La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este miércoles 22 la cuarta sesión ordinaria del 147º Período Legislativo, con una agenda centrada en obras públicas y distintos temas de interés provincial. El encuentro fue presidido por el titular del cuerpo, Gustavo Hein, quien condujo el debate en el que se trataron iniciativas del Poder Ejecutivo y proyectos impulsados por los distintos bloques.

En el tramo central de la sesión, los legisladores aprobaron por unanimidad una serie de proyectos de ley vinculados a la declaración de utilidad pública de inmuebles destinados a futuras expropiaciones. Estas medidas apuntan a facilitar obras consideradas estratégicas, como accesos a salas de extracción apícola en Paraná y Gualeguaychú, la circunvalación de Nogoyá y trabajos de mejora vial en departamentos como Feliciano, Federación, La Paz y el propio Nogoyá. El diputado Marcelo López, al fundamentar las iniciativas, destacó su impacto en el desarrollo productivo y la infraestructura.Durante la jornada también tomaron estado parlamentario dos proyectos remitidos desde el Senado. Uno de ellos propone modificar la Ley Nº 11.154 para habilitar la donación de un inmueble provincial a la Municipalidad de Villa Paranacito. El otro, impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, plantea la creación de nuevos juzgados y cargos de defensores públicos, con el objetivo de reforzar la estructura judicial.

Además, se aprobaron distintas declaraciones de interés legislativo. Entre ellas, se reconoció el trabajo de la educadora ambiental Sheila Rougier, conocida como “La Chica del Telescopio”, y se destacó el libro “San Carlos, un castillo de leyenda”, del historiador Roberto Romani. También se impulsó instituir el 21 de junio como Día Provincial de Concientización sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se declaró de interés la tradicional Marcha al Puente Internacional General San Martín, bajo el lema “Sin agua no hay vida”.Por otra parte, fue girado a comisión un proyecto referido a la situación de los Hogares de Cristo en Paraná y Gualeguaychú. Sobre este punto, se remarcó la importancia de estas instituciones en el trabajo social y se anticipó un análisis en profundidad en el ámbito correspondiente.La sesión también tuvo su espacio para los homenajes. Se recordó la figura del actor y dirigente político Luis Brandoni, recientemente fallecido, así como a la pedagoga Juana Manso, en un nuevo aniversario de su muerte. Asimismo, legisladores de distintos bloques coincidieron en rendir homenaje al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

El bloque de diputados provinciales Más Para Entre Ríos reclamó al Poder Ejecutivo que envíe a la Legislatura el proyecto de reforma del sistema jubilatorio, con el objetivo de iniciar un debate “con datos concretos y sobre una base cierta” en torno a un tema que consideran de alta sensibilidad social.

Desde la bancada opositora señalaron que, desde el anuncio de la intención oficial de avanzar con cambios en el régimen previsional, han participado de las instancias de diálogo convocadas, bajo la premisa de defender un sistema de reparto sólido para los trabajadores estatales. En ese marco, remarcaron que el debate democrático requiere condiciones claras, información precisa y respeto entre las partes.

Sin embargo, cuestionaron actitudes del gobernador Rogelio Frigerio que, a su entender, contradicen ese espíritu. En particular, hicieron referencia a declaraciones públicas en las que el mandatario expresó críticas hacia dirigentes opositores, sugiriendo que no deberían opinar sobre la gestión luego de haber ejercido funciones de gobierno.

Para los legisladores, esas expresiones reflejan una visión restrictiva del rol de la oposición, al interpretar que cualquier planteo o cuestionamiento es leído como un intento de desestabilización. En ese sentido, advirtieron que el debate político no puede reducirse a un acompañamiento sin objeciones, sino que debe incluir la posibilidad de disentir y aportar miradas diferentes.

Además, manifestaron su preocupación por el tono utilizado en algunas intervenciones públicas del gobernador, que incluyeron descalificaciones personales hacia dirigentes opositores. Consideraron que ese tipo de expresiones no solo debilitan el diálogo institucional, sino que también resultan inapropiadas en un contexto social complejo.

Los diputados insistieron en que el envío del proyecto a la Legislatura es indispensable para avanzar en un análisis serio de la reforma previsional, y sostuvieron que el debate debe darse de cara a la sociedad entrerriana, con transparencia y responsabilidad política.

Finalmente, señalaron que el objetivo es contribuir a una discusión constructiva que permita garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio, pero advirtieron que ello solo será posible si se generan condiciones reales de diálogo, con acceso a la información y respeto por la pluralidad de voces.

