El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se ha sumado a una huelga de hambre masiva en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas. La noticia fue confirmada por su pareja, María Alexandra Gómez, quien denunció que la medida es secundada por más de 200 internos en protesta por las condiciones de reclusión y la falta de avances en sus causas judiciales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.La protesta fue reportada inicialmente por el Foro Penal, ONG que lidera la defensa de los denominados “presos políticos” en el país caribeño. Su director, Alfredo Romero, cifró inicialmente en 100 los detenidos que iniciaron la medida, aunque familiares de los reclusos aseguran que el número es significativamente mayor. Gallo, quien cumple 441 días bajo una situación que su familia califica de “desaparición forzada”, ha visto agravado su estado de salud debido a la prolongada detención y ahora por la huelga.A través de un contundente mensaje en redes sociales, Gómez responsabilizó directamente al director del recinto, Martínez Rangel, y a las máximas autoridades del gobierno venezolano, incluyendo a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, por la integridad física de Gallo. La pareja del gendarme también lanzó un reclamo a la ONU por la “violación constante de los Derechos Humanos” en el penal, exigiendo la libertad inmediata del argentino y de los demás extranjeros detenidos en condiciones que describió como “inhumanas”.

Por Iago Vieyra - La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Lázaro Báez continuará su detención en la cárcel y rechazó el pedido de prisión domiciliaria que presentó su defensa. Purga una pena de 15 años por “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.La decisión se tomó con el voto mayoritario de los jueces Javier Carbajo y Ángela Ledesma, mientras que el camarista Mariano Borinsky se pronunció en disidencia, a favor de otorgar el beneficio.Con este fallo, se confirmó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4 de retirarlo del Hospital Central Penitenciario para ser alojado en el pabellón “K” del penal de Ezeiza.El empresario patagónico condenado por lavado de dinero, a través de sus abogados, argumentó que el establecimiento penitenciario no contaba con los recursos necesarios para tratar sus múltiples problemas de salud y que su presencia en su casa resultaba indispensable para el cuidado de su pareja y sus hijos.La defensa fundamentó el reclamo en la edad del condenado, quien tiene 69 años y está próximo a cumplir 70, así como en un cuadro clínico que incluye diabetes tipo II, hipertensión arterial, asma y antecedentes cardíacos.Además, indicaron que su estadía en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza agravó sus patologías debido a supuestas deficiencias de higiene y falta de atención médica especializada. Y alegaron que la distancia de más de 2.700 kilómetros respecto a su domicilio familiar en Santa Cruz impedía el contacto fluido con sus seres queridos.Según la defensa, la pareja de Báez padece una enfermedad oncológica y, por esta razón, el dueño del grupo Austral cumplía un rol fundamental en la crianza de los dos hijos menores de ella, de 12 y 14 años. De acuerdo a este planteo, la ausencia del empresario generó un deterioro emocional en los niños y una sobrecarga para la madre, quien debe afrontar su tratamiento médico.El voto mayoritario desestimó estos argumentos y ratificó que el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza está en condiciones de alojar detenidos con problemas de salud como los de Báez.El juez Carbajo destacó que los estudios realizados por especialistas en neumonología, cardiología y oftalmología del Cuerpo Médico Forense y el SPF concluyeron que el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y compensado.Lázaro Báez tiene otra condena confirmada en Casación por el caso “El Entrevero”, a cuatro años y seis meses de cárcel, que aún no fue revisada por la Corte SupremaLos peritos oficiales indicaron que las dolencias podían tratarse adecuadamente dentro de la unidad carcelaria, siempre que se cumplieran las indicaciones farmacológicas y los controles periódicos.El fallo remarcó que el Servicio Penitenciario Federal informó contar con la infraestructura, el personal y el equipamiento necesarios para atender las necesidades sanitarias del interno, incluyendo guardia médica permanente y ambulancia para traslados de urgencia.Para los magistrados que lideraron la votación, la defensa no logró probar que la permanencia en prisión implicara un riesgo cierto para la vida de Báez ni que existiera una falta de atención por parte del Estado.En cuanto a la situación de los menores, los jueces Carbajo y Ledesma consideraron que no se verificó un estado de desamparo que justificara la excepción al régimen de ejecución de la pena.Evaluaron que los niños conviven con su madre, quien recibe ayuda de otros familiares, y que sus derechos a la educación y la salud se encuentran resguardados. Además, señalaron que la mujer cuenta con medios económicos para la subsistencia del grupo familiar.Por el contrario, el juez Borinsky votó en soledad por conceder el arresto domiciliario. En su disidencia, valoró que el acusado estaba próximo a cumplir la edad que la ley contempla para este beneficio y que sus patologías crónicas mostraban un agravamiento progresivo. También ponderó el interés superior de los niños y la conformación de una familia ensamblada, coincidiendo con el dictamen de la unidad funcional especializada en menores, la cual había apoyado la solicitud.Finalmente, la resolución judicial dispuso que las autoridades carcelarias garanticen la comunicación de Báez con sus familiares según la normativa vigente. Asimismo, el tribunal autorizó que el condenado sea trasladado a un pabellón común -denominado con la letra “K”- dentro del penal de Ezeiza para iniciar su tratamiento penitenciario, dado que los médicos informaron que ya no requería internación continua en el área hospitalaria.

