Ante este escenario, la empresa inició una medida de fuerza con barreras levantadas en las estaciones de peaje, lo que impide ingresos y agrava el panorama. Sin respuestas oficiales sobre cómo será la transición ni garantías para el personal, el vocero Mariano Bradanini advirtió que la situación es crítica y cuestionó la falta de coordinación del Estado: “No sabemos si hay que correrse de la silla para que alguien se siente”.Mientras tanto, crecen los temores de un colapso operativo en una de las rutas más importantes del país. Desde CRUSA afirman que nunca se vivió una situación similar en el país y apelan a una solución de último momento. A la espera de definiciones judiciales, reina la incertidumbre total sobre el futuro de los trabajadores y el servicio. 

CRUSA ha expresado que el Estado Nacional no cuenta actualmente con la capacidad operativa ni los recursos económicos para asumir la gestión del corredor, lo que podría afectar servicios esenciales como ambulancias y auxilio mecánico.  

Además, la empresa estatal Corredores Viales S.A. ha manifestado no estar en condiciones de hacerse cargo de la concesión por razones operativas y económicas.La diputada nacional Micaela Morán presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados expresando preocupación por la situación y la falta de respuesta de la DNV sobre el futuro de la concesión y la situación laboral de los empleados afectados.

Se ha convocado una audiencia pública para la licitación del Corredor Vial N° 18, con el objetivo de dar a conocer las condiciones preliminares de los pliegos para la nueva concesión.  Sin embargo, la transición genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios y el empleo de los trabajadores involucrados.

Salvando la situación de los empleados, que es realmente lo que preocupa a la gente de nuestra ciudad, pero el mantenimiento de los corredores viales administrados por la empresa mencionada, fue desastroso en muchos aspectos, el más reclamado es el peaje para entrar a Concordia que fue pedido durante años que no se cobrará a quienes no viajaron por la ruta 14, jamás dieron ni siguiera una esperanza de sacar una tranquera para ingresar a nuestra ciudad.

Esto es nada más que una referencia, pero durante toda la concesión hubo situaciones muy complicadas donde se observó la falta de inversión de quienes recaudaron cifras multimillonarias durante muchos años, por eso nadie va a extrañar la no presencia de Caminos del Río Uruguay. 

La preocupación es especialmente alta en ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay Victoria y Concordia, así como en otras localidades de Corrientes y Buenos Aires. Mientras el gobierno nacional anunció que se dejarán de cobrar peajes, aún no hay definiciones sobre el futuro de los empleados afectados.

SUTPA exige respuestas inmediatas tanto a la empresa como al gobierno, advirtiendo que esta incertidumbre no solo pone en riesgo cientos de empleos, sino también la seguridad vial.

Desde Caminos del Río Uruguay S.A., también señalaron la falta de respuesta de Vialidad Nacional, alertando sobre el impacto social y económico que esto podría generar.

A medida que se acerca el 8 de abril, crece la preocupación. ¿Habrá una solución antes del vencimiento de la concesión? 

Mariano Bradanini, vocero de la mencionada concesionaria privada, manifestó a RADIO CHAJARI que “en estos ocho días seguimos trabajando, más allá que no teníamos la plena certeza de continuar”. Asimismo, dijo que “se están haciendo algunas obras que son si o si necesarias, tal el caso del mantenimiento. Hay baches que son sumamente peligrosos, como así también es necesario mantener el corte de pasto (…) Se sigue trabajando respecto a los puntos a seguir, incluyendo un aumento en el costo de los peajes para estar medianamente cerca de lo que conlleva la economía actual en nuestro país. El último aumento se dio hace aproximadamente dos meses”.En otro tramo, Bradadani explicó que “los aumentos se realizando luego de una audiencia público, es decir que son varios los pasos que se deben seguir (…) El precio del peaje es para el mantenimiento de una sola mano, que es la que se conoce como ‘mano vieja’. Hoy todo se debe realizar de manera correcta y precisa”.Más adelante, expresó que “la empresa que hizo la obra no reparó las fallas que se generaron en la ruta y la misma desapareció. Actualmente, Vialidad Nacional no cuenta con los recursos necesarios para el mantenimiento (…) Durante años no tuvimos una charla concreta con el Gobierno nacional. Hay varias notas presentadas en las mesas de entrada de todos los estamentos relacionados a la concesión vial. Entendemos que un aumento resulta antipático para los usuarios, y de hecho yo también lo veo porque viajo”. También Bradadani dijo que “ojalá pronto se pueda empezar a trabajar en lo concerniente a los montos que se actualizarán (…) La realidad, es que quien decide los aumentos de los peajes es el Gobierno. No quiero criticar a Gobiernos anteriores, pero hubo empresas que no cumplieron con las obras, otras desaparecieron o quebraron. Hay lugares como Cuatro Bocas que está literalmente tirado y abandonado, sin que alguien se haga cargo de esta situación que ya lleva más de diez años”.

La determinación la tomó la Dirección Nacional de Vialidad contra Caminos del Río Uruguay, concesionaria de la ruta nacional 14, conocida como la Autopista del Mercosur. Las infracciones cometidas según Vialidad son por lo estipulado en el contrato y la multó en $ 46,52 millones, con lo cual acumuló sanciones por más de $ 286,5 millones en 11 meses.

Así lo hizo a través de las resoluciones 1046/2022 y 1067/2022 publicadas en el Boletín Oficial, donde se señala que Caminos del Río Uruguay incumplió las obligaciones contractuales referidas a las �Smejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración⬝ previstas en la concesión.

Al respecto, las medidas precisan que se encontraron valores de los índices de Estado (IE) y de Serviciabilidad Presente (ISP) menores al contractual exigido, en varios tramos de la Ruta Nacional 14 por un total de 184 kilómetros, como también la existencia de fisuras en banquinas pavimentadas.

En consecuencia, las resoluciones dispusieron la aplicación de multas de 1.972.080 Unidades de Penalización (UP) por la tarifa vigente, que es $ 24,10, lo cual da como resultado $ 46.522.158.

Además de la ruta 14, Caminos del Río Uruguay posee la concesión de las rutas nacionales 12 y 117, como parte del Corredor Vial 18.

Con esta sanción la concesionaria suma multas por $ 240,3 millones en los últimos diez meses, ya que a fines de agosto de 2021 recibió una sanción por $ 6,83 millones; un mes después otra por $ 9 millones; a fines de noviembre otra por $ 7,62 millones; y en diciembre otras tres por $ 34,8 millones, $ 25,14 millones y 10,06 millones.

El 18 de marzo último Vialidad aplicó la mayor de todas las sanciones hasta ahora por $ 18,57 millones, y tras ello se le aplicó a fines de ese mes una multa por $2,08 millones, y en abril otras dos sanciones por $ 1,34 millones y $ 8,49 millones.

Por último, durante el transcurso del último mes de mayo se agregaron otras cuatro multas por $ 19,41 millones, $ 9,72 millones, $ 9,72 millones y $ 5,79 millones, y durante junio, otras cuatro por $ 12,53 millones, $ 9,53 millones, $ 2,15 millones y $ 47,52 millones.

De acuerdo con Vialidad, la empresa no cumplió con la premisa de ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el corredor y toda otra tarea para que brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.

Del mismo modo, el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas rechazó los argumentos de carácter económico financiero esgrimidos por la empresa, resultando, entonces, �Spertinente la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado⬝.

El Acta Acuerdo de la concesión establece 8.000 UP por tramo de evaluación donde se detecte un índice de serviciabilidad presente menor que el exigido, y 2.000 más por tramo de evaluación y por cada semana en que la concesionaria tarde en corregir la anomalía.