El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, encabezó la primera Sesión Ordinaria del 147º Periodo Legislativo. En este marco, el cuerpo legislativo dio curso al tratamiento de los temas previstos en el orden del día, al tiempo que se aprobaron diversas iniciativas legislativas.Una de las normas aprobadas refiere a una resolución presentada por el diputado Marcelo López por el que se insta a los legisladores nacionales a que impulsen ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar el 3 de febrero, aniversario de la Batalla de Caseros, como feriado nacional.Asimismo, se aprobó una declaración, de autoría del diputado Juan José Bahillo, por la que se insta al gobierno nacional a realizar gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para avanzar en la apertura de mercados para naranjas y mandarinas que se producen en la provincia.En la fecha, además, tomaron estado parlamentario dictámenes de comisión que incluyen la creación de la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública -de autoría del Poder Ejecutivo- así como la declaración de utilidad pública y expropiación de un inmueble en El Solar y San Carlos, en departamento La Paz -de autoría del diputado López-, ambos expedientes girados al Orden del Día de la próxima sesión.

Proyectos del Poder EjecutivoLa sesión ordinaria de este miércoles otorgó estado parlamentario a una serie de proyectos de ley enviados por el Gobierno Provincial, los cuales proponen el desarrollo de obras estratégicas en diversos departamentos, al igual que la regularización de inmuebles destinados al sistema educativo. Una de las iniciativas, contenida en el Expediente Nº28.947, autoriza a aceptar la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Paraná con vistas a la construcción de la Escuela Secundaria Nº78 “Intendente Juan Carlos Esparza”. Asimismo, el Expediente Nº28.950 contempla el ascenso a primera categoría de la comuna Ingeniero Sajaroff, en el departamento Villaguay.Otros expedientes que recibieron estatus parlamentario refieren a obras viales y apoyo a la producción. Así es como se prevé la expropiación de inmuebles para la ejecución de mejoras en los accesos a las cooperativas apícolas de Paraná -Expediente Nº28.985- y Gualeguaychú -Expediente Nº28.986-, así como la construcción de la Circunvalación de Nogoyá -Expediente Nº28.988- y un nuevo puente sobre el Arroyo “Del Sauce” -Expediente Nº28.997-.El plan de obras contenido en el Expediente Nº28.987, por su parte, contempla la rehabilitación y reconstrucción de calzadas en las rutas provinciales Nº1 y Nº2, con impacto directo en los departamentos La Paz, Feliciano y Federación. Por último, se incluyó el proyecto para la sistematización del Canal Mihura en el departamento Gualeguay, obra clave para el saneamiento hídrico de la zona -Expediente Nº28.998-.

Colonia ProductivaAl término de la sesión, el presidente de bloque oficialista, diputado Bruno Sarubi, comunicó al cuerpo que los diputados María Elena Romero y Jorge Maier representarán a la Cámara en la Comisión Asesora para el Fomento de la Colonia Productiva Guardamonte, según Ley Nº10.664, que tiene por objeto brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en torno a la evaluación y selección de los proyectos y en adjudicación de parcelas.

HomenajesComo parte del desarrollo de la sesión, el cuerpo legislativo dio lugar al bloque de los homenajes. En esta instancia, la diputada Vilma Vázquez se refirió al 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos y al Día del Federalismo Entrerriano que se celebra cada 13 de marzo en conmemoración del natalicio de Francisco “Pancho” Ramírez. A su turno, la diputada Liliana Salinas brindó un reconocimiento a las mujeres en el marco del 8M.

La primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se llevará a cabo en el recinto del cuerpo legislativo y estará encabezada por su presidente, Gustavo Hein, quien fue ratificado en el cargo para este nuevo período durante la sesión preparatoria realizada en febrero.

El encuentro marcará el inicio formal de la actividad legislativa ordinaria tras la apertura del 147° período legislativo, que se realizó el 18 de febrero en la Asamblea Legislativa. En esa oportunidad, el gobernador Rogelio Frigerio presentó su mensaje anual ante diputados y senadores, donde expuso los principales ejes de gestión previstos para el año 2026.Durante la sesión está previsto que ingresen distintos proyectos de ley que serán derivados a las comisiones correspondientes para su análisis. Además, tomarán estado parlamentario diversas iniciativas impulsadas tanto por legisladores como por el Poder Ejecutivo provincial.

El proyecto fue presentado en el mes de octubre por el Poder Ejecutivo busca poner bajo la lupa la evolución, composición, destino y legalidad de la deuda provincial, incluyendo la interna y externa, directa e indirecta, y abarcando renegociaciones, refinanciaciones, canjes y situaciones de incumplimiento o reestructuraciones.El proyecto será abordado este martes a las 10 por los integrantes de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados que preside el radical Marcelo López, indicaron fuentes legislativas a esta Agencia.El inicio del debate se da días después de que el Gobierno de Entre Ríos realizará una colocación en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de 300 millones de dólares.Dicha decisión generó un ida y vuelta entre dirigentes oficialistas y opositores: mientras el Partido Justicialista advirtió que durante la gestión de Frigerio la deuda pública creció un 72%”, el presidente del bloque Juntos por Entre Ríos en el Senado, Rubén Dal Molín calificó tal informe como “técnicamente incorrecto” y apuntó que demuestra “una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.“Nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.

