Gaillard anunció que realizará la querella al constatar que Michel está detrás de la denuncia, a la que calificó de “absolutamente falsa, carente de sustento jurídico y armada exclusivamente con fines electorales”.

“Hace seis años que dejé de ser secretaria de Cultura de la provincia. Lógicamente no tengo nada que ver con ningún subsidio. No hay en la denuncia ninguna prueba que me vincule y no voy a permitir que ensucien mi nombre ni mi trayectoria con maniobras de campaña sucia que, a partir de la llegada de Michel a la provincia, lamentablemente son moneda corriente”, acotó.

“Mientras algunos construimos propuestas y las damos a conocer con un gran esfuerzo militante, otros gastan millones en marketing y en pagar gente que se dedica a hacer operaciones, denuncias falsas, campañas de desinformación, aprietes y todo lo peor de la política”, comparó.

“Cada operación que hace Michel le resta apoyo y lo hace retroceder en la consideración de los entrerrianos. Muestra su cara más horrible cada día en esta campaña y lo ven todos los entrerrianos, y especialmente la militancia peronista, que sabe que no todo vale en política. La democracia se fortalece con debate y con ideas, no con operaciones y difamaciones”, añadió.

Finalmente, Gaillard reiteró que continuará recorriendo la provincia junto a los candidatos de Ahora 503, difundiendo su propuesta legislativa orientada a la defensa de la educación, la salud, el trabajo y la cultura entrerriana. “Vamos a seguir de frente, con la verdad y con la gente. La lealtad con nuestro pueblo está por encima de cualquier operación”, concluyó.

“Nos han hecho operaciones de todo tipo: sacarnos el nombre de la lista, rompernos carteles, impedir a los compañeros el uso de las unidades básicas, presionar a la prensa para que no difunda nuestra actividad. En cada pueblo los compañeros nos cuentan los aprietes y el disciplinamiento que intentan imponerles para que no se reúnan con nosotros”, denunció Gaillard.

La legisladora advirtió que “estas prácticas se tienen que terminar” y apuntó: “El peronismo entrerriano viene de una derrota histórica y no se va a reconstruir con autoritarismo ni imponiendo el miedo. Esta forma vetusta de hacer política achica al peronismo en lugar de fortalecerlo”.

Gaillard sostuvo que, ante cada ataque, la lista Ahora 503 reafirma su razón de ser: “Ratificamos la importancia de habernos presentado como alternativa a este peronismo nefasto, con lógicas patriarcales que no van más. Queremos un peronismo que debata, de puertas abiertas, que admita diferencias y las dirima en las urnas, no operando en la justicia”.

La legisladora también salió al cruce de las versiones sobre la supuesta contratación de una consultora macrista. “Ahora inventan que contratamos una consultora macrista, cuando lo que hicimos fue acudir a una agencia de comunicación reconocida para pautar avisos en redes. Está toda la información disponible en la web y obramos con total transparencia, administrando con austeridad los pocos recursos que tenemos, porque es sabido que estamos haciendo una campaña a pulmón”, explicó.

En ese sentido, la candidata cuestionó los millonarios gastos de la campaña oficialista: “Deberían explicar Guillermo Michel y Adán Bahl cómo hacen para invertir en redes sociales más de 30 millones de pesos por semana, y con qué pagan la cartelería en rutas, los viajes en helicóptero y todo el despliegue que hacen. Nosotros no tenemos nada que ocultar”, insistió.Finalmente, la diputada destacó los objetivos de la fuerza que encabeza: “Queremos llegar al Congreso para ejercer una oposición seria, ponerle un freno a Milei y ejercer la defensa de Entre Ríos que soslaya Frigerio. Queremos aportar de verdad para transformar esta realidad dolorosa. Queremos que el peronismo vuelva a ser una opción para recuperar la provincia en 2027 y para que gobierne un entrerriano o una entrerriana”, concluyó.

