En la Cámara de Diputados se está debatiendo una propuesta que unifica iniciativas anteriores con nuevos aportes, con el objetivo de lograr una norma clara, práctica y económicamente viable. El objetivo es convertir finalmente a los consorcios camineros en ley, para garantizar una gestión más eficiente de la red vial rural.

Esta herramienta permitirá mejorar el mantenimiento, reparación y conservación de los caminos rurales, esenciales para el desarrollo productivo, la conectividad y la vida cotidiana de miles de familias entrerrianas.

“Es hora de dar respuestas concretas a quienes sostienen la producción desde el interior profundo. Estamos saldando una deuda con la ruralidad entrerriana”, afirmó la diputada provincial Ayelén Acosta, impulsora del proyecto.

Los costos del transporte de cargas aumentaron 3,77% en abril, acumulando una suba de 10,28% en lo que va del 2025, según reveló un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).De esta manera, el dato del cuarto mes del año reflejado por el Índice de Costos del Transporte (ICT) representó una aceleración en la suba respecto a los dos meses previos, cuando arrojó un aumento del 1,92% en marzo y del 1,62% en febrero.En el acumulado de los últimos 12 meses, el reporte expuso que la suba de costos alcanza el 37,8%, comparando el notorio descenso frente al cierre de 2024, cuando el índice se ubicó en el 84,9% y, en 2023, cuando se marcó el valor más elevado en 30 años, con un ascenso del 248%.Al repasar el comportamiento de los costos en abril, desde la entidad que representa al transporte de cargas precisaron que “responde, en buena medida, al impacto de la devaluación del tipo de cambio oficial en la primera mitad del mes, en conjunto con nuevas medidas cambiarias, monetarias y normativas, que impulsaron aumentos en insumos claves vinculados a los equipos de transporte, mayores costos de financiamiento, subas en el precio del combustible y la actualización salarial correspondiente al convenio vigente (CCT 40/89)”.El indicador de FADEEAC analiza 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y durante el mes pasado, la mayor parte de los rubros reflejó variaciones al alza, con fuerte incidencia en Equipamiento, Reparaciones, y Costo Financiero.En este sentido, puntualizó que los costos asociados al equipamiento de transporte mostraron las siguientes alzas: Material Rodante (3,61%), Seguros (2,29%) y Neumáticos (1,54%), este último dentro de un mercado que se ha mantenido estable en los últimos doce meses.En lo que refiere a Reparaciones, tuvo un incremento del 8,79% durante el cuarto mes del año, impulsadas por subas significativas en el precio de los repuestos, y Gastos Generales (4,86%). A su vez, Costo Financiero exhibió una fuerte suba del 17,5%, en un contexto de endurecimiento de las condiciones de crédito.En el caso de Combustible, el insumo de mayor peso en la estructura de costos, indicó que “volvió a presentar un incremento moderado (2,02%) por el diferimiento en la aplicación de los impuestos específicos, decisión establecida por el Decreto 243/25 y prorrogada por el Decreto 296/25, que extiende la medida al menos hasta mayo de 2025”.

El rubro Lubricantes, por su parte, evidenció un aumento del 10,25%, acelerándose respecto del mes anterior (3,25%) y luego de siete meses en los que no había tenido cambios.El ítem Personal (Conducción) se incrementó 2,25%, en línea con la segunda cuota de actualización salarial establecida en el marco del CCT 40/89, vigente entre marzo y mayo de 2025. Mientras que no se registraron cambios en los rubros Peajes y Patentes (con ajustes anuales). NA. 

