Desde el oficialismo, Cavagna apuntó directamente contra el cambio de postura del PJ entre Diputados y Senado. Señaló que el mismo espacio político que acompañó la iniciativa en la Cámara baja —incorporando incluso modificaciones— terminó rechazándola pocos días después. “Es difícil de entender que se respalde un proyecto en una instancia y luego se lo descarte sin cambios sustanciales”, expresó.Para el legislador, la ley es una herramienta necesaria frente al deterioro de las rutas provinciales. Sostuvo que el esquema de concesiones permitiría incorporar inversión privada bajo control estatal, en un contexto donde los recursos públicos no alcanzan. “No se trata de ceder funciones, sino de garantizar obras concretas con reglas claras”, afirmó. Además, vinculó la necesidad de la iniciativa con años de falta de planificación y un sistema vial que, según dijo, requiere soluciones de fondo.

En esa línea, fue crítico con la decisión del bloque opositor en el Senado: “Los argumentos que sirvieron para acompañar el proyecto en Diputados después se usaron para rechazarlo. Eso genera una señal de incoherencia que preocupa”.La respuesta no tardó en llegar. El senador Víctor Sanzberro negó de plano esa lectura y sostuvo que no hubo cambios de postura, sino falta de condiciones para debatir. “No hay incoherencia cuando lo que se impide es discutir y mejorar una ley”, afirmó.Según explicó, el tratamiento en el Senado fue acelerado y sin instancias reales de análisis. Indicó que el oficialismo utilizó su mayoría para avanzar sin habilitar modificaciones, lo que dejó aspectos centrales sin resolver. Entre ellos, mencionó la falta de garantías para los usuarios frente al cobro de peajes sin obras previas y la ausencia de límites claros al poder de las concesionarias.Sanzberro reconoció que en Diputados se introdujeron mejoras importantes, como la exclusión de servicios esenciales del esquema de concesión, pero advirtió que el texto final no contempló otros puntos clave. “Cuando no se permite debatir, no hay cambio de postura: hay imposición de una mayoría circunstancial”, concluyó.Así, la discusión por la ley de concesiones viales dejó al descubierto dos miradas opuestas: para el oficialismo, una oportunidad para resolver el deterioro de la infraestructura; para la oposición, un proyecto que avanzó sin el debate necesario y sin garantías suficientes. Un cruce que, más allá de la ley, refleja el clima político que atraviesa hoy la provincia. 

La iniciativa, que contó con el apoyo del bloque oficialista y fue aprobada en la sesión de este miércoles, surge ante la crítica situación que atraviesan estas instituciones, que desde el inicio del ejercicio 2026 no han recibido las transferencias mensuales correspondientes en concepto de Aportes del Tesoro (AMNR), recursos fundamentales para su funcionamiento.

Las Juntas de Gobierno cumplen un rol esencial en las comunidades más pequeñas y alejadas, garantizando servicios básicos como el acceso al agua, la limpieza, el mantenimiento de caminos y la atención primaria. La falta total de estos fondos pone en riesgo la continuidad de estos servicios y expone a muchas localidades a una situación límite.“El interior no puede quedar librado a su suerte. Estamos hablando de recursos mínimos que permiten sostener servicios esenciales y acompañar a nuestros vecinos en el día a día”, expresó el senador.

A través del proyecto, se solicita no sólo la inmediata normalización de los envíos de fondos, sino también un informe detallado sobre los motivos de la interrupción, la metodología de cálculo actual y el monto total adeudado a cada Junta de Gobierno.El legislador victoriense remarcó que esta situación no responde a dificultades administrativas, sino a decisiones que requieren una pronta respuesta política, y se destacó la necesidad de garantizar transparencia, equidad y un verdadero federalismo dentro de la provincia.Finalmente, se instó al Poder Ejecutivo a actuar con celeridad para evitar la paralización de servicios esenciales en el interior entrerriano y asegurar el normal funcionamiento de las Juntas de Gobierno.

Se aprobaron, entre otros, proyectos de autoría del Poder Ejecutivo por los que se establecen límites jurisdiccionales de varias comunas entrerrianas.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo.

Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de los 17 legisladores.

El Pabellón Nacional fue izado por la senadora Gloria Cozzi (Concordia- Juntos por Entre Ríos) y Bandera de Entre Ríos fue izada por el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos).

Sesión

Tras la aprobación del acta de sesión anterior y el acta de labor parlamentaria, se dio lectura a las comunicaciones particulares y al proyecto de Resolución de autoría del senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos) y las senadoras Patricia Díaz (La Paz- Más para Entre Ríos) y Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), por el que se resuelve citar al presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, a comparecer ante la Honorable Cámara para exponer sobre el informe del Síndico Fiscalizador Pablo Martín Giampaolo e invitar formalmente al Síndico Fiscalizador, a exponer en sesión informativa los alcances de su informe. Expediente N°15.644.

Al respecto, el senador por el departamento Victoria, pidió la palabra para fundamentar la iniciativa de su autoría y solicitó celeridad del correspondiente tratamiento a la Comisión de Salud Pública y Drogadicción. “Pido que lo despache con prontitud y vuelva lo más rápido posible al recinto”, expresó Sanzberro.

En tanto, el senador Rubén Dal Molín  (Federación- Juntos por Entre Ríos) sugirió unificar de expedientes para un mejor tratamiento.