La iniciativa del justicialismo busca aportar mayor transparencia, veracidad, acceso a la información y control ciudadano sobre la deuda pública, mediante la elaboración de un informe técnico integral que será de acceso público. A raíz de esta presentación, la Cámara decidió por unanimidad que el expediente vuelva a la Comisión, para darle tratamiento a la nueva iniciativa. Esa decisión fue posible por el apoyo del oficialismo que valoró positivamente el aporte. Detalles del proyecto A diferencia de la propuesta del oficialismo, que contempla una integración de nueve miembros (seis legisladores y tres representantes del Ejecutivo); la comisión propuesta por el PJ incluye tres técnicos independientes en representación de instituciones de la sociedad civil, para garantizar pluralidad y respaldo técnico. De este modo, el justicialismo propone integrar la comisión con dos senadores y dos diputados provinciales (uno por el oficialismo y uno por el bloque opositor mayoritario en cada Cámara); dos representantes designados por el gobernador; y tres técnicos en representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

La Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública tendrá como objetivo central la elaboración de informes parciales y finales que deberán ser publicados, de manera periódica, en el sitio web oficial del gobierno de la provincia. Allí deberá incluir un análisis histórico completo de la deuda, incluyendo su evolución, composición, condiciones de emisión y normativa aplicable. También la determinación del destino de los fondos, diferenciando entre gastos corrientes e inversiones productivas.Igualmente realizará una evaluación de costos financieros, como tasas de interés en distintas operaciones de endeudamiento; y un control institucional, mediante la revisión de dictámenes de organismos como Fiscalía de Estado y Contaduría. Abordará la medición de la sostenibilidad de la deuda, a través de indicadores claros como deuda por habitante, relación con ingresos provinciales y peso en el presupuesto, entre otros aspectos.Además, el proyecto incorpora herramientas de comunicación accesible para la ciudadanía, como un sistema visual tipo “semáforo” para evaluar la sostenibilidad de la deuda, y un tablero público georreferenciado que mostrará las obras e inversiones financiadas con endeudamiento.La Comisión tendrá amplias facultades para requerir información a organismos públicos para la elaboración de un Informe que deberá actualizarse como mínimo de manera trimestral, sin perjuicio de la incorporación inmediata de nuevas operaciones de endeudamiento o modificaciones relevantes. También deberá elaborar un Informe Anual de Deuda Pública, que refleje la situación al 31 de diciembre, que sintetice la situación del endeudamiento provincial, su evolución y los resultados de las inversiones realizadas con dichos recursos en un formato accesible y con lenguaje coloquial, a fin de facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía, incluso de aquellas personas que no están familiarizadas con las finanzas públicas. 

La Cámara de Diputados de Entre Ríos tuvo su primera reunión de comisión del año. En este caso, Previsión y Seguridad Social, bajo la presidencia de la diputada Vilma Vázquez, se reunió este martes para tratar una iniciativa de ley que pretende otorgar previsibilidad a los ingresos de beneficiarios del sistema previsional.

El Expediente Nº 27.060 fue propuesto por la diputada María Elena Romero en orden a reglamentar lo dispuesto en el artículo 24º de la Constitución Provincial, que fija un ingreso efectivo mínimo ante situaciones de desamparo, desempleo, inestabilidad económica o social para todos los habitantes.

A la hora de evaluar los fundamentos, la autora del proyecto se refirió al “estado de sujeción a que pasivos quedan expuestos respecto de entidades que prestan dinero, lo que suele derivar en abusos de los prestamistas como a veces también, por desinformación o descuidos, en la mengua significativa del salario o haber jubilatorio o de pensión”, explicó.

En su intervención como invitado a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, el presidente de la Caja de Jubilados y Pensionados de la provincia, Gastón Bagnat, destacó la “necesidad de establecer un ingreso mínimo garantizado para los jubilados provinciales que resguarde sus haberes frente a embargos o descuentos excesivos”.

El funcionario añadió también que la gestión actual prioriza la transparencia y el orden de los datos como bases para proteger el sistema solidario y la movilidad del 82 por ciento, en un contexto de déficit estructural que requiere medidas urgentes de sostenibilidad.

De esta forma, la iniciativa se plantea como objetivo central el “resguardo de un ingreso efectivo mínimo para los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones”. El texto propone instrumentalizar el artículo 24º de la Constitución Provincial en orden a “asegurar la subsistencia de los beneficiarios frente a posibles acciones de terceros”.De avanzar en la sanción, la norma establecerá que los “beneficios previsionales son inembargables hasta un monto equivalente a una vez y media el valor del salario mínimo vital y móvil”. Para los haberes que superen dicho límite, se fija un tope de embargo del 20 por ciento mensual, aplicable exclusivamente sobre el excedente. Asimismo, la propuesta contempla la prohibición de descuentos o débitos automáticos sobre el monto protegido. 