El exmandatario de 56 años fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público, reportó el sitio DW y tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.La Corte Suprema resolvió “condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (...) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo”, reportó el sitio DW.El líder político, un maestro de escuela rural y sindicalista que ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021, recibió con calma la condena acompañado de su abogado, según imágenes de televisión del Poder Judicial. El tribunal destacó que “Castillo fue detenido en flagrancia delictiva por la comisión del delito de rebelión”.El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel, donde permanece hasta ahora.En tanto, Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, fue condenada también a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado. El tribunal también emitió una nueva orden de búsqueda y captura de Chávez.

Se finalizó la investigación en la que se señala a dos agentes penitenciarios como “autores del delito penal de distribución y comercialización de estupefacientes agravados por efectuarse en un lugar de detención y por el número de integrantes de la organización encargada de comercializar e incumplimientos de los deberes de funcionario público”, según el Boletín Oficial Nº 28.020.

Los actos de Oliva y Rodríguez no solo implicaron sanciones penales, sino que también trajeron desprestigio a la institución penitenciaria. Según las leyes vigentes, estas conductas son consideradas faltas graves que justifican el despido definitivo.Los agentes desarrollaban sus tareas en la Unidad Penal N° 1, ubicada en la ciudad de Paraná.Además, se resalta que, aunque los procesos penales y administrativos son diferentes, en este caso las condenas penales respaldan plenamente las sanciones administrativas. Por lo tanto, la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos avala la decisión de aplicar la sanción máxima de cesantía a ambos funcionarios. (Fuente: APF) 

Al menos tres presos murieron este miércoles y otros 40 resultaron heridos al incendiarse parte del Complejo Penitenciario de Florianópolis, la mayor cárcel de Santa Catarina, estado del sur de Brasil, se informó oficialmente.

Según autoridades penitenciarias, el incendio ocurrió en la celda 22 y la primera hipótesis apunta a la quema de un colchón, lo que provocó que las llamas se expandieran a otros lugares del penal. El portal del Estado de Santa Catarina identificó a las víctimas como Danilo Barros, Jerberson Souza y Robison da Silva.

El Cuerpo Militar de Bomberos de Santa Catarina (CBMSC) fue el primer equipo externo en arribar para dar respuesta al incendio. En total, asistieron seis dotaciones de bomberos, con vehículos de extinción de incendios. Además se sumaron tres ambulancias avanzadas del SAMU (Servicios de Asistencia Médica de Urgencias), un helicóptero y varios vehículos de las fuerzas de seguridad. Un portavoz del Cuerpo de Bomberos indicó que el fuego pudo haberse originado por un intento de rebelión o motín. Sin embargo, el subsecretario de la Administración Penitenciaria y Socioeducativa, Neuri Mantelli, lo negó. �SNo hubo ningún movimiento de motín o rebelión. Todas las fuerzas de seguridad pública brindaron todo el apoyo necesario. Todavía no sabemos el motivo del incendio. Ahora estamos esperando el informe pericial oficial⬝, dijo Mantelli.

La cárcel en la capital de Santa Catarina tiene espacio para 900 presos. Fuentes del gobierno regional informaron que las unidades de salud de la capital atendieron a las víctimas que resultaron intoxicadas por el humo. Cuatro policías necesitaron atención médica por el riesgo que corrían para desalojar el lugar. Además, nueve condenados que se encontraban en gravedad media.

Así es la cárcel donde trasladarían a los rugbiers

A pocos días de que se conozca el veredicto por el crimen de Fernando Báez Sosa, en las últimas horas trascendió que los ocho rugbiers serían trasladados a la cárcel de Sierra Chica, lo que les provocaría bastante temor dejaron trascender desde su entorno. Se trata del penal donde ocurrió el motín más violenta de la historia penitenciaria argentina.

De todas maneras, el abogado de los imputados, Hugo Tomei, habría pedido de manera extraoficial que sus defendidos sean derivados a la Unidad Penal de Campana, ya que se trata de una cárcel para jóvenes adultos, menores de 22 años en su mayoría.