“Esta comisión está clausurada desde que se constituyó y nos autoconvocamos ante la extrema gravedad de los hechos que han acontecido”, manifestó la diputada entrerriana. “Estamos padeciendo censura como en tiempos de la dictadura. Es inconcebible que a más de 40 años de la recuperación democrática estemos hablando de informarnos a través de medios extranjeros porque los medios de nuestro país no pueden hacerlo”, añadió Gaillard.Junto a otros miembros de la comisión, Gaillard firmó en las últimas horas un pedido a María Emilia Orozco, diputada libertaria que la preside, para que realizara la convocatoria. Ante la negativa, los diputados autoridades de comisión tomaron la decisión de autoconvocarse y recibir a los periodistas, luego de que el gobierno nacional los denunciara judicialmente.Además de Federico y Rial, estuvieron presentes miembros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y representantes de entidades de periodistas de Perú, Uruguay, Brasil y América Latina y el Caribe. Todos valoraron el respaldo de los legisladores que motorizaron la reunión, pese a la negativa de las autoridades libertarias. Antes de dar la palabra a Rial y Federico, Gaillard expresó su solidaridad con los periodistas y concluyó: “La libertad de expresión es el único derecho constitucional que no puede ser restringido. Cualquier restricción está al borde de la censura. Vamos a defender el rol del periodismo y un derecho tan fundamental como la libertad de prensa ante un gobierno que pretende cercenarlo para que no se conozcan hechos gravísimos de corrupción”.En julio, Gaillard ya había suscripto un proyecto de resolución junto a otros legisladores para solicitar la remoción de Orozco por el incumplimiento de sus obligaciones. También se presentaron notas y un pedido formal al presidente del cuerpo, Martín Menem, para que interviniera ante la situación y pusiera en funcionamiento la comisión. 

“Necesitamos representantes con firmeza y coherencia en el Congreso para defender a trabajadores, jubilados y personas con discapacidad frente a un gobierno que los ataca sistemáticamente. No podemos tener otro senador como Kueider que habilite una Ley Bases. Hace falta convicción y coraje para enfrentar las políticas de Milei que tanto daño generan en la sociedad”, afirmó Parrilli.

Por su parte, Gaillard sostuvo: “Tuvimos una extensa charla donde compartimos la realidad de nuestra provincia y reafirmamos el respaldo de la militancia entrerriana a Cristina, en medio de la persecución que atraviesa”. 

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le dio la razón al PJ entrerriano y la fuerza “Ahora la Patria” tuvo que cambiar de nombre.

De esta manera, el próximo 26 de octubre estarán en la cuarta ubicación de la Boleta Única de Papel (BUP) bajo otro sello. Se debe a que consideraron que podría prestarse a “confusión” a la hora de marcar la Boleta.    La “Ahora 503” es una coalición que conforman el Frente Grande y el Movimiento Por Todos, con la adhesión del Partido Comunista Entrerriano. El segundo nombre que figura en la categoría de Senadores es Javier Schnitman. Mientras que para Diputados acompañará a Rubattino, Federico Olano y Evelina Kloster. 

Con fuertes críticas, Castillo acusó al mandatario de “complicidad con el genocidio” en Gaza y pidió incorporar un proyecto para declarar a Netanyahu “persona no grata”. La diputada entrerriana Carolina Gaillard (UxP) respaldó el planteo y denunció “una masacre en Gaza”, con miles de víctimas civiles. No obstante, el titular de la Cámara, Martín Menem, rechazó el pedido de incluir el tema en la sesión. 

Gaillard defendió su postura señalando que la lista oficial no integra a todos los sectores y planteó la posibilidad de encabezar una propuesta progresista alternativa. 

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial Nº 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras de vital importancia.

Al respecto, desde el bloque de Unión por la Patria exhibieron preocupación por las medidas y propusieron un rechazo por mayoría simple en el Congreso de la Nación.

Así lo explicó la diputada Carolina Gaillard en un extenso posteo en sus redes: “Los decretos delegados de Milei que disuelven de manera encubierta organismos como en Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), el INTA, el INTI, el Instituto Nacional de Semillas (Inase), y la destrucción de la Marina Mercante con el DNU 340 entre otros, pueden ser tratados si hay quórum y rechazados con mayoría simple en el recinto de ambas cámaras y pierden validez, o sea quedan sin efectos”.

En el posteo, Gaillard instó a “aquellos que votaron la Ley Bases y la delegación de facultades pueden resarcirse tratando en sesión especial estos decretos de Milei que desmantelan el estado y dar quórum y votar rechazo de estos decretos delegados”.

En aquella línea bregó para que “prime la sensatez y la responsabilidad de todos los bloques políticos” porque “tenemos herramientas para frenar este desquicio debemos usarlas como Congreso.

‘‘No pueden avasallar las instituciones y quedarnos de brazos cruzados cuando existen herramientas de control de los decretos delegados que establece la Ley 26122”.