¿Qué dijo Frigerio sobre la deuda ante la Asamblea Legislativa?El miércoles 18 de febrero pasado el gobernador Rogelio Frigerio inauguró el 147º período de sesiones ordinarias y, en el marco de su discurso ante la Asamblea Legislativa, hizo alusión al tema de la deuda.“En estos dos años logramos algo que parecía imposible: en un escenario  adverso y de caída de la recaudación, similar al que en otros momentos llevó a  gobiernos al default, no sólo mantuvimos a la provincia en pie, sino que pasamos del déficit al equilibrio, ordenamos las cuentas públicas y, al mismo  tiempo, evitamos el default y redujimos la deuda”, sostuvo el mandatario.“Hoy la provincia tiene menos deuda, ya que bajamos el stock de 723 millones a fines de 2023 a 684 millones en el último dato de 2025, y alcanzamos un logro  aún más importante: reducir a menos de la mitad su peso sobre los ingresos.  Hace apenas dos años la deuda representaba el 45% de los ingresos  provinciales; hoy es el 19%”, aseveró.“Todo esto considerando la deuda total consolidada, sin incluir la deuda flotante  y los 30.000 millones de pesos en compromisos impagos con contratistas del  Estado, situación que mantenía a la provincia paralizada”, manifestó.

“Honrar nuestros compromisos mejoró la calificación crediticia de la provincia en los rankings internacionales y eso fortaleció la confianza en nuestra capacidad  de pago, lo que nos permite hoy estar avanzando para salir al mercado  próximamente y reperfilar la deuda heredada; es decir, buscamos mejorar las  condiciones de la deuda existente que tiene concentrados los vencimientos de  amortización en los próximos tres años, algo que es claramente muy  desventajoso y poco frecuente”.

“Hoy somos una provincia que cumple, que ordena y que empieza a recuperar  credibilidad en el mundo. Una provincia que entiende que no debe endeudarse  para solventar el gasto corriente, y que para eso es clave sostener el equilibrio fiscal”.

“Somos una provincia que ya no toma deuda sin saber para qué, porque los  entrerrianos tenemos derecho de saber qué se hace con nuestro dinero. Por eso  impulsamos la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, y les pido a los legisladores que le den pronto tratamiento a este tema. Porque la deuda no es buena o mala en sí misma, el problema es no saber para qué se toma, o que  se tome para hacer supuestas obras que después no se ven en las rutas, ni en  los hospitales ni en las escuelas”.

Buscan establecer reglas claras para el trámite de los juicios políticos, fijando procedimientos, plazos y garantías para las denuncias que se presenten contra funcionarios alcanzados por este mecanismo constitucional.

La iniciativa fue presentada por la diputada Gabriela Lena, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento. El proyecto establece que cualquier persona física o jurídica podrá presentar una denuncia, y que la comisión legislativa correspondiente deberá resolver en un plazo de cinco días corridos si corresponde abrir o rechazar el proceso.

Lena explicó que la propuesta surge a partir de la experiencia reciente en la Legislatura, tras los pedidos de juicio político presentados en 2024 contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher y en 2025 contra Susana Medina de Rizzo.

Según indicó, esos casos evidenciaron vacíos en la normativa vigente, ya que la Constitución provincial contempla el instituto del juicio político pero no regula en detalle su procedimiento.

El proyecto busca cubrir esas lagunas estableciendo reglas sobre cómo iniciar el proceso, la forma de las notificaciones, los plazos, la etapa probatoria, la defensa del acusado y la resolución final, tomando como referencia herramientas del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos.

Además, delimita las funciones de cada cámara legislativa: la Cámara de Diputados tendrá a su cargo la etapa investigativa, mientras que el Senado será el órgano encargado de emitir la resolución final, con un alcance similar al de una sentencia.La diputada sostuvo que la iniciativa apunta a garantizar principios constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, dotando al juicio político de un marco procedimental claro.

Según Lena, el objetivo es que este mecanismo constitucional funcione como una herramienta institucional de control y equilibrio entre los poderes del Estado, evitando que su aplicación genere incertidumbre o conflictos institucionales.

Por Federico Millenaar - El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuento Federal y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios.

El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general. En la previa de la sesión, los diputados peronistas que pertencen el Frente Renovador habían dejado trascender que estaban dispuestos a acompañar en particular únicamente el artículo que establecía la baja de edad a 14 años para “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en los 14 años. Sin embargo, el oficialismo propuso votar por capítulos (varios artículos juntos) y a mano alzada, por lo que el massismo finalmente no acompañó.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.Al inicio del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni brinda respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.La miembro informante, que además preside la comisión de Legislación Penal y condujo las negociaciones durante el año pasado, también destacó que el régimen actual deja a muchos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni políticas de resocialización, y advirtió que esa situación favorece la captación por organizaciones criminales.En ese sentido, remarcó que el amplio consenso con sectores de la oposición se logró tras un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas.Desde el peronismo criticaron el proyecto por no abordar la problemática desde un enfoque integral. “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, dijo Juan Grabois. En esa línea, planteó que el eje del debate debería estar puesto en la salud mental y los consumos problemáticos, y reclamó herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas. “Las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique”, argumentó.“¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”, se preguntó el peronista Juan Carlos Molina.“No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no pueda volver. No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado”, dijo a su turno el libertario Santiago Santurio.El debate fue seguido con atención desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, como Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas en Santa Fe. También estuvieron presentes Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia (abuela de Uma Aguilera), la familia Sperani de Córdoba (padres de Joaquín Sperani), Laura Fernández de USINA de Justicia (madre de Lara Fernández), Guillermo Bargna (padre de Soledad Bargna) y Marcos Rodríguez (padre de Kim).En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo especialmente destinado a los aportes presupuestarios para la implementación del nuevo régimen penal: en total serán $23.739.155.303, que serán $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado se hizo luego de que los gobernadores amenazaran con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.“La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”, protestó Miguel Ángel Pichetto.Minutos antes de votar, la libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la redacción de algunos artículos fue ajustada para que “no se preste a confusión” la prohibición total de que los menores sean detenidos en el mismo lugar que presos mayores de edad. Infobae.