También y como se mencionó al comienzo del juicio, allí está alojado un joven de apellido Pertossi acusado de robo lo que permitiría que los familiares solo hagan un viaje y además tener a un conocido dentro del penal permitirá un mayor respaldo.

La Unidad Penal N° 2 es un establecimiento penitenciario de máxima seguridad y una de las cárceles más antiguas del país ya que fue inaugurada antes de que se construya la localidad, el 4 de marzo de 1882.

La misma aloja unos 3.000 presos distribuidos en tres Unidades: N° 2, N° 38 (régimen semiabierto) y N° 27 (régimen semiabierto y abierto).

Tiene forma de panóptico y posee 12 pabellones con capacidad para 140 presos cada uno, mientras que otros cuatro alojan hasta 60 internos.

El penal tiene talleres y cursos para que los presos puedan aprender y desempeñar un oficio: automotores, chapa y pintura, mecánica, herrería en general, carpintería metálica, recuperación de equipos informáticos, construcción de cepillos, talabartería, tapizado de asientos de automóviles, fábrica de bloques y de baldosas, tapicería y carpintería.

Las celdas son de 3,75 metros de largo por 1,80 de ancho y 3,60 de alto, son ocupadas por dos internos y tienen un inodoro.

Estos últimos datos son interesantes ya que en el penal de Melchor Romero, donde estuvieron presos los rugbiers hasta el juicio oral tiene las mismas características.

Este miércoles, comenzaron los alegatos por parte de la querella y la Fiscalía.

En esta ocasión y al tratarse de una solicitada idéntica, se estableció que los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García y los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, parte del equipo defensor de los padres de la víctima, expongan el mismo día.

En tanto, mañana jueves, será el turno de los alegatos de la defensa a cargo de Hugo Tomei, quien diría que el crimen de Fernando ocurrió durante una pelea motivo, por el cual pediría que las imputaciones sean �Shomicidio en riña o agresión⬝.

La joven de 19 años de la región rusa de Arkhangelsk debe usar el dispositivo mientras está bajo arresto domiciliario luego de que fue acusada por publicaciones en las redes sociales que, según las autoridades, desacreditan al Ejército de Rusia y justifican el terrorismo.

Las autoridades rusas agregaron a Krivtsova a la lista de terroristas y extremistas, a la par de ISIS, Al Qaeda y los talibanes, por publicar una historia de Instagram sobre la explosión en el puente de Crimea en octubre que también criticaba a Rusia por invadir Ucrania.

Krivtsova, estudiante de la Universidad Federal del Norte (Ártico) en la ciudad noroccidental de Arkhangelsk, también enfrenta cargos penales por desacreditar al Ejército ruso por hacer una publicación supuestamente crítica de la guerra en un chat de estudiantes en la red social rusa VK.

Actualmente, Krivtsova se encuentra bajo arresto domiciliario en el departamento de su madre en Severodvinsk, región de Arkhangelsk, con prohibición de conectarse y usar otras formas de comunicación.

�SEl caso de Olesya no es el primero ni el último⬝, dijo a CNN Alexei Kichin, el abogado de Krivtsova.

Olesya usa un brazalete de seguimiento en un tobillo y un tatuaje en el otro que dice �SEl Gran Hermano te está mirando⬝, con la cara del presidente de Rusia, Vladimir Putin, unida al cuerpo de una araña.

Olesya Krivtsova, fotografiada en una audiencia en la corte, ahora está bajo arresto domiciliario en el apartamento de su madre.

El monitor independiente de derechos humanos OVD-Info dijo que al menos 61 casos se iniciaron en Rusia en 2022 por los cargos de justificación del terrorismo en Internet, de los cuales 26 han resultado en sentencia hasta el momento.

La madre de Olesya, Natalya Krivtsova, dice que el gobierno está tratando de dar una advertencia al público, con su hija siendo �Sazotada públicamente⬝ por no guardarse sus puntos de vista.

�SVivimos en la región de Arkhangelsk y esta es una región vasta pero demasiado alejada del centro. Ya no hay protestas en Arkhangelsk, por lo que tratan de estrangular todo lo que queda en su etapa inicial⬝, dijo Natalya Krivtsova a CNN.

Funcionarios rusos de alto rango están desertando. Este hombre les está ayudando

Un líder local del Partido Comunista, Alexander Novikov, se burló públicamente de la adolescente en la televisión estatal, calificándola de tonta que debería ser enviada al frente en la región oriental de Donbás en Ucrania para que pudiera �Smirar a los ojos⬝ a los militares que luchan como parte del batallón Arkhangelsk.