Gaillard remarcó que el artículo 20 de la ley dice que si no se trata en la Comisión Bicameral dentro de los 10 días puede ser tratado de oficio en el recinto. “Ya estamos en plazo y podemos tratarlos y rechazarlos si los bloques están de acuerdo”, remarcó la legisladora entrerriana. 

Previo a constituirse, la comisión investigadora que la Cámara de Diputados aprobó para dilucidar el rol del Gobierno en la estafa $LIBRA generó una creciente tensión y una sucesión de movimientos nocturnos en el oficialismo y la oposición. Mientras las determinaciones judiciales avanzan, el espacio toma relevancia por la intensidad de la rosca legislativa, antes de siquiera generar cualquier recurso vinculante.El inicio de su gestación ya marcó un precedente, cuando la oposición tuvo que votar el emplazamiento (que obliga a convocar a una comisión para que trate el proyecto) y, una vez en plenario, el oficialismo dilató su dictamen. Una vez que se concretó, y cuando ya había fecha para la sesión, el Gobierno buscó desbaratar el impulso opositor una vez más, disponiendo día y horario para que Guillermo Francos dé su informe de gestión, en una citación que incluía todas las iniciativas que involucraban a la estafa $LIBRA: se garantizaban exponer sobre el tema de la forma que quisieran y con el funcionario menos involucrado en la causa.Sin embargo, la sesión pedida por la oposición para tratar el dictamen seguía en pie. Fue el pasado martes y, de antemano, se estimaba que se caería por falta de quórum. Desde distintos bloques daban por pérdida la convocatoria al ver el estado de ánimo de Martín Menem en la reunión de Labor Parlamentaria, previa al encuentro. “Su comodidad nos asustó”, reconoció una diputada del radicalismo antagonista de Democracia para Siempre. Pero allí apareció, sorpresivamente, la rebeldía de los gobernadores.Ignacio Aresca, el diputado más cercano del recinto al cordobés Martín Llaryora, decidió bajar al recinto y con él lo hicieron el resto de sus comprovincianos de Encuentro Federal. Lo mismo pasó con los cuatro representantes de Catamarca en Unión por la Patria, que venían respaldando posturas del oficialismo en las últimas sesiones. El resultado fue alcanzar el quórum con 129 presentes y 128 ausentes: no sobró ninguno. Se ausentaron los miembros de Innovación Federal, habituales aliados a la bancada libertaria, pero tampoco aportaron su rechazo a los proyectos opositores. Como describió Ámbito, fue crucial para esas decisiones la demanda de los aliados provinciales al Gobierno nacional para que concrete sus promesas -y las sostenga todo el tiempo que requiere los votos- y la interpretación de los gobernadores de que mantener en agenda la estafa $LIBRA desgasta la imagen presidencial.“Una vez que hicimos que arranque, la sesión se fue construyendo”, detalló un diputado peronista a este medio y refiere a los puntos de encuentro que fue consiguiendo la oposición para definir cuáles de los múltiples dictámenes aprobaba. El prioritario fue la creación de la comisión investigadora. Luego llegó el pedido de informes al Ejecutivo. Y, por último, se dio la discusión de qué funcionarios serían interpelados al recinto a dar explicaciones. Allí Guillermo Francos era un puesto fijo. “Es el único que va a venir”, se lamentaron desde un bloque federal.El llamado a Karina Milei, una de las apuntadas por la investigación judicial, no conseguía coincidencias entre los opositores. Unión por la Patria habría cedido convocar a Manuel Adorni: según dicen desde el peronismo, para no ofrecerle una vidriera de cara a la elección legislativa porteña; pero la versión libertaria es que formó parte de una negociación que ellos mismos tuvieron con la oposición. Sí hubo otros tres acuerdos: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Todos fueron citados para el martes 22 de abril.Dentro de la oposición existe optimismo con la creación de la comisión. “La intención es que no sea inquisidora sino investigadora, así vienen más funcionarios. Queremos mostrar que controlar no es polarizar”, remarcaron desde la oposición, en donde plantearon que la diferencia de la interpelación a Guillermo Francos con su defensa de gestión es que se pueden realizar planteos más concretos y repreguntar. Además, señalan que, con este espacio, el Congreso creó “un organismo legítimo de control para compilar información sobre esta causa y difundirla para la gente”, ante el vaciamiento de la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.Pero también la votación favorable representó toda una gestualidad, a meses del recambio legislativo: “Celebro que se vaya perfilando una oposición clara, transversal, que hace falta”, dijo la cordobesa Natalia De la Sota (Encuentro Federal) entrevistada en Radio 10. Radica allí el germen de mayor peligrosidad para el oficialismo, más que los eventuales testimonios que pueda conseguir la comisión.