“Compartimos la transparencia en el marco de poder conocer el desenvolvimiento” y entender “a fondo cómo se vienen desarrollando algunas cuestiones”, dijo el legislador.

Por su parte, el senador Marcelo Berthet (San Salvador- Más para Entre Ríos) pidió que el proyecto mencionado también se gire a la Comisión de Legislación General.

Por fuera de lista

La senadora Nancy Miranda (Federal- Más para Entre Ríos) mencionó los proyectos que ingresan por fuera de lista para ser tratados en la próxima sesión:El Expediente N° 15.228: Proyecto de Ley por el que se crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento homónimo.El Expediente N° 15.035: Proyecto de Ley por el que se crea una Fiscalía con competencia además de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Santa Elena, con competencia territorial en la ciudad de Santa Elena, Piedras Blancas, Colonia Bertozzi, El Solar, La Providencia, Puerto Algarrobo, Alcaraz Sur y El Quebracho.El Expediente N°14.400: Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 36º de la Ley orgánica de Tribunales Nº 6902, ratificada por Ley Nº 7504.El Expediente N° 15.390: Proyecto de Ley por el que se dispone la creación de un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en materias económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en proceso de desarrollo local sustentable y sostenido.De ComunicaciónSe aprobó sobre tablas, el proyecto de Comunicación del senador Sanzberro y de sus pares Silva, Cosso, Miranda, Conti y Oliva, por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Economía regularice las transferencias mensuales adecuadas a todas las Juntas de Gobierno de la provincia.

Asimismo, se aprobaron dos proyectos de Comunicación uno de autoría del senador Sanzberro (Expediente N°33423) y del senador Oliva (Expediente N°33426).

Límites jurisdiccionales

También se aprobó sobre tablas, los proyectos de autoría del Poder Ejecutivo por los que se establecen límites jurisdiccionales de comunas según expedientes:Expediente N° 15.615: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población 5to Distrito del Departamento Gualeguay, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.Expediente N° 15.617: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Justo José de Urquiza del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.Expediente N° 15.618: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Santa María y Las Margaritas del Departamento Federación, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.Expediente N° 15.619: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Yeso Oeste del Departamento La Paz, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.Expediente N° 15.634: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Crucesitas Tercera del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.Expediente N° 15.635: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Mojones Sud los Algarrobos del Departamento Villaguay, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.Expediente N° 15.636: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Providencia del Departamento La Paz, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.Expediente N° 15.646: Proyecto de Ley, mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Estación Lazo del Departamento Gualeguay, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.Expediente N° 15.647: Proyecto de Ley, mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Esmeralda del Departamento Feliciano, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.

Nombramientos

Durante la sesión, además, se informó que el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) fue nominado para integrar el Consejo Directivo del Instituto Portuario de Entre Ríos, en reemplazo del senador Hernán Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos).

Asimismo, se informó que la senadora Gloria Cozzi (Concordia- Juntos por Entre Ríos) fue designada como miembro del Directorio del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos.

En tanto, tras la correspondiente votación, la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Peronismo Federal) será miembro titular y el senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) miembro suplente del Jurado de Enjuiciamiento Bienio 2026-2027, conforme a lo que dispone el artículo 4° de la Ley N°9283. 

La Cámara de Senadores de Entre Ríos llevará adelante la segunda sesión ordinaria en el marco del 147º Período Legislativo, con llamados para el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Asimismo se programaron reuniones de comisión para el miércoles.La presidente del cuerpo, Alicia Aluani, convocó a los legisladores para el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente.La sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Reuniones de comisiónPara el miércoles 18 a la hora 10, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se fijó una reunión de Asuntos Municipales con los siguientes temas a tratar:1- Expediente N° 15.615: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población 5to Distrito del Departamento Gualeguay, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.2- Expediente N° 15.617: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Justo José de Urquiza del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.3- Expediente N° 15.618: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Santa María y Las Margaritas del Departamento Federación, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.4- Expediente N° 15.619: Proyecto de Ley mediante el cual se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Yeso Oeste del Departamento La Paz, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.5- Expediente N° 15.634: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Crucesitas Tercera del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.6- Expediente N° 15.635: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Mojones Sud los Algarrobos del Departamento Villaguay, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.7- Expediente N° 15.636: Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Providencia del Departamento La Paz, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.A partir de las 11 hs. habrá una reunión de la comisión de Legislación General con los siguientes proyectos en estudio:1- Expediente N° 15.228: Proyecto de Ley por el que se crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento homónimo.2- Expediente N° 15.035: Proyecto de Ley por el que se crea una (1) Fiscalía con competencia además de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Santa Elena, con competencia territorial en la ciudad de Santa Elena, Piedras Blancas, Colonia Bertozzi, El Solar, La Providencia, Puerto Algarrobo, Alcaraz Sur y El Quebracho.

3- Expediente N° 14.400: Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 36º de la Ley orgánica de Tribunales Nº 6902, ratificada por Ley Nº 7504.

Para la hora 12 se programó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Producción, para abordar el expediente N° 15.390: Proyecto de Ley por el que se dispone la creación de un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en materias económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en proceso de desarrollo local sustentable y sostenido.