El gremio de Camioneros firmó este viernes un acuerdo paritario de más del 3% en tres cuotas. Según pudo saber Infobae, será de un 1,2% para marzo, 1% para abril y 1% para mayo. Desde el Gobierno destacaron “el compromiso del sector con la estabilidad económica”.A inicios del mes de marzo, Hugo Moyano había anticipado que buscaría recuperar lo perdido frente a la inflación, lo que agitaba un escenario de confrontación por el techo impuesto por el Ministerio de Economía.En Economía buscaban que los incrementos salariales se mantuvieran en una franja del 0,5%-1% mensual, pero el problema radicaba para los gremios como Camioneros que habían firmado acuerdos que habían quedado por debajo de la inflación en el trimestre anterior. En este caso, el aumento para diciembre-febrero fue del 5,5% en tres tramos (2,2%, 1,8% y 1,5%), mientras que la inflación de ese período superaría el 6% (en diciembre fue del 2,7%; en enero, 2,2% y en febrero se prevé que rondaría el 2%, aunque hay consultoras privadas que estiman que, por el alza de la carne, se ubicaría entre el 2,4% y el 2,7%).Los representantes de Camioneros habían adelantado a los empresarios que pretendían recuperar un 1,5% o 2% por la inflación del trimestre anterior y sumarle un 7% u 8% para marzo, abril y mayo.Con este acuerdo, desde el Poder Ejecutivo destacaron que el “acuerdo refleja el compromiso del sector con la estabilidad económica y el acompañamiento del gremio al proceso de baja inflacionaria, garantizando la protección del poder adquisitivo de los trabajadores”.El Gobierno confiaba en que Moyano terminaría aceptando la pauta salarial del ministro Luis Caputo, como sucedió en enero pasado, cuando el líder de Camioneros firmó por el 5,5% pese a que había arrancado las negociaciones con un reclamo del 15% de aumento (5% por mes) y luego estaba dispuesto a firmar por un 8% trimestral que habían contraofertado los empresarios.En paralelo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio adherido a la CGT, amenaza con tomar medidas de fuerzas para la próxima semana, en caso de que haya un nuevo fracaso en la audiencia que tienen programada para el miércoles 26 de marzo.Según lo informado por la entidad, en la audiencia de este viernes celebrada en la Secretaría de Trabajo no se presentó ningún ofrecimiento por parte de los empresarios en relación al incremento salarial de los trabajadores representados por el sindicato.El conflicto, que se centra en la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, prevé que los trabajadores no reciban aumentos salariales hasta junio de 2025. La UTA denunció que los funcionarios del sector de transporte no están proporcionando respuestas satisfactorias, lo que podría llevar a un agravamiento de la situación.“Los funcionarios de transporte se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen”, asegura el comunicado de la organización sindical. En ese sentido, el sindicato adelantó que, de no alcanzarse un acuerdo en la próxima audiencia programada para el miércoles 26 de marzo de 2025, se tomarán medidas de fuerza para el viernes 28 de marzo. La UTA subrayó, en esa línea, que la prioridad sigue siendo alcanzar un acuerdo que beneficie a los trabajadores del sector. Este jueves el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), decidió realizar un paro general de 24 horas el jueves 10 de abril.Para acompañar el paro hará una movilización el día previo. El miércoles 9 habrá una concentración en el centro porteño que coincidirá con la habitual marcha de los jubilados, que en las últimas dos semanas tomó un volumen mayor en las adyacencias del Congreso de la Nación. La central obrera respaldará en la calle todos los reclamos que los jubilados vienen realizando semana a semana. (Infobae)

De esta manera, el dato del primer mes del año reflejado por el Índice de Costos del Transporte (ICT) representó un avance respecto al registro de diciembre, cuando arrojó un aumento del 1,7% en los costos medidos durante dicho mes.Al repasar el comportamiento de los costos en el inicio del nuevo calendario, desde la entidad que representa al transporte de cargas precisaron que “se encuentra estrechamente relacionado con la menor inflación general y un contexto recesivo de ciertos rubros de la actividad económica”.Además, sostuvieron que “la aplicación de los diferimientos de los impuestos específicos sobre los combustibles sigue siendo un factor clave que contribuye a moderar las subas del gasoil, el insumo más gravitante en los costos de la actividad”.El indicador de FADEEAC analiza 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y durante el mes pasado, el que tuvo la mayor variación fue Patentes, que registró un incremento anual del 70,5%.Al mismo tiempo, el reporte del primer mes del año indicó que “en segundo lugar, se observó un incremento de 3,49% en Gastos Generales, que incluyen variaciones en servicios y alquileres mayoristas”.

El podio lo completó el rubro de “Personal–Conducción, que tuvo un incremento de 3,22%, vinculado con la entrada en vigencia de la segunda cuota del actual Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 40/89, que contempla ajustes mensuales en la remuneración de los trabajadores del sector entre diciembre de 2024 y febrero de 2025”.

En lo que respecta a Combustibles, el relevamiento reflejó que “presentó una nueva suba de 2,63%, tanto en el segmento minorista como mayorista del gasoil, y Reparaciones un crecimiento de 2,49%”.