Comisión investigadora por la estafa $LIBRAEn principio, la comisión investigadora por la estafa $LIBRA iba a tener 24 miembros, en la que todos los bloques o interbloques con al menos cinco integrantes se garantizarían dos representantes. Además, por cada 20 diputados las bancadas podían sumar un legislador más. Allí aparecieron los cálculos y las alianzas del oficialismo: La Libertad Avanza armó un interbloque con CREO y sumó un voto más, mientras que el PRO se alineó con el MID y Somos Fueguinos para también incorporar un parlamentario más, publicó Ámbito. La composición se expandió a 26 miembros y la oposición comenzó a ver cómo se le escapaba el control del espacio. Su preocupación radica en que la renuncia de la diputada de izquierda Mónica Schlotthauer -en la habitual rotación que realiza el trotskismo- dejaba al FIT sin representantes y al oficialismo con superioridad numérica en la comisión investigadora.Para más, los “radicales con peluca” armaron su propio bloque (“Liga del Interior”) y permitieron que el radicalismo oficialista sume un voto. Sin embargo, una fragmentación intencionada del peronismo a último momento (Mónica Macha y Julia Strada crearon la bancada “Nacional y Popular”) se alineó con el Frente de Izquierda, le permitió superar las cinco bancas y le garantiza una paridad en 14 representantes a ambos bandos de la grieta, en donde tendrán que consensuar quién se quedaría con la presidencia del espacio.Luego de esta serie de movimientos, la comisión investigadora por la estafa $LIBRA quedaría compuesta de la siguiente manera:Unión por la Patria (6): Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Sabrina Selva, Itaí Hagman y Carolina Gaillard.La Libertad Avanza - CREO (4): Gabriel Bornoroni, Nadia Marquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo.PRO - MID (4): Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago.UCR (2): Karina Banfi, Soledad Carrizo y Lisandro Nieri. Uno de ellos será retirado de la lista.Encuentro Federal (2): Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot.Coalición Cívica (2): Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.Innovación Federal (2): Enviaron una nota para pedirle reservar los dos lugares hasta que concreten las definiciones.Democracia para Siempre (2): Danya Tavela y Fernando Carbajal.Liga del Interior (2): Francisco Monti y Pablo Cervi.Frente de Izquierda - Nacional y Popular (2): Christian Castillo y Julia Strada.

Bullrich anunció: “Vamos a dar todo de baja y vamos a empezar de cero”.

La entrerriana Gaillard respondió cuestionando los dichos de la Ministra: “Una vez más, Patricia Bullrich atacando a las familias. No le bastó reglamentar restrictivamente la ley cuando salió por primera vez y evitar que accedan al cannabis medicinal, sino que ahora vuelve a atentar contra los derechos de miles de familias que usan el cannabis para mejorar su calidad de vida”.

En ese sentido, Gaillard expresó que “es de una crueldad enorme vetar el aumento de las jubilaciones y al mismo tiempo sacar medicamentos gratis a los jubilados”.

“Hoy la jubilación mínima, con el bono de 70 mil pesos incluido, no llega a cubrir la Canasta Básica Total para un individuo, que es la que se usa para medir la pobreza. Y, para colmo, les recortan a los jubilados y jubiladas medicamentos que antes recibían de manera gratuita o con un alto porcentaje de cobertura por parte del PAMI”.

En los fundamentos del proyecto, la diputada de Unión por la Patria explica que “un total de 1.200 medicamentos experimentaron cambios en su cobertura, afectando productos esenciales como corticoides, antivirales, antibióticos y antiinflamatorios, entre otros. La situación económica del país ha impactado de manera directa en la capacidad de los jubilados para adquirir medicamentos. La falta de dinero lleva día a día a muchos a restringir sus compras”.

Además, afirma que “El maltrato que este gobierno tiene con los adultos mayores es de una crueldad absoluta, además del recorte en sus medicamentos, jubilaciones muy por debajo de la inflación, los jubilados fueron golpeados brutalmente por la policía en las últimas manifestaciones”.

“En tanto los jubilados necesiten medicamentos y no puedan acceder por el tipo de cobertura que tienen o porque no les alcanza la plata, va a haber un problema sanitario grave: no se van a poder curar, van a demorar en curarse o quizás nunca se repongan. En ese sentido son extremadamente graves las consecuencias sanitarias que pueden traer estos recortes del PAMI, ya que los jubilados que no puedan acceder a los medicamentos en tiempo y forma verán afectada su recuperación, lo que generará mayores costos en el sistema de salud en el futuro y una población que no podrá afrontar su vejez de manera digna y acorde a sus necesidades”, agrega.