Este no es el primer encuentro de Olesya Krivtsova con las autoridades por expresar públicamente sus puntos de vista. En mayo pasado, enfrentó cargos administrativos por desacreditar al Ejército ruso al distribuir carteles contra la guerra.

Las cosas se pusieron más serias cuando fue acusada de desacreditar al Ejército ruso en las redes sociales en octubre pasado. Según el abogado de Krivtsova, una reincidencia en virtud del mismo artículo se convierte en un caso penal.

�STiene un elevado sentido de la justicia, lo que le dificulta la vida. La incapacidad de permanecer en silencio es ahora un gran pecado en la Federación Rusa⬝, dijo su madre a CNN.

Según Natalya Krivtsova, la policía irrumpió el 26 de diciembre en un departamento donde vivía su hija con su esposo Ilya, obligando a los jóvenes a acostarse boca abajo en el suelo y supuestamente amenazándolos con un mazo, que los agentes le dijeron que era un �Shola⬝ del Grupo Wagner, un contratista militar privado encabezado por Yevgeny Prigozhin.

CNN se ha comunicado con la policía estatal en Arkhangelsk para solicitar comentarios.

�SOlesya estaba muy asustada porque vio el video en el que mataron a un prisionero con un mazo⬝, dijo su madre a CNN.

En el notorio video al que se refiere Natalya Krivtsova, mercenarios del Grupo Wagner, que recluta activamente prisioneros, aparentemente ejecutaron a un exconvicto, Yevgeny Nuzhin, con un mazo después de que intentó huir de su puesto. La descripción del video decía: �SEl traidor recibió el tradicional y primordial castigo wagneriano⬝.

�SEl Estado tiene algunas políticas extrañas: los prisioneros van a la guerra y los niños van a prisión⬝, dijo.

Estuvieron presentes, el fiscal del caso José Arias, la defensora de Martín Muñoz (imputado), entre otros. Se realizaron algunos planos del lugar y fotografías. Todo a fines de individualizar lugares y determinar posiciones puntuales donde el interno habría recibido las prácticas tortuosas.

Este procedimiento además podría descubrir si hubo otros implicados intentando establecer �Scontrol o pasividad de los agentes⬝. Además el número real de personas que participaron de los hechos.

Se corroboró la información que ya había sido informada por escrito desde el servicio penitenciario. Ejemplo, la celda donde Báez estaba alojado los días en los que se presume pasaron los hechos.

BREVE RESE�A

Los dos detenidos hasta el momento son Martín Muñoz y Federico Saldivia, agente penitenciario. Por otro lado se investiga a Guillermo Cáceres, trabajador en el edificio de Tribunales. Todos los hechos se relacionan con tratos inhumanos, físicos y psicológicos que se aplicaron a Román Báez (detenido en Prisión Preventiva) por una supuesta venganza. En la que al menos estas tres personas estarían involucradas de diversas formas.

El Ministerio Público Fiscal posee pruebas que serían concluyentes entre ellas un video que surgió de una requisa al celular de Martín Muñoz. Aseguran que existen audios, videos, hasta llamados, por medio de los que el guardia hace alarde de sus hazañas y asegura que Báez recibió el castigo requerido, �Stal y como se había acordado⬝.

La víctima había denunciado que el interno la llamaba todos los días por teléfono amenazándola de muerte si descubría que tenía otra pareja. En su denuncia, relató que estuvo tres años en pareja con el ahora preso, y tienen un hijo en común. Aseguró que siempre fue agresivo, violento y tenía armas de fuego. Además, precisó que el hombre está detenido en el penal de Villa Urquiza desde hace un año y cuenta con peligrosos antecedentes.

La denuncia de la mujer es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar y de Género de la II Nominación. Si bien durante el allanamiento no encontraron armas ni teléfonos celulares, el preso fue notificado de la prohibición de actos perturbadores hacia la víctima.

La audiencia resolutiva de la preventiva estaba fijada para las 9 Am. El Juez de Garantías Germán Dri, resolvió aprobar el pedido de la Fiscalía a cargo de José Arias por 90 días.

Los detenidos por el momento en la causa son dos: Martín Muñoz, con una causa por drogas en espera, ahora está imputado por "robo agravado y torturas⬝, fue indicado como el instigador. Por otro lado Federico Saldivia, agente penitenciario de Concordia,  está acusado de ser el autor material de lo sucedido en el penal. 

