El diputado provincial Enrique Cresto presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para conocer en detalle la situación actual del sistema penitenciario entrerriano y de los espacios destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La iniciativa solicita datos precisos sobre la infraestructura carcelaria existente, incluyendo unidades penales, centros de detención y establecimientos destinados al tratamiento de jóvenes mayores de 14 años. También requiere información acerca de los equipos técnicos interdisciplinarios disponibles, su ubicación, la capacidad de alojamiento de los establecimientos y el nivel de ocupación actual.

El proyecto pide además conocer si en la provincia existen sectores específicos destinados a menores de 18 años, cuántos adolescentes se encuentran actualmente privados de libertad, cuál es su edad, su situación procesal y en qué dependencias se encuentran alojados.

Otro de los puntos incluidos en el pedido apunta a obtener datos sobre la capacidad total del sistema penitenciario, el número de plazas disponibles y la cantidad actual de personas detenidas en las distintas unidades y se consulta si el gobierno provincial evalúa planes de ampliación de infraestructura o construcción de nuevas cárceles, especialmente ante la posibilidad de cambios en el régimen penal juvenil a nivel nacional.

Debate sobre la edad de imputabilidadLa presentación se enmarca en el debate que se desarrolla en el país sobre una eventual reforma del régimen penal juvenil, que contempla la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad a 14 años. De concretarse esa modificación, las provincias deberían asumir mayores responsabilidades en materia de alojamiento, asistencia especializada y programas de reinserción para jóvenes.

El proyecto también advierte sobre el crecimiento de la población carcelaria en Entre Ríos en las últimas décadas. De acuerdo con los datos mencionados en la iniciativa, alrededor del año 2000 había unas 700 personas detenidas, mientras que actualmente el número se ubica entre 2.800 y 2.900 internos, lo que implica que la cantidad de personas privadas de libertad prácticamente se triplicó en unos 25 años.

El documento señala que las últimas inversiones importantes en ampliación del sistema penitenciario se realizaron durante gestiones provinciales anteriores y advierte que actualmente no se conocen obras de gran escala en ejecución o finalizadas para incrementar la capacidad de alojamiento.Los fundamentos del pedido sostienen que disponer de información resulta clave para abordar un debate que involucra seguridad pública, infraestructura carcelaria y protección de los derechos de niños y adolescentes, frente a los cambios en la legislación penal juvenil.

La recorrida a la Unidad Penal Nº 1 en Paraná contó además con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, el área de Derechos Humanos y representantes de la Defensa, fortaleciendo espacios de diálogo, supervisión y organización institucional orientados a garantizar procesos transparentes y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario.Las autoridades fueron recibidas por el Subdirector del Servicio Penitenciario, Santiago García; el Director Principal de Cuerpo, Alejandro Mondragón; el Director de la Unidad Penal, Carlos Palacios; el Coordinador General, Néstor Spesot; y el Dr. Raúl Avero, quienes expusieron el trabajo cotidiano que se lleva adelante y los avances alcanzados en materia de gestión, infraestructura y tratamiento penitenciario. Este tipo de instancias refuerza la cooperación entre los poderes del Estado y ratifica el compromiso con una labor penitenciaria responsable, profesional y en permanente mejora, orientada al respeto de los derechos y al fortalecimiento institucional. 