“El Estado tiene la obligación de garantizar una vejez digna y que los adultos mayores tengan aseguradas las condiciones mínimas para vivir planamente, y no que sean la variable de ajuste para un supuesto equilibrio fiscal que a lo único que nos está llevando es a un país de hambre y miseria”, concluye el proyecto de resolución.

En su fundamentación, Gaillard argumenta que “el Decreto 780/24 ha generado críticas significativas de diversos sectores de la sociedad, ya que, en lugar de promover la transparencia, parece orientado a proteger al Gobierno Nacional y a limitar la rendición de cuentas.“Sin lugar a dudas, podemos afirmar que, al establecer nuevas restricciones para el acceso a información crucial, se debilita uno de los pilares fundamentales del sistema republicano y democrático: la publicidad de los actos de gobierno. Este retroceso normativo no solo obstaculiza la participación ciudadana, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas, siendo percibido como un intento de limitar el control ciudadano sobre la gestión estatal”, señala luego.Además, explica:  “Cabe destacar que la restricción sobre legitimación activa, que impone decreto en cuestión, se contrapone a lo sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo: 342:208 donde establece que: “La legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente ya que se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”.El proyecto presentado por Gaillard y acompañado por otros diputados de Unión por la Patria asevera luego: “Podemos afirmar que cualquier medida que restrinja el acceso a la información pública tiene un efecto directo sobre la libertad de expresión, al limitar el conocimiento disponible para la sociedad y, con ello, el espacio para la crítica, la disidencia y la participación democrática. Esto no solo afecta a los medios de comunicación y periodistas, que desempeñan un rol crucial en la difusión de información, sino a todos los ciudadanos que buscan ejercer su derecho a expresarse y a participar en la vida pública. El cercenamiento al acceso a la información pública, incompatible con los principios y valores democráticos, impacta de manera negativa en la garantía de la libertad de expresión. Diversas organizaciones han denunciado públicamente esta situación, como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que ha rechazado los cambios impuestos por el Decreto 780/24 ante el avance del Poder Ejecutivo. Estas modificaciones no solo limitan el derecho de la ciudadanía a estar informada, sino que también restringen la labor de los periodistas, quienes dependen del acceso a la información pública para ejercer su rol fundamental en una sociedad democrática”.

La inquietud viene de la mano del alerta que plantearon los propios trabajadores del organismo, que denunciaron la aplicación de una “refuncionalización” de áreas del Copnaf que afecta la contención de adolescentes no punibles.

Si bien las autoridades del Copnaf aclararon que no cerrará ningún dispositivo y que lo que habrá es una “reestructuración” del organismo, crecen las dudas sobre el impacto negativo que esta decisión tendría en el colectivo juvenil más vulnerable.

En este marco, el proyecto de la legisladora pone el foco en la modificación de la Estructura del Departamento de Referencia para Adolescentes y sus dos divisiones: División de “Abordaje Individual” y División “Mejor es convivir” del Concejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia (Copnaf), “situación que implica un manifiesto retroceso en las políticas públicas de promoción y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

Los cambios en el área “Mejor es convivir” afectarían el trabajo intersectorial e interdisciplinario que se desarrolla a diario con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones barriales, religiosas, clubes, etc, promoviendo los derechos sociales, la participación activa, el diálogo constructivo, la integración social, la inclusión social y el cooperativismo ciudadano.

“La otra área a disolver sería la de Abordaje Individual del Departamento de Referencia para las Adolescencias cuyo uno de sus principales objetivos es la de evitar la reiteración de la conducta transgresora del adolescente no punible, su estigmatización y un posterior ingreso al Sistema Penal Juvenil”, se indica en el proyecto al que tuvo acceso esta Agencia.

En este marco, Gaillard aseveró en su iniciativa: “Claramente entendemos necesario que los programas de protección de derechos no sólo no deben desmantelarse, sino que deben ser fortalecidos desde el Estado sea nacional, provincial o local”.