Por otro lado, puntualizó que “Costo Financiero (0,62%) y Peajes (0,30%) mostraron incrementos muy limitados, especialmente teniendo en cuenta que Peajes fue el rubro que lideró los aumentos en 2024 al (380%)”.En tanto que los ítems vinculados a los equipos de transporte, como Material Rodante, Seguros, Lubricantes y Neumáticos, no presentaron cambios respecto de diciembre de 2024, según lo recogido por el ICT. 

Sorpresivamente, uno de los sindicalistas más duros terminó aceptando firmar un aumento salarial en sintonía con la pauta fijada por el Ministerio de Economía: Hugo Moyano aceptó una mejora del 5,5% para el trimestre diciembre-febrero en tres tramos (2,2%, 1,8% y 1,5%), que está por debajo del 8% trimestral (3%, 2,5% y 2,5%) que habían ofrecido los empresarios y que el Gobierno se resistía a homologar porque superaba las estimaciones inflacionarias del 1% por mes previstas para 2025.

El acuerdo, que fue fruto de negociaciones reservadas y que será homologado en las próximas horas, representa un fuerte gesto político del líder del Sindicato de Camioneros hacia la administración de Javier Milei, en medio de la resistencia de otros gremios a aceptar el techo salarial de Economía.En las próximas horas, una vez que el sindicato y las tres cámaras empresariales lo avalen por escrito, el aumento será rápidamente homologado por la Secretaría de Trabajo. El acuerdo incluye un bono de $600 mil por pagarse en cuatro cuotas y un aporte extraordinario para la obra social de $16 mil por trabajador. De todas formas, Camioneros aceptó “evaluar” los pedidos de las empresas que no puedan pagar el bono y “requieran de una adecuación de la modalidad de pago”.Moyano arrancó las negociaciones con un reclamo del 15% trimestral (5% por mes), pero los empresarios rechazaron esa cifra y, en medio de una fuerte presión sindical, hicieron una última oferta del 8% y el sindicato estaba dispuesto a considerarla, pero Trabajo, siguiendo las directivas del ministro Luis Caputo, advirtió que no homologaría ningún acuerdo en 2025 que superara el 1% por mes.

Se trata de una negociación salarial decisiva porque involucraba a un sindicato poderoso, pero, sobre todo, porque de su resultado final dependerá también el acuerdo del Gobierno y la CGT, cuyos líderes dialoguistas operaron de manera reservada entre los funcionarios libertarios para que se flexibilice la pauta del Ministerio de Economía.La última audiencia de sindicalistas y empresarios en la Secretaría de Trabajo se realizó el 19 de diciembre pasado. Fue tensa y breve ante la insistencia de los funcionarios laborales en convalidar un aumento superior al 1% mensual para los primeros meses de 2025.Por eso el gremio que lidera Hugo Moyano dispuso comenzar “medidas de acción directa” que, en realidad, sólo consistieron en asambleas informativas en los lugares de trabajo. A la mañana siguiente, Trabajo declaró la conciliación obligatoria y desde entonces no hubo audiencias oficiales, pero sí negociaciones reservadas que mantuvieron personalmente Cordero y el titular de Camioneros que terminaron con el flamante acuerdo.Sindicalistas y empresarios tenían tiempo hasta el 3 de enero, con una prórroga de 5 días más, para negociar dentro de la conciliación obligatoria. Luego, si no se llegaba a un acuerdo, las dos partes iban a quedar liberadas para tomar las medidas que quisieran, por lo que se perfilaba un duro conflicto en un gremio poderoso como Camioneros que podía replicarse en otras paritarias.

Una vez más, fue clave la intervención de Cordero, que procuró que Economía convalidara el acuerdo del 5,5% y, al mismo tiempo, la buena voluntad de Moyano, que accedió a bajar sus pretensiones iniciales del 15% de aumento para acompañar la política salarial del Gobierno.En abril pasado, Cordero auxilió a Hugo Moyano cuando la homologación de su aumento del 45% para marzo y abril estaba frenada porque superaba la pauta oficial y le aconsejó reacomodar los números de una forma que pudieran ser aprobados por Economía. Al final, al bolsillo de los trabajadores fue el mismo 45% pactado inicialmente gracias a dos sumas fijas que dieron las cámaras y Luis Caputo quedó contento porque la vigencia del convenio se extendió dos meses más, hasta junio, pero en mayo no hubo ningún incremento.