La iniciativa solicita que, en el marco del Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos, se requiera a las autoridades norteamericanas la pronta finalización del proceso administrativo pendiente, que incluye la consulta pública y la publicación de la norma reglamentaria correspondiente. El planteo se basa en que, en 2019, el organismo sanitario estadounidense USDA-APHIS aprobó técnicamente el estatus sanitario y los procesos productivos de los cítricos dulces argentinos, tras una evaluación en regiones productivas del NEA y el NOA.En los fundamentos, se destaca que la citricultura es uno de los pilares económicos del noreste entrerriano, particularmente en los departamentos Federación y Concordia, donde sostiene miles de empleos directos e indirectos y dinamiza la actividad en zonas rurales. Se advierte que la falta de acceso a mercados estratégicos limita inversiones, afecta la estabilidad laboral y condiciona el desarrollo regional.

El proyecto remarca que la habilitación del mercado estadounidense no implicaría costos fiscales ni concesiones arancelarias, ya que se trata de una decisión técnico-sanitaria. Además, subraya que la producción argentina es estacionalmente complementaria con la de Estados Unidos, por lo que no generaría competencia directa. Mientras que el impacto comercial para el país del norte sería acotado, para Entre Ríos representaría una oportunidad relevante en términos de divisas, mejores precios de exportación y fortalecimiento de la cadena citrícola.

Desde el bloque impulsor se señaló la necesidad de que la Provincia respalde y refuerce las gestiones ante la Nación para concluir un proceso iniciado hace años y técnicamente cumplido por el sector productivo. Según se argumentó, la defensa de las economías regionales exige definiciones claras y una postura firme en favor del trabajo y la producción entrerriana.

El Poder Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto sobre régimen penal juvenil. El texto conserva la propuesta presentada en 2024, pero contiene esta vez un articulado que detalla la asignación presupuestaria para su implementación.Tras ser incluido en el temario de extraordinarias, esta semana el oficialismo buscará un tratamiento exprés de la iniciativa: se estima que el miércoles sea dictaminado en un plenario de comisiones y el jueves se debata en sesión.En mayo de 2025, el proyecto recibió despacho de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, tras un consenso entre el proyecto del PEN y otra docena de iniciativas presentadas. Sin embargo, no llegó al recinto.Caído ese dictamen tras la renovación parlamentaria, deberá firmarse uno nuevo. Al igual que el año pasado, la oposición dialoguista ya anticipó a La Libertad Avanza que acompañará la baja en la edad de imputabilidad en los 14 años y no a los 13, como quiere el Gobierno.Esa misma edad es la que se propone en el proyecto que ingresó este lunes, donde prevé un nuevo régimen penal juvenil “aplicable a personas desde los 13 años de edad hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 años de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.La semana pasada, los jefes de bloques de Diputados se reunieron con el titular del cuerpo, Martín Menem, y allí se definió un cronograma para el debate de este tema. Además, se confirmó que se harían cambios sobre la cuestión presupuestaria, ya que el dictamen anterior preveía la facultad al jefe de Gabinete para readecuar partidas presupuestarias, metodología cuestionada desde la propia Casa Rosada sobre leyes impulsadas por la oposición que estiman eso mismo, publicó Parlamentario.Así, trascendió desde sectores dialoguistas que se contemplaría la posibilidad de convenios entre Nación y las provincias, con el objetivo de que éstas puedan readecuar sus sistemas.

Sin embargo, el cambio que contiene el nuevo proyecto, más precisamente en el artículo 51, consiste en aclarar que para hacer efectiva esta ley se destinará un monto total de $23.739.155.303,08, el cual provendrá en $3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación.En los argumentos del proyecto, el PEN sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina, y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.“Como se mencionó oportunamente en el año 2024, la vigente Ley N° 22.278 sobre Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en el año 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social”, agregó.Además, el Gobierno justificó que “la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad”. Allí mencionó que Chile, Colombia y Perú la fijaron en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12.A través de más de 50 artículos, la iniciativa prevé principios rectores, derechos y garantías del régimen penal juvenil; los derechos de las víctimas; las penas y las medidas complementarias; las causales de extinción de la acción penal y de la pena; la supervisión por parte de los órganos competentes del Estado; las características de los institutos especializados de detención y las medidas de salud; y las disposiciones presupuestarias pertinentes.

Esto último, “en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629 y por el artículo 38 de la Ley N° 24.156”, remarcó el PEN sobre la cuestión fiscal. 

Según un relevamiento realizado por ANÁLISIS, la ex senadora Stefanía Cora, que había asumido en reemplazo de Edgardo Kueider tras el escándalo de Paraguay, habría sido designada en un cargo en la Auditoría General de la Nación.La Auditoría General de la Nación es un órgano de control externo, con autonomía funcional, que asiste al Congreso en la fiscalización del gasto público y la gestión. El presidente es designado a propuesta de la oposición. En el presente período ocupa el cargo el peronista porteño Juan Manuel Olmos.Alfredo De Ángeli, que completó en diciembre tres mandatos en el Senado de la Nación, no difundió información después de dejar la banca. Su última actividad política fue el intento de presidir el PRO Entre Ríos, pero finalmente se impuso la ex diputada Nancy Ballejos.Tiempo atrás trascendió que De Ángeli sería designado en algún cargo en el Poder Ejecutivo, pero ahora se comenta que está “a la expectativa” de algún cargo nacional. Hasta el momento no hubo ningún movimiento público al respecto.La radical diamantina Stella Olalla terminó su mandato como senadora y, con 82 años cumplidos, se da por hecho que se retirará de la actividad política a institucional. No obstante, la ex legisladora no lo informó públicamente.