A un mes de la violación grupal en inmediaciones de la Plaza Serrano del barrio porteño de Palermo, la víctima no pudo aún volver a trabajar ni a estudiar e inició un tratamiento psicológico para intentar superar el "cuadro postraumático" que le generó el hecho, mientras los seis imputados procesados ya comenzaron a ser trasladados a unidades carcelarias federales para cumplir su prisión preventiva, informaron este domingo fuentes judiciales.

El abogado de la víctima, Hugo Figueroa, contó a Télam que a un mes del hecho, la joven abusada de 20 años sigue con asistencia psicológica y médica permanente y que por el momento no pudo retomar su trabajo en una empresa de desarrollo de software, ni sus estudios.

"Ella está de licencia en su trabajo. También estudia la carrera de programación que intentará retomar cuando ella y los profesionales de la salud que la asisten consideren que está en condiciones", dijo Figueroa.

El abogado explicó que "a nivel médico, sigue tratándose con los profesionales del Hospital Rivadavia que la asistieron en un primer momento, mientras que ya está yendo a un psicólogo particular".

La única vez que tuvo que volver a una dependencia judicial fue al Cuerpo Médico Forense (CMF), donde se le realizó para la causa una pericia psicológica. Ese peritaje, realizado en el Departamento de Psicología del CMF y al que tuvo acceso Télam, detectó en su personalidad "rasgos histero-fóbicos", una "ansiedad de corte depresivo" y "vivencias de culpa y sometimiento".

"Si bien el material psicológico no presenta indicadores de riesgo cierto e inminente para sí o terceros, dado el impacto psíquico observado es necesario que continúe en tratamiento en salud mental de forma regular e intensiva", recomendó el informe remitido al juzgado.

"La nombrada ha cursado situaciones de violencia, con predominio en el área sexual, que han generado un cuadro postraumático en vías de cronificación y que han dejado una marcada impronta dañosa a nivel intrapsíquico, así como la emergencia de síntomas específicos e inespecíficos derivados de dicha situación", agrega el reporte.

La marcha de la investigación

En cuanto a la causa, a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, y del fiscal 48 del mismo fuero, Eduardo Rosende, comenzaron los traslados de los acusados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y se aguardan los resultados de una serie de peritajes que podrían ser clave.

Voceros judiciales indicaron que Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Franco Jesús Lykan (23), Ignacio Retondo (22) y Thomas Fabián Domínguez (21), esperan cupo para ir al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, mientras que Steven Alexis Cuzzoni (19), por su edad, es el único que ya fue derivado a una unidad de jóvenes adultos ubicada en ese mismo penal.

Los seis serán sometidos también a peritajes psicológicos ya ordenados por el juez, pero además, en los últimos días se les extrajo una nueva muestra de sangre, esta vez para obtener los perfiles genéticos indubitables de cada uno para, de esa manera, poder cotejar sus ADN con los hallados en diversas muestras recolectadas para la causa como evidencia.

En primer término, sus patrones genéticos serán comparados con los que se encuentren en los hisopados y en la ropa interior de la víctima.

También se compararán sus ADN con el de dos muestras de semen halladas dentro del automóvil donde se produjo la violación y con otras 16 recolectadas en las ropas de los propios imputados.

La mayor cantidad de este tipo de rastros se hallaron en las prendas justamente de los dos acusados que, según declararon los panaderos que rescataron a la víctima, abusaban de ella en el asiento delantero del auto: Ciongo Pasotti (seis muestras) y Ramos (cuatro).

Otras tres manchas dieron positivo en las ropas de Retondo, y una sola para cada uno, en la ropa interior de Domínguez, Cuzzoni y Lykan.

También se espera que la Sala VII de la Cámara del Crimen, resuelva en los próximos días las apelaciones presentadas por las distintas defensas de los acusados al auto de procesamiento con prisión preventiva dictado el 15 de este mes por el juez Fernández.

El magistrado procesó a los seis como presuntos coautores de un "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas" (con una pena prevista de entre 8 y 20 años de cárcel) y a dos de ellos (Retondo y Domínguez) además por las "lesiones leves" provocadas a un testigo, y les trabó embargos por 35 millones de pesos a cada uno.

El fiscal Rosende también apeló pero en cuanto al punto de que, según fundamentó, los seis deberían quedar imputados por las lesiones, y no solo los dos que procesó el juez por ese delito.

En su resolución, el juez consideró que los seis actuaron con "un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles", más allá de que no todos hayan participado activamente del abuso de la víctima, al que describió como un "ataque sexual masivo".

El abuso grupal

El hecho ocurrió el feriado del pasado 28 de febrero, a partir de las 14.45, en la calle Serrano al 1300, en Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.