La Libertad Avanza impulsó una reconfiguración de la estructura de autoridades del Senado y dejó al bloque justicialista sin representación en la conducción de la Cámara Alta. La movida se concretó antes de la sesión preparatoria y contó con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR y el PRO.En una reunión de labor parlamentaria se presentó el nuevo esquema, basado en un criterio de proporcionalidad que generó fuertes cuestionamientos de la oposición. Desde el peronismo señalaron que la interpretación del reglamento no tiene antecedentes recientes y que se alteró una práctica histórica por la cual la primera minoría ocupaba la vicepresidencia del cuerpo.La presidencia provisional continuará en manos del libertario Bartolomé Abdala. Sin embargo, el cambio central se produjo en la vicepresidencia, que quedó para la senadora jujeña Carolina Moisés, quien se apartó del bloque peronista junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza para conformar un nuevo espacio denominado Convicción Federal.Además, la vicepresidencia primera será ejercida por Carolina Losada (UCR) y la vicepresidencia segunda por Alejandra Vigo. El oficialismo celebró el nuevo armado, que altera el equilibrio interno del Senado.Desde el PJ cuestionaron tanto el procedimiento como la oportunidad política de la decisión, aunque la votación fue aprobada por mayoría: 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Con este resultado, el peronismo —aun siendo la primera minoría— quedó fuera de los principales cargos de conducción de la Cámara.

Los legisladores remarcaron que el pedido de informes tiene como objetivo central evitar decisiones discrecionales, arbitrarias o carentes de fundamentos comprobables, y garantizar que los procesos de revisión contractual se sustenten en parámetros objetivos, públicos y debidamente documentados, con el correspondiente control institucional. La iniciativa se origina en la emisión del decreto fechado el 20 de diciembre, que autoriza la renovación de contratos temporarios del personal que se desempeña en organismos centralizados y entes descentralizados del Poder Ejecutivo, con vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, la normativa excluyó a un número de trabajadores y trabajadoras que no fueron incorporados en los anexos correspondientes.Según la versión oficial, se evaluaron parámetros vinculados al cumplimiento de tareas, desempeño laboral, compromiso con el servicio público, asistencia regular y la necesidad real del puesto en el marco de procesos de reorganización administrativa y modernización del Estado.No obstante, desde el bloque justicialista advirtieron que no existe información pública suficiente ni detallada que permita conocer cuáles fueron los fundamentos concretos aplicados en cada caso ni quiénes son los trabajadores alcanzados, situación que ha generado incertidumbre, malestar y preocupación.En este sentido, los legisladores señalaron que las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores del Estado provincial también manifestaron su preocupación, alertando sobre la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de instancias formales de diálogo y el impacto social que implica la no renovación de contratos para decenas de familias entrerrianas. Asimismo, los gremios remarcaron la necesidad de que cualquier decisión de esta naturaleza se adopte con criterios claros, información verificable y respeto por los derechos laborales.Por tal motivo, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 117 de la Constitución Provincial, se solicitó al Poder Ejecutivo:El listado del personal con contrato temporario vigente durante 2025 que no fue incluido en el Decreto N° 3817/25.La explicación pormenorizada de los criterios utilizados en cada caso, con identificación del agente y de la autoridad interviniente.Finalmente, los legisladores coincidieron con la postura gremial en la necesidad de preservar el empleo público, garantizar transparencia y fortalecer el diálogo institucional, entendiendo que un Estado eficiente debe ser también justo, previsible y socialmente responsable.La iniciativa lleva la firma de los senadores Martín Oliva, Patricia Díaz, Claudia Silva y Juan Diego Conti.

El martes 23 la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que “crea un régimen jurídico de gestión ambiental para las actividades económicas en la provincia”. El martes 16 de diciembre la Cámara de origen –adonde ingresó el 20 de octubre- le dio media sanción y pasó al Senado.La ley que salió del Senado “tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la gestión ambiental de actividades económicas desarrolladas en el territorio provincial, garantizando; 1) Los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el ambiente, los bienes naturales y la calidad de vida de la población, de forma armónica con la política provincial de desarrollo integral y sostenible; 2) Asegurando el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para la vida y la dignidad humana”.

También establece “el marco jurídico y administrativo al que deberá ajustarse el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se realice en todo el territorio provincial, bajo parámetros de simplificación, modernización, uniformidad administrativa y eficacia procesal; y; 4) Garantizando canales efectivos de participación ciudadana en procesos de toma de decisión ambiental”.El proyecto aprobado comprende un procedimiento sancionatorio “aplicable a las infracciones en materia ambiental, incluyendo sus etapas, plazos, garantías procesales, tipos de sanciones y órganos competentes para su sustanciación y resolución, será establecido mediante la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo a través de decreto”.También que “la autoridad de aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando resulte necesario para el desarrollo de los procedimientos sancionatorios, la inspección o fiscalización ambiental, o la ejecución de las sanciones impuestas”.

Además crea “el Fondo de Control y Fiscalización Ambiental el cual estará destinado a financiar la implementación de las acciones previstas en la presente ley y demás tareas complementarias. El fondo estará integrado por: 1) Los recursos que el Poder Ejecutivo asigne con específico destino en la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial; 2) Los montos que ingresen como consecuencia del pago de las multas que se impongan por el incumplimiento de las normas establecidas por la presente ley y su reglamentación complementaria; 3) Los aportes que el Gobierno Nacional u organismos internacionales efectúen en forma de fondos, insumos o bienes de capital; y 4) Los ingresos por legados y donaciones”.