La oficina a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili indicó que en el periodo analizado “se aprecia una tendencia sostenida de crecimiento de la población encarcelada”, debido a que en septiembre de este año se registraron un total de 12.062 personas privadas de su libertad, lo que implica un incremento de 3,2%.En el informe se destaca cómo fue la evolución de dicha variable en los últimos cuatro años y diez meses: en diciembre de 2020, 11.543 personas detenidas; en diciembre de 2021, 11.283; en diciembre de 2022, 11.349; en diciembre de 2023, 11.311; en diciembre de 2024, 11.696; y en septiembre pasado, 12.062.Uno de los puntos más preocupantes de este índice es la sobrepoblación carcelaria. El último parte señala que hubo un aumento del 4,6% en septiembre de 2025, lo que implica que hay 529 personas encarceladas por sobre la capacidad de alojamiento de los establecimientos.“Sin embargo, esa variable disminuyó respecto de agosto -cuando era de 545 personas por encima de la capacidad- dado que se habilitaron nuevas plazas”, añade.Del total, 7.300 personas están presas cumpliendo su condena, mientras que 4.771 se encuentran con prisión preventiva.Otro de los datos que precisó la PROCUVIN es que septiembre de 2025 concluyó con 952 mujeres y 33 personas travesti-trans privadas de su libertad en cárceles federales.La oficina destacó que la población de mujeres creció un 8% durante 2025 (67 personas) y que se triplicó la cifra de mujeres con sus hijos y de niños que viven en la cárcel, que suman 15 en total. NA.

Durante el encuentro se abordaron ejes de trabajo orientados a consolidar una gestión con enfoque de derechos: fortalecimiento de protocolos institucionales para la prevención de malos tratos, actualización de circuitos de denuncia y derivación, planificación de capacitaciones específicas para el personal y coordinación de acciones conjuntas con el CPPT para monitoreos y visitas institucionales.Asimismo, se avanzó en una agenda común que incluye instancias de formación continua, mecanismos de seguimiento de compromisos, revisión de registros y construcción de indicadores para evaluar el impacto de las acciones. La propuesta pone especial foco en la mejora de los canales de comunicación, la estandarización de procedimientos y la transparencia en los procesos, en línea con los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia.La reunión se desarrolló en un marco de cooperación interinstitucional, reafirmando el compromiso del SPER con el trato digno, la profesionalización del personal y la mejora permanente de las condiciones de alojamiento y de trabajo. De este modo, se ratifica una agenda compartida que busca fortalecer la prevención, la confianza pública y la calidad del servicio penitenciario en la provincia.Estuvo presente, además la Directora Principal de Tratamiento, Prefecto Mariela Pérez. 

Las actividades serán no remuneradas y tendrán una duración de cinco horas diarias, según la Resolución 1346/2024 publicada en el Boletín Oficial. La medida apunta a promover la reinserción social y reducir la reincidencia, según lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660) y la Constitución Nacional.Además, busca disminuir la ociosidad entre los internos, considerada un factor de incremento de violencia y desorden en los penales.El Servicio Penitenciario Federal será el encargado de elaborar planes y cronogramas específicos para estas tareas, además de supervisar su cumplimiento.  La resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, enfatiza que estas labores constituyen un deber derivado del mandato constitucional de mantener cárceles “sanas y limpias” y contribuyen a una convivencia ordenada dentro de los establecimientos. NA.

Durante el 2021 se avanzó en la ejecución de obras de infraestructura en las unidades penales, con el objetivo de ampliar la capacidad de plazas de alojamiento y optimizar las condiciones de habitabilidad. Además de continuar brindando formación y capacitación al personal penitenciario.

�SLas obras para el Servicio Penitenciario son una prioridad para el gobierno provincial, ya que después de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal se incrementó el número de internos en nuestras unidades penales. Por eso el gobernador ha establecido el propósito de ampliar la infraestructura existente⬝, explicó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; y agregó: �SDurante el 2021 se comenzaron a ejecutar las obras que permitirán incorporar 390 plazas al Sistema Penitenciario entrerriano⬝.

En Federal, la UP N° 8, que incorporará 120 nuevas plazas, tiene un avance de obra del 65 por ciento. En tanto, la Unidad Penal N° 9 El Potrero, que sumará 270 nuevas plazas en cinco pabellones, lleva un avance del 74 por ciento en la primera etapa, que consta de dos pabellones.