Por eso, el proyecto establece la capacitación obligatoria en salud mental a todo el personal de las fuerzas de seguridad, de educación y de salud del ámbito nacional, provincial y municipal, del sector público y privado, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, y entendiendo a la salud mental como un derecho humano fundamental.Este proyecto se presenta entendiendo que hay un déficit en la respuesta concreta a situaciones de emergencia en salud mental, y con el objeto de lograr la capacitación y formación que permita una coordinación y articulación de todas las áreas para lograr abordajes adecuados y medidas concretas que salvaguarden los derechos de los pacientes, según establece la Ley de Salud Mental.

En sus fundamentos, el proyecto presentado por la Diputada Gaillard expresa que “tiene como objeto establecer la capacitación obligatoria de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 a todos los efectores del sistema de salud, a todo el personal de las fuerzas de seguridad y a la comunidad educativa en su totalidad, sea del ámbito público como del ámbito privado. Estará dirigida a todas las personas que se desempeñen en el sector público, en todos sus niveles y jerarquías, definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156; en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación; y en los Ministerios Públicos, así como en el sector privado, en las áreas mencionadas específicamente”.También sostiene que “el proyecto surge de la necesidad de promover y garantizar la formación, capacitación a todos aquellos actores involucrados en la implementación de la Ley de Salud Mental, en las áreas de salud, seguridad y educación. Entendemos que la actual normativa de salud mental es de suma importancia, que ha sido reconocida en el mundo como un modelo a seguir por su perspectiva en derechos humanos y el cambio de paradigma que ha impulsado. No obstante ello, ha recibido múltiples críticas otorgándole responsabilidad a la ley por la imposibilidad de dar respuestas a las falta de solución a las internaciones involuntarias, y una atención adecuada a los tratamientos por consumos problemáticos, intentos de suicidios etc., en ese sentido ha habido múltiples intentos para modificarla. Sin embargo, consideramos que gran parte del problema no está en la ley en sí misma, sino en la falta de conocimiento y formación sobre la misma, en la falta de articulación y coordinación entre los efectores del sistema de las distintas áreas, como en la ausencia de recursos o readecuación de los mismos para una implementación”.

En este sentido, la diputada nacional expresó que “si las fuerzas de seguridad hubiesen tenido la capacitación necesaria para saber cómo actuar en el caso de Ariel Goyeneche, él estaría probablemente con vida, porque fue tratado como un delincuente cuando se trataba de una persona con un padecimiento de salud mental”.

Este proyecto de ley implica también que la atención en salud mental no esté centrada únicamente en las principales ciudades donde existe mayor concentración de profesionales, sino que por el contrario, busca incorporar una perspectiva federal integrada, con el objetivo que las provincias y sus municipios accedan, en igualdad de condiciones a contar con personal capacitado e idóneo para dar respuestas oportunas a la gran cantidad de demanda.

Desde esa perspectiva, el proyecto impulsado tiene como finalidad contribuir a que se garanticen aspectos centrales como buenas prácticas respecto de las medidas no coercitivas, la inclusión de la comunidad y el respeto de la capacidad jurídica de las personas, es decir, el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida.Además, en su articulado, el proyecto establece que “El Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante campañas de concientización a través de los medios masivos de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, entre otros, a los efectos de concientizar a la población en general respecto a la importancia de la correcta implementación de la ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su enfoque de derechos humanos”.

El proyecto, de autoría de la Diputada Carolina Gaillard, cuenta con el acompañamiento de más de treinta diputados del bloque Unión por la Patria, entre los cuales se encuentran los diputados German Martínez, Daniel Gollan, Gustavo Bordet, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Pablo Yedlin, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Marcela Passo, Carlos Castagneto, Sabrina Selva, Tomás Ledesma, Jorge Neri Araujo Hernández, Micaela Moran, Eduardo Valdez, Sergio Palazzo, Ana Maria Ianni, Juan Manuel Pedrini, Andrea Freytes, Carlos Aníbal Cisneros, entre otros. 

1- Hizo hincapié en la falta de conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem.

2-Denunció irregularidades en el tratamiento del proyecto en el plenario de comisiones, incluyendo la convocatoria a reuniones en horarios inusuales y la firma de dictámenes en blanco.

3-Rechazó la delegación de facultades otorgadas a Javier Milei para gobernar por decreto, reemplazando al Congreso de la Nación.

4- Gaillard expresó su preocupación por lo que considera un aumento en el oscurantismo en la Cámara de Diputados bajo las gestiones de Martín Menem y Javier Milei.

La legisladora entrerriana argumentó que la falta de conformación de la Comisión Bicameral y las irregularidades en el proceso de dictamen son graves violaciones a las normativas y la Constitución Nacional. Además, cuestionó la amplia delegación de facultades al Presidente de la Nación.