Los exdiputadosAtilio Benedetti concluyó su tercer período en la Cámara de Diputados de la Nación. Al último lo había asumido tras la renuncia a la banca de Rogelio Frigerio, quien dimitió para dedicarse a su carrera hacia la gobernación. Es un hecho que se incorporará a la gestión provincial, aunque aún no está confirmado cuál será el cargo que ocupará.Lo propio hará Nancy Ballejos, aunque tampoco se sabe en qué cargo o área. La dirigente asumió hace poco la presidencia del PRO Entre Ríos y había llegado a la banca tras la renuncia a la banca del radical Pedro GalimbertiDe Marcela Ántola, comerciante gualeya enrolada en el radicalismo, que fue diputada nacional en el último período, no hay información sobre la continuidad de su actividad política.La kirchnerista Carolina Gaillard es empleada de planta permanente del Senado desde 2011, con función de asesora, con la categoría 1. Una vez concluido su tercer período en la Cámara de Diputados, el mecanismo indica que se da por finalizada la licencia sin goce de haberes por cargo de electivo y se da de alta en la función.Además, trascendió que la ex legisladora que compitió por fuera del peronismo en las últimas elecciones, habría obtenido un contrato para su pareja, el abogado puntano y ex diputado nacional Nicolás Rodríguez Saa.Tomás Ledesma, de La Cámpora, se recibió de abogado durante su mandato como diputado nacional. Había asumido en 2021 por corrimiento, a raíz de la renuncia de Enrique Cresto. Según comunicó en sus redes sociales, se matriculó en Entre Ríos y en Buenos Aires, donde ejercerá la profesión.(I:Análisis) 

El martes 20 a partir de las 17:30 se realizará la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara de Diputados para abordar en revisión tres proyectos de ley del Poder Ejecutivo provincial relacionados con los límites jurisdiccionales de las localidades de Bovril, en el Departamento La Paz; Antelo, en el Departamento Victoria; y Distrito Sauce, en el Departamento Nogoyá. Será el mismo martes en que una hora y media antes, a las 16, la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento, hará lo propio con la prórroga de la Ley Nº11.138, de declaración de emergencia en obras públicas.  

Todos los proyectos tomaron estado parlamentario el 11 de diciembre de 2025, fueron tratados en la de Diputados el 23 de diciembre y en esta misma jornada obtuvieron media sanción de la Cámara de Senadores. Este mismo día se remitieron a la de Diputados para una segunda revisión.

En un año “intenso” para la Cámara de Diputados tras superar la media en cantidad de sesiones, catorce durante el período ordinario incluyendo tres informativas y un homenaje, se dio a conocer las listas de los diputados más ausentes durante el 2025.En ese sentido, los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Carolina Gaillard (Unión por la Patria) fueron los únicos de Entre Ríos que dieron el presente en el recinto cada vez que había convocatoria.Sin embargo, los demás congresistas de la provincia tuvieron pocas ausencias. Nancy Ballejos (PRO), Tomás Ledesma (UxP) y Francisco Morchio (Encuentro Federal) consignaron dos faltas. Mientras que Blanca Osuna y Gustavo Bordet solo tuvieron una falta.

A nivel nacional, el chaqueño Gerardo Cipolini fue el más ausente: 11 faltas siendo 8 pertenecientes a una licencia. En segundo lugar quedó el santiagueño José Gómez con 10 ausencias. Completaron el podio el correntino Manuel Aguirre, el misionero Alberto Arrúa y el rionegrino Agustín Domingo, con ocho cada uno.

Tras la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la votación en particular en la Cámara de Diputados, el oficialismo intentó pero no consiguió los avales entre la oposición dialoguista para restaurar ese articulado en el texto que se va a votar el próximo viernes 26 en el recinto del Senado.

Las modificaciones efectivamente no se hicieron sobre el dictamen y, tras la firma de éste, a la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, los referentes de bancadas aliadas y provinciales le ratificaron la negativa a acompañar una eventual reinstalación de dicho Capítulo, el cual contenía -entre varios puntos- la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.Aunque algunas voces del oficialismo pujan por poder restaurarlo, el propio Presidente Javier Milei declaró que aceptará lo votado por el Congreso y no vetará el Presupuesto, precisó el portal de noticias legislativas parlamentario.com.ar.Si la Cámara alta sanciona la ley, se cerrará así el período extraordinario. Ahora bien, si hay cambios, el texto volvería a la Cámara de Diputados. Y al hablar de cambios no específicamente se refiere a nuevos artículos, sino también lo que podría ser el rechazo de alguno de ellos.

Cómo se discutirá y tratará en la votación en particular el Presupuesto, los jefes de bloques terminarán de definirlo en la reunión de Labor Parlamentaria prevista antes de la sesión. En la Cámara baja fue por capítulos, lo que impidió el desagregado de artículos en particular.Tras lo que festejó como un enorme logro en Diputados con la caída del Capítulo XI, al pasar al Senado, el peronismo/kirchnerismo comenzó a sumar presión sobre un artículo en particular: el número 30, dentro del Capítulo II, que propone derogar legislación clave en cuanto a financiamiento en educación, ciencia y defensa.De resultar rechazado un artículo, el proyecto debería volver a Diputados para que acepte los cambios o ratifique su versión. El interbloque “Popular”, que conduce José Mayans, está compuesto por 28 senadores, a los que al menos dos radicales podrían sumarse, pero para hacer caer el artículo necesitarían 37 votos si hay asistencia perfecta al momento de votar, de lo contrario, la cantidad de votos necesarios para amargar a LLA, baja.

¿Qué derogaciones propone el artículo 30?El inciso “a” busca dejar sin efecto el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, el cual reza: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075 (Financiamiento Educativo), el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB)”.En tanto, el inciso “b” plantea la derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada en 2021.El artículo 5 de esta norma dispone que “el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno 1% del PBI de cada año”. Mientras que el 6 dispone cómo sería el incremento progresivo año a año.Finalmente, el 7 habla de que “la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior”, y faculta al jefe de Gabinete para readecuar partidas y cumplir con este objetivo.El inciso “c” del artículo 30 prevé la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), el cual establece que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional “será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas. Este Fondo podrá incorporar aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional”.Por último, el inciso “d” avanza sobre la integración del Fondo Nacional de la Defensa, artículo 4 de la Ley 27.565, al derogar el primer inciso que establece el aporte del Estado, dejando solamente el financiamiento en manos de aportes de personas humanas y jurídicas, donaciones y legados.El inciso que se propone derogar señala que el FONDEF estará integrado “con el 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020, 0,5% para el año 2021, 0,65% para el año 2022, hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios. Este aporte es independiente a los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional”.