Los diputados  que integramos el bloque “Más para Entre Ríos” apoyaremos la sanción del proyecto de presupuesto 2026 en la sesión de este miércoles, con la convicción de que es nuestra responsabilidad acompañar la hoja de ruta que el gobernador estableció para gestionar durante 2026. Y con la misma responsabilidad advertimos sobre aspectos de este presupuesto de los que poco se habla y que resultan muy relevantes, no para un gobierno sino para todos los entrerrianos.

Un aspecto que se destaca es la escasa inversión en obras públicas que son fundamentales para el desarrollo de la provincia. A diferencia de lo que se dice sobre “montos históricos” de inversión, la suma presupuestada es prácticamente igual a la del año anterior. Mientras tanto, crece el endeudamiento, ya que a los nuevos pedidos de autorización para tomar deuda en 2026 se suman los saldos de autorizaciones del 2025 y los de leyes especiales. Hablamos de miles de millones de dólares de deuda que tendremos que pagar los entrerrianos.En estos dos primeros años de gestión del gobierno provincial aumentó la deuda pública, y en muchos casos esos montos fueron para atender gastos corrientes. Desde hace mucho tiempo se anuncia el envío a la Legislatura un plan de obras públicas cuyas prioridades serían definidas junto a los intendentes, pero eso no ha ocurrido. Hasta ahora la “inversión histórica” figura solo en los títulos periodísticos.

En el proyecto de presupuesto no aparecen las obras que solicitan los intendentes o figuran sin fondos asignados para su ejecución. Y tampoco están en los créditos que se gestionan ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En síntesis, advertimos que más allá de las promesas,  hay pocas obras con crédito presupuestario y más deuda. Eso justifica nuestro rechazo a los artículos de endeudamiento, porque no queremos seguir firmando cheques en blanco que hipotequen el futuro de la provincia.

Por una propuesta de Gabriela Lena, la Cámara baja declaró de interés el proyecto artístico de creación de un vestido confeccionado con cáscaras de naranja. Radio Diputados entrevistó a su autora, Cecilia Leaniz. Cecilia es estudiante de diseño oriunda de Crespo. Su obra, llamada ‘‘Un beso entrerriano’’, fue distinguida con una mención honorífica y seleccionada entre los 250 participantes del certamen nacional ‘‘Conciencia Artística’’ que promueve la reutilización creativa de residuos y la conciencia ambiental, organizado por la Escuela Argentina de Moda.‘‘Como era un concurso nacional, sabía que iban a participar muchas chicas de Buenos Aires de la Escuela y tenía que buscar algo que me representara y que representara a mi provincia. Así que me puse a buscar y decidí hacerlo con cáscaras de naranja, algo que nunca había visto y que me pareció original’’, contó la entrevistada, y destacó que cumplió con el objetivo que se había propuesto.A su vez, comentó que con esta producción busca que ‘‘la gente se cuestione un poco el consumo de la industria de la indumentaria, que es la segunda más contaminante del mundo, así que es muchísimo el desperdicio que hay’’.Asimismo, espera contribuir a la concientización sobre la posibilidad de confeccionar ropa con materiales reciclables u orgánicos. ‘‘Yo decidí hacerlo con materiales orgánicos, que es lo que estoy experimentando actualmente’’, dijo. Para hacer el vestido utilizó una base de lienzo teñido con cúrcuma y zanahoria para lograr el color buscado. Exprimió las naranjas para poder utilizar la mayor parte de la cáscara, después las cortó y quitó toda la pulpa y las secó en horno u hornalla. Luego bordó pequeños cuadrados de las naranjas sobre la tela, realizando una versión personal de la obra ‘‘El beso’’ de Gustav Klimt.

La iniciativa surge en medio de denuncias públicas por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a la alimentación escolar, que habrían alcanzado cifras millonarias. Entre los puntos solicitados se incluyen:- La nómina completa de responsables a cargo de la administración de los recursos, indicando su condición laboral y funciones asignadas, y aclarando la asignación de tareas administrativas a personal de comedores a pesar de lo establecido por la normativa vigente.- Listado de proveedores y modalidad de contratación, montos pagados, y los procedimientos de control y rendición de cuentas efectuados, incluyendo detalles sobre reconocimientos de deuda.- Montos ejecutados desglosados por fuente de financiamiento y tipo de prestación alimentaria (desayuno, almuerzo, merienda, cena).- Detalles sobre supervisiones y auditorías internas y externas realizadas, hallazgos y acciones correctivas.- Información sobre el inicio y estado actual de actuaciones sumariales vinculadas a las irregularidades denunciadas.- Medidas preventivas y correctivas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Humano ante las denuncias.- Datos sobre la recepción y seguimiento de las advertencias por presunta malversación formuladas por la excoordinadora Silvina Murúa.- Aclaraciones sobre la posible contratación de familiares vinculados a la excoordinadora y cumplimiento de funciones.- Monto preciso de fondos malversados o no justificados detectados en auditorías oficiales y grado de avance de las acciones legales o administrativas.- Información sobre acciones judiciales o del Tribunal de Cuentas, y posibles intervenciones o reestructuraciones en el área de Comedores Escolares en Concordia.“Este pedido de informes es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta administración de recursos que son vitales para asegurar el derecho a la alimentación de cientos de niños y niñas entrerrianos”, expresó Ávila.“Desde nuestro espacio político insistimos en la urgente necesidad de que el gobierno provincial asuma la responsabilidad que tiene para con la salud y bienestar de la población más vulnerable. No podemos permitir que la negligencia y la falta de control afecten políticas públicas esenciales”, puntualizó la legisladora oriunda de Concordia. 