La intransigencia de Economía en avalar aumentos superiores al 1% para que acompañen la baja inflacionaria complica algunas paritarias que se están negociando e incluso otras que ya se firmaron, como el caso de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

El sindicato que encabeza Héctor Daer, cotitular de la CGT, firmó con las cámaras un 11,4% de aumento salarial para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6% diciembre), sobre los sueldos básicos vigentes a septiembre que se pagó igual en la mayoría de las empresas, pero Trabajo se niega a homologar porque no está en sintonía con la baja inflacionaria de los últimos meses del año.

Desde el Gobierno intentan que se reformule el acuerdo para que esté a tono con los números que quiere Economía, mientras sindicalistas y empresarios comenzarán en febrero con las primeras reuniones para analizar una mejora en concepto de revisión salarial por inflación, que también estarán condicionadas por el 1% de techo salarial que procura imponer Luis Caputo.

El máximo dirigente de la Federación Nacional de Camioneros declaró el estado de alerta y movilización de sus representados ante la posibilidad de que unos dos mil trabajadores sean suspendidos en abril, cobrando solo una parte de sus salarios, y posteriormente cesen en sus actividades, al tiempo que alerta por una “maniobra privatizadora”.

“Este accionar muestra una clara maniobra para pasar por encima de la ley e ir privatizando la empresa paulatinamente a través de la venta de áreas petroleras que aun se encuentran en condiciones de seguir siendo explotadas”, detalla el comunicado.

Las áreas a las que se refiere Moyano, son 55 áreas de campos maduro sobre las que YPF hará una cuidadosa reevaluación de sus activos con el fin de determinar su viabilidad y rentabilidad futura.

El directorio de YPF acordó semanas atrás avanzar con una optimización de su portafolio, poniendo el foco en áreas maduras y su reevaluación. Llevando adelante este proceso de racionalización busca mejorar la rentabilidad y la eficiencia en el uso de sus recursos centrando su atención en los campos que sean rentables.

“En este proceso, YPF colaborará de forma activa con el desarrollo local y garantizará los puestos de trabajo durante la transición, entendiendo que este proceso dinamiza la industria en su conjunto”, señaló el parte de prensa.

La semana pasada el CEO de YPF, Horacio Marín, firmó un acuerdo con Jorge “Loma” Ávila, titular del sindicato de Petroleros Privados de Chubut, que autoriza a la petrolera bajo control estatal a bajar desde abril la actividad en las áreas convencionales que pretende transferir.

Fuentes del mercado revelaron a Noticias Argentinas que tras el acuerdo de la compañía con el sindicato de petroleros en Chubut y el avance de las negociaciones en otras cinco provincias, el sindicato de Camioneros alerta la situación ante la posibilidad que sus representados que prestan servicios a las empresas de logística de la zona sufran las consecuencias de la baja de trabajo.

“Si bien no tiene que reclamarle a YPF sino a las empresas de servicios que trabajan en los yacimientos, al ver que avanzan los acuerdos con petroleros quieren subirse a la negociación y en ese caso, mejor ir contra YPF”, concluyó la misma fuente pensando en la estrategia del líder camionero. NA.

A poco más de dos semanas de la protesta en Tribunales contra el DNU de Javier Milei, el Gobierno intimó al Sindicato de Camioneros a que pague 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante la jornada del 27 de diciembre.

La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, e informa que se determinó cuál fue el costo total que el Estado destinó para la marcha. Además, señala que también se logró identificar a las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.

Entre las mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica y CTA Autónoma.

Tras hacer mención a cada una de ellas, el texto continúa: "En consecuencia, íntimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente".

A continuación detalla: "(Es) en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes".

Según informaron a Infobae desde el entorno de la CGT, los referentes del sindicato creen que esta carta de documento se hará extensiva a todos y cada uno de los movimientos mencionados en el escrito. Esta sanción del Gobierno a quienes se movilizaron a Tribunales pocos días después de la asunción de Javier Milei, había sido anticipada por la ministra de Seguridad en el marco de su protocolo antipiquetes.

La iniciativa -que fue una de las primeras comunicadas por Patricia Bullrich al ponerse al frente de la cartera- advertía que habría consecuencias para quienes motiven la movilización de las fuerzas para garantizar el orden público durante alguna manifestación.

"Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones", había dicho la funcionaria durante la presentación del plan. En la misma línea había hablado del trabajo que se iba a realizar al finalizar cada marcha para identificar a las organizaciones convocantes y participantes de la misma. Con respecto a este punto, también había hablado de la creación de un registro de las organizaciones presentes en este tipo de hechos y de los que "sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones. Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan", explicó Bullrich en su anuncio, que complementó lo establecido por el protocolo de seguridad también propuesto por ella para organizar el cuidado de la vía pública.

El pasado 27 de noviembre fue uno de los grandes primeros desafíos para el gobierno de Javier Milei en este sentido. La central obrera realizó su primer acto desde la asunción de La Libertad Avanza y se sumaron partidos de izquierda y movimientos sociales.

Las autoridades porteñas y nacionales afirmaron que la interrupción del tránsito en algunas arterias fue consensuada, aunque se produjeron incidentes en avenida Corrientes y hubo siete detenidos.

El subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincia, Néstor Majul, en declaraciones radiales aseguró que "tenemos unos 2.800 camiones aparcados en Mendoza y no me sorprendería que lleguemos a 4.000 durante este fin de semana", 

En tanto, el tránsito está solo habilitado hasta la localidad cordillerana de Puente del Inca ubicada a unos 193 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.

Desde Gendarmería Nacional precisaron hoy que "el Sistema Integrado sigue cerrado para todo tipo de vehículos" y aclararon que la transitabilidad de vehículos para turismo interno está habilitado hasta Puente del Inca, con portación obligatoria de cadenas.

En la misma participaron, autoridades de diferentes organizaciones sociales, civiles, religiosas, gremiales, como de ATE Seccional Concordia, de AGMER, Municipales, Provinciales, Camioneros, Madereros, y demás delegados/as y afiliados/as.

Por su parte, Gustavo Vera, nos comentaba sobre la importancia de trabajar estos temas tan necesarios, en nuestros días y cómo se puede actuar ante situaciones de esta naturaleza.

Esta reunión con los compañeros de distintos sindicatos de Concordia me resulta muy positiva, porque obviamente, la lucha contra la trata y todas las formas de esclavitud al pueblo, es una lucha que tiene que comprometer a toda la sociedad. Nosotros no podemos desentendernos de las personas que se encuentran esclavizadas, en el campo, en el arándano, en la madera, en el citrus, tampoco podemos desentendernos de las personas que están explotadas sexualmente, a veces en estaciones de Ruta Nacional 14, a veces en bares que aparentan ser whiskerías o cabaret y en realidad esconden situaciones de explotación sexual. No nos podemos desentender de ninguna forma de explotación máxime los que somos funcionarios y nos paga el pueblo para que hagamos algo al respecto, pero libres del pueblo, los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, históricamente son las que siempre, han tomado de alguna manera más consecuentemente la lucha contra toda forma de esclavitud.

De hecho fue un diputado obrero, Alfredo Palacios, quien sancionó la primera norma contra la trata. Fue apoyado por el movimiento obrero el que sancionó el estatuto del peón a través de la secretaría de Trabajo y Previsión que después fue la antesala del movimiento obrero organizado, los convenios colectivos de trabajo, el 17 de octubre, fue el gobierno popular de Cristina el que sancionó las dos leyes que tipifican los delitos de trata, por lo tanto el pueblo no es ajeno al dolor de los hermanos que están excluidos o esclavizados.

