en tela de juicio a la única usina seria y comprometida en investigar la corrupción en Entre Ríos como es ANALISIS DIGITAL y el titular de la misma, que ha sufrido también los embates de todas las bandas corruptas que hace muchos años vienen operando en la provincia. Hago votos para que la Corte se ponga las botas y diga ‘señores, esto se acabó, esto se termina’ y este señor corrupto deberá pagar como sea todo el daño que le ha hecho a la provincia de Entre Ríos”, apuntó.En este contexto, evaluó que Urribarri “acude a esto como un león que está enjaulado y que se ve desesperado, y por otro lado no tiene ningún prurito en poner los dólares que sean porque esos dólares no son de él, son los dólares que le ha robado a la provincia así que no le duele a su esfuerzo sino a todo el producto de lo que ha robado en todos estos años y que está perfectamente acreditado en el juicio”.  Finalmente, Celli recordó que “Urribarri enfrenta dos causas más y pareciera que la tiene muy difícil” y señaló que “la realidad es que Burlando es un manotazo de ahogado mediático pero no jurídico. Hay que recordar que Burlando salió en ropa interior pretendiendo hacer campaña para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, un verdadero papelón y una imagen tan ridícula que inmediatamente la tuvo que sacar de circulación”.