Carolina Gaillard, oriunda de Gral Campos, no ahorró en criticar duramente el proceso legislativo y la gestión de Martín Menem y Javier Milei en la Cámara de Diputados, señalando problemas en la transparencia y legalidad de los procedimientos.

"No se puede manosear la democracia, no se puede jugar con la Constitución; hay normas y reglas que deben respetarse. El juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo dictamen favorable de acusación luego de muchos meses de investigación en la Comisión donde participaron, ofrecieron prueba los miembros de JXC, y presentaron dictamen de minoría en rechazo a la acusación", destacó Gaillard.

"Ahora pretenden dar por terminado el juicio con un proyecto de declaración que declara su invalidez en un trámite express que da por terminado meses de trabajo y un dictamen que fue votado en el pleno de la comisión por mayoría simple", cuestionó la diputada.

"En el marco del proceso y previo al dictamen de acusación se resolvieron las impugnaciones presentadas, que fueron tratadas, votadas y rechazadas en el pleno de la comisión. Todo el proceso está cargado en la página web de la Cámara de Diputados y en la Comisión de Juicio Político se pueden ver los dictámenes y las impugnaciones", aclaró.

En este marco, consideró que "intentar declarar la invalidez del juicio por resolución del pleno de la cámara es un atentado contra el Congreso y las facultades que nos ha otorgado la Constitución Nacional. No se puede manosear la democracia. No se puede jugar con la Constitución. Hay normas y reglas que deben respetarse", enfatizó luego. Si no están de acuerdo con el Juicio a la Corte, debatamos en el recinto las acusaciones''.

y las distintas posturas, pero no violemos un procedimiento constitucional y el reglamento de la Cámara de Diputados.

Bahl se reunió con productores del

sector audiovisual de Entre Ríos

La diputada nacional Carolina Gaillard celebró la reunión entre el candidato a gobernador de Más para Entre Ríos, Adán Bahl, y productores audiovisuales de la provincia. En este sentido, recordó que “Mientras Milei propone cerrar el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y Frigerio se ausenta de las votaciones para prorrogar las asignaciones necesarias para el sector, Bahl se reúne con ellos para trabajar en el fomento de la industria audiovisual y generar empleo y desarrollo”.

“Es muy importante que nuestro próximo gobernador apoye al sector audiovisual, ya que es una política pública muy exitosa que venimos llevando adelante con Bordet y la secretaria de Cultura de nuestra provincia, Francisca D´Agostino”, explicó Gaillard, y detalló que “en Entre Ríos contamos con la Ley de Fomento a la Industria Audiovisual y con el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que ya desarrolló su 5ª edición de forma exitosa y nos posiciona a nivel nacional y regional”.

Gaillard en la 5ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER)

“La industria audiovisual entrerriana tiene un potencial enorme para crecer, y hay un gobierno provincial que apuesta al sector, fomentando condiciones para su desarrollo y generando empleo y recursos para la provincia, además de consolidar nuestra identidad y nuestra cultura”, resaltó Gaillard. Y concluyó: Es un orgullo que nuestro candidato a gobernador trabaje en políticas para fomentar la producción audiovisual en Entre Ríos”.

“Compartir experiencias con países de América Latina con una industria pionera en materia de cannabis nos permite avanzar en el desarrollo de un polo productivo que genere empleo y divisas en Argentina”, señaló Gaillard.

Cultivos de cannabis de empresas con licencias autorizadas por el gobierno colombiano.

Invitada por el gobierno de Colombia, una delegación argentina visitó ese país para conocer la experiencia colombiana en materia de regulación, producción y comercialización del cannabis.

Colombia cuenta con 57 mil hectáreas destinadas a la producción de cannabis y exporta a Italia, Israel y EE.UU., entre otros países. “Compartir experiencias con países de América Latina con una industria pionera en materia de cannabis nos permite avanzar en el desarrollo de un polo productivo que genere empleo y divisas en Argentina”, remarcó Gaillard, una de las principales impulsoras en el Congreso Nacional de la aprobación de la legislación vigente en Argentina sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial.