Mientras cuatro de los imputados -Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan-, estuvieron dentro del auto con la víctima, los otros dos -Domínguez y Retondo-, cantaban y tocaban la guitarra en la vereda, aunque "observando y convalidando el ataque sexual", según la resolución del juez.

El hecho sin antecedentes ocurrió cuando la letrada quiso acceder a la unidad penitenciaria pero se lo impidieron por concurrir con un short de vestir.

María del Carmen Varela tenía prevista una entrevista con una clienta que se encuentra detenida en el Complejo Penitenciario Rosario, pero no pudo entrar a causa de su vestimenta, según le indicaron en el acceso a la unidad carcelaria.

Luego de anunciarse y presentar su credencial de ingreso, le pidieron que esperara un momento y poco después le informaron que no podía ingresar vestida de esa manera. �SComo vieron que estaba con un short rojo de vestir me prohibieron el ingreso manifestándome que de esa manera no se puede entrar⬝, relató la abogada.

En declaraciones por la radio local La Ocho, Varela narró que �Sle dije que era una profesional que venía a ver a una clienta, que no era visita⬦ Me dijeron que yo era una visita, un civil más y que no podía ingresar. Esperé como una hora bajo el sol, muerta de calor⬝, pero no hubo caso.

�SLo peor es que esta orden la dio la directora de este sector. Esta mujer no está capacitada en perspectiva de género⬝, sostuvo la letrada, quien realizará una denuncia �Spor abuso de autoridad⬝.

�SEsto es un acto totalmente discriminatorio. No hay antecedentes de que le haya pasado a alguna otra colega. Aparte yo ya he ingresado en pollera y en short⬝, sostuvo. �SEl Colegio de Abogados ya tomó cartas en el asunto, pero el Servicio Penitenciario no puede decirme cómo tengo que ir vestida, es una locura⬝.

�SYo no pude comunicarme con mi clienta⬝, alertó, agregando �Ses una vergüenza que hoy yo tenga que estar hablando de esto⬝ y ratificando que presentará la denuncia por abuso de autoridad ante la Fiscalía Institucional.

Dos hombres fueron detenidos en Córdoba acusados de utilizar un drone para ingresar drogas a una cárcel de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los aprehendidos, de 27 y 36 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje y serán indagados por infracción a la ley de drogas, en tanto dos internos del penal fueron imputados por comercialización de estupefacientes en la comunidad de presos en la cárcel.

El informe oficial detalla que la investigación se inició hace varios meses, a partir de llamados a la línea del Centro de Denuncias Anónimas 0800-888-8080.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron allanamientos en cuatro domicilios particulares y en dos celdas de la Unidad Penitenciaria N° 2 de la ciudad de Cruz del Eje.

El hombre de 36 años, supuesto responsable de utilizar el drone para ingresar la droga a la cárcel, fue detenido luego de que emprendiera la fuga al observar la presencia policial que se aprestaba a allanar su vivienda.

En tanto, el otro hombre fue apresado durante el allanamiento a su domicilio en la localidad de La Cumbre, en el departamento de Punilla, acusado de ser uno de los proveedores de los estupefacientes.

Durante los operativos en los domicilios particulares se secuestraron 612 dosis de marihuana, una balanza digital, dinero, un drone y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas, agregaron los voceros.

La subjefa de la FPA, Clarisa Carrera, manifestó al canal 12 de Córdoba que la investigación llevó tres meses de trabajo y se pudo constatar el �Singreso de sustancias por medios tecnológicos, un drone, al servicio penitenciario de Cruz del Eje⬝.

Asimismo dijo que las pruebas testimoniales que se aportaron de manera anónima, las escuchas telefónicas y otros elementos incriminatorios derivaron en los operativos de allanamientos, tanto en la cárcel como en domicilio de los sospechosos en donde �Sse secuestraron elementos varios⬝, considerados importantes para la investigación.

En tanto, una fuente del mismo organismo sostuvo que la investigación está en etapa preliminar y que próximamente el fiscal Raúl Ramírez, a cargo de la causa, podría ordenar más imputaciones y detenciones.

También detalló que el modus operandi consistía en transportar los estupefacientes con el drone, el cual sobrevolaba el patio interno del penal y, en lugar previamente acordado por los detenidos y los internos, se tiraba desde el aire los envoltorios con las drogas, que luego retiraban los presos y los comercializaba en esa comunidad.

El Gobierno de Santa Fe invertirá 191 millones de pesos para construir un muro perimetral en la cárcel de Piñero, luego de que el 27 de junio pasado un grupo armado atacó las instalaciones y propició la fuga de ocho internos, de los cuales uno se mantiene prófugo, informaron este domingo voceros oficiales.