Además, en la Unidad Penal N° 9 se lleva adelante la construcción de un hospital modular, obra gestionada por el gobierno de Entre Ríos ante el Ministerio de Obras Públicas de Nación. Actualmente esta obra se ha ejecutado en un 95 por ciento. Asimismo, se continúa con la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, obra que se desarrolla en el marco de un convenio entre el gobierno provincial y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa).

�SEl avance de los trabajos fueron prioridad para el gobernador Bordet, no sólo en lo que refiere a dar una concreta solución al alojamiento para los internos en la Unidad Penal, sino además la concreción de la ejecución de un hospital modular que va a permitir contar con los espacios sanitarios adecuados⬝, explicó al respecto la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.

Capacitación y formación

La formación del personal es una de las herramientas fundamentales para garantizar la buena habitabilidad en las unidades penales. Por esto, el gobierno de Entre Ríos desarrolló durante el 2021 diferentes instancias de capacitación para agentes y oficiales penitenciarios.

La capacitación en género fue prioritaria, por lo que más de 60 integrantes del Servicio Penitenciario asistieron a las instancias de formación en el marco de la Ley Micaela, de capacitación permanente en género. Participaron directores de Unidades Penales, jefes de departamentos y jefes de divisiones.

Además, finalizó el Curso de Formación de Oficiales -VIII Promoción- de la Tecnicatura en Seguridad Pública orientada a la Seguridad y Tratamiento Penitenciario.

En este sentido, el Consejo General de Educación (CGE) aprobó el Curso de Formación Profesional Agente Penitenciario, lo cual permitirá la homologación del título para el reconocimiento por parte del Consejo Federal de Educación.

Salubridad

Con el objetivo de garantizar las buenas condiciones sanitarias en las unidades penales entrerrianas, se incorporaron un total de siete profesionales que se desempeñan en establecimientos del Sistema Penal: dos enfermeros, tres psicólogas, una asistente social y un médico que se incorporaron a la labor diaria del Servicio.

�SLas obras para el Servicio Penitenciario son una prioridad para el gobierno provincial, ya que después de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal se incrementó el número de internos en nuestras unidades penales. Por eso el gobernador ha establecido el propósito de ampliar la infraestructura existente y en ese camino es que estamos avanzando⬝, explicó la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Marcelo Sánchez, indicó que �Sel avance de las obras se encuentra dentro de los tiempos y las condiciones previstas. Se están llevando adelante de acuerdo a lo diagramado y proyectado, lo cual nos permitirá alcanzar de forma efectiva los objetivos establecidos, siendo el punto principal la redistribución de los internos que hoy están alojados en la Unidad Penal Nº 2⬝.

Unidad Penal Nº 9

A fin de permitir una considerable ampliación de la capacidad de alojamiento, readecuación de espacios y distribución de la población penal, avanza una significativa obra en la Granja Penal El Potrero, de Gualeguaychú.

En relación a las obras que se realizan en El Potrero, la titular de la cartera de Gobierno y Justicia detalló: �SCuando recorremos las obras nos damos cuenta del avance de los trabajos que fueron priorizados por el gobernador Bordet, no sólo en lo que refiere a dar una concreta solución al alojamiento para los internos en la unidad penal, sino además la concreción de la ejecución de un hospital modular que va a permitir contar con los espacios sanitarios adecuados⬝.

El proyecto, que es ejecutado a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, contempla la edificación de cinco pabellones destinados a albergar a quienes cumplen penas privativas de la libertad. Esto permitirá al establecimiento albergar un total de 500 internos, posibilitando, en un futuro, reubicar a la población alojada en la Unidad Penal Nº 2 General Francisco Ramírez -ubicada en el ejido urbano de Gualeguaychú- para su posterior cierre definitivo.