La solicitud requiere la especificación de la cantidad de pacientes nominalizados y la cantidad de personas que se encuentran en condición de recibir insulinas, y también la información de las compras y entrega de insulinas, metformina e insumos como tiras reactivas y glucómetros necesarios realizadas desde 2023, para tratar a quienes lo requieran de manera crónica.

Recientes informaciones periodísticas dieron cuenta de las dificultades que atraviesan las personas que requieren de la asistencia estatal para obtener la medicación para atender esta patología crónica.El Pedido de Informes -elaborado por la diputada Laura Stratta- se centra en el funcionamiento de la cartera de Salud abordando tres áreas críticas y fundamentales para el bienestar de la población entrerriana: la atención integral a las personas con diabetes, la provisión de métodos anticonceptivos y, de manera crucial, la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

Respecto del Programa de Prevención y Atención al Paciente Diabético se remarca su carácter “esencial para garantizar una calidad de vida adecuada a miles de entrerrianos y entrerrianas que padecen esta enfermedad crónica. En este sentido, se requiere información exhaustiva sobre la evolución de la compra y entrega de insulinas, así como de otras drogas crónicas y elementos de monitoreo necesarios para el tratamiento de la diabetes”. En el mismo instrumento se reclaman detalles precisos y actualizados sobre la compra y provisión de insumos anticonceptivos en toda la provincia. Se solicita que se especifiquen los diferentes tipos de métodos anticonceptivos disponibles (orales, inyectables, intrauterinos, de barrera, etcétera) y su disponibilidad en los distintos niveles de atención de la salud.

El planteo atiende a  que disponer “de métodos anticonceptivos es un pilar fundamental para la planificación familiar, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la autonomía de las personas sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas”.

Finalmente, y ante la discontinuación del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) por decisión del Estado Nacional, la legisladora requiere información sobre las políticas y acciones concretas que ha implementado o tiene previsto implementar el Estado Provincial para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

“La ausencia de un plan nacional coordinado exige una respuesta provincial robusta y efectiva. Este pedido busca conocer sobre el compromiso del gobierno provincial con la salud integral de este grupo etario vulnerable, que incluye no solo la prevención del embarazo, sino también el acceso a educación sexual integral, servicios de salud amigables para adolescentes y apoyo psicosocial. Es crucial conocer qué estrategias se están desarrollando para evitar un retroceso en los avances logrados y garantizar que los y las adolescentes de Entre Ríos cuenten con las herramientas y el acompañamiento necesarios para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, protegiendo así su presente y su futuro”, precisa el texto. En marzo de 2024 Stratta presentó un Pedido de Informes sobre la situación, y posteriormente un proyecto de creación del Plan Provincial de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, aunque hasta el momento no ha tenido tratamiento en la Cámara baja. 

El jueves habrá un conversatorio con especialistas.En ese marco, Rossi anunció la realización de un conversatorio abierto para debatir esta problemática y promover propuestas alternativas. La actividad se llevará a cabo el jueves 24 de abril a las 15 hs en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.“Mientras desde Nación se insiste con medidas que asfixian al productor y castigan a las provincias, nosotros vamos a seguir proponiendo una salida posible que beneficie al sector agroindustrial entrerriano y que fortalezca a la provincia”, señaló Rossi.La actividad contará con la participación de referentes del sector agropecuario, diputados provinciales y actores de la sociedad civil involucrados en la temática.

Participarán como disertantes:- Tomás Allan, abogado e investigador de Fundar, especialista en gestión de recursos naturales.- Kevin Corfield, economista y analista de Fundar, con experiencia en el análisis del impacto productivo y fiscal del sector agropecuario.Ambos son coautores del documento “Discutir los derechos de exportación: hacia un nuevo marco fiscal para el agro”, en el que proponen alternativas viables y progresivas para reemplazar las retenciones por un esquema impositivo más justo y eficaz.“Las retenciones no solo debilitan al chacarero, también le quitan recursos a la provincia y transfieren riqueza al AMBA. Por eso insistimos en su eliminación y en la necesidad urgente de una reforma tributaria progresiva que grave a quienes más tienen, no a quienes producen”, concluyó Rossi.