Por la mañana hicimos lo que teníamos que hacer como funcionarios que es lograr la máxima articulación de la justicia federal, de los organismos nacionales, de los organismos provinciales, de los organismos municipales, en una mesa que se conformó aquí en Concordia, en la cual vamos a trabajar con la fuerza de seguridad, federales y provinciales, con trabajo de provincia y nación, para tratar de mejorar la prevención y la persecución y la protección de asistencia a las víctimas, y por la tarde, como teníamos programado nos encontramos con los sindicatos y las organizaciones libres del pueblo por esto de que todos somos buenos, pero si nos controlamos vamos a ser mejores, y siempre es bueno que a nuestros gobiernos los controle el pueblo, a través de los sindicatos y las organizaciones libres, que están en los territorios y saben lo que está ocurriendo. Claramente, el presidente Alberto Fernández, nos ha apoyado muchísimo, ha permitido que se federalice el trabajo del comité, ha empujado para que salga el estatuto especial de acceso a la vivienda para víctimas de trata, el programa de capacitación e inclusión laboral, que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo, el Programa Acompañar del Ministerio de Mujeres Género y Diversidad ha logrado facilitar que las personas que hacen el trabajo temporario, en el ámbito rural, no pierdan los planes sociales, que esa era una excusa que ponían los patrones para esclavizar trabajadores; hoy esta compatibilidad existe, por lo tanto a los trabajadores tienen que pagarle lo que corresponde según el convenio y nos ha permitido investigar libremente, sin importar quien estuviera detrás del delito de trata y esto la verdad, es algo que quizás ahora por la inflación que generó la pandemia y la guerra y todas los dificultades que hay, cuesta discernir, pero dentro de algunos años, se va a reconocer al gobierno de Alberto Fernández, como uno de los gobiernos que más respetó las libertades democráticas y el hecho está en que ha logrado neutralizar los servicios de inteligencia que antes espiaban al pueblo, a las organizaciones, se entrometían en causas judiciales, esto ya por suerte, en estos años no ha existido. Y en este tiempo nos ha permitido investigar a fondo, en todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, caiga quien caiga. Obviamente nosotros sentimos que tenemos un respaldo más que importante.

En primer lugar me gustaría contarles que la línea 145, es nacional, anónima y gratuita y cualquiera puede llamar las 24 horas del día, los 365 del año, para denunciar cualquier situación que esté padeciendo una persona u otro que alguien ve, cualquier vecino, conocido o compatriota, denuncias de o sospechas de explotación sexual o explotación laboral agravada, con esto me refiero a aquellas personas sometidas a más de 12 horas de trabajo, que cubren menos del salario mínimo, vital y móvil, que están en condiciones de indignidad desde el punto de vista del trabajo, explotación infantil, los matrimonios forzados, el tráfico de órganos, tejido y fluidos.

Cualquier tipo de denuncia que tenga que ver con alguna de las modalidades de explotación que implica la trata, el 145 inmediatamente las tramita, ante el fuero provincial la comprueba y si es la denuncia es veraz, avanza en un allanamiento y en un rescate de las personas que se encuentran esclavizadas. También pueden hacer contacto con nuestro comité que está al frente Alejandro Basiliquiotis, en la provincia de Entre Ríos como nuestro delegado y es quien articula con la mesa interinstitucional de Concordia, también con la de Paraná y además con las organizaciones de la sociedad civil, que estuvieron reunidos aquí presentes, finalizó. 

Corte total en la autovía José Gervasio Artigas

De acuerdo a lo consultado a Sebastián Gotte, vocero del Centro Empresarios del Transporte Automotor de Carga de Concordia (CETACC), �Sla policía ha venido a amedrentarnos, pero no han reprimido; amenazándonos con que es un delito federal. Ahora el corte es total porque no hemos recibido ningún mensaje de Nación⬝, remarcó.

�SHemos tenido reclamos, pero todos apoyan y entienden⬝, expresó Gotte, sobre si habían tenido quejas de las empresas ya que sus mercaderías no estaban llegando a destino. �SEn sí, el reclamo es más que nada para saber cuándo se va a liberar la ruta para volver a la normalidad de sus trabajos⬝, justificó.

 Los camioneros que serían de distintas nacionalidades y con destinos diferentes, pero que deben ingresar a Uruguay deberían abonar un costo aproximado de 100 dólares por el test de detección de COVID-19. La medida exigida por el vecino país rige desde el 15 de julio. Al respecto, el presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu), Mauro Borzacconi, dijo que �Ses imposible que el transporte absorba el costo⬝ de los hisopados que rondan los U$S 100. También precisó que a Uruguay ingresan por día más de 500 camiones. Destacaron que, hasta el próximo sábado, los costos los asumiría el Estado uruguayo. Por ese motivo -expresa la información-, los transportistas decidieron descomprimir la protesta y analizar cómo continuará la situación posterior a dicha fecha mencionada.

Luego que el puerto de Ushuaia fuera noticia por los problemas de infraestructura que pusieron al borde del colapso las operaciones de carga y descarga de mercaderías que hacen al intercambio comercial de la región, el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), con el apoyo del sindicato de Camioneros local, comenzó a bloquear parcialmente el puerto en reclamo de soluciones para un conflicto puntual entre los dirigentes gremiales y una empresa naviera.