La unidad penal de Piñero, situada a unos 30 kilómetros de Rosario, tiene alojados 2.100 internos, de los cuales unos 200 son presos de alto perfil o cabecillas de bandas narcocriminales, de acuerdo a lo informado por el secretario de Asuntos Penitenciarios provincial, Walter Gálvez.

De allí escapó junto a otros siete hombres Claudio "Morocho" Mansilla, quien permanece prófugo y pocos días después de la evasión fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de Kevin Nieri (16) y Leonel Bubacar (18), ocurridos en septiembre de 2018.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat santafesino anunció que convocó a un concurso de precios para construir un cerco perimetral, con un presupuesto oficial de 191.842.542 pesos, un plazo de ejecución de 120 días.

Los trabajos se licitarán el miércoles 22 de septiembre en las instalaciones del penal y constan de un cerco de elementos premoldeados de hormigón armado, columnas esquineras e intermedias y paneles A 20, con módulos de 6 metros.

Los paneles tienen un espesor de 20 centímetros y el módulo se conforma con cuatro paneles de 1,25 metros, logrando una altura de 4,75 metros de muro de hormigón armado.

Por encima de los paneles, se colocará una concertina de alambre y cuchillas de hierro galvanizado, alcanzando una altura total de 5,65 metros.

Además, el pliego contempla los trabajos preliminares necesarios para efectuar la obra, así como también demoliciones y retiro de sectores del cerco existente, movimiento de suelo, limpieza y custodia.

Al proyecto se le incorpora la iluminación, conformada por 150 reflectores LED de 100W, para brindar mayor visibilidad y aumentar el nivel de seguridad del muro.

En medio de una profunda crisis sanitaria, el peor momento desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el Senado de Uruguay avanza con una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena.

El proyecto legislativo es impulsado en momentos en que el país gobernado por Lacalle Pou atraviesa un fuerte incremento de casos de Covid-19, que en la semana llegaron a más de 160.000 con casi 2.000 muertos. Mientras que en los últimos 14 días el país tuvo un promedio de 50 muertes diarias, con un pico de 79 muertos el jueves pasado.

La ocupación total de camas de terapia intensiva actualmente alcanza el 73 por ciento, con un 54 por ciento ocupado por pacientes con covid-19.

La iniciativa, aprobada en comisiones y que será debatida en el recinto mañana martes, justifica la pena máxima "cuando el hecho se suscitare declarada una emergencia sanitaria".

"El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión", reza el texto de la norma que tiene fuertes chances de ser aprobado.

Uno de los principales impulsores de la medida es el procurador general de la Nación, Jorge Díaz, quien en el inicio de la pandemia planteó la necesidad de modificar el delito de daño contra las medidas sanitarias.

El objetivo es transformarlo en "delito de peligro", para habilitar al Poder Judicial a imputar penalmente a todos aquellos que violen la cuarentena, en el marco de la emergencia sanitaria.

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesora al gobierno y se ha vuelto referente para la población, elaboró un documento aconsejando nuevas medidas, varias de las cuales han sido desestimadas por el Ejecutivo.

Algunas de las recomendaciones del GACH incluían la suspensión total de ceremonias religiosas y torneos deportivos profesionales, cierre de restaurantes y bares.

También propuso mayores restricciones para ingresar al país, que actualmente tiene sus fronteras cerradas pero permite excepciones.

Por su parte, el Frente Amplio ya anticipó que no va a acompañar la medida.

El senador Charles Carrera afirmó, en diálogo con Télam, que van a votar en contra de la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideran que "para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social".

Carrera también advirtió que las sugerencias hechas por los diputados de su partido no fueron tomadas en cuenta por el oficialismo. "Si tienen que recurrir a una herramienta penal es porque hubo un fracaso en la libertad responsable. Hay que blindar abril como dijo el GACH, creemos que no se tomaron acciones para que ese blindaje suceda⬝, sostuvo el senador entrevistado por Radio Universal de Uruguay. �SLos problemas de salud no se resuelven con delitos penales⬝, agregó.

Otro de los planteos que esgrimen desde la oposición es que es un delito difícil de probar y que el artículo reformado puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar.

El año pasado, Uruguay era considerado un caso de éxito por su manejo de la pandemia de coronavirus. En ese momento, el gobierno de Lacalle Pou llegó a considerar declarar al país libre de SARS-CoV-2. Pero la actual crisis sanitaria plantea otro escenario al que la administración de Lacalle Pou responde con el avance del plan de vacunación -con el 29 por ciento de la población total vacunada- aunque los científicos le insisten en que la inoculación por si sola no detendrá la escalada de contagios en el corto plazo.