En el marco de esta obra de ampliación, actualmente se está ejecutando la construcción de dos módulos, etapa de obra que registra un avance del 65 por ciento. Cada pabellón permitirá albergar a 54 internos distribuidos en 18 celdas; contando con una superficie cubierta de 572.21 metros cuadrados. Cada módulo se dispone en torno a un patio central techado de doble altura. La planta baja consta de ocho celdas de alojamiento, dos sectores sanitarios separados, garita de control, espacio común y patio al aire libre con piso de hormigón y cerco perimetral. Mientras que la planta alta consta de diez celdas, a las cuales se accede a través de una amplia escalera de hierro y mediante un pasillo que balconea al espacio común.

Cabe señalar que está previsto el inicio de la ejecución de la obra que completa este proyecto, incorporando los tres nuevos módulos restantes de similares características; obra que fue recientemente adjudicada y aprobada.

Unidad Penal Nº 8

En la Unidad Penal Nº 8 Bicentenario de la Revolución de Mayo, de Federal, se continúa con la construcción de dos pabellones de alojamiento de internos, los cuales permitirán la habilitación de 120 nuevas plazas. Los mismos se encuentran en el predio cedido por el Ministerio de Salud de la provincia.

La obra de esta Unidad Penal está siendo ejecutada con fondos propios del SPER, al igual que la mano de obra, la cual está a cargo de internos allí alojados y de personal penitenciario encargado. Al día de la fecha, la obra lleva un avance del 60 por ciento.

La situación de violencia en las unidades penitenciarias de la provincia preocupa tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial. Este fin de semana se registraron hechos muy graves: un interno fue muerto en Gualeguay; otro recibió un puntazo en Gualeguaychú y, tras el incendio de colchones en la Unidad Penal de Paraná, hubo dos detenidos que debieron ser internados.

En la conversación entre Romero, Bértora y Rossi, a la que también se sumó el titular del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, quedó planteado que el principal motivo de tanta inestabilidad en las unidades penales es la situación de aislamiento extremo al que están circunscriptos quienes integran la comunidad penal en razón de evitar contagios de COVID-19.

Bértora comentó que varios internos han presentado pedidos hace 15 días para que se reestablezcan las salidas sociolaborales. �SEstamos trabajando en torno a una posible flexibilización en lo laboral⬝, expresó la jueza.

�SHay internos que están queriendo retomar sus vínculos laborales, algunos son autónomos y tienen sus propios emprendimientos. Estamos, antes que nada, haciendo un relevamiento de cuáles son los internos que efectivamente pueden volver a trabajar, dado que muchos de los contratos laborales cayeron (en este lapso) dado el nivel de baja productividad que hay⬝, mencionó.

Luego, se generaría un espacio en las unidades penales para que estas personas pudieran �Sobtener la salidas sin tener contacto con los demás internos⬝. Esto implicaría reestructurar las ubicaciones de parte de la población penal para que no coexistan los que salen a trabajar y los que no. De ese modo, se minimizaría el eventual impacto de contagio de coronavirus.

Además, la magistrada reveló que el Gobierno provincial está trabajando para mejorar las plazas existentes destinadas a alojar personas privadas de su libertad en las unidades penales y crear nuevas. Esta tarea es �Sardua⬝, describió Bértora.

Desde el 20 de marzo, las salidas sociolaborales de la población penal así como las visitas de familiares y amigos fueron suspendidas debido a la pandemia mundial de coronavirus, que obligó al Gobierno nacional a imponer un esquema de aislamiento social obligatorio y luego el distanciamiento social para frenar los contagios de la enfermedad.

Por otro lado, la magistrada destacó el comportamiento del personal penitenciario durante la cuarentena. La evaluó con un �Smuy bien⬝ y agregó: �SLa situación está como está por el trabajo que han hecho los penitenciarios de contención y acompañamiento.

Es muy loable que no haya habido hasta el momento ningún interno con COVID-19. Eso es trabajo muy cuidadoso del Servicio Penitenciario⬝, subrayó.