La medida de acción directa que ya comienza a generar preocupación en las autoridades nacionales se decretó en �Srepudio⬝ a la operación de buque del buque de apoyo �SOcean Mermaid⬝ que es parte de la flota de los buques sísmicos que operan en la plataforma continental argentina.

Esta nave, a órdenes de una naviera nacional, está parcialmente tripulada por personal especializado extranjero, pero según pudo constatar Infobae, la mayoría de sus marinos son de nacionalidad argentina. A pesar de que ello es perfectamente reglamentario, desde el SOMU se decidió impedir su acceso al muelle y como medida colateral advirtió a las autoridades portuarias locales que de autorizarse el amarre, se impedirá la entrada de los cruceros a arribar en los próximos días. �SSería catastrófico⬝, señalan los operadores marítimos de la industria de cruceros.

No es la primera vez que se generan controversias entre armadores y el sindicato de base del personal embarcado cuando, por determinadas circunstancias, deben operar en aguas argentinas buques que tienen parte de su tripulación de origen extranjero.

En diálogo con Infobae, el empresario naviero Miguel Doñate, CEO de la empresa Vessel SA, calificó las medidas de acción directa como extorsivas y demostrativas de la persistencia de las viejas prácticas impuestas por el ex dirigente marítimo Omar �SCaballo⬝ Suárez. Asimismo se difundió un mensaje de los propios afiliados al SOMU embarcados en la nave en conflicto en el que los marineros manifiestan su desacuerdo con la medida sindical adoptada desde Buenos Aires.

En tanto, distintos referentes de la actividad portuaria local cuestionaron la actitud tomada por la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, que en total sintonía con el SOMU, prohibió al �SOcean Mermaid⬝ el atraque a muelle impidiendo de esta manera que la nave proceda a las tareas de reabastecimiento y poniendo en peligro la continuidad de las operaciones logísticas en la plataforma continental. �SResulta llamativo que el administrador del puerto comunicó a la nave que no tenía lugar físico para el amarre, pero todo el muelle estaba vacío⬝, indicaron los propios empleados del puerto.

Desde el SUPA (sindicato del personal portuario) manifiestan que dado el interés que el turismo embarcado tiene para la provincia, el Director Provincial de Puertos Ricardo Murcia no parece dispuesto a dejar que un conflicto puntual afecte el negocio de los cruceros. Por su parte Orlando Díaz líder de los portuarios fueguinos, adelantó que su sindicato no se prestará a ninguna medida de fuerza.

�SLa magnitud de las pérdidas que la actividad marítima en la plataforma continental sufrirá si esta medida es de tal magnitud que no nos quede otra alternativa que proceder a denunciar penalmente a la dirigencia del SOMU por extorsión y entorpecimiento de las vías navegables. Los mismos dos delitos que llevaron a prisión al ex jefe gremial del actual secretario Durdos, el Caballo Suárez⬝, Resaltó Doñate.

Mientras tanto, la oficina de prensa del Ministerio de Transportes de la Nación que conduce Mario Meoni confió a Infobae que las autoridades de la Subsecretaría de Puertos están intentando por todos los medios posibles evitar que a partir del día de mañana la medida comience a afectar operaciones sensibles para la provincia.

Infobae se comunicó con el SOMU a efectos de obtener la versión gremial, pero ninguna de las autoridades con voz de la entidad se encontraban disponibles.

Una de las intenciones más firmes de la actual gestión fueguina es transformar a Ushuaia en un polo logístico internacional que sirva de base para el aprovisionamiento y mantenimiento ligero de todos los buques polares que operan en las distintas bases antárticas nacionales y extranjeras, con un mercado potencial estimado en varios cientos de millones de dólares al año. �SEste tipo de acciones sindicales, son un verdadero escollo para cualquier plan en este sentido⬝, indican los portuarios.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros cerró una paritaria semestral por 26,5% hasta junio y en ese mes reabrirán las conversaciones. Se pagará en dos tramos de 16,5% a liquidar en febrero y otro 10% en abril. En un año alcanzarán una suba de 49,5%.

Camioneros había empezado con su pedido por un aumento del 33% para los salarios en este semestre, pero la cámara empresarial ratificó que no podía pagarlo, por lo que no hubo acuerdo en un primer momento.

Para hoy jueves a las 10, está convocada en el Ministerio de Trabajo la quinta audiencia para acordar la paritaria camionera, en donde el sindicato firmará el acuerdo por el 26,5% con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC), la Federación Argentina de Empresas de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).