La diputada nacional entrerriana explicó que los recibió la Federación de Cultivadores de Cannabis y Cáñamo de Colombia, y que la agenda del viaje incluyó una reunión en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con los encargados del programa de cannabis; una visita a la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Universidad del CES para conocer las investigaciones médicas que se realizan con cannabis y los sistemas de control de calidad que aplican sobre los productos para su certificación; una visita a cultivos de empresas que han obtenido sus licencias otorgadas por el gobierno de Colombia, que les informaron acerca del trámite, los controles de calidad, y las medidas de seguridad que deben cumplimentar, así como también el proceso del cultivo; y una visita a un dispensario de IPS, donde se atienden pacientes que requieren cannabis con un médico especializado, y se comercializan los distintos productos de esta industria.

La delegación argentina en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Gaillard detalló que, junto a la Dra. Lina Hoyos, directora de investigaciones en nanotecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana, recorrieron el laboratorio más importante en investigación y desarrollo.

“La formación, la investigación y la innovación en cannabis permiten avances en el tratamiento de enfermedades como el cáncer de colon y de pulmón, entre otras investigaciones médicas de vanguardia”, explicó Gaillard.

Laboratorio de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia.

“Este tipo de intercambio de experiencias entre países de la región es esencial para potenciar el desarrollo de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal en Argentina, generando oportunidades para todos los eslabones de la cadena productiva”, remarcó Gaillard. “Estamos muy orgullosos del camino que viene recorriendo nuestro país, consolidando políticas públicas en materia de cannabis medicinal y cáñamo industrial que hace sólo algunos años hubiese resultado impensable.

En este sentido, esperamos que pronto salga la reglamentación de la ley 27.669, aprobada en 2022, y que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”, concluyó.

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro Matías Kulfas y a Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, anunció este martes la promulgación de la ley que regula el desarrollo productivo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La ley, aprobada el 5 de mayo en la Cámara de Diputados, fue defendida en el recinto por la entrerriana Carolina Gaillard, presente en el acto en el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada. Sobre la ley, la diputada nacional señaló que �Snuestro gobierno escuchó la demanda de las organizaciones de la sociedad civil y de miles de pacientes que reclaman acceder de forma legal a una sustancia segura y de calidad⬝. En este sentido, Gaillard remarcó que �Ses una ley muy importante que genera una nueva industria y garantiza el derecho a la salud para miles de personas⬝.

�SNuestro gobierno ha decidido que el desarrollo del cannabis medicinal y la producción industrial de cáñamo sean una política de Estado⬝, continuó Gaillard. Y agregó que �Sesta ley abre un camino productivo, un camino a una nueva industria y garantiza el derecho a la salud para miles de personas⬝.

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�SQuien no está de acuerdo se tiene que ir⬝, consideró la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Carolina Gaillard, sobre la interna en la colación gobernante y luego del encuentro de la militancia que se organizó el fin de semana en Rosario.

En diálogo con FM La Patriada, la Diputada sostuvo que �Ses un momento que requiere la fuerza de toda la coalición gobernante apoyando al Presidente⬝.

Cabe destacar que más de dos mil militantes participaron del plenario impulsado por el ex ministro de Defensa y presidente del bloque de diputados del Frente Para la Victoria durante los gobiernos kirchneristas, Agustín Rossi, en el Mercado del Patio, en la ciudad santafecina de Rosario.

Participaron funcionarios del Gabinete nacional como el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y su par de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; y la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra.

�SSi queremos resolver la crisis hay que seguir lo que diga el ministro Guzmán⬝, instó Gaillard.

�SQuien no esté de acuerdo se tiene que ir⬝, remarcó.

⬢ Consejo de la Magistratura

Gaillard también se refirió al Consejo de la Magistratura y afirmó que �Sse está pidiendo una prórroga para que no se aplique la ley vieja, lo debe avalar la Corte (Suprema), y aplicar la nueva⬝.

El fallo de la Corte Suprema obliga al Congreso a sancionar una nueva ley para regular el Consejo de la Magistratura y elegir a sus nuevos miembros en un plazo de 120 días, que se cumplen el viernes próximo.

�SMe horroriza lo que hizo la Corte, se está arrogando facultades legislativas⬝, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que el máximo tribunal �Sestá actuando prácticamente como un partido político⬝.

Además, destacó que �Sse están evaluando distintas políticas como, por ejemplo, la posibilidad de un ingreso básico universal⬝.

Al cierre de la entrevista con el programa Nobleza Hormiga, Gaillard dijo: �SHay que fortalecer la unidad para fortalecer nuestro Gobierno⬝.

�SNos costó mucho asumir en 2019 con un Estado desguazado⬝, recordó.

�SHoy las variables han mejorado muchísimo, aunque sabemos que falta llegar al sector informal⬝, evaluó.