El reclamo se hacía sentir desde hace tiempo en los �Spasillos virtuales⬝ del ámbito judicial: numerosos abogados que litigan en el fuero penal venían expresando el malestar por la falta de contacto con sus clientes alojados en las unidades penales de la provincia. Las quejas llegaron al Colegio de Abogados y luego al Ministerio de Gobierno. Por esto, se respondió a la demanda encomendando al Servicio Penitenciario acondicionar un espacio en cada cárcel para que los defensores puedan estar cara a cara con los internos, previo aviso y designación de día y horario.

Hace cuatro meses que de la cárcel no sale ni entra nadie que no haya recibido la libertad condicional o la domiciliaria, salvo casos excepcionales, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

En este marco, el contacto de los presos no sólo se vio impedido en cuanto a los familiares, sino también a los abogados que los representan en las diferentes causas. En varios casos, sobre todo en aquellos cuyos legajos se encuentran en plena producción de medidas de prueba porque los hechos imputados ocurrieron recientemente, las quejas de los defensores apuntaban a las dificultades para el ejercicio de la actividad, debido a que la falta de diálogo directo con el imputado impedían el correcto abordaje y el desarrollo de la estrategia defensiva.

Para algunos trámites, por ejemplo, un abogado asiste a la unidad penal, le entrega a un agente penitenciario la información por escrito o el documento que debe firmar, y luego el carcelero regresa con la respuesta escrita o el papel rubricado.

En este sentido, a cuatro meses de una situación en la que todo indica que las medidas restrictivas se prorrogarán por un tiempo aún indefinido, se efectuó el planteo formal a las autoridades competentes. La semana pasada, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, respondió que la demanda era atendible, y envió una nota al SPER para que elabore un protocolo sanitario para subsanar esta situación.

Distintos abogados explicaron a UNO que ahora deberán comunicarse con la Dirección General del Servicio Penitenciario para informar a qué interno deben visitar y en qué unidad penal se aloja, así como precisar el día y hora de la entrevista. Para ello, en cada cárcel se deberá preparar un espacio que cumpla con los requisitos sanitarios de distanciamiento social, con el fin de prevenir un contagio que, en caso de producirse, puede ser calamitoso e imparable dentro de los establecimientos penitenciarios.

Cabe recordar que unos días antes de esta medida la jueza de Garantías Elisa Zilli había dictado una resolución ante un planteo particular de dos abogados para ver a su cliente, en la cual ordenaba habilitar la entrevista bajo condiciones sanitarias seguras.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia analizó que para llevar adelante esas medidas, �Sno es necesaria ninguna ley especial⬝, sino que �Slos jueces aplicaran el derecho penal vigente⬝.

Y, opinó que �Slas penas con privación de libertad son penas ilícitas en las condiciones en que están las cárceles, especialmente ante la amenaza de la pandemia⬝.

�SUrge el despoblamiento de las cárceles, dejarlas en condiciones de higiene y con suficiente distanciamiento⬝, entre sus ocupantes, explicó Zaffaroni, tras lo cual agregó que no sería necesario �Shacer ningún egreso irracional⬝, sino tras un análisis por parte de los jueces.

�SPrimero hay que hacer egresar la población de riesgo, en segundo término a aquellos que les resta por cumplir muy poco de la pena, de 6 meses hasta un año⬝, acotó.

En tercer lugar, pidió revisar los casos de �Slos que no están presos por delitos contra la vida, la integridad física o sexual⬝.

Sólo dos personas por interno podrán ingresan y serán sometidas a controles sanitarios. Además, no podrán concurrir adultos mayores de 60 años ni menores de 10 años.

El funcionario indicó además que el Servicio Penitenciario cuenta con un laboratorio en el que profesionales habilitados elaboran alcohol en gel.

En tanto, en los talleres se confeccionaron unos 2.500 barbijos para el personal.

Por último, confirmó que se acondicionan pabellones especiales para presos que están dentro de los grupos de riesgo.