Los presos tomaron el penal de Devoto y desafiaron a la Policía desde los techos de la cárcel para reclamar que les den más prisiones domiciliarias ante la expansión del coronavirus. Rompieron los techos y se mostraron con facas y palos. Les tiraron piedras a los agentes y prendieron fuego frazadas. Las autoridades se comprometieron a conformar una mesa de diálogo.

Un tribunal turco ha condenado este viernes a 125 años de cárcel a cada uno de los tres traficantes directamente implicados en la muerte del niño kurdosirio Aylan Kurdi, cuyo cuerpo ahogado y sin vida se convirtió, en 2015, en el icono de la tragedia de los refugiados.

Kurdi y su familia intentaban llegar desde Turquía a la isla griega de Kos cuando su bote naufragó cerca de la costa. Ninguno tenía chaleco salvavidas. Doce personas perdieron la vida cuando intentaron cruzar el mar desde la localidad turca de Bodrum rumbo a la isla griega de Kos. Otros cuatro menores también fallecieron junto a Aylan, entre ellos su hermano Galip, un crío de cinco años, y la madre de ambos, Rehan, de 35. Abdullah Kurdi, esposo de Rehan y padre de Aylan y Galip, logró sobrevivir al naufragio.

Fue encontrado medio inconsciente y llevado al hospital cerca de Bodrum. Como señaló entonces, su único deseo consistía en regresar a Kobani, la ciudad siria de donde procedían, para enterrar a su mujer y a sus hijos.

Los tres condenados, identificados como Cebrail E., Ecevit Bülent G. y Ali Can S., llevaban cinco años a la fuga hasta que fueron detenidos en la ciudad de Karatas, en el sur del país y muy cerca del lugar del naufragio, en la provincia de Adana, según informa la agencia oficial de noticias turca Anatolia.

Todos ellos han sido condenados por asesinato al entenderse que fueron los directos responsables de gestionar el fatídico viaje.

El cuerpo de Kurdi, de tres años, fue arrastrado a la orilla y la imagen capturada por las cámaras acabó poniendo rostro a las penurias y los riesgos que atraviesan quienes huyen de la guerra.

En 2016, Turquía ya condenó a dos sirios a cuatro años en prisión por tráfico de personas relacionadas con la muerte de Kurdi y su familia Agencias/ABC.es

Jonathan Watson (41 años) fue condenado en 2009 a cadena perpetua por asesinato en Estados Unidos. Con la llegada del año 2020 y gracias a su buena conducta fue trasladado a un centro penitenciario de nivel 2. Es decir, con más libertades en el cual se encontraba, que era nivel 3, con gente de máxima peligrosidad. De estar solo en una celda ahora pasaría a compartir una con otros presos.

Arribó a la cárcel estatal de Corcoran, en California, Estados Unidos. Al llegar se enteró que compartiría celdas con dos pedófilos: David Bobb (48 años) y Graham De Luis-Conti (62 años), que cumplían cadena perpetua por agresión sexual agravada a niños de menos de 14 años. Y Watson se enojó.

Dos horas antes de cometer los crímenes Watson realizó una petición �Surgente⬝ para ser devuelto al nivel de seguridad tres antes de que �Sles dé una paliza a uno de estos tipos⬝. El consejero a quien realizó la petición �Sse burló y lo hizo marchar⬝.

Al regresar a su celda, Watson observó que Bobb estaba viendo programas de televisión para niños, como hacía todo el día. Y le dijo: �S¿Realmente va a ver esto delante de todos nosotros?⬝ Tomó un bastón y lo mató a golpes.

Tras haber cometido el crimen, se dirigió a un agente para entregarse, pero por el camino se encontró con su segunda víctima, De Luis-Conti, un traficante de menores. Con el mismo palo con el que había asesinado a su compañero, Watson mató al hombre.

El autor de los asesinatos aseguró que entendía a las familias que habían sufrido las acciones de estos criminales: �SEstoy en una posición única donde tengo acceso a este tipo de personas y muy poco que perder. Estos individuos son la peor pesadilla de cualquier padre⬝.

El asesino asegura que se declarará culpable de ambos asesinatos si lo juzgan, e insinuó que podría cometer nuevos crímenes similares si es alojado con abusadores de menores en el futuro.

Y cerró la carta enviada al diario con esta expresión: �SEstas familias pasan años planeando de manera cuidadosa y articulada cómo darles a sus hijos todas las oportunidades que nunca tuvieron, y aparece un monstruo que cambia la trayectoria de ese niño para siempre⬝.