FundamentosEn los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la Ley “pone en el centro de la gestión ambiental de las actividades económicas y productivas la noción de ‘democracia ambiental’, entendida como el derecho de los ciudadanos a involucrarse en la toma de decisiones que afecten a su entorno, sobre todo cuando se trata de proyectos de alto impacto”.Tras reconocer que “la creciente degradación ambiental demuestra la necesidad de adoptar políticas que protejan los bienes naturales sin descuidar el crecimiento productivo y que hagan posible un desarrollo sostenible”, se entendió que “las políticas económicas deben orientarse a un desarrollo armónico que no agote los recursos naturales ni dañe sistemáticamente los entornos naturales, sino que respete los límites ecológicos y permita la renovación de los ecosistemas”. Así, se sostuvo que “esta Ley reconoce la importancia de que las decisiones económicas no solo miren el beneficio inmediato, sino que aseguren un futuro viable para las generaciones venideras”.En el mensaje a la Cámara de Diputados se remarcó que “es fundamental destacar que este proyecto de Ley es fruto de un arduo trabajo, que demandó muchos meses, y fue llevado a cabo y en conjunto por el personal técnico/profesional de la Secretaría de Ambiente, en articulación con el personal y funcionarios de las distintas dependencias que forman parte del Ministerio de Desarrollo Económico y sus respectivos equipos de trabajo. Se considera prioritario y fundamental avanzar en una armonización y actualización del sistema vigente”.

Certificado Único AmbientalEn proyecto se destacó también “la creación del Certificado Único Ambiental (CUA) que facilitará el proceso administrativo, reemplazando múltiples certificados existentes, buscando mejorar la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios, promoviendo la innovación y el uso responsable de los recursos, a la par de que se sostiene un compromiso institucional con la participación pública”.En aquella línea se entendió que “la inclusión de la ciudadanía en los procesos de evaluación de proyectos garantiza un control social sobre el impacto ambiental de las actividades económicas. La incorporación de tecnologías digitales y de la información en la gestión pública busca no solo agilizar trámites, sino también transparentar y mejorar la eficiencia administrativa”.

También se indicó que “este principio responde a un contexto de digitalización global que demanda que las instituciones públicas se adapten a nuevas tecnologías para ofrecer un mejor servicio al ciudadano, aumentando la accesibilidad y reduciendo la burocracia.- Se busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente, destacando la prevención de impactos negativos a través de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por el senador Martín Oliva, llevará adelante una reunión a las 9:00hs en la sala de reuniones de la Secretaría de Comisión, segundo piso de Casa de Gobierno.En la oportunidad se tratará el expediente N° 15.594, proyecto de declaración por el que se expresa repudio a decisiones adoptadas por la Dirección de Educación Superior respecto de la reorganización de la oferta académica en los Institutos de Educación Superior de la Provincia.Posteriormente, y por disposición de los presidentes de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Legislación General, senador Oliva y senadora Nancy Miranda, se realizará una reunión conjunta a las 9.30hs. El tema de la convocatoria es el expediente N° 27.596 unificado con 25.399, proyecto de ley por el que la provincia de Entre Ríos adhiere a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736 – violencia digital.Para las 10:00hs se programó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por el senador Juan Pablo Cosso, donde se abordarán acuerdos pendientes en comisión.Asimismo se analizarán dos expedientes: N° 28.081, proyecto de ley ratificando la Declaración de Interés Público y sujeto a expropiación dispuesto por la ley Nº10.502, referente al inmueble de propiedad privada ubicado en Colonia Ayuí, Departamento Concordia; y el expediente Nº28.080, que es un proyecto de ley ratificando la vigencia de Declaración de Utilidad Pública y sujeto a expropiación dispuesto por la Ley Nº10.580, referente al inmueble de propiedad privada ubicado en el Departamento Concordia, Municipio de Concordia.

SesiónLos senadores fueron convocados a sesión de prórroga, programada para este martes a las 13 horas. La misma se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Desde el peronismo advirtieron que, especialmente en materia tributaria, el abordaje exprés y la falta de debate profundo conspiran contra la calidad de las leyes y generan errores e imprecisiones que podrían haberse evitado con mayor tiempo de análisis y participación técnica.

Durante el debate de la Ley Impositiva, el senador victoriense Victor Sanzberro cuestionó la celeridad con la que se trató una norma de alta complejidad. “Una ley fiscal amerita tiempo. Este proyecto ingresó la semana pasada y hoy ya estamos dándole media sanción. No hubo consultas con profesionales de las ciencias económicas, como sucedía en otras legislaturas, ni tiempo suficiente para emitir una opinión técnica seria”, señaló.

El legislador advirtió que el apuro en el tratamiento derivó en errores concretos: exenciones que generan dudas en cooperativas con actividades comerciales; descuentos en el impuesto automotor que podrían agravar la situación de vehículos radicados fuera de la provincia; referencias a organismos que ya no existen, como el IOSPER; y un régimen simplificado con una tabla regresiva que termina perjudicando a las categorías más bajas del monotributo.

“Estamos acompañando estas herramientas porque entendemos su importancia, pero tenemos la obligación de marcar las diferencias. Pedimos menos velocidad y más debate democrático. No nos gusta que nos lleven a los empujones”, afirmó, y advirtió que temas trascendentales como una eventual reforma previsional no pueden recibir un tratamiento similar.

Nuevas comunas

En cuanto a la creación de 22 nuevas comunas, el senador del departamento Villaguay, Juan Cosso, destacó que el peronismo escuchó a los representantes de las juntas de gobierno y valoró la iniciativa del Ejecutivo por cumplir con la Constitución provincial y jerarquizar institucionalmente a los gobiernos locales.

No obstante, alertó sobre una preocupación central: la ausencia de modificaciones en los porcentajes de coparticipación.

“Se reparte la misma torta entre más jurisdicciones. Si no se incrementa el porcentaje de recursos destinados a las Comunas, vamos a terminar empobreciendo a todas”, advirtió el legislador, y remarcó que hoy las comunas asumen funciones esenciales como salud, educación, mantenimiento de caminos, infraestructura y tareas vinculadas a la seguridad, muchas de ellas de competencia provincial.

Si no se prevé un aumento en los fondos coparticipables, es imprescindible generar medidas compensatorias para evitar el deterioro en la calidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes.

La ley aprobada contempla la creación de tres Comunas de Primera Categoría y 19 de Segunda, que se sumarán a las 83 ya existentes, alcanzando un total de 105 comunas en la provincia. Si bien la jerarquización institucional es un objetivo compartido, el justicialismo advirtió que la norma no contempla mayores recursos ni herramientas adicionales de financiamiento, lo que genera una preocupación fundada sobre su sostenibilidad en el tiempo. 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, fue el encargado de argumentar a favor de la iniciativa. En primer lugar, destacó la estabilidad que alcanzaron los índices macroeconómicos: el orden fiscal, monetario y cambiario y sostuvo que “los ajustes que realizó el Gobierno nacional fueron los correctos”.Luego di cuenta de los “condicionantes” que tiene el presupuesto provincial, fruto de decisiones que se han tomado en otras gestiones y que implican grandes gastos presupuestarios.Luego tomó la palabra el senador Víctor Sanzberro (PJ), quien cuestionó la decisión del Gobierno provincial de desfinanciar a las provincias y sostuvo que los montos destinados a obras públicas son menores a los que anunció el gobernador Rogelio Frigerio.“Este presupuesto tiene licuadora, ajuste y endeudamiento. Y, además, un superávit dibujado”, enfatizó luego.Tras cuestionar que el oficialismo no permitió “cambiar ni una coma” del proyecto, sostuvo que “si los márgenes presupuestarios son estrechos el desafío de la política es definir rumbos y, en este sentido, pidió cuidar a los laburantes”.“Nos preocupa esta dependencia creciente del endeudamiento, que no aparezca un plan de crecimiento y que el proyecto del gobierno sea sobrevivir”, afirmó.“Por conducta democrática” anunció que su bloque votará de manera afirmativa, aunque planteó consideraciones en particular.Uno de los artículos que no acompaño fue el 6º, que faculta al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito de 300 millones de dólares.

Enseguida tomó la palabra Rubén Dal Molín (JxER) y sostuvo que el déficit de la Caja de Jubilaciones “tiene un peso significativo en las cuentas públicas” y adelantó que a la brevedad se viene un debate en torno la necesidad de revertir esta situación.

Luego resaltó que el proyecto de presupuesto “es una norma sensata ajustada a las proyecciones macroeconómicas”.

La senadora Patricia Díaz (PJ) no se hizo presente en la sesión.

Este martes los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos recibirán a ocho postulantes para quienes el Poder Ejecutivo solicitó se preste el acuerdo que establece el Artículo 103 Inciso 2 de la Constitución Provincial para el nombramiento de Defensores Públicos en distintos puntos de la provincia.Las audiencias públicas serán de 9:30 a 10:30 y de 16 a 17:30 horas en el recinto de la Cámara de Senadores bajo el siguiente cronograma: 9 hs. Parravicini, Luciana Ruth, Defensora Auxiliar de la ciudad de Villaguay.9:30, Pedemonte, Ana Laura, Defensora Auxiliar de la ciudad de Diamante.10 hs., Gallegos, María Laura, Defensora Auxiliar de la ciudad de Federal.10:30, Favotti, María Agostina, Defensora Pública de la ciudad de Diamante.16 hs. Otegui, Nadia Abril, Defensora Auxiliar de la ciudad de Villa Paranacito.16:30, Conti, Pablo Andrés, Defensor Público Nº2 de la ciudad de Paraná.17, Smaldone, María Natalia, Defensora Pública de la ciudad de Victoria.17:30 hs. Olarte, Salvador Joaquín, Defensor Público de la ciudad de Rosario del Tala.También para este martes a las 12 se programó una reunión de la Comisión de Legislación General con los siguientes temas: Proyecto de Ley por el que la Provincia de Entre Ríos adhiere a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736 –violencia digital-, modificatoria de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Proyecto de Ley por el que se crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano, con competencia en el departamento homónimo. Proyecto de Ley, por el que se acepta la donación de un inmueble formulada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).a favor del Superior Gobierno de la Provincia para un área del Ministerio de Salud.

Luego de obtener la media sanción en Diputados, la Comisión de Legislación General empezará a analizar este miércoles 10 la unificación de dos proyectos que promueven la detención de la violencia de género digital.Por un lado, se trata de una iniciativa promovida por el diputado Juan Rossi para que Entre Ríos adhiera a la Ley Olimpia, sancionada por el Congreso de la Nación en 2023, la cual incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género.Esta norma reconoce y sanciona la violencia digital como una forma de violencia de género, e impulsa campañas de concientización, educación en el uso responsable de las tecnologías y promoción de una cultura de respeto en entornos digitales.La otra propuesta legislativa pertenece a Silvia Moreno –junto a la diputada mandato cumplido Mariana Farfán– para crear un programa provincial de prevención, sensibilización y concientización sobre violencia de género digital.Entre las medidas previstas se incluyen campañas informativas, capacitaciones en escuelas públicas y privadas, promoción del respeto por los derechos humanos, y orientación sobre cómo guardar pruebas digitales y realizar denuncias. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 16 legisladores y quorum reglamentario. El senador Martin Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Patricia Día (La Paz – Más para Entre Ríos).

La Bandera Nacional fue izada por la senadora Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos).

En esta sesión, los senadores aprobaron por mayoría y sobre tablas el proyecto de resolución de autoría del Poder Ejecutivo para dar acuerdo constitucional al nombramiento de 18 conjueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Siendo 15 votos afirmativos, una abstención y una ausencia. Las exdiputadas peronistas Carina Ramos y Mariana Farfán; el exdiputado nacional Jorge D’Agostino (UCR); y el exsecretario de Justicia de la provincia, Acevedo Miño, entre los que obtuvieron el visto bueno.La nómina aprobada fue la siguiente: D’Agostino; Ramos, Farfán, Miño, Analía Cardoso; Juan Martín Pita; Cristina Lucía Enderle; Livio Pablo Hojman; Magdalena Vinacur; Alfredo Alejandro Vitale; Andrea Belén Saxer; Agustín Turinetto; Verónica María Mulone; Germán Alejandro Manucci; María Belén Ríos; Laureano Germán Ríos; Fabricio Testa; y Evangelina Marisa Bartoli.

Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), informó que esta nómina de abogados “van a actuar en casos de recusación, excusación, licencia o vacancia de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, siempre y cuando no se pueda integrar conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial” y, en este sentido, destacó que “esto es un caso de sustitución temporal, y de intervención transitoria, es decir para casos concretos los cuales tienen que ser designados a través de un sorteo. Además, indicó que “cada uno de los propuestos han cumplido con los requisitos que establece el artículo 188 de la Constitución Provincial”.

El Gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, solicitó a la Cámara de Senadores la designación de conjueces para reemplazar a algún vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) según las disposiciones del artículo 36 de la Ley Nº 6.902 de Orgánica del Poder Judicial. El pedido ingresará en la sesión de este martes 28 y sería tratado en la que se realizará el miércoles 29.

El listado de nombres que remitió el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, comprende a  Jorge Marcelo D’Agostino, ex diputado radical; Analía Cardoso; Juan Martín Pita, vocal titular sexto del Colegio de Abogados y jurado técnico por el estamento  abogados en la especialidad civil y comercial del Consejo de la Magistratura; Cristina Lucía Enderle; Livio Pablo Hojman; Magdalena Vinacur.

También remitió solicitudes respecto de Martín Julián Acevedo Miño, ex secretario de Justicia de la gestión de gobierno; Carina Manuela Ramos, ex diputada y funcionaria municipal de origen justicialista; Alfredo Alejandro Vitale; Andrea Belén Saxer, vicepresidenta segunda del Colegio de la Abogacía de procedencia radical; Agustín Turinetto; Verónica María Mulone, exintegrante del Honorable Jurado de Enjuiciamiento; Germán Alejandro Manucci; María Belén Ríos; Laureano Germán Ríos; Mariana Farfán, ex concejal justicialista de Gualeguaychú; Fabricio Testa y Evangelina Marisa Bartoli.Entre los casos que podrían intervenir –de ser necesario- por  recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de los vocales del STJ, se encuentra en de la fiscal Cecilia Goyeneche, que fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento que presidió Mulone. En el inicio del proceso, Mulone sorprendió a sus pares cuando expresó que no estaba de acuerdo en llevar adelante el proceso de naturaleza política porque no estaba de acuerdo con la integración del cuerpo. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la destitución por la integración del Jury. En el caso resta definir situaciones que podrían ameritar el reemplazo de vocales del Alto Cuerpo que ya intervinieron en distintas instancias del alongado proceso.

Similar situación podría suscitarse en el caso que comprende a la exjueza de Familia de Diamante, Josefina Etienot, que fue destituida por al Jury. Lo inusual del proceso que al destituyó consistió en que la acusada ni su defensa se presentaron al proceso y el procurador general, Jorge García, desistió de participar del proceso –aunque se sentó en todas las jornadas que insumió la audiencia- y adelantó que no iba a formular preguntas ni sostener los cargos que se le endilgaron a Etientot por violencia laboral.

ReemplazoEl Poder Ejecutivo remitió el listado según las disposiciones del artículo Nº 36 de la Ley Nº 6.902 de Orgánica del Poder Judicial que versa sobre el “Reemplazo”. Así, determina que “en caso de recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de los miembros del Superior Tribunal, será suplido por los vocales de las Cámaras Primera, Segunda y Tercera de la ciudad de Paraná”.También prescribe que “si el Tribunal no pudiera integrarse por el procedimiento indicado, se practicará un sorteo ante el Superior Tribunal de una lista de conjueces hasta completar el número para fallar. Los Conjueces del Superior Tribunal en número de 18 serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La designación deberá recaer en abogados que reúnan los requisitos del artículo 149º de la Constitución Provincial y tendrá una duración de dos años”.El artículo también regula que aquel “plazo se extenderá únicamente para que el conjuez resuelva las causas en que hubiera sido sorteado y hasta tanto se dicte pronunciamiento. No podrán ser designados conjueces quienes, al tiempo de su designación para integrar la lista respectiva, fueran funcionarios u ocuparen cargos de jerarquía en el ámbito del Poder Ejecutivo o Legislativo de la Provincia, siendo inválido el nombramiento que se hiciere en contravención a esta prohibició”.

Finalmente dispone que “si no se hubiera conformado la lista de conjueces o esta resultara insuficiente para integrar el Tribunal, se realizará una nómina de abogados que satisfagan los recaudos del artículo 149º de la Constitución de Entre Ríos la que resultará de un sorteo público”. 

Por Mariano Casal - Tras las elecciones de este domingo y, pese a un rápido que recuento que deja una puja muy pareja en Río Negro -sobre todo- y Chaco hasta último momento, el pleno del Senado -72 integrantes- a partir del 10 de diciembre próximo tendrá a La Libertad Avanza reforzada, con 20 legisladores propios -a cinco aliados del tercio bloqueador-, aunque lejos de cifras clave, como el quorum (37). En tanto, el kirchnerismo bajará de 34 a 28, pero sostendrá la primera minoría, mientras que habrá caídas en el PRO, la UCR y Provincias Unidas, y un leve refuerzo en partidos locales. Veamos.Radiografía de la derrota del PJ bonaerense: los 26 municipios en los que perdió más votos

La Libertad Avanza (20)Ezequiel Atauche (Jujuy)Bartolomé Abdala (San Luis)Ivana Arrascaeta (San Luis)Vilma Bedia (Jujuy)Bruno Olivera Lucero (San Juan)Juan Carlos Pagotto (La Rioja)Francisco Paoltroni (Formosa), aunque continúa con su espacio propio “Libertad, Trabajo y Progreso”)Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires)Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires)Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos)Romina Almeida (Entre Ríos)Juan Cruz Godoy (Chaco)Silvana Schneider (Chaco)María Emilia Orozco (Salta)Gonzalo Guzmán Coraita (Salta)Lorena Villaverde (Río Negro)Nadia Márquez (Neuquén)Pablo Cervi (Neuquén)Agustín Coto (Tierra del Fuego)Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego)La libertaria salteña María EmiliaLa libertaria salteña María Emilia Orozco (Gustavo Gavotti)

Fuerza Patria (28)Adán Bahl (Entre Ríos)Eduardo Enrique de Pedro (Buenos Aires)Juliana Di Tullio (Buenos Aires)Martín Soria (Río Negro)Cándida López (Tierra del Fuego)Anabel Fernández Sagasti (Mendoza)Ana Marks (Río Negro)María Celeste Giménez Navarro (San Juan)Alicia Margarita Antonia Kirchner (Santa Cruz)Carlos Alberto Linares (Chubut)Daniel Pablo Bensusán (La Pampa)Lucía Benigna Corpacci (Catamarca)María Teresa Margarita González (Formosa)Gerardo Zamora (Santiago del Estero)Marcelo Néstor Lewandowski (Santa Fe)María Florencia López (La Rioja)Juan Luis Manzur (Tucumán)José Miguel Ángel Mayans (Formosa)Sandra Mariela Mendoza (Tucumán)Elia Esther del Carmen Moreno (Santiago del Estero)José Emilio Neder (Santiago del Estero)Jorge Capitanich (Chaco)Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires)Sergio Mauricio Uñac (San Juan)Guillermo Andrada (Catamarca)Fernando Salino (San Luis)Carolina Moisés (Jujuy)Fernando Rejal (La Rioja)El kirchnerista Gerardo ZamoraEl kirchnerista Gerardo Zamora

Provincias Unidas (3)Alejandra Vigo (Córdoba)Edith Terenzi (Chubut)Carlos Espínola (Corrientes)

Provinciales (6)Carlos Arce (Misiones)Sonia Rojas Decut (Misiones)José María Carambia (Santa Cruz)Natalia Elena Gadano (Santa Cruz)Flavia Royón (Salta)Julieta Corroza (Neuquén)

UCR (9)Maximiliano Abad (Buenos Aires)Flavio Sergio Fama (Catamarca)Eduardo Horacio Galaretto (Santa Fe)Mariana Juri (Mendoza)Daniel Ricardo Kroneberger (La Pampa)Carolina Losada (Santa Fe)Rodolfo Alejandro Suarez (Mendoza)Mercedes Gabriela Valenzuela (Corrientes)Eduardo Alejandro Vischi (Corrientes)

PRO (6)Martín Goerling Lara (Misiones)Victoria Huala (La Pampa)Carmen Álvarez Rivero (Córdoba)Andrea Cristina (Chubut)Luis Juez (Córdoba)Beatriz Ávila (Tucumán). No integra en lo formal, pero participa de la vida interna de bloque y asiste a reuniones.

La Libertad Avanza (20), Fuerza Patria (28), Provincias Unidas (3), Provinciales (6), Otros (15). Total: 72.

Reacomodamientos

Las proyecciones con los resultados recién salidos del horno no implican que, dentro de un mes y medio, haya reacomodamientos en diversos bloques.

La lupa principal estará destinada hacia cómo hará la Casa Rosada para buscar una nueva mayoría que le permita sesionar y, más específico, llegar al tercio bloqueador para evitar insistencia de leyes.

Otro ítem a considerar apunta al reparto de comisiones y votaciones de autoridades para la próxima conformación de la Cámara alta, toda una situación de estrés para La Libertad Avanza, que aún no sabe qué hacer con la -por momentos, errática en lo político y en lo comunicacional- vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Los libertarios también deberán sortear una inevitable mini batalla por espacios de poder dentro de la Cámara alta, con legisladores que no hicieron casi nada para ayudar a Javier Milei y con seguridad se quejarán ante el aterrizaje de nuevos colegas. 

En una jornada marcada por fuertes cruces, la Cámara alta rechazó dos vetos del presidente Javier Milei y mantuvo vigentes las normas que refuerzan los fondos para universidades y el Hospital Garrahan.Con 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, se ratificó la ley de emergencia en el sistema de salud pediátrico. Minutos después, por 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, el Senado también insistió con la ley de financiamiento universitario, que garantiza actualizaciones por inflación y mejoras salariales en el sector.Se trata de la tercera derrota legislativa del Gobierno en lo que va del año, tras la ratificación de la ley de emergencia en discapacidad. Legisladores opositores y algunos aliados criticaron la política de ajuste de la Casa Rosada y advirtieron que “la educación y la salud no pueden ser variables de recorte”.Desde el oficialismo, en cambio, acusaron al kirchnerismo de utilizar causas sensibles con fines electorales.

La ley de emergencia en discapacidad que fue ratificada por el Senado Nacional establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes:-Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.-La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.-Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.-Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.-Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.-Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.-El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.-La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.-La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC.-- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.-. El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.-Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años. 

Convocado por las autoridades legislativas, participó de la reunión de dichas Comisiones donde se trataron los proyectos de ley por el que se modifica la Ley N° 9283 de Honorable Jurado de Enjuiciamiento, y otro sobre la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura.

En la oportunidad se intercambiaron opiniones sobre las propuestas a modificar en ambas leyes a partir de los proyectos que se analizan en el ámbito de la Cámara de Senadores de la provincia.La Comisión de Legislación General está presidida por la senadora Nancy Miranda. La integran también, como secretario, Juan Pablo Cosso y la completan Gustavo Vergara; Claudia Silva; Víctor Sanzberro; Patricia Díaz; Rubén Dal Molín; Rafael Cavagna y Jaime Benedetti.La comisión de Asuntos Constitucionales la preside Juan Pablo Cosso, la secretaría la ejerce Rafael Cavagna y la integran  Gustavo Vergara, Patricia Díaz; Nancy Miranda; Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

Entre los participantes del encuentro estuvo el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; la vicepresidenta, María Gabriela López Arango; el vicepresidente 1° del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, la vicepresidenta 2°, Andrea Saxer y el vocal del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, Gonzalo García Garro ; entre otras autoridades. 

Advirtieron que el acuerdo se enmarca en un proyecto que busca desmantelar el Estado y desfinanciar la educación pública. Reafirmaron que la UADER debe mantenerse como espacio plural, inclusivo y comprometido con el desarrollo provincial, y convocaron a la dirigencia a defender su autonomía 

Los senadores del bloque Juntos Por Entre Ríos, a través de un comunicado, expresaron su apoyo a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de suspender toda actualización de haberes y dietas de los senadores y funcionarios de esta Cámara en los términos del artículo 1º del Decreto 1391.

En el mismo, los senadores justifican la decisión: “En más de una oportunidad, como bloque, hemos señalado que, Entre Ríos, estructuralmente tiene una limitada autonomía financiera atento a la fuerte dependencia de los recursos de origen nacional y el alto componente de gastos inflexibles en sus erogaciones, sobre todo en personal y caja de jubilaciones”.

“Esto refleja un muy bajo grado de libertad presupuestaria, acotando el margen de estrategias ante contingencias”, continúan los senadores en el documento, donde también señalan que “resolver esta ecuación llevará varios años de reordenamiento del gasto” y que “estamos en ese camino”.“Los recortes de recursos de origen nacional que sufrieron las provincias en 2024 se profundizaron en este primer semestre. Deben dictarse nuevas medidas, y si queremos seguir prestando servicios básicos del estado, seguramente si se mantiene el contexto macroeconómico nacional deberán ser más drásticas”, agregaron.Por último, destacaron “el coraje del gobernador por la demanda ante el gobierno nacional al iniciar juicio por cifras millonarias que debieron ser reclamadas mucho antes” y que “eran recursos de los entrerrianos que hoy reflejan el estado de rutas, escuelas y hospitales”.