En una reunión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, realizada este jueves en su despacho, autoridades de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano avanzaron con la articulación interinstitucional para el desarrollo de políticas en materia de salud mental. Específicamente, acordaron líneas de trabajo para la atención de las problemáticas de adicciones y suicidios.

Hein recibió a los ministros de Salud, Daniel Blanzaco, y de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; así como al secretario de Salud, Daniel Valentinuz, y al director general de Salud Mental, Esteban Dávila. Lo hizo en el marco de una agenda que viene llevando adelante desde la Presidencia de la Cámara baja para abordar situaciones que preocupan a la sociedad entrerriana.Luego de la reunión, el ministro Blanzaco consideró ‘‘muy importante la convocatoria del presidente de la Cámara’’, al tiempo que detalló: ‘‘Estamos armando un observatorio común en salud mental. Nosotros elevamos la Dirección de Salud Mental a una Dirección General, que creemos que es la jerarquía que corresponde, y la idea es fortalecer el trabajo de manera intersectorial, con el Ministerio de Desarrollo Humano, con Educación, con la Policía, para establecer estrategias comunes de acción y poder tener una llegada adecuada a la demanda de la gente’’.

Consultado sobre las principales necesidades de la población entrerriana en la materia, Blanzaco comentó: ‘‘Tenemos un gran problema con el tema de suicidios. Lamentablemente nuestra provincia es una de las que tiene mayor estadística en este sentido. Y el otro tema que nos preocupa mucho también es el de las problemáticas de consumo. Estos son los lineamientos iniciales para trabajar’’.‘‘Ahora estamos conformando la mesa. Ya hay una resolución previa que establecía algunos lineamientos; le vamos a dar jerarquía y disponer de la gente para empezar a trabajar y vamos a ir convocando a los otros sectores que hoy no están, para poder llevar adelante esa estrategia’’, dijo el ministro sobre los pasos a seguir.Por su parte, Berisso remarcó: ‘‘Tratamos de articular algunos temas de salud mental que realmente nos preocupan, siempre poniendo a la cabeza al Ministerio de Salud, que es donde están las personas técnicamente preparadas para abordar estos temas’’.‘‘Desde el Ministerio de Desarrollo Humano colaboramos y nos ponemos a disposición. Ya vamos a delinear la estrategia, pero en nuestro caso podríamos apuntar un poquito más a la prevención y articular para que todos participemos en estas cuestiones que tanto nos preocupan’’, completó.

Deccó se suma al bloque justicialista y destacó su compromiso con el trabajo legislativo, poniendo énfasis en la necesidad de abordar políticas de salud mental y fortalecer los protocolos de prevención del suicidio. Con experiencia en los Concejos Deliberantes de su ciudad, aseguró que aportará su conocimiento en la elaboración de leyes y el trabajo en comisiones.

Además, la futura diputada analizó la situación del Partido Justicialista, remarcando la importancia de la autocrítica tras la última derrota electoral y la necesidad de renovar el espacio con nuevas representaciones y participación juvenil. También reafirmó su convicción de que el peronismo debe fortalecerse desde el debate interno para proyectar un futuro competitivo. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió este jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.

“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.  

El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.  

Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.

La cobertura

Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.

“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.

Un largo camino

En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.

Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.

De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y Ricardo Álvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.

La Cámara de Diputados reanudará este jueves el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2025, con la exposición que brindará el ministro de Salud, Mario Lugones, sobre los recursos que se destinarán a su área.  En forma paralela a las exposiciones de los funcionarios, el oficialismo avanza en negociaciones con los bloques dialoguistas que le permitan alcanzar acuerdo para sancionar entre el 20 y 27 de noviembre la denominada ley de leyes. Lugones será el segundo ministro que concurrirá a exponer en la comisión de Presupuesto sobre los fondos destinados a su área, en el marco de las reuniones informativas que se realizan en ese ámbito parlamentario. De acuerdo al proyecto de Presupuesto, se destinarán al Ministerio de Salud 5,2 billones de pesos, lo que implica un aumento del 6,2 por ciento, ya que para 2024 se destinaron fondos por un monto equivalente a 4,9 billones de pesos.  Según el esquema de trabajo diseñado por el oficialismo, la intención es concluir la próxima semana con las reuniones informativas y entre el miércoles 13 y jueves 14 firmar el despacho de mayoría. Las conversaciones avanzan, por un lado, en el Congreso y por otro lado con los gobernadores de Juntos por el Cambio y del peronismo. La Libertad Avanza necesita alcanzar acuerdos con el PRO, la UCR, Innovación Federal y otras bancadas menores para obtener el dictamen de mayoría y luego mayoría en el recinto de sesiones.  En ese contexto, las transferencias a las provincias, el aumento a las Universidades, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas son los principales puntos centrales de las negociaciones que realizaban por estas horas en el Congreso Nacional el oficialismo y bloques dialoguistas a fin de acordar el Presupuesto 2025.   En el tema universitario, el Gobierno planteó que aumentar los fondos para las Universidades Nacionales y compensar ese incremento con la reducción de los recursos destinados a las Paso y al financiamiento de los partidos políticos, pero aquí no hubo acuerdo con el PRO.   El Consejo de Rectores, agrupados en el CIN, quiere que recursos por un total de 7,2 billones de pesos, y el Gobierno estableció en el Presupuesto una partida de 3,8 billones de pesos, y todos creen que finalmente será de 5 billones de pesos.  Otro punto clave de las tratativas es definir qué pasará con el excedente de la recaudación si las proyecciones inflacionarias superan el 18 por ciento y como se distribuirán esos recursos. El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga su política de superávit fiscal del gasto primario. Además del diálogo con el PRO y UCR, el oficialismo mantiene conversaciones con Innovación Federal y la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero aquí surge el problema de que la bancada, que conduce Miguel Ángel Pichetto, quiere avanzar con un dictamen propio y eso complicaría al oficialismo para tener un despacho de mayoría.  A este se suma que el Ejecutivo también deberá sentarse a conversar con los radicales disidentes agrupados en Democracia para Siempre, que tiene una docena de legisladores, que son muy críticos con la política oficialista.  Por eso además de las reuniones informativas que se realizan en la comisión de Presupuesto será clave observar el pulso de las negociaciones en el Congreso y Casa de Gobierno, para saber si finalmente habrá acuerdo y el oficialismo podrá contar con la sanción de la ley de Leyes. 

Este acto será clave para delinear las prioridades del gobierno provincial en áreas como obra pública, educación y salud, y marcará el rumbo económico para el próximo año.El presupuesto provincial está directamente condicionado por el Presupuesto nacional. En septiembre, cuando el presidente Javier Milei presentó su propuesta presupuestaria para 2025, Uriel Brupbacher, secretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, advirtió sobre un recorte significativo para las provincias, estimado en 60.000 millones de dólares. Según Brupbacher, esto implicaría una reducción del 80 % de los recursos proyectados para Entre Ríos, lo que generó incertidumbre sobre cómo se plantearía el presupuesto provincial.A pesar de este escenario, Brupbacher expresó que, siempre que lleguen los fondos correspondientes a la provincia, el gobierno de Frigerio está dispuesto a administrar los recursos disponibles de manera eficiente. Este martes se conocerán los detalles de cómo se afrontarán los desafíos económicos para el año entrante, con especial atención en el pago de deuda y la inversión en áreas clave. 

“El Ejecutivo ha remitido a la Cámara un proyecto de reforma política integral que incluye la codificación de todas las normas electorales. Buscamos una versión unificada y superadora. Cambiamos la boleta sábana por una boleta única papel, similar a la que se usa en la mayoría de los países del mundo”, comentó López en declaraciones al programa «Lo que queda del día», por Oíd Mortales Radio.López explicó que este cambio es fundamental para transparentar el sistema electoral y reducir el impacto del dinero en las campañas políticas. “Se establecen limitaciones al financiamiento de los partidos políticos. Los partidos van a tener que hacer propaganda televisiva y radial, como es costumbre, pero no lo van a poder hacer más con fondos propios, lo va a hacer el Estado, con un mejor control y transparencia de todo el proceso”, resaltó el legislador.Uno de los aspectos más importantes de esta reforma es el esfuerzo por acercar la política a los ciudadanos. “Somos absolutamente conscientes de la angustia que hoy está pasando la ciudadanía por la situación económica, sabemos que hay otros temas en la agenda urgente de la sociedad; pero esta iniciativa es fundamental para la consolidación de un sistema electoral más moderno, más transparente, menos costoso y más cerca de la gente. Este proyecto pretende acercar la vida institucional provincial a la gente común”, aseguró López.En este marco, la Legislatura ha decidido trasladar las sesiones de las comisiones a distintas localidades de Entre Ríos, en lugar de sesionar únicamente en Paraná. “Hemos decidido algo que es totalmente atípico en la legislatura entrerriana, que es llevar el funcionamiento de las comisiones al interior de la provincia, de manera tal que los diferentes actores vinculados con estos temas puedan acercarse, exponer, consultar y ver cómo se debaten las leyes”, agregó el diputado.El evento - que tendrá lugar este martes por la mañana en el Centro de Convenciones de Concordia - será el primero de una serie de jornadas que se realizarán en otras ciudades de la provincia, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la discusión de una reforma clave para la calidad institucional y la modernización del sistema electoral en Entre Ríos. La jornada contará con la presencia del intendente Francisco Azcué y destacados actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. 

Los autores de los proyectos explicaron los puntos centrales de sus iniciativas y hubo diferencias sobre la edad que debe tener la iniciativa.La titular de Legislación Penal, Rodríguez Machado (PRO), recordó que es la “continuación del tratamiento del Ejecutivo sobre Régimen Penal Juvenil”. El procedimiento acordado en primer lugar es escuchar a los Bloques sobre esta temática”. Además, informó que presentarán una síntesis del proyecto del Ejecutivo y posteriormente habrá reunión con técnicos y especialistas.En tanto, uno de los autores del proyecto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UxP) explicó que es un tema muy importante que cala “con un reflejo profundo en la sociedad”. “El proyecto de mi autoría establece un criterio prominoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas del delito. No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código”, argumentó.Al mismo tiempo, manifestó que la iniciativa ha “llevado más de 1 año de trabajo donde hemos verificado la legislación comparada y la revisión hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en Buenos Aires y en La Rioja”. “Tenemos que hacer una aclaración dogmática y sistemática ya que no es posible hablar de una ley complementaria sino se tiene un Código Penal del cual deriva la complementariedad y especialidad de esa ley”, afirmó.Por su parte, el diputado del PRO, Martín Yeza, expresó que la iniciativa de su bloque “concretamente se centra en un proyecto de baja de edad de imputabilidad a partir de los 14 años, por elementos vinculados a la convencionalidad jurídica y jurisprudencial, particularmente, y que, además, desarrolla a diferencia del proyecto del Ejecutivo dos sistemas”.“Un sistema cerrado y semicerrado en donde se concentran a la vez dos tipos de casos. El primero y principal: el caso donde las víctimas tienen que ser encerradas, privadas de su libertad, pero, después, por supuesto, en casos más complejos donde tratamos con victimarios que tienen alguna adicción o problemas psiquiátricos”, agregó el legislador y remarcó que también contempla penas de distinta índole para los padres “no solamente inhibición de bienes”.La diputada Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) explicó que: “Nuestro proyecto tiene que ver con los datos de la misma Corte de como viene siendo el incremento del delito en menores y la sociedad nos está pidiendo una respuesta”. “Coincidimos en varios puntos con el proyecto del Ejecutivo, pero algunos tenemos diferencias, en cuanto a la edad establecimos la de 13 años, pero con la diferencia de que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras le diga al juez si el menor comprende la criminalidad del acto que se llevó a cabo”.Picón consideró que a los 13 años ya el “menor puede elegir”. “Si tenemos la posibilidad de elegir frente a un acto, también tenemos que tener la responsabilidad de cumplir. Cuando vemos los alarmantes datos de la Corte ha habido un 21 por ciento de incremento respecto al año anterior y la edad en que cometen esos delitos es a los 13 años”. “Básicamente nuestra diferencia está en que a los 13 años el niño primero pase por una auditoría para saber si comprendió el acto que cometió”, expresó en comparación con el expediente del Poder Ejecutivo.Finalmente, la diputada de Unión por la Patria, Eugenia Alianiello, sugirió “buscar los puntos de consensos entre todos los proyectos”. “Es un error solamente caer en la edad de punibilidad”, subrayó.“Debemos analizar qué entendemos por encierro, para qué se plantea, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar, cuál es el presupuesto, y cómo se ejecutará”. “En nuestro proyecto planteamos la edad de los 16 años teniendo en cuenta las opiniones de organismos internacionales, especialistas y la experiencia de trabajadores”, añadió la legisladora. 

La vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau (Unión por la Patria), consideró que los diputados que fueron al encuentro de los genocidas “no fueron a cualquier lugar” sino que “fueron directamente al pabellón donde están condenados los represores por crímenes de lesa humanidad”.Para la massista, no se trató de un “hecho aislado”, dado que a su criterio hubo reuniones previas en Campo de Mayo en la sede de la fundación Elías en el centro porteño. También acotó que existen grupos de discusión por whatsapp de diputados de La Libertad Avanza que comparten con abogados para debatir “distintos proyectos para morigerar la liberación de los genocidas”.“En esas reuniones y en esos grupos de whatsapp que la Justicia debe investigar surgieron proyectos que proponen modificaciones al artículo 95 del Código Penal para darle domiciliaria a los represores”, advirtió Moreau. En tanto, la diputada de Unión por la Patria aseguró que pronto va a aparecer un video en el que se va a observar que la reunión con los represores en Ezeiza termina con un “aplauso cerrado”, lo que consideró un “acto de indignidad”.“Se me hiela la sangre que muchos sean parte de eso. Esas genocidas continúan jactándose de un pacto de impunidad y de silencio y los nietos y los hijos no pueden saber qué pasó”, siguió. “Esos tipos con los que ustedes se reúnen desaparecieron una generación de estudiantes, de trabajadores, de sindicalistas que hoy le falta a la Argentina”, lamentó.Moreau finalizó su discurso levantando con sus brazos el libro que contiene el informe del “Nunca Más”.Por su parte, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) insistió en la necesidad de crear “una comisión investigadora” para “saber para qué fueron a visitar a esos genocidas”. Su compañero de bancada Christian “Chipi” Castillo despotricó contra los diputados libertarios que se “sacaron fotos sonrientes” con los represores, entre ellos con Alfredo Astiz.“El responsable nada más y nada menos que de 32 asesinatos, por eso está condenado a perpetua más de 600 casos de tortura y de tormento, desapariciones”, recordó.Según Castillo, “tiene que haber una comisión que investigue acá en el Parlamento la gravedad de esos hechos. No basta una resolución, no basta la preocupación. Es el repudio y es la investigación de todo lo que ha pasado. Porque acá lo preocupante no es solamente eso, sino que es un plan de impunidad al servicio de una política de ataque a los intereses populares, donde reproducen el esquema represivo de esa misma dictadura con leyes más represivas por un gobierno que quiere encarcelar a los pibes y pibas de 13 años y quiere liberar a los Astiz, a los Guglielminieti, a los Suárez Mason”, indicó.“Esa es la política que quiere este Gobierno. Y por eso la denunciamos, por eso la enfrentamos, por eso le decimos no pasarán. Creían que les iba a salir bien y no, tuvieron tanto repudio que ni ustedes lo pueden defender, que están en una implosión verdaderamente de su propio bloque, porque ven que el pueblo argentino no quiere la impunidad de los genocidas”, finalizó.

La Cámara de Diputados abrirá en comisión el tratamiento del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, a través de una reunión informativa donde expondrán dos funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia.   El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert, respectivamente, fue convocada para a las 12.30 en el edificio Anexo C, en una jornada donde también se debatirán los proyectos sobre trata de personas y de ley antimafia, con lo cual el Gobierno tener nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.   En la primera reunión informativa sobre la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil expondrán el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, en tanto en la segunda se espera la palabra de los autores de diferentes proyectos que se encuentran en la Cámara baja.   De todos modos no será un trámite sencillo porque cada vez que se instaló el debate de la baja de imputabilidad no se pudo avanzar, al ser un tema que divide las aguas en forma transversal en los bloques, más allá de que coinciden en la necesidad de un cambio del sistema penal para los menores.   El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.  A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.   Además, en las comisiones hay proyectos presentados por el presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo; por el libertario Álvaro Martínez; por el legislador de Hacemos Ricardo López Murphy y otro impulsado desde Unión por la Patria (UxP) por María Eugenia Alianiello. La iniciativa de UxP no avanza en la baja de la edad para ser detenido por un delito, que actualmente está en los 16 años, contempla un mecanismo de sanciones menores y otro mecanismo para reinsertarse en la sociedad, y establece como tope una pena de diez años.   En cambio, en el proyecto propiciado por Ritondo se baja la edad de imputabilidad a los 14 años y el joven estará en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma pena que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito. El proyecto más duro sobre la baja de la imputabilidad fue presentado por Álvaro Martínez, de LLA, que propone prisión de hasta 10 años a los menores entre 12 y 16 años, mientras que aquellos que superan esa edad se le podrá imponer hasta quince años de prisión. NA. 

Será en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda el 31 de julio a las 12.30 hs en el anexo C.La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.El abanico de sanciones abarca “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.En este último caso, la pena privativa de la libertad podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.“La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, se especifica.No estará admitida “la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. En otro párrafo se agrega que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.Sobre la reclusión, se indica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.Más allá de la carga punitiva, en uno de los artículos de la iniciativa se sostiene que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. Entre las medidas complementarias figuran “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual “genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.Y se puntualizó que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional. NA. 

Las reuniones programadas son:

• 9:00 Hs.: Conjunta: "Energía" y "Hacienda, Presupuesto y Cuentas" | Tema: Marco regulatorio provincia de Energía eléctrica | Lugar: Salón de los Pasos Perdidos.

• 10:00 Hs.: "Energía" | Tema: Liquidación de excedentes Salto Grande | Lugar: Salón de los Pasos Perdidos.

• 11:00 Hs.: "Obras públicas y planeamiento" | Tema: Elaboración de pautas para la gestión de obras | Lugar: Sala de Comisiones.

• 16:00 Hs: Conjunta: "Cultura y Turismo" y "Hacienda, Presupuesto y Cuentas" | Tema: Emergencia del Patrimonio histórico provincial | Lugar: Recinto de la Cámara de Diputados

• 17:00 Hs: Conjunta: "Cultura y Turismo" y "Legislación general" | Tema: Fomentar e incentivar la financiación de proyectos culturales y artísticos | Lugar: Recinto de la Cámara de Diputados