Juntos por Entre Ríos no logró quórum debido a que los diputados del PJ eran clave ya que para tratar el dictamen debían contar con la presencia de 26 diputados sentados en sus bancas. El artículo 144 de la Constitución Provincial que regula la cuestión dice: “La Cámara decidirá sin más trámite si se acepta o no el Dictámen de la Comisión de Investigación necesitando para aceptarlo dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros, cuando el dictamen fuera favorable a la acusación. El quórum para esta sesión se compondrá de tres cuartos de los miembros de la Cámara”. Además, el bloque propio tuvo sus bajas ya que no fueron a la sesión el diputado Roque Fleitas viajó a Buenos Aires y Juan Rossi está de viaje en el exterior. Curioso es el caso de Fabián Rógel que ayer anunció que respaldaba a Medina de Rizzo pero que no iba a poder estar en la Sesión Especial de hoy por haber viajado. Sin embargo, Rógel se hizo presente en ambas sesiones de este miércoles.El bloque justicialista emitió un comunicado explicando la postura de por qué no bajaron al recinto. Puntualmente sobre el caso Medina de Rizzo dijeron: “En cuanto al tratamiento del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, no estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del mismo. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la Comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando. Vale señalar que hasta las 10 de este martes aún no se habían recibido todos los informes solicitados por la Comisión y que el dictamen aún estaba circulando entre los legisladores”.Sobre Medina de Rizzo se sustancian dos denuncias en su contra ya que la tercera que se realizó la semana pasada fue desestimada por la Comisión de Juicio Político durante la jornada del lunes. Cabe recordar que la integrante del STJ declaró nuevamente ante la comisión en la jornada de ayer en una reunión donde el oficialismo preguntó de manera amable y el bloque opositor decidió no indagar a Medina. Ella negó nuevamente las acusaciones y la información publicada por ANALISIS basada en datos oficiales del máximo órgano judicial de la provincia. 

El comunicado del PJ

El bloque de diputados y diputadas “Más Para Entre Ríos” decidió no participar de las sesiones especiales convocadas para este martes en las que el oficialismo pretende dar tratamiento y aprobación a normas de importancia apelando otra vez a un “tratamiento express” que nos impide cumplir con la responsabilidad de analizar cada proyecto y realizarle las modificaciones que se crean convenientes.“En lo que refiere al tratamiento de las modificaciones de la Ley Impositiva y del Código Fiscal debemos señalar que una modificación a la estructura impositiva que puede perjudicar o beneficiar a diferentes sectores de la sociedad entrerriana, no puede tratarse en solo 24 horas, ya que resulta un plazo insuficiente y resultaría poco responsable de nuestra parte validar esta metodología”, expresó el texto.Luego se refirió a la Emergencia en materia de Obra Pública: “Del mismo modo, en cuanto al tratamiento de la prórroga de la ley que declaró la emergencia en obras públicas, consideramos que otorgar un nuevo plazo de vigencia de esa norma sería convalidar que el 75% de la gestión  del gobernador  Rogelio  Frigerio transcurra bajo la modalidad de emergencia lo que denota una falta de capacidad para la gestión del área. No hay antecedentes desde 1983 a la fecha de que un gobierno haya estado tres años consecutivos en emergencia”.Finalmente, “respecto de la ley de creación de nuevas comunas, consideramos que se trata de un paso importante en la institucionalización de las comunidades rurales que no puede ser tratado con el apresuramiento que el oficialismo pretende. Por el contrario, creemos que debe darse en el marco de un proceso participativo que claramente no tuvo lugar”.“Durante la semana se dejó de lado la modalidad de trabajo con seriedad, profesionalismo y capacidad de escucha que habíamos conseguido en la Cámara, y en temas que son de real importancia.  Por esta razón entendemos que no podemos convalidar esta modalidad de funcionamiento que no se corresponde con la responsabilidad que tenemos como legisladores”, fustigaron. Al finalizar, explicaron: “Entendemos que estas circunstancias nos impiden realizar el trabajo que debemos llevar adelante en cumplimiento del mandato de los entrerrianos que en las elecciones de 2023 ubicaron a nuestro espacio como el principal bloque opositor. Dadas la composición de la Cámara, la única alternativa de que disponemos para expresar nuestra opinión de manera efectiva es no concurriendo a esta convocatoria”. (Análisis)

Tuvo lugar este miércoles la segunda sesión de prórroga del 146º Periodo Legislativo en la que se aprobó un largo listado de dictámenes. Entre los proyectos de mayor relevancia, se votó con preferencia el Régimen General de Concesiones de Obras y Servicios, de autoría del Poder Ejecutivo.Una de las comisiones encargadas de analizar el proyecto fue Obras Públicas y Planeamiento, a cargo de Noelia Taborda. Como miembro informante ante el pleno, la diputada expresó que “se trata de una ley fundamental para el desarrollo de la provincia, una herramienta estratégica que actualiza a dar previsibilidad a la forma en que el Estado puede asociarse con el sector privado para la realización de obras y la prestación de servicios”.Taborda desagregó que “el objetivo principal es fortalecer la capacidad del Estado para responder a demandas de infraestructura, mantenimiento, reparación de obras y servicios, sin perder nunca su rol indelegable de regulación y control”. Resaltó, además, la necesidad de generar condiciones para la inversión privada. “En un contexto económico complejo”, dijo, “esta ley permitirá ampliar posibilidades de inversión, promover el desarrollo productivo, generar empleo y mejorar la calidad de los servicios sin comprometer los intereses del Estado y la calidad de vida de los entrerrianos”.Como presidente de la comisión de Legislación General, el diputado Marcelo López agregó datos acerca de las modificaciones a la redacción original. “Este dictamen es producto del trabajo de todos los legisladores y la oposición ha sido contributiva”, dijo, y detalló que “incorporamos el requisito de autorización legislativa para concesiones de más de 25 años, así como un mecanismo que impide que la decisión de una sola persona pueda otorgar prórrogas de concesiones sin que exista una compulsa de ofertas y un cotejo de precios”, puntualizó. Y añadió que “se establecieron servicios públicos de carácter indelegable por parte el Estado, como servicios de salud y sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, administración de justicia y servicio penitenciario”.Al momento de informar el acompañamiento de la primera minoría, el diputado Juan José Bahillo manifestó que “más allá de las restricciones que impone el gobierno nacional, nos parece razonable darle un marco al Ejecutivo para que pueda dar respuestas a las necesidades de infraestructura y obras en la provincia”. El debate contó con el reparo del diputado Carlos Damasco, quien alegó “no acompañar la imposición de nuevos peajes en rutas entrerrianas”.

Agencia de Desarrollo de Entre RíosEl pleno de la Cámara otorgó media sanción a la creación de un organismo descentralizado y autárquico denominado ‘Agencia de Desarrollo de Entre Ríos’. El instituto ideado por el Poder Ejecutivo se propone incentivar la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la simplificación regulatoria para favorecer el crecimiento del sector privado.Quien argumentó a favor de la norma fue el diputado Marcelo López, quien aseguró que la norma “está enfocada en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son quienes tienen mayores dificultades para acceder a mercados internacionales”. Entre sus funciones primarias se cuentan el diseño e implementación de estrategias para incrementar las exportaciones e inversiones productivas, el desarrollo de programas y herramientas que simplifiquen los trámites regulatorios, así como el diseño de programas específicos de fomento y asistencia para emprendimientos innovadores, nuevas empresas tecnológicas y sectores de la economía del conocimiento.

MalvinasAdemás, recibió media sanción por parte del cuerpo una propuesta de capacitación permanente en la cuestión ‘Malvinas’. De autoría de los diputados Jorge Maier y Roque Fleitas, la iniciativa adhiere a la Ley Nacional N° 27.671 por la que se establece la formación obligatoria para quienes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia, dada relevancia histórica y geopolítica que ostenta el tema.

Orden del DíaLos diputados aprobaron, a su turno, el dictamen que establece la aceptación de la donación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Victoria, que según Plano de Mensura Nº 25.667, Partida Provincial Nº 106.478, en dicha localidad, con el cargo vitalicio de construir la Escuela Secundaria y Superior Nº 1 ‘Raúl R. Trucco’. Se votó, además, autorizar al Superior Gobierno a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Cerrito de un inmueble de su propiedad, según Plano de Mensura Nº 233.657, en esa ciudad, destinado a la construcción de una Estación Reguladora de Presión de Gas del Parque Industrial ‘Intendente Orlando Lovera’.

Asimismo, recibió media sanción el dictamen que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra ‘Obra Básica y Reconstrucción Ingreso a Villa Paranacito Acceso A08 Tramo RN Nº 12’, contenido en el Expediente Nº 28.801. Asimismo, se aprobó el dictamen que autoriza a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Viale, según Plano de Mensura Nº 12.2871, Certificado Nº 1.038.858, Partida Provincial Nº 78.467, Partida Municipal Nº 78.647, en dicha localidad, con destino al funcionamiento de la Escuela Primaria NEP Nº 205 ‘Amalio Zapata Soñez’ y de la Escuela Secundaria Nº 75 del mismo nombre. 

A través de un Proyecto de Declaración el bloque justicialista advirtió que la continuidad o cierre de profesorados se decidiría utilizando “datos cuantitativos aislados”.

Por eso, el bloque opositor criticó la falta de “diálogo, consenso y análisis integral de la realidad territorial” por parte de las autoridades que genera profunda preocupación en las comunidades educativas, ya que podría determinar el fin de espacios de formación que cumplen un rol fundamental en el desarrollo educativo, profesional y social de jóvenes y adultos en Entre Ríos.

Stratta explicó en la sesión que ese proyecto recoge las inquietudes que los legisladores receptaron en sus respectivas localidades.

“Hemos escuchado la demanda de la comunidad educativa en su conjunto, no solo de los directivos y docentes, sino también de los alumnos que no saben hoy en día si las carreras siguen o no y si están inscriptos en ellas”, señaló.

La solicitud de Stratta fue sometida a votación con resultado negativo, ya que pese a la postura favorable del PJ y de tres legisladores libertarios (Liliana Salinas, Carlos Damasco y Julia Calleros), el oficialismo impuso su mayoría para evitar el tratamiento. Incluso luego de producida la votación, el titular de la Comisión de Educación del cuerpo, Lénico Aranda, relativizó las preocupaciones manifestadas por comunidades educativas de toda la provincia.

En respuesta a esta postura, Stratta aclaró que el Proyecto de Declaración “no se trata de lo que decimos nosotros, sino de lo que recogemos en los territorios” y optó por no responder lo dicho desde el oficialismo por considerar que “pretender deslegitimar la palabra de los rectores de Educación Superior de la provincia de Entre Ríos” es una enorme falta de respeto.

Por eso solicitó autorización para leer un párrafo de petitorio que recibió de rectores de instituciones educativas de Victoria, respaldado por rectores, alumnos, gremios docentes y diferentes sectores políticos e institucionales de la ciudad.

“La preocupación central se fundamenta en las proyecciones y definiciones para el ciclo lectivo 2026 comunicadas a los Institutos de Nivel Superior, el pasado 2 de diciembre, por la Dirección de Educación Superior encabezada por el profesor Eugenio Medrano. Dichas proyecciones anticipan un riesgo significativo de desmantelamiento de la oferta académica superior en nuestra localidad”, señala el texto

En ese sentido Stratta agregó: “Simplemente quiero sintetizar cuál es nuestra preocupación. Ojalá estas decisiones sean revisadas y haya una comunicación oficial, no para darnos claridad a nosotros como legisladores, sino para darles claridad y certeza a la comunidad educativa y a los habitantes de estas provincia”.  

Con la presencia de Javier Milei, la Secretaria General y hermana del presidente Karina Milei y buena parte del gabinete, se tomó juramento a los 127 diputados que se incorporan a la Cámara baja.

La ceremonia fue presidida por el diputado Gerardo Cipollini (UCR-Chaco). Como es de práctica, hasta la elección o ratificación de la máxima autoridad de la Cámara, ese lugar es ocupado por el legislador de mayor edad. El chaqueño tiene 82 años.

Por Entre Ríos juraron cinco diputados: tres fueron electos por la Alianza La Libertad Avanza (Andrés Laumann-La Libertad Avanza-, Alicia Fregonese-PRO-, y Darío Schneider-UCR-). Y dos por Fuerza Entre Ríos-PJ (Guillermo Michel y Marianela Marclay).Fregonese juró por Dios, la patria y estos santos evangelios; Laumann, Marclay y Schneider juraron por Dios y la patria; y Michel juró por la patria.

Los cinco flamantes diputados nacionales electos por Entre Ríos reemplazarán a Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma.Los nuevosAndrés Laumann es de Paraná y compitió como candidato a intendente de la ciudad por LLA en 2023. Es uno de los conductores de la fuerza en la provincia, coordinó la campaña electoral previa a este domingo y tiene línea directa con los hermanos Milei.

Alicia Fregonese es desde diciembre de 2023 presidenta del Consejo General de Educación (CGE) y fue diputada nacional por el PRO entre 2017 y 2021.

Darío Schneider es el Ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia en la gestión Frigerio. Fue intendente de la ciudad de Crespo en dos períodos (del 2015 al 2023) y es un referente del radicalismo en la provincia.Guillermo Michel es abogado de Gualeguaychú. Fue funcionario de larga trayectoria dentro de la AFIP, donde llegó a ser director general de la Aduana Nacional durante el período de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.Marianela Marclay fue concejal y es la actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en la intendencia de José Eduardo Lauritto.

En la 19ª sesión ordinaria de Diputados se aprobaron diferentes Declaraciones de Interés y de Resolución, entre los que se incluyó un expediente de autoría del diputado Juan Manuel Rossi por el que se exige al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la instalación adecuada y suficiente de operativos de fiscalización de pesos y dimensiones de los transportes de carga en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Entre Ríos.

“Es importante el control de la sobrecarga y excesos en camiones de transporte porque tiene relación directa con el exponencial deterioro de las rutas, lo que impacta en accidentes y en el desarrollo del turismo”, argumentó el legislador.Además se acompañó a sobre una resolución que solicita al Consejo General de Educación (CGE) que imponga a una escuela de la provincia el nombre de “Gobernador Raúl Lucio Uranga”.

Al respecto la diputada María Elena Romero aseguró que la resolución “no solo es un homenaje, sino que viene a salvar una deuda de reconocimiento con un dirigente ejemplar. Su legado en obras de colonización, comunicación vial e industrialización, modernización del Estado, es significativo. De su etapa como gobernador quedan edificios emblemáticos como hospitales y escuelas, y obras monumentales como el Túnel Subfluvial. Incorporó, además, la enseñanza de la historia y la geografía al sistema educativo”, enumeró la autora. Y subrayó que “Uranga fue uno de los mejores gobiernos del siglo XX con su ejemplo de ética pública y visión estratégica. Honrar su nombre es referirse a la historia grande de nuestra provincia”.Seguidamente, el pleno del cuerpo aprobó sobre tablas el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo que establece los límites jurisdiccionales de la Comuna Nueva Vizcaya, distrito Francisco Ramírez, en el departamento Federal. La presidente de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, María Elena Romero, fundamentó ante sus pares la necesidad de establecer con claridad la demarcación de competencias territoriales mientras que la diputada Noelia Taborda aseguró que el expediente “otorga seguridad jurídica y orden administrativo a la comuna”.

Por otra parte, la diputada Gabriela Lena intervino para solicitar que se envíe copia a legisladores nacionales por Entre Ríos del Expediente Nº 28.877, Declaración de autoría de la diputada Mariel Ávila, referido al repudio a la eliminación del Fondo para la Educación Técnico Profesional del Presupuesto General para la Administración Nacional.

La jornada de jura de 127 diputados modificó la composición de la Cámara baja del Congreso, que asumirán oficialmente el 10 de diciembre y se estrenarán en el período de extraordinarias. Sin embargo, la sesión preparatoria definió -en su mismo transcurso- interbloques que alteraron la elección de autoridades, en simultáneo a que perfiló roles importantes dentro del recinto.

Lo que sí se consolidó fue la primera fuerza: en un raid de adhesiones en las últimas dos semanas, La Libertad Avanza pasó a Fuerza Patria por dos legisladores.

La última novedad libertaria es que permanecerá en el bloque Lorena Villaverde, que renunció a su banca en el Senado.Tras el recambio legislativo, los bloques de la Cámara de Diputados y su composición son: La Libertad Avanza: 95 diputados.Unión por la Patria: 93 diputados.Provincias Unidas: 18 diputados.PRO: 12 diputados.Innovación Federal: 7 diputados.UCR: 6 diputados. (El radicalismo tendrá el bloque más pequeño de su historia política) Frente de Izquierda: 4 diputados.Coherencia: 3 diputados.Independencia: 3 diputados.Elijo Catamarca: 3 diputados.Encuentro Federal: 2 diputados.Coalición Cívica: 2 diputados.MID: 2 diputados.Producción y Trabajo: 2 diputados.La Neuquinidad: 1 diputada.Defendamos Córdoba: 1 diputada.Adelante Buenos Aires: 1 diputada.PJ San Luis: 1 diputado.Por Santa Cruz: 1 diputado.

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo martes para empezar a analizar un proyecto de ley para asegurar la continuidad y el rol de articulación de esta instancia clave en el diseño y control de políticas públicas destinadas a garantizar la alimentación y nutrición de la población, con foco en la población vulnerable.Se trata de la creación de la Mesa de Diálogo Social en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. La iniciativa fue impulsada por la legisladora del bloque de Juntos por Entre Ríos (JxER) Carolina Streitenberger, y los coautores: Lenico Aranda, Silvio Gallay, Gabriela Lena, Jorge Maier y María Noelia Taborda.La composición de la Mesa busca garantizar una mirada plural e intersectorial, ya que estará integrada por representantes de diversos organismos del Estado, el Poder Legislativo, las universidades (UNER y Uader), organizaciones de la Economía Popular y la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.

La iniciativa solicita que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se disponga la instalación adecuada y en cantidad suficiente de operativos de control y balanzas, tanto fijas como móviles, con el fin de evitar la circulación de camiones con sobrepeso que aceleran el deterioro de la infraestructura vial.

Rossi remarcó que la situación es crítica: “Entre Ríos es un corredor logístico estratégico para el país y el Mercosur. El mal estado de las rutas nacionales, agravado por la falta de controles, está afectando la seguridad vial, el desarrollo económico y la competitividad de nuestras economías regionales”.

Según datos de Vialidad Nacional del período 2023-2024, el 43,9% de los 2.018 km de rutas nacionales relevados en Entre Ríos se encuentra en mal estado, mientras que solo el 26,3% presenta condiciones buenas. El tránsito de camiones con exceso de carga provoca fisuras, deformaciones y baches, reduciendo drásticamente la vida útil del pavimento. Un aumento del 20% en el peso por eje puede reducir a la mitad la durabilidad de una ruta.El diputado subrayó que la DNV tiene la responsabilidad legal indelegable de controlar el cumplimiento de los límites de peso, independientemente de si la ruta está o no concesionada:

“La ley es clara y la autoridad nacional no puede desentenderse. La ausencia de controles fomenta prácticas evasivas y multiplica el impacto del sobrepeso sobre nuestras rutas”.Rossi también señaló que la falta de fiscalización se agrava por los recortes presupuestarios y la reducción de personal en Vialidad Nacional, lo que limita la capacidad operativa del organismo:“Estamos defendiendo los intereses de los entrerrianos. El deterioro acelerado de las rutas no es solo un problema vial: afecta la seguridad, encarece el transporte, desalienta el turismo y perjudica directamente a nuestras economías”.

Finalmente, el legislador pidió el acompañamiento de sus pares: “Exigimos que el Gobierno Nacional cumpla con su deber legal de fiscalizar. Sin controles reales y permanentes, el patrimonio vial de todos los argentinos seguirá en riesgo”.

El Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, fundado el 28 de julio de 1849 en Concepción del Uruguay por el General Justo José de Urquiza, será escenario de una sesión especial de la Cámara baja. “Es un hecho histórico, 165 años después volvemos a Concepción del Uruguay, el lugar donde se realizó la primera sesión de la Legislatura entrerriana”, expresó Hein.En relación a la decisión de sesionar fuera del recinto habitual de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara expresó: “En ese camino de abrir la Cámara, de transmitir lo que hacemos a los entrerrianos, decidimos llevar el trabajo legislativo, a través del desarrollo de comisiones y de una sesión, al ámbito del Colegio Superior, un lugar de mucha referencia histórica y tan caro a los sentimientos de los entrerrianos y su identidad”, acotó. “Es una tarea que demanda mucho trabajo de parte de las diferentes áreas de la Cámara, por lo que es preciso agradecer todo ese esfuerzo y compromiso que se está desarrollando para que esta sesión especial sea posible”, remarcó.Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Juan Pablo Filipuzzi, valoró la iniciativa. “Esta actividad, que impulsamos desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, busca poner en valor la historia del Colegio del Uruguay y de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde durante tantos años funcionó la Legislatura Provincial. Nos parece fundamental reivindicar los lugares que formaron parte de nuestra historia democrática y, al mismo tiempo, difundir ese legado, porque muchas veces pasan los años y estos hechos quedan en el olvido”, reflexionó.

Sobre la jornada prevista para el próximo 26 de noviembre, el decano expresó: “Representa una oportunidad para volver a las raíces, a los espacios donde se gestaron los primeros pasos de la vida legislativa entrerriana, y también para fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad. Es un verdadero orgullo y privilegio recibir la Cámara en esta ocasión”, resaltó.A su turno el diputado Gallay se refirió a las características de la sesión especial. “Es un hecho sin precedentes donde uno de los poderes del estado provincial, como es la Cámara de Diputados, se trasladará fuera de Paraná para homenajear al Colegio Superior del Uruguay, al conmemorarse el 165° aniversario de la primera sesión de la Legislatura Entrerriana”, detalló Gallay.

Finalmente el diputado destacó la predisposición de todas las partes para la concreción de esta sesión especial. “Quiero agradecer especialmente al presidente de la Cámara, sin cuya apertura y apoyo no sería posible, también al decano Juan Pablo Filipuzzi, de quien depende el Colegio y uno de los promotores de la actividad, así como también al rector del Colegio Superior, Alberto Lescano con quien pudimos articular cada detalle de este evento que estoy convencido será histórico para los vecinos de Concepción y el departamento Uruguay